Sin importar las críticas y los exhortos a México de parte de la ONU –incluyendo sus cuatro altos comisionados–, la OEA, la CNDH, universidades y un gran número de organizaciones civiles, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada por el Congreso de la Unión. Sus promotores y defensores alegan que sólo las Fuerzas Armadas pueden enfrentar al crimen organizado. Sus opositores afirman que la actuación militar enterrará los derechos humanos. Y en la promoción de esa ley hubo un personaje central, un cabildero militar para quien la seguridad interior no comporta la defensa de ciudadanos o personas ante el crimen organizado, sino de “la supervivencia de las instituciones de la república y el orden constitucional”.
