AMLO pide no culpar al Ejército de acciones indebidas, que avergüenzan y manchan a México

“Fueron ordenadas por las autoridades civiles” asegura el presidente, sin referirse directamente a la matanza del 68 o el Halconazo, durante la conmemoración del Día del Ejército Mexicano.

Ante las críticas que ha recibido su gobierno por la creación de la Guardia Nacional y el uso de las fuerzas armadas en labores que corresponden a autoridades civiles, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no culpar al Ejército Mexicano “de acciones indebidas” que avergüenzan y manchan la historia de México.

Exigen investigación internacional sobre crímenes “atroces” cometidos al amparo del poder en México

Organizaciones de derechos humanos demandaron la intervención internacional para que se investiguen casos de “crímenes atroces” cometidos por la delincuencia organizada con la presunta protección de autoridades municipales o estatales.

En México parece haber un patrón en el que crímenes perpetrados por los cárteles de la droga se han cometido en colusión con funcionarios corruptos, señala el informe “Corrupción que mata”, elaborado por un grupo de organizaciones no gubernamentales con el patrocinio de Open Society Justice Iniciative, un programa de la fundación Open Society.

En Nochixtlán, crimen de lesa humanidad, acusan víctimas

Víctimas de Nochixtlán y sus familiares consideran que la Procuraduría General de la República (PGR) ha infravalorado el caso y ha pretendido transformar una tragedia colectiva, en la que los agentes del Estado tuvieron responsabilidad, en una serie de delitos comunes.

El 19 de enero se cumplirán siete meses del desalojo de protestas de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sus simpatizantes, en el que participaron policías estatales y federales y que terminó en represión con diez muertos y un centenar de heridos en ese poblado de Oaxaca. Y hasta ahora no ha habido ningún avance en la investigación, sólo promesas, dice Juana Ramón Solís, presidenta del Comité de Víctimas de Nochixtlán.

Un grupo de víctimas y familiares, acompañados por abogados y el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, entregaron ayer en la PGR una petición dirigida al procurador Raúl Cervantes. Le exigen que la investigación se haga a partir del reconocimiento de que ellos son víctimas de un crimen de lesa humanidad.

Queremos volver a creer en las instituciones, aunque hasta ahora dejan mucho qué desear, dijo Solís tras entregar el documento en una ventanilla. Exigimos a la PGR que cumpla con la función para la que fue creada.

El texto dirigido al procurador, con más de 80 firmas, dice: Venimos a exigir que se nos reconozca el carácter de víctimas de un crimen de lesa humanidad, como consecuencia del ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil de Asunción Nochixtlán, derivado de un operativo pajeado y ejecutado por funcionarios como el ex gobernador oaxaqueño Gabino Cué, el ex comisionado de la Policía Federal, Francisco Galindo Ceballos, y 850 policías federales y estatales.

Exigimos que se reconduzca la investigación con apego a los principios constitucionales del sistema acusatorio adversarial y que la PGR adopte criterios de autonomía e independencia para investigar.

El objetivo de que se reconozca esta calidad, señaló Francisco Acevedo Castro, uno de los abogados del grupo, es que tanto las víctimas directas como indirectas de los hechos de Nochixtlán tengan acceso a un debido procedimiento de investigación, que puedan estar representados por asesores jurídicos y que se les garantice que se aplicarán los convenios y tratados internacionales aplicables al caso.

Hizo énfasis en que no están buscando indeminzaciones económicas, sino que se cumpla con la ley, según los estándares internacionales, y se dé con los responsables.

Fuente: La Jornada

Autor: Arturo Sánchez Jiménez

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/14/politica/011n1pol

Cinco crímenes sobre el presidenciable Osorio Chong

Se han convertido en su herencia. Los crímenes de Estado de la era Peña Nieto le han caído como una loza de granito al flamante presidenciable, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y tal vez se conviertan en su pase a semifinales.

Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato, Apatzingán y Nochixtlán perseguirán el resto de sus días a Osorio Chong y serán un elemento definitorio para sacrificarlo en la carrera por la candidatura priísta a la Presidencia.

Así de claro. Osorio Chong no pudo o sencillamente no quiso resolver o mínimamente permitir a las víctimas tener acceso a la justicia. Despreció y violentó sus propias leyes e incluso la Constitución.

Los cinco crímenes de Estado siguen impunes: dos con participación directa del Ejército mexicano y los últimos tres con la actuación criminal de la Policía Federal. Ningún agente del Estado ha sido castigado por la barbarie de ejecutar arbitrariamente a civiles. Así lo ha decidido el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, y su equipo más cercano de colaboradores, encargados a la tarea de ir tapando los horrendos crímenes de militares y policías.

Y es que el señor Osorio Chong nos ha dejado claro que las Fuerzas Armadas tienen licencia para ejecutar, torturar y desaparecer, al igual que la Policía Federal una entidad paramilitar que igual encabeza la industria del secuestro como matanzas, estilo Tanhuato o Nochixtlán.

Hagamos un recuento de los crímenes para ver las cinco lozas de granito que perseguirán a Osorio Chong el resto de sus días. He cubierto los cinco crímenes de Estado y tengo conocimiento de primera mano sobre estos hechos.

Empecemos con Tlatlaya, la matanza de 22 personas cometida por militares en ese lugar del Estado de México el 30 de junio de 2014, sigue impune. El pasado 30 de noviembre, el Supremo Tribunal Militar determinó la absolución de los militares asesinos y sólo condenó a un año de prisión a un militar de bajo rango por el delito de “desobediencia”.

Ya saben ustedes que los militares no pueden ser juzgados por las leyes civiles, por eso las violan constantemente. Ellos están por encima de la Constitución. Son unos privilegiados, ciudadanos “especiales” porque pueden cometer todo tipo de crímenes y casi siempre quedarán impunes.

En el caso Tlatalaya, Clara Gymez González, una de las sobrevivientes de la matanza solicitó al tribunal militar que le reconocieran su calidad de víctima y así tener acceso al proceso castrense contra los militares. ¿Y qué creen que le contestó el tribunal militar? Pues obviamente que no. A ellos no les importan las víctimas, solo los verdugos vestidos de verde oliva, para protegerlos.

Continuemos con nuestro recuento de los cinco crímenes que perseguirán a Osorio Chong por haberse encargado de darles “carpetazo”, falso, pero al fin carpetazo.

El caso Ayotzinapa sigue impune y estancado. Osorio Chong ha sido partícipe de esta impunidad gracias a la protección que el Estado brindó a los militares implicados. El gobierno de Peña Nieto nunca permitió que se les interrogara. Y para colmo decidieron ascender al militar encargado de Ayotzinapa durante la desaparición de los 43 estudiantes, el general Alejandro Saavedra Hernández.

En el caso Tanhuato, Osorio Chong también se encargó de proteger a los policías federales que cometieron la matanza de 42 personas en el rancho “El Sol” en Tanhuato, Michoacán. Hasta la parcial Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha reconocido que se trató de una masacre por “venganza” de los federales, pero Osorio Chong junto a la (CEAV) se empeñan en darle carpetazo al asunto sin permitir que las víctimas accedan a la justicia y la reparación.

En Apatzingán es la misma historia. Los federales que participaron en lo que fue calificado como una “carnicería” por los sobrevivientes el 6 de enero de 2015 cuando un grupo de personas participaban en un plantón afuera del Palacio Municipal y la Policía Federal inició una balacera a las 2:30 de la madrugada. El Estado se ha encargado de tapar los crímenes cometidos por los policías federales, desde ejecuciones arbitrarias, tortura y hasta desapariciones. Los responsables siguen libres e impunes gracias a la protección del gobierno.

Y lo mismo sucede con el último crimen de Estado, Nochixtlán en donde elementos de la Policía Federal y la Gendarmería de Oaxaca se encargaron de masacrar a seis personas mientras participaban en un bloque carretero en protesta por la reforma educativa el pasado 19 de junio.

Osorio Chong y su equipo de colaboradores cercanos se han encargado de proteger a los agentes del Estado. Todo antes de hacer justicia. Para empezar, ni siquiera existe una averiguación previa gracias a que la PGR en coordinación con la Secretaría de Gobernación se ha encargado de criminalizar a los sobrevivientes y víctimas.

Es evidente que la Secretaría de Gobernación con Osorio Chong se ha convertido en una especie de Gestapo, una institución dispuesta a operar por la libre para garantizar la impunidad de las fuerzas del Estado.

Mientras el poderoso general Salvador Cienfuegos Zepeda quiere regular con un marco legal que les garantice la impunidad total y eterna a los militares, Osorio Chong prefiere seguir como estamos, total, las Fuerzas Armadas ya tienen licencia para cometer todo tipo de fechorías sin que la ley civil los alcance. En la práctica, ese marco supralegal ya existe, no hay necesidad de más leyes.

Pero los dueños de México, es decir, los ricos y millonarios señores de la Confederación Patronal de la República Mexicana, los señores de la Coparme que ponen presidentes de la Nación, quieren su Ley de Seguridad Interior al igual que el supremo todopoderoso general Cienfuegos. Acostumbrados a las Guardias Blancas o a los paramilitares, los empresarios no escatiman en presiones a Osorio Chong. Pero igualmente. ¿Para qué quieren una Ley de Seguridad Interna si en la practica ya son la Ley por encima de la Ley”.

Finalmente, Osorio Chong lo que busca es su pase a la semifinal para convertirse en el tapado del PRI, aunque Carlos Salinas de Gortari ya tenga su tapada en Claudia Ruiz Massieu. Difícil lo tiene el Secretario de Gobernación, a quien la era peñista lo ha puesto a hacer el trabajo más sucio e indigno.

Claro, no se puede meter debajo de la alfombra a tanta víctima, tanta violencia institucional, tanta barbarie. Y menos borrar de un plumazo, cinco crímenes de Estado, aunque así lo siga intentando desde su puesto de Gran Hermano de nuestra República Bananera, el Secretario de Gobernación y dizque presidenciable Miguel Ángel Osorio Chong.

¿A quién le ven más futuro? ¿A la llamada Lady Guacamole, Claudia Ruiz Massieu por el simple hecho de ser pariente de Salinas de Gortari o a Osorio Chong por esconder la podredumbre y los crímenes de Estado?

¡Hagan sus apuestas!

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-12-2016/3124713

Ejército “ordenó, orquestó y organizó” la noche en la que desaparecieron los 43: Anabel Hernández

“De acuerdo a los propios peritajes de balística que yo tengo en mi poder, disparó también el Ejército y hay cartuchos de la fábrica de cartuchos de la Sedena, entre los cartuchos encontrados en las escenas del crimen".

La periodista Anabel Hernández expuso en Aristegui CNN su nuevo libro “La verdadera noche de Iguala“, resultado de dos años de investigación.

“Lo que me he encontrado es una historia que no ha sido contada por nadie. Para mucha gente ya es un caso olvidado, aislado, yo lo traigo de regreso y lo pongo sobre la mesa porque es un retrato fiel de lo que es nuestro gobierno, es un retrato fiel de lo que somos como mexicanos”, indicó.

“Yo no creo que quien pase por estas casi 400 páginas del libro, al final no se sienta identificado con uno u otro personaje: un normalista desaparecido esa terrible noche; uno de los sobrevivientes; uno de los valientes vecinos que abrió las puertas para refugiar a estos muchachos… los torturadores, los marinos, los policías federales, los policías ministeriales, el procurador Jesús Murillo Karam, quien por órdenes presidenciales se dedicó a ocultar la verdad durante el tiempo que estuvo en el cargo; Arely Gómez, que entra y toma el cargo en una situación bastante incómoda con una investigación mal hecha desde el principio…

“O la gente puede identificarse con los vecinos atemorizados, que escucharon esa terrible noche a los muchachos tocando la puerta, suplicando que les abrieran para no ser masacrados y hoy viven con un gran remordimiento, y son los que empiezan a reconstruir la historia y los que narran quiénes estaban en la historia, cómo los persiguieron, cómo los balacearon.

“No hay un personaje en este libro donde no retrate exactamente lo que somos como sociedad. Y la gente tendrá que decidir qué quiere ser”, aseguró la reportera.

Apuntó que en la PGR con Arely Gómez al mando y el visitador César Amador Chávez Flores, ordenaron una investigación de la indagatoria que se había realizado hasta ese momento.

“Me encontré con un montón de verdades que la PGR estaba ocultando”, señaló.

Por ejemplo, detalló, que los estudiantes fueron monitoreados desde que salieron de la Normal de Ayotzinapa; que la Policía Federal estuvo ahí vigilándolos; el nombre del capitán José Martínez Crespo que esa noche estuvo circulando por toda la ciudad; además de presuntas torturas referidas en dictámenes médicos; que a quienes se les achaca el homicidio y cremación de estudiantes en el basurero son 4 albañiles; y cómo en el expediente de José Luis Abarca y su esposa, no había un caso sólido contra ellos.

“Paralelo a la investigación que tiene sus propias conclusiones, a punto de terminar el libro, me encuentro con dos documentos claves que revelan que mi investigación ha sido absolutamente correcta y atinada”, contó Hernández. Dicha auditoría comenzó en mayo 2016 y terminó en septiembre 2016; la encabezó el visitador general de la PGR y el resultado de ésta “le costó el cargo”, dijo.

En la investigación de la visitaduría de PGR, “la orden final que se da en esta auditoría es: investiguen al Ejército sobre lo que pasó esa noche. Investiguen al capitán José Martínez Crespo, que esa noche salió en un escuadrón de más de 14 personas, investíguenlo por vínculos con el crimen organizado. No ocurrió. Estos documentos que han sido escondidos por órdenes presidenciales”.

“Pero no sólo se involucra a Tomás Zerón, al Ministerio Público, al capitán Crespo, involucra a centenas de funcionarios públicos, porque violaron derechos humanos, torturaron e incluso cometieron delitos sexuales para fabricar la verdad histórica”, sostuvo.

“Mi investigación se enfoca en que fue el Ejército principalmente el que actúa esa noche, el que ordenó, el que orquestó, el que organizó, el que coordinó a las demás dependencias para atacar esos camiones y detener a los estudiantes”, precisó.

Esa noche, los normalistas, por accidente, sin saberlo, viajaban en al menos dos autobuses que tenían un cargamento de heroína de un valor de 2 millones de dólares.

“El entonces capo que tenía control de la región, que no es ninguno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, se entera de esta situación y de acuerdo con la información que he recibido, él directamente habla con los mandos militares del 27 Batallón de Infantería, que supuestamente estaban bajo su nómina, y les ordena ir a recuperar los camiones porque en eso les iba la vida”, aseveró la periodista.

Es entonces cuando los militares, “quienes tenían control de la ciudad y el mando sobre las demás corporaciones que estaban ahí”, desatan este operativo.

Otra revelación la apunta Hernández:

“De acuerdo a los propios peritajes de balística que yo tengo en mi poder, disparó también el Ejército y hay cartuchos de la fábrica de cartuchos de la Sedena, entre los cartuchos encontrados en las escenas del crimen, tanto del camino a Santa Teresa, donde fueron atacados en el camión Los Avispones, tanto en la calle Juan N. Álvarez”.

Solicitudes de información a la Sedena corroboran que el calibre G-3, que usó el Ejército esa noche, “al menos 19 cartuchos pertenecían al arma G-3… nadie puede adquirir esos cartuchos, sólo los usa el Ejército”.

“El capo ordena a los mandos militares del 27 Batallón la operación para detener a los autobuses. Supuestamente no había intención de dañar a los estudiantes, el capo sabía que eran estudiantes, lo único que quería era recuperar su mercancía”, comentó.

-¿Hablaste con el cártel que controla Iguala?-, le preguntó Carmen Aristegui.

“Tuve contacto directo con esta informantes de esta organización criminal… me dicen que es una cuestión de control de plaza…”, respondió.

-¿Por qué la agresividad?

“La única intención era parar los autobuses a como diera lugar, bajar a los estudiantes y recuperar la droga. En esa recuperación de la droga de estos dos camiones algunos estudiantes se dan cuenta de que lo que están tratando de recuperar las autoridades es droga. Y en ese momento es cuando súbitamente surge la orden de desaparición, no antes de ese momento, fue supuestamente porque los estudiantes vieron que estaban sacando la droga de los camiones, que dijeron no puede haber testigos, no fue la orden supuestamente del capo, el capo se molestó bastante porque le arruinó el negocio, le arruinó la plaza”.

En su investigación, Hernádez encuentra tres últimas rutas a donde habrían sido llevados los 43:

-La carretera Iguala-Ciudad Altamirano, donde hay quienes dicen que bajaron de un “camión de redilas a algunos de los estudiantes”.

-Otro punto donde son vistas patrullas a alta velocidad que van rumbo a Huitzuco.

-Y camionetas blancas de la policía ministerial, no se sabe si de Guerrero o de la PGR, llevaban cuerpos sin vida a las 5 de la mañana, rumbo a Taxco, el 27 de septiembre.


“Esta es la historia que el gobierno no ha contado, esta es la historia que yo cuento en La Verdadera Noche de Iguala, basada en documentos, cientos de testimonios y miles y miles de fojas, peritajes, y demás información a la que tuve acceso”, finalizó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2811/mexico/ejercito-ordeno-orquesto-y-organizo-la-noche-en-la-que-desaparecieron-los-43-anabel-hernandez-en-cnn/

A diez años de la masacre en Viejo Velasco, exigen esclarecimiento

Miembros de comunidades en Chiapas realizaron una peregrinación en Palenque para exigir justicia y el esclarecimiento de la masacre sucedida en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, la madrugada del 13 de noviembre del 2006.

Explicaron que la masacre fue perpetrada por 40 civiles Sub-comuneros de Nueva Palestina y de la comunidad Lacandona, acompañados por un grupo de 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas, entre otros funcionarios con armas de alto calibre.

El saldo de la matanza fue de al menos tres personas muertas y cuatro desaparecidas, todas ellas indígenas Ch’oles y Tseltales que vivían en Viejo Velasco.

Un día después, la policía estatal detuvo a los voluntarios que auxiliaron a las víctimas de la masacre. Entre ellos estaba Diego Arcos Meneses, quien pasó un año en el reclusorio, acusado de homicidio calificado, y giraron órdenes de aprehensión para Juan Peñate, Antonio Álvarez, Domingo Álvaro y Alejandro Álvaro, todos de la comunidad Nuevo Tila.

Ocho meses después de la Masacre, en junio de 2007, se encontró una osamenta junto con una soga y restos de ropa en el camino de viejo Velasco a Paraíso, cubierta de vegetación. El Ministerio Público se hizo cargo de recoger los huesos, a los que “trataron como animales”. Los dos restos los pusieron en una sola manta y se los llevaron, negándonos el derecho de saber la verdad durante cuatro años.

Desde los primeros días de cometida la Masacre, las víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar Medidas Cautelares con las cuales el Estado mexicano buscara a los desaparecidos, así como para garantizar la protección de todas las personas afectadas en los hechos.

“Desde ese momento hasta hoy, a diez años, no hemos tenido resultado alguno”, lamentaron. En el 2010, la CIDH elevó las medidas cautelares a demanda formal en contra del gobierno mexicano, que ahora debe responder sobre su responsabilidad.


Ante esto, exigieron el esclarecimiento de la masacre sucedida en la comunidad Viejo Velasco, la Investigación y castigo a los responsables intelectuales y materiales y el alto al hostigamiento de los familiares y sobrevivientes del caso por parte de la Procuraduría de Justicia de Chiapas.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/diez-anos-la-masacre-viejo-velasco-exigen-esclarecimiento/

Los esqueletos de Peña

CIUDAD DE MÉXICO: ¿Cuántos esqueletos caben en el armario de un presidente de la República? ¿Cuántos se pueden encubrir desde la Agencia de Investigación Criminal de la PGR? O ¿Cuántos en los estantes toluqueños desde la Dirección de Inteligencia y de Investigación de la Procuraduría del Estado de México?

La certeza no la tenemos pero podemos mencionar algunos cadáveres como el de la pequeña Paulette Gebara que conmocionó al país con su desaparición  en 2010 y sorprendió aún más cuando, haciendo uso de toda su inteligencia, el encargado de Investigación y Análisis de la Procuraduría estatal, Tomás Zerón dio con la pequeña “debajo de su camita”.

¿Cuántos cadáveres se podrán esconder cuando se tiene a su cargo la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y la oficina de la Interpol en México? Direcciones poderosas que controlaba Tomás Zerón desde la AIC de PGR. Son sólo preguntas.

Del número de cadáveres nunca tendremos certeza pero podemos suponer que  Zerón sabe mucho más de lo que apareció en un video del 28 de octubre de 2014 tomado en el río San Juan y a partir del cual nos enteramos (casi dos años después), que ese día se descubrieron “entre cuatro y ocho bolsas” negras con restos óseos y cenizas, presuntamente, de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos.

También supimos que fue hasta el día siguiente, el 29 de octubre de 2014 que “un buzo de la Marina” descubrió “una bolsa” con restos óseos y que posteriormente, se diría, pertenecían a Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos.

De ésos restos debe saber mucho más Zerón. ¿Cuántos kilos de ceniza humana se podrán esconder o diseminar en armarios gubernamentales? Nada de esto sabemos pero algo sí intuimos, el valor del escondrijo es mucho. Quizá por eso, en lugar de despedir a Tomás Zerón de la PGR, como demandaban los padres de los 43 desaparecidos, le dieron un cargo de mayor poder, el de secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.

Los esqueletos de un sexenio bien valen una protección a ultranza. Enrique Peña Nieto pareció dar a los leones locales e internacionales la cabeza de Tomás Zerón. A dos años del irresuelto e indignante caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, algo se tenía que hacer para calmar los ánimos.

Pero no sólo Tomás Zerón sale del reflector y la crítica nacional e internacional, el propio Ejército sigue intocado. Son pocos los que consideran que esté exento, si no de culpas, por lo menos de ocultamiento de información.

El 5 de octubre de 2015, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, recibió en su búnker a los diputados miembros de la segunda comisión especial para el caso Ayotzinapa. En ese momento la presión internacional y la tambaleante “verdad histórica” sobre la quema de los 43 estudiantes había sido puesta en duda el 6 de septiembre cuando el especialista José Torero dijo que era imposible una quema de tal magnitud, al aire libre y sin determinado número de aceleradores de fuego.

Ya un año antes, en noviembre de 2014, el propio general Cienfuegos había soltado la duda en la reunión que tuvo con la primera comisión de investigación de la Cámara de Diputados y donde les reveló que esa noche y madrugada, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, hubo una lluvia pertinaz que hacía casi imposible mantener un fuego vivo.

El 5 de octubre de 2015, Cienfuegos ofreció a la segunda comisión despejar dudas y para ello se comprometió a abrir las puertas del 27 Batallón de Infanteria con sede en Iguala, para que los diputados se convencieran de que ahí, no se escondían esqueletos.

La imprudencia del general Cienfuegos enfureció al titular de la Secretaría de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien a partir de febrero de 2016 empezó a hurgar un plan para echar abajo la apertura de los cuarteles. Y lo logró. Utilizó en la Cámara de Diputados a sus aliados del PVEM, porque el PRI, a través de su diputado Víctor Manueol Silva Tejeda, no consiguió articular estrategia eficaz.

Por ejemplo, el 15 de enero de 2016, mediante oficio, el diputado priista y su asesor insistían en que se daría la reunión en el 27 Batallón pero exigían “secrecía”, “ausencia de miembros del GIEI” y “sin asesores”. Además aclaró que toda la logística tendría que ser aún validada  por el propio Ejército. Esto último dejaba entrever sus deseos de cancelar la reunión en el Batallón de Infantería, pero todo era velado.

La tibieza del PRI hartó a Gobernación, que envió el 3 de febrero al PVEM a “reventar” la reunión y pedir la cancelación del encuentro. Lo logró. El PRI, Panal y PES se sumaron a su demanda y con el voto ponderado en la comisión especial de Ayotzinapa mayoritearon a la oposición.

Así es que, a dos años de que se cumpla la atroz e indignante desaparición forzada de los 43 estudiantes, Peña Nieto sigue encubriendo a Tomás Zerón, quien llevó las indagaciones y fue clave en el armado de “la verdad histórica”, pero también a todos los miembros del Ejército que estuvieron el día de los hechos en contacto con los jóvenes, que supieron lo que estaba ocurriendo e incluso encubre al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al titular del Cisen, Eugenio Imaz, quienes reconocieron que al momento del ataque contra los jóvenes y aún antes de que los desaparecieran, cenaban plácidamente esperando más reportes “de un enfrentamiento entre estudiantes y policías de Iguala”.

La omisión también te hace cómplice de los esqueletos que se puedan guardar en los armarios de un sexenio.


Si las frivolidades de los medios de comunicación continúan y desoyen a las víctimas también ellos serán cómplices de “los cadáveres” que caben en un sexenio, pero también de los esqueletos que se esconden en las fosas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/455382/los-esqueletos-pena

Normalista Julio César Mondragón fue desollado por la fauna y murió por golpe en la cabeza

Julio César Mondragón, uno de los normalistas asesinados en Iguala en 2014, murió por un traumatismo cráneo encefálico y fue desollado por la fauna del lugar en donde fue asesinado, concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Durante la presentación de un informe sobre los hechos de Iguala del 27 de septiembre de 2014, José Larrieta Carasco, titular de la oficina especial de la CNDH para el caso, detalló que Julio César fue víctima de tortura física, “golpeado brutalmente con saña y crueldad” tanto por integrantes del crimen organizado como por servidores públicos, en este caso policías municipales.
Según este nuevo informe, el joven no murió por un disparo en el rostro como dijo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) en su informe.

La CNDH detalló que el normalista fue sometido por más de una persona, provocándole traumatismos en cara, tórax y abdomen. En su muerte participaron al menos 11 personas miembros de Guerreros Unidos y la policía de Iguala, según la Comisión.

Sobre el presunto desollamiento de su rostro, la CNDH determinó que ésta no fue realizada por alguna arma blanca previo a la muerte, sino por fauna del lugar, como perros y roedores, pues no hay indicios de un desprendimiento intencional.

Larrieta Carrasco expuso que el normalista presentaba fractura en 13 de los 14 huesos de la cara, además de diversos traumatismos y presencia de sangre, lo que atrajo a la fauna del lugar. La pérdida del ojo izquierdo también se dio después de la muerte.

Señaló que el cuerpo de Julio César fue abandonado en el lugar en que fue asesinado, un paraje solitario, de poco tránsito de personas y vehículos pero con abundante fauna nociva, maleza y basura.

La Comisión denunció que la exposición de la foto del cadáver del joven fue un acto revictimizante para sus familiares, igual que la versión de que la víctima estaba relacionada con el crimen y por ello fue desollado, lo que dijo la CNDH “no tiene sustento”.

El informe también señala que la PGR tardó tres meses en dar a conocer a los familiares los resultados de las pruebas de ADN para la identificación de Julio César, lo que provocó que su cuerpo permaneciera durante tres meses en el Semefo de la Procuraduría.

La CNDH pidió a la Fiscalía de Guerrero investigar el destino de la vestimenta de Julio César Mondragón al morir, pues no existe constancia de haber sido asegurada. A la PGR se le solicitó que indague nuevamente los actos de tortura a los que fue sometido el joven; mientras que a  la Comisión de Victimas que brinde especial atención a la familia del normalista.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/informe-cndh-sobre-la-muerte-del-normalista-en-iguala/

De Nochixtlán a Bagdad y a Dallas: ¿cuándo se van a dar cuenta?

Es un sistema basado en la fuerza de las armas y del engaño, que cierra todas las vías de solución, que no aguanta más. A las víctimas se les caen las vendas y los miedos. Se abre una furia capaz de demoler las mayores construcciones físicas y simbólicas del ser humano. Y quienes ahora se benefician del estado de las cosas, también se arriesgan a ser perjudicados.

Cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en 1994, muchos de quienes rechazaban sus métodos tuvieron que reconocer que los insurgentes tenían plena razón en sus motivos. “¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo?”, planteó el EZLN en un poema que puso en claro dónde estaban parados los bandos y en qué sitio peleaba la justicia.

Hoy, en Estados Unidos, el movimiento Black Lives Matter (las vidas de los negros importan) es criticado por favorecer acciones directas que rayan en la violencia, y ponen nerviosos a muchos que están de acuerdo con el contenido pero no con las tácticas. Como Marcos en 1994, hoy la poeta Sarah O’Neal les responde –con la ventaja de las tecnologías de 2016- con un poder argumentativo similar: “Pídannos que seamos educados, que mantengamos la calma, que expresemos nuestro duelo con respeto mientras los cuerpos de nuestros hermanos son tendidos en las calles, sonando la alarma. Nuestros cuerpos son amenazas incluso antes de ser humanos y ustedes todavía quieren saber cuál es la fuente de nuestra ira”.

Los están matando. Cuando los agentes de policía se sienten libres de disparar contra un negro -o un latino-, y el sistema los exonera a pesar de que todo el mundo –casi literalmente- ha atestiguado en video que cometieron un asesinato, o varios, ¿cómo se les puede pedir que caminen por la senda institucional, que esperen por años una justicia que -se sabe- les será negada?

Cuidado con el video que pongo aquí abajo. Es muy duro. Y la policía lo quiso ocultar.

Now let’s see how these pigs defend this. RIP #AltonSerling #BLACKLIVESMATTER pic.twitter.com/35SIWwTruJ

— R. Blanco (@illygirlBreA) 6 de julio de 2016

Un hombre negro de 25 años, Micah X. Johnson, no pudo más con eso. No lo pudo soportar. Se puso a matar policías blancos. ¿Cuesta entenderlo? Si denuncian los métodos agresivos de Black Lives Matter (con los que no estoy de acuerdo, quiero aclarar, pero, ¿cómo no comprender de dónde sale esa ira?), entiendan que lo del jueves en Dallas no será el último incidente y que probablemente se convertirá en algo común. Porque el sistema no responde por las buenas.

A los familiares de los 43 desaparecidos los han tenido sentados a la mesa durante ya casi dos años. Con promesas. Promesas e hipocresía. Promesas e hipocresía y cinismo. Promesas e hipocresía y cinismo y burlas. Les dijeron que ésa era la ruta buena. Ellos, como el 27 de septiembre de 2014, el 27 de enero de 2015, el 5 de septiembre de 2015, el 30 de abril de 2016, se preguntan dónde estarán sus hijos, en qué condiciones, ¿los estarán lastimando mucho?, ¿será demasiado tarde?

Promesas e hipocresía y cinismo y burlas. Y engaños, insultos, politiquería del nivel más bajo, golpes, intentos de criminalizarlos. Eso es lo que les han dado. Mientras el México malo y el México bueno coinciden en señalar que sería un grave error que se fueran por el camino malo, por el de la guerrilla, por el de la violencia.

Empujados a la última opción 

Perdónenme por poner frente a ustedes mis credenciales. Ocurre que conozco la guerra más que el común de la gente en México. Siria, Gaza, Irak, Libia, Congo, etcétera. Lo que mejor he aprendido, con el dolor de las muertes de mis compañeros, con lo que yo mismo sufrí, y sobre todo, con la experiencia de ver a gente hermosa y cariñosa convertida en asesina sin alma, de vivir en lo que fueron ciudades sumamente bellas y ahora son pilas de ruinas… lo que mejor he aprendido es que la violencia no resuelve nada nunca, que abre la puerta a la villanía, que destruye sin construir nada. Y que los que empiezan las revoluciones no las terminan vivos, ni sus familias, ni sus amigos, ni sus sueños.

Pero en Siria y en Egipto y en el Kurdistán y en Libia, me senté a conversar, tomé el te y escuché a las mujeres y los hombres que iniciaban la revolución. No les quedaba de otra. Fueron empujados hasta que no tuvieron más alternativa.

Es posible imaginar que eso es lo que sintió Micah X. Johnson. En tres días, vio los videos de dos asesinatos innecesarios, gratuitos, casi descuidados, cometidos por agentes de la ley, el orden y la justicia, contra inocentes de piel negra, y si pasa lo que con otros, no van a tener justicia. Lo ha visto ocurrir por años. Vio las manifestaciones de Ferguson, y no pasó nada. Comprobó que las acciones radicales, para unos, y moderadas, para otros, de Black Lives Matter, tampoco cambiaban las cosas y decidió renunciar a su vida porque no pudo contener más la rabia.
Eso también explica, en una parte, lo que ocurrió en Bagdad, lo que pasa en muchos sitios donde otros jóvenes se entregaron al terrorismo. Permítanme apelar de nuevo a mi experiencia: conocí a estudiantes de contaduría que se convirtieron en combatientes y acabaron en Estado Islámico. Muy buenos chicos. De verdad. Entrañables y respetuosos de quienes no somos musulmanes. Pero ellos también están sujetos a una enorme presión: económica, social, cultural, religiosa. Ven cómo matan a los suyos. Comprueban que no hay salidas pacíficas. Porque este sistema no abre vías para las soluciones pacíficas: los sientan a hablar y ahí los tienen.

La tragedia: ven cómo matan a los suyos y se ponen a matar a otros.

Actualmente, en México, tenemos un conflicto (bueno, muchos, pero me refiero al magisterial) que el gobierno ha intentado ganar con propaganda, convenciendo a la sociedad de que los maestros disidentes son un peligro para todos y, de esa manera, formar una gran coalición que aísle a sus rivales.

Fracasó la maniobra. Tal vez, en otro contexto, la operación habría funcionado. Pero en el que tenemos, el de este sistema que cancela en la práctica las vías de solución, la gente también está harta, hartísima, de ver cómo crece la violencia y en el gobierno se corrompen hasta la desvergüenza, sin que les importe que los estemos viendo, como a los policías asesinos de EU, ni que les gritemos en su cara lo que son.

Los habitantes de Nochixtlán, a favor o en contra de los maestros, reaccionaron ante lo que percibieron –con lucidez- como una agresión del Estado. Porque como en Iguala y en Dallas, fue el Estado.

¿Y la vía electoral? También ésa la cancelaron. ¿De verdad creen que pueden vivir de la simulación? Cometieron fraude tras fraude. Se ocuparon por apoderarse, desde adentro, del partido construido penosamente por un amplio sector de la sociedad precisamente para seguir esa vía, la electoral, la que el sistema supuestamente abría. Tuvieron éxito: unos por su corrupción de siempre, otros porque se corrompieron, los chuchos, los bautistas, los amalios y su coalición consiguieron arrojar la alternativa por el desfiladero. Y con ella, desbarrancaron el argumento de que la democracia es el barco en el que todos podemos y debemos navegar.

Cuando iba a la universidad, muchos estudiantes creíamos en la democracia. Hoy, cuando vemos que los grupos anarquistas predominan en las facultades, ¿qué les podemos decir?

Los terroristas suicidas, los lobos solitarios, los grupos de idiotas en busca autosatisfacción como Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (si es que existe y no es una máscara), los provocadores que no tienen mucha cabeza pero sí enormes deseos de protagonismo, los movimientos de fanáticos, los grandes demagogos como Trump y Bagdadi, Le Pen y Berlusconi, van a proliferar en la desesperación que se está extendiendo por el planeta.

Porque vivimos bajo sistemas habituados a ofrecer salidas falsas. Y como eso se está haciendo cada día más evidente, las personas ya no están dispuestas a seguir perdiéndose por ahí: quieren abrir las salidas por su cuenta y como sea.

¿A qué costo?

Edgardo Buscaglia me decía que le preocupaba que, en el caso mexicano, las élites no han terminado de darse cuenta de que las cosas tienen que cambiar. Todavía creen que pueden seguir disfrutando de este sistema corrupto. La minoría acumula riqueza, la mayoría la pierde, millones de niños mexicanos crecen desnutridos y sin oportunidades. Pero no están dispuestos a cambiarlos.

Hasta que les comience a doler, me dijo Buscaglia, no van a decidirse a hacer algo. Como suele ocurrir, cuando a los de arriba les comienzan a doler las cosas, es porque los de abajo ya no tienen nada qué perder y les importa poco destruir lo que hay, porque todo eso, construido con sus propias manos, se lo han arrebatado.

Senderos
En una nota más optimista, nuestra película “Mirar Morir. El Ejército en la noche de Iguala”, sigue reuniendo solicitudes para participar de la función simultánea continental #ProyecciónLatinoamericana #Ayotzinapa22meses, el 26 de julio.

Por cortesía de nuestras fabulosas Reinas Chulas, la actividad central será en el Teatro Bar El Vicio, ese día a las 18:00 (entrada $100 pesos; la mitad para el fondo de documentales de Ojos de Perro vs la Impunidad y la otra mitad en donación para los padres de los 43 y para Los Otros Desaparecidos de Iguala, que la recogerán ahí mismo), con presencia de los realizadores y de representantes de Ayotzinapa y de Iguala.

Esto es parte de la serie de proyecciones continentales y global de #MirarMorir: es el primer documental independiente que realiza un proyecto así.

Tuvimos ya la #EuroProyección #Ayotzinapa21meses; vienen la #ProyecciónNorteamericana #Ayotzinapa23meses y la #ProyecciónGlobal #Ayotzinapa2años.

¡Participa! Informes aquí: mirarmoriroficial@gmail.com

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: TÉMORIS GRECKO
LINK: http://aristeguinoticias.com/0907/mexico/de-nochixtlan-a-bagdad-y-a-dallas-cuando-se-van-a-dar-cuenta/

Acción militar en Tepatitlán: Detenidos, torturados… y muertos

A fines del pasado enero Tepatitlán fue escenario de un acto criminal cometido por miembros del Ejército. Soldados allanaron una morada, sometieron y golpearon a los tres jóvenes que ahí se encontraban y se los llevaron. Un par de días después esos tres muchachos aparecieron abandonados en el campo. Dos estaban muertos y presentaban huellas de tortura. Ha transcurrido medio año y el caso aún no está resuelto, pese a que la justicia militar y la PGR les aseguran a los familiares que ya hay órdenes de captura contra los responsables.

TEPATITLÁN, Jal: Abraham Rodríguez es maestro albañil y uno de sus dos empleos lo desempeña en el panteón municipal. El sábado 30 de enero sepultó allí a su hijo, Abraham Rodríguez Martín, de 20 años, y a su sobrino, Luis Enrique Machuca Martín, de 19, tres días después de que militares entraron a su casa, los golpearon y se los llevaron.

A Abraham nadie le contó cómo fue que desaparecieron su hijo (al que conocen como Junior) y su sobrino, hijo de una cuñada. Él lo presenció.

La noche del pasado 27 de enero, cuando llegaba a su casa, le avisaron que “unos guachos” (soldados) habían entrado a la casa de su hijo, en la colonia Santa Mónica –donde se encontraba con su primo y otros jóvenes– y que los estaban golpeando a todos.

El hombre llegó pero no pudo entrar a la vivienda de dos plantas, pues varios soldados le cerraron el paso. Desde donde se quedó parado, escuchó que desde el primer piso salían los gritos de su hijo y los demás muchachos, sometidos a golpes por los militares.

Pasaron así dos horas. Luego vio cómo los jóvenes eran sacados de la casa y subidos a unos vehículos; además, el grupo de fuerzas armadas se llevó el auto de Junior (un Ford Focus) y una camioneta Ford F150, propiedad de otro de los muchachos, a quien dejaron ir cuando comprobaron que éste sólo había ido a visitarlos y se encontraba con ellos de manera fortuita.

Junior y su primo Luis Enrique nunca fueron puestos a disposición de alguna instancia de procuración de justicia, Ministerio Público o juzgado. Por más que recorrió las agencias y la cárcel, Abraham padre no los encontró.

“Quería que me dijeran por qué los militares no los entregaron, los reportaron a la Procuraduría, no sé”, recuerda apenas.

Francisco Javier llegó a visitar a Junior a su casa ese día 27. Había viajado desde otra ciudad para una cita médica, y aprovechó para saludarlo. Le tocó vivir lo peor. Minutos después de que entró a la casa vio llegar a los soldados.

“Cuando iba bajando, un militar, con la punta del rifle rompió el vidrio. Me dijo: ‘¡Bájate, hijo de tu puta madre. Bájate! ¿Dónde están los demás?’ Le dije que no sabía. Me ordenaron mostrar mis pertenencias: cartera, celular, cigarros, y me hicieron subir de nuevo a la casa. Ahí tenían a dos chavos a puros putazos. Me dijeron que era un malandrín, yo lo negué”.

Uno de los dos jóvenes que estaban en la casa, tirados, comenzó a convulsionarse mientras era golpeado. “Como dos veces se fue. Ya las últimas le decían: ‘¿Dónde está el otro hijo de su puta madre?’ Salieron y de rato regresaron con Junior, y empezaron a darle a él también; le echaron agua y jabón en polvo en todo el cuerpo. A mí me cachetearon, me golpearon, tengo una fractura y me quebraron la placa”, narró Francisco.

Finalmente, cuando los soldados tuvieron claro que sólo había coincidido en una desafortunada visita, lo dejaron ir.

A la mañana siguiente, cuando el padre de Junior acudió a la Deportiva Hidalgo (cuyas instalaciones fueron facilitadas para el destacamento del Ejército que desde hace un año permanece en Tepatitlán), vio el Ford Focus del muchacho.

Abraham padre y su esposa los confrontaron y los militares cayeron en contradicciones.

“Le digo a mi esposa que les enseñe las fotos a los militares. El militar acepta que entraron al domicilio y que nada más se trajeron el carro, pero que a ellos no se los trajeron, que se les escaparon del domicilio. ¿Cómo, si la casa es de dos pisos? No pudieron haber escapado, nosotros vimos cuando los tenían adentro, golpeando, y luego los subieron a las camionetas. ¿Por qué dicen que se les pelaron si los vimos?”, se ve preguntándose a Abraham en una entrevista con el reportero Arturo Rentería, publicada en Facebook, poco antes de que aparecieran los cuerpos de los muchachos.

Tras la visita a la sede del destacamento militar, Abraham fue a la oficina de la Fiscalía y anunció que iba a presentar una denuncia por la desaparición de su hijo.

Antes de salir –tras abrirse la carpeta 277/2016– el agente investigador José Trinidad Navarro Coronado le entregó un oficio dirigido al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para, con base en el Protocolo de Atención en Casos de Desaparición de Persona, que se aplica en esta entidad, le fueran tomadas muestras genéticas para el banco de datos, “para que en su momento se puedan realizar pruebas de identificación con cadáveres que estén clasificados como no identificados en el servicio médico forense del estado (sic)”.

Al salir de la Fiscalía, Abraham vio que militares llegaban a bordo del Focus. Iban a entregar el vehículo a la autoridad ministerial.

El viernes 29 de enero el hombre fue contactado por la Fiscalía General del Estado de Jalisco para avisarle que acababan de hallar los cuerpos de Abraham Junior y Luis Enrique en un sembradío al pie de la carretera Tepatitlán-Tototlán. Estaban semidesnudos y con huellas de golpes.

El tercer muchacho, Juan José Gutiérrez, estaba junto a los cuerpos, pero con vida, así que fue llevado a un hospital de Tepatitlán. El dueño del predio les dijo a las autoridades que llegó a las 11.00 horas a hacer labores en el campo cuando comenzó a escuchar unos quejidos.

Abraham reconoció los cuerpos. Ese mismo día se los entregaron. El acta de defunción de Junior dice que sufrió “muerte violenta” por lesiones y luxación en cervicales. Le rompieron el cuello y tanto él como su primo fueron torturados.

En cuanto pudo, los sepultó en el panteón donde trabaja, dice a Proceso.

Todavía no paga el funeral.

En los días posteriores, familiares y allegados de los fallecidos hicieron uso de todos los medios a su alcance –particularmente las redes sociales– para expresar su repudio al Ejército y señalarlo como el responsable de los decesos ocurridos, achacándoles además otras agresiones a jóvenes, sobre todo de colonias de la periferia de la ciudad.

El lunes 1 de febrero fueron colocadas algunas mantas en varios puntos de Tepatitlán, en las cuales se exigía la salida del Ejército del municipio:

“En Tepatitlán estamos cansados de los abusos y homicidios por parte de los militares y que no se les castigue. Exigimos justicia y no los queremos en las calles. Aquí no hay guerra”, decían varias de las mantas.

Todas las dudas

Abraham hablaba poco con su hijo, quien desde hacía tiempo no vivía en la casa familiar. “Venía muy poco; le preguntaba en qué andaba y me decía que en la obra (también era albañil) y nada más. Estaba yo preocupado, pero no me decía mucho, que estaba bien y ya. No era de mucha plática”.

Destacamentos del Ejército tienen varios meses recorriendo los municipios de la zona Altos Sur de Jalisco. Proceden de la base militar de Jamay, donde está un centro del 92 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa (Sedena).

Los grupos militares suelen pernoctar en Tepatitlán cuando finalizan sus patrullajes y periódicamente son reemplazados por nuevas brigadas.

Las autoridades de Tepatitlán optaron por prestar las instalaciones de una unidad deportiva para que ahí descansen los militares. A pesar de las quejas, tanto el alcalde actual, Hugo Bravo, como el anterior, Jorge González, han optado por deslindarse de la presencia castrense, alegando que ellos no solicitaron su presencia en la ciudad, sino que fue una decisión del gobierno federal para el combate al crimen organizado en la región.

Cuatro meses después de los hechos, Abraham Rodríguez recibió del Juzgado Militar adscrito a la V Región Militar un oficio en el que se le llama a comparecer en el proceso que se sigue a los presuntos responsables.

Ahora se conoce por lo menos un nombre, el del teniente de infantería paracaidista José Martín Graciano González, quien aparece en el oficio número 2568 entregado a Abraham. El documento está firmado por el juez militar, teniente coronel Pablo Raúl Dávila Pérez, en relación con el proceso penal 43/2016 en contra de Graciano González “y otros”.

A Graciano González y los demás inculpados se les acusa de “desobediencia e infracción por deberes comunes a todos los militares que están obligados a servir en el Ejército, con motivo de los hechos suscitados en el municipio de Tepatitlán, Jalisco, el 27 de enero del año en curso, donde fallecieron dos personas y una más quedara gravemente lesionada”.

Hugo Bravo Hernández, alcalde emanado de Movimiento Ciudadano, exigió que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables. Sin embargo, deslizó el comentario de que los jóvenes asesinados tenían antecedentes delictivos registrados en la Policía Municipal; entre éstos, acusaciones de robo y venta de combustible de dudosa procedencia.

“Aunque eso no justificaba que los hayan matado de esa forma y las instancias adecuadas deben proporcionar el castigo correcto”, matizó el alcalde.

Fue Bravo quien ventiló que los soldados que tuvieron contacto por última vez con Abraham, Luis Enrique y Juan José, ya estaban siendo interrogados por investigadores encargados del caso.

En Guadalajara, el fiscal general Sergio Almaguer confirmó que por encontrarse la presunta responsabilidad de elementos del Ejército en la desaparición y homicidio de los dos jóvenes, el caso había sido atraído por la PGR.

El 2 de febrero, cuando Abraham acudió al llamado de la Fiscalía, le informaron que ahí se había terminado su trabajo y que ahora el caso era competencia de la PGR, instancia que lo asumió bajo la carpeta 386/2016.

“En eso llegaron unos militares pidiendo hablar con el agente, que se salió con ellos y les dijo que yo estaba allí. Entraron y me dijeron que había siete u ocho militares detenidos en el cuartel y que lo que ocupara o necesitara, me iban a apoyar”.

No recuerda si le dijeron en qué cuartel estaban los detenidos o si le hablaron sobre el proceso que se seguiría. “Apenas se me quedaron algunas cosas, fíjese. Como entre sueños”.

Los enviados de la Sedena que se presentaron ante Abraham fueron el teniente coronel de infantería del Estado Mayor César Gutiérrez, el teniente coronel de infantería José Luis Valenzuela y el coronel Ramón Jasso.

Este último le telefoneó esa noche a Abraham. Quería que viajara a Zapopan o a Jamay para reunirse con ellos, que le darían información y verían en qué se le podría ayudar.

“Yo estaba muy cansado y les dije que no podía. Me pidieron vernos el jueves 4 por la mañana”. En esa reunión, que se efectuaría en Tepatitlán, estaría presente el secretario de gobierno de Jalisco, Roberto López Lara.

La reunión nunca se realizó y los militares no le han vuelto a hablar.

El 3 de febrero Abraham recibió una llamada de la PGR. Querían que acudiera al exterior del domicilio donde vivió su hijo en la colonia Santa Mónica, para entrevistarlo. Él se negó. Se presentó después de salir de su trabajo en las oficinas de la PGR, donde le volvieron a tomar su declaración.

“Me dijeron que esto ya iba muy avanzado, que tenían órdenes de sacarlo adelante y rápido”.

El 5 de febrero fue encontrada la camioneta Ford F150, la de Francisco, que también se habían llevado los soldados el 27 de enero.

El día 11, el agente del Ministerio Público federal Luis David Jiménez se comunicó desde Guadalajara para informarle que la orden de aprehensión había sido girada contra los militares, al encontrar indicios que los señalan como presuntos responsables.

Abraham dice que está tranquilo “porque todo va bien, eso me dijeron los militares. Ya hay soldados detenidos y yo quiero justicia, que caigan los que sean los responsables, nada más. Como cualquier persona”.


Y a fines de mayo recibió un oficio, fechado el 16 de ese mes, del juzgado militar adscrito a la V Región. Debe presentarse a testificar el próximo miércoles 8 al juzgado ubicado en el Campo Militar en La Mojonera, acompañado por su asesor jurídico. “Se hace necesaria su presencia”, se lee.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443496/accion-militar-en-tepatitlan-detenidos-torturados-muertos

“Crímenes contra la humanidad en México”, artículo de Jacobo Dayán

Lo que venían insinuando diversos informes de relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso el mensaje del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; ahora se nombra de manera contundente.

Open Society Justice Initiative (OSJI) presentó el informe “Atrocidades innegables. Confrontando Crímenes de lesa humanidad en México”. Se trata de un riguroso trabajo realizado por OSJI junto con organizaciones de la sociedad civil mexicana y expertos nacionales y extranjeros. Por primera vez se realiza un extenso informe sobre la crisis de derechos humanos en México con la visión del Derecho Penal Internacional.

El informe parte de que “a finales de 2006, el gobierno federal de México ordenó un despliegue nacional a gran escala de las fuerzas de seguridad para combatir al crimen organizado. Esta estrategia supuso que los índices de asesinatos, desapariciones, tortura y otras atrocidades se dispararan”. Los responsables son tanto actores estatales como miembros del crimen organizado.

El informe se centra en la responsabilidad del gobierno federal y el cártel de los Zetas “aunque no se descarta que otras investigaciones permitan concluir que otros cárteles también han cometido crímenes de lesa humanidad”, así como otros actores del Estado mexicano. Concluye que “la situación en México satisface la definición legal de crímenes de lesa humanidad establecida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (suscrito por México desde enero de 2006), así como en la jurisprudencia de la CPI y de otros tribunales internacionales”.

El Estatuto de Roma establece que el Crimen de lesa humanidad es “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física; f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

El Derecho Penal Internacional busca proteger los valores trascendentales para la comunidad internacional por lo que existe un interés global por reprimir y prevenir los crímenes internacionales (Genocidio, Crímenes contra la humanidad, Crímenes de guerra y en un futuro Crimen de agresión) y asignar y procesar responsabilidades individuales.

La obligación inicial de investigar y procesar estos crímenes recae en el Estado. Ante la impunidad, superior al 90%, surge la pregunta si las autoridades mexicanas quieren y pueden hacerlo. Sin duda, es fundamental el reconocimiento de la gravedad de los hechos. Lo que hemos visto es una negación permanente y un descrédito a quienes señalan esta crisis. El informe indica que el gobierno debe “iniciar medidas urgentes y extraordinarias, que incluyen la invitación a la ayuda internacional a fin de garantizar procesos de investigación y procesos genuinos e independientes”.

La constante ha sido la negación, pasamos del “se están matando entre ellos” del gobierno de Calderón a la negación y posterior descrédito y ataque a organizaciones de derechos humanos y funcionarios del sistema internacional durante la administración de Peña Nieto. Llevamos años en la simulación. Se crean instituciones y promulgan leyes para aparentar acciones que no han redundado en cambios. No se hace justicia, no se garantiza el derecho a la verdad ni a la reparación integral de las víctimas, no hay voluntad para crear un sistema de búsqueda e identificación de desaparecidos, no hay acciones para ubicar fosas clandestinas, no hay estadísticas claras y confiables, no se garantiza la no repetición con un cambio en la política de seguridad y la puesta en marcha de protocolos de uso de la fuerza. Se apuesta por la impunidad, el olvido, el ocultamiento de información y la administración de la crítica internacional.

No se niega la facultad del Estado para enfrentar al crimen organizado, de hecho “todo gobierno es responsable de la seguridad de su pueblo. En concordancia con dicha responsabilidad, el gobierno federal de México se ha propuesto una meta legítima: someter al crimen organizado. Sin embargo, lo ha hecho mediante una política que implicó el despliegue de las fuerzas armadas y la policía federal, y el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial en contra de la población civil supuestamente asociada con los cárteles delictivos, sin una regulación adecuada del uso de la fuerza y prácticamente sin ningún tipo de determinación de responsabilidades por los abusos resultantes”. En el país abundan los “falsos positivos” y las “víctimas colaterales”.

La responsabilidad criminal de funcionarios del Estado mexicano y miembros del crimen organizado alcanza límites que lesionan a la humanidad y atentan contra los principios básicos del reconocimiento de la dignidad humana.

Las recomendaciones al Estado se encuentran en el informe de OPJI y en el que entregó hace unos meses el GIEI. La ruta es clara e intransitable sin la cooperación mediante “la creación de una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción… Este órgano también puede brindar asistencia técnica a la Procuraduría General de la República / Fiscalía y a la policía de investigaciones; desarrollar propuestas de reforma para el sector judicial para su consideración por parte del gobierno mexicano, el Congreso y el público; y elaborar informes públicos sobre el estado de las reformas del sector judicial y el estado de derecho en México”.

Según las normas internacionales de la Responsabilidad de proteger (R2P), “la soberanía ya no significa únicamente protección de los Estados frente a injerencias extranjeras, sino que constituye una carga de responsabilidad que obliga a los Estados a responder del bienestar de su población”. De no hacerlo, le corresponde a la comunidad internacional alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad”.

Mientras, la violencia continúa. No podemos cambiar la llanta con el auto en movimiento, se requiere un cambio en el modelo de seguridad y detener la violencia. El agravio es de tal magnitud que no habrá sistema judicial capaz de procesarlo todo. “La posibilidad de establecer responsabilidades ante la CPI no deja de ser una opción si México sistemáticamente sigue sin investigar y procesar crímenes atroces”. Con la violencia contenida podríamos iniciar procesos de justicia transicional, iniciar el trabajo de comisiones de la verdad y tener una efectiva política de atención a víctimas. En este sentido resulta prioritario el trabajo de la CNDH, la CEAV y el INAI.

La presión tendrá que venir del exterior. Buena parte de los medios de comunicación ha sido comparsa y la ciudadanía no ha sabido articularse para presionar por un cambio.

Lo hacemos ahora o repetiremos la historia de los crímenes del pasado. Haber postergado ello es una de la razones por las que hoy atravesamos este oscuro y perverso presente.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: JACOBO DAYAN
LINK: http://aristeguinoticias.com/0706/mexico/crimenes-contra-la-humanidad-en-mexico-articulo-de-jacobo-dayan/

Permitió gobierno de Oaxaca ataque a caravana humanitaria en 2010

La administración del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, permitió que operaran con plena libertad los atacantes que emboscaron a una caravana de ayuda humanitaria que se dirigía a la región indígena Triqui, y de la que resultaron muertos dos defensores de derechos humanos, la mexicana Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola.

El día del crimen, el 27 de abril de 2010, tres comandantes de la Policía Estatal estaban en posibilidades de auxiliar a la caravana atacada, uno de ellos recibió la orden de regresar a su comandancia cuando ya estaba en camino y los otros dos no llegaron sino hasta un día después del crimen, aunque ya sabían que había personas lesionadas, según el expediente de investigación del caso.

A seis años de los homicidios, de los 13 acusados sólo cuatro están detenidos, el más reciente, fue capturado en abril de 2016. A pesar de la presión de los familiares de las víctimas, del gobierno de Finlandia y de eurodiputados, el juicio ni siquiera ha comenzado.

El centro ceremonial Triqui de San Juan Copala pertenece al municipio de Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca. Desde 2014 su agente municipal es Antonio Cruz Merino, hijo de Antonio Cruz Martínez, apodado “Pájaro”, ambos están acusados y tienen orden de aprehensión por los asesinatos. Padre e hijo siguen libres.

Mientras tanto, los Cruz mantienen el control del centro ceremonial Triqui cobijados por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), organización política que gestiona recursos públicos para sus agremiados y que ya anunció su apoyo político al partido Morena, como antes hicieron con el PRD y candidatos del PRI.

Según el investigador Francisco López Bárcenas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el derramamiento de sangre de la etnia Triqui, originaria de Oaxaca, puede rastrearse desde la época de Independencia, pasando por su lucha en la Revolución Mexicana y hasta el bombardeo sobre sus casas a manos del ejército mexicano a mediados del siglo XX.

“Aquí, los Triquis como deportes sólo practican el basquetbol y andar matando”, dijo un joven originario de La Cumbre Yerbasanta, en una de las comunidades que forman parte de la etnia. Cada comunidad está dirigida por líderes llamados Agentes Municipales, aunque legalmente dependen de tres municipios: Santiago Juxtlahuaca, Putla y Constancia del Rosario.

San Juan Copala es el centro ceremonial de la etnia Triqui; todos los lunes, sus miembros acuden desde los alrededores principalmente para comerciar. Ese centro perdió el estatus de municipio en 1948, cuando se dividió y se anexó al territorio del municipio de Santiago Juxtlahuaca, entre violencia y conflictos armados por las tierras de esa zona, explica el mismo López Bárcenas.
Las pugnas con terratenientes y las luchas internas entre comunidades hicieron que los Triquis se agruparan en distintas asociaciones, el Club en los años setenta, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en 1981 y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) en 1994, todos con demandas similares: reconocimiento de su territorio y la atención de los gobiernos hacia sus poblaciones.


El gobierno federal no ignoraba estos conflictos, al menos, desde 1975, según un informe desclasificado del Archivo General de la Nación para esta investigación, y redactado por la principal corporación de inteligencia de la época, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que recibía reportes de los mestizos de la zona que acusaban a los Triquis de oponerse a ellos “por medio de las armas” cuando reclamaban terrenos.

Sobre la repartición de las tierras, “el gobierno no dio la razón a ninguna parte y el problema siguió manifestándose de diversas maneras”, señala el investigador López Rosas.

En los años recientes, los problemas sobre tierras ha derivado en pugnas entre organizaciones que compiten por tener el control del territorio. Cada organización controla cierta comunidad y no hay libre tránsito entre ellas, pues solamente están “autorizados” a pasar a cada zona los originarios del lugar y las personas que pertenecen a la organización que la controla, según se pudo constatar en una reciente visita de Aristegui Noticias a esa región.

Con el paso de los años, estas organizaciones además de sumar gente y territorio, han sumado capital político que pueden negociar con partidos políticos como PRI, PRD o Morena.

Aunque a Ubisort se le relaciona con los gobiernos del PRI y al MULT con partidos de izquierda, ambas organizaciones han intercambiado miembros y han hecho pactos electorales con partidos de todas las ideologías, al mismo tiempo que gestionan obras en sus comunidades.

Uno de los momentos de mayor agitación en la región Triqui comenzó después de 2006, cuando una de sus organizaciones apoyó las manifestaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), una insurrección estatal que había comenzado con demandas de profesores y cuyas demandas escalaron hasta exigir la destitución del gobernador Ulises Ruiz.

La organización que había estado en las revueltas era una escisión del MULT, llamada Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULT-Independiente), la misma que inició el proyecto del llamado Municipio Autónomo de San Juan Copala.

A principios de 2007, MULT-Independiente y parte de las comunidades de Ubisort, instauraron el proyecto de autonomía para San Juan Copala, con la visión de separarlo de Santiago Juxtlahuaca y llamarlo Municipio Autónomo.

El 1 de enero de 2007, nació el “Municipio Autónomo de San Juan Copala”. Alberta Cariño, conocida como Bety, accedió a montar una radio comunitaria en el nuevo municipio, pero no era la primera vez que lo hacía, Bety montaba radios comunitarias a través de su Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus). La radio para San Juan Copala se llamaría “La voz que rompe el silencio”.

Su pareja y padre de sus dos hijos, Omar Esparza, también apoyó al municipio con proyectos productivos, a través de la organización que dirigía, Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). Ambos eran originarios de Puebla, pero tenían una intensa relación con las comunidades indígenas de Oaxaca por su trabajo como líderes de organizaciones civiles, que les habían llevado a participar en las manifestaciones de 2006, junto con la APPO.

Todo parecía marchar bien en el nuevo Municipio Autónomo, aunque tuvo adversarios en varios frentes. Desde legisladores federales, hasta las otras organizaciones Triquis que mantenían el control en las zonas aledañas. MULT, y la fracción de Ubisort que no se sumó al proyecto, porque –dijeron–, no fueron consultadas.

En 2009 empezó el fin del proyecto, cuando organizaciones contrarias sitiaron el lugar, instalando retenes armados a la entrada y salida de San Juan Copala, los habitantes quedaron atrapados entre disparos que venían desde los montes, de acuerdo con relatorías de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

El sitio comenzó el 28 de noviembre de 2009, cuando miembros armados de Ubisort impidieron que un grupo de campesinos de Atenco, Estado de México visitaran San Juan Copala, invitados por los dirigentes del Municipio Autónomo.

Los de Atenco no pudieron pasar más allá de una comunidad cercana a San Juan Copala. Los hombres de Ubisort amenazaban con disparar si avanzaban más. Ese mismo día hubo disparos hacia el centro del Municipio Autónomo, se reportó la muerte de un niño y las escuelas del lugar decidieron suspender las clases, de acuerdo con una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Desde entonces, las salidas del corazón de la región Triqui estaban asediadas por tiradores escondidos entre los matorrales. Al norte, por la comunidad de La Sabana que controlaba Ubisort; al sur, por la comunidad de El Rastrojo, bastión del MULT. El centro de operaciones del Municipio Autónomo estaba sitiado, sin posibilidad de llevar comida y transitar libremente. 39 personas serían asesinadas desde que se instauró el sitio a San Juan Copala y hasta el 31 de diciembre de 2010, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Cinco meses después del sitio, una caravana de ayuda humanitaria se aventuró a llevar víveres a los habitantes atrapados en San Juan Copala. Bety Cariño y su pareja Omar Esparza convocaron a maestros de la APPO, defensores de derechos humanos de México, Alemania, Bélgica, Italia y Finlandia, según las distintas declaraciones que dieron a las autoridades después que fueron emboscados, a participar.

La emboscada

La mañana del 27 de abril de 2010, más de 20 personas partieron de Huajuapan, Oaxaca a San Juan Copala. Les esperaban tres horas de camino si querían entregar los víveres. Al frente iba una camioneta blanca Ford Econoline, en la que viajaron Bety Cariño y Jyri Jaakkola, un activista finlandés de 33 años que visitaba Oaxaca como parte de su trabajo en la organización Viento Nuevo.

Maestros de la APPO, otros defensores de derechos humanos y dos periodistas de la revista Contralínea seguían el paso de la camioneta. Todos salieron antes de las 11 de la mañana, según el expediente de la averiguación.

El esposo de Bety, Omar, seguía a la caravana desde atrás en un auto Shadow oscuro. Decidiría si entrar o no cuando estuviese cerca de llegar, porque un día antes el líder de Ubisort, Rufino Juárez, había dicho a una radiodifusora local que no se haría responsable de lo que pudiera pasarle a los activistas si insistían en penetrar el poblado de San Juan Copala. Omar era quien había tenido mayores fricciones con los líderes Triquis de Ubisort y MULT, y temía ser también el más visible. Omar no entró y decidió esperarlos a unos kilómetros antes de llegar, dijo a Aristegui Noticias.

La caravana siguió hasta que unas piedras colocadas en el camino les impidieron avanzar.

Según el relato de los hechos recabados por la Procuraduría de Oaxaca, un grupo de hombres encapuchados salió de entre los matorrales que bordeaban el camino. La camioneta intentó echarse en reversa, pero los autos que venían atrás –y que formaban parte de la caravana– se lo impidieron. Entonces comenzaron a recibir disparos. Una bala impactó la cabeza de Bety. Por unos instantes, Jyri sostuvo el cuerpo sin fuerzas de Bety, todo siempre de acuerdo con las declaraciones juradas de los testigos que están en en el expediente.


Después, otra bala alcanzó la cabeza de Jyri y no pudo sostener más a Bety. La caravana quedó varada cerca de la comunidad de La Sabana, a unos metros de San Juan Copala, donde los dos cuerpos quedaron tendidos hasta el día siguiente, cuando entró una delegación de la policía estatal en Santiago Juxtlahuaca, según dijo el comandante delegado en ese lugar, Ranulfo Méndez.

Declaración del comandante en Santiago Juxtlahuaca, Ranulfo Méndez, ante la Procuraduría de Oaxaca (IH)

La versión del comandante de Juxtlahuaca la confirma un parte informativo que envió el también comandante Amando Cruz, pero de una región cercana, Huajuapan, a la Procuraduría General de la República (PGR), en el que dijo que el gobierno estatal no mandó elementos sino hasta un día después:

Parte informativo del comandante de Huajuapan, Amando Cruz, dirigido a la PGR.

Otro comandante cercano a la zona y asignado al municipio de Putla, Silverio Cruz Nolasco, iba a auxiliar a la caravana por órdenes de “su superioridad”, pero el secretario de su comandancia le notificó que debía regresar porque, supuestamente, había otro enfrentamiento en la región que debía atender, según su declaración a la PGR:

Declaración del comandante en Putla, Silverio Cruz Nolasco, ante la PGR

Si realmente existió el enfrentamiento que este comandante dijo que debía atender en Putla, esa historia no mereció una sola nota en los diarios de los siguientes días, de acuerdo con una revisión hemerográfica del periódico nacional Reforma ni de los dos diarios más importantes de Oaxaca, Noticias y El Imparcial.

Diarios locales de Oaxaca Noticias y El Imparcial.

El gobierno estatal supo

El gobernador Ulises Ruiz y su entonces secretario de gobernación, Evencio Martínez, siempre negaron tener “conocimiento formal” de que una caravana humanitaria intentaba llevar víveres a San Juan Copala aquel 27 de abril.


Hay documentos y testimonios que apuntan a que la autoridad estatal sí supo que la caravana se dirigía al corazón de la cultura Triqui. Las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos emitieron recomendaciones sobre el caso, en las que señalan que el gobernador y su secretario de gobierno fallaron en su responsabilidad de garantizar la seguridad del territorio y el libre tránsito.

Al menos tres testigos en la averiguación de PGR dijeron que policías estatales vieron a la caravana, momentos antes de llegar al municipio de Santiago Juxtlahuaca e incluso después del ataque. La Policía Estatal depende directamente del gobernador del estado y sus elementos “rendirán por escrito el parte de novedades de su sector”, dice la ley de la policía de Oaxaca.

Declaración de Víctima 1 ante PGR.

Declaración de Víctima 2 ante PGR.

Declaración de Omar Esparza ante la PGR.

Pero aun cuando ninguna autoridad municipal o representante estatal hubiese informado al gobernador y su equipo cercano, bien pudieron enterarse por la prensa. El diario local Noticias informó desde la edición del 27 de abril que observadores de derechos humanos saldría de Huajuapan hacia San Juan Copala.

Diario Noticias del 27 de abril de 2010 (Diario Noticias).

De hecho, un día después de la emboscada, el diputado local Zenén Bravo Castellanos aseguró que él mismo había informado al entonces subsecretario de Gobierno, Javier Jiménez Herrera, sobre la ruta de la caravana que ingresaría el martes 27 de abril.

“Le dije que el MULT-Independiente solicitaba garantías y medidas de seguridad ya que habría presencia de observadores internacionales, nacionales y estatales en la caravana del 27 de abril […] Javier Jiménez Herrera me respondió que tomaba nota y que le avisaría al secretario General de Gobierno, Evencio Martínez Ramírez, hasta ahí. Nunca encontramos eco a la petición […]; en el gobierno del estado conocen los resolutivos de la sección 22 del SNTE (el sindicato de maestros) y uno de ellos era apoyar con el 10 por ciento del magisterio de la Mixteca a la caravana”, dijo al diario Noticias.

Las reuniones con el gobierno estatal

El ex vocero del Municipio Autónomo, Jorge Albino Ortiz, también declaró durante la investigación ministerial. Dijo que participó en reuniones con Rufino Juárez, hoy preso, en las que –según Albino–, Juárez decía que el entonces secretario de gobierno de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, había amenazado con impedir apoyos para la región Triqui mientras existiera el Municipio Autónomo:

“Les dijo que tenía instrucciones del secretario general de gobierno del estado, Evencio Nicolás Martínez, en una plática que había tenido con él y con el presidente de Santiago Juxtlahuaca, que no iba a haber ningún apoyo del gobierno hacia ellos si no se reorganizaba la Ubisort”, se puede leer en el expediente judicial.

Declaración de vocero del Municipio Autónomo, Jorge Albino Ortiz, ante Procuraduría Oaxaca.

En esa reunión, siempre según la declaración de Albino Ortiz, Juárez dijo que “por eso estaba invitando para que se fortaleciera la Ubisort y que sentaran un proyecto, que se sentaran a dialogar con el gobierno del estado y que se olvidaran del proyecto de la autonomía del municipio de San Juan Copala, porque si no “iban a sufrir las consecuencias”.

El entonces presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca era Carlos Martínez Villavicencio, un miembro del PRI que había sido abanderado por el MULT y que después de dejar la presidencia municipal, intentó ser diputado federal por el PRD en 2015. Antes de las elecciones murió emboscado de la misma forma que Bety y Jyri.

Rufino Juárez fue detenido en mayo de 2011, ya que había terminado el sexenio de Ulises Ruiz, al igual que los otros tres hombres que ya fueron aprehendidos. En entrevista desde la Penitenciaría, el ahora ex líder de Ubisort primero negó que se hubiera reunido con el secretario de gobierno, pero al preguntarle específicamente por las declaraciones que hizo el vocero del Municipio Autónomo, reconoció que sí se reunió con el secretario de gobierno para hablar sobre temas de seguridad y apoyos para la región Triqui, pero que nunca hubo un condicionamiento de recursos para la región o presiones del gobierno estatal para eliminar al Municipio Autónomo, como dijo el vocero del Municipio Autónomo.

Recoger los cuerpos

Las autoridades estatales entraron por los cuerpos de Bety y Jyri hasta casi 18 horas después de la emboscada, de acuerdo con el acta oficial de traslado de los cadáveres:

Diligencia de traslado, inspección, descripción del lugar de los hechos y levantamiento del cadáver de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca.

Lo que no dijeron los Agentes Estatales de Investigación, en esa acta, fue que los acompañaba Rufino Juárez, quien en entrevista para Aristegui Noticias dijo que él dio permiso a las autoridades para entrar y que acompañó a la Agencia Estatal de Investigación mientras recogían los cuerpos; su dicho coincide con las declaraciones que hizo, por separado y en el marco de la averiguación de la PGR, uno de los comandantes de la policía de Oaxaca.

Las armas usadas para la emboscada a la caravana

En la zona de la emboscada, las autoridades localizaron 22 casquillos percutidos. 20 de ellos corresponden con armas de uso exclusivo del ejército mexicano, ¿cómo llegaron esas armas ahí?

La asociación civil Enlace Rural, que trabajó con los Triquis para impulsar proyectos agrícolas y de desarrollo económico en los años noventa, guarda un rico archivo sobre su presencia en la zona. Una de sus memorias históricas, consultada por Aristegui Noticias, podría arrojar luz sobre el origen de las armas.

El líder de una fracción del PRI en la zona, Martín Anacleto, habló con Enlace Rural sobre las posibles soluciones a los principales problemas de la región. En una nota fechada el 8 de diciembre de 1996, se recoge su opinión acerca del armamento:


“Pasan por las casas unos y otro armados. Ahora el gobierno ha empezado a hablar de desarme. Piensan como niño; ‘quito las armas, ¡y ya!’. Después se volverán a comprar más armas. Y es cierto, el gobierno sabe por dónde entran las armas”, decía el líder Triqui que ahora es líder de la Comisión Nacional Campesina (CNC) en Oaxaca.

Notas de Enrique Gómez, director de Enlace Rural / (Archivo Enlace Rural 1996).

Entre el 2009 y el 2013 el ejército mexicano decomisó 28 armas de fuego en Santiago Juxtlahuaca, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información hecha por Aristegui Noticias:

Relación de armas decomisadas en el municipio de Santiago Juxtlahuaca (Secretaría de la Defensa Nacional)

Entre ellas hay una subametralladora, pistolas y fusiles que son de uso exclusivo del ejército.

Los recursos de las organizaciones (¿Y el dinero?)

Las organizaciones de la región Triqui aseguran que su propósito es gestionar obras y programas sociales para sus comunidades.

“Yo vislumbro a una etnia unida, a todas las organizaciones marchando juntas para exigir al gobierno estatal y federal todos los recursos que merece toda nuestra etnia Triqui”, dice el actual líder de Ubisort, Fabián Pereda, para Aristegui Noticias.


La fuente oficial de esos recursos son las partidas federales de apoyo a municipios, que año con año aumentan con poca o nula vigilancia sobre su destino final, como lo comprueban los reportes de auditorías federales y estatales.

Tabla de recursos federales para el municipio de Santiago Juxtlahuaca (SHCP/ tabla elaborada por Yuriria Ávila).

Aristegui Noticias cuestionó a los actuales líderes de las organizaciones, que se encuentran activas hoy en la región, sobre la transparencia en los recursos que gestionan y sobre sus gastos de operación.

El consejero principal de Ubisort, un hombre de 31 años llamado Fabián Pereda, dijo que ninguna obra prometida por el gobierno de Gabino Cué, como parte del pacto de paz de 2012, se ha terminado y afirmó que la organización que dirige, desde que su predecesor fue encarcelado, opera con recursos que aportan los propios miembros de las comunidades adheridas a Ubisort:

–No se entrega el recurso económicamente, el recurso se entrega en obra […], cada gestión de los presidentes municipales se encargan de la comprobación y el agente municipal se encarga de ejecutar la obra. Para que la Ubisort salga a manifestarse se hace una cooperación entre comunidades –dijo Pereda.

Por su parte, el actual líder de MULT, Rufino Merino Zaragoza, dijo a Aristegui Noticias que su organización únicamente gestiona los recursos y son los funcionarios municipales los que se encargan de administrarlo hacia las comunidades, a través de los agentes municipales:


–Lo que el gobierno hace es, ya está la petición, lo concursan, no sé cómo le hacen, ya salió la empresa que va a hacer la obra, la empresa se presenta en la región y hace la obra. No pasa ningún peso por MULT –dice el ex diputado local.

–¿Y para cuestiones administrativas?
–Los compañeros de la región nos apoyan, nos ayudan y caminamos.

Comprobar si hubo desvíos de recursos es casi imposible. La Auditoría Estatal reconoce que el municipio al que pertenecen la mayor parte de las comunidades Triquis, Santiago Juxtlahuaca, ha destruido sistemáticamente la papelería de comprobación de gastos desde 2010 y, por lo menos, hasta 2013, de acuerdo con las auditorías públicas del estado.

Aristegui Noticias preguntó a la Contraloría de Oaxaca, mediante una solicitud de información pública, si había funcionarios sancionados de ese municipio, pero respondió que se trataba de información reservada pues las pesquisas seguían en curso.

Para el año 2014, únicamente están disponibles en su sitio oficial de internet las auditorías de los órganos estatales y no se hace mención de las cuentas municipales.

La Auditoría Superior de la Federación no hizo una sola revisión sobre los recursos federales destinados a Santiago Juxtlahuaca, sino hasta la cuenta pública 2014. El resultado general fue de una “gestión adecuada”, con 20 obras terminadas, pero aún con daños al erario público.

Los acusados

Aquel 27 de abril, fallecieron Bety y Jyri, hubo dos heridos de bala y dos periodistas fueron rescatados de la zona después de permanecer más de 48 horas escondidos de las balas, en el bosque Triqui. Hay al menos 13 personas acusadas por los hechos de ese día. Además del líder de Ubisort en esa época, Rufino Juárez Hernández, hay un personaje que salta a la vista por su continua presencia en la zona y por escapar de las manos de la justicia desde hace más de 20 años.


Antonio Cruz García, apodado “Toño Pájaro”, pertenece a la Ubisort desde los primeros años de su surgimiento, en 1994, y para 1995 ya era reconocido como líder de Ubisort en San Juan Copala, según una “Relación de comunidades y principales de la organización Ubisort”, que forma parte del archivo histórico de la asociación civil Enlace Rural.

“Relación de comunidades y principales de la organización Ubisort” (Archivo de Enlace Rural de 1995).

A mediados de los años 90, un miembro de Enlace Rural, Pablo García España, enviaba informes sobre los acontecimientos más importantes de la zona. En octubre de 1996, la noticia más relevante fue que “Toño Pájaro” había sido detenido como sospechoso de homicidio, pero que había sido liberado, como en una ocasión anterior, cuando “la Procuraduría de Asuntos Indígenas pagó su fianza”:

Informe de Enlace Rural del 23 de octubre de 1996 (Archivo de Enlace Rural de 1995).

Dos meses antes, en agosto de ese año, “Toño Pájaro” había sido detenido junto a otros tres miembros de Ubisort por “ataques a las vías de comunicación y portación de arma de fuego sin licencia”, según se puede leer en una nota del diario Noticias, del 3 de agosto 1996.

Diario Noticias del 3 de agosto de 1996 (Archivo de Enlace Rural).

El actual dirigente de Ubisort, Fabián Pereda, confirmó que Antonio Cruz García dejó Ubisort para formar parte de MULT: “desde que dejó la Ubisort desde 2010 él ya militaba con el MULT, pero ya no sabemos qué esté haciendo”

–¿En San Juan Copala hay gente que le rinde cuentas a “Toño” Cruz?
–No sabríamos decir eso porque nosotros no controlamos San Juan Copala.


Rufino Merino, líder del MULT, dijo –trastabillando– que Cruz García sigue en la región Triqui cobijado por MULT y que tiene influencia en el centro ceremonial de San Juan Copala, donde su hijo es Agente Municipal desde 2014.

–¿Qué papel juega en MULT “Toño Pájaro”?.

–Ahí en Copala, estuvo “Toño Pájaro”… y finalmente, cuando Toño Pájaro logra ganar, sacar a los de MULT-Independiente, el que estuvo ahí hasta el último momento Miguel Ángel Velasco que era del MULT-Independiente […] Miguel Ángel es mi gran amigo, “Toño Pájaro” fue mi compañero de escuela y así los viejos son compadres, amigos, […] finalmente allí es donde logran eso y poco a poco los viejos fueron platicando con varios de ellos, no nada más con “Toño Pájaro” y allí es donde se acuerda que haya paz, se acuerda que trabajen en el municipio.

Testimonios de habitantes de la zona corroboraron a Aristegui Noticias que Antonio Cruz García está implicado en las muertes de otros Triquis y que sigue libre.

Merino Zaragoza también confirmó que su organización apoyará al partido Morena, para las próximas elecciones del 5 de junio de 2016. Cuando Aristegui Noticias visitó la región, el líder de Ubisort, Fabián Pereda, dijo que aún no había decidido apoyar a ningún candidato; no obstante, propaganda del PRI y Partido Verde ya estaba almacenada en la Agencia Municipal de la Cumbre Yerbasanta, en abril de 2016.

Las respuestas


Desde la penitenciaría de la ciudad de Oaxaca, Rufino Juárez Hernández negó que hubiese participado en la emboscada del 27 de abril de 2010 señalando que estaba en la ciudad de Huajuapan, a más de 100 kilómetros cuando sucedieron los hechos. Como prueba presentó, ante la procuraduría, un libro de registro de un juzgado en el que se puede ver su firma con la misma fecha que en que ocurrió la emboscada.

Fotografía del libro del Juzgado de Huajuapan, analizado por la Procuraduría de Oaxaca (IH).

El perito asignado a la averiguación estatal determinó que los cinco nombres de dicho registro están escritos con la misma caligrafía. Juárez dijo que al ser licenciado en derecho, acompañaba a unas personas que pertenecían a su organización para ver un caso de la región y, siempre según su respuesta a Aristegui Noticias, que esas personas no sabían escribir.


No obstante, al menos tres testigos, habitantes de San Juan Copala, dijeron haberlo reconocido minutos después del ataque.

Declaración de Víctima 3 ante PGR (IH).

Después de aceptar que sí se reunía con el secretario de gobierno estatal para tratar temas de seguridad y que la Policía Estatal le pedía autorización para entrar a la zona, Rufino Juárez aseguró que él siempre solicitó la presencia del ejército y la policía estatal para las comunidades de Ubisort, por lo que niega ser responsable de la violencia en la zona Triqui.

Juárez dice que cinco años en reclusión han cambiado su manera de pensar y que ahora cree que la solución para el conflicto de su región “solamente la pueden lograr los Triquis”, sin partidos políticos:

“Para que no digan que voté por éste o por aquél; cuando estás recluido nadie te respalda”, sentenció el antiguo líder de Ubisort al terminar la entrevista.

A seis años de los hechos, la inocencia o culpabilidad de todos los acusados sigue sin determinarse, pues el poder judicial del estado de Oaxaca todavía no inicia el juicio. Mientras tanto, la PGR decidió archivar sus dos averiguaciones sobre el caso, en las que buscaba comprobar los delitos de crimen organizado y posesión de armas exclusivas del ejército, según revelaron los abogados de las víctimas, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

Aristegui Noticias buscó en tres ocasiones al ex gobernador Ulises Ruiz, recién removido como delegado del PRI en Quintana Roo, para que pudiera comentar sobre la libertad con la que actuaron los asesinos, permitida por funcionarios de su administración y hasta que terminó su sexenio en Oaxaca. Respondía su teléfono, pero al plantearle el tema comentaba que no podía hablar en ese momento y pedía que se le llamara después, lo cual ocurrió en dos ocasiones, la tercera ocasión otra persona dijo que se encontraba ocupado.


Aristegui Noticias también pidió una entrevista al entonces secretario de gobierno, Evencio Martínez, quien ahora tiene una notaría en la ciudad de Oaxaca. Aunque se le llamó dos veces a su oficina, hasta el momento no se ha puesto en contacto para responder sobre los indicios que apuntan a que sí supo del ingreso de la caravana y acerca de las reuniones que tuvo con los acusados del asesinato de los defensores de derechos humanos, Bety Cariño y Jyri Jaakkola.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: IRVING HUERTA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1205/mexico/permitio-gobierno-de-oaxaca-ataque-a-caravana-humanitaria-en-2010/