Culpan a Bonafont de provocar un "infierno ambiental" en Puebla

En febrero pasado la Guardia Nacional desalojó a pobladores de Santa María Zacatepec, Puebla, que habían tomado la planta de Bonafont en protesta contra la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la región. Ahora la compañía está de regreso y, arropada por las autoridades estatales, reabrió la planta. A pesar de que afirma que ésta sólo funcionará como bodega y para distribuir sus productos, los pobladores se aprestan a viajar a Francia para exhibirla como una de las empresas responsables de provocar un “infierno ambiental” que derivó en el socavón formado en mayo de 2021.

Con todo y que la empresa Bonafont es acusada por grupos de pobladores de saquear los mantos acuíferos de esta región y de cometer múltiples irregularidades, el 26 de septiembre, Fabrice Salamanca, vicepresidente de Asuntos Públicos y Legales de Grupo Danone, encabezó la reapertura de la planta de esa embotelladora francesa en este municipio.

Acompañado por José Cinto Bernal, presidente municipal, y por Guillermo Malpica Soto, subsecretario de Industria y Comercio del gobierno estatal, el directivo de la trasnacional aseguró que esas instalaciones, que estuvieron cerradas año y medio a causa de las protestas, ya no se usarán para extraer agua y sólo servirán para bodega y distribución de productos.

El agua del río Chalma se pelea desde 2013. Asociación de Salinas Pliego nos ha robado: ejidatarios

El agua del río Chalma está en disputa. Unos mil ejidatarios aledaños a Malinalco, Estado de México, la requieren para cultivar maíz, frijol, caña y flores. Una asociación de Grupo Salinas, del millonario Ricardo Salinas Pliego, la emplea para una hacienda. La lucha por el recurso natural está en tribunales desde 2013.

Hace siete años los ejidatarios Roberto Valle, Marcos Chaqueco y Félix Rojas fueron subidos a una camioneta de la policía en Chalmita, Estado de México, conocidas como perreras. Los esposaron lo más apretado posible. Les dieron vueltas. Bajaban y subían a otros reos ya sentenciados. Roberto perdió la noción del tiempo y el espacio, mientras su defensa legal iba a pagar la fianza para que no quedaran detenidos por el presunto daño de bienes y robo a una propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Una asociación civil de TV Azteca atrás del despojo de Jalmolonga

El Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, la asociación civil que intenta quitarles el agua a los ejidos de la zona de Malinalco, está integrado por tres “socios” que aportaron conjuntamente un capital de 127 millones 835 mil 848 pesos, según quedó asentado en la “protocolización” del acta de su junta general ordinaria, realizada el 20 de julio de 2012, en la notaría número 227 del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), cuyo titular es Carlos Antonio Morales Montes de Oca.

El primer socio es TV Azteca, S.A. de C.V., representado por Jesús Rodríguez Villicaña, que aportó un capital de 40 millones 57 mil 393 pesos; el segundo es Elektra del Milenio S.A. de C.V., representada por José Guadalupe Botello Meza, con 49 mil 990 778 pesos, el tercero es Grupo Elektra S.A. de C. V., representado por María Edid Cerón Ríos, con 37 millones 787 mil 667 pesos.

Continúa desperdicio de millones de litros de agua en Aztecas 215 ante indiferencia de Procuraduría ambiental Ciudad de México

Han pasado ocho días desde que los vecinos organizados de los pueblos, barrios, colonias y pedregales de Coyoacán denunciaron ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) el desperdicio de millones de litros de agua que la inmobiliaria Quiero Casa continúa realizando en Avenida Aztecas 215. La respuesta de la PAOT es de total indiferencia, así como la construcción a mitad de la avenida de un “colector” que conducirá las aguas limpias al drenaje de la ciudad.

Pueblos Náyeri y Wixárrika piden ayuda: sin consulta, la CFE planea quitarles su agua y sus tierras

El megaproyecto previsto para Nayarit pertenece a la CFE y cuenta con autorizaciones de la Semarnat y de la Conagua. Los representantes de las comunidades Náyeri y Wixárrika calculan que 4 mil 500 hectáreas de su territorio se verán afectados y acusaron que sus pueblos no han sido consultados, pese a que el Gobierno de México está obligado a hacerlo Constitucionalmente y por los tratados internaciones a los que el país está adherido. Aseguran que el proyecto no tendrá un impacto positivo en sus comunidades y por el contrario la CFE acaparará el agua y dejará áreas sin tierra fértil.

Los pueblos Náyeri y Wixárrika se unieron para defender su territorio sagrado, amenazado por el megaproyecto hidroeléctrico Las Cruces, Nayarit, cuya construcción no les ha sido consultada.

El megaproyecto pertenece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cuenta con autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Zapotecas de Oaxaca están cerca de revertir decreto presidencial que les niega el acceso al agua

Desde hace 50 años, 16 comunidades indígenas de la zona de valles centrales en Oaxaca viven bajo un decreto que les impide hacer uso del agua. Se enteraron en 2005 cuando la CFE y Conagua reclamó un uso excesivo de energía y desde entonces reclaman su derecho a gozar de sus recursos naturales. A pesar de eso, la comunidad restauró sus pozos y supo llevar un proceso de consulta indígena que puede significar el primero que se realiza en México acorde a los procesos que la legislación nacional e internacional dicta.

La Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa y por el Cuidado del Agua (Copuda) es una organización que aglutina a 16 comunidades zapotecas campesinas que habitan en los valles centrales en Oaxaca y que desde hace 50 años habita su territorio con una veda que desde 1967 limita el acceso justo al agua en la región.

Las comunidades organizadas en la Copuda recurrieron al proceso de consulta indígena. Hasta el momento en México no hay ningún caso de éxito en consultas indígenas, ya que siempre se registran tácticas por parte de los gobiernos municipales y estatales que empañan los procesos, de acuerdo con los activistas.

Megaproyectos chupan agua de Edomex y CdMx, y ahora quieren hasta las chinampas, alertan

Convocados por Agua Para Todos, decenas de ciudadanos afectados se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México contra la aprobación de la Ley Hídrica propuesta por la Diputada Wendy González. Con la ley, acusa la organización, se aprobaría un plan obligatorio de inversiones a 25 años sin respetar la prohibición de la privatización y del lucro del líquido como lo contempla la nueva Constitución de la Ciudad de México.

Las empresas contaminan el agua con la construcción de megaproyectos, incluyendo el Tren México-Toluca y diversas inmobiliarias, mientras colonos carecen de su acceso durante semanas y pueblos originarios de Álvaro Obregón, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Tlalpan y otras delegaciones deben emplearla para sus cultivos ya negra o tratada, acusaron diversos miembros de organizaciones vecinales de zonas de la capital del país.

Demandan pobladores de Nativitas ahondar estudios sobre socavones

Habitantes de Santa María Nativitas tomaron el pozo de agua del poblado para exigir a las autoridades de la delegación Xochimilco que se realicen nuevos estudios y conocer con certeza las causas que provocaron los socavones y hundimientos –de ocho metros de largo y cinco de profundidad– en la carretera nueva a Tulyehualco, que desde noviembre se encuentra inhabilitada.

Consideraron que la información que ofrecieron las autoridades es insuficiente, pues sólo se hizo de manera verbal y nunca se les presentó el análisis y el dictamen realizado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).

Desde el miércoles por la noche, después de realizar una asamblea, los habitantes decidieron impedir por tiempo indefinido el acceso de las pipas que comercializan el agua en el pozo San Luis 20, ubicado a unos metros de la zona afectada, por lo que organizaron brigadas de vigilancia.

Los vecinos explicaron que de julio a noviembre del año pasado se realizó una obra de drenaje sobre la carretera nueva Tulyehualco-Xochimilco, en el tramo que va de Cocoxóchitl a Desiderio Peña, que comunica a los habitantes del oriente de la delegación y a los pobladores de Tláhuac y Milpa Alta, así como de quienes provienen de Morelos y el estado de México.

La vialidad, agregaron, se vio afectada al reducirse a un sólo carril, modificando tiempos de traslado y flujos en las calles cercanas, sin que ninguna autoridad emprendiera acciones para mitigar la afectación.

Detallaron que al concluir la obra y reabrirse a la circulación, el pasado 26 de noviembre dos microbuses se hundieron y provocaron una apertura en la tierra de ocho metros de largo y cinco de profundidad, por lo que la vialidad se cerró totalmente.

A la fecha, apuntaron, personal de Protección Civil les informó de manera parcial los resultados de un estudio, en los que mencionó la presencia de una falla activa, lo que generó preocupación entre la población, sobre todo porque el 4 de enero se registró un microsismo y se han formado pequeños socavones en calles cercanas, que han comenzado a causar afectaciones en viviendas.

Ante ello, en un pronunciamiento conjunto exigieron que se realicen estudios en el subsuelo y se informe de los posibles riesgos a corto, mediano y largo plazos, y se efectuén las acciones necesarias para asegurar la integridad físicas de los pobladores.

En su opinión, la excesiva explotación de los mantos acuíferos por años puede ser un factor que cause los hundimientos, de ahí la determinación de bloquear el pozo, hasta tener certeza de lo que está ocurriendo.

Fuente: La Jornada

Autora: Rocío González Alvarado

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/13/capital/031n1cap

Justo cuando luchaban contra el Acueducto de Padrés, la droga “cristal” invadió territorio Yaqui

Las drogas de laboratorio han llegado a las comunidades que se encuentran en resistencia contra el proyecto del Acueducto Independencia en Sonora. La obra traslada agua que de acuerdo con un decreto del ex Presidente Lázaro Cárdenas en 1940 le pertenece al pueblo Yaqui. El documental Laberinto Yoéme, ahora en su etapa de postproducción, relata la historia de esta población indígena de alrededor de 30 mil personas que, asediada por las presiones políticas, ahora también tiene que lidiar con una creciente distribución de metanfetamina en la zona.

El pueblo Yaqui emprendió una lucha desde el 2010, cuando del ex Gobernador Guillermo Padrés Elías presentó el proyecto de construcción del Acueducto Independencia. Este atenta contra este pueblo, consideran ellos, por transvasar el agua del Río Yaqui hacia la ciudad de Hermosillo.

En medio de la protesta en contra del Acueducto, la distribución de metanfetaminas dentro de las comunidades del Pueblo Yaqui, asentadas en los municipios de Cajeme, Guaymas, Bácum y Empalme (en específico los pueblos Cócorit, Bácum, Torim, Vícam, Potam, Huibiris, Rahum y Belén) de Sonora, se ha convertido en un nuevo problema.

“Un miembro de la Tribu Yaqui puede ser alcohólico, drogadicto, pero nunca deja de ser miembro de la Tribu”, explica uno de los miembros de la Tribu indígena, en una de las escenas del documental Laberinto Yoéme.

El documental se encuentra recaudando fondos en la plataforma kickstarter para cubrir los gastos de la postproducción (enlace para campaña de fondeo). Sergi Pedro Ros, director de esta producción, explicó que las drogas han traído consigo la violencia.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha acompañado a los Yaquis en el litigio legal por el uso de las aguas de su río. A pesar de que en 1940 el entonces Presidente Lázaro Cárdenas otorgó a este pueblo originario el 50 por ciento del uso del agua del río Yaqui, el acueducto continua operando.

En entrevista, Sergi Pedro Ros detalló más sobre los peligros que enfrentan los Yaquis, después de haber levantado su voz en contra de la obra.

— ¿Cuáles amenazas contra la Tribu Yaqui quedarán plasmadas en el documental que realizas?

— Después de conocer a la tribu me di cuenta de que tenían varias circunstancias problemáticas. Unas de carácter político, muy conocidas. Otras al interior de la propia tribu, menos conocidas. Por casualidades de la vida me tocó conocer a las personas que estaban realizando la danza del venado. Y cuando entablamos un poco más de relación ocurre que uno de ellos me cuenta que tiene un problema que no quiere tener, y que no puede dejar de tener, y es el consumir cristal, metanfetamina.

— ¿Es un problema extendido en el pueblo Yaqui?

— En ese momento que me dijeron, me extrañó, pero varias personas más me contaron lo mismo desde el yo, nunca desde el nosotros. Cuando eran varios, eran amigos, y se conocían. Sin embargo, no lo estaban viendo como un problema común. Entonces es cuando yo empiezo a dar de vueltas, porque algo me pareció extraño. Empiezo a preguntarme si habrá un motivo más allá de que simplemente les gusta consumir.

— ¿Entonces usted ve una relación entre el consumo y el problema político que atraviesa la Tribu?

—Pensando si tal vez pudiera haber una situación política que pudiera tener relación con algún tipo de estas cosas, me doy cuenta de que la tribu Yaqui estaba teniendo un problema muy fuerte con el agua.  Lo que yo trato de hacer en este documental es cruzar estas dos narrativas: una, en la que ellos están por un lado, defendiendo su territorio, su espacio vital, y otra en la que están defendiendo su territorio más intimo que es el cuerpo. Las drogas para llegar al territorio Yaqui deben primero llegar, quedarse y establecerse, y eso puede que sea una casualidad, o puede que la geopolítica mexicana esté permitiendo eso y esté además  potenciando que ocurra.

— ¿Encontraste un alza en el consumo en el mismo tiempo en que empezó la lucha contra el Acueducto?

— Los Yaquis comentan que el cristal llega más o menos, aunque las versiones varían un poco, por allá del 2007. Es decir, un poquito antes de que se construya la obra del Acueducto Independencia. Lo que ellos cometan es justo cómo de repente cada vez hay más gente consumiendo cristal. Que pueden ser desde niños muy pequeños, hasta gente ya adulta. Y te comentan cómo se van echando a perder de manera muy dramática, a nivel físico y cultural.

— ¿La distribución del cristal ha generado violencia en la zona?

— Pues las drogas no vienen solas y este país esta colmado de violencia del sur al norte. Cuando yo estuve filmando en mi etapa de rodaje un mes y medio. La banda sonora nocturna fueron balaceras bastante seguido. Las drogas vienen con el crimen organizado.

— ¿Violentó el Estado a la Tribu Yaqui con la aprobación del Acueducto Independencia?

— Los Yaquis están muy ofendidos porque México no está respetando en absoluto, ni el convenio 169 de la OIT, ni el artículo dos constitucional, donde las tribus indígenas hay que pedirles permisos para hacer algo con su territorio. Más cuando los Yaquis son una de las pocas tribus indígenas que lo tienen reconocido como propio, así como su río.

— ¿En qué etapa está tu video?


— En este momento estamos en la etapa de postproducción para lo que hemos preparado una campaña de financiación colectiva a través de kickstarter, que acaba de inaugurarse en México. Estamos luchando para poder terminar la película. A mí hay algo que me parece muy interesante de este tipo de campañas de fondeo, de financiación colectiva, que es justo eso, colectiva. A mí una de las cosas más importantes que me han enseñado la tribu Yaqui es que las cosas caminan en colectivo, que el individuo por sí solo no va a ningún lugar, y que tenemos que rodearnos de gente que nos acompañe, que vea la vida como nosotros la vemos. Ahora mismo ya van más de 100 personas que conocieron el proyecto y que se subieron al carro de querer contar esta historia, de querer que este tipo de situaciones no queden silenciadas, como un mero hecho circunstancial que no tiene que ver con nada.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-12-2016/3123598

Agua y territorio al mejor postor deciden autoridades de la CDMX y desalojan el plantón de Aztecas 215

Para los vecinos del Pueblo Los Reyes y Los Pedregales en Coyoacán la semana inició con lo que ya temían: el desalojo del Plantón localizado frente al predio de Avenida Aztecas 215.

Para los vecinos del Pueblo Los Reyes y Los Pedregales en Coyoacán la semana inició con lo que ya temían: el desalojo del Plantón localizado frente al predio de Avenida Aztecas 215.

La madrugada del 5 de diciembre fue desalojado por la policía de la Ciudad de México el plantón de Avenida Aztecas 215 que la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán mantuvo desde el mes de abril. Con golpes a las personas presentes, retiro de las instalaciones y desaparición de los objetos que en ellas tenían, el plantón fue desmontado.

Instalado en el mes de abril, cuando, ante el irracional desperdicio de millones de litros de agua provenientes de un venero localizado en el predio, lograron detener las obras que la inmobiliaria Quiero Casa, propiedad de la familia Shabot Cherem pretende edificar en el sitio, los vecinos de Los Pedregales de Coyoacán, encabezados por Doña Fili, luchadora social incansable desde la fundación de Santo Domingo,  día y noche hicieron acto de presencia en el plantón.  Por el mismo, desfiló la solidaridad de la lucha de otros pueblos como Atenco, Xochicuautla, el movimiento de los padres y madres de Ayotzinapa y muchos más, que se sumaron a la intensa búsqueda colectiva de soluciones para evitar la “privatización” de un espacio y la defensa de un “brote” de agua que les pertenece.  

Durante todos estos meses, exigieron un diálogo con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para que los escuchara, como es su derecho, como la marca la Ley de Participación Ciudadana, pero no tuvieron respuesta y sí la presencia de granaderos y amenazas a quienes participaban del plantón.

Ante el desalojo con la policía de la ciudad, el ingreso nuevamente de maquinaria y la construcción de un nuevo tapial por parte de la empresa,  los vecinos que conforman la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán se concentraron frente al predio para tomar acuerdos sobre la posibilidad de realizar una “demanda colectiva” y continuar la defensa de su agua y su territorio.

El último día de noviembre, en un foro con expertos, la comunidad había fijado su postura: mantener la exigencia de la expropiación del predio en beneficio de la comunidad,  ante la noticia que trascendió en algunos medios, de que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) dio el visto bueno al proyecto “Cantera” que presentó la inmobiliaria para “aprovechar el brote de agua existente en el predio  y beneficiar, supuestamente,  a los habitantes de la zona”.

Con la presencia de especialistas como el Dr. Luis Zambrano, subdirector de la Reserva del Pedregal de San Ángel de la UNAM, (REPSA),  el Dr. Rodrigo Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y en videoconferencia el Dr. Hugo Mattei de la Universidad de Turín en Italia y reconocido defensor del derecho humano al agua, la comunidad de los Pedregales, ratificó su demanda: la cancelación definitiva del proyecto y la expropiación del predio para desarrollar un proyecto que recupere el espacio para los habitantes de la zona, mantenga de forma sostenible el acuífero y se destine al bien común.

Con un recuento de los daños ocasionados desde que inició el proceso lleno de irregularidades en marzo de 2015,  cuando con un permiso de demolición realizaron la excavación completa del predio, previa tala de 160 árboles y desperdicio de millones de litros de agua limpia que arrojaron al drenaje, y que significó, según opinó el doctor Zambrano, el desperdicio de una cantidad similar al doble del agua que capta la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel en un año. “La propuesta de construir un dique de concreto alrededor del venero de agua es ilógico. El agua buscará salida” agregó el académico.

Hugo Mattei, desde Italia, ratificó el derecho humano al agua, por lo que debe impedirse, mediante la expropiación del predio, la privatización del manantial. El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero propuso como alternativa iniciar una “demanda colectiva” hacia la acción de gobierno.

Ante el desalojo con la presencia de la policía, maquinaria y la construcción de un nuevo tapial por parte de la empresa,  los vecinos que conforman la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán se concentraron frente al predio para tomar acuerdos sobre la posibilidad de realizar una “demanda colectiva” y continuar la defensa de su agua y su territorio.

El 24 de noviembre trascendió en medios de comunicación que SACMEX aprobó un proyecto presentado por la inmobiliaria Quiero Casa, al que denominaron Cantera, en el que plantean como solución “confinar” el brote de agua, con lo cual se reconoce que este existe, con un cinturón de concreto y membranas de polietileno, para que el agua busque sus causes naturales al filtrarse por gravedad nuevamente al suelo,  expresa la nota del periódico Excélsior. El proyecto presentado por la empresa fue aprobado, solicitándole además,  que “dote del vital líquido a los vecinos durante dos años” mediante la instalación de una planta potabilizadora.

A este dictamen agregan que el Instituto de Geología de la UNAM entregó  a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) otro estudio en el que se concluye que el agua aflorada no proviene de pozos de la zona, ni del acuífero inferior, sino que es agua de un “acuífero somero”.


Las empresas SAZMACJ, s.a. de c.v., Promociones Quiero Vivienda Mexicana S.A. y Promotora de Inversión con nombre comercial “QUIERO CASA”, pretenden la construcción de un complejo habitacional de 377 departamentos y 683 cajones de estacionamiento. Esto puede significar más de 30 mil metros cuadrados de construcción y una severa afectación a la vida de los habitantes de la zona en cuanto a movilidad, abasto de agua y contaminación.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/agua-territorio-al-mejor-postor-deciden-autoridades-la-cdmx-desalojan-planton-aztecas-215/

El despojo, vía para facilitar a empresarios obras en Edomex

TOLUCA, Edomex. (apro).- El despojo de tierras se ha convertido en una constante de los gobiernos federal, estatal y municipales en la entidad para facilitar a los empresarios la construcción y desarrollo de obras de infraestructura que ofrecen como públicas pero que en realidad son concesionadas.

En los últimos días, Chimalhuacán, San Pedro Tultepec y Valle de Bravo se han sumado a Atenco, Xochicuautla, Coyotepec, San Francisco Magú y Tecámac para garantizar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), autopistas operadas por Higa u OHL, el tren interurbano, Plazas Estado de México, Ciudades Bicentenario o complejos habitacionales.

Volar

El primer día de agosto Apro dejó de manifiesto que la construcción de la nueva terminal aérea no sólo ha provocado malestar del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en la zona de Atenco-Texcoco.

Dos centenas de ejidatarios de Chimalhuacán denunciaron el despojo de 450 hectáreas, a través de Irma Lorena Roa López, jefe de Departamento de Control y Validación Documental, y Mario Vázquez, quienes ofrecieron a los dueños “gratificaciones por cuidar los terrenos del gobierno” mediante un convenio de “no ocupar o desocupar”, a cambio del pago de entre 10 y 65 pesos por metro cuadrado.

Al firmar los convenios, los funcionarios solicitaron a los propietarios documentos originales de contratos de compraventa, inmatriculaciones, escrituras públicas, títulos primordiales de 1895, traslados de dominio, recibos de impuesto predial, contratos privados, etc. En caso de oponerse, amenazaron con el desalojo por parte de la Policía y el Ejército.

Los afectados promovieron denuncias penales y amparos que se encuentran en proceso, pero de los que dos ya fueron ganados, de tal manera que los Tribunales ordenaron a la Legislatura local reintegrar las tierras a sus legítimos propietarios –María del Rosario Zedillo Méndez y Rosa Jiménez Tenorio–, lo que ocurrió el 12 de julio pasado sin que, hasta ahora, les haya sido reintegrada físicamente su propiedad, conforme lo advirtió Juan Loreto González, representante legal de los afectados.

Por estos terrenos además cruza la autopista de OHL para comunicar la terminal aérea, pero tampoco han sido indemnizados sus dueños con la construcción de cuatro puentes peatonales, como se comprometió la firma española.

En tanto, Tomás Cruz, dirigente de la Coalición de Organizaciones Urbanas y Campesinas (Coduc) Chimalhuacán, alertó que al considerar que tiene perdida la batalla jurídica, el gobierno federal constituyó a Antorcha Campesina como grupo de choque, al asignarle, mediante el Diario Oficial de la Federación, 20 hectáreas de la zona afectada para construir una Universidad Politécnica y, el 21 de julio, 30 hectáreas más para un centro deportivo y 150 adicionales para un parque industrial.

Interurbanos

La Procuraduría General de Justicia de Estado de México (PGJEM) inició carpetas de investigación por el presunto despojo de 50 hectáreas del ejido de San Pedro Tultepec, en Lerma, en contra de nueve de sus defensores.

El ejido en disputa se ubica en una zona bien comunicada y con plusvalía al alza, entre la carretera México-Toluca (donde además se construyen las obras del interurbano), la Vialidad Las Torres y la estación del tren Lerma.

Paulino Osorio, representante del movimiento, denunció que detrás de las acusaciones están las empresas Hino Motors, Continental Motors, Chrysler y Chevrolet, la familia Abascal y la señora Carmen Ontiveros.

“Nosotros sólo somos trabajadores del campo que no tenemos las relaciones políticas que ellos tienen”, dijo.

Tras la Revolución, unos 298 pobladores fueron dotados con mil 936 hectáreas. En 2001, los ejidatarios ganaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el amparo 168, y el 4 de junio de 2011 les fue entregado legalmente el ejido.

“Tenemos resolución presidencial, plano definitivo, acta de posesión y deslinde de todo el territorio”, expuso.

No obstante, el 19 de diciembre pasado fueron enviados a azuzar a la comunidad cerca de 5 mil granaderos estatales. Tratándose de un tema agrario y federal, Osorio Montaño alertó que la PGJEM y el gobierno estatal carecen de facultades en la disputa.

Navegar

Sin mediar notificación ni indemnización, el pasado viernes dos familias de Valle de Bravo, propietarias de casi 3 mil metros cuadrados sobre la costera, en pleno centro de la cabecera municipal, fueron desalojadas con el pretexto de construir en sus tierras una Plaza Estado de México.

Los inmuebles fueron expropiados el 27 de junio –cuando se promulgó el decreto respectivo– por el gobernador priista Eruviel Ávila, en favor de la Secretaría de Cultura, encabezada por Eduardo Gasca Pliego.

La vivienda del señor Rodrigo Pérez Mainou fue demolida, en su ausencia, el día del desalojo; la segunda se dejó pendiente ante la necesidad de desalojar algunas lanchas ancladas en la pensión Villalpando –de la que dependen seis familias, algunas de origen mazahua– por concesión de Conagua.

Los terrenos expropiados se ubican en una zona de gran plusvalía. Una consulta de venta de terrenos en la zona costera con empresas como InmoMéxico o Inmuebles Metros Cúbicos reveló costos promedio de 150 mil dólares para propiedades de 500 metros cuadrados, mientras las casas se cotizan a partir de un millón de dólares, dependiendo de la ubicación en torno al lago, la extensión del terreno y el tipo de construcción.

Sara Sepúlveda, nuera de don Mario Villalpando, afirmó que su vivienda no es onerosa, y que el terreno le fue entregado a su suegro hace aproximadamente 40 años como pago por la empresa para la que trabajó.

“Nosotros tenemos una casita humilde, todo lo demás es terreno cubierto de vegetación y los lanceros donde guardamos las lanchas”, aclaró.

El artículo quinto de la Ley de Expropiación del Estado de México establece que “el pago de indemnización por expropiación de bienes inmuebles se basará en la cantidad que como valor fiscal o catastral figure en las oficinas catastrales o recaudadoras respectivas”.

El decreto expropiatorio afirma que el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México emitió los avalúos, y que la Secretaría de Cultura deberá cubrir la indemnización “en una sola exhibición en cheque certificado un mes después de publicado” a quien acredite tener derecho.

El documento incumple el artículo 11, fracción V, de la Ley de Expropiación de la entidad que obliga a especificar “el monto”.

En entrevista, Sepúlveda sostiene que desconocen los términos del avalúo realizado por la dependencia y rechaza que hayan recibido cheque alguno para indemnizarlos; incluso afirma que cuando se pretendió demoler su vivienda jamás les comunicaron una sola palabra sobre la indemnización.

De hecho, advierte que ni siquiera fueron notificados, lo que violentaría el artículo séptimo del propio decreto, que obliga a notificarlo “a quien o quienes tengan derecho, en términos del artículo 12 de la Ley de Expropiación para el Estado de México”.

También se violenta el artículo 14 de la Ley de Expropiación, en la que se dispone: “Después de cinco días de notificada la declaratoria, se citará personalmente al propietario o poseedor afectado y al solicitante, indicándoles el día y la hora en que se será (sic) dentro de los cinco días siguientes, en que se llevará a cabo la diligencia de posesión, la cual se realizará indefectiblemente”.

Mario Villalpando, de 87 años, quien según su nuera “ya padece demencia senil, no entiende bien lo que se le dice y confunde las cosas”, firmó el pasado viernes su acuerdo con el decreto expropiatorio luego se vio rodeado por una docena de elementos policiacos que irrumpieron en su casa.

El decreto entró en vigor el mismo día de su publicación. La mayoría de las reformas en la entidad operan a partir del día siguiente.

El resultando primero admite que el “secretario de Cultura del Estado de México, con oficio 228A00000/076/16, del 4 de abril de 2016, solicitó al Titular del Poder Ejecutivo, la expropiación”.

Eduardo Gasca, secretario de Cultura de la entidad, fue cliente de la marina de los Villalpando desde finales de 2013 hasta principios de 2015.

Apenas este jueves 4, pobladores inconformes realizaron una marcha en contra de la decisión, pues consideran que el proyecto atenta contra la ecología (la zona se encuentra considerada por el propio decreto como Área Natural Protegida de jurisdicción federal, denominada Área de Protección de Recursos Naturales Zona Protectora Forestal), la imagen urbana del pueblo (es rústica y el proyecto prevé encementar el área) y peor aún porque no fueron consultados.

El sábado 23 de julio fueron convocados por la empresa Infraestructura Social, contratada por la Secretaría de Infraestructura, para acudir a un “taller gratuito de participación ciudadana para la recuperación de espacios públicos”, en el que los asistentes aclararon que tenían necesidades distintas a las mejoras del embarcadero, y donde se les prometió no afectar a terceros.

“Hay otras necesidades más apremiantes en Valle y así se los hicimos saber… no veíamos necesidad de mejorar ese espacio olvidado, como dijeron ellos”, refirió Carmina Navarrete, una de las vecinas.

El embarcadero, dijo, ya está rebasado, es caótico y se requiere descargar el tráfico, por lo que durante ese encuentro los pobladores sugirieron como alternativa invertir en el desarrollo de San Antonio, ubicado al otro lado de la costera, para crear otro puerto.

Política de despojo

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) tiene documentados al menos otros cinco grandes despojos en la entidad, actualmente en litigio:

San Salvador Atenco –también por el NAICM–; Xochicuautla –donde Higa construye la autopista Toluca-Naucalpan); Coyotepec –el agua pretende municipalizarse para llevarla a una Ciudad Bicentenario–; San Francisco Magú –donde se quiere imponer el proyecto inmobiliario “Bosques del Paraíso” de la empresa Merket Construcciones SA de CV sobre el bosque y agua de la comunidad–, y Tecámac, cuya agua potable será destinada a la Ciudad Bicentenario.

José Antonio Lara, representante legal de organismo, alertó que “no son casos aislados; hay una política integral de despojo de tierras, territorio y recursos naturales, implementada por el gobierno estatal en favor de grandes empresas nacionales y extranjeras”.

Fuente: Proceso

Autora: Veneranda Mendoza

http://www.proceso.com.mx/450034/despojo-via-facilitar-a-empresarios-obras-en-edomex

En proyecto, un gigantesco despojo en tierras contiguas al futuro aeropuerto

Como “un verdadero robo a la nación” define José Luis Luege, exdirector general de la Comisión Nacional del Agua, un “regalo” que el gobierno de Enrique Peña Nieto planea dar a la organización Antorcha Campesina: dos millones de metros cuadrados de terrenos federales para la construcción de un parque industrial, aledaños a lo que será el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La historia suena ya conocida, como en el caso de San Salvador Atenco en 2006: Un intento de despojo a los propietarios de tierras y una plusvalía que se irá a los cielos cuando se construya la terminal aérea.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Una nueva historia de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto está en curso: El “regalo” de dos millones de metros cuadrados de terrenos federales a la organización priista Antorcha Campesina para construir un parque industrial vecino al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), la mayor obra del sexenio, un plan instrumentado por el subsecretario de Gobernación Luis Miranda Nava.

“¡Esto es un verdadero robo a la nación!”, define José Luis Luege, exdirector general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sobre la construcción del parque industrial en Chimalhuacán, Estado de México, un proyecto que, en 2011, a él le presentó el propio Miranda Nava, secretario de Gobierno del entones gobernador Peña Nieto.

Era el último año del sexenio de Peña como gobernador y Miranda Nava le pidió a Luege una cita para, junto con el entonces alcalde antorchista de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, y varios arquitectos, obtener su aval para construir un parque industrial en terrenos conocidos como Los Tlateles.

“El proyecto, para hacerlo sencillo, era la continuación de la urbanización de Chimalhuacán: Prolongar las mismas avenidas hacia la zona federal y urbanizar para el parque industrial parte de Los Tlateles, aparentemente las 200 hectáreas”, recuerda Luege, quien afirma que él rechazó el proyecto.

“Me insistieron mucho y yo les decía que ese proyecto no era viable”, recuerda Luege, quien les dijo a los miembros del grupo que era un área natural protegida destinada al parque estatal “Gerardo Cruickshank García”, según lo publicado por el gobernador Arturo Montiel en la Gaceta oficial del Estado de México, el 4 de julio de 2001.

–¿Y qué argumentaban para defender el proyecto?

–Generar empleos. Siempre ha sido su argumento: que la gente de esa zona está pobre y que la economía está muy deprimida, y que este plan era una forma de generar empleos. Yo les dije: Se pueden generar empleos de otra forma.

Por eso la contrapropuesta de Luege fue que, en lugar de un parque industrial, se creara conjuntamente un parque ecológico en el vaso del exlago de Texcoco, que generaría empleos en la zona de Chimalhuacán.

Fuente: Proceso

Autor: Álvaro Delgado

http://www.proceso.com.mx/450084/en-proyecto-gigantesco-despojo-en-tierras-contiguas-al-aeropuerto