CIUDAD DE MÉXICO: La mañana del miércoles 19 la comparecencia en el Senado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se canceló porque los tres principales partidos no se habían logrado poner de acuerdo en torno al reparto de las siete posiciones para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Es la decisión más importante para este año y para los próximos nueve años”, afirmó Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política y dirigente de la bancada del PRI. En su oficina se estaban realizando los últimos y delicados amarres.
Una parte de la bancada del PAN, encabezada por Ernesto Cordero, se oponía a incluir en la lista de los siete magistrados a José Luis Vargas Valdés, efímero titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade) durante el gobierno de Felipe Calderón, con quien tuvo un altercado por no haber ayudado a su hermana Luisa María Calderón cuando buscó ser gobernadora de Michoacán en 2015.
Además, Vargas Valdés escribió el 28 de junio de 2013 un artículo en Excélsior que tituló “Cinismo es…”. “Cinismo es que –indicó– la totalidad de los senadores del PAN reciban 430 mil pesos provenientes del erario y no tengan la obligación de transparentar el destino del dinero y mucho menos que la mayoría de ellos no tenga la vergüenza de devolverlos; pero, más bien, cinismo es que se trata de un esquema de corrupción institucional”.
Vargas Valdés añadió: “Cinismo es que el senador Ernesto Cordero tenga que pagar con recursos públicos artículos como el champú para su calvicie o los chicles para disimular el mal aliento”.
Esto ofendió a Cordero, quien presionó para que se sustituyera a Vargas Valdés por Daniel Francisco Cabeza de Vaca, apoyado por Vicente Fox y Marta Sahagún. Pero ese intento se vio frustrado por el pésimo desempeño del aspirante en las largas comparecencias de la Comisión de Justicia.
Finalmente, el pasado miércoles 19, los tres coordinadores de las bancadas principales del Senado –Emilio Gamboa, del PRI; Fernando Herrera, del PAN, y Miguel Barbosa, del PRD– acordaron y “plancharon”, como se dice en el argot legislativo, el reparto de las siete posiciones en el TEPJF con el siguiente esquema de escalonamiento:
–Para un periodo de nueve años quedaron las dos mujeres finalistas: Janine Otalora, quien se perfila como posible magistrada presidenta y quien contó con el apoyo de las tres fuerzas; Mónica Soto, exmagistrada de Guadalajara respaldada por el PRI, y Felipe de la Mata, excoordinador general de asesores y secretario general de acuerdos en el TEPJF, respaldado por el PRI y el Verde.
–Para un periodo de seis años quedaron en la lista final Felipe Fuentes Barrera, apoyado por el PRI y cercano al consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, y Reyes Rodríguez Mondragón, apoyado por el PAN y especialmente por el senador Roberto Gil Zuarth. Fue magistrado en la sala regional de Monterrey.
–Para un periodo de sólo tres años dejaron a Indalfer Infante, respaldado por el PRD, y a José Luis Vargas Valdés, con el apoyo de una fracción del PAN y del PRI.
El “reparto de cuotas” fue denunciado en la tribuna, el jueves 20, sólo por los senadores del PT, coordinados por Manuel Bartlett, quien no se sumó al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Layda Sansores ironizó diciendo que no se sabía “en qué sótano, cantina o yate se tomó la decisión”, y calificó la selección como un proceso “fraudulento, ilegal y dañino”.
Sin embargo, la mayoría de los aspirantes a magistrados fueron electos por más de 95 votos a favor y sólo uno tuvo 88 (Indalfer Infante). La operación para “planchar” entre los partidos la integración del máximo órgano electoral que calificará la elección presidencial de 2018 y también la federal de 2021 ya estaba tomada.
Los errores del “fast track”
Sin que fuera dictaminada en la Comisión de Justicia, el martes 25 los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN, PRD y PVEM anunciaron que presentaban una iniciativa para ampliar el periodo de cuatro de los siete magistrados electos: de tres a siete años y de seis a años años. El único que no firmó fue el PT.
Argumentaron que con esta expansión del plazo “se favorecía la pluralidad de los criterios que conformarán dicha instancia jurisdiccional, lo que mejora la calidad de la misma”, y también que así garantizarán que la labor de los tribunales electorales “se ejercerá con plena imparcialidad”.
La iniciativa era una reforma al artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, donde se establece el sistema de escalonamiento de los siete nuevos magistrados del TEPJF.
El cambio de última hora tuvo dos problemas que ensuciaron la decisión: el coordinador de la bancada del PAN, Fernando Herrera, no consensuó con sus senadores esta decisión y provocó un agrio debate en tribuna el jueves 27, así como el voto en contra de 10 legisladores panistas; y a los senadores también se les ocurrió “tachar” en el dictamen original la firma de Raúl Cervantes Andrade, integrante de la Comisión de Justicia, que ese mismo día pidió licencia para irse como nuevo procurador general de la República.
“Habían convertido el proceso en una mierda y ahora quieren aromatizarlo”, les reprochó en tribuna la senadora Layda Sansores, quien ventiló que “el PRI quedó ardido porque el PAN les salió más priista que ellos y se quedó con las mejores canicas” del TEPJF.
De manera airada, la senadora Ivonne Álvarez, del PRI, regañó a la senadora campechana, y el panista Roberto Gil Zuarth fue el único de su bancada que argumentó a favor de la decisión porque, dijo, “tiene por objeto establecer una temporalidad razonable que abona a la consolidación del estado de derecho”.
Manuel Bartlett fue el crítico más duro en la tribuna. Acusó a los coordinadores del PRI, PAN y PRD de repartirse el TEPJF. Calificó como “inconstitucional” que fuera la Junta de Coordinación Política y no la Comisión de Justicia la que dictaminara, y adelantó que esta nueva composición del tribunal está “prefigurando el fraude electoral de 2018”.
Por primera vez, senadores como los panistas Luis María Calderón, Jorge Luis Preciado, José María Martínez y Héctor Larios coincidieron en tribuna con las críticas de los legisladores del PT. “Las cuotas y los cuates” no fueron “bien planchados”, ironizó el senador Mario Delgado.
El fast track provocó que 17 senadores votaran en contra de que se modifiquen los periodos de duración escalonada, pero se impuso la mayoría por 68 votos a favor de los senadores del PRI, PRD, PVEM y PAN.
