Exige organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADAC) que las autoridades sean las primeras en conducirse con respeto a los derechos humanos de todas y todos en Nuevo León y eviten crear más prejuicios en contra de las personas que hayan sido privadas de su libertad ante las declaraciones del alcalde de San Nicolás de los Garza, Víctor Fuentes quien se refirió a personas privadas de su libertad como “2 mil rateros” que podrían salir en libertad de los centros de reinserción social de la entidad debido al Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Por lo anterior, las y los integrantes de la organización defensora de los derechos humanos, manifestaron su “rechazo a las declaraciones” emitidas por el Edil ya que desde su punto de vista “desinforman a la población y perpetúan la discriminación hacia las personas privadas de su libertad”.
Estos calificativos, aseguran, agudizan la vulnerabilidad que ya de por sí sufren las personas que han estado privadas de libertad en algún centro de reclusión.
Y acusaron que, Víctor Fuentes pasa por alto que las libertades que pudieran ser otorgadas con fundamento en las nuevas disposiciones legales son libertades que favorecen los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que abonan a su reinserción social y que sobre todo, explican, respetan el principio de que la libertad sólo se restringe en los casos verdaderamente necesarios y “no por cuestiones que puedan ser solucionadas a través de otros mecanismos de sanción”.
Aclararon que aunque “entienden” que en el ámbito de sus competencias, los alcaldes son encargados de brindar seguridad a la ciudadanía pero exhortaron a que “se limiten al ejercicio de las funciones propias de su encargo, y que no violenten, a través de sus declaraciones, el derecho a la presunción de inocencia del que gozamos todas y todos los habitantes de Nuevo León y que está consagrado en nuestra Constitución Federal, aún para aquellos que hayan sido sentenciados previamente por un delito”.
El pasado 18 de junio, entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal en todo el país que plantea un nuevo modelo de justicia y del que autoridades federales aseguran que tiene como objetivo “que en México haya una eficaz administración de justicia”.
Enrique Peña Nieto dio indicaciones al Secretario de Gobernación para encontrar, junto con las organizaciones de la sociedad civil, mecanismos para dar seguimiento y evaluar el nuevo modelo de justicia, y que ello, dijo, “permita enriquecer, y sobre todo asegurar que el modelo funciona y funciona bien para todo el país”.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), es una organización no gubernamental y sin fines lucrativos fundada en 1993 y que tiene como causa principal “la defensa de los derechos humanos de las personas, principalmente los que atañen a los grupos más vulnerables de la sociedad”, “en CADHAC buscamos despertar la conciencia de la sociedad civil para que asuma como causa propia la defensa y promoción de los Derechos Humanos, contribuyendo así a que la dignidad de la persona se respete en nuestra sociedad” explican en su página oficial sobre su labor.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/exigen-a-edil-de-nuevo-leon-cumplir-su-obligacion-de-respetar-los-derechos-humanos-de-personas-privadas-de-su-libertad/
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de Justicia de esta ciudad deberá citar a declarar a 39 vecinos del periodista Joaquín López Dóriga, como parte de la denuncia por presunta extorsión que interpuso contra su esposa Adriana Pérez Romo, la empresaria María Asunción Aramburuzabala.
Así lo establece la resolución del Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal, José Díaz de León Cruz, quien otorgó un amparo a la empresa Abilia, propiedad de Aramburuzabala, cuya consecuencia es que sean llamados a declarar los condóminos del edificio Rubén Darío 223, incluido López Dóriga, informó el diario Reforma.
La inmobiliaria Abilia, interpuso una denuncia penal en agosto de 2015 contra Pérez Romo por intento de extorsión por cinco millones de dólares en el proceso de construcción de un inmueble en Rubén Darío 225, en la exclusiva zona de Polanco.
“Lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y la protección de la justicia para el efecto de que (la PGJ capitalina) ordene citar a los testigos que se mencionaron”, dice la sentencia del juez en el amparo 172/2016 del pasado 29 de junio.
La resolución de Díaz de León establece que la Procuraduría debe cumplir con la emisión de los citatorios a los condóminos pese a que la dependencia a cargo de Rodolfo Ríos Garza notificó el pasado 8 de julio el no ejercicio de la acción penal.
Mediante un escrito manifestó que esta última sentencia de amparo sólo debía cumplirla cuando causara estado, es decir, cuando la confirmara un tribunal colegiado.
PGJ niega “carpetazo”
El miércoles pasado se informó que la PGJ capitalina archivó el expediente de investigación contra la esposa de López-Dóriga, pese a que una disposición judicial le impedía proponer un “carpetazo” y consumarlo.
Al respecto, la PGJ capitalina consideró que el fallo en el que se le atribuye desacatar una suspensión por archivar la denuncia de Abilia fue “incorrecto” y “equivocado”.
El subprocurador Jurídico de la Procuraduría, Jorge Mirón Reyes, dijo a Reforma que la dependencia no violó esa suspensión definitiva y que ya recurrieron a un tribunal colegiado para revertir el resolutivo.
“Creemos que el análisis hecho por el juzgador fue incorrecto, al considerar que una propuesta de no ejercicio es equivalente a una determinación final, lo cual no es así. Porque la violación hubiese incurrido si hubiésemos determinado la averiguación en ese momento y no lo hicimos.
“Por eso creemos que hay una apreciación equivocada y la Procuraduría quiere mostrar que evidentemente no incurrió en ninguna violación a la suspensión”, señaló Mirón.
La PGJ capitalina, dijo, presentó una queja ante el Octavo Tribunal Colegiado Penal con dos argumentos que pretenden revertir el fallo del juez y demostrar que es legal haber archivado la indagatoria contra la esposa de Joaquín López Dóriga.
Además Mirón aseguró que aun si el Colegiado confirma que la procuraduría violó la suspensión, esa determinación no tendrá ninguna consecuencia ni habrá responsabilidad administrativa o penal sobre algún MP, porque así se estableció desde la primera instancia.
Y afirmó que si impugnó el fallo fue sólo para dejar constancia de que la PGJ “no violenta ninguna decisión judicial”.
En tanto, la defensa Aramburuzabala presentó un recurso de inconformidad ante la Procuraduría capitalina contra la decisión de archivar la denuncia contra Adriana Pérez Romo y con el propósito de que la dependencia reconsidere el no ejercicio de la acción penal, dictado en la averiguación previa FMH/MH-5/T3/517/15-08.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449793/caso-aramburuzabala-juez-ordena-a-la-pgj-citar-a-lopez-doriga-y-vecinos
La organización Artículo 19 presenta su segundo informe trimestral y desnuda una vez más la realidad de la prensa mexicana, en un país que se ha convertido en uno de los más letales para ejercer el periodismo, y donde, en promedio, un periodista asesinado cada 26 días. El documento alerta sobre los agresores, en su mayoría servidores públicos, las amenazas, las agresiones durante las protestas y las ejecuciones extrajudiciales a dos comunicadores de Oaxaca. Además, plantea, sin una voluntad política para detener la violencia y sólo con la encomienda de mantener una buena imagen en la opinión pública, los políticos y el Gobierno mexicano no se preocupan por hacer justicia y con ello detener la impunidad en los crímenes contra la prensa.
En México es asesinado un periodista cada 26 días, por lo que durante el segundo trimestre de 2016 las agresiones se incrementaron en 115 por ciento respecto a enero-marzo de este año, establece el Segundo Informe Trimestral sobre agresiones a la prensa de la organización Artículo 19.
En lo que va del año han asesinado a ocho periodistas, dos de ellos fueron ejecuciones extrajudiciales. Además, durante el primer semestre se documentaron 218 agresiones contra la prensa, de las cuales 149 se dieron entre abril y junio; esos ataques han quedado en total impunidad, advierte.
“La impunidad que penetra a México, particularmente en lo que respecta a las agresiones contra la libertad de expresión, convierte al país en uno de los más letales para la prensa. Un aumento de tal magnitud en el número de agresiones sólo se explica por la falta de una política de protección y de acceso a la justicia efectiva, así como a la carente rendición de cuentas del Estado respecto a los responsables de estas agresiones”, dijo Ana Ruelas, directora de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica.
De acuerdo con la organización la libertad de prensa en México sufre “paulatinos y constantes retrocesos que transgreden los derechos a la información y a la libertad de expresión. Las agresiones contra la libertad de expresión son cada vez violentas y derivan en situaciones donde se requieren más instrumentos para la defensa”.
Por entidad, la Ciudad de México –que gobierna Miguel Ángel Mancera Espinosa– es el primer lugar de agresiones contra la prensa con 31 casos. Le siguen Veracruz, con 28; Oaxaca, con 27; Guerrero, con 17; y Puebla, con 15 .El informe detalla que en lo que va del presente año los asesinatos a periodistas superaron ya a cualquier otro periodo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Incluso, explica, los 24 homicidios de la administración priista supera los ocurridos durante el sexenio del ex Presidente Vicente Fox Quesada, donde fueron asesinados 22 reporteros.
El número de homicidios a periodistas, dice la organización, ya superó al documentado durante todo 2015 “en apenas los primeros siete meses de este año”. Artículo 19 enfatiza que el informe de este trimestre pone especial atención en la falta de respuesta por parte del Estado a las agresiones.
“La denegación sistemática de justicia, la estigmatización pública y la revictimización se expone en medida especial en el caso de Salvador Olmos, asesinado el 25 de junio por parte de la policía municipal de Huejuapan de León, Oaxaca, en contexto de las protestas magisteriales en el país”, dice el documento.
SERVIDORES PÚBLICOS AGRESORES
Contrario al discurso oficial de las autoridades, en el que afirman que la mayoría de las agresiones y violaciones a derechos humanos provienen de la delincuencia organizada, Artículo 19 documentó durante el primer semestre de este año 100 agresiones perpetradas por servidores públicos, frente a sólo siete provenientes de grupos criminales.
Por tipo de agresión son las físicas y materiales las de mayor registro durante el semestre con 46 casos. Les siguen las intimidaciones, con 37; las amenazas, con 35; las privaciones de la libertad [que incluyen a las conocidas como “encapsulamientos” o “retenciones”], con 32, y ataques a medios de comunicación, con 16.
“De esta cuenta, preocupa de manera especial a ARTICLE 19 las dos ejecuciones extrajudiciales registradas en el primer semestre del año, que vuelven a señalar al Estado mexicano como responsable de la forma más extrema de censura, los asesinatos de periodistas. Es decir, el Estado se convierte en el protagonista directo en la persecución y eliminación física de quienes pretenden ejercer su derecho a la libre comunicación de ideas e información. En este sentido, la actuación violenta de las policías municipales de Huajuapan de León y de San Andrés Huaxpaltepec, ambos municipios de Oaxaca, en los casos de Marcos Hernández y Salvador Olmos, respectivamente, obliga a las autoridades mexicanas no sólo a emprender procesos de depuración de la responsabilidad penal, sino también adoptar medidas preventivas para evitar la repetición de hechos similares, como pudiera ser la revisión de las políticas de seguridad local que se están desarrollando, la supervisión de su funcionamiento y efectividad, así como el monitoreo permanente de las capacidades y aptitudes del personal que integra los cuerpos policiales locales”, establece el informe.
La violencia contra periodistas y comunicadores aparece nuevamente focalizada en aquellas entidades federativas tradicionalmente más peligrosas para el trabajo informativo.
“Los tres asesinatos en Veracruz (Anabel Torres Salazar, Manuel Torres González y Pedro Tamayo Rosas), por su parte, ocurrieron en el habitual clima de violencia generalizada de aquel Estado, que en una dialéctica permanente de luchas y alianzas con el crimen organizado ampara un creciente número de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas con casi total impunidad. Es necesario recordar que el sistema de ‘Alerta temprana para protección de periodistas en Veracruz’, impulsado por la Segob [Secretaría de Gobernación] y por el Gobernador [Javier] Duarte, sigue siendo un mecanismo que dista mucho de ser eficaz en la prevención y punición de ataques a periodistas”, indica.
El informe enfatiza en que la actuación “pasiva” de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), debido a que sólo en dos investigaciones–la de Elidio Ramos Zárate y de Anabel Torres Salazar– se manejó la línea de la libertad de expresión como móvil del asesinato.
“La FEADLE se ha mostrado absolutamente pasiva en todos ellos, desobedeciendo su mandato de prevenir, perseguir y sancionar los delitos cometidos en contra de los periodistas. Es necesario denunciar que las autoridades se muestran inoperantes a la hora de identificar y perseguir a las personas responsables, como en los asesinatos de Anabel Flores, Elidio Ramos, Manuel Torres y Francisco Pacheco. Más grave aún, en dos de estos casos las autoridades criminalizaron a las víctimas para explicar sus muertes, en términos de supuestos vínculos con redes delictivas, en el caso de Anabel Flores, o de presuntas actividades de delincuencia común, acompañada de la estigmatización por adscripción ideológica, forma de vestir y supuestos hábitos de consumo, en el caso de Salvador Olmos”, señala.
Artículo 19 alerta en su informe sobre el patrón de encubrimiento de la autoridades y la justificación de la violencia ejercida contra los periodistas, al ligarlos a “categorías sociales consideradas peligrosas”.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
La organización destaca la utilización del sistema judicial y administrativo para atacar a los medios de comunicación y a los periodistas, principalmente a través del retiro de la publicidad oficial, si se publica información incómoda los gobiernos y ejemplifica con el caso del diario digital A Fondo, en el Estado de México, el cual ha “sido objeto de todo tipo de presiones gubernamentales” por su cobertura sobre los feminicidios que se dan con frecuencia en la entidad.
En el primer semestre se registraron 11 casos de violencia institucional, de los cuales siete han sido dirigidos contra los medios de comunicación y cuatro contra periodistas en particular. Por tipo de medio se ha documentado que cuatro son digitales, cuatro radiofónicos y tres impresos. Los perpetradores son las instituciones públicas en 10 casos (seis federales y cinco estatales) y en uno fue particular.
“La violencia institucional tiene diversas manifestaciones específicas tales como la judicialización y su extremo, la criminalización; el acoso administrativo; y el retiro o negación arbitrarias de la pauta de publicidad oficial. Mediante todas estas variables diversos actores estatales o privados pretenden inhibir a medios y periodistas que realizan coberturas que pueden resultarles incómodas para sus intereses”, dice el informe.
Artículo 19 recuerda el caso de la periodista Sanjuana Martínez, quien enfrenta un proceso civil iniciado en su contra por Jesús Ortega Martínez, el líder de la “tribu” o expresión Nueva Izquierda (NI) o “Los Chuchos” del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en donde, indica, se violó el debido proceso.
La organización recordó el caso de Gabriel Ortega, periodista del medio Por la Libre en Chihuahua capital, quien fue detenido, incomunicado y sujeto a proceso por la supuesta comisión del delito de editar información contenido en el artículo 333 del Código Penal de Chihuahua. “El delito además de ser abiertamente violatorio de la libertad de expresión per se, fue utilizado de manera arbitraria para castigar a Ortega por la publicación, el 11 de septiembre de 2015, de una nota sobre cheques del Secretario de Salud, Pedro Hernández vinculados a tráfico de influencias del gobernador César Duarte y su esposa. Poco tiempo después publicó otra nota sobre la factura de un reloj que fue presuntamente regalado por Hernández a la esposa del Gobernador. Sin embargo, Gabriel Ortega, también entonces candidato de Morena [Movimiento Regeneración Nacional] a diputado suplente por el distrito XVI local, había increpado una semana antes de su detención al candidato del PRI a la gubernatura por su papel protagónico como Presidente del Congreso local en el endeudamiento de la entidad”, dice.
El informe señala que tanto el caso de Sanjuana, como el de Gabriel Ortega, genera “serias dudas” sobre la imparcialidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Poder Judicial de Chihuahua.
“Además, es un botón de muestra del uso político de las fiscalías para imputar falsos delitos a voces disidentes. Las violaciones al debido proceso en ambos han sido tan burdas, que son pocas las probabilidades de que se deban a un simple error de los funcionarios ministeriales y judiciales”, indica.
El documento rescata lo casos de la indemnización que le impuso el Juez de Primera Instancia Civil en Campeche al consorcio Multimedios que edita el periódico La Opinión. El embargo al periódico Noroeste y la agresión a Estrella Pedroza, reportera de El Regional del Sur y corresponsal de La Silla Rota, quien fue agredida por policías del Mando Único de Cuernavaca, cuando ella los grababa con su celular agrediendo verbal y físicamente a un taxista de la capital de Morelos.
AMENAZAS EN TODO EL PAÍS
Durante el primer semestre de 2016 la organización documentó 35 amenazas de distinta índole. Once de ellas de muerte, como el caso contra Jorge Sánchez, director del periódico La Unión de Medellín del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, e hijo del periodista asesinado Moisés Sánchez Cerezo, aún y cuando es beneficiario del Mecanismo Federal de Protección desde enero de 2015.
“Sin embargo, el contexto y particularidad de cada una de las amenazas reflejan la complejidad y situación de riesgo con la que conviven periodistas, reporteros y trabajadores de los medios de comunicación a lo largo de todo el país. La Ciudad de México es la entidad federativa que suma el mayor número de amenazas con siete, le sigue Guerrero con seis y posteriormente Veracruz con cinco. Es importante mencionar que estos dos últimos estados se encuentran en un contexto electoral, de protestas civiles y de asesinatos contra periodistas y personas que ejercen una labor periodística”, indica Artículo 19.
De la agresiones 11 fueron amenazas de muerte, de las cuales seis se dieron a través de las redes sociales, dificultando el rastreo de los agresores. 42 por ciento del total de las agresiones ocurrieron, presuntamente, por parte de funcionarios públicos (11) o miembros de partidos políticos (cuatro).Las amenazas provenientes de particulares fueron 11.
“Tal es el caso de Mario Gómez, corresponsal del Heraldo de Chiapas en Yajalón, Chiapas, quien fue amenazado el día 15 de junio vía redes sociales por el chófer de los diputados del Partido Verde Ecologista de México [PVEM]. Otro caso relevante es el de José Maldonado, director del medio digital Noventa Grados de Morelia, Michoacán quien fue amenazado de muerte por elementos de la PGJ del estado”, revela.
ATAQUES A PERIODISTAS QUE CUBREN PROTESTAS
La organización documentó durante el primer semestre del año 43 agresiones contra la prensa en contextos de protesta social: 18 en Oaxaca, 10 en Tabasco, cuatro en Ciudad de México, tres en Veracruz, dos en Chiapas, dos en Michoacán, una en Yucatán,Puebla, Guanajuato y Guerrero.
“Los ataques van desde el robo de material de trabajo hasta el peligro de la integridad física y la vida; así, de las 43 agresiones, 16 fueron privación de la libertad, 15 fueron ataque físico o material, cinco intimidaciones, cuatro amenazas, dos homicidios y un acoso y hostigamiento”, dice.
Del total de agresores, 20 fueron particulares, en cuatro casos se desconoce el carácter del agresor y 19 son funcionarios públicos, autoridades de los cuales, en 10 casos los agentes perpetradores son policías locales, y nueve policías federales.
Artículo 19 concluyó que existe en México un “imparable” patrón de violencia contra la prensa, a pesar de que existen mecanismos estatales y federales para la defensa de los periodistas.
“Una vez más, los contextos de protesta se confirman como los más peligrosos contra la prensa. El actual contexto de alta conflictividad social, derivada de la respuesta del Estado ante la movilización magisterial y popular en Oaxaca, Ciudad de México y Chiapas es un escenario donde se recrudece la ausencia de garantías mínimas para cubrir dichos acontecimientos de interés público”, dice y alerta sobre que “las autoridades de todos los niveles de gobierno, emprenden acciones destinadas a dar golpes mediáticos, mas no para erradicar las causas estructurales que favorecen la violencia contra periodistas”.
Los políticos, dice el informe, están preocupados por hacer un control de daños sólo ante la “opinión pública ante casos específicos que causan indignación”, pero no hacen nada por detener la violencia en contra de los periodistas.
“Article 19 exige a las autoridades correspondientes llevar a cabo investigaciones serias e imparciales, a fin de identificar y castigar a todas las personas responsables, teniendo en cuenta como hipótesis principal la labor periodística de las y los comunicadores. Es necesario, además, ofrecer una reparación adecuada a las familias por la pérdida de sus seres cercanos, asegurando la no repetición de los hechos de violencia cometidos por funcionarios públicos, y garantizando la creación de un clima de respeto hacia la labor periodística”.
La organización también exige “que el Estado mexicano brinde una protección efectiva a periodistas y comunicadores en el ejercicio de su profesión. En este sentido, urge reducir los niveles de impunidad de las agresiones a periodistas, y garantizar que los mecanismos de protección estatales y el federal, así como las comisiones locales de derechos humanos, gestionen e implementen esquemas de seguridad preventiva eficaces y acciones encaminadas a garantizar la integridad física de los periodistas y de sus familias, actuando incluso de una forma proactiva a fin de que no se repitan hechos fatales en otros comunicadores”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-08-2016/3075493
Una nueva víctima de la delincuencia en el transporte público murió este día en la Ciudad de México. Sujetos abordaron una unidad en la delegación Iztapalapa y asaltaron a los pasajeros. Un hombre murió tras resistirse al atraco. En los últimos ocho días, seis personas han muerto en camiones públicos.
Un hombre murió asesinado de un balazo durante un asalto a un camión del transporte público cuando circulaba sobre la avenida Guelatao y calle Abraham González, cerca del Eje 6 Sur, en la colonia Santa María Aztahuacán de la delegación Iztapalapa.
En los últimos ocho días, cuatro personas han muerto en transporte público.
Las primeras versiones consignadas en la prensa, refieren que tres hombres con pistola en mano abordaron la unidad de la Ruta 11 que se dirigía a las Central de Abasto y amenazaron a los pasajeros.
El hombre, de aproximadamente 40 años, se resistió al asalto y uno de los delincuentes le disparó.
Tras el ataque, los tres asaltantes se bajaron corriendo y se metieron entre las calles de la colonia.
En tanto, el conductor del autobús, con matrícula 0110417, avanzó con dirección al Eje 6 Sur para buscar auxilio de una patrulla que cotidianamente se estaciona en el cruce de Guelatao y el eje, sin encontrarla, por lo que los asaltantes huyeron.
El 31 de julio, una mujer fue ultimada a bordo de un autobús de pasajeros de dos disparos en la cabeza tras oponerse a un asalto.
El robo ocurrió en calles de la colonia Presidentes, en la Delegación Álvaro Obregón. Durante el atraco la víctima de 53 años descendió del camión e intentó escapar de los asaltantes, pero al percatarse uno de ellos le disparó en tres ocasiones dejando a la víctima tendida en el pavimento.
El 28 de julio, un asalto a un camión de transporte público que circulaba sobre la carretera México-Puebla, a la altura de la Delegación Iztapalapa, fue reportado. La agresión dejó dos muertos, un herido y ningún detenido.
Pasadas las 21:00 horas de la noche de ese día, según testigos, al menos dos individuos abordaron el autotransporte que corría del Paradero Pantitlán al Paradero de la Caseta Vieja en el Municipio de Chalco, Estado de México, con la intención de privar a los pasajeros de sus pertenencias.
Durante el asalto, se reportó que algunos pasajeros se opusieron a entregar sus objetos de valor por lo que los agresores respondieron con disparos de arma de fuego.
El 27 de julio, un asalto a un camión de transporte público en la Delegación Tláhuac ocasionó una balacera entre los asaltantes y un militar, situación que dejó dos muertos y nueve heridos.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), durante la madrugada de ese día, cerca de las 06:20 horas, una unidad de la Ruta 50 con placas 0500273 circulaba por las calles Teófilo Onofre y Guillermo Prieto, en la Colonia La Conchita, cuando al menos tres hombres armados se subieron al vehículo con la intención de despojar a los pasajeros de sus respectivas pertenencias.
Según los testigos, en el camión viajaba un militar de 42 años, quien armado con una pistola calibre nueve milímetros, se dispuso a enfrentar a los asaltantes.
Como resultado, el asalto derivó en balacera, resultando herido el militar, uno de los asaltantes y al menos ocho personas más.
De acuerdo con el “Informe de Seguridad Empresarial de México: Retos y Tendencias 2015-2016”, la Ciudad de México se encuentra entre los 10 estados que registran los mayores riesgos para la operación de la iniciativa privada.
INSEGURIDAD EN LA CDMX
El 70 por ciento de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro, el mayor incremento desde marzo de 2014, mientras que las ciudades de Villahermosa, Coatzacoalcos, Acapulco, la Ciudad de México, Chilpancingo y Toluca, fueron las que registraron mayor percepción de inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el pasado mes de junio.
El porcentaje de la sensación de inseguridad por temor al delito reportado en junio fue ligeramente mayor al del mimo mes de 2015, que fue de 69 por ciento, sin embargo, es el mayor incremento desde marzo de 2014 cuando el 70.2 por ciento de la población se sentía insegura en su ciudad.
Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro, fueron: Villahermosa, Coatzacoalcos, Acapulco de Juárez, la región Oriente de la Ciudad de México, Toluca y Chilpancingo con 95, 94, 93.5, 91.2, 82.2 y 88.6 por ciento, respectivamente.
En el mismo reporte el Inegi indicó que las tres ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que reportó haber tenido conflictos o enfrentamientos con otros, fueron: la Ciudad de México (71.9 por ciento), Villahermosa (69.8 por ciento) y Querétaro (67.7 por ciento).
De acuerdo con el Inegi, el 61.4 por ciento de la población de 18 años y más en México manifestó que durante el segundo trimestre de 2016 modificó sus hábitos respecto a “llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito” por temor a sufrir algún delito; mientras que 55.6 por ciento reconoció haber cambiado hábitos respecto a “permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda”; 49.3 por ciento cambió rutinas en cuanto a “caminar por los alrededores de su vivienda, pasadas las ocho de la noche” y 31.4 por ciento cambió rutinas relacionadas con “visitar parientes o amigos”.
La Cámara Americana del Comercio presentó esta semana el séptimo informe sobre Seguridad Empresarial en México, donde destacó al menos 10 entidades, en orden descendiente, con mayores problemas de seguridad: Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Nuevo León, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Sinaloa y Coahuila.
La capital del país pasó del quinto al cuarto lugar.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-08-2016/3075737
Con una valla, las autoridades mexicanas bloqueaban el acceso a la calle de Bucareli –donde está la Secretaría de Gobernación– para evitar plantones de manifestantes.
Elementos de la Policía Federal retiraron este jueves 4 de agosto la valla que impedía la circulación en la avenida Bucareli, frente a la Secretaría de Gobernación, y que fue instalada a finales de mayo pasado para impedir plantones de manifestantes.
Esta mañana, los elementos policiales retiraron las vallas pero las instalaron nuevamente minutos más tarde.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gobernación, el retiro definitivo de las vallas –que ocurrió alrededor de las 14:40 horas– fue por instrucciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Esto ocurre un día después de que el Consejo de la Judicatura Federal informara que un juzgado otorgó un amparo a un ciudadano que se quejó por el bloqueo en la calle.
Sin embargo, el amparo fue otorgado por un plantó que realizaron en marzo integrantes del Frente Popular Francisco Villa, la Organización Campesina Independiente de Oaxaca y la Coordinadora Plan de Ayala, el cual fue retirado.
El juzgado concluyó que “el deber de garantizar el derecho a manifestarse públicamente no tiene el alcance de proteger el bloqueo deliberado de las vías de circulación, pues de otra manera se autorizaría que se vulneraran los derechos de la colectividad y se pondría en entredicho la armonía de la vida en sociedad”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/quitan-valla-cerco-policial-bucareli/
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusó este jueves 4 de agosto que el mandatario electo de esa entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, compró propiedades por al menos 300 millones de pesos, las cuales no ha declarado y que no corresponden a su salario como funcionario.
De acuerdo con un comunicado, las 11 propiedades están en Veracruz y en dos de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, Polanco y Lomas de Chapultepec.
“Amplío los hechos de la denuncia para la presente Carpeta de Investigación FESP/243/2016-II, en virtud a efecto de que, de resultar comprobada la comisión de algún ilícito, se ejercite acción penal en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y quienes resulten responsables”, dijo Duarte en la Fiscalía General estatal.
El funcionario estatal dijo, al ampliar su denuncia en contra del panista, que las propiedades fueron adquiridas a través de hijo de Yunes, Omar Yunes Márquez, y la empresa Praxis Long Pralo S.A. de C.V.
Los inmuebles:
– Un predio de 2 mil 122 metros cuadrados llamado la Pichancha; adquirido por Praxis Long Pralo S.A. de C.V.
– Un terreno de 591 metros cuadrados en la calle Horacio, en Polanco, donde se construyó un edificio departamental; adquirido por Omar Yunes Márquez.
– “Penthouses en lujosos edificios en la Ciudad de México”.
El comunicado del gobierno de Veracruz no detalla cuáles son todas las propiedades.
El 1 de agosto pasado, Duarte denunció a Yunes Linares por enriquecimiento ilícito. “Creo que el único negocio (que tuvo Yunes fue) cuando era pequeño en el mercado vendía escobas, no ha tenido otra empresa”, dijo el gobernador en ese momento.
Este jueves, el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez, renunció a su cargo tras acusaciones por su patrimonio.
La renuncia ocurrió luego de que el diario Reforma reportara que el jefe de la policía veracruzana posee al menos 19 inmuebles en México y Estados Unidos, además de que es socio o propietario de 24 empresas.
A mediados de julio, Yunes Linares denunció que Javier Duarte quería pagar casi 72 millones de pesos de deuda a las ampresas del extitular de la SSP.
Yunes Linares ha sido diputado federal por el PAN; ocupó diversos cargos en la Secretaría de Gobernación entre 1999 y el 2000; además de Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Durante su campaña y ya como gobernador electo, Yunes Linares ha prometido encarcelar a Duarte, acusando corrupción, enriquecimiento ilícito y saqueo a las finanzas del estado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/duarte-amplia-denuncia-yunes-compro-propiedades-mas-300-mdp/
CIUDAD DE MÉXICO: Luego de pasar unas vacaciones en España, aproximadamente 200 turistas mexicanos que adquirieron boletos “sujetos a espacio” no han podido regresar al país debido a la sobre-venta de boletos por parte de Aeroméxico.
Los connacionales, que desde hace dos semanas se encuentran varados en el aeropuerto de Madrid-Barajas, “acampan” alrededor del mostrador de la aerolínea.
Muchos de ellos colocaron cartones en el piso para dormir y otros lo hacen sobre los bancos, en medio de restos de alimentos enlatados.
La mayoría de ellos adquirieron boletos a bajo costo llamados “sublo”, que la aerolínea otorga como prestación para los trabajadores y sus familiares, aunque también hay casos en los que fueron revendidos por personal de Aeroméxico.
“Un sublo es un boleto que tu familiar empleado puede conseguir con el 70 a 90% de descuento, pero son sujetos a espacio, no tienes garantías de subir al avión”, explicó un extrabajador de la aerolínea al diario El Economista.
Con este tipo de boletos, los pasajeros son colocados en una lista de espera para que, en caso de que existan asientos disponibles (alguna cancelación o vuelos con asientos sin vender), se les asignan conforme a esa lista.
Sin embargo, los pasajeros han comentado que hay una falta de transparencia en la asignación de estos lugares.
La empresa ha dicho que si las personas afectadas compraron un billete de ese tipo a nivel particular, se trata de un acuerdo privado, y en este caso “no tendrían derecho a reclamar las indemnizaciones y soluciones habituales por parte de la aerolínea”.
En esta circunstancia sólo les queda buscar una solución negociada con la compañía y esperar que haya un vuelo con asientos vacíos disponibles para poder volar a su destino.
Una comisión de viajeros hizo llegar una carta al cónsul de México en Madrid, que esta mañana los recibiría en la sede consular para hablar del asunto.
Por su parte, Aeroméxico dijo que la empresa no vende al público general ese tipo de boletos, pues es una prestación exclusiva de sus trabajadores y está prevista en los contratos colectivos de trabajo.
“Algunos colaboradores transfieren a familiares o terceros, quienes al utilizarla en temporada alta encuentran en los aeropuertos un alto factor de ocupación en los aviones, lo cual impide su abordaje”, señala en un comunicado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449819/varados-en-madrid-unos-200-mexicanos-boletos-sujetos-a-espacio-aeromexico
CHILPANCINGO, Gro: Familiares de desaparecidos dieron a conocer que de 2006 a la fecha han registrado un promedio de 500 denuncias formales por desaparición de personas en distintos puntos de la entidad, y por ello lamentaron la indiferencia del presiente Enrique Peña Nieto, quien decidió vacacionar estos días en el puerto de Acapulco a pesar de la ola de inseguridad y violencia que afecta directamente a la sociedad guerrerense.
También denunciaron que el gobierno federal y estatal pretenden “invisibilizar” la grave crisis de derechos humanos y dejar impunes los crímenes que se registran diariamente en la entidad.
Por ello, anunciaron un foro para finales de este mes denominado “Entre el dolor y la esperanza: la lucha por la presentación con vida de los desaparecidos”, que tiene como propósito unificar el esfuerzo que realizan familiares para acceder a la justicia y obligar a las autoridades a cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y el desarrollo integral de la sociedad.
Lo anterior, durante una reunión realizada este mediodía en la sede del Congreso local entre familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como de Acapulco, Iguala y Chilapa, con diputados de Morena y Movimiento Ciudadano (MC).
Al respecto Julia Alonso Carbajal, de la organización Ciencia Forense Ciudadana, dio a conocer que en los últimos 10 años han documentado 500 casos relacionados con desaparición de personas, expedientes denunciados formalmente por familiares ante autoridades ministeriales en la entidad.
No obstante, la madre de un joven desaparecido desde 2012 reprochó el hecho de que ninguno de los casos denunciados desde 2006 en la entidad ha sido investigado para dar con el paradero de las víctimas.
Por ello, estimó que la cifra de desaparecidos en la entidad es superior a los casos denunciados formalmente, ante la desconfianza en las autoridades y el temor de los familiares de las víctimas.
Por su parte, el vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, señaló que los familiares de desaparecidos en la entidad decidieron unir esfuerzos para exigir en conjunto que las autoridades realicen investigaciones reales para determinar el paradero de las víctimas.
Luego recordó que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, registrada el 26 y 27 de septiembre de 2014, evidenció la pudrición de las instituciones del país y exhibió las carencias estructurales del sistema de seguridad y justicia para enfrentar “esta práctica abominable”.
Por ello, dijo que hasta el momento no existen mecanismos de búsqueda, registros de personas desaparecidas o un marco normativos para prevenir y sancionar la desaparición forzada.
De la Cruz indicó que el grave problema de los desaparecidos en la entidad no figura en la agenda de los gobiernos, incluso –acusó– no existe un reconocimiento oficial del conflicto, y de manera sistemática se pretende ocultar la realidad “invisibilizando” el tema.
El acuerdo entre diputados y familiares de desaparecidos fue el de realizar el foro para el próximo 28 y 29 de agosto en la sede del Congreso estatal, y por ello convocaron a víctimas de este delito que por temor no han denunciado sus casos.
A pregunta, los familiares de desaparecidos en la entidad señalaron que una muestra de la indolencia e indiferencia gubernamental frente a este problema se refleja en el hecho de que el presidente Enrique Peña decidió esta semana vacacionar junto a su familia en el puerto de Acapulco, lugar convertido en escenario de guerra y cementerio clandestino por la disputa que mantienen bandas delincuenciales.
Fosas y cuerpos exhumados en Guerrero
El 14 de junio Apro difundió una nota titulada “Radiografía del horror en Guerrero”, donde se dio a conocer que en los últimos ocho años han sido exhumados 298 cuerpos y restos óseos de 113 fosas clandestinas en diferentes regiones de la entidad, indica un reporte oficial de la Fiscalía General del estado (FGE).
Es decir, de 2009 a lo que va de este año, un promedio anual de 37 personas fueron ejecutadas y localizadas en ciudades como Acapulco, Taxco, Chilpancingo y Chilapa, sin que exista registro preciso de zonas rurales, que representan la mayoría del territorio guerrerense.
De acuerdo con el reporte obtenido por Apro vía transparencia, del total de víctimas documentadas (298), 89 cuerpos fueron identificados, 181 más siguen en calidad de desconocidos y las autoridades ministeriales acordaron enviar 23 a fosas comunes.
El año con más registro de hallazgo de cuerpos en fosas fue 2014, con 101 víctimas; le sigue 2010 con 68 personas exhumadas, y 2015 con 31, indican los documentos oficiales de la FGE.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449877/lamentan-indiferencia-pena-ante-los-500-casos-desaparecidos-en-guerrero
Arturo Bermúdez Zurita, hasta hoy Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, ha sido acusado por actos de corrupción y por el aumento de los crímenes en la entidad. Familias afectadas por la violencia en aquella entidad exigen que el ex funcionario responda por la probable participación de las fuerzas a su cargo en diversos hechos delictivos, como los ataques a periodistas y defensores a derechos humanos e, incluso, en desapariciones forzadas. La salida de Bermúdez del Gobierno, dicen las víctimas, podría ser parte de la impunidad que rodea el caso. “Es como decirnos ‘ya no hay quién te conteste, no hay quién te diga’; dentro de poco también se va Duarte y es otro aspecto que también nos lleva a ver que el caso cada vez lo vemos más lejano”, dijeron.
El ex Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez, debe ser investigado no sólo por actos de corrupción. De acuerdo con familias afectadas por crímenes en aquella entidad, el hoy ex funcionario debe responder también por la probable participación de las fuerzas a su cargo en diversos hechos delictivos, como los ataques a periodistas y defensores a derechos humanos e, incluso, en desapariciones forzadas.
“Por nuestro caso, nosotros no pedíamos su renuncia, sino que se investigara si tenía participación con algunas bandas delictivas, porque, a final de cuentas, fueron sus hombres de confianza los que perpetraron el levantamiento de nuestros hijos. Eso es algo que en el estado se pedía a gritos”, dice Bernardo Benítez, padre de Bernardo Benítez Arróniz, de 25 años y desaparecido en enero pasado junto con otras cuatro víctimas en la localidad de Playa Vicente.
“Que haya renunciado es lo mínimo que debería haber hecho; en el caso de mi padre, hemos encontrado a la fecha que la Policía Estatal está involucrada en el secuestro”, coincide Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez Cerezo, encontrado asesinado en enero de 2015. “Debe ser investigado no sólo por corrupción, sino por vínculos con la delincuencia organizada, ya que en Veracruz, a lo largo del estado, se ha demostrado que la Policía Estatal esta involucrada en el crimen”, agrega Sánchez.
A tres meses de que termine el Gobierno del priísta Javier Duarte de Ochoa, quien fuera su Secretario de Seguridad Pública renunció hoy por la mañana.
Miguel Ángel Yunes, Gobernador electo del estado de Veracruz, dijo durante una entrevista con Milenio TV que “está muy claro” que Arturo Bermúdez Zurita tiene tantas propiedades y empresas porque es corrupto. El político mencionó que el dinero de Duarte y Bermúdez, así como de sus allegados, tiene origen en prácticas de lavado de dinero y corrupción.
En cuanto al ahora ex Secretario de Seguridad Pública del estado, dijo que “no hay que buscarle mucho” pues su patrimonio se entiende ya que él es un prestanombres de Duarte, además de ser el vínculo entre delincuentes y el Gobierno de Veracruz. Asimismo mencionó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe de investigar el lavado de dinero en la entidad porque es una “cuestión de voluntad” el proceder en contra de Duarte y sus cómplices.
“Esa es la realidad”, apuntaló. De acuerdo con Yunes, ni el salario ni las demandas laborales podrían haberle generado suficientes recursos para tener los bienes que están registrados a su nombre.
“Con el propósito de contribuir al ámbito de transparencia y rendición de cuentas he aceptado la renuncia de Arturo Bermúdez al cargo de SSP”, escribió Duarte en su cuenta de Twitter poco después de las diez de la mañana.
Y por la tarde, el Gobernador afirmó que desconocía de las propiedades del ex Secretario de Seguridad y mencionó que el propio Bermúdez deberá defenderse.
“No tenía conocimiento [de la propiedades], ya será del propio Bermúdez que deberá defenderse, es por eso que le reconozco el que haya presentado su renuncia precisamente para ello, para poder defenderse y demostrar la legitimidad de su patrimonio […]. Toda administración, todo gobierno es susceptible de ser infiltrado por la corrupción y para ello existen instituciones encargadas para investigar y en su caso para determinar si existe alguna conducta que confirme que existió algún elemento de delito relativo a la corrupción en lo que se refiere al desarrollo de su responsabilidad, dijo Duarte al acudir a la Fiscalía General del Estado para ampliar la denunciar interpuesta en contra del Gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.
La agencia Cuartoscuro refiere que Duarte declaró que no ayudará a Arturo Bermudez Zurita tras su renuncia:
“Yo no voy a ayudarle, que se defienda solo”.
El legado del funcionario policiaco en aquella entidad que en el último sexenio se convirtió en la más letal para el ejercicio del periodismo, sin embargo, no se reduce a probable enriquecimiento ilícito. “Tiene un papel protagónico en la violencia contra la prensa, no sólo por el hecho de que agentes estatales están vinculados con las agresiones, sino por las omisiones en la prevención y la garantía de seguridad”, dice Leopoldo Maldonado, abogado de la organización de defensa de la libertad de expresión, Artículo 19.
“Recordemos que un caso emblemático en el que participaron policías a sus órdenes fue el desalojo del 13 de septiembre de 2013 en Plaza Lerdo, cuando fue muy claro que la policía intervino no sólo para desalojar sino para agredir a defensores y periodistas (…) Ese es un caso emblemático que revela toda el entramado y red de complicidad que tenían y el encubrimiento hacia las policías de Bermúdez. Incluso en el caso del periodista Pedro Tamayo te habla de cómo la policía facilitó que los agresores llegaran a la puerta de su casa y atacaran a su familia, y eso nos habla de un estado de descomposición en las fuerzas armadas de Veracruz, donde él tuvo un papel esencial para que esto ocurriera”, agrega.
También los colegas del fotorreportero Rubén Espinosa Becerril, asesinado en la Ciudad de México hace un año, han hecho denuncias reiteradas del acoso al que los someten los agentes policiacos a cargo del ex funcionario.
Por eso, dice Patricia Espinosa, hermana del periodista, sorprende que las denuncias por corrupción provoquen “fácilmente” su salida sin que, antes, Bermúdez haya dado respuesta por las agresiones contra la prensa.
“Me sorprende que tan fácilmente pueda decir que se va para responder por sus propiedades y deje todo como si no hubiera pasado nada”, dice Espinosa. “Realmente quisiera que enfrentara el proceso y respondiera por todos los ataques a periodistas, y no sólo a los periodistas, sino a los jóvenes, a la población”, agrega.
Junto con Espinosa fueron asesinadas cuatro mujeres, entre ellas la activista Nadia Dominique Vera Pérez, de 32 años y quien, como el periodista, también había llegado a la Ciudad de México escapando del clima de hostigamiento que vivía en Xalapa y que también atribuía a agentes del Gobierno del estado.
De acuerdo con las familias afectadas, sin embargo, el entorno de amenazas que tanto Vera como Espinosa vivían en aquella capital no ha sido considerado en las líneas de investigación que sigue el ministerio público de la Ciudad de México.
La salida de Bermúdez del Gobierno, por tanto, dice Espinosa, podría ser parte de la impunidad que rodea el caso. “Es como decirnos ‘ya no hay quién te conteste, no hay quién te diga’; dentro de poco también se va duarte y es otro aspecto que también nos lleva a ver que el caso cada vez lo vemos más lejano”, dice.
“El asesinato de mi hermano no ocurrió en Xalapa, pero sí es importante saber que venia perseguido desde allá, lo cual no quiere decir que sea por eso, pero tampoco lo descarta; pero pareciera que cada vez vamos más de picada, que esta gente no va a responder, que no hay quién los obligue a que lo hagan”, agrega.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-08-2016/3075966
La Secretaría de Salud no solo tiene retrasos en la reconstrucción de los hospitales dañados por el paso de los fenómenos en 2013, es la única secretaría que aún no termina las tareas asignadas como parte del Plan Nuevo Guerrero.
A casi tres años del arranque del Plan Nuevo Guerrero, del monto destinado a programas de salud y a la reconstrucción de infraestructura dañada tras el paso de los huracanes Ingrid y Manuel en 2013, en Guerrero, la SSA sólo ha invertido el 27 por ciento del presupuesto asignado.
De los 1,071 millones de pesos presupuestados desde noviembre de 2013 al primer semestre de 2016, apenas se ejercieron 290 millones de pesos (mdp).
Entre las obras que, en temas de salud, se prometieron hacer con este Plan están el Hospital General de Coyuca de Catalán y el Hospital General de Acapulco.
El secretario de Salud, José Narro, informó en mayo pasado que tras dos años en construcción el Hospital General de Acapulco tenía un avance del 50 por ciento pese a que debe inaugurarse en octubre próximo.
En el caso del Hospital General de Coyuca de Catalán se proyectó una inversión de 128 mdp y ya se ejerció el 92 por ciento.
Los recursos para la salud se etiquetaron desde el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el llamado Fondo Guerrero aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. De ese último fondo se ha registrado un subejercicio del 83 por ciento.
¿Y en contraste?
Hasta el pasado 15 de junio, por el plan de recuperación se habían gastado 37 mil 794 mdp para obras y programas de doce dependencias federales como la Secretaría de Desarrollo Social, de Agricultura y Ganadería, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por mencionar algunas.
Esas dependencias gastaron el 89 por ciento del total presupuestado para al menos 500 programas distintos.
El pasado 8 de julio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio por concluido el Plan Nuevo Guerrero.
El secretario Gerardo Ruiz Esparza dijo que con la construcción del Puente Lomas de Chapultepec-Barra Vieja en Acapulco se cumplió al 100 por ciento con los compromisos de reconstrucción de la entidad.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejerció, hasta junio pasado, 16.2 mdp en caminos rurales, carreteras y puentes.
Otras dependencias que ejercieron recursos del Plan Nuevo Guerrero y dieron por concluidos los compromisos para la recuperación del estado son: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: 2 mil 900 mdp; la Secretaría de Desarrollo Social: 1,780 mdp y la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas: 867 mdp.
A casi tres años de ocurridos los huracanes Ingrid y Manuel, la población en Guerrero sigue esperando la respuesta de la SSA para invertir 781 mdp en infraestructura para el sector salud.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/salud-gasta-27-de-lo-destinado-reconstruir-hospitales-en-guerrero/
Aunque en 18 entidades federativas se han registrado crímenes contra presidentes o expresidentes municipales, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Guerrero concentran más del 50% de los homicidios. Alcaldes mexicanos piden mejores medidas de seguridad y preventivas para defenderse.
Del 2006 a la fecha 82 alcaldes en funciones, alcaldes electos y exalcaldes han sido asesinados violentamente en México. Aunque los crímenes se han presentado en 18 de los 32 estados, hay cuatro entidades: Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Guerrero, que concentran más de la mitad de los casos.
Un estudio realizado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) que documenta uno a uno los homicidios de los presidentes municipales en poco más de una década, evidencia que en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto ya van 35 ediles asesinados, y que dos años de su sexenio: 2013 y 2014, han sido de los más letales para los ediles.
Tan solo en 2016 ya suman seis los asesinatos (uno de ellos de un exalcalde), y tres han ocurrido apenas en los últimos quince días.
El presidente de la ANAC, Enrique Vargas del Villar, dijo en entrevista que es urgente que el gobierno federal trabaje en un protocolo especial de seguridad para los ediles, que entre otras cosas incluya la posibilidad de adquirir armas más poderosas para aquellos que se encuentren en zonas de riesgo, así como más recursos en seguridad.
Adelantó que el próximo lunes la Asociación se reunirá en la Secretaría de Gobernación con el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, para analizar la situación de seguridad de los presidentes municipales y acordar un plan de acción para atajar esta problemática.
El balance letal
De acuerdo con el recuento de la Asociación Nacional de Alcaldes, en poco más de una decena han sido asesinados 43 presidentes municipales en funciones, es decir mientras ocupaban ese cargo; a estos casos se suman siete alcaldes electos asesinados antes de que pudieran asumir el puesto, y 32 casos de ediles asesinados luego de que dejaron el cargo.
De estos homicidios 47 ocurrieron al sexenio de Felipe Calderón, mientras que con Enrique Peña Nieto ya van 35 homicidios.
En promedio se trata de ocho alcaldes y exalcaldes asesinados cada año, sin embargo, el balance en realidad muestra que ha habido años mucho más letales que otros.
Por ejemplo, en 2010 se registraron 17 homicidios, de los cuales doce fueron contra alcaldes en funciones, tres contra presidentes municipales electos, y dos más en contra de exalcaldes.
En cantidad de homicidios le siguen dos años que corresponden ya al actual sexenio: el 2013 en donde se registraron un total de 13 asesinatos, y el 2010 en donde el balance fue de diez casos.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el que acumula más gobernantes municipales asesinados: un total de 37 alcaldes y ex alcaldes asesinados que provenían de las filas de este partido. Se trata de casi el 45 por ciento de todos los casos registrados desde el 2006.
Luego le sigue el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que ha perdido a 19 ediles de los cuales ocho estaban en funciones, uno era presidente municipal electo, y diez más estaban retirados.
El Partido Acción Nacional (PAN) acumula doce casos de los cuales ocho eran presidentes municipales en funciones cuando fueron asesinados, uno era más un alcalde electo y tres eran exediles.
Tres casos más corresponden a alcaldes y exalcaldes que ganaron la elección por el Partido del Trabajo (PT), y tres más eran de coalición de distintos partidos. A estos se suman dos alcaldes asesinados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dos de partidos locales del estado donde ocurrió el crimen, y dos elegidos pro usos y costumbres.
Finalmente hay un caso de un presidente municipal de Movimiento Ciudadano y uno más donde no se precisó la afiliación partidista del edil asesinado.
Regiones de riesgo
De los 82 homicidios registrados por la Asociación Nacional de Alcaldes, más de la mitad (42) se concentran en apenas cuatro estados del país.
Oaxaca es el estado con la mayor incidencia: quince casos en total de los cuales seis eran presidentes municipales en funciones, tres eran alcaldes electos y seis más corresponden a exalcaldes.
El caso más reciente corresponde a octubre del 2015 cuando el presidente municipal de San Miguel El Grande Tlaxiaco, Mario Sánchez Cuevas, fue encontrado sin vida en una barranca luego de haber permanecido doce días desaparecido. La Fiscalía del estado inició una averiguación por el homicidio de la que no se conocen los resultados.
Después de Oaxaca la entidad con más alcaldes asesinados es Michoacán con diez casos. De hecho, dicha entidad acumula el mayor número de presidentes municipales en funciones víctimas de homicidio con siete, a los que se suman tres casos de exalcaldes.
El último caso en dicho estado se registró en marzo de 2014 y fue el del alcalde panista de Tanhuato Gustavo Garibay García, quien fue acribillado en las puertas de su domicilio. Cabe señalar que en mayo de este año su esposa Gabriela Oseguera Gutiérrez también fue asesinada y su cuerpo arrojado en una carretera del estado.
Veracruz es la tercera entidad con el mayor número de alcaldes y exalcaldes asesinados con un total de nueve. El último caso ocurrió en mayo del 2015 cuando el exedil del municipio de Cuitláhuac, Ambrosio Borbonio Arne, murió tras recibir al menos ocho disparos en el interior de un negocio de comida.
En cuarto sitio se encuentra Guerrero que acumula nueve homicidios, de los cuales tres fueron contra presidentes municipales en funciones y cinco más en contra de exediles. El caso más reciente es el del alcalde de Pungarabato Ambrosio Soto Duarte, ocurrido apenas en julio pasado. El edil fue asesinado junto con su chofer tras ser emboscado por sujetos armados que le dispararon en más de 200 ocasiones a su vehículo.
Los otros estados en donde se han registrado los 40 asesinatos de alcaldes restantes son Chihuahua, Tabasco, Puebla, Nuevo León, estado de México, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila, Morelos, Zacatecas, Jalisco, Chiapas y Guanajuato.
Las entidades en donde no se ha registrado ningún homicidio de algún presidente municipal o delegado son la Ciudad de México, Colima, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tlaxcala e Hidalgo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/82-alcaldes-exalcaldes-asesinados-10-anos-mexico/
Han sido perpetrados 16 casos de feminicidio sólo de enero a junio de 2016 en Ciudad Juárez Chihuahua, según cifras de la Red Mesa de Mujeres a través de a través de su Programa de Monitoreo e Investigación, lo que mantiene a la entidad como la segunda con mayor número de casos de violaciones sexuales, por su parte, el Centro de Justicia para las Mujeres Marisela Escobedo Ortiz, dijo que entre enero y mayo 2016 fueron 2 mil 553 las mujeres que acudieron por primera vez al Centro, por enfrentar alguna forma de violencia, lo que suma más de 16 nuevos casos al día, de acuerdo con Irma Casas Franco, directora del Centro, las mujeres que piden ayuda cada vez son más jóvenes y con lesiones físicas mas fuertes.
Estas cifras, se reflejan en 50 denuncias interpuestas durante los primeros 75 días del año ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de la entidad y se destaca que la edad promedio de las mujeres víctimas de violencia de género disminuyó de 35 a 25 aunque hay casos donde las jóvenes agredidas tienen solamente 14 años, advierte el Centro.
La violencia de género en Chihuahua ha motivado diferentes organizaciones a solicitar que se decretara una Alerta de Violencia de Género para el estado, sin embargo esa petición no fue atendida por el gobierno federal. Las OSCs que trabajan la problemática de género en el estado de Chihuahua han sufrido represalias por el trabajo que realizan. Esta situación se encuadra en un panorama global de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos, que ha registrado 19 asesinatos en 7 años, destacan.
En este contexto, que califican de “riesgozo” en el que se encuentran las y los defensores de derechos humanos en Chihuahua, más de 20 organizaciones que trabajan en el estado solicitaron a Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la emisión de “una alerta temprana que prevenga futuras agresiones a personas defensoras de derechos humanos en Chihuahua”.
Aproximadamente en 1993 se registró en dicha Ciudad fronteriza, la primer serie de asesinatos violentos contra de mujeres, en ese año se registraron al menos uno por mes, y al siguiente año al menos 11 asesinatos se dieron a conocer.
A partir de ese momento, se comenzaron a registrar, documentar y hacer visibles cientos de casos de desapariciones y asesinatos de mujeres en la entidad con énfasis en esa ciudad fronteriza. En 2001 se da en Juárez uno de los casos más emblemáticos a nivel internacional y nacional, ya que a partir del hallazgo de 8 cuerpos en un lugar llamado “Campo Algodonero” del acompañamiento y exigencia de justicia que emprendieron madres de las jóvenes y defensoras de derechos humanos, el Estado mexicano recibió recomendaciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la reparación del daño, la visibilidad del problema como estructural y no de índole privado y el compromiso de no repetición.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/mas-de-16-casos-de-violencia-contra-mujeres-al-dia-y-16-casos-de-feminicidio-en-medio-ano-en-ciudad-juarez/
