Soldados de la Marina de Michoacán detuvieron arbitrariamente a cinco policías comunitarios de la comunidad indígena de Santa María Ostula y los entregan a grupos del crimen organizado, quienes ahora pretenden extorsionar a la población y les exigen canjear la vida de las personas por armas. Organismos de Derechos Humanos emprenden una acción urgente para exigir que el Estado mexicano garantice la seguridad y la vida de los desaparecidos por las fuerzas armadas.
En un comunicado, integrantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, en Michoacán, informan que en la madrugada del domingo 5 de febrero, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, de nombres: Abigail Farías Fernández, Crispin Francisco de Aquino, Saul Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia, fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila y posteriormente los entregaron al crimen organizado.
La población de las comunidades indígenas naguas de la costa de Michoacán desde hace varios años han tenido que organizarse y crear policías comunitarias para protegerse de la extorsión y la violencia desatadas por la alianza de los grupos del crimen organizado y los gobiernos de los tres niveles que los reprimen y saquean.
Ante la desaparición de sus cinco compañeros, las comunidades decidieron bloquear la carretera Federal 200 para exigir su liberación inmediata ya que temen por sus vidas. Las autoridades comunitarias señalan que los grupos criminales están pidiendo 21 armas a cambio de dejar libres a las personas secuestradas y que abandonen el filtro que los comunitarios mantienen en el crucero de Tizupan.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/ostula-la-marina-crimen-organizado-desaparecen-cinco-comunitarios/
Ciudad de México. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) apoyará a todos los jóvenes mexicanos que estudian en Estados Unidos y que se vean en complicaciones para continuar su formación en aquel país ante las políticas discriminatorias y xenofóbicas del gobierno de Donald Trump.
El rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue Wiechers, anunció una estrategia de apoyo a estudiantes y académicos mexicanos que se encuentran en instituciones estadunidenses con el objetivo de que en caso de ser deportados, puedan ser recibidos en la propia UNAM o en otras instituciones para que continúen con sus labores académicas.
“La UNAM no puede quedar al margen del actual conflicto. Por ello, está realizando y emprenderá diversas acciones en apoyo a uno de los grupos más vulnerables”, apuntó Graue Wiechers durante el evento 'México a 100 años de su Constitución: balance y reflexiones desde la UNAM', que se efectuó esta mañana en la Torre de Rectoría.
Como parte de este plan, el rector envió una carta a las 39 universidades estadunidenses con las que tiene convenios vigentes, para invitarlas a que, en caso de que los estudiantes mexicanos tengan dificultades para continuar con sus estudios, hagan contacto con la UNAM a fin de recibirlos, o bien, para servir de puente con casas de estudios incorporadas o de otros estados de la República.
“El objetivo es que los alumnos deportados puedan continuar sus estudios y el país no se quede sin potencial intelectual”.
También se envió otra misiva a la Asociación de Universidades Públicas (APLU, por sus siglas en inglés), para agradecer la solidaridad que 139 de sus instituciones miembro han manifestado ante las medidas discriminatorias y xenófobas del actual gobierno estadunidense.
Instancias universitarias como la Secretaría General, la Oficina de la Abogada General y la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, anunció el rector Graue, propondrán al Consejo Universitario mecanismos y medidas para evitar trámites excesivos que en circunstancias como las presentes, sean difíciles de cumplir para la incorporación de estos estudiantes a los diferentes niveles académicos.
La UNAM invitará a todas las universidades autónomas del país a sumarse a estas medidas. “Estoy seguro que, entre todos, crearemos la oferta educativa necesaria para apoyar la reintegración de esos estudiantes”.
Asimismo, la máxima casa de estudios creó el reconocimiento Alfonso García Robles, que lleva el nombre del mexicano ganador del premio Nobel de la Paz, que se otorgará a alcaldes, gobernadores, funcionarios, agrupaciones e instituciones de educación superior que se opongan a la intolerancia y xenofobia del gobierno de Trump y que actúen en favor de los derechos humanos de los connacionales en aquel país.
También se convocó a una reunión para el próximo 24 de febrero a las cinco sedes que la UNAM tiene en Estados Unidos, para discutir, acordar y articular medidas necesarias ante los embates de Trump contra los mexicanos y el país.
De manera institucional, señaló el rector, la UNAM se unirá a la marcha convocada por diversos sectores de la sociedad, que será al mediodía de este domingo 12 de febrero e irá del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia, y que tiene por objetivo la defensa de la soberanía y la dignidad.
“La defensa de nuestra dignidad y soberanía está y debe estar por encima de cualquier ideología, posiciones políticas o reclamos administrativos. La embestida externa no nos debe encontrar desunidos”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EMIR OLIVARES ALONSO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/07/apoyara-unam-a-estudiantes-y-academicos-repatriados-de-eu
Ciudad de México. El crecimiento de las ventas de la empresa Walmart durante enero se vio afectado por los saqueos que sufrieron algunas de sus sucursales en medio de las protestas por el gasolinazo, además de que a la fecha todavía mantiene 27 unidades cerradas.
“Derivado de tales disturbios, estimamos que nuestro crecimiento en ventas en México se vio afectado entre aproximadamente 150 y 200 puntos base (pbs), tomando en cuenta la tendencia mensual de aquellas tiendas que fueron afectadas por los saqueos y de las que cerraron de forma temporal”, informó la transnacional a sus inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La empresa precisó que sus ventas crecieron 6.2 por ciento a tasa anual durante el primer mes de 2017, pero el incremento podría haber sido de entre 7.7 y 8.2 por ciento de no haber perdido los 150 o 200 puntos base que mencionó y que se traducen en 1.5 o 2 puntos porcentuales.
El resultado de enero contrasta además con los crecimientos de 7.7 y 10.9 por ciento que Walmart obtuvo en enero de 2015 y 2016, respectivamente. También representa el crecimiento mensual más bajo desde hace 5 meses, ya que en agosto del año pasado se ubicó en 4.8 por ciento.
En total, la transnacional obtuvo 37 mil 571 millones de pesos por las ventas y precisó que el monto promedio de compra por cliente subió 6.8 por ciento, aunque el número de transacciones bajó 1.5 por ciento.
Las 27 sucursales dañadas en los disturbios que Walmart mantiene cerradas y en las cuales trabaja “para reanudar operaciones lo antes posible” representan apenas 1.17 por ciento respecto a las 2 mil 291 tiendas que la transnacional tiene en todo México y de las cuales 77 por ciento son Bodegas Aurrerá, la última inaugurada en este mes de febrero en Monterrey.
En su reporte de enero, Walmart indicó que las tiendas afectadas se ubican en el Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo, además de que las protestas también afectaron a sus proveedores y centros de distribución.
“Gracias a las medidas preventivas que tomamos, logramos salvaguardar la integridad de nuestros asociados, clientes y socios durante estos acontecimientos”, indicó.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GONZÁLEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/07/ventas-de-walmart-afectadas-por-saqueos-durante-protestas-por-2018gasolinazo2019
Ciudad de México: El crimen genera en México un costo económico equivalente a 1.92 por ciento del producto interno bruto (PIB), el más bajo entre 17 países analizados de América Latina y el Caribe.
Además, la cifra se ubica por debajo del promedio regional de 3.55 por ciento y del 2.75 por ciento de Estados Unidos respecto al PIB correspondiente, revela un análisis comparativo realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La investigación fue realizada a partir de lo que gastan los gobiernos para combatir los delitos, pérdidas económicas que dejan los homicidios, gastos en seguridad privada, erogaciones por el mantenimiento de prisiones y lo que el país deja de generar económicamente por personas asesinadas o encarceladas, entre otros factores.
El costo de 3.5 por ciento del PIB regional que deja el crimen, triplica el costo global del terrorismo, el del cambio climático e incluso del Brexit, ya que se ha calculado que cada uno equivalen aproximadamente al uno por ciento mundial, explicó el organismo.
En total, los costos que deja el crimen en México ascienden a 41 mil 295 millones de dólares, la tercera parte si se compara con los 124 mil 351 millones de dólares que se registran en Brasil.
El BID destacó que ambos países concentran 71 por ciento del costo total de los homicidios cometidos en América Latina, pero Brasil contribuye con 52 por ciento y México con 19 por ciento. Indicó que el gasto en prisiones que realizan los 17 países analizados triplica el financiamiento de Prospera y Bolsa Familia, los principales programas que tienen México y Brasil para combatir la pobreza.
El costo per cápita del crimen en México ascendió a 344.95 dólares en 2014, último año del que el BID obtuvo cifras comparables entre los países analizados, y que a la cotización actual equivalen a 7 mil 209 pesos a la cotización. La cifra es menor no sólo a Brasil y Argentina, sino también a Chile, Uruguay, El Salvador, Costa Rica y Colombia que oscilan entre los 420 y los 688 dólares.
Si sólo se habla de homicidios, el banco regional calculó que en México el costo promedio pasó del 0.20 por ciento del PIB en 2010 a 0.13 por ciento en 2014, lo que implica un promedio de 0.17 por ciento en el periodo. En contraste, en Argentina el promedio es de apenas 0.6 por ciento y en El Salvador de 0.73 por ciento.
El BID aclaró que se trata de cifras “conservadoras” toda vez que aunque incluye lo que gastan los gobiernos y el sector privado en diferentes acciones y programas, no se tomaron en cuenta aquellos referidos a la prevención de la violencia o gastos en salud derivados de la violencia, entre otros.
En cuanto al gasto en prisiones y las pérdidas económicas que se registran en México por la gente en edad productiva que está encarcelada señaló que equivalen al 0.22 por ciento del PIB (el promedio regional es de 0.39 por ciento), compuesto por un 0.12 por ciento del gasto público en prisiones (el promedio regional es de 0.20 por ciento) y de 0.10 por ciento por las pérdidas de ingresos por privación de la libertad. En tanto que el gasto en seguridad privada que se realiza es de 0.09 por ciento, uno de los más bajos entre las naciones latinoamericanas.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GONZÁLEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/07/costo-economico-del-crimen-en-mexico-equivale-a-1-92-del-pib
Por tercera vez en algo más de un año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a autoridades locales y federales por un caso de explotación laboral de menores indígenas en un rancho agrícola. UNICEF México estima que 44% de los hogares de jornaleros tienen, al menos, un niño trabajador.
Niños indígenas de entre cuatro y 12 años de edad trabajaban en un rancho agrícola en San Luis Potosí, donde compartían cuartos hacinados con más de 200 jornaleros y dormían en el suelo infestado de chinches. Además, los menores de etnia nahua solo disponían de cartones para cubrirse en la noche, y se les negó la atención médica a pesar de las fuertes diarreas que padecían por el consumo de alimentos podridos y agua no potable.
Y todo, con el ‘permiso’ de funcionarios públicos de la Secretaría del Trabajo local y federal, la Procuraduría estatal de justicia, y de la Procuraduría de Protección de Niños, quienes a pesar de estar enterados de las denuncias no tomaron medidas para evitar las violaciones a derechos humanos.
Todo lo anterior lo documenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en una recomendación –la tercera por el mismo motivo desde octubre de 2015- que envió al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, y al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera, para que se repare el daño a los menores y a los jornaleros indígenas.
Trabajaban niños de entre cuatro y 12 años de edad
Según consta en la recomendación 70/2016, el 13 de junio de 2016 la Comisión de derechos humanos de San Luis Potosí recibió una llamada telefónica de Juan pidiendo ayuda.
Juan, cuyo verdadero nombre queda protegido por temor a represalias, explicó que trabajaba sembrando chile y pepino en un rancho en el municipio potosino de Villa Juárez. Y que junto a él había al menos otros 240 jornaleros indígenas, “incluyendo niños de entre cuatro, cinco y 12 años de edad”, que llegaron desde diferentes puntos de las sierras de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, para laborar de 07.30 de la mañana hasta las 16.30 de la tarde por un salario de 150 pesos al día.
En su denuncia de hechos, Juan expuso que las condiciones de trabajo y alojamiento eran infrahumanas para todos los jornaleros, pero más aún para los menores que dormían con otras ocho personas tirados en el suelo, entre el lodo y una “epidemia” de chinches.
Tres días más tarde de la denuncia telefónica, el 16 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomó el caso y un día después se presentó en la Secretaría del Trabajo Federal en San Luis Potosí para pedirle que diera “atención inmediata” a la denuncia de Juan.
Pero ni la delegación estatal de la Secretaría del Trabajo, ni tampoco la Secretaría del Trabajo local, realizaron acción alguna para verificar las condiciones laborales en este rancho, por lo que la CNDH se presentó el 19 de agosto en las instalaciones del campo agrícola.
Cocinaban alimentos con agua contaminada de una cisterna
Allí, durante dos días, la CNDH documentó que al menos siete niños estaban trabajando “en condiciones indignas” y de “explotación”, y que prácticamente vivían hacinados como el resto de jornaleros en unas caballerizas.
“Las viviendas proporcionadas por el empleador eran inadecuadas, pues permitían la filtración del agua de lluvia, el suelo era de tierra, carecían de instalaciones eléctricas, había presencia de fauna nociva y el agua con el que cocinaban sus alimentos provenía de una cisterna que, a simple vista, presentaba malas condiciones de higiene con insectos en la superficie”, detalla el informe de la CNDH.
Los patrones les vendían alimentos “excesivamente caros” en la tienda del rancho
Además, los menores y los jornaleros no contaban con baños ni regaderas, ni con agua potable para beber. Situación que los obligó a tener que caminar a diario varios kilómetros para bañarse y beber agua en un arroyo, lo que a su vez originó que muchos de ellos presentaran síntomas de diarrea, a pesar de lo cual los dueños del rancho les negaron la atención médica.
En cuanto a la alimentación de los menores y de los jornaleros, el ‘menú’ siempre era el mismo: agua hervida con frijoles y 600 gramos de tortilla por persona. Aunque los patrones del rancho tenían una tienda en el campo donde les vendía productos “excesivamente caros”, por lo que los jornaleros acababan endeudándose con sus jefes si querían comer una ‘dieta’ diferente.
Autoridades solo hicieron trámites burocráticos
Tras la visita al rancho, la CNDH solicitó el 20 de agosto a la Procuraduría de justicia de San Luis Potosí la implementación de medidas cautelares para proteger a los menores y a los jornaleros explotados. Petición a la que la Procuraduría contestó afirmativamente por escrito.
Sin embargo, la CNDH denuncia en su recomendación que la Procuraduría no tomó en realidad ninguna acción concreta, al igual que que la Secretaría del Trabajo local y estatal.
“Quedó plenamente evidenciado que las autoridades responsables de la aplicación de las leyes del trabajo no adoptaron las medidas necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones a derechos humanos, a pesar de haberles sido requeridas por la Comisión Nacional, a quienes hicieron llegar sus correspondientes aceptaciones”, recalca la CNDH.
En cuanto al trabajo de la Procuraduría estatal, la Comisión evidencia que su actuación se limitó básicamente a abrir una carpeta de investigación y a realizar trámites burocráticos estériles entre sus diferentes áreas, sin llevar a cabo “acciones de investigación ni medidas de protección de las posibles víctimas de delito”, como la explotación laboral y/o la trata de personas.
Por estos motivos, la CNDH dirigió la recomendación a Alfonso Navarrete, titular de la Secretaría del Trabajo federal, y a Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí, a quienes instó a que sus respectivos órganos internos de control inicien una investigación en contra de 12 servidores públicos adscritos a las Secretarías del Trabajo federal y local, a la Procuraduría estatal, y a la Procuraduría estatal de Protección a niños, “por no investigar el caso, ni proteger y salvaguardar los derechos de los jornaleros” ni de los menores.
RECOMENDACIÓN
“Condiciones infrahumanas” también en Baja California
Cabe subrayar que esta no es la primera recomendación que emite la CNDH por un caso de explotación laboral de jornaleros indígenas y de menores.
De hecho, apenas el pasado 31 de mayo de 2016, la comisión envió otra recomendación al secretario del trabajo, Alfonso Navarrete, y al gobernador de Baja California, Carlos Mendoza, por las “condiciones infrahumanas” en las que fueron hallados jornaleros rarámuris en campos del municipio de Comondú.
En esta recomendación también se denuncian violaciones a derechos humanos en contra de menores indígenas que trabajaban en el campo en condiciones precarias.
Mientras que meses antes, en octubre de 2015, la CNDH emitió otra recomendación dirigida esta vez al entonces titular de Sedesol, José Antonio Meade, así como al ayuntamiento de Yurécuaro, Michoacán, luego de que una menor indígena perdiera la vida ahogada en el aljibe de un albergue comunitario para jornaleros agrícolas.
44% de hogares de jornaleros cuentan con al menos un niño trabajador
UNICEF advierte que en México los hijos e hijas de los jornaleros agrícolas “son un grupo especialmente vulnerable”.
Así lo apunta en su estudio ‘Trabajo infantil’, en el que la agencia para la niñez de la ONU subraya que 44% de los hogares de jornaleros agrícolas cuentan con, al menos, un niño o una niña trabajador.
Es decir, que en casi 5 de cada 10 casas de jornaleros los niños laboran, estando expuestos a posibles violaciones a derechos humanos como la explotación laboral o el tráfico de personas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/trabajo-ninos-indigenas-rancho/
De acuerdo con estudios del CIDE, en los primeros cinco años de la lucha contra el crimen se deterioraron las condiciones de seguridad y se incrementó el número de muertos por enfrentamientos.
Los grupos del narcotráfico crecieron más de un 900% durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, pese a la estrategia de enviar al ejército a las calles a combatirlos, revelan cinco estudios* realizados por investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo Económicos (CIDE).
En ese mismo sexenio se disparó por arriba del 2000% la tasa de civiles muertos en enfrentamientos entre autoridades y presuntos delincuentes, concluyen los investigadores del CIDE.
El aumento de la violencia derivada de la estrategia para combatir al narcotráfico deterioró las condiciones de seguridad en el país, dicen los investigadores.
En el 2007, cuando comenzó el despliegue de fuerzas federales operaban en el país 20 organizaciones criminales que estuvieron involucradas en 79 enfrentamientos o ataques ya sea entre ellas o con la autoridad.
Tres años después, en 2011 ya se encontraban en operación 200 grupos criminales que solo en ese año estuvieron implicados en más de mil enfrentamientos.
Con ellos aumentó 2,093% el número de muertos. Mientras que en 2007 la tasa de víctimas letales por cada incidente era apenas de 0.08 (en promedio un civil muerto por cada 10 enfrentamientos); para 2011 esta tasa ya era de 1.9 muertos (en promedio dos personas muertas por un solo enfrentamiento).
El promedio de detenidos por enfrentamientos pasó de 0.4 en 2007 a 1.7 en 2011, un crecimiento de más del 300%.
Los analistas calcularon que cada enfrentamiento adicional protagonizado por la Secretaría de la Defensa Nacional representó un incremento del 8% en los homicidios en el trimestre inmediato al evento, y del 3% en el año inmediato.
La hipótesis de “descabezamiento de cárteles” o de desequilibrio del status quo entre grupos también es corroborada por los datos. En el corto plazo, tanto matar como detener a miembros de la delincuencia organizada en enfrentamientos con la fuerza pública provoca un incremento de la violencia en 0.5% y de 3%, respectivamente.
En el largo plazo, un detenido adicional no tiene ningún efecto en la violencia, pero un miembro del crimen organizado adicional ejecutado en enfrentamientos con la fuerza pública genera un incremento en los homicidios de 1%” concluyen los expertos
El remedio… ¿peor que la enfermedad?
Entre los resultados que arrojan los estudios destaca que entre 2007 y 2011 se registraron en total tres mil 327 combates entre las fuerzas armadas y federales con células de grupos delictivos. Más del 84% de dichos incidentes fueron propiciados por los propios soldados o policías y el resto fue en respuesta a una agresión directa.
En su análisis, los expertos advierten que la intervención de las fuerzas federales ha derivado en la detención o muerte de líderes criminales pero esto, lejos de frenar las actividades de los grupos delictivos, ha propiciado una multiplicación de los mismos.
“Las estimaciones muestran que las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad tienden a fragmentar aún más a las organizaciones criminales; y que estos cambios producen a su vez más violencia” indican los analistas.
El deterioro de las condiciones de seguridad impulsada por la fragmentación y disputa de los grupos delictivos también ha incidido en la libertad de prensa.
En uno de los análisis denominados “Voces Silenciadas” se revela, además del incremento en el homicidio de periodistas del 2007 al 2011, que el 63% de los homicidios (31 casos) ocurrió en municipios donde había una disputa entre grupos criminales. En tanto, el 12% de los asesinatos se registró en localidades donde solo operaba un grupo criminal y el 25% en donde no se tenía reportada la presencia de ninguno.
Estos resultados, prosigue el análisis, son “consistentes con la hipótesis de la fragmentación que afirma que en condiciones de competencia (criminal) la violencia contra periodistas también aumenta”.
Letalidad… y opacidad
En el desarrollo de la llamada “guerra contra el narcotráfico” se incrementó de forma significativa la letalidad de las fuerzas armadas en los enfrentamientos, es decir, el porcentaje de civiles que murieron en cada enfrentamiento.
Lo que hicieron los analistas es identificar los llamados “eventos de letalidad perfecta por fuerzas públicas”, que son aquellos combates donde no hubo lesionados ni sobrevivientes del lado de los presuntos agresores.
Entre el año 2007 y 2008 estos eventos se mantuvieron en una proporción similar a los combates donde si hubo detenidos o lesionados pero a partir de ahí crecieron de forma significativa. En 2009 se registraron 59 enfrentamientos con letalidad perfecta por 48 que no lo fueron; para 2010 la cifra se disparó a 280 combate de letalidad perfecta por solo 91 donde hubo sobrevivientes; y en 2011 fueron 451 eventos sin sobrevivientes por 149 en donde sí los hubo.
Otro dato revelador es el incremento de la proporción de civiles fallecidos justamente en estos “eventos de letalidad perfecta”. Mientras que en 2008 representaron el 60% de los decesos de presuntos agresores para 2011 la proporción era superior al 90 por ciento.
De acuerdo con los datos del CIDE, de los tres mil 413 civiles fallecidos en los enfrentamientos contra las fuerzas militares y policiales entre 2007 y 2013, están dos mil 938 (más del 86%) que perdieron la vida justamente en estos combates de “letalidad perfecta” donde no hubo sobrevivientes
“Estas cifras sugieren que la guerra contra el crimen organizado en México es cada vez más letal y costosa medida por el número de pérdidas de vidas humanas” concluyeron los especialistas.
Por otra parte los especialistas del CIDE advirtieron que desde hace al menos cinco años existe opacidad en cuanto a los datos oficiales de homicidios vinculados con el crimen organizado. La única estadística oficial que se dio a conocer en 2012 correspondía al periodo de los años 2007 a 2011.
“En mayo de 2012, en el contexto de la 27ª Sesión Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, los procuradores locales consideraron que esta nueva base no era confiable y “decidieron reconstruirla con la misma metodología para tener certeza de las cifras con datos verificados por cada dependencia. A la fecha no se ha publicado una base de datos verificada por las procuradurías locales” indica el estudio
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/grupos-criminales-aumentaron-900-la-guerra-narco-calderon/
Aunque la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) fue un logro de las organizaciones civiles en el Estado de México, hasta el momento presenta fallas en la aplicación de los protocolos que establece la medida. Errores que han ocasionado que los feminicidios continúen, dicen activistas y legisladoras.
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el Estado de México ha sido insuficiente para frenar los feminicidios, y sólo en lo que va del año se han contabilizado 37 asesinatos de mujeres. Activistas critican que la medida “es letra muerta” en la entidad gobernada por el priista Eruviel Ávila Villegas.
Muchos de estos homicidios, criticó David Mancera Figueroa, presidente de la organización civil Solidaridad por las Familias, no son investigados como feminicidios.
“Llevamos 37 feminicidios al día de hoy. La Alerta de Violencia de Género, a unos días de que se conmemore el día internacional de la mujer el 8 de marzo, es letra muerta, porque aunque existen los protocolos de actuación para ponerla en marcha, no lo han hecho porque no saben cómo capacitar al personal. Los homicidios de mujeres, asesinatos, siguen siendo tratados como homicidios normales, lo dejan al libre albedrío del Ministerio Público”, dijo.
La declaratoria fue la primera en el país. El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNAPASEVM) emitió la Alerta de Género por unanimidad el 28 de julio de 2015 en 11 municipios del Estado de México: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.
La medida se implementó cuatro años y medio después de que fue realizada la solicitud correspondiente. Un día después de emitida la alerta, los expertos en el tema y activistas involucrados, dijeron que debía impactar en toda la entidad con medidas urgentes en prevención, seguridad y justicia. Sin embargo esto no ha sucedido.
El pasado 31 de enero, el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem), dio a conocer que durante 2016, en el Estado de México ocurrieron 263 feminicidios, de los cuales 39 ocurrieron sólo en el municipio de Ecatepec.
A Ecatepec le siguen Naucalpan, con 17 casos; Toluca, con 16; Chimalhuacán, con 15; Chalco, con 13; Nezahualcóyotl, con 12; Tultitlán, con 11; Ixtapaluca, Nicolás Romero y Tlalnepantla, con 9 cada uno, y Cuautitlán Izcalli con 7.
Mexfem detalló que, de manera preliminar, se tiene registro de 17 feminicidios en Ecatepec, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl en lo que va de 2017.
Sin embargo, el activista David Mancera aseguró que las cifras son más elevadas. Sobre todo en el municipio de Ecatepec, el lugar “más peligroso de México”, dijo. Además, en lo que va del año han desaparecido 25 mujeres en la entidad, afirmó.
De acuerdo con el activista, en Ecatepec hay feminicidios que no se investigan como tal, por lo que no quedan registrados en las cifras oficiales.
“Te podría decir el de Nancy Ríos, una mujer de 25 años, que tenemos pruebas que fue su marido quien la desapareció y se las hemos entregado a la Fiscalía, pero no se investiga como feminicidio. La Alerta de Género sigue siendo letra muerta, tuvimos el atentando contra Andrade [María Luisa García Andrade, defensora de los derechos humanos] donde los protocolos de actuación en defensa de esta mujer no se han llevado a cabo”, argumentó.
En octubre de 2016, María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), reveló a SinEmbargo que de 550 mujeres asesinadas de principios de 2015 a esa fecha, sólo 18 por ciento eran investigados como feminicidio.
La activista precisó que en un periodo de 18 meses habían desaparecido 2 mil 043 mujeres en la entidad, la mayoría menores de edad.
FALLAS EN LA APLICACIÓN DE LA ALERTA
David Mancera explicó que una de las principales fallas de la alerta, es que no se aplican los protocolos de actuación, una de las bondades de la medida.
“La alerta en sí, es un logro. Los protocolos pueden ayudar, pero no hay quien los implemente: una mujer golpeada sigue teniendo cuatro sesiones psicológicas y 25 días de espera para que le determinen si tuvo violencia o no”, criticó.
EL activista denunció que aún se solicitan las 72 horas de espera, antes de denunciar la desaparición de una mujer.
La activista María de la Luz detalló, en entrevista con este medio digital, que hay algunos avances de la Alerta de Violencia de Género, que como directora de una de las organizaciones peticionarias de la medida en la entidad, ha dado seguimiento.
“Las alertas plantean medidas de seguridad, procuración y prevención, y la alerta primera fue la del Estado de México, donde nos llevó casi cuatro meses en arrancar con lineamientos de cómo se tendrían que llevar las reuniones de seguimiento, cómo se iba a medir el cumplimiento, porque necesitamos indicadores de resultados. En los últimos meses estamos impulsando los mecanismos que realmente funcionen como la Unidad de Análisis y Contexto”, dijo
La Unidad de Análisis y Contexto es la primera en el país y se instaló con 21 especialistas entre criminólogos, abogados, psicólogos y analistas, añadió.
“Necesitamos que tengan todos los recursos económicos, porque ellos van a llevar casos que son fundamentales para crear análisis de contexto. Son procesos que no son sencillos. Parar formar esta unidad se contrató a quién la iba hacer, se trajo a un Fiscal de Colombia que hizo diagnósticos del funcionamiento de la Procuraduría. Todo esto lleva tiempo, luego el Gobernador [Eruviel Ávila Villegas] lo tiene que aceptar y decretar, para que no venga un nuevo gobierno y desaparezca las cosas”, agregó la directora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio.
Las organizaciones también trabajan con los Ministerios Públicos para la redirección de la investigación de casos. La labor ha sido ardua, precisó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-02-2017/3145977
Los vendedores aseguraron a algunos ciudadanos que eran originarios de Irapuato y que también tuvieron que salir a las calles de Salamanca y León para vender las fresas, aproximadamente entre 40 y 50 toneladas, porque en la frontera de Estados Unidos ya no les habían querido poner el sello para ingresar.
En redes sociales se está promoviendo la venta de cajas de fresas en las calles de Salamanca y al menos otras dos ciudades del estado; los vendedores de la fruta acusan que no dejaron entrar el producto a Estados Unidos, por lo que las están teniendo que rematar a 25 pesos la caja.
Los vendedores aseguraron a algunos ciudadanos que eran originarios de Irapuato y que tuvieron que salir a las calles de Salamanca, Irapuato y León para vender las fresas, aproximadamente entre 40 y 50 toneladas porque en la frontera de Estados Unidos ya no les habían querido poner el sello para ingresar.
Sin embargo, la camioneta que contactó Zona Franca solo portaba alrededor de unas 150 cajas de fresas.
En las redes sociales incluso se invitó a que acudieran en días pasado a un domicilio donde les habían dejado permanecer por unos momentos para vender la fresa de la marca Harverst 52, sin embargo esta marca tiene su domicilio fuera del estado de Guanajuato y con domicilio fiscal en Colima y Michoacán.
Se trató de dialogar con la empresa vía el teléfono que circula (462 2350836) y que encuentra en la página, pero no se logró esclarecer la situación, pues aunque se tuvo contacto vía telefónica aparentemente con una trabajadora, cuando se le explicó que esta reportera buscaba una entrevista para saber por qué no les habían dejado entrar la fresa a Estados Unidos, y aclarar de dónde son originarios, la mujer explicó que era originaria de León y aclararía más cosas después, porque iría a una junta.
En cuanto al otro número, el que aparece en la página web, no contestaron.
En la redes sociales, o obstante, algunos de los comentarios son en apoyo de la empresa, otros cuestionaban si cumplían con todos los requerimientos, y que al fallar estos, sería que no dejaron entrar el producto al vecino país.
FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-02-2017/3146494
La agencia calificadora Moody’s, que ha puesto la nota de México en revisión para una posible baja, alertó que la deuda del país aumentó más de lo esperado el año pasado y que el débil crecimiento podría añadir presiones en 2017. Destacó que el aumento de las tensiones con Estados Unidos, principal socio comercial del país, pone en riesgo la economía del país. Pero, en medio de este contexto, el diario Reforma informó hoy que en pleno llamado de austeridad, el Gobierno federal gastó el año pasado 29 mil 170 millones 468 mil pesos en fiestas, así como para premiar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.
La calificadora Moody’s, que ha puesto a revisión la calificación para México para una posible baja, alertó hoy que el bajo crecimiento económico y el aumento de deuda más de lo que se esperaba en 2016, más las tensiones con Estados Unidos generarán presión a la solvencia del país para éste año.
Actualmente, México cuenta con una calificación A3 que fue ratificada el año pasado por la calificadora; sin embargo bajó su expectativa de “estable” a “negativa”.
Justo hoy, el periódico Reforma informó que en pleno llamado de austeridad, el Gobierno federal gastó el año pasado 29 mil 170 millones 468 mil pesos en fiestas, así como para premiar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.
La calificadora Moody’s alertó que la deuda de México aumentó más de lo esperado y que el débil crecimiento podría añadir presiones en 2017.
En un informe recogido por la agencia Reuters, Moody’s anunció que pondrá a revisión la calificación a México, ya que la solvencia del país tiene un panorama con múltiples presiones como lo son que el año pasado tuvo un bajo crecimiento económico y la deuda pública creció más que lo que se esperaba. Aunado a ello, se agregan las tensiones con Estados Unidos, ante las amenazas del nuevo Presidente de EU, Donal Trump.
“El desempeño fiscal peor de lo esperado es negativo para México y pesa sobre su solvencia en medio de la debilidad de la actividad económica y el aumento de las tensiones con Estados Unidos, su principal socio comercial, luego de las elecciones presidenciales de Estados Unidos”, destacó el reporte de la calificadora.
El reporte emitido por la calificadora señaló que el gobierno federal incruento su déficit a un 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016, frente al 2.8 por ciento en el año previo. “la calificadora esperaba una consolidación fiscal y una reducción del déficit a un 2.5 por ciento del PIB para 2016”, señala Reuters sobre el informe.
La rebaja en la calificación a la deuda, advierte Moody’s generará más presión a la actividad económica mexicana ya que, afectaría a la atracción de la inversión en el país.
Organizaciones y economistas internacionales han advertido, desde el mes pasado, que la expectativa de crecimiento para México en este 2017 es baja.
A mediados de enero el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las Naciones Unidas dieron su estimaciones sobre el crecimiento económico, ambos, con ajustes en menos a la baja que lo sitúan en menos del 2 por ciento.
El informe de las Naciones Unidas descendió su perspectiva de crecimiento para México en 2017 de un 2 por ciento a un 1.9 por ciento porque proyecta que la inversión “declinará más”, y habrá menores flujos de comercio internacional.
Estimó que en 2016 el PIB nacional se expandió un 2 por ciento. El crecimiento en México y América Central se mantendrá moderado y se proyecta una expansión del PIB de un 2.3 por ciento en 2017 y un 2.2 por ciento en 2018 en medio de un contexto de elevada incertidumbre.
Durante la conferencia “Situación y perspectivas de la economía mundial”, Ramón Padilla Pérez, jefe de la Unidad de Desarrollo Económico de la CEPAL México, informó que la economía global creció un 2.2 por ciento en 2016, el menor nivel desde la crisis de 2008.
Estiman que en 2017 se expandirá 2.6 por ciento y en 2018 el mundo crecerá 2.9 por ciento por una mayor expansión de Estados Unidos por las medidas fiscales anunciadas por el Presidente electo.
Mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI), también ha rebajado notablemente las proyecciones de crecimiento en México para hasta el 1.7 por ciento 2017 y 2 por ciento 2018, en ambos casos seis décimas menos que lo calculado en octubre, debido a la “incertidumbre” derivada de la llegada a la presidencia estadounidense de Donald Trump.
En su actualización del informe de “Perspectivas Económicas Globales”, el Fondo argumentó este empeoramiento en las perspectivas por “unas condiciones financieras más restrictivas y vientos en contra más fuertes para México debido a la incertidumbre relacionada con Estados Unidos”.
No obstante, agregó que México cuenta con “sólidas” políticas macroeconómicas que ayudan a “amortiguar” estos riesgos y señaló que también contribuiría a reforzar la posición de la economía mexicana avanzar en su proceso de consolidación fiscal.
EL DERROCHE EN FIESTAS: REFORMA
De acuerdo con el diario Reforma, mantener alegres a los burócratas del Gobierno federal cuesta 29 mil millones de pesos.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), citados por el medio, revelaron que la celebración del Día de Reyes en diversas dependencias y organismos de Gobierno, por ejemplo, tuvo un costo de 231 millones 459 mil pesos.
En tanto que la celebración del Día de la Madre costó 158 millones 98 mil pesos, mientras que el Día del Niño, otros 50 millones 847 mil pesos.
Festejar el Día de la Secretaria, dice el medio, salió en un millón 69 mil pesos, el del Maestro en 2 millones 457 mil y el Día de los Trabajadores Agrarios, otros 508 mil pesos.
También los padres tuvieron su festejo en la burocracia federal y para ello se destinaron 3 millones 856 mil pesos.
Hasta para celebrar el Día del Caminero el Gobierno federal implicó el gasto de recursos, en ese caso, 591 mil 600 pesos.
Hacienda detalló que entre los gastos del año pasado también se incluyeron algunos premios para los funcionarios públicos.
Por ejemplo, mencionó Reforma, el costo del bono por asistencia para los burócratas en 2016 ascendió a 10 mil 99 millones de pesos, monto superior al que presumen varios programas de cultura o educación.
El que un burócrata llegue a tiempo le cuesta al Gobierno federal 10 mil 885 millones de pesos.
También existen pagos por “asiduidad” y por perseverancia, conceptos en los que se gastaron 10 millones 505 mil pesos y mil 223 millones 98 mil pesos, respectivamente.
Otros eventos también requirieron de montos elevados del erario para poder llevarse a cabo. Tal fue el caso de las actividades culturales, sociales y deportivas que organizaron organismos federales, y para las cuales se usaron 6 mil 190 millones de pesos, sin que se detalle la razón o el costo de cada uno de esos eventos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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César Camacho dijo que a su bancada no le interesa abordar y resolver de manera prioritaria la legislación en materia de suspensión de garantías.
Este martes los titulares las secretarías de Defensa (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina (Semar), Francisco Vidal Soberón Sanz, se reunieron en privado con diputados y senadores que integran las comisiones de Gobernación de ambas cámaras.
Al terminar la reunión, legisladores del PRI y el PRD expresaron a la prensa sus impresiones de lo discutido con los mandos castrenses acerca de la Ley de Seguridad Interior.
PRD propone delimitar actuación de militares en mando mixto
El coordinador de los diputados del PRD y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri, planteó la necesidad de profesionalizar a los cuerpos de policía y establecer dentro del mando mixto policial en los estados las condiciones de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
“La seguridad interior del país, como el caso del narcotráfico, debe ser necesariamente función de la policía, por lo que se requiere impulsar la profesionalización de éstas y que la participación del Ejército sea sólo de manera temporal”, dijo.
“No estamos diciendo que se retire ya totalmente el Ejército. Se tiene que establecer, como parte de la ley de mando mixto, a través de los transitorios, un plan de trabajo en el cual paulatinamente el Ejército pueda estar o pueda retirarse”, señaló.
El perredista recordó que su grupo parlamentario no apoyará la iniciativa de Ley de Seguridad Interior y agregó que los gobiernos estatales deben responsabilizarse de la profesionalización de sus policías porque éstos dejan muy fácilmente la encomienda al Ejército, sin preocuparse por fortalecer sus policías y eso es un acto de irresponsabilidad para quien así lo esté haciendo
“Querer inmiscuir al Ejército en estas tareas de seguridad no es lo propio, tenemos que conservar y preservar la dignidad del Ejército y de la Armada y no meterlos en estas dinámicas que pueden generar un verdadero conflicto y mucho menos si estamos hablando de un plazo, que algunos se han atrevido a denominar en términos de número, de seis meses”, asentó.
Por otro lado, el diputado Rafael Hernández Soriano dijo que “hubo un intercambio de opiniones franco” con Cienfuegos Zepeda y Soberón Sanz.
El legislador perredista comentó que la iniciativa del PRI fue vista con aceptación por los titulares de ambas dependencias, pero “sin el debido cuidado por todo lo que implica esa legislación, como la necesidad de revisar la constitucionalidad y convencionalidad de la ley”.
Ley de Seguridad interior no debe aplazarse por dictamen sobre suspensión de garantías: PRI
El vicecoordinador de los diputados del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que la Ley de Seguridad Interior “es indispensable” y buscará dar certeza jurídica a la participación del Ejército en tareas de combate a la inseguridad.
“No hay riesgo de militarización, al contrario, el propósito es la desmilitarización, al señalar con precisión en la ley, dónde, cuándo y por cuánto tiempo (será la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad)”, sostuvo en declaraciones a la prensa.
“Se ha abusado de la intervención del Ejército, y de lo que se trata ahora es de que cada quien asuma su responsabilidad, y que el Ejército regrese a cumplir su encomienda principal”, agregó.
Ramírez Marín comentó que en la Cámara de Diputados estarán atentos de las recomendaciones, tanto de las organizaciones en México como de la ONU, y que “no hay ningún inconveniente” con que la Ley de Seguridad Interior salga primero que la reforma sobre el mando mixto policial en los estados.
Por otro lado, el coordinador del PRI, César Camacho, coincidió en que la dictaminación y aprobación de la Ley de Seguridad Interior es urgente y no puede esperar a que se resuelva el tema del mando mixto policial ni el de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión de garantías.
“No esperaríamos a resolver la minuta de reforma constitucional relacionada, con lo que ha ido cambiando de nombre, mando único, mando mixto de los policías… los contornos competenciales de la seguridad pública están claramente definidos y diferenciados de la seguridad interior”, externó.
“Tampoco tendríamos que esperar a la legislación pendiente, a la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que prevé el Estado de excepción, la llamada suspensión de garantías, que, dicho sea de paso, a mi fracción (parlamentaria) no le interesa de manera prioritaria abordarla y resolverla”, abundó.
César Camacho apuntó que las fuerzas armadas refrendaron su convicción de obedecer las instrucciones del Ejecutivo y manifestaron su actitud positiva de coadyuvar en tareas de seguridad interior. “La reunión fue muy buena, para conocer de viva voz cuáles son las intenciones, los motivos y las preocupaciones del Ejército”.
El líder parlamentario refirió que el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo que el Ejército será “respetuoso de lo que decida el Poder Legislativo, e incluso si no decide nada”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0702/mexico/pri-no-ve-riesgo-de-militarizacion-con-ley-de-seguridad-interior/
"Estamos redefiniendo cómo nos vamos a entender con las nuevas autoridades de los Estados Unidos", reconoce el presidente.
El presidente Enrique Peña Nieto recibió este martes, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a un grupo de 135 mexicanos que regresaron repatriados de los Estados Unidos, a quienes dio la bienvenida al país y les refrendó el apoyo del gobierno de la República para que encuentren en México espacios de oportunidad y desarrollo.
En un acto privado, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia, Peña les dijo: “No están solos. No se sientan abandonados. Siempre estarán abiertas las puertas de ésta su casa”.
“Permítannos que el Gobierno les acompañe en este proceso de regreso a su país”, dijo, tras precisar que “México es una tierra de oportunidades; se han venido generando, y ello lo acredita el que hoy son más los que están regresando en el proceso de repatriación, y muchos por decisión propia, que los que eventualmente están decidiendo ir hacia los Estados Unidos”.
“La única razón de que así esté ocurriendo es que aquí están encontrando un espacio de desarrollo personal”, subrayó. “Hoy se han generado empleos como nunca antes los había; y hay inversión productiva”, agregó.
“México sigue creciendo, es un país que está generando oportunidades para sus connacionales, y yo espero que eso les permita encontrar un espacio aquí de desarrollo personal”, enfatizó.
Peña mencionó que el proceso de repatriación de connacionales provenientes de los Estados Unidos se ha modernizado, lo que permite que sea seguro, humano y ordenado. Recordó que en 2013 se establecieron los Procedimientos de Repatriación al Interior de México y en 2014 se estableció el Programa Somos Mexicanos, que permiten proporcionarles atención integral a los mexicanos en su retorno.
Reconoció que actualmente hay un nuevo momento en la relación con los Estados Unidos, en el que “estamos redefiniendo cómo nos vamos a entender con las nuevas autoridades de los Estados Unidos, con la nueva política que el Presidente de los Estados Unidos está queriendo emprender en materia de política exterior”.
Resaltó que México buscará “llegar a un acuerdo con respeto a nuestra dignidad, con todo decoro, y siempre en la defensa de los intereses de los mexicanos”. Esos, dijo, son los “principios que marca nuestra Constitución, en el ejercicio pleno de nuestra soberanía, de ser un Estado libre, soberano e independiente”.
Destacó que con los Estados Unidos “tenemos una gran colaboración y cooperación en distintas áreas”, y enfatizó que “estamos en condición de poder lograr buenos acuerdos si partimos de un principio de respeto mutuo, y de sentar bases para que haya confianza en el ejercicio y en lo que los dos gobiernos tengamos que hacer”.
“Estamos listos y estamos dispuestos a entrar a un espacio de diálogo, y así también nos lo han confirmado las autoridades de los Estados Unidos”, añadió.
Samuel Morales, uno de los connacionales repatriados y beneficiario del Programa Somos Mexicanos, señaló que después de 25 años de radicar en los Estados Unidos fue deportado por la frontera con Matamoros, y desde su arribo fue auxiliado por el Instituto Nacional de Migración, que le dio albergue, comida y la orientación y apoyo necesarios para trasladarse a la Ciudad de México, de donde es originario.
A su vez, Aarón Silva, también repatriado, mencionó que llevaba aproximadamente 13 años en los Estados Unidos dedicándose a la pintura. “Me agarraron por una licencia, me discriminaron y fui preso por un cierto tiempo. De ahí me dijeron que yo no podía estar allá, que era criminal nada más por no tener licencia, entonces empezaron el trámite. Yo apliqué para un abogado, también estuve luchando por un tiempo, me tuvieron más de un año ahí”.
“Yo dejé una familia allá que tal vez ya perdí por ahorita, por cómo está la situación, y no quiero regresar allá”, agregó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0702/mexico/epn-recibe-a-primeros-repatriados-por-trump/
WASHINGTON: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su aprobación a la postulación de Gerónimo Gutiérrez como embajador de México en Washington.
“El presidente (Trump) le otorgó el beneplácito a la nominación del señor Gutiérrez para ser embajador de México en Estados Unidos”, informó a Apro un funcionario de la Casa Blanca.
Para convertirse en el nuevo embajador de México en Washington, Gutiérrez tendrá que ser ratificado por el Senado mexicano, lo cual podría ocurrir en los próximos días.
De extracción panista, Gutiérrez, quien fuera subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte en el sexenio de Vicente Fox, y actualmente es director gerente del Banco de Desarrollo para América del Norte (BDAN), es amigo muy cercano del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.
De ser confirmado por el Senado, Gutiérrez reemplazaría a Carlos Sada, quien dejó el puesto de embajador en Washington tras ser nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte.
El pasado viernes 3 de febrero, Trump notificó oficialmente al Comité de Finanzas del Senado federal de su país, y al de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de su decisión de revisar, renovar o reemplazar el TLCAN. La notificación que hiciera personalmente Trump a los presidentes de los poderosos Comités del Capitolio, está acompasada en el marco legal de los 90 días que tiene el mandatario estadunidense para informarle también a México y Canadá, de la determinación de renegociar el acuerdo.
La intención de Trump con el TLCAN, es aprovechar la vigencia de la llamada Acta de la Vía Rápida (Fast Trade Autority), la que no solo le permite una acelerada renegociación del TLCAN, sino que evita que el Capitolio haga enmiendas al definido con México y Canadá. Técnicamente, la renegociación del TLCAN ya se inició tanto con México, como con Canadá.
Como director gerente del BDAN, Gutiérrez, conoce a detalle la temática del TLCAN, por lo que el gobierno mexicano considera que con el nuevo embajador en Washington podrán entrarle de frente y con mayor conocimiento a las renegociaciones del acuerdo comercial que Trump quiere renovar o reemplazar con uno nuevo.
La semana pasada la Casa Blanca dejó en claro que al nuevo presidente de los Estados Unidos no le gustan los acuerdos multilaterales, que prefiere los bilaterales.
Con base en esto, se asume que el TLCAN dejaría de ser tripartita, que Estados Unidos definiría uno con México y otro con Canadá, amén de uno más entre canadienses y mexicanos.
En tan solo 15 meses el gobierno de Peña Nieto ha cambiado en dos ocasiones de embajador ante el gobierno de Estados Unidos, por Trump.
En abril del año pasado y ante la frivolidad, inexperiencia en la diplomacia y total falta de capacidad para responder a los ataques de Trump a México y a los mexicanos, Peña Nieto corrió al profesor Miguel Basañez del puesto de titular de la embajada en Washington cuando llevaba apenas siete meses al frente de la sede diplomática.
En mayo de ese mismo año, llegó Carlos Sada a la embajada mexicana para sustituir al profesor Basañez. El último acto de Sada como embajador en Washington, fue representar a México en la toma de posesión de Trump como presidente, el pasado viernes 20 de enero. La embajada mexicana en la capital estadunidense esta acéfala desde entonces.
El nombre de Gerónimo Gutiérrez ya se había mencionado anteriormente en la cancillería para ocupar la titularidad de la embajada de México en Washington.
En marzo de 2015 se le consideró como posible sucesor de Eduardo Medina Mora, quien dejo la embajada mexicana para ocupar el puesto de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el currículo de relaciones exteriores de Gutiérrez destaca su cargo como subsecretario para América Latina y el Caribe, tras haberse hecho cargo de la relación con Estados Unidos y Canadá. Posteriormente fue subsecretario de Gobernación.
De 1992 a 1994, fue Director de la Coordinación de Asesores del Secretario de Hacienda y Crédito Público y asesor de Banobras.
Es licenciado en Economía por el Instituto Autónomo de México (ITAM), y tiene el grado de maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473401/trump-aprueba-postulacion-geronimo-gutierrez-embajador-mexico-en-eu
CIUDAD DE MÉXICO: Mike Rogers, presidente del Subcomité de Seguridad del Transporte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, presentará una iniciativa de ley para gravar las remesas con un impuesto de 2% para pagar el muro en la frontera con México.
El legislador republicano por el estado de Alabama, precisó que ese sería solo “uno de los métodos” para financiar el muro propuesto por el presidente Donald Trump, cuyo costo se estima entre 12 mil y 15 mil millones de dólares.
“Intento presentar legislación: la Ley de Financiamiento Fronterizo 2017 (Border Funding Act of 2017) que pondría un impuesto de 2% a esas remesas como Western Unión y Moneygram. Eso generaría cerca de mil millones de dólares al año”, dijo durante una audiencia legislativa.
Según Rogers las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia países latinoamericanos ascienden a unos 30 mil millones de dólares al año, “la mayoría para México”.
El republicado no ofreció detalles si el gravamen propuesto sería general o sólo a las remesas dirigidas a México.
Rogers habló de su propuesta durante una comparecencia del secretario de Seguridad Nacional, general John Kelly ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
Desde su campaña como candidato republicano, Trump ha afirmado que México pagará por el muro aunque en una entrevista con la cadena Fox News transmitida el fin de semana, evitó responder a una pregunta del periodista Bill O’Reilly sobre el financiamiento del muro.
Sin embargo, su jefe de gabinete Reince Priebus indicó recientemente que la Casa Blanca considera un “buffet” de opciones.
Durante la audiencia legislativa, el general Kelly dijo que la construcción del muro podría estar en marcha en un lapso de dos años, aunque no descartó que se puedan construir algunas barreras de manera inmediata en las zonas más necesarias.
De hecho se están construyendo porciones adicionales en el área de San Diego aún antes del inicio del nuevo gobierno, dijo Kelly a los legisladores.
Y añadió que cualquiera sea el tamaño del muro, deberá complementarse con recursos humanos adicionales para patrullajes, así como globos aerostáticos y nuevos sensores más actuales porque los existentes, dijo, son tecnología de los años ochenta.
Previo a intervención de Kelly, Bennie Thompson, demócrata de Mississippi, dijo que la idea del muro y las palabras de Trump sobre el muro han sido “contraproducentes”.
“Al igual que su veto musulmán, el propuesto muro fronterizo del presidente Trump hará poco para proteger las fronteras de unidades, pero les costará miles de millones de dólares a los estadunidenses”, advirtió Thompson.
El Departamento de Seguridad Interna (DHS), subrayó, no tienen matriz alguna que corrobore que un muro aumente la seguridad fronteriza y justifique su “exorbitante costo”.
“Colocar un muro en la tarjeta de crédito de los estadunidenses sabiendo que México no tiene intención de pagarlo, dejará a los contribuyentes estadunidenses con la factura”, insistió.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473463/legislador-republicano-anuncia-iniciativa-gravar-2-las-remesas-costear-muro
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) informó de la captura de José Oscar García Ramírez , operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La detención de García Ramírez , alias El Cabús, de 40 años de edad, se llevó a cabo en las inmediaciones de Tamazula de Gordiano, en el estado de Jalisco, por la Agencia de Investigación de Criminal (AIC), en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“El detenido es señalado como probable responsable de dirigir una red de distribución de droga y coordinar las comunicaciones para una organización delictiva con presencia en esa entidad”, señala la PGR en un comunicado.
Se sabe que José Óscar García Ramírez era encargado de transmitir las órdenes de El Mencho, líder del CJNG, a los jefes regionales y de plaza de la organización delictiva.
Asimismo, coordinaba la adquisición de armamento para el primer círculo de seguridad de la cabeza del grupo criminal.
La dependencia añadió que El Cabús también organizaba el robo de hidrocarburo en la zona donde fue capturado.
La PGR mencionó que José Óscar fue detenido en compañía de Ana Silveria “N”, sin efectuar un solo disparo, y al momento de su detención les fueron aseguradas un arma larga, una corta, así como más de un kilo y medio de droga sintética, una báscula gramera, equipos de radiocomunicación y dos vehículos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473464/capturan-a-cabus-operador-del-cjng
