CIUDAD DE MÉXICO: Principio elemental de los políticos que convierten el servicio público en fuente inagotable de lucro personal es saber robar sin que se note. Ello supone una serie de artilugios para ocultar la conducta delictiva, tratando de mantenerla en absoluto secreto a fin de facilitar la impunidad. Sólo los cómplices y beneficiarios del chanchullo están autorizados para conocer la forma de evadir la ley y así obtener ganancias multimillonarias a través de contratos con proveedores selectos, haciendo aparecer como licitación una asignación directa, previo acuerdo sobre cómo, cuándo y dónde se repartirán las utilidades producto del enjuague.
Si bien es posible mantener la confidencialidad de los procesos contables y jurídicos de dichas transacciones, lo difícil es ocultar los fondos y bienes derivados de ellas, ante el fisco como la opinión pública, a menos que se transfieran a paraísos fiscales que hasta antes de los Panama Papers era la forma idónea de encubrir los delitos de evasión de impuestos, concusión (enriquecimiento ilícito), tráfico de influencias, abuso de autoridad, soborno, peculado o lavado de dinero.
En México la corrupción se encubre, pero la riqueza producto de ella se ostenta. Nuestros acaudalados políticos gustan de pavonearse, inspirados en el imperativo categórico hankiano (que no kantiano): “Un político pobre es un pobre político”. De ese primer mandamiento del código de ética de Atlacomulco se deduce que la honradez y la honestidad son propias de tontos o pusilánimes. La virtud se encuentra en el arrojo y cinismo del corrupto. Por tanto, no hay que ser ni parecer un “pobre político”. De ahí la proclividad de nuestros gobernantes, legisladores, líderes partidarios y sindicales a presumir los lujos que les ha dispensado su infatigable entrega para asegurar su propio bienestar y el de sus allegados, no el de los gobernados.
En ese contexto, la “Casa Blanca” tiene un profundo significado simbólico, a pesar de que el monto financiero de la operación (7 millones de dólares) es insignificante frente a las presuntas ganancias derivadas de los jugosos contratos realizados con el Grupo Higa durante los gobiernos estatal y federal del presidente en turno, que ascienden a 2.8 mil millones de dólares a través de más de 80 contratos gubernamentales con el consorcio de Juan Armando Hinojosa Cantú (The New York Times, 30/VII/15). Sin contar, claro, la licitación del tren México-Querétaro que tuvo que ser abruptamente revocada debido a irregularidades en el proceso, lo cual causó un serio conflicto con China. Hasta el momento el asunto no ha sido cabalmente investigado ni aclarado.
En medio de ese hediondo ambiente de corrupción rampante, la popularidad presidencial se desplomó y el PRI perdió siete gubernaturas en las elecciones del 5 de junio. En Los Pinos se prendieron las señales de alarma y se diseñó una estrategia de comunicación con miras a 2018. Como parte de ese plan, se ha enardecido la obsesiva represalia contra quienes revelaron con impecable rigor periodístico la deshonrosa compra de la Casa Blanca.
A cuatro décadas del golpe perpetrado por Luis Echeverría contra el Excélsior de Julio Scherer, nuevamente se oculta la vengativa y autoritaria mano presidencial de Enrique Peña Nieto tras el acoso inquisitorial contra Carmen Aristegui y la libertad de expresión. Después de haber cancelado la indispensable presencia de la periodista, no sólo de MVS –de donde fue arbitrariamente cesada el 15 de marzo del año pasado–, sino de toda la radio nacional por lo que resta del sexenio, se opta ahora por censurar ¡un libro! MVS interpuso una demanda millonaria contra Carmen exigiendo que se suprima el prólogo de su autoría del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. La historia que cimbró un gobierno (Proceso 2073). Un reclamo inédito y aberrante.
La censura de libros es propia de la Inquisición y de los regímenes totalitarios. En México hace medio siglo fue censurado el ensayo etnográfico de Oscar Lewis titulado Los hijos de Sánchez, publicado en 1964 por el Fondo de Cultura Económica, cuyo director, Arnaldo Orfila, fue despedido y un año después fundó Siglo XXI Editores. El gobierno diazordacista ejerció su poder censor a través de una demanda presentada por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística contra el autor y el editor del libro, por considerarlo “obsceno, difamatorio, subversivo y antirrevolucionario”.
De la mano de MVS, el gobierno actual evoca la intolerancia autoritaria de épocas que creíamos superadas. Por ello, el desplante presidencial de pedir perdón por segunda vez, pública y “humildemente”, por el evidente conflicto de interés que provocó la indignación de los mexicanos, carece de verosimilitud y congruencia. Además, la fallida estrategia dirigida por Eduardo Sánchez Hernández, coordinador de Comunicación de la Presidencia y exabogado del Grupo MVS, revela de nueva cuenta la colusión Vargas-Peña Nieto, quienes se consideran personalmente agraviados por Aristegui y han decidido cobrar venganza de forma artera y desproporcionada contra una periodista cuyo profesionalismo, rectitud y valentía son ampliamente reconocidos dentro y fuera del país.
La avalancha de simulaciones y despropósitos para exonerar al mandatario de toda responsabilidad jurídica en el oscuro convenio de compra venta de la Casa Blanca se ha convertido en símbolo indeleble del mandato peñanietista. Además de ofensiva, la actual embestida contra Carmen Aristegui y la libertad de expresión representa un grave error ético y táctico que resultará contraproducente para sus promotores. El abusivo atentado acelerará el desplome de la credibilidad gubernamental arrastrando consigo a MVS, artífice del acoso judicial contra la comunicadora. La soberbia y la sed de venganza ciegan. Intentar ocultar la corrupción e impunidad reinantes mediante la censura e intimidación de periodistas representa una regresión inadmisible. Los atropellos de la cleptocracia censora y sus secuaces contra derechos y libertades democráticos merecen el repudio ciudadano.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: HÉCTOR TAJONAR
LINK: http://www.proceso.com.mx/449806/cleptocracia-censora
CIUDAD DE MÉXICO: Dos menores de 13 y 14 años de edad fueron heridas a balazos afuera de una escuela primaria localizada en Sinaloa.
Los agresores fueron tres jóvenes que viajaban en una motocicleta, de los cuales dos fueron detenidos, según información publicada por el diario Noroeste.
De acuerdo con el reporte, las lesionadas son Cindy “N”, de 13 años de edad, y Leidy “N”, de 14, quienes al momento de la agresión se encontraban afuera de un colegio ubicado en la comunidad Ohuira, perteneciente a la sindicatura de Topolobampo, en el municipio de Ahome.
Hasta ese lugar llegaron tres jóvenes a bordo de una motocicleta negra con gris, y uno de ellos disparó un arma de fuego contra las menores, quienes resultaron con heridas en la pierna izquierda.
Ambas fueron auxiliadas por socorristas de la Cruz Roja y llevadas a un hospital de Los Mochis, donde quedaron internadas para su recuperación.
Los dos agresores detenidos fueron identificados como Jesús Raymundo Orduño, de 21 años, y Emanuel Arturo “N”, de 17.
Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado acudieron al lugar de los hechos y levantaron evidencias, mientras que un agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449907/hieren-a-balazos-a-dos-menores-estaban-afuera-una-escuela-en-sinaloa
A través de una carta, Bermúdez Zurita dijo que la compra de propiedades en EU y México fue legal y transparente a través de sus ingresos y créditos. Señaló que por el cargo que tenía no reveló su patrimonio ni el de su familia.
El exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, dijo que la compra de inmuebles en EU y México fue legal y transparente y que si no dio a conocer antes la declaración de sus bienes fue por el cargo que ejercía.
“Debido al cargo que me fue encomendado, no podía hacer públicos mis bienes, los de mi familia y personas que colaboran de manera cercana”, dijo el exfuncionario en una carta pública en la que también aseguró que todos sus bienes están asentados en sus declaraciones patrimoniales.
Bermúdez Zurita renunció este jueves 4 de agosto a su cargo para esclarecer el origen de su patrimonio personal y defenderse de las acusaciones que se le imputan, informó el gobierno de Veracruz al hacer oficial su salida.
En julio pasado, Yunes Linares acusó que el gobierno de Javier Duarte busca pagar al menos 72 millones de pesos de deuda a empresas ligadas a Arturo Bermúdez Zurita.
Este jueves, el diario Reforma publicó que el Bermúdez posee por lo menos 19 inmuebles en México y Estados Unidos, además de que es socio o propietario de 24 empresas.
“Las operaciones inmobiliarias a las que se ha hecho referencia fueron realizadas con total transparencia, en pleno ejercicio de mis derechos, con ingresos y créditos de acuerdo a la normatividad aplicable”, señaló en la misiva.
Aseguró que las denuncias sobre su patrimonio es parte de una campaña de linchamiento político.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/extitular-la-ssp-veracruz-acepta-propiedades-millonarias/
Denuncian violencia física contra defensor de derechos humanos Juan Refugio Contreras Alcibar, trabajador de la Administración Autónoma de Agua Potable de Coyotepec (AAPCOY), Estado de México, quien fue atacado a golpes por tres sujetos, no identificados que “llegaron por la espalda y a golpes arremetieron contra el trabajador dejándolo fuertemente lesionado” por lo que el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero manifestó su preocupación por la seguridad y la integridad física de los defensores del derecho humano al agua integrantes de la administración y exigió a las autoridades a garantizar su protección bajo la ley.
Agregaron que, una semana antes del incidente, en el Barrio Chautonco del mismo pueblo de Coyotepec, el también trabajador de la AAPCOY, Agustín Rodríguez García, fue golpeado por cuatro sujetos quienes al iniciar la agresión explícitamente refirieron “salte del movimiento del agua o se los va a cargar la chingada” haciendo referencia a familiares y compañeros del defensor, aseguran.
Tanto Juan Refugio Contreras como Rodríguez García se encontraban acompañados de familiares quienes resultaron agredidos verbalmente así como con golpes infringidos con palos y botellas por lo que, dijeron, todas las personas iniciaron las denuncias de hechos correspondientes sin que las autoridades hayan realizado las investigaciones debidas para dar con los responsables y que permitan mantener un clima de seguridad en los habitantes defensores del agua del pueblo.
Recordaron que con base en los artículos 1, 2, 6, 7, 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Americana de los Derechos Humanos, es obligación del gobierno de México garantizar la seguridad de las y los pobladores así como de quienes defienden el derecho humano al agua en dicho municipio.
Advirtieron que en el pueblo de Coyotepec y las y los defensores del agua más visibles se encuentran en una tensa calma ante el evidente incremento de agresiones y la “cerrazón” de los gobiernos municipal y estatal, así como de la Comisión Federal de Electricidad para entablar un diálogo serio que permita una solución de fondo al conflicto.
En el municipio de Coyotepec, de origen náhuatl, se distribuye el servicio de agua potable desde mediados del siglo XX, mediante un sistema autónomo cuya estructura hidráulica se realizó únicamente con los recursos de las y los propios habitantes. No obstante, desde 2013 y a partir de que se impulsara un proyecto de Ciudad Bicentenario en la zona aledaña de Huehuetoca, se ha intentado que sea el Ayuntamiento quien la administre el agua, “municipalizar el servicio implicaría que particulares, mediante concesión, pudieran administrar el uso del vital líquido, los pobladores se han resistido a este proceso” explican.
En su resistencia por la defensa del agua, se registra la represión de una manifestación el día 9 de junio de 2013, en que hubo cerca de 50 personas heridas; el homicidio de un defensor el día 1 de julio, del mismo año, y múltiples amenazas a defensores y defensoras. Tres meses después, fue herido con una navaja Vicente Moreno Domínguez, defensor reconocido en el Frente Popular 9 de junio en Defensa de los Recursos Naturales.
Las y los defensores del derecho humano al agua enfrentan, además, la oposición de la Comisión Federal de Electricidad, que reclama un adeudo de cerca de 34 millones de pesos, por lo cual, desde el día 6 de mayo del presente año cortó la electricidad a tres pozos de agua potable, con lo que dejó sin este servicio a la mayoría de la población del municipio, detallan.
El día domingo 22 de este año, miembros de la AAPCOY, de la asociación civil Frente 9 de junio en Defensa de los Recursos Naturales y ciudadanos del municipio, detuvieron una consulta convocada por el ayuntamiento en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado, en que se solicitaba a la población elegir la opción de proyecto que considerara que debería “ser implementada por las autoridades del municipio, para dar solución al problema del agua”, con lo cual se desconocía a la administración autónoma de agua y de daba por supuesto la municipalización del vital líquido. La jornada de protesta se realizó en medio de una fuerte confrontación y se registraron varios heridos e incluso una amenaza con arma de fuego por parte del director de educación del ayuntamiento, Federico Cruz, en el barrio de Santiago, derivando el 26 de mayo en una incursión policiaca por miles que a punto estuvo de convertirse en una confrontación de grandes dimensiones, lo cual fue evitado por la prudencia y organización del pueblo que al mismo tiempo de evitar la confrontación, mantuvo el sistema autónomo de agua intacto.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/alertan-sobre-nueva-agresion-contra-defensor-del-agua-en-coyotepec/
Las víctimas iban en una camioneta al poblado Chicahuales donde está su base, pero hombres armados “de la delincuencia” les dispararon y los mataron, dio a conocer la viuda del comandante del grupo.
El sábado pasado cinco policías ciudadanos del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), entre ellos un menor de edad, fueron asesinados en una emboscada en la comunidad La Vuelta, del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
La viuda del comandante del grupo y madre del menor asesinado, Reyna Marcelo Olaya informó que las cinco víctimas iban en una camioneta al poblado Chicahuales donde está su base, pero hombres armados “de la delincuencia” les dispararon y los mataron.
Su hijo tenía 14 años, se llamaba Luis Alberto Ramírez Marcelo, su esposo el comandante del grupo se llamaba Martín Ramírez Gregorio, además murieron César Joaquín Marcelo Guerrero, Leonardo Guzmán Marcelo y Rafael Trujillo Ramírez, vecinos de esa comunidad.
La camioneta en la que iban quedó con decenas de orificios de bala, es una Nissan doble cabina roja y según el comisario de Izotepec, fueron atacados con rifles de asalto AR-15 y AK-47, cuerno de chivo.
La viuda denunció que desde el sábado pidieron ayuda a las autoridades pero nunca llegaron, por lo que los vecinos se encargaron de levantar los cuerpos.
Este martes, autoridades comunitarias de la parte baja de la sierra del Filo Mayor, en la zona donde fue la emboscada, demandaron a las autoridades federales y del estado que envíen refuerzos a esas comunidades, ante la amenaza de gente armada que esa tarde les advirtió que entraría a sus pueblos.
Representantes de la Unión de Comisarios por la Paz y el Desarrollo de la Sierra A.C, se concentraron al norte de la capital y ofrecieron una conferencia de presa en la que advirtieron que hombres armados se acercaban a esas comunidades.
El gobierno no tiene ningún reporte de la emboscada, dice el vocero de seguridad
Consultado al respecto de la emboscada en la comunidad La Vuelta, municipio de Heliodoro Castillo, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia dijo que el gobierno del estado no tiene ningún reporte en esa comunidad, en donde fueron asesinados cinco policías ciudadanos de la UPOEG, entre ellos un menor de 14 años.
Consultado vía telefónica a las 10:36 de la noche de este jueves Álvarez Heredia dio a conocer que ni la Fiscalía General del Estado ni Seguridad Pública estatal cuentan con un reporte de algún enfrentamiento en la sierra del municipio de Heliodoro Castillo.
A las 10:24 de la noche el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio dio a conocer que a las 11 de la mañana de este jueves se le informó de la incursión de un grupo de sicarios a una comunidad.
Se le preguntó qué comunidad era la que estaba siendo amenazada pero dijo que no recordaba.
A pregunta expresa sobre la muerte de cinco policías ciudadanos que pertenecen a su agrupación, Plácido Valerio dijo que no tiene el reporte de la muerte de ninguno de sus policías, y mencionó que el último enfrentamiento en el que hubo muertos fue hace dos meses.
FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-08-2016/3076273
La desaparición de personas se agravó durante el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto, quien en poco más de la mitad de su sexenio igualó las cifras del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Como contraparte, más grupos de familiares afectados han decidido tomar una varilla y una pica para desenterrar cientos de fosas clandestinas en los últimos tres años y medio. Así como el Presidente copió las propuestas de seguridad del Mando Único y la lucha contra las drogas de su antecesor, especialistas creen que omitió las acciones en contra de las desapariciones.
México se estancó en la lucha contra las desapariciones. Especialistas en seguridad consideraron que las acciones en el tema de seguridad de la actual administración de Gobierno son una replica de las implementadas por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Los resultados muestran un retroceso. En tres años y medio el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha igualado el número de desapariciones ocurridas durante los seis años de su antecesor Felipe Calderón Hinojosa.
Datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) detallan que del 2013 al mes de abril del presente año hubo 13 mil 156 desapariciones; 72 más que las registradas entre el 2007 al 2012, cuando Felipe Calderón gobernaba y el auge de la guerra contra el narcotráfico inició una ola de violencia.
“El problema es que la política en estos temas se ha concentrado en tratar de contener y controlar las emergencias, y no en resolver nuestros problemas de fondo. Así se creó la Subprocuraduría Especializada en Desaparición Forzada y se planteó la posibilidad de una Ley. Pero todas son pequeñas acciones que no terminan de engarzarse en una gran estrategia”, consideró Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Los datos oficiales refieren que el 74 por ciento de los desaparecidos son hombres y el 26 por ciento mujeres. Mientras que el rango de edad con mayor número de casos registrados es de entre 15 a 19 años, un 15 por ciento del total.
Ante la impotencia, familias que esperaban los resultados de parte del Gobierno federal y de las autoridades estatales han terminado por asociarse en grupos de búsqueda. Un fenómeno que proliferó en todo el país. “Es la respuesta de autotutela de derechos humanos frente a la incapacidad y la negligencia de las autoridades. Aquí no queda otro remedio que ellos mismos buscar la localización de los suyos”, dijo Cortez.
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre marcó al sexenio de Peña Nieto y a su estrategia de seguridad en el país, cuando se destapó el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. A 22 meses de los incidentes –en los cuales estuvieron involucradas autoridades locales– ninguno de los muchachos ha sido hallado.
Apenas ayer, representantes de los padres hicieron una breve visita a los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos, con el propósito de pedir un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones hechas por el Grupo de Expertos Independientes (GIEI).
“Cuando se terminó el periodo acordado para el GIEI se hicieron una serie de recomendaciones que tocan temas estructurales, como la mayor capacidad de investigación, investigación de contexto y mejoramiento de los servicios periciales”, dijo Cortez.
NUEVAS FOSAS TRAS 43
La crisis por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y las investigaciones que le sucedieron revelaron la extensión de este flagelo en Guerrero. Las fosas clandestinas aparecen con regularidad y, sin más, ayer fue encontrada una de esas sepulturas en el paraje llamado Panteón de la Joya.
“Fuimos a escarbar y encontramos otra fosa clandestina en un cerro que le llaman La Joya. Se ve grande. Ya antes habían trabajado ahí [otra parte del cerro] la Fiscalía del estado de Guerrero, la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada] y la unidad de desaparecidos de la PGR [Procuraduría General de la República]. Pero fuimos nosotros los que encontramos 26 cuerpos”, dijo Mario Vergara Hernández, representante de Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Este colectivo, que nació el 16 noviembre por iniciativa de 50 feligreses de la Iglesia San Gerardo, en Iguala, tiene en su haber el hallazgo de 147 cuerpos en fosas clandestinas, 30 cuerpos en una fosa común de un panteón de Iguala y más de 100 cuerpos recuperados de los Servicios Médicos Forenses (Semefos) previstos para ir a una fosa común, además de más de mil fragmentos de huesos.
Vergara Hernández se mostró satisfecho por el hallazgo de ayer. Y recordó la incidencia que tuvo la desaparición de los 43 para que iniciasen otras búsquedas.
“Tuvieron que desaparecer para que mucha gente nos diéramos cuenta de que sí podíamos buscar a nuestros familiares. En las búsquedas por los estudiantes, las autoridades encontraron cinco fosas con 30 cuerpos calcinados en el paraje ‘Las Parotas’ [al poniente del municipio] y se dieron cuenta de que eran otras personas, porque había mujeres. Ahí las dejaron, como si fueran animales, como si no tuvieran derechos, o no fueran nada”, recordó.
La inquietud de que sus desaparecidos pudieran hallarse en los alrededores de Iguala hizo que los lugareños se organizaran. Uno de sus líderes fue el policía comunitario Miguel Ángel Jiménez Blanco, quien halló cientos de cadáveres en las veredas del estado, antes de su asesinato en agosto del 2015. El riesgo para estas familias que buscan está siempre presente. “Si nos matan no serán delincuentes sino las autoridades”, destacó Vergara.
SABUESOS DE SINALOA
El grupo Sabuesos de Sinaloa se formó a partir de octubre del año pasado para rastrear desaparecidos. El estado afronta la desaparición de 2034 personas, de acuerdo con datos del RNPED.
“Nosotros no confíanos en el Gobierno. No nos compran, no nos convence que nos den unas galletitas y unas palmaditas. Lo que se ha logrado aquí en Sinaloa es lo que las familias hemos trabajado. A pesar de que es un trabajo del Gobierno, no les interesa hacerlo. Por eso nosotros agarramos picos y varillas, y ahora hemos logrado que nos volteen tantito, para que nos acompañe la Fiscalía”, dijo Rosa Nery, miembro de Sabuesos de Sinaloa.
El Subprocurador de Justicia estatal, Jesús Martín Robles Armenta, rechazó hace 15 días el acompañamiento del grupo de rastreo hacia un lugar en el municipio El Rosario, donde aparecieron los huesos de tres personas.
“Nosotros ya teníamos un punto y queríamos ir por esos huesos que estaban ahí y qué pasa, no nos dejaron ir. La Fiscalía actuó y ahora resulta que esos huesos son de animal. Afortunadamente, yo tenía fotos y las mostré con antropólogos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y sí son de humano”, dijo Rosa Nery.
El colectivo de 23 personas sale cada viernes en busca de sus familiares. Su mayor parte pertenece a la Brigada Nacional de Búsqueda, un esfuerzo que une a diferentes familiares del país para buscar a sus desaparecidos, y que en noviembre estará realizándose en Sinaloa.
“A ellos [las autoridades] no les interesa buscar. Son indolentes ante el dolor de las familias”, dijo Nery, quien busca a su cuñado Daniel Zavala Martínez, y a sus dos hermanos Rafael Zavala Martínez y Rafael Zavala Contreras, vistos por última vez el 23 de abril del 2010 en Monclova, Coahuila.
TRABAS EN VERACRUZ
Ayer, el colectivo Solecito decidió desplegar una serie de rastreos en Veracruz. Iniciaron en la zona norte del Puerto de Veracruz; un esfuerzo que también comprenderá los alrededores de los municipios de Boca del Río y Medellín.
Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del Colectivo Solecito denunció las trabas interpuestas por la administración del Gobernador Javier Duarte de Ochoa para que los rastreos se hagan a cabalidad.
“La Fiscalía está poniendo muchos obstáculos y nos está bloqueando mucho la búsqueda. La tratamos de hacer con ello, pensando en que nos iban a apoyar, en el resguardo, hasta ahora estamos viendo que está siendo contraproducente. Están tratándonos como si nosotros fuéramos personas sin inteligencia ni sentido común y nos están bloqueando. No nos dejan pasar a ciertos lugares, [nos dicen] que no podemos tomar fotos, que no podemos llevar prensa”, externó García.
La entidad acaba de ser testigo de la Segunda Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, que se llevó a cabo del 15 al 29 de julio. Pese al hallazgo de una fosa en el municipio Paso del Macho, los participantes acusaron la resistencia de las autoridades a brindarles seguridad.
Ahora, por el contrario, son las autoridades las que limitan el transcurso normal de las búsquedas, denunció el Colectivo. “Está siendo a modo de la Fiscalía y así no podemos salir nosotras. Estamos invirtiendo dinero nuestro y esfuerzo impresionante, para que esa gente nos quiera condicionar. No es justo”, reclamó García, por lo que el grupo asevera que podría desmarcarse de las autoridades para continuar los trabajos.
En registros oficiales, Veracruz cuenta con 682 personas desaparecidas. Pero, organizaciones civiles han expuesto que el número sería mucho más alto, por la complicidad del Gobierno en muchos de los casos. Como en el caso de Tierra Blanca, donde cinco jóvenes desaparecieron a manos de policías estatales, y que por la colusión de las autoridades con el crimen asemeja un operativo como el de Iguala.
Sin embargo, el Gobierno federal ha sido incapaz de lanzar estrategias que encuentren similitudes, aseguró Cortez.
“Están en la lógica de que busquemos a los desaparecidos uno por uno. Y eso no tiene ningún sentido, porque además imposibilita resultados, porque muchas desapariciones son responsabilidad de las autoridades, o contaron con la participación de autoridades”, dijo el investigador y activista.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-08-2016/3076114
Arturo Bermúdez Zurita renunció ayer a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz para “dar certeza y transparencia sobre la adquisición” de sus bienes. Sin embargo, el titular de seguridad ha sido señalado en diversas ocasiones por la crisis de inseguridad que se sufre en la entidad y por su responsabilidad por las decenas de personas desaparecidas a manos de agentes bajo su cargo por toda la entidad. Familias que han sido víctimas de desaparecidos entrevistados por SinEmbargo consideraron que presentar su renuncia es sólo una forma de huir sin pagar por lo que no resolvió.
Familias que han sido víctimas de desaparición y desaparición forzada en Veracruz exigieron que el ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, sea investigado primero por el crimen de lesa humanidad que cometió en Veracruz ante que por corrupción, pues recordaron que decenas de personas desaparecieron a manos de agentes bajo sus órdenes. Además, alertaron que su renuncia es sólo la forma que el ahora ex funcionario tiene para huir.
La mañana de ayer jueves, Arturo Bermúdez presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), después de que se revelara que ek funcionario posee por lo menos 19 inmuebles en México y Estados Unidos, y es socio o dueño de 24 empresas de giros diversos.
Bermúdez, quien ha sido señalado por el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes como la mano derecha y prestanombres del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, publicó ayer su renuncia en Twitter, Ahí aseguró que todos los bienes que posee son producto de su trabajo como funcionario, ingresos fuera del Gobierno y a través de créditos, “he actuado conforme a la ley”, agregó.
Con la SSP a cargo de Bermúdez, la seguridad en Veracruz se enfrascó en un estado de descomposición donde los homicidios y desaparecidos van a la alza. Además, dejó a la dependencia sumida en una deuda de 1 mil 450 millones de pesos.
En este contexto, de acuerdo con Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del colectivo de búsqueda Solecito, consideró que a Bermúdez se le debe indagar “muy a fondo, [debe ser] una investigación seria, profesional, que no tenga ningún tipo de atadura con él, porque no queremos la versión de Virgilio Andrade en Veracruz. Es importante que sea un investigación con mucha ética. Es un señor que tiene que dar muchas cuentas, porque la Policía de Veracruz, él la comandaba y se permitió que la Policía hiciera a su antojo”.
García Henao dijo, en entrevista con SinEmbargo, que “el tema de las desapariciones es primordial, porque son vidas humanas, el de la corrupción es dinero. Y en México ya todo mundo sabe dónde se va el dinero, nosotros pensamos que la investigación de lesa humanidad es mucho más puntual. Pero se puede llevar a cabo conjuntamente”.
Para Eloisa Campos, integrante de la Brigada de Búsqueda en Veracruz, la renuncia de Bermúdez solo es una salida para no hacerse responsable de todos los delitos ocurridos en la entidad.
“Porque tiene mucho qué ver con todo lo que ha sucedido en Veracruz, no sólo en Córdoba, Xalapa y Tierra Blanca”, dijo la activista quien consideró que Bermúdez es responsable porque es su gente la que está involucrada. “A mí me gustaría que sea juzgado por todo lo que no quiso resolver. No pude ser que se lave las manos y se vaya”, recriminó.
Campos consideró que el hecho de que se detengan a los policías por delitos como el de la desaparición forzada, no quiere decir que el problema se esté terminando, ya que sin sus declaraciones es más difícil que las familias puedan encontrar a sus desaparecidos.
“El hecho de que detengan a las policías no quiere decir nada porque ahí están encerrados, pero si no hablan, si no dicen cómo vamos a saber qué fue lo que hicieron con nuestros hijos, si están vivos si están muertos”, dijo.
Lucía García coincidió en que probablemente la pretensión de las autoridades es encubrir a Bermúdez, investigándolo por corrupción, de otros crímenes, “de la que luego él se va a salvar, por su puesto, porque en México no hemos visto a nadie que haya caído por una investigación de corrupción”.
La activista señaló que hay testimonios, hay declaraciones, “que no se está hablando nada más por hablar, con poquito que le busquen, yo estoy segura que pueden encontrar alguna manera de llegar hasta él y hacer un proceso bastante serio”.
“El problema es serio, él lo permitió, en caso de que lo haya permitido nada más. Él tiene más qué decir en cuanto a eso”, alertó.
El 11 de enero pasado, Bernardo Benítez Arróniz, de 25 años; José Benítez de la O, de 24; José Alfredo González Díaz, de 25; Mario Orozco Sánchez, de 27; y Susana Tapia Garrido, de 16 años, todos originarios de Playa Vicente, fueron desaparecidos por elementos de la Policía Estatal de Tierra Blanca, quienes luego los entregaron presuntamente a un grupo del crimen organizado. Por el caso, ocho elementos de la SSP fueron apresados.
García denunció que en Veracruz, las desapariciones forzadas cometidas por policías locales y estatales, no puede haber investigaciones porque la gente no las denuncia por temor, por lo que consideró es difícil encontrar una cifra cuando es la misma autoridad la que está delinquiendo. En la entidad incluso, dijo, en algunos casos hasta el Ministerio Público está coludido.
Sin embargo, informó que el colectivo Solecito tiene registrado un caso de desaparición forzada donde la participación del ex Secretario de Seguridad está identificada de manera “muy clara”.
Detalló que los hechos ocurrieron en la colonia Formando Hogar, en Veracruz, donde el Instituto Tecnológico de Veracruz informó al funcionario sobre un problema de robos memores que estaba registrado en la zona. Al día siguiente, contó la activista, desaparecieron al menos ocho jóvenes del lugar. Dijo que el caso incluso se presentó ante el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Lo solucionaron de alguna manera, no sé si él o sus subalternos, de una manera muy sui géneris, desaparecieron a todos los muchahos de la zona. Está el antecedente que a él [a Bermúdez Zurita] se le pidió que hiciera algo con la situación que había ahí. Lo curioso, se llevó a todos los muchachos, inocentes y culpables y no sabemos qué tanto. Esa fue la solución que ellos pusieron al problema de robos de celulares y atracos menores”, narró.
Precisó que entre los jóvenes, que desaparecieron después de que “Bermúdez hizo su famosa limpia en la Formando Hogar”, había de 14 años de edad. “Es lo que le llaman limpieza social, fue lo que pasó ahí. Así mismo fue como se asentó en el Comité de Desaparición”, indicó.
“Todos estamos muy consientes de la participación del señor [Bermúdez] de alguna u otra manera, no podemos decir de cuál, no está en nuestras manos no somos investigadoras. Necesitamos una investigación”, arremetió Lucía García.
Por otra parte, el hijo de Eloisa, del cual no mencionó el nombre, tiene dos años de desaparecido, y ésa es la historia de decenas de familias en la entidad, por esta razón su exigencia es que Bermúdez sea juzgado por estos delitos.
“Su renuncia no trae nada bueno, su renuncia es una salida. Antes de enfrentar muchas cosas, él está huyendo. No nos beneficia ni nos perjudica porque perjudicados ya estamos. Ya hizo todo el trabajo malo ¿en qué nos beneficia que se quede o que se vaya? Está visto que él estaba involucrado desde un principio, tan obvio como los chicos de Tierra Blanca. ¡¿Pero cuándo van a aceptar ellos su culpa?!”, declaró en entrevista para SinEmbargo.
“La policía es la delincuencia uniformada; la que tiene permiso para secuestrar, levantar y asesinar. Más de 30 casos en la capital han sido ejecutados por los hombres de Zurita”, recriminó, en entrevista con Blog Expediente, Sara Rodriguez, líder del colectivo Por la Paz Xalapa, quien asegura que el 80 % de los casos en la agrupación civil están relacionadas con la Fuerza Civil y la Policía Estatal; los demás con el crimen organizado y la Secretaría de la Defensa Nacional.
De acuerdo con Rodríguez Martínez, las principales víctimas de la fuerza estatal han sido hombres entre 16 y 34 años. “Gente productiva que les sirven para esclavizarlos y delinquir en la delincuencia organizada. Él es el responsable, Arturo Bermúdez”, insiste la entrevistada, quien también aprovecha para opinar sobre el comandante José Nabor Nava Holguín, quien se hará cargo de la SSP: “Nadie está de acuerdo. Él sabe todos los movimientos de Bermúdez. Y él también está metido. Necesitamos realmente una limpia en la Secretaría de Seguridad Pública” finalizó.
De acuerdo con la numeralia de Aracely Salcedo, madre de Rubí Salcedo, desaparecida en Orizaba en el 2013, asegura que el 90 por ciento de los casos en la zona centro también están relacionados con las fuerzas del orden. Además, advierte que diversos casos no han sido declarados por el miedo que se respira en la zona.
“Las familias que integramos el colectivo estamos en desacuerdo con su renuncia, se va y no sabemos si para esconderse de los crímenes que ha cometido con nuestros hijos. Es momento de que sea investigado, son cientos de desapariciones ejecutadas por su policía”, dijo.
“Ya se fue Bermúdez ¿y Duarte?”, recriminó.
Por su parte, Juan Carlos Trujillo Herrera, representante de la Primera Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos en Veracruz, afirma que el 80 % de los casos registrados en su estancia de cuatro semanas en las ciudades de Amatlán de los Reyes y Paso del Macho han sido señaladas desde el anónimo hacia la fuerza estatal.
El familiar de cuatro desaparecidos en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, entre ellos dos hermanos, también por la policía estatal, anima a la sociedad y a los mismo policías estatales, a que se sacudan del miedo y declaren en contra de Bermúdez Zurita.
“Hay casos de policías que no pueden actuar porque están amenazados por sus mismos superiores. Si bien me deja una ligera esperanza de que esta persona haya renunciado del cargo, es momento de despertar, ya nos chingaron a nuestros familiares”, sentencia en llamada telefónica.
BERMÚDEZ CONTRATABA DELINCUENTES
De la desaparición de cinco personas en el municipio de Tierra Blanca resultaron ocho agentes y tres civiles detenidos.
Uno de ellos, fue Marcos Conde Hernández, delegado de la Secretaría de Seguridad Pública, bajo las órdenes de Arturo Bermúdez, en Tierra Blanca, quien estuvo preso en una primera ocasión en el año 2012 en el penal de Villa Aldama, Veracruz, por una omisión catalogada como grave y sin derecho a fianza. No obstante, por causas no claras quedó en libertad y Bermúdez lo sumo a su equipo en la SSP.
Conde Hernández, alias “La Perrita”, cuanta con señalamientos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos nexos con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CGNG).
El medio veracruzano BlogExpediente tuvo acceso al documento 0003/ 2016, número de investigación ministerial: FGE/FIM/IM/01/2016, donde también se especifica, que cinco de los ocho ex elementos policiales detenidos, al mando de Arturo Bermúdez Zurita, presentaban órdenes de captura en su contra desde el año de 1999.
Además, con base en las declaraciones del 19 de enero de 2016 del Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, cuatro de los ocho elementos detenidos, tampoco eran acreditables en los exámenes de control y confiabilidad, entre ellos Marcos Conde Hernández.
Édgar Ruíz Tecalco, alias “La Perrita” fue denunciado en 2013 por delitos contra la salud. Y es señalado por Clara González Ramírez por el asesinato de su hijo y otro joven de 18 años.
Bernardo Benítez, portavoz del caso Tierra Blanca, recordó a Bermúdez Zurita que la orden de asesinar a los cinco jóvenes se dio desde lo más alto de la Secretaria de Seguridad del Estado.
“Le recuerdo al señor Bermúdez que aunque la tragedia que vivió mi familia estuvo a cargo de sus policías, jamás se acercó siquiera a dar la cara. El Fiscal vino porque lo obligaron, pero vino. El Gobernador me hizo una sola llamada telefónica, pero la hizo. Pero de él nada”, asegura el padre de Bernardo Benítez Arróniz.
“Si la decisión vino desde arriba, del Presidente Enrique Peña Nieto, digo que la postura sigue siendo la misma, pedimos que se investiguen los nexos que pudiera haber entre Arturo Bermúdez y el crimen organizado, peor sobre todo por la muerte de los cinco de Playa Vicente”, finalizó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/MARIANA BLANCAS, ILSE GARCÍA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-08-2016/3076106.
Juan Pablo Castañón afirmó que para restablecer la paz es necesaria la intervención de la fuerza pública e incluso quien haya cometido algún delito tiene que ser procesado.
Sin abandonar la vía del diálogo, ya es necesaria la intervención de la fuerza pública para poner fin a los bloqueos del magisterio disidente, aseguraron los empresarios del país.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, destacó: “La fuerza pública tiene que emplearse para tener orden, y claro que lo tienen que hacer con todo profesionalismo y respeto a los derechos humanos, pero también en defensa de los derechos humanos del resto de la personas”.
Al asistir a la celebración del 142 aniversario de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, insistió en que para restablecer la paz y el orden es necesaria la intervención de la fuerza pública en este conflicto, y estableció que incluso todo aquel que haya cometido algún delito tiene que ser procesado.
El dirigente empresarial se pronunció también por una solución definitiva al conflicto y no sólo pequeñas soluciones que propicien que en el corto plazo se repita esta condición.
En tanto, durante su discurso, el presidente de la Canaco, Humberto Lozano, señaló que los grupos de maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sólo buscan satisfacer “sus mezquinos derechos y creen que pueden estar por encima de todo y de todos”.
Hizo entonces un llamado a la autoridad para hacer un uso razonable y razonado de la fuerza pública, ante las pérdidas económicas en los estados del país involucrados en el conflicto magisterial.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0408/mexico/cce-pide-uso-de-la-fuerza-publica-para-terminar-con-bloqueos-de-la-cnte/
Los cambios propuestos fueron aprobados por unanimidad, con el propósito de dar más tiempo a los interesados en participar en esta licitación.
El órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó cambios al calendario de las bases de licitación de la cuarta convocatoria de la Ronda Uno, relacionada con proyectos de aguas profundas, además se hicieron algunas precisiones.
Los cambios propuestos durante la 33 Sesión Extraordinaria de 2016 del Órgano de Gobierno de la CNH fueron aprobados por unanimidad, con el propósito de dar más tiempo a los interesados en participar en esta licitación.
El director general de Licitaciones, Martín Álvarez Magaña, planteó los cambios para esta etapa de la fase de licitaciones relacionada con la presentación y apertura de propuestas, adjudicación, fallo y contratos, a fin de “mover unos días más que los interesados puedan promover solicitudes de aclaración”.
Refirió que conforme al calendario de la licitación, el próximo 10 de agosto se cerraría la fase para que los interesados puedan formular preguntas y sus respuestas serían publicadas a más tardar el 17 de agosto próximo, pero se aprobó cambiar esas fechas para el 17 y 24 de agosto, respectivamente.
El funcionario refirió que el 24 de agosto es la fecha prevista para publicar la versión final de las bases de contrato y dar a conocer la lista de precalificados.
También se aprobó fusionar dos periodos del proceso, uno para solicitar autorización de la convocante para conformar licitantes y otro para pedir alguna modificación a la estructura, y ahora sólo habrá un plazo para ambos pasos.
De esta manera, será del 14 al 18 de noviembre próximo cuando se presenten las solicitudes de los interesados en integrarse como licitantes y el órgano de gobierno deberá resolver el 28 de noviembre.
“Esto permitirá a los interesados tener mucho más tiempo a partir del 24 de agosto que se dan a conocer los resultados de precalificación, para poder acordar cómo se van a conformar y solicitar las informaciones”, precisó el funcionario, quien dijo que la fecha de presentación de la oferta se mantiene el 5 de diciembre.
El Órgano de Gobierno de la CNH aprobó también incluir en las bases de licitación la referencia a la página www.rondasmexico.gob.mx, así como hacer una precisión al inciso referente a las causales de desechamiento de propuestas, y una más en la Sección V Programa Mínimo de Trabajo en el rubro relacionado con estudios sobre la perforación de pozos exploratorios.
Por otro lado, aprobó por unanimidad 13 propuestas de medición de hidrocarburos y de punto de medición provisional, presentadas por los contratistas correspondientes a áreas contractuales de la tercera etapa de la Ronda Uno.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0408/mexico/cnh-modifica-calendario-de-licitaciones-para-aguas-profundas/
CIUDAD DE MÉXICO: Oficinas de la ONU y organizaciones sociales exigieron la intervención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para “suspender el inminente proceso de reforma al cuarto constitucional en Veracruz, que promueve “garantizar el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte”.
Las organizaciones hicieron el llamado luego de enviar a Osorio Chong una carta en la que advirtieron de los riesgos en que se encuentran niñas, pues el año pasado 487 pequeñas de entre 10 y 14 años se les negó su derecho a interrumpir su embarazo, a pesar de ser producto de una violación sexual, en tanto que 66 mujeres fueron encarceladas por abortar.
En conferencia de prensa, Nira Cárdenas, coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUDH), reprobó la iniciativa de reforma impulsada por el gobernador priista Javier Duarte y aprobada por el Congreso local el jueves 28 de julio.
En nombre de las oficinas de Derechos Humanos, Mujeres y del Fondo de Población (UNFPA) de la ONU, Cárdenas calificó como “regresiva” la reforma, contraria al artículo primero constitucional y a preceptos internacionales de derechos humanos, entre ellos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación.
La funcionaria de la ONU recordó que “el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW), en sus observaciones finales en relación con México, consideró preocupante que las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción hayan puesto en peligro el disfrute por la mujer de sus salud y derechos sexuales y reproductivos”.
Al señalar que en este mes CEDAW hará una revisión de los avances de las recomendaciones planteadas a México desde 2012, Cárdenas agregó que el Comité de Derechos del Niño, así como en el Examen Periódico Universal (EPU), en 2015 y 2014, “también se hicieron recomendaciones específicas para que tanto las niñas como las mujeres tengan garantías de salud, sobre todo en casos de violación, incesto o riesgo de vida para la futura madre, sin que ello implique la intervención de jueces”, ante la preocupación de los organismos ONU del incremento de embarazos en menores de edad en México, gran parte de ellas presumiblemente originados en violencia sexual.
Cárdenas también llamó a presidentes municipales de Veracruz a “analizar la reforma constitucional desde la perspectiva de derechos humanos para evitar su consolidación”.
Al señalar que Veracruz es una de las entidades que registra mayor violencia contra las mujeres, y en donde de 2010 a 2015 se registraron 10 mil 925 casos de violación, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional contra el Feminicidio (OCNF), recordó que el 5 de abril organizaciones solicitaron la Alerta de Género por Agravio Comparado en Veracruz, ante “el grave contexto de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas”.
La defensora señaló que la situación es grave, tomando en cuenta que cifras de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) documentan que 520 mil menores sufren abusos sexuales cada año, en tanto que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (NS) registra al año 16 mil denuncias por violación sexual, que representan 10% de las que se comenten aproximadamente.
Luz Estrada destacó que la aprobación en el Congreso de la iniciativa de Duarte de Ochoa ocurrió días antes de conocerse los resultados de la investigación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado de atender la solicitud de las organizaciones que han denunciado “la negación del acceso a servicios especializados de salud, particularmente la interrupción legal del embarazo (ILE), por las causales establecidas en la legislación penal del estado; la existencia de un marco penal que discrimina y criminaliza a mujeres y niñas, y la reforma constitucional al artículo cuarto que contribuye a la estigmatización y criminalización de las mujeres y niñas que quieren acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como provocar un efecto que obstaculiza la prestación de servicios de salud para la ILE”.
La defensora resaltó que en la investigación realizada durante los últimos dos años por las organizaciones que solicitan la Alerta en Veracruz demostraron que los servidores públicos del sector salud y de la procuración de justicia “niegan el derecho a las mujeres y a las niñas del ILE a pesar de la existencia de denuncias de violación, o de que la vida de las mujeres esté en peligro, siendo las más afectadas las mujeres y niñas más pobres del estado”.
Peor aún, agregó, la investigación realizada por las organizaciones demostró también que en Veracruz “hay desabasto de anticonceptivos, es decir, si una mujer quiere prevenir un embarazo no puede hacerlo, debido a que el sector salud no tiene los métodos preventivos, y si aborta, se le criminaliza e incluso se le envía al psiquiátrico”.
Sarai Vázquez Aragón y Surinam García, defensoras de Veracruz, destacaron que de 2013 a 2015 al menos 66 mujeres han sido sometidas a procesos penales por abortar, en tanto que sólo 171 tuvieron acceso a una interrupción segura del embarazo en 2014, gracias al Fondo María, que les permitió su traslado a la Ciudad de México.
Ambas defensoras denunciaron que diversas activistas por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han recibido amenazas anónimas y a través de redes sociales, casos que aseguraron ya son del conocimiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449868/pide-onu-a-osorio-chong-frenar-reforma-contra-aborto-legal-en-veracruz
CIUDAD DE MÉXICO: Esther Merino, vocera de la Sociedad Civil Organizada de Oaxaca, afirmó que el lunes a las 08:00 horas, cerrarán los negocios en lo que será la última protesta pacífica contra los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“Ahorita se está llegando a la conclusión de que esa es la última acción pacífica y de acuerdo a la Constitución, en donde nosotros podemos manifestarnos sin afectar derechos de terceros, manifestar el descontento del sector productivo del estado por la falta de las condiciones políticas, económicas y sociales que no nos permitan poder desarrollarnos como sociedad en un marco de legalidad y seguridad”, indicó.
En entrevista con Radio Fórmula, señaló además que siguen padeciendo la violación a sus derechos fundamentales, el derecho al trabajo, al libre tránsito, al desarrollo económico, a la alimentación, a la salud y a la educación, “en fin… el gobierno ha sido omiso, ya casi a tres meses de que se haya instalado este plantón en el Centro Histórico”.
En la Guelaguetza, añadió, se cometieron violaciones a los derechos fundamentales de todos los oaxaqueños y del turismo.
“Se vio en varios videos, en donde no se permitía el acceso a estos turistas a la Guelaguetza, estuvieron incluso los policías en camionetas subiendo a estas personas al auditorio porque cuatro, cinco o 10 profesores obstruyendo el paso”, dijo.
Agregó que todos los sectores se quejan que no hubo la afluencia ni la derrama económica que se esperaba, “algunos están por el 30, el 40 por ciento, cuando esta fecha es alta para el sector de Oaxaca por lo de la Guelaguetza, no se vio o no se reflejó lo que debiera ser”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449844/cerraran-negocios-en-oaxaca-contra-bloqueos-la-cnte
CIUDAD DE MÉXICO: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó a todo el pueblo de México a promover la construcción del Proyecto de Educación Democrática que sea la base para “la transformación de la educación” en el país.
El lunes pasado los maestros anunciaron la realización de un Foro educativo el próximo 9 de agosto en el Auditorio del Centro Médico Siglo XXI, para construir una propuesta de modelo educativo junto con padres de familia y estudiantes.
En un comunicado, el magisterio disidente indicó que contingentes organizados en la CNTE han desarrollado proyectos y experiencias en el ámbito educativo con ese fin, como: el Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca, el Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán, el Proyecto Escuela Guerrerense Altamiranista, los Proyecto de Educación Alternativa de Chiapas y el Proyecto de Jornada Integral en escuelas de la CDMX, entre otros.
Y señaló que ante “las actuales condiciones de represión impuestas por el gobierno para operar en las escuelas públicas su contra reforma educativa”, la CNTE tiene la firme convicción de promover la construcción del Proyecto de Educación Democrática, “convocando para ello a la más amplia participación del pueblo de México”.
Según la CNTE este proceso “recupera los esfuerzos” que durante más de 30 años, la organización y otros sectores, han construido alrededor de la Educación alternativa “que se sintetiza en el Diálogo Nacional por la Educación y continúa con esta nueva etapa que abre la CNTE con la Ruta del Proceso de Construcción del Proyecto de Educación Democrática cuyo Foro aborda la evaluación integral puesto que se requiere evaluar al proceso y sistema educativo en su conjunto”.
Mexicanos Primero pide participar
Al respecto, el director adjunto de Mexicanos Primero, Juan Alfonso Mejía, expresó su deseo por participar en los foros organizados por la CNTE.
“Estamos abiertos a participar en los foros sobre educación organizados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)”, señaló Mejía en entrevista con MVS al tiempo que lamentó que los maestros disidentes rechazaran acudir a las mesas de trabajo que realiza la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Mejía destacó la necesidad de implementar un modelo de calidad en México, que es muy bajo comparado con el de otros países. Por ejemplo, dijo, el nivel educativo que tiene un niño coreano de sexto de primaria es equivalente al que tiene un niño de tercero de primaria en Oaxaca.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449839/llama-la-cnte-a-construir-proyecto-educacion-democratica
"Debido a la secrecía de la investigación es necesario mantener la reserva de la misma para no entorpecer las indagatorias", justificó.
La Fiscalía de Guerrero (FGE) informó que, durante un operativo coordinado con agentes ministeriales de Michoacán y de ese estado, fue detenida una persona a quien se le investiga como probable responsable del homicidio del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte.
No obstante, no precisó de quién se trata ni detalló el hecho de que el grupo armado que ejecutó al edil estaba constituido por más de una veintena de hombres armados, de acuerdo con reportes periodísticos.
En un comunicado oficial, indicó que durante un operativo denominado “Tierra Caliente”, donde participan más de 300 elementos entre Agentes Ministeriales, Peritos, Ministerios Públicos del Fuero Común de ambas corporaciones, se realizó la búsqueda y localización de los responsables de los hechos.
Durante este operativo se detuvo en la localidad de Las Paredes, perteneciente al municipio de San Lucas, Michoacán a una persona que viajaba a bordo de un vehículo tipo Pick Up con placas de Guerrero y llevaba entre sus pertenencias bolsas de plástico transparente y al parecer con mariguana.
Al detenido se le investiga por sus probables nexos con los autores intelectuales del homicidio de Soto Duarte.
El individuo fue trasladado por elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General del Estado de Michoacán al Ministerio Público del Fuero Común del municipio de Huetamo.
Desde octubre del año pasado, Soto Duarte denunció que una célula de los Templarios, encabezada por Rodolfo Maldonado Bustos, le exigía el pago de 3 millones de pesos. La autoridad no ha informado de ningún avance de esa investigación ni antes ni después del asesinato del alcalde a finales de julio pasado.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0408/mexico/fiscalia-de-guerrero-dice-que-detuvo-a-probable-responsable-del-asesinato-de-bocho/
Se trata de Roberto Francisco Ávila Quiroga, quien fue director de Auditoría Fiscal del SAT durante la administración del ex gobernador de Sonora.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal aprehendieron a Roberto Francisco Ávila Quiroga, funcionario del ex gobernador panista Guillermo Padrés, en la Colonia Pitic, de Hermosillo, Sonora.
La Procuraduría General de la República obtuvo del Juez Decimosegundo con sede en Hermosillo una orden de Aprehensión contra Ávila Quiroga, por el probable el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Ávila Quiroga se desempeñó como Director de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, en Sonora, durante la pasada administración de Guillermo Padrés.
El diario Reforma destacó en abril y mayo de 2015 que el SAT investigaba al menos a 55 empresas de Sonora por haber sido beneficiadas con auditorías falsas para reducirles o perdonarles el pago de mpuestos, entre ellos una firma del entonces candidato panista a gobernador, Javier Gándara Magaña, por lo que Ávila Quiroga podría estar implicado en ello.
El imputado será internado en un Centro Federal Readaptación Social, informó la procuraduría en un comunicado.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0408/mexico/detienen-a-funcionario-de-padres-por-uso-indebido-de-facultades/
PUEBLA, Pue: El senador panista Javier Lozano tendrá que pagar al exgobernador Manuel Bartlett Díaz un total de 10 millones de pesos por concepto de gastos y costos al perder el juicio que el primero emprendió por supuesto daño moral.
Según informó a la prensa local, el abogado de Bartlett, Carlos Meza Viveros, el juicio que inició en el marco de los comicios federales de 2012 ya “causó estado”, por lo que Lozano Alarcón está obligado a pagar la cantidad reclamada por el exmandatario poblano.
La demanda original fue interpuesta por Lozano desde junio de 2012 en el marco de los comicios federales, cuando ambos personajes políticos participaron como candidatos al Senado.
En ese entonces, en una entrevista de radio, Bartlett aseguró que Lozano se asoció con José Córdoba Montoya, quien fuera secretario particular del expresidente Carlos Salinas de Gortari, para vender energía eléctrica al ayuntamiento de Puebla.
Además de que criticó su desempeño como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) respecto de la tragedia de la mina Pasta de Conchos y su relación con la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo Morales.
Luego de esta declaración, Lozano dio un plazo de 10 días a Bartlett para que se retractara de sus declaraciones, pero como el exsecretario de Gobernación no lo hizo, acudió al juzgado civil para interponer una denuncia por supuesto daño moral en su contra.
En octubre de 2013 Lozano obtuvo un primer fallo a su favor que obligaba a Bartlett a pagarle una reparación de daños por un monto de mil días de salario mínimo, equivalentes a 63 mil pesos, sin embargo, el exgobernador apeló esa sentencia.
Un año después, la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla falló a favor del senador Bartlett y lo absolvió del cargo de daño moral. Posterior a esto, Lozano intentó llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero la solicitud le fue rechazada.
El abogado indicó que el primer fallo no consideraba que Lozano pagara los costos del juicio, sin embargo, recurrieron a un recurso de revisión que dio la razón al actual senador petista.
Meza Viveros precisó que la justicia federal determinó que la sentencia a favor de Bartlett quedó firme y que el juicio “causó estado”, por lo que procede la ejecución de sentencia, en cuyo proceso el exmandatario reclama los 10 millones de pesos por los gastos que le generó el juicio.
“Tribunal Colegiado dice que (Lozano) tiene que pagar”, afirmó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449908/javier-lozano-debera-pagar-10-mdp-a-bartlett-tras-perder-juicio-dano-moral
