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viernes, 27 de enero de 2023

Guerrero: Denuncian desaparición de 8 policías comunitarios tras detención; gobierno dice que los regresaron

La Policía Estatal señaló que los detenidos fueron regresados a Apaxtla, Guerrero, escoltados por elementos de la Guardia Nacional.

Los grupos de autodefensa de Heliodoro Castillo y de Apaxtla de Castrejón informaron que ocho de sus integrantes están desaparecidos después de ser detenidos durante una operación de seguridad organizada por el gobierno estatal y federal el pasado 20 de enero.

La versión de la Policía Estatal, una de las corporaciones que realizó la operación, sobre el caso informó que estas personas, o sea los reportados como desaparecidos, fueron regresadas a Apaxtla, Guerrero, escoltados por elementos de la Policía Ministerial y Guardia Nacional.

viernes, 31 de mayo de 2019

Son 36, son niños y niñas, y son la reserva bien entrenada de la policía comunitaria en Chilapa

Habitantes de tres comunidades de Chilapa se preparan porque los enfrentamientos de estos pueblos con Paz y Justicia son inminentes, pues informaron que el Gobierno no ha respondido a la petición de poner vigilancia militar y policiaca en el camino que domina este grupo al que se vincula con Los Ardillos; menores y mujeres entrenan con rifles de madera en Rincón de Chautla, Zacapexco y Ayahualtempa.

Un total de 36 niños y niñas de 8 a 14 años de tres comunidades de Chilapa, reciben adiestramiento en el manejo de armas y se ejercitan para formar parte de la reserva de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), informó ayer en Rincón de Chautla el Coordinador regional David Sánchez Luna.

miércoles, 25 de julio de 2018

Exigen justicia por asesinato del policía comunitario y defensor del territorio Rolando Crispín en Oaxaca

El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) condenaron y exigieron justicia por el asesinato de Rolando Crispín López, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y de la Asamblea Popular de Álvaro Obregón en Juchitán, Oaxaca, sucedido el pasado 22 de julio al terminar su servicio como policía comunitario.

“Fue cobardemente asesinado por una persona encapuchada, al parecer policía municipal de Juchitán, quien desde un mototaxi disparó y asesinó al compañero”, expresaron el CNI y el CIG.

martes, 26 de enero de 2016

Detectan comunitarios a presunto “Viagra” acompañando a un teniente del Ejército

MÉXICO, DF: La Policía Comunitaria de Tepalcatepec, Michoacán, en Tierra Caliente, detectó a un sujeto, presuntamente miembro del grupo criminal Los Viagras, disfrazado de militar y acompañando a un teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ambos fueron detenidos por los comunitarios a bordo de una unidad clonada del Ejército Mexicano con número de serie: 3317356.

“Este sicario de Los Viagras vestido de militar, por lógica, por lo sucedido, (pretendía) señalar y plantar droga a ciertos líderes legítimos de autodefensas”, reveló un comandante de los autodefensas.

Indicó que lograron identificarlo porque utilizaba barba cerrada y bigote y los militares “no usan barba del tipo de los sicarios”.

“Gracias a dios lo alcanzaron a distinguir a tiempo y ponerlo a disposición, igual el teniente a cargo de este operativo perteneciente al batallón 17 ya fue denunciado ante sus mandos superiores”, dijo.

Según informó el comunitario, quien omitió su nombre, el mismo teniente ya había tenido conflictos con autodefensas unidas el día del operativo contra Los Viagras.


Según su dicho, estos militares radican en zonas dominadas por Los Viagras como: Catalinas, Pinzandaro, Colonias y Santa Ana, Cenobio Moreno, División del Norte y otros poblados de los municipios de Buena Vista Tomatlán y Apatzingán.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427727

viernes, 27 de noviembre de 2015

Matan a cuatro policías comunitarios en Tixtla

Consideran que pudieron ser Los Rojos o Los Ardillos, quienes se disputan la "plaza" y provocan hechos violentos como los del jueves.

Hombres armados emboscaron y asesinaron a cuatro policías comunitarios de la Casa de Justicia La Patria es Primero, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) del barrio de El Fortín, en Tixtla, cuando patrullaban por la ciudad.

De acuerdo con El Sur, los atacantes huyeron en unas diez camionetas.

Miembros de la Policía Comunitaria informaron que a las 2:20 de la tarde del jueves recibieron una llamada anónima que les avisó sobre la presencia hombre armados.

Al lugar acudieron seis policías comunitarios a bordo de una camioneta, descendieron del vehículo y revisaron la zona para buscar a los civiles armados.

Después, los agresores alcanzaron a los comunitarios y los atacaron a balazos de rifles de asalto AK-47, provocando la muerte de 4 de ellos. Los otros dos comunitarios que iban en el grupo resultaron ilesos de la agresión.

Los cuerpos fueron cubiertos con sábanas y con petates, y fueron retirados por los pobladores y trasladados a la Casa de Justicia La Patria Es Primero en el barrio El Fortín.

Al lugar acudieron peritos y agentes del Ministerio Público con sede en Tixtla, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Una policía comunitaria con el rostro cubierto con un pasamontañas señaló, como los probables responsables de los asesinatos, a los dos grupos delictivos que se disputan la plaza por el tráfico de drogas: Los Rojos y Los Ardillos.

Agregó que han recibido amenazas de los dos grupos de la delincuencia organizada porque vigilan y dan seguridad al municipio.

“En Tixtla se están disputando la plaza dos bandas de la delincuencia organizada, Los Rojos y Ardillos, creemos que pudieran ser uno de ellos, al parecer sería una declaración de guerra, hemos recibido amenazas pero mantenemos una postura no tener una guerra con la delincuencia organizada que provocaría más muertes”, declaró.


Esto ocurre a unos días de la elección extraordinaria de alcalde de Tixtla, que se realizará el domingo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2711/mexico/matan-a-cuatro-policias-comunitarios-en-tixtla/

jueves, 26 de noviembre de 2015

Alcalde de Guerrero abandona cargo por amenazas; en Tixtla, matan a 4 comunitarios

Beatriz Mojica Morga, Secretaria General del Partido de la Revolución Democrática (PRD), denunció hoy que presidentes municipales han informado a la dirigencia nacional que son víctimas de extorsión por parte del crimen organizado; Ambrosio Soto Duarte no pudo más y se fue. Mientras tanto, en Tixtla, hombres fuertemente armados con rifles AK-47 emboscaron a comunitarios. La violencia no para en Guerrero.

El Alcalde de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, renunció a su cargo luego de haber sido víctima de extorsión por parte del crimen organizado, dio a conocer este día la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Beatriz Mojica Morga.

La ex candidata a Gobernadora de Guerrero detalló que a Soto Duarte se le exigen mensualmente 3 millones de pesos, recursos que provienen del Ramo 33, ante esta situación “el funcionario ha puesto esta mañana a disposición del Comité Ejecutivo Nacional su cargo, porque nos está diciendo claramente que él no está dispuesto a negociar con la delincuencia organizada”.

Señaló que esta cantidad representa un cuarto del presupuesto anual que se le asigna al municipio.

“La situación es grave y por eso exigimos de manera pública y formal de que se decreten medidas cautelares al presidente municipal de Pungarabato que asume esta actitud valiente de denunciar los hechos y de poner por delante el interés de la ciudadanía”.


Responsabilizó al Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y al Ejecutivo Federal de lo que le llegue a suceder al Presidente Municipal de Pungarabato y a sus familiares, así como a otros presidentes municipales de extracción perredista, “porque el presidente en mención, así como nuestro Coordinador de Alcaldes de Guerrero han solicitado infinidad de veces hace ya varias semanas, audiencias con el gobernador del estado, el presidente Ambrosio Soto se ha reunido con [el Comisionado Nacional de Seguridad] Renato Sales y le ha expuesto toda la problemática y no ha obtenido ninguna respuesta”.

ATACAN A COMUNITARIOS

Hombres fuertemente armados emboscaron a siete integrantes de la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) La Patria Es Primero, con sede en el barrio de El Fortín, en Tixtla. El ataque dejó cuatro policías muertos, mientras que los atacantes huyeron en unas diez camionetas.


Según testigos, a las 2:22 de la tarde siete policías comunitarios estaban parados en la esquina de las calles Flor de adelfa y Tlapizaco del barrio de El Fortín, cuando fueron atacados por hombres fuertemente armados con rifles AK-47, conocidos como cuerno de chivo.

Los cuatro policías que perdieron la vida quedaron tendidos en la calle Flor de adelfa y al lado de los cuerpos quedó una camioneta de la corporación. Los cuerpos fueron retirados por los pobladores y trasladados a la Casa de Justicia La Patria Es Primero.


Los hechos ocurren a tres días de la elección extraordinaria de alcalde, luego de que el 7 de junio en el 44 por ciento de las secciones electorales no se instalaron las casillas, a consecuencia del boicot promovido por el Movimiento Popula Guerrerense para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que hoy cumplen 14 meses desaparecidos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-11-2015/1564011

martes, 8 de septiembre de 2015

Comisión de la Verdad logra consignación de homicida de policía comunitario en Oaxaca

Oaxaca, Oax. Los integrantes de la Comisión de la Verdad, Alejandro Solalinde, Diego Osorno y Marina Jiménez Ramírez informaron que tras sus investigaciones y trabajo conjunto con la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social lograron la consignación de los responsables del homicidio de Arcadio Hernández Santiago ocurrido el 2 de octubre del 2006 en el municipio de San Antonino Castillo Velasco.

En conferencia de prensa, se dio a conocer de este logro conjunto, en el que fueron consignadas las ex autoridades municipales por el delito de ejecución extra judicial contra Arcadio Hernádez quien se desempeñaba como policía comunitario y quien fuera activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Destacaron que como parte del movimiento contra el ex gobernador priísta, Ulises Ruiz Ortiz en San Antonino en 2006 se desconoció al también militante tricolor y ex edil Joel López Sánchez, instalando una administración popular emanada de la asamblea.

Motivo por el cual Hernández Santiago fue asesinado por policías municipales quienes lo habrían levantado en el paraje conocido como el Cerro de las Azucenas y llevado a un sitio -el cual no se precisó-, los elementos vestían ropa negra y algunos con capuchas, pese a lo cual lograron ser identificados por los acompañantes del occiso, entre estos se encontraba el mismo edil y el ex comandante de la policía municipal Melitón López, según testigos.

Alejandro Solalinde quien funge como presidente de la comisión señaló que este procedimiento está amparado por estándares internacionales, por lo que de entrada no prescriben, además de que la integración del expediente fue hecho de manera correcta por lo que no hay excusas para que el juez del del juzgado mixto de Ocotlán de Morelos no emita las órdenes de aprehensión contra los consignados de quienes se reservaron los nombres.

Demandó en tal sentido al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Lagunas Rivera, actuar de forma inmediata y girar instrucciones para que se de celeridad al caso. Asimismo, Samuel Castellanos fiscal de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, refirió que el juez tiene que analizar la documentación presentada y que para girar las órdenes de aprehensión podría tardar hasta cuatro semanas.

El funcionario agregó que la labor realizada por los integrantes de la comisión así como de la fiscalía ha derivado en diversas amenazas en su contra, por lo que ya se cuenta con protección, sin embargo puntualizó que esto no frenará el trabajo.

Finalmente, Solalinde Guerra agregó que hay más casos como este en los que se está trabajando, ya que entre el 2006 y 2007 se dieron más de 20 homicidios en torno a la revuelta social ocurrida en la entidad, pero señaló que es de suma importancia que los testigos se presenten y den a conocer lo ocurrido, esto dijo, fue fundamental para el caso de Arcadio Hernández Santiago.


Al ser cuestionados acerca de si el dar a conocer la consignación de este caso ante el juez podría ocasionar que los responsables se fuguen, los comisionados solamente se limitaron a señalar que esto demostraría su culpabilidad.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JORGE A. PÉREZ ALFONSO.

martes, 21 de julio de 2015

Ejerce PGR acción penal contra Cemeí Verdía

México, DF. La Procuraduría General de la República (PGR), ejercitó acción penal en contra de Cemeí Verdía Zepeda, líder de los grupos de autodefensa del municipio de Aquila, Michoacán, y lo acusó de ser presunto responsable de la comisión del delito de portación de armas de fuego y explosivos, de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
El líder autodefensa fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número cuatro, del municipio de Tepic, Nayarit.
“De acuerdo con la averiguación previa, el indiciado fue detenido por elementos de una dependencia estatal, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública.
“Con base al Programa de Prevención de Delito, al efectuar un recorrido en inmediaciones de la comunidad de La Placita de Morelos, perteneciente al municipio de Aquila, las autoridades lograron la detención de la citada persona, portando un fusil AR-15, calibre .223 milímetros, con un cargador abastecido con 27 cartuchos útiles.
“Además, un fusil AK-47, con un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles calibre 7.62X39 milímetros y un arma de fuego tipo escuadra, calibre .9 milímetros, con un cargador abastecido con 12 cartuchos útiles”, informó la PGR.
La dependencia que dirige Arely Gómez González indicó que las armas, cargadores, cartuchos y el detenido, quedaron a disposición de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), en su Delegación en Michoacán, quien inició la indagatoria mencionada, la cual consignó ante el Juez Tercero de Distrito por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Tras la detención de Verdía Zepeda, pobladores de diversas poblaciones realizaron movilizaciones y bloqueos, y en la comunidad de Santa María Ostula, los pobladores fueron atacados con disparos por parte de militares que habían acudido a retirar el bloqueo de un puente vehicular.
Los pobladores rechazaron la versión oficial que señala que los militares realizaron disparos al aire y que un grupo ajeno a la manifestación abrió fuego.

Fuente: La Jornada
Autor: Gustavo Castillo

viernes, 10 de julio de 2015

Juez reconoce elementos de tortura por policías contra presos políticos en Bachajón

Bachajón, Chiapas.Un juez otorgó un amparo a favor de Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández de la comunidad de San Sebastián Bachajón, Chiapas, quienes están recluidos en penal de Yajalón desde septiembre del 2014. 

“El juez de amparo reconoció que durante nueve horas los indígenas estuvieron privados de su libertad y advierte que hay elementos para considerar que hay que investigar los hechos de tortura. 

El juez penal debe de dictar un nuevo auto de termino constitucional, que define si los deja en libertad o los sujeta un proceso penal”, informó el abogado defensor Ricardo Lagunes.

Los ejidatarios de Bachajón manifestaron en su momento que el encarcelamiento de sus compañeros se debía a represarías  de policías municipales y autoridades judiciales de Ocosingo por el encarcelamiento de un municipal acusado de haber participado en el asesinato de Juan Gómez Silvano, hermano de uno de los presos.

El 16 de septiembre de 2014, policías municipales arrestaron a Juan Antonio Gómez, Mario Aguilar y Roberto Gómez, a quienes torturaron y retuvieron por nueve horas aproximadamente antes de entregarlos al Ministerio Público en Ocosingo, donde el licenciado Rodolfo Gómez Gutiérrez puso una pistola y una bolsa en la cabeza a Mario Aguilar Silvano.

Después de la detención, narró Lagunes, presentan ante un juez a los tres indígenas con la acusación de lesiones. El juez fijó una fianza de un millón de pesos por los tres para que conceder la libertad, cuando normalmente por las mismas acusaciones fijan una fianza por 10 mil pesos.

“El juez de Ocosingo reclasificó el delito de lesiones por homicidio en grado de tentativa y ya no tenían derecho a fianza. El caso fue reclasificado con los mismo elementos de las lesiones y sin mayores argumentos y hace a un lado las evidencias médicas de tortura”, refirió el abogado Lagunes.

Para el abogado, las acusaciones contra los indígenas de Bachajón, fueron construidos por la policía municipal de Chilón, porque fungieron de juez y parte en el caso. “Esperamos que la sentencia del juez penal se resuelva antes de septiembre, que se cumple un año de la detención, ahora estamos esperando que el Ministerio Público Federal (MPF) impone o no un recurso contra el amparo”.

El juez que emitió el amparo advirtió al juez penal que tome en cuenta que la detención fue en condiciones de violación a los derechos humanos y que excluya todas las pruebas que se hayan derivado de la tortura.

“Es un amparo que probablemente va a generar la libertad de Juan Gómez, Mario Aguilar y Roberto Gómez, porque fuera de los señalamientos de los policías municipales, no hay otros elementos en contra de ellos”, advirtió Ricardo Lagunes en entrevista con Desinformémonos.

Si el MPF no presenta un recurso de revisión, inmediatamente el juez de Yalajón tendría que definir de nueva cuenta la situación jurídica de los tres indígenas y el efecto del amparo se dará de forma más inmediata y no habría una segunda instancia que podría alargar el proceso penal, además de no poderse modificar, detalló Lagunes.

Para el defensor de los tres habitantes de San Sebastián Bachajón, todo el proceso penal ha estado viciado desde el principio, la acusación se sostiene en base a tortura, señalamientos unilaterales y recurrir al juicio de amparo era la única manera más efectiva y real de defenderlos. “Enfrentar un proceso penal en circunstancias de desventaja y violación a los derechos humanos, es validar y legitimar la actuación de la policía”.

Desde que el Ministerio Público pudo advertir que la detención fue prolongada y violatoria a los derechos humanos, éste tuvo que haberlos puesto en libertad. Informó el abogado Ricardo Lagunes  y más si presentaban evidencias de tortura. “Dado el conflicto en Bachajón y su trabajo político, estos no dudaron en seguir el proceso en su contra independiente de las fallas”.

El juez de Ocosingo no ha formalizado alguna investigación por el caso de tortura, por esta razón el abogado Lagunes presentó una denuncia penal en la fiscalía que investiga a los servidores públicos en Tuxtla Gutiérrez, en contra del comandante de la Policía Municipal de Chilón, porque este conoció de los hechos, de los ministerios públicos que integraron la averiguación previa y  de los policías que participaron en la tortura.

El pasado 21 de diciembre ejidatarios de San Sebastián Bachajón recuperaron tierras que les fueron despojadas en el 2011, así como la caseta de cobro en el camino a las cascadas de Agua Azul. El ejido, uno de los más grandes de México, cuenta con 70 mil hectáreas en una zona de gran biodiversidad y belleza natural. La tierra es rica en recursos naturales, selva verde, vida silvestre y agua. Las espectaculares cascadas de Agua Azul, famosas por su color turquesa en ciertas épocas del año, resuenan en el municipio aledaño de Tumbalá, pero para tener acceso al Centro Ecoturístico que existe allí es necesario cruzar el ejido de Bachajón.


Fuente: Desinformémonos

martes, 31 de marzo de 2015

Guerrero: Enfrentamiento entre miembros de la Policía Comunitaria deja cuatro muertos

MÉXICO, D.F: Al menos cuatro personas muertas dejó un enfrentamiento entre miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y el Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo Social del Estado de Guerrero.

El enfrentamiento ocurrió anoche en la comunidad de San Juan del Reparo, en el municipio de Juan R. Escudero.

Ambas fracciones de las policías comunitarias se acusan de haber iniciado el enfrentamiento.

Cinco personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital General de Ciudad Renacimiento, ubicado en Acapulco.


Hasta ahora, el gobierno del estado no ha ofrecido una versión oficial del enfrentamiento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

martes, 10 de marzo de 2015

Líder de la Policía Comunitaria burla cerco policial en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Eliseo Villar Castillo, coordinador regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC), burló un cerco desplegado por policías estatales y ministeriales que pretendieron detenerlo en esta capital.

El impresionante operativo fue encabezado por uniformados con equipo antimotín que cercaron al menos cuatro camionetas donde viajaba una comitiva de guardias comunitarios desarmados, presuntamente encabezada por el dirigente del grupo de autodefensa.

El hecho se registró cerca de las 13:00 horas, cuando los comunitarios fueron interceptados por los policías estatales que bloquearon el carril lateral norte-sur del bulevar Vicente Guerrero, a la altura del puente René Juárez Cisneros, al sur de esta capital.

Los antimotines “encapsularon” las unidades y enseguida arribó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) exhibiendo un documento y argumentado que se trataba de una orden de aprehensión contra Villar Castillo, por delitos del fuero común que no fueron especificados.

Los comunitarios simplemente se burlaron de las autoridades porque el dirigente de la PC-CRAC no viajaba en ninguno de los vehículos retenidos.

Ante la pifia, los ministeriales se retiraron y los antimotines se replegaron para permitir el libre tránsito de los policías comunitarios procedentes de la región de Costa Chica, quienes repudiaron la arbitrariedad gubernamental.

Al respecto, miembros de la autodefensa informaron que arribaron por la mañana a la capital para realizar trámites y gestiones ante instancias gubernamentales, pero su dirigente se percató de que eran seguidos por policías estatales.

Por ello, Eliseo Villar decidió burlar la acción de las autoridades y escapó del lugar sin que los uniformados se percataran de la evasión.


Hasta el momento, la administración que encabeza el gobernador Rogelio Ortega Martínez no ha emitido una explicación sobre el fallido operativo en contra del líder de la PC-CRAC, organismo que actualmente atraviesa por una crisis debido a la fragmentación de la estructura de autoridades comunitarias surgida en 1995 en el municipio de San Luis Acatlán y que se ha expandido a la mayoría de municipios de las regiones Montaña y Costa Chica de la entidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

viernes, 16 de enero de 2015

Nestora Salgado, la policía comunitaria presa como de “alta peligrosidad”

Salgado, de 42 años, está presa en un penal de máxima seguridad, a pesar de que las pruebas en su contra no son claras; su hija acusa que es un tema político.


Para la justicia mexicana, Nestora Salgado, “la comandanta” de la policía comunitaria de Guerrero, es de “alta peligrosidad”, por eso fue recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 en Nayarit, igual que Sandra Beltrán, presunta operadora del cártel de Sinaloa, o María de los Ángeles Pineda, esposa del exalcalde de Iguala, acusada de delincuencia organizada.

En este penal de máxima seguridad pasa 23 horas en una celda, apenas tiene contacto con otras personas durante los 40 minutos que puede permanecer en el patio y solo tiene derecho a hablar con su defensa por 45 minutos en cada visita. La acusan de delincuencia organizada y secuestro, aunque en Olinalá, Guerrero, encabezaba un movimiento que pretendía garantizar la seguridad y justicia en su comunidad.

El 17 de agosto de 2013, cuatro días antes de ser detenida por elementos del Ejército y la Secretaría de Marina, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Olinalá emitió un comunicado en el que alertaba la posibilidad de que ocurriera una “masacre” tras actos intimidatorios por parte de elementos castrenses en la casa de la dirigente.

Acusaban al presidente municipal, Eusebio González, y al líder del Comité del Consejo de Seguridad y Vigilancia, Juan Mancilla, de colaborar con Mario Ponce‚ Arsenio Coronel –alias el Cotorro–‚ Octavio Rendón –alias la Panocha–, Primitivo Jiménez y Omar Jiménez, presuntamente dedicados a la “distribución de estupefacientes‚ relación con sicarios‚ robo y secuestro”.

En ese año, cuando Nestora se volvía noticia nacional por encabezar un movimiento comunitario, advertía en entrevistas periodísticas que no le temía al crimen organizado, ni a los sicarios, sino “al gobierno”. La mujer de 42 años advertía frente a la cámara “si algún día llego a desaparecer, es el gobierno porque son los que nos están atacando”.

El 21 de agosto de 2013, Nestora fue detenida junto con otra treintena de policías comunitarios en el municipio de Ayutla; fue traslada a Chilpancingo y luego al Juzgado Primero del penal de las Cruces, en Acapulco. Dos días después estaba en el penal de Nayarit.

Del sueño americano a la comandancia 

Olinalá es una comunidad de la región de la montaña de Guerrero, donde 8 de cada 10 habitantes se encuentran en situación de pobreza, según el reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Ahí, los servicios de salud o vivienda son lujos para unos cuantos y la mayoría ni siquiera concluye la educación básica.

Nestora Salgado, como miles de mexicanos decidió buscar mejores oportunidades en Estados Unidos y migró a los 20 años. Seis meses después, sus tres hijas la alcanzaron y con su esposo construyeron una vida que les permitía vivir desahogadamente. Incluso obtuvieron la ciudadanía estadounidense.

Para mantener a su familia, Nestora limpiaba casas, trabajó en las cocinas de restaurantes y fue mesera. Dos de sus hijas estudiaron hasta la preparatoria y otra es enfermera. Sin embargo, para no olvidar sus raíces y “valorar la vida”, “la comandanta” hacía visitas frecuentes a su comunidad. Intentaba hacer ver a sus hijas que en México había gente con menos oportunidades, que trabajaban mucho y ganaban poco, comenta Saira.

En uno de los viajes, en 2001, Nestora tuvo un accidente automovilístico que la mantuvo paralizada durante tres meses y durante los tres años siguientes se mantuvo en terapia física para recuperar la movilidad. Eso fue lo que la hizo regresar a México. Sus ahorros le permitían establecerse en su comunidad, donde su hija Saira instaló una carnicería en 2004.

Tiempo después, como el resto de los comerciantes, comenzó a sufrir extorsiones por parte de delincuentes que le pedían entre 400 y 500 pesos semanales. Después comenzaron los secuestros, hasta que un día el pueblo se cansó y decidió enfrentar a los criminales. Así nació la policía comunitaria de Olinalá, ante “una emergencia” en octubre de 2012.

Nestora, de carácter fuerte, que se atreve a decir lo que piensa a quien sea, así se trate de funcionarios o policías, fue elegida por la comunidad para liderar el movimiento. Se convirtió en “la comandanta”.

Luis, marido de Nestora dice que “ella vale por dos hombres” y Saira lo confirma. La admira por valiente y aunque siempre supo que el riesgo era alto estaba dispuesta a enfrentarlo. “Si antes íbamos a morir, ahora al menos que sea por algo que valga la pena”, parafrasea Saira a su madre.

El proceso 

La detención de Nestora fue a causa de cuatro órdenes de aprehensión, tres de ellas por el delito de secuestro (del fuero común) y una por delincuencia organizada (fuero federal). Precisamente por este último es que fue recluida en el Cefereso de Nayarit.

La defensa de la líder rechaza que haya cometido secuestro, toda vez que las supuestas víctimas eran personas que habían cometido alguna falta en la comunidad, detenidas por la policía comunitaria y recluidas en la casa de justicia de Olinalá.

Misael Rivero, abogado de Nestora e integrante de Organización de Defensa Estratégica en Derechos Humanos A. C., explica que el 31 de marzo de 2014, el magistrado del Primer Tribunal Unitario con sede en Acapulco dejó sin efecto la acusación 76/2013 sobre crimen organizado, por lo que dictó auto de formal libertad a Nestora. Sin embargo, aunque esto no permitía la liberación pues aún debía enfrentar las acusaciones restantes, si permitía que fuera trasladada a un penal local, pero no sucedió.

“El magistrado llegó a la conclusión de que la policía comunitaria está basada en los usos y costumbres y por lo tanto su actuación se encuadra en la Ley 701 y el convenio 169 de la OIT. Hizo una comparación entre la visión de la comunidad indígena sobre el sistema de administración de justicia y la visión occidental”, dice Rivero a Animal Político.

Y es que la actuación de la policía comunitaria de Olinalá consistía en que cuando recibía una denuncia, detenía al presunto culpable, quien era juzgado en asamblea por toda la comunidad y así se determinaba la sanción, que podía incluir la detención o la “reeducación”, es decir, realizar trabajos de apoyo a los habitantes del pueblo.

Según el magistrado de Acapulco, este modelo es equiparable a la “reinserción social” en nuestro sistema penal. “Tampoco se podía determinar como secuestro, sino como actos fundados en los usos y costumbres”. Incluso, dice el abogado, en la declaración de las supuestas víctimas y sus familias se reconocen que estaban recluidos en la casa de justicia, donde podían recibían visitas.

Además se establecían pagos acorde a sus faltas sin que eso significara un rescate sino una “fianza”.

Dichos argumentos echan abajo la configuración de “delincuencia organizada”, pues la policía comunitaria no fue constituida para fines ilícitos, sino al amparo de la Ley 701 de “Reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero”.

En el artículo 37 de dicha legislación, donde se reconoce a las policías comunitarias, se establece que “la autoridad competente podrá remitir a la custodia del Consejo, a los indígenas sentenciados por delitos del fuero común para que cumplan su condena y se rehabiliten socialmente conforme a las normas que para tal efecto ha establecido el Consejo y que tutela el Código Penal del Estado”.

El caso fue considerado como una “aberración” por el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, al considerar que Nestora es una presa política. Por ello solicitó al titular de la Fiscalía General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado.

Esto obedece a la “demanda de justicia, sin criminalizar la lucha social y apegándose a procurar el buen desarrollo de las actividades del estado y la paz social que requiere Guerrero”, se explica en el comunicado emitido el 8 de enero pasado.

Aunque no hay un periodo establecido para que el fiscal resuelva, de atender la petición del gobernador, la liberación sería inmediata. Sin embargo, todo es “un cálculo político”, acusa el abogado Leonel Rivero.

Explica que las autoridades judiciales están “administrando el proceso, la tienen como rehén”, pues ni siquiera se han podido desahogar pruebas y será hasta el 29 y 30 de enero cuando se realicen los primeros careos en el penal de Nayarit, a donde deberían acudir las víctimas, pero de no hacerlo, alargarían más el proceso que lleva ya 17 meses.

¿Secuestradora? 

Los empresarios Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, después de sufrir el secuestro de sus hijos, han encabezado un activismo que consiguió incidir en políticas públicas del gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto contra dicho delito.

Este lunes 12 de enero hicieron pública su inconformidad por la posible liberación de Nestora, pues, según dicen, existen pruebas de la participación de “la comandanta” en 40 secuestros, por lo que la solicitud del gobernador es una “barbaridad”.

Uno de los supuestos casos lo denunció Eugenio Sánchez González, habitante de Olinalá, quién fue recluido en la casa de justicia y realizaba labores de cultivo y limpieza en terrenos acusado de robar ganado.

Saira Rodríguez, hija de Nestora, advierte que este es un ejemplo claro de que no se trata de secuestro, pues la asamblea del pueblo determinó la culpabilidad de Sánchez González del hurto, al no poder comprobar la adquisición de cabezas de vacas que valen hasta 25 mil pesos.

Además, la familia de este hombre, dice Saira, sí tiene antecedentes penales, pues Manuel Sánchez y Adán Sanchez, formaban parte del grupo “Los Ayutla” que realizaban secuestros en la región y en 2004 fueron aprehendidos por al Procuraduría de Guerrero y enfrentan una condena de 45 años.


“Todo es político porque en todas las declaraciones dicen que las familias sabían dónde estaban detenidos. Eso no es un secuestro”, insiste la joven de 27 años.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.