Nos piden 9 mil pesos para salir libres o la sentencia será indefinida: presos de Las Abejas de Acteal

Los nueve indígenas presos de la organización Las Abejas de Acteal señalaron en una carta que las autoridades les pidieron 9 mil pesos para salir en libertad o de lo contrario la sentencia será “indefinida”, luego de que fueron detenidos arbitrariamente en la comunidad Río Jordán, Chiapas.

Linchamientos, cortes de manos… la impunidad lanza a civiles a una “justicia irracional”: sociólogos

En septiembre, el 71.9 por ciento de la población mayor a 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro, sobre todo cuando está en un cajero automático o en el transporte público, de acuerdo con una encuesta del Inegi. Además, el 63 por ciento de la población consultada percibió el desempeño de la Policía Federal “muy o algo efectivo”; el 51 por ciento lo cree de la Policía Estatal y el 41.7 por ciento de la Policía Preventiva Municipal. Las autoridades registraron, de enero a agosto, 25 mil 658 homicidios; 3 mil 383 extorsiones y 867 secuestros en el país. Ante los índices de inseguridad e impunidad, además de la corrupción entre policías y criminales, algunos ciudadanos optan por la justicia por mano propia, una que es violenta e irracional, alertaron sociólogos.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– Si alguien comete un crimen, merece ser golpeado (o linchado) sin pruebas de por medio. Al menos según algunos ciudadanos hartos de la inseguridad. Sin embargo, sociólogos aseguran que bajo ninguna circunstancia es justificable dado la existencia del derecho al debido proceso y porque al hacerlo se es parte de un círculo vicioso: se combate al crimen con más crimen.

El lunes pasado, seis personas fueron localizadas en Tlaquepaque, Jalisco, con las manos cortadas y la palabra “rata” escrita en sus cuerpos. De acuerdo con los testimonios de los dos detenidos pertenecientes al narcotráfico, las amputaciones se dieron porque las víctimas “no habían pagado una droga que habían distribuido”.

Sin embargo, ante la impunidad para frenar la violencia, este tipo de justicia o autodefensa se está extendiendo a ciertas comunidades que, ante un hecho, forman grupos exaltados e “irracionales”, explicaron sociólogos.

Señalamientos, golpes furiosos, sangre y descontrol… en algunos casos los justicieros terminan detenidos o atacando a gente inocente. La justicia es un proceso lento que requiere pruebas y respeto a los derechos humanos de las personas. Ellos, enardecidos, no están dispuestos a esperar.

El “Grupo de élite antirratas” les puso a las siete personas de Jalisco un letrero que contenía el mensaje: “Esto nos pasó por rateros”, así como advertencias para los ladrones de casas, autos y motocicletas, y a quienes agredan a transeúntes. Pero el fiscal estatal, Eduardo Almaguer, aseguró que fue un ajuste entre criminales.

“Aunque es una reacción natural y masiva a la inseguridad, y a la preocupación, es una venganza fuera de toda racionalidad. En algunos casos tienen relación con las costumbres de la comunidad. Mientras permanezca la inseguridad, seguirán estos fenómenos”, aseguró el sociólogo del Colegio de México, Arturo Alvarado Mendoza.

Alicia Ortiz Rivera, socióloga del Instituto Mora, coincidió en que, además de “un evidente vacío” del Estado en materia de seguridad, la violencia se ha arraigado en comunidades donde hay pobreza, falta de atención de las instituciones públicas y donde hay ciertas prácticas comunitarias que favorecen una cohesión interna muy cerrada.

“Se vuelve una especie de paradoja en donde el delito se vuelve arma para combatir al delito. Eso no debería darse en sociedades que se dicen civilizadas y con un Estado de Derecho”, añadió.

Hace un año, en octubre de 2015, dos encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fueron linchados por pobladores de Ajalpan, Puebla. Una versión señaló que los habitantes creyeron escuchar “Somos secuestradores”. Entonces los golpearon e incendiaron.

Uno de los sujetos que intentaba robar tanques de gas en un poblado de Tlaxcala. Foto: Cuartoscuro.

Pero hay casos más antiguos.

En noviembre de 2003, cuando grabar vídeos con celular y compartirlos en redes sociales no era común, habitantes de San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac, lincharon a tres elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP). Y lo filmaron. Un año después, cientos de personas de Santiago, Atlatonco, en el Estado de México, creyeron que policías ministeriales iban a realizar un secuestro e intentaron lincharlos.

En Jilotzingo, otro municipio mexiquense, el 10 de noviembre de 2009 vecinos retuvieron a cuatro sujetos que supuestamente secuestraron a uno de los pobladores, los golpearon y los amenazaron con lincharlos.

Un patrón común es que los pobladores que agreden no están seguros de si es culpable. Pero lo escucharon.

“Al ser gente muy al margen de las instituciones, se dejan llevar por información que no necesariamente es verdad. Tiene que ver con manipulación de tipo grupal religioso o interno que distorsiona el ejercicio de la justicia. Ni siquiera se da la posibilidad de que el acusado pueda acceder a lo que en materia de derechos humanos se conoce como el debido proceso”, explicó la también psicoanalista, Alicia Ortiz.

Arturo Alvarado, especialista en sociología de la violencia y la criminalidad, dijo que “en un linchamiento colectivo, con una o dos personas que empiecen a decir que hay un ladrón, no hay manera de demostrar que es el agresor real ni que la gente razone y lo entregue a una autoridad para que lo deslinde. Han habido casos en que el supuesto agresor no era, pero fueron acusados por pobladores y estaban totalmente indefensos”.

MIENTRAS HAYA INSEGURIDAD… 

Siete años después del linchamiento en Jilotzingo, los grupos de gente enardecida siguen y van de la mano de las olas delictivas en el país y desconfianza en las autoridades.

Nadie está a salvo. Un juez, Vicente Antonio Bermúdez, fue asesinado mientras salía a correr. El Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública documenta 25 mil 658 homicidios, principalmente en Guanajuato y Jalisco; 3 mil 383 extorsiones, más en Nuevo León y la Ciudad de México; y 867 secuestros, sobre todo en Jalisco y Tamaulipas, de enero a agosto de este año. Tan solo los registrados por denuncias, no el total.

En septiembre, el 71.9 por ciento de la población mayor a 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro, sobre todo cuando está en un cajero automático o en el transporte público, de acuerdo con una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Principalmente lo manifestaron habitantes de Ecatepec de Morelos, la región Oriente de la Ciudad de México, Coatzacoalcos, Acapulco de Juárez y Villahermosa. En contraste, pobladores de Mérida, Tepic, San Francisco de Campeche, Puerto Vallarta y Durango se dijeron menos inseguros.

El 63 por ciento de la población consultada percibió el desempeño de la Policía Federal “muy o algo efectivo”; el 51 por ciento lo cree de la Policía Estatal y el 41.7 por ciento de la Policía Preventiva Municipal.

Sin embargo, al hacer justicia por propia mano al no confiar en la efectividad de las autoridades, los ciudadanos también se vuelven criminales.

“No está permitido por la ley hacer justicia por mano propia. Además, protegerse bajo que las masas están enojadas y que es inevitable no es una excusa frente a los derechos humanos de las personas y a la necesidad de buscar un proceso de justicia. Bajo ningún motivo es justificable”, determinó el sociólogo Alvarado Mendoza.

Un presunto secuestrador golpeado en Ecatepec. Foto: Cuartoscuro.

El domingo pasado, el medio A Fondo Estado de México difundió un video que muestra cómo pasajeros de un autobús golpearon a tres sujetos, que supuestamente intentaron asaltarlos cuando transitaban por la Calzada de Ignacio Zaragoza con dirección al Estado de México.

En las imágenes se observa a los usuarios enardecidos contra el trío de jóvenes, a quienes bajan del camión, patean y golpean hasta que una patrulla de la Policía Municipal llegó y los rescató, asegurándolos para ponerlos bajo arresto.

Otro intento de linchamiento a un presunto ladrón ocurrió en San Pedro Totoltepec, en Toluca, Estado de México. Los pobladores desnudaron y golpearon a un joven que intentó asaltar un negocio de flores con arma de fuego. Lo retuvieron hasta que una patrulla de la Policía local lo aseguró.

El presunto delincuente amagó con arma de fuego a los dueños del establecimiento comercial, sin embargo, vecinos del lugar se dieron cuenta del asalto y sometieron al joven, a quien golpearon hasta que una patrulla de la Policía local lo aseguró.

“Los linchamientos son un tema de preocupación importante porque son mecanismos para hacer justicia por propia mano que obedecen a una lógica: se reproduce en espacios donde hay frustración, enojo, y rabia de verse indefenso por la inexistencia de un aparato policial que pueda responder ante esta grave situación de violencia en el país. No tiene motivaciones racionales, sino emotivas. Estas formas de agresión ocurren porque no hay mecanismos reales donde uno pueda obtener justicia y protección en asaltos o violaciones”, expuso el académico-investigador Arturo Alvarado.

Este mes, el 5 de octubre, pobladores de Zacamulpa, en el Estado de México, intentaron linchar a un delincuente, que asaltaba a pasajeros de un autobús. Durante el enfrentamiento, se registraron daños a las instalaciones del centro de Justicia, a varias patrullas dañadas y hubo elementos de la municipal lesionados, por lo que se detuvieron a cuatro colonos

El 2 de septiembre, en Papalotla, Tlaxcala, habitantes de la cabecera del municipio de Papalotla golpearon e intentaron linchar a cinco sujetos que fueron sorprendidos cuando intentaban robar tanques de gas que se encontraban al interior de un domicilio.

Meses antes, el 27 de mayo, pobladores de Santa María Maquixco, Estado de México, retuvieron a dos sujetos que presuntamente intentaron subir a una mujer a un vehículo Tsuru con placas del Estado de México. Habitantes del lugar prendieron fuego al carro, por lo que la policía tuvo que intervenir. Los detenidos fueron trasladados al ministerio público de esa localidad.

Dado que las autoridades no logran frenar a la delincuencia y la justicia por propia mano es ilegal, la socióloga Alicia Ortiz recomendó implementar políticas para detectar los grupos que manejan un discurso que incita a la violencia dentro de las comunidades; debe abordarse a nivel cultural en las comunidades con esos antecedentes.

“La violencia tiende a reproducirse”, advirtió.

Fuente: Sin Embargo

Autora: Dulce Olvera

http://www.sinembargo.mx/22-10-2016/3105412

Y de los periodistas asesinados y agraviados en el duartismo, ¿quién se acuerda?

El desgobierno de Javier Duarte se resintió primero como una ola de inseguridad y violencia inauditas en Veracruz, que pronto se cebó en los encargados de informar de esa situación, entre ellos la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, y el fotógrafo Rubén Espinosa, colaborador del semanario. A ellos y a decenas de otros periodistas, las instancias de seguridad estatales les negaron acceso a la justicia y garantías para su trabajo. El resultado: al menos 15 comunicadores asesinados y 40 desplazados de su estado con amenazas de muerte. Sin embargo, aún no está claro que Duarte vaya a rendir cuentas de su criminal omisión en la procuración de justicia.

CIUDAD DE MéXICO (Proceso).- La mañana del 28 de abril de 2012, la reportera Regina Martínez fue encontrada sin vida en su casa de Xalapa, Veracruz. Su cuerpo había sido macerado y su garganta destrozada por la toalla que usaron para asfixiarla. Era la primera vez que Proceso recibía un impacto de tal magnitud.

Dos días después el gobernador Javier Duarte escuchó las palabras de desconfianza del fundador de Proceso, Julio Scherer: “No le creemos”. Y cuando el mandatario prometió una investigación seria para dar con los criminales, escuchó los reclamos directos del director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda.

En su libro Vivir, Scherer recuerda el desencuentro con Duarte en Xalapa, del que fueron testigos el subdirector Salvador Corro, el reportero Jorge Carrasco y el fotógrafo Germán Canseco:

Duarte de Ochoa los escuchó y tomó la palabra. Su discurso se disolvió en palabras rutinarias, abusivamente aburridas. Habló como los oradores, sin una idea original, igual que los de su clase. La investigación sería exhaustiva, las fuerzas del orden no se darían reposo hasta dar con los criminales. Agregó que Veracruz vivía en el cauce de un río que no alcanzaba la turbulencia. Prevalecía el Estado de Derecho.

No pude más y le dije al gobernador que no le creíamos, que su discurso estaba de más. Yo pretendía dejar claro en palabras inequívocas que no siguiera por ahí.

Rodríguez Castañeda intervino, ríspido, directo. Dio cuenta del hostigamiento del que Proceso era objeto. La revista era confiscada en los números ingratos para el gobernador estatal y a nuestra Regina no se le había tratado de la mejor manera. El gobernador se mantuvo en silencio y dio la palabra a cada uno de sus colaboradores.

Fuente: Proceso

Autor: José Gil Olmos

http://www.proceso.com.mx/458927/los-periodistas-asesinados-agraviados-en-duartismo-se-acuerda

Marchan padres en aniversario de la tragedia de Guardería ABC

Hermosillo, Sonora. Con motivo del séptimo aniversario de la tragedia en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, padres de los 49 niños fallecidos marcharon acompañados de la ciudadanía, para exigir justicia en el caso que a la fecha ha quedado impune.

El recorrido de siete kilómetros, inicio a 18:00 horas desde las ruinas de la Guardería ABC, al Sur de Hermosillo, para terminar con el manifiesto expuesto por los padres de las víctimas en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, en el Centro de la ciudad.

En esta ocasión, el “Manifiesto ABC” declarado por el vocero del Movimiento por la Justicia 5 de Junio, expresó su inconformidad por la resolución efectuada por el Juez Primero de Distrito, Raúl Martínez Martínez, al catalogar el delito como culposo, en la última resolución efectuada el pasado 13 de mayo.

A pesar de las inclemencias de un clima de 48 grados centígrados, miles de sonorenses participaron en la marcha, al igual que algunos menores sobrevivientes del caso ABC, que a la fecha tiene entre 8 a 10 años.

Así mismo, la Marcha por la Justicia ABC se llevó a cabo de manera simultánea también en el centro y sur de la República, en la Ciudad de México miles de personas marcharon del Ángel de la Independencia para terminar en el Zócalo de la Ciudad, mientras que en Mérida, Yucatán se realizaron actividades artísticas y culturales en manifiesto de Justicia en el Parque Santiago.

Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, niño que perdió la vida en el incendio del 5 de junio, mencionó que aun con las inclemencias de la temperatura que se presentan en Sonora es necesario acompañarlos durante la marcha, con el fin de exigir justicia a las autoridades.

“Mañana debemos marchar, no importa que estemos a 50 grados, los niños soportaron hasta los 300 grados y muchos de ellos sobrevivieron”, mencionó Patricia Duarte.

Esto durante la tradicional vigilia que se realizó en las instalaciones de la Guardería, donde se dieron cita alrededor de sesenta personas para realizar cánticos y oraciones.

En el lugar los asistentes encendiendo 49 velas en honor de los 24 niños y 25 niñas, que fallecieron a causa de quemaduras de primer grado en el incendio del 5 de junio de 2009.

Los presentes externaron su manifiesto en contra de la resolución del Juez Primero de Distrito, Raúl Martínez Martínez, quien el pasado 13 de mayo emitió sentencias a los inculpados por el caso de la Guardería ABC, con penas que van de los 20 a los 29 años de prisión, el pago de una multa y la reparación el daño a los familiares de las víctimas.

En la misma resolución, tres coordinadoras zonales del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) quedaron absueltas (Delia Botello Amante, Yadira Barreras e Irma Díaz Gómez), a quienes se les retiró el cargo de ejercicio indebido del servicio público y ya habían recibido un amparo sobre los delitos de homicidio y lesiones culposas.

Los padres de las víctimas aceptaron como responsables a los señalados en esta primera resolución por el Juez Primero de Distrito, sin embargo aseguran que aún falta sentenciar a mas responsables, incluyendo a las tres supervisoras del IMSS que fueron absueltas.

“La justicia agarró un rumbo que no debía, olvidó a los primeros responsables del incendio”, declaró Julia Escalante.

Fuente: La Jornada

Autora: Cristina Gómez Lima

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/05/marchan-padres-en-el-septimo-aniversario-de-la-tragedia-en-la-guarderia-abc

Policías de Sinaloa la torturan y violan. Vendada firma un crimen. Yesenia lleva presa casi 4 años

De 2008 a 2014 se tiene registro de 103 quejas por tortura en Sinaloa, de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entre éstas se encuentra el caso de Yesenia Armenta Graciano, una mujer que lleva casi cuatro años en prisión acusada de asesinar a su esposo. La única prueba en su contra, sin embargo, es un documento que ella firmó con los ojos vendados, después de haber sido torturada y violada durante horas por policías locales. A su historia se suma la de dos jóvenes señalados recientemente por el homicidio de dos turistas australianos; uno de ellos denunció bajo tortura y luego de la siembra de evidencia.

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– Yesenia Armenta Graciano creía que estaba secuestrada. Con los ojos vendados y las manos esposadas hacia atrás, colgaba boca abajo atada de los tobillos. Escuchaba amenazas. Creía que no saldría viva de aquella bodega a la que fue llevada el 10 de julio de 2012 por policías vestidos de civil, luego de obligarla a salir de su automóvil. Después de ser golpeada, asfixiada y violada la obligaron a firmar una confesión que no pudo leer. A raíz de esa evidencia sustraída por medio de tortura, lleva casi cuatro años encarcelada en el penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, acusada de haber asesinado a su esposo.

A pesar de todos los abusos a los que fue sometida, afirma Amnistía Internacional, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad gobernada por Mario López Valdez, mejor conocido como “Malova”, no ha presentado ninguna prueba legítima y concreta. De aquella pesadilla sí hay huellas y, además, recomendaciones de las comisiones de derechos humanos estatal y nacional para investigar y castigar la tortura, así como reparar el daño físico y psicológico.

El próximo julio se cumplen cuatro años de que ella vive en prisión lejos de sus hijos y, en contraste, los policías ministeriales que la torturaron brutalmente continúan en libertad.

“En el estado de Sinaloa la tortura se tolera sin ninguna consecuencia […]. Nos lleva a cuestionar muchísimo la independencia de procuración de justicia en ese estado y nos lleva a preguntarnos sobre qué intereses pueden estar implicados en este caso”, declaró a SinEmbargo Madeleine Penman, investigadora sobre tortura en México de Amnistía Internacional.

El 9 de mayo pasado, la Procuraduría local formuló al juez conclusiones acusatorias. “A pesar de que cuatro peritos de gran calidad han verificado la tortura que Yesenia vivió, la han seguido acusando de un delito fabricado”, aseguró Penman.

Ahora el juez es quien tiene que determinar si será liberada o condenada por delito de homicidio agravado. No tiene un plazo definido, pero es probable que tarde un par de meses para tener un fallo.

“DE TODAS LAS FORMAS ME AGREDIERON” 

“Señora, conteste todo lo que le pregunten porque si no la va a pasar muy mal”, escuchó aquel 10 de julio sin poder ver nada. “Me hablaba de una persona que le gustaba cortar lenguas y orejas. Que estaba afilando el cuchillo. Que iban a traer a mis hijos y los iban a violar y hacer pedazos”, narró Yesenia para Amnistía Internacional. “De todas las formas me agredieron”, recordó.

“No quiero pasar otro día más aquí. Necesito su ayuda: las autoridades deben saber que el mundo las está viendo. Sin esta presión, las autoridades se olvidarán de mí”, escribió en una carta.

Su esposo Jesús Alfredo Cuén Ojeda, médico en la Dirección de Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado a disparos al salir de un restaurante la mañana del 2 de julio de 2012, un día después del proceso electoral en el que su hermano Héctor Melesio participó como candidato al Senado por el Partido Nueva Alianza (Panal).

El cuerpo quedó boca arriba cerca de la camioneta en la que se subiría. Los peritos ubicaron a su alrededor nueve casquillos de arma de fuego calibre nueve milímetros. El Procurador de Justicia estatal, Marco Antonio Higuera Gómez, declaró que las primeras investigaciones revelaron “que fue un solo sujeto” quien lo asesinó, reportó la prensa local. El sospechoso, agregó, viajaba en un vehículo color blanco.

Luego que Yesenia, bajo tortura, firmó un documento que nunca leyó, la versión se amplió.

La PGJ de Sinaloa informó, de acuerdo con una nota del 12 de julio de 2012 del diarioNoroeste, que Yesenia “confesó haber pagado 85 mil pesos a una célula delictiva para que asesinara a su esposo, y fue la encargada de ‘ponerlo’ el día del crimen”.

También fue detenido Luis Enrique Hernández Maldonado, quien vigiló si había policías en las cercanías donde ocurrió el homicidio.

El Procurador Higuera Gómez añadió que Yesenia declaró quiénes colaboraron con ella, quién fue el contacto con las personas que cometieron el asesinato y también que ella corroboró que la víctima se encontraba en el restaurante.

Según la confesión, la pareja estaba en trámites de divorcio y ella, “víctima de maltrato”, buscaba cobrar un seguro de vida. El Procurador descartó que el móvil del homicidio tuviera relación con el ex candidato al Senado.

“La Procuraduría de Justicia de Sinaloa está jugando el papel de juez y parte, es decir, son los torturadores de Yesenia y también los que llevan la acusación en su contra. Eso es un grave atento a la justicia”, consideró Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional.

CNDH PIDE CASTIGAR SU TORTURA

En febrero de 2013, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa determinó que aplicaron tortura en contra de Yesenia y lo notificó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En septiembre de 2012, médicos independientes ya habían detectado señales físicas y psicológicas.

El Ombudsman sinaloense, Juan José Ríos Estavillo, informó que encontraron violaciones a su derecho a la libertad, integridad, seguridad personal, legalidad y salud. Ante ello, recomendó iniciar una investigación contra los servidores públicos identificados como responsables.

La PGJE no aceptó la recomendación por no estar acreditada la existencia de una “situación de coacción” contra la mujer.

Dos años después, en enero de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, acatar las disposiciones emitidas por la CEDH por la tortura a Yesenia Armenta. Coincidió en que se violaron los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, así como al trato digno, y demandó a López Valdez que se repare el daño.

“Después de la recomendación de la CNDH en 2015, el estado de Sinaloa abrió una averiguación previa por tortura en el caso de Yesenia. Nosotros tenemos contacto con la Procuraduría estatal, pero no hemos visto resultados completos. Peor aún, después de tantas evidencias y a cuatro años de su tortura, la Procuraduría tuvo la audacia de mandar peritos para retraumatizarla y levantar otra pericia para fallar que ella no fue torturada”, dijo Madeleine Penman, de Amnistía Internacional.

AMNISTÍA INTERNACIONAL EXIGE JUSTICIA 

Yesenia firmó, luego de ser torturada por policías de Sinaloa y con los ojos vendados, una confesión que la retiene en la cárcel. Foto: Amnistía Internacional.

Más de siete mil firmas exigen que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre la tortura sufrida por Yesenia Armenta y que se retiren los cargos en su contra.

Amnistía Internacional implementa esta petición en su plataforma Alza tu Voz. En una carta emitida al Procurador estatal Marco Antonio Higuera Gómez, denuncia que médicos forenses de la Procuraduría General de la República la examinaron. Sin embargo, no mencionaron indicio alguno de tortura u otras formas de malos tratos.

“Le pido que implemente las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de revisar la aplicación de los exámenes médicos forenses a víctimas de tortura, para que cumplan plenamente las normas internacionales de derechos humanos, como el Protocolo de Estambul, que México ha prometido respetar y defender desde hace muchos años. Las víctimas de tortura merecen un examen inmediato y adecuado a cargo de expertos independientes a la Procuraduría General de la República”, dice la misiva.

De acuerdo con Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, Yesenia es una de las miles de víctimas “del malvado sistema de justicia mexicano” que muy a menudo se basa en evidencia extraída bajo tortura u otros malos tratos para sentenciar a personas.

“Yesenia debe ser liberada inmediata e incondicionalmente y se debe lanzar una investigación urgente para asegurar que aquellos que abusaron de ella enfrenten la justicia. Si esto no se hace, se perpetuará el temible mensaje que la policía y los militares pueden torturar a cualquiera para que confiese sin que hayan consecuencias”, pidió este mayo en un comunicado de la organización.

Mañana, en la Plaza de España, de Santa Cruz de La Palma, en España, Amnistía Internacional llevará a cabo una manifestación con el objetivo de “despertar” al Procurador del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera, que lleva más de tres años “dormido” sin revisar la situación de Yesenia.

Los activistas escenificarán una “guerra de almohadas” entre dos bandos: uno, el de quienes lucirán máscaras del Procurador, y el otro, el de quienes exigen la liberación de la mujer torturada.

TORTURA EN SINALOA

De 2008 a 2014 se tiene el registro de 103 quejas por tortura en Sinaloa, revelan cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa. Pero de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha habido ninguna sentencia.

“A nivel estatal, la regla es la impunidad casi absoluta”, concluyó el Centro Prodh en su Informe sobre Patrones de Violaciones a Derechos Humanos. La ausencia de justicia “repercute en el reconocimiento legal del carácter de víctimas a las personas sobrevivientes de tortura a efecto de recibir una reparación integral del daño”.

A nivel federal, la Procuraduría General de la República (PGR) documentó que el número de denuncias de tortura presentadas aumentó más del doble entre 2013 y 2014 de mil 165 a 2 mil 403 casos, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional “La epidemia de la tortura en México continúa”. De los 2 mil 403 casos, mil 622 se encontraban bajo investigación.

“La falta de seguimiento y control respecto a las denuncias de tortura suscita serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para reunir pruebas suficientes con las que lograr una condena”, acusó Amnistía.

Los médicos oficiales, añadió, a menudo no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido.

El 29 de abril de este año la Ley General contra la Tortura fue aprobada por el Senado y actualmente se encuentra una minuta en la Cámara de Diputados.

“La actual minuta tiene puntos que pueden ser positivos, pero de ninguna manera estamos fuera de la zona de peligro sin un dictamen que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos que asegure que cualquier prueba obtenida bajo tortura sea excluida del proceso y sin una buena entrada en vigor del nuevo Sistema Penal Acusatorio”, opinó Penman.

De acuerdo con el documento, todo “delito cometido por cualquier servidor público que cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona” es un acto de tortura, mismo que se sanciona con una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa.

Si los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se presentan cuando un servidor público veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, se castigará con una sanción que va de 3 meses a 3 años de prisión y hasta 200 días de multa.

CASO DE AUSTRALIANOS

Los jóvenes australianos asesinados en Sinaloa. Foto: Noroeste

Julio César González Muñiz, Martín Ponce Rogelio Muñiz (primos) y Sergio Simón Benítez fueron señalados por las autoridades sinaloenses como los culpables del asesinato de los dos australianos Dean Lucas y Adam Russell Coleman, quienes desaparecieron en noviembre durante sus vacaciones en la costa del Pacífico.

Sin embargo, de acuerdo con una queja levantada por sus familiares en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los hombres presos confesaron bajo golpes y amenazas.

“Ellos estaban echando agua en mi nariz y boca”, contó Martín Ponce a Men’s Journal desde prisión. Él estaba dormido en casa de su hermana cuando los policías arribaron. “Ellos estaban hiriendo a mi hermana, lastimándome, queriendo que les dijera dónde vivía Julio [su primo]”, añadió.

El 4 de diciembre, el Procurador de Sinaloa Marco Antonio Higuera informó que los tres detenidos pertenecían a un grupo de robo de vehículos que utilizaban uniformes falsos de corporaciones policiacas para atacar a sus víctimas.

Ellos sembraron los uniformes y armas, acusó Martín. Nosotros no estuvimos envueltos, dijo.

El abogado de los primos, Francisco Fierro Verdugo, declaró al medio que las autoridades de Sinaloa estaban bajo mucha presión nacional e internacional para encontrar a los culpables del homicidio. “Los arrestos aliviaron esa presión”, sugirió.

La medianoche del 20 al 21 de noviembre fue la última vez en que los turistas fueron vistos. El empleado de una tienda les indicó la ruta hacia Mazatlán. Al no poder comunicarse con ellos, sus novias, familiares y amigos comenzaron a solicitar ayuda.

Los cuerpos de los surfistas fueron localizados ya calcinados en el interior de una camioneta el sábado 21 de noviembre, en unas tierras de cultivo ubicadas entre los poblados Juan Aldama, “El Tigre” y San Blas, en Navolato, Sinaloa.

Fuente: Sin Embargo

Autora: Dulce Olvera

http://www.sinembargo.mx/14-05-2016/1660094

Detienen arbitrariamente a periodista por documentar "Pos Me Salto" en el metro de la CDMX

Debora Poo

México, D.F.- En la noche del jueves fue detenida la periodista y activista Debora Poo, por documentar la protesta "Pos Me Salto" en la estación del metro Coyoacán, de la línea 3 de la CDMX.

Convocan a jornada de acciones por la liberacíon de maestros en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocaron a todos sus agremiados de la Secciones 7 y 40 para concentrarse en la capital del estado e iniciar la jornada de acciones para exigir la libertad de sus compañeros detenidos por la Policía Federal el viernes por la mañana.

En una circular enviada a todo el magisterio chiapaneco, la CNTE pidió a todos los docentes a que participen en la Asamblea Estatal Democrática, que se instalará este sábado en el auditorio de la Sección 7 y donde se acordarán las medidas para desplegarlas en todo el territorio estatal y exigir así que sean liberados sus compañeros.

En total, fueron detenidas 22 personas, de las cuales al menos cuatro no son miembros del magisterio estatal, pues eran personas que caminaban cerca de la zona donde policías federales y estatales arremetieron contra los docentes.

Uno de los casos es el de Andi Abenamar Elizalde Penagos, de 21 años, quien no es docente pero fue llevado a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) junto a todos los maestros detenidos.

“Mi primo Andi Abenamar Elizalde Penagos de 21 años, se encontraba saliendo de la escuela, del Tec Regional, y durante el altercado de policías y maestros él fue detenido y llevado a la PGR. No es maestro y lo detuvieron. En la noche dejaron verlo y está muy golpeado”, dijo un familiar de Andi Abenamar que publicó su foto en redes sociales, “están amenazando que los quieren

trasladar a México”.

Al igual que Andi Abenamar, otros trabajadores repartidores de agua en pipa fueron detenidos.

Los maestros de la CNTE dijeron en conferencia de prensa que no descartan la retención de policías municipales, estatales o federales, para intercambiarlos por sus compañeros presos, estrategia que les dio resultado en el pasado movimiento magisterial de diciembre.

En representación del sector empresarial en Chiapas, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Juan Pablo Cañaveral Constantino, respaldó la intervención de las policías federal, estatal y municipal ante los disturbios ocasionados por maestros pertenecientes a la CNTE.

Cañaveral Constantino puntualizó que los bloqueos carreteros y los actos donde se quebrantó la paz social podrían generar graves consecuencias a un estado como Chiapas, en donde es necesario asegurar el intercambio comercial y el libre tránsito, dejando en claro que “no se puede exigir respeto a los derechos propios coartando los derechos

ajenos”.

“El estado de derecho no se administra, se aplica, como se demostró el día de hoy con la intervención oportuna de las autoridades, lo cual evitó mayores daños”, especificó ante la prensa el día de ayer.

Según el secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, más del 90 por ciento de los docentes chiapanecos acudieron ayer a sus aulas a dar clases con toda normalidad.

Gómez Aranda explicó que el operativo realizado junto con elementos de la Policía Federal, particularmente en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, se llevó a cabo con toda responsabilidad y con estricto apego a la Ley.

Recordó que el gobierno del Estado se unió a las voces de diversos sectores sociales y empresariales que hicieron un llamado para que las manifestaciones magisteriales fueran pacíficas y sin afectar a derechos de terceros.

Fuente: Proceso

Autor: Isaín Mandujano

http://www.proceso.com.mx/437419/convocan-a-jornada-acciones-la-liberacion-maestros-en-chiapas

En la cárcel, cerca de 10 mil indígenas por falta de un intérprete en Veracruz

Cerca de diez mil indígenas se encuentran en las cárceles de México, pero sólo 10 por ciento tuvo acceso a un intérprete para comunicarles cuál es su situación legal. Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 63 lenguas indígenas, el Sistema Judicial apenas empieza a adaptarse a la diversidad lingüística del país, y en Veracruz los intérpretes prácticamente están en el olvido.

Cristina Kleinert es una catedrática de la Universidad Veracruzana (UV), una estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes (Bélgica) y hablante de catalán, una lengua indígena de España, su país de origen, y en México impulsa un trabajo que podría sacar a muchos indígenas de la cárcel.

Su objetivo, es eliminar el papel secundario del intérprete y lograr que se reconozca su importancia en los procesos penales, pues en algunos casos es pieza clave para poder comprobar faltas al debido proceso, denunciar irregularidades ante las comisiones de Derechos Humanos, o señalar conflictos de intereses entre defensores, autoridades y demandantes.

Los indígenas en la ley y la burocracia

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 15.7 millones de personas se identifican como indígenas en México, mientras que 7 millones hablan una lengua nacional distinta al español, pero la Ley General de Derechos Lingüísticos reconoce 364 variantes lingüísticas en todo el país.

En teoría, las lenguas nacionales pueden utilizarse en todos los ámbitos de la vida, desde hablar náhuatl u otomí en la calle, hasta acceder a la justicia del Estado en maya o español, pero en la vida cotidiana, una lengua indígena es sinónimo de marginación, exclusión y discriminación.

De acuerdo con Cristina Kleinert, catedrática de la Universidad Veracruzana (UV) y estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes (Bélgica), los estados de Oaxaca y Veracruz tienen mucho por hacer en formación, acreditación y certificación de intérpretes en lenguas indígenas.

Si bien el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) impulsa, desde 2009, la capacitación de un grupo de profesionales, apenas 61 personas han sido certificadas en Veracruz y casi ninguna ha sido llamada a prestar su servicio.

Los diplomados del INALI duran 180 horas y se dirigen a hablantes de lenguas indígenas. En 2011, Cristina Kleinert participó como capacitadora y en ese año ofreció un acercamiento al Derecho Penal, así como la presentación de un Código de Ética y fichas terminológicas para un mejor desempeño en los juzgados.

La evaluación consistió en una interpretación simultánea: el instructor planteaba un discurso y alguien lo decía en una lengua indígena; el intérprete traducía y el capacitador lo escucha de regreso; pero formadores desde las lenguas sería lo ideal.

La formación de intérpretes necesita de muchos recursos económicos. Un buen centro de formación de intérpretes es caro: debe tener un albergue, pues los hablantes de lenguas indígenas no viven en centros urbanos; becas, buenos capacitadores y, sobre todo, garantía de trabajo.

Como especialista en la materia, Cristina Kleinert aseguró que si se quieren buenos resultados, pero sobre todo apoyar a los indígenas, las formaciones deben ser flexibles porque no se puede desarraigar de sus comunidades a los hablantes nativos. Una vez conseguido esto, se deben ofrecer dos tipos de formación: una para quienes ya están trabajando como intérpretes y otra a manera de licenciatura o posgrado.

El intérprete de indígenas, un amigo

Los intérpretes en el sistema de justicia penal son más que traductores, que un puente de comunicación, pues en muchos casos acompañan a las víctimas en su dolor. Cristina Kleinert recuerda un homicidio en razón de parentesco como el caso que más impactó en su vida, y también ha presenciado testimonios en delitos de violación y abandono de menores, casi siempre en situaciones de pobreza.

“ADMIRO MUCHO A LOS INTERPRETES QUE ESTÁN AHÍ, HACIÉNDOLO DE LA MEJOR MANERA POSIBLE. LOS HE VISTO ACOMPAÑANDO DE MANERA RESPETUOSA EL DOLOR DEL OTRO. VALORO ESO MUCHO MÁS QUE SU LABOR DE INTERPRETACIÓN EN SÍ”.

Desafortunadamente, mientras que un intérprete de lenguas de prestigio (inglés, francés, alemán) puede alcanzar reconocimiento, certificación y un sueldo bien remunerado, el hablante de lenguas nacionales pasa desapercibido en muchos ámbitos de la vida del país.

Si bien se busca “que el servicio sea gratuito para la población”, no significa que el intérprete no deba ser remunerado; lamentablemente “en Veracruz se ha interpretado así”, mientras que en Puebla, la Procuraduría de Justicia buscó y encontró intérpretes y asociaciones civiles poblanas ofrecen sus servicios a las instituciones.

Los intérpretes de lenguas indígenas y su importancia en los procesos penales son el tema de tesis doctoral de Cristina Kleinert, en su trabajo advierte la necesidad de hacerlos visibles, que se vea y se reconozca a los hablantes indígenas; que se sancione a quien omita llamar a un intérprete, que se instituya un servicio profesional remunerado, y los medios de comunicación tienen “un papel importantísimo porque legitiman una visión sobre otra, quienes difunden una lengua sobre otra”.

Fuente: NDMX Veracruz

Autor: Redacción

http://veracruz.ndmx.co/2015/07/13/en-la-carcel-cerca-de-10-mil-indigenas-por-falta-de-un-interprete/

Migrante sin justicia

Reina tiene 45 años, pero las marcas de la vida la hacen parecer de 60. Huérfana desde niña, trabajaba casi como esclava en su natal Belice, hasta que un día, a los 15 años, escapó, cruzó la frontera y viajó a México, donde desde hace tres décadas trabaja como sirvienta pasando penurias por vivir sin papeles, discriminada, atropellada por los patrones y golpeada sistemáticamente por su pareja.

Un día, hace ocho meses, Reina se cansó de los golpes de su marido y en medio de una paliza tomó un cuchillo y se defendió hiriendo a su atacante. Llamó de inmediato a la ambulancia, no huyó, pero el servicio médico tardó más de media hora y el agresor murió. Hoy Reina está condenada a 25 años de cárcel.

El juez segundo penal, Daniel Farah Godoy, la encontró culpable de homicidio culposo y le dio un cuarto de siglo de condena, sin contemplar las irregularidades de su proceso jurídico. Reina Gómez Solórzano escuchó la sentencia y de inmediato pensó en su hijo menor. Ya tiene 26 años, había logrado estudiar una carrera y estaba a punto de terminarla cuando fue atacado en el lugar donde trabajaba como guardia de seguridad. El golpe que recibió lo dejó ciego y dependiente de Reina.

En la cárcel de Chetumal Reina ve pasar los días. Ahí recibe apoyo y asesoría de la Red de Feministas Peninsulares de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. La defensora Argentina Casanova cuenta a la reportera Eliana Gilet que Reina “fue detenida por policías ministeriales en su casa, cuando fueron a retirar el cadáver del agresor. La subieron a un carro gris y se la llevaron. La mantuvieron aislada, la incomunicaron y agredieron físicamente para que confesara. También incumplieron con el tiempo para presentarla en el centro penitenciario, además de llevarla de un lugar a otro, cambiarla de autos, hasta que finalmente la derivaron al Centro de Reinserción Social de Chetumal.

El juez Farah emitió su fallo y dijo que si ella vivía con violencia y en el momento de los hechos había sido agredida, se requería que presentara una lesión y que esto no ocurrió. Pero la investigación de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo sostiene que Reina fue objeto de detención arbitraria y de trato cruel y degradante.

Reina no sólo no es culpable. Es víctima. Se apelará la anulación del proceso a partir de la probada detención arbitraria, los tratos crueles y degradantes, así como el salto del juez de control por los policías, que decidieron convertirse en jueces. Bien dice Argentina Casanova: no sirve que se le achique la pena, lo único que cabe es que la condena se anule.

Fuente: Desinformémonos

Autora: Gloria Muñoz Ramírez

http://desinformemonos.org.mx/migrante-sin-justicia/

Empresas en San Quintín incumplieron acuerdos; campesinos, en el esclavismo

Ciudad de México, 30 de marzo.- Un año después del movimiento de los campesinos de San Quintín, sólo a una mínima parte les han incrementado los salarios, las condiciones laborales no han cambiado y continúa el esclavismo en los campos, afirmó el Sindicato Independiente, Nacional y Democrático de Jornaleros Agrícolas.

El informe Primer año de luchadetalla que empresas como Driscoll’s, Los Pinos y Productora Industrial del Noroeste son las que se niegan a reconocer la representatividad sindical, no pagan los salarios mínimos acordados e incluso siguen contratando a menores de edad para la cosecha.

Todo ello sin que las autoridades laborales se den por enteradas, añade el documento. Detalla que los trabajadores siguen recibiendo pago a destajo, según lo que cosechen, o por jornal, y continúan sin estar registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como les habían ofrecido.

De acuerdo con cálculos de la organización, el pago de sueldos a jornaleros y sus familias –hijos incluidos– representa a las empresas uno por ciento del total de sus ingresos.

En ese sentido, explica que empresas y autoridades aseguran que si dieron los incrementos salariales fue porque aplicaron un magro aumento de 15 por ciento; sin embargo, elevaron las tareas a los jornaleros. Por ejemplo, a los recolectores de pepinos y jitomates, a quienes pagaban 70 pesos diarios, tenían que llenar un promedio de 80 botes al día de ambos productos. Empero, les aumentaron sus ingresos a 80 pesos y ahora tienen que llenar 110 botes, es decir, en términos reales les bajaron sus remuneraciones.

Por el dinero que reciben tienen que cubrir la entrega de 50 botes. Los siguientes se los pagan a peso. Prácticamente pocas empresas están cubriendo el salario mínimo de 180 pesos fijado en los acuerdos que se firmaron en la Secretaría de Gobernación hace un año.

Además, en la mayoría de los centros de trabajo cobran a los empleados renta, comida, gas, uso de estufa, agua, transporte, herramientas que utilizan en sus actividades, cigarros y refrescos. Es esclavismo, denuncia la organización.

Afirma que los campesinos siguen viviendo en galerones, sin higiene ni seguridad en las empresas. Con sus familias. La mayoría provienen de estados del sur del país y no han sido afiliados al IMSS. En tanto, las jornadas laborales son de 12 horas –generalmente de 5 de la mañana a 17 horas– y están expuestos al contacto con productos químicos por los fertilizantes y fumigadores. Les cobran hasta la herramienta que utilizan, denuncia la agrupación.

Detalla que en la jornada de lucha que llevaron a cabo en semanas recientes, para recordar el primer aniversario de que comenzaron las movilizaciones, fueron sancionados quienes participaron en éstas. Los que estuvieron en las protestas fueron boletinados o despedidos. Como no hay papeles firmados, simplemente cuando se presentan a trabajar les anuncian que fueron dados de baja. Por supuesto, sin ninguna liquidación.

Añade que por esa razón continuarán las protestas en la región y seguirán avanzando en la sindicalización de los jornaleros, a contracorriente de las empresas y sin el respaldo de las autoridades.

Fuente: La Jornada Baja California

Autora: Patricia Muñoz Ríos

http://jornadabc.mx/tijuana/30-03-2016/empresas-en-san-quintin-incumplieron-acuerdos-campesinos-en-el-esclavismo

Resolución “por consigna”, en favor de Walmart en Xochimilco

Con una rapidez inusual y sin dar oportunidad al desahogo de pruebas, la quinta sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal ordenó a las autoridades de la delegación Xochimilco el retiro de los sellos de suspensión en las obras de construcción de una plaza comercial, que incluye como tiendas ancla un Walmart y un Sam’s en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan.

El director jurídico y de gobierno de la demarcación, Francisco Garduño, afirmó que en ningún momento se les citó para exponer sus argumentos, sino que simplemente se aceptó por válido lo expuesto por los representantes del Deutsche Bank México, que solicitaron la suspensión del acto de autoridad con efectos restitutorios.

La resolución se emitió en una cuartilla, de manera insólita, sin metodología y sin darnos parte, sin examinar las pruebas, tal parece que a veces actúan como si se tratara de un tribunal de consigna, expresó el funcionario, quien agregó que analizarán nuevas vías legales para frenar esta obra que, según lo documentado, viola el uso de suelo.

El servidor público detalló que de acuerdo con la resolución del juicio número V-15313/16, el magistrado Hugo Carrasco Iriarte recibió el escrito el primero de marzo y resolvió dos días después. A mi me notificaron el lunes pasado, para que procediera al retiro de lo sellos, cosa que ya cumplimos, afirmó.


De acuerdo con el documento, sólo se tomó en cuenta a la parte actora, que exhibió el certificado único de zonificación de uso de suelo con número de folio 74538-151CAJU14, así como la manifestación de construcción de folio 1713/15, referentes a la construcción en el predio ubicado en Camino Real San Mateo número 35, en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan.

Al asistirle un derecho a la parte actora y de acuerdo con la apariencia del buen derecho (...) se concede la suspensión con efectos restitutorios solicitada, por lo que se ordena al director general jurídico y de gobierno en la delegación Xochimilco, para que en término de 72 horas (...) procedan a retirar los sellos de clausura total impuestos en el inmueble antes citado, establece la resolución.

Las autoridades de la delegación Xochimilco habían clausurado la construcción de la plaza comercial apenas el pasado 12 de febrero, al documentar violaciones al uso de suelo y por carecer del programa de protección civil.

En su momento, explicaron que al tramitar los permisos, los desarrolladores exhibieron de manera dolosa la autorización de uso de suelo para comercio en tres predios, que equivalen a 6 mil metros cuadrados, como si se tratara de todo el terreno de 36 mil metros, donde se lleva a cabo la obra.



Fuente: La Jornada

Autora: Rocío González Alvarado

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/12/capital/026n1cap

“La procuración de justicia es una simulación”, escucha una y otra vez, la CIDH por parte de víctimas.

Foto: Formato 7

A pesar del cambio de gobierno en diciembre de 2012, no habría cambios sustanciales en relación a las políticas de seguridad y a los niveles de violencia” asegura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe 2015. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una “simulación”, añade el organismo.

“La respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación”, por lo que son de especial preocupación las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, señalan los defensores de derechos humanos. “En México sólo se han emitido seis sentencias en el ámbito federal por el delito de desaparición forzada”, puntualizan.

“La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México, es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la “Guerra sucia” y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día”, recuerda la CIDH.

La desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en el estado de Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, hechos en los que también resultaron heridas y asesinadas otras personas, constituye una grave tragedia en México, así como un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones en México. Asimismo, es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad, abunda la Comisión.

En Tlatlaya Estado de México, en junio de 2014, Apatzingán Michoacán en enero de 2015 y Tanahuato y Ecuandureo, Michoacán en junio de 2015, con el paso del tiempo y la investigación, “los testimonios y los indicios apuntan a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las fuerzas armadas”, evidencia la CIDH.

La Comisión informa que ha constatado en terreno “niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente y a las víctimas y familiares”. “La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”, puntualizan..

Informe: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf#page=12&zoom=auto,-127,149

Fuente: Pozol Colectivo

http://www.pozol.org/?p=11956