Ese mismo día, pero en la Ruta de los Cenotes, en Puerto Morelos, a 35 kilómetros al sur de Cancún, ocurría una situación similar.

Un grupo de trabajo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) denominado “The RCQ Task Force” se dedicó durante años a buscar al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero. Rastrearon su paradero en las selvas del noroeste de México. Una y otra vez planearon incursiones aéreas para sacarlo de la tienda donde dormía. Incluso reclutaron a miembros de su familia como informantes, aseguraron funcionarios y exfuncionarios de la agencia al diario The Washington Post.

El 55.2 por ciento de la fuerza laboral mexicana (31 millones) trabajó en el sector informal durante el primer trimestre del año, es decir, sin seguridad social ni otras prestaciones. Sólo en la Zona Metropolitana del Valle de México, de sus 106 mil 115 manzanas consultadas, en 21 mil 357 de ellas (20 por ciento) en todas o en algunas de sus vialidades hay puestos ambulantes, fuente de ingresos familiares, de acuerdo con datos desagregados del Inventario Nacional de Vivienda 2020 recién publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ismael Zambada Imperial, mejor conocido como “Mayito Gordo” -hijo mayor del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”-, fue liberado el 22 de julio del 2022, de una cárcel federal de mediana seguridad en California, pero deberá cumplir una condena de 5 años en librertad condicional, según informó el Buró de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), citado por Univisión Noticias.

El 24 de junio del 2022, el “Mayito Gordo” fue sentenciado a nueve años de prisión por el juez Danna Sabraw, de la Corte Federal del Distrito Sur de California, tras una audiencia celebrada ese día, luego de que el 30 de abril del 2021 se declaró culpable de importar y distribuir metanfetamina, cocaína y marihuana a Estados Unidos.

Luz Raquel Padilla Gutiérrez murió el pasado 19 de julio a causa de las heridas que sufrió tres días antes, cuando cinco personas le arrojaron gasolina y le prendieron fuego. Esta agresión ocurrió días después de que fuera amenazada por algunos de sus vecinos, a quienes les molestaban los ruidos que hacía su hijo, Bruno, un niño de 11 años diagnosticado con autismo severo. 

La joven madre de 35 años fue enterrada este jueves 21 de julio, mientras se realizaban protestas en la Ciudad de México y Jalisco para exigir justicia por su asesinato.

Eric Andrade Ramírez, pasante de medicina de 24 años, fue asesinado el viernes pasado, 15 de julio, mientras atendía a dos pacientes en una clínica de Pueblo Nuevo, en el estado de Durango. Esto no es un hecho aislado, dicen estudiantes de medicina en servicio social de diferentes estados, quienes han vivido violencias y luchan ahora por integrar un movimiento nacional que las visibilice y genere una mejora en las condiciones en las que realizan sus pasantías. 

“Queremos que la población sepa que el caso del compañero Eric no es un caso aislado. Solo que es muy difícil denunciar. Hay miedo a los grupos criminales, pero también a las autoridades porque nos amenazan con que no nos vamos a titular. Hasta de reportar acoso de pobladores o de los pacientes hay temor, porque después si no te mueven del lugar, te quedas en mucho riesgo”, dice una pasante de Durango, que prefiere que no se haga público su nombre. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no existe la posibilidad de cambiar su estrategia de seguridad porque se están dando resultados y, además, su gobierno no sería capaz de maquillar las cifras.

“¿Por qué vamos a cambiar la estrategia? Claro que está complicado y es difícil, no son tortas ahogadas ni tamalitos de chipilín, pero esto es lo que tenemos que seguir haciendo, atender las causas que originan la violencia y al mismo tiempo trabajar todos los días de manera organizada”, señaló.

Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el helicóptero caído el pasado viernes donde murieron 14 marinos, estuvo involucrado en el operativo para detener a Rafael Caro Quintero, otrora líder del Cártel de Guadalajara, la Secretaria de Marina (Semar) pidió “evitar especulaciones sobre lo ocurrido”.

La dependencia informó que la Fiscalía General de la República (FGR) se encarga de las investigaciones sobre el accidente del helicóptero Black Hawk, el pasado 15 de julio y determinará las “causas que lo originaron”.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) continuará con la investigación contra Pío López Obrador debido a que surgieron nuevos elementos para indagar sobre el caso del video en el que el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador aparece recibiendo bolsas de papel que supuestamente contenían dinero en efectivo.

Fuentes federales confirmaron que al considerar que estos nuevos elementos deben ser investigados, la Fiscalía dará marcha atrás al proyecto de no ejercicio de la acción penal que planteó el pasado 30 de junio.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, negó que hubiera inacción de su gobierno en el caso de Luz Raquel Padilla Gutiérrez; aseguró que se cumplió con las medidas establecidas en la ley, de protocolo y que tuvo acompañamiento permanente.

La respuesta la dio luego de ser cuestionado si hubo falta de acción de las autoridades para evitar el asesinato de Luz Raquel, madre de un niño con autismo y que murió el 19 de julio a causa de las heridas que sufrió tres días antes, cuando cinco personas le arrojaron gasolina y le prendieron fuego.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por desaparición forzada y tortura, así como a la Fiscalía General de la República (FGR) por omisiones en el caso.

De acuerdo con la CNDH, el 5 de marzo de 2009 una camioneta del Ejército acudió al domicilio de un hombre y lo trasladó a las instalaciones de la Compañía de Infantería no Encuadrada, donde fue torturado y retenido por días.

Gobernadores, legisladores y funcionarios militantes de Morena, incluidas las “corcholatas” presidenciables, emitieron un posicionamiento en el que negaron haber realizado actos anticipados de campaña y criticaron que las medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) son “claramente excesivas” y violan sus libertades y garantías individuales.

El manifiesto está firmado por 22 gobernadores en funciones y electos y 24 morenistas, entre ellos, los aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; y Ricardo Monreal, senador de la República.

El secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, reportó que en Jalisco seis delitos de alto impacto decrecieron y solo dos aumentaron.

Se redujo el robo a: transeúnte, vehículo, negocio, y casa habitación, así como a las extorsiones y los homicidios dolosos. Los delitos que aumentaron son robo a transportistas y al transporte.

Cuarenta años de cárcel por el delito de delincuencia organizada y 15 más por lavado de dinero es la pena —la máxima en ambos casos — que la Fiscalía General de la República (FGR) pide para el jefe político del clan conocido como "La Sosa Nostra" o Grupo Universidad, Gerardo Sosa Castelán. 

El político hidalguense —aliado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) desde la elección presidencial de 2018— es acusado de liderar una organización a la que la FGR definió como "de índole criminal", dedicada a sustraer recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), mediante la dispersión a despachos contables y compañías falsas, que posteriormente enviaban el capital a personeros o directamente la familia Sosa Castelán.

Amarrados con cinta adhesiva y semidesnudos, este viernes 22 de julio, fueron localizados tres cadáveres depositados en los alrededores de la planta SuKarne, al Poniente de Mexicali.

Los hechos se denunciaron alrededor de las 6 de la mañana, mediante un llamado de emergencia realizado por personas que circulaban por la zona.

Un juez federal con sede en el Estado de México admitió a trámite, el 22 de julio del 2022, una suspensión de plano a favor de Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, misma que le remitió Francisco Reséndiz Neri, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco (con residencia en Puente Grande), el cual había otorgado la primera medida cautelar, la cual fue solicitada por Beatriz Angélica Caro Quintero, hermana del capo sinaloense.

En la demanda de garantías, la mujer solicitó la protección de la justicia contra la deportación o expulsión del país del narcotraficante -fundador del extitnto Cártel de Guadalajara-, sin que se haya seguido el procedimiento de extradición correspondiente, según el Tratado en dicho rubro entre México y EE.UU.

El desplome del helicóptero con saldo de catorce marinos muertos está plagado de misterio. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha generado un vacío informativo que ocupa la especulación: en ese espacio de desinformación han tomado fuerza versiones aún no confirmadas oficialmente: que la aeronave fue derribada; que se quedó sin combustible; que sufrió una avería técnica; que viajaban agentes de la DEA…

En su ambición de ser Presidente de México desde el Gobierno de Tamaulipas, proyecto que se tambalea con su derrota en la gubernatura ante Morena, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca construyó un entramado político y jurídico con incondicionales de Felipe Calderón que ha hecho del estado una fuente de millonarios contratos y sueldos.

El partido Morena respondió a las sanciones impuestas del Instituto Nacional Electoral (INE) al ordenar a gobernadores y legisladores del partido gobernante a no acudir ni organizar mítines del partido.

Durante su visita a las 22 comunidades tsotsiles y tseltales beneficiarias de medidas cautelares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constó «la falta de investigación, desarme y sanción a los grupos armados que sigue prevaleciendo en el estado de Chiapas», así como la falta de acciones del Estado para poner fin a la violencia, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Del 12 al 15 de julio, una delegación de la CIDH recorrió 22 comunidades indígenas, una en Chenalhó, nueve en Chalchihuitán y doce en Aldama,  ante la falta de resultados del Estado mexicano para adoptar las medidas cautelares que otorgó hace casi cuatro años para protegerlas de la violencia paramilitar, los desplazamientos forzados y el despojo territorial.