El pasado 4 de septiembre, la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla recibió al Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos para exponerles la situación que han vivido por más de ocho años, en los que han denunciado que les quieren imponer una autopista que partirá la comunidad en dos, a base de violaciones a sus derechos humanos y el quebrantamiento de órdenes judiciales que han ordenado la suspensión de la obra. Pero no fue la única comunidad a la que escucharon. La visita de la agrupación a la comunidad indígena formó parte una agenda que duró del 29 de agosto al 7 de septiembre, en la que se reunieron con organizaciones de la sociedad civil, representantes de los tres niveles de gobierno y empresas, para discutir las repercusiones que tiene la labor empresarial en materia de derechos humanos. 1. ¿Qué es el Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas? Esta agrupación fue establecida en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2011 y está conformado por cinco expertos independientes, que provienen de diferentes partes del mundo. La labor del Grupo de Trabajo se centra en promover que empresas de diferentes ámbitos se comprometan a respetar los derechos humanos, al momento de llevar a cabo sus labores. Y lo hacen a partir de tres principios rectores, que tienen que ver con lo siguiente: 1. El Estado, quien es el responsable de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos. 2. Las empresas, que deben cumplir las leyes hechas por el Estado y respetar los derechos humanos. 3.Los afectados, quienes deben tener acceso a mecanismos de reparación. A México llegaron dos integrantes: Pavel Sulyandziga, un defensor de derechos humanos de origen ruso, quien actualmente se desempeña como presidente del Grupo de Trabajo, y el chileno Dante Pesce, quien tiene una larga trayectoria de trabajo con organizaciones civiles en su país y a nivel internacional. 2. ¿A qué vinieron a México? De acuerdo con el informe de resultados preliminares, presentado el 7 de septiembre en conferencia de prensa, el Grupo de Trabajo vino a México por invitación del gobierno mexicano a “identificar iniciativas, oportunidades y desafíos para implementar los Principios Rectores de las Naciones unidas sobre empresas y derechos humanos en México”. 3. ¿Con quiénes se reunieron en México? De manera oficial, ésta fue la primera visita del Grupo de Trabajo a México. En ella, visitaron los estados de Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora, donde se reunieron con miembros de diferentes organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. También sostuvieron encuentros con los tres niveles de gobierno y miembros de secretarías como Relaciones Exteriores, Gobernación, Recursos Naturales, Economía. Por último, conversaron con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como de las comisiones de derechos humanos de los estados a los que visitaron, miembros del Congreso de la Unión y empresas como Grupo Bimbo, Grupo México, Cemex, Pemex y la CFE. 4. ¿Con quiénes no se reunieron? En la conferencia de prensa del 7 de septiembre, donde se dieron a conocer los resultados preliminares de la visita del Grupo de Trabajo a México, los representantes de dicha organización dieron a conocer que, de todas las empresas que aparecen mencionadas en el informe, la única con la que no pudieron reunirse fue con Grupo Higa, la constructora que desarrolla la Autopista Toluca-Naucalpan a la que se oponen los habitantes San Francisco Xochicuautla, pues no respondió a su solicitud que fue enviada vía correo electrónico. Dante Pesce, representante de la agrupación también señaló que también con respecto al caso Xochicuautla, no pudieron reunirse con autoridades del Estado de México, aunque no especificó las razones. Sin embargo, sí entregaron un cuestionario, cuyas respuestas esperan agregar al reporte final de su visita a México, que presentarán en junio de 2017. 5. ¿Qué contiene su informe? El panorama en México El informe que presentaron los representantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos contiene un resumen breve del panorama en México sobre la materia y reflexiona acerca del contexto adverso en materia de derechos humanos al que se enfrenta el país. Pavel Sulyandziga señaló que, en su opinión, en el país existe una crisis en la materia. “Organizaciones internacionales y nacionales y mecanismos de derechos humanos han puesto de manifiesto los graves problemas de derechos humanos que enfrenta México. Niveles críticos de violencia, inseguridad, e impunidad contrastan con importantes desarrollos legislativos y políticas públicas promovidas por el gobierno”. En opinión de la agrupación, los representantes de gobierno y empresas con los que se reunieron han aceptado que existe una sensación de intolerancia ante los proyectos a gran escala. “Nos quedó claro que las principales preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos vinculadas a la empresa están relacionadas con un ejercicio inadecuado de debida diligencia por parte del gobierno y las empresas en el diseño e implementación de proyectos a gran escala. Se trata principalmente protecto en los sectores de minería, energía, construcción y turismo, que afectan a menudo a las comunidades indígenas”, se lee en el documento. El informe preliminar contiene casos representativos que ilustran la problemática de la relación entre empresas y derechos humanos. Esos caso son: la Autopista Toluca-Naucalpan, el parque eólico en Oaxaca, la contaminación en los ríos Sonora y Santiago (ubicado en el estado de Jalisco) y el despido de Carmen Aristegui por dar a conocer una investigación periodística. Todos los casos han sufrido el impacto del sector empresarial. “Hay prácticas que realizan empresas, como la industrialización, que hace años eran bien vistas y ahora no lo son. No todos los proyectos que revisamos van a ser viables. Hay casos que el riesgo supera los beneficios”, comentó Dante Pesce del Grupo de Trabajo. Además, el documento comparte información sobre la situación de los derechos laborales en México, para personas con discapacidad, población infantil, sindicatos, jornaleros y la discriminación de género en el lugar de trabajo. “La situación precaria de los trabajadores contratados temporalmente, falta de acceso a la seguridad social, salarios bajos y un salario mínimo que actualmente no es suficiente para permitir a trabajadores mantenerse a ellos mismos y sus familias”, señala el informe. Por último, el reporte hace un breve resumen sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México, el trabajo de la CNDH y las comisiones de derechos humanos estatales y los procesos legales a los que en ocasiones tienen que recurrir las comunidades afectadas por proyectos de gran impacto. 6. Caso Xochicuautla Desde 2007, cuando Enrique Peña Nieto aún gobernaba la entidad, se impulsa la edificación de la Autopista Toluca-Naucalpan. Se trata de una carretera que se construye dentro de una vasta área natural, que es protegida por el gobierno mexicano desde el 8 de enero de 1980, bajo el nombre de Parque Estatal Otomí-Mexica. Los habitantes de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla denuncian que la autopista les está siendo impuesta y ha estado marcada por una serie de irregularidades que no sólo han atropellado sus derechos fundamentales como pueblo indígena, sino que son contrarias a lo que establece la legislación mexicana. 7. Caso parque eólico de Oaxaca El Grupo de Trabajo se reunió con las partes involucradas en la ampliación del parque eólico en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, al que se oponen las comunidades indígenas de la zona. Ellos denuncian que, aunque se llevó una consulta para determinar el destino de la obra, ésta fue amañada pues se hizo en un momento en el que ya estaban los molinos de viento en la región sobre la cual se pretendió consultar. En contraste, el informe menciona que, al reunirse con representantes de las autoridades de Oaxaca, les expresaron su frustración por la “cuestión indígena” había hecho que el proyecto se retrasara este proyecto energético. 8. Caso Río Sonora En Sonora, el Grupo de Trabajo revisó la situación en el Río Sonora, donde ocurrió el vertido tóxico a causa de una minera de cobre, propiedad de Grupo México. Ahí se reunieron con representantes del gobierno, la empresa y las personas afectadas para escuchar las tres versiones de la historia. El informe menciona la preocupaciones que existen en la comunidad, emanadas de las indemnizaciones que habrían de recibir por el daño, pues consideran que son arbitrarias. También señala que existe un descontento pues, de las 28 plantas de tratamiento de agua que la compañía se había comprometido a construir, solamente hay una terminada y no funciona debidamente. Por último, el documento narra que, aunque las personas afectadas consideran que no han sido debidamente informadas, representantes de Grupo México señalaron que era papel del Gobierno de la República proporcionar dicha información debidamente. 9. Caso Río Santiago, Jalisco El Grupo de Trabajo también revisó el caso del Río Santiago, ubicado en Jalisco, del que dijeron es considerado el más contaminado en México, pues recibe descargas de más de 300 industrias, que se localizan en uno de los corredores más importantes del país. El informe de la agrupación menciona que un representante de una de las empresas dijo reconocer los altos niveles de contaminación, aunque señaló que la organización a la que pertenece cumplió con las regulaciones que existían. “Las autoridades estatales eran muy conscientes del problema, pero subrayaron que se trataba de una cuestión federal y que se llevaron a cabo repetidos esfuerzos para establecer un grupo de trabajo con las autoridades federales que permitiera discutir un plan para la rehabilitación del Río Santiago. También subrayaron que es competencia de las autoridades federales y municipales supervisar el cumplimiento de las normas ambientales”, se deja leer en el informe. 10. Caso Carmen Aristegui y defensores de derechos humanos Por último, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas dio a conocer el 7 de septiembre que, durante su visita a México, también se reunieron con la periodista Carmen Aristegui, quien en 2015 fue despedida de la empresa en la que trabajaba por una investigación periodística, según argumenta la propia comunicadora. “Justamente ella realizó una investigación y nadie ha dicho nada en contra de la investigación. Nadie ha desmentido la investigación. Compartió y su caso y debo decir que aquí existe una grave violación de los derechos humanos por parte de la empresa que la despidió”, señaló Pavel Sulyandziga. 11. Conclusiones del informe preliminar El informe del Grupo de Trabajo de la ONU contiene una serie de conclusiones con respecto a su visita a México, aunque advierten que hay mucho por hacer para mejorar esta crisis de derechos humanos. “Estamos contentos de ver que hay un compromiso por parte del gobierno mexicana para avanzar en la agenda de derechos humanos y empresas. Sin embargo, se requiere de mayores esfuerzos para cambiar políticas públicas, prácticas, pero también mentalidades para comentar una cultura de transparencia, integridad, comportamiento ético y valores democráticos”, concluye el reporte. 12. Recomendaciones al gobierno de México y cuándo las conoceremos El informe presentado este 7 de septiembre es apenas un trabajo con resultados preliminares. Los representantes del Grupo de Trabajo dieron a conocer que les tomará entre tres y cuatro meses armar el reporte final, que será presentado en junio de 2017, en Ginebra, Suiza, cuando se lleve a cabo la 35 sesión del Consejo de derechos humanos de la ONU. Sin embargo, antes de que se presente el informe en Suiza, el Grupo de Trabajo dará a conocer las recomendaciones que da al gobierno mexicano, luego de su visita a territorio nacional. Sin embargo, recordaron que éstas no tienen obligatoriedad. Es decir, que los gobiernos que invitan a la agrupación no están obligadas a acoger dichos consejos. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO AUTOR: FRANCESC MESSEGUER LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/informe-onu-empresas-derechos-humanos-mexico/
En los últimos diez años se han encontrado – oficialmente – casi 700 cuerpos sepultados en fosas clandestinas en México. Más del 80 por ciento siguen sin ser identificados, a pesar que desde hace dos años el gobierno federal y los estados trabajan en la implementación de bases de datos genéticos unificadas para facilitar los reconocimientos. Datos revelados por la PGR, en respuesta a solicitudes de transparencia, arrojan que existen casos emblemáticos como los restos de personas encontradas en fosas de San Fernando, Tamaulipas, que a más de cinco años del hallazgo siguen sin ser identificados. Peor aún de los más de 150 cuerpos hallados en fosas de Iguala, Guerrero, tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, solo se ha identificado a 16. Guerrero es la entidad en donde se ha encontrado el mayor número de cuerpos en fosas, seguido de Tamaulipas. En total, la PGR reporta hallazgos de fosas en 18 de las 32 entidades del país, incluyendo la Ciudad de México. En el Cuarto Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto destacó los beneficios del sistema denominado AM/PM puesto en marcha con las entidades federativas para facilitar la identificación de personas desaparecidas a través de bases de datos genéticas unificadas. En el informe no se describió que tipo de resultados ha tenido este sistema cuyo diseño e implementación inicio en 2014. Oficialmente, en México hay casi 28 mil 500 personas desaparecidas, varios de ellos desde hace una década. 5 estados concentran el 81 % de los casos De acuerdo con las estadísticas de la PGR, desde el 2006 a la fecha se han encontrado en el país 215 fosas clandestinas en las cuales se han encontrado los restos de por lo menos 693 personas distintas. Durante los últimos años el hallazgo de fosas se ha incrementado. En 2014 se reportaron once casos distintos de hallazgos de fosas y en 2015 fueron ocho. Los datos oficiales además relevan que 121 cuerpos de los 693 encontrados en las fosas fueron identificados: apenas el 17.4 por ciento. Esto significa que en promedio 4 de cada 5 restos humanos encontrados siguen sin ser identificados. Aunque el hallazgo de fosas se extiende en más de la mitad de las entidades federativas del país, solamente en cinco entidades (Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua y Durango) se concentran más del 81 por ciento de los casos registrados. Guerrero es por un amplio margen la entidad con el mayor número de casos: 259 cuerpos encontrados en fosas. La mayoría de estos casos se concentran en el municipio de Iguala (150), donde las autoridades implementaron operativos de búsqueda tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los datos oficiales arrojan que de los restos ubicados en ese municipio solo 16 han sido identificados, apenas el 10 por ciento. Luego se ubican Tamaulipas con 125 cuerpos rescatados de fosas ilegales; Jalisco con 75, Chihuahua con 54 y Durango con 53. Las otras entidades en donde se ha reportado el hallazgo confirmado de restos humanos enterrados en fosas clandestinas son: Michoacán, Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Sonora e Hidalgo. Cementerios desconocidos En abril de 2011 las autoridades encontraron 14 fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, con 120 cadáveres plenamente diferenciados. El hallazgo ocurrió luego de que la zona fue objetivo de diversos operativos tras la masacre de 72 migrantes centroamericanos en agosto de 2010. Aunque se llegó a hablar de hasta 168 cuerpos, la PGR reconoció oficialmente 120 de los cuales solo hay 66 reconocidos. Es decir, a más de cinco años de distancia casi la mitad de las víctimas siguen sin ser identificadas. La PGR ha hecho distintos esfuerzos para tratar de identificar a las víctimas de las fosas de San Fernando. En septiembre de 2013 se firmó incluso un convenio oficial con el Equipo Argentino de Antropología Forense y otras instancias internacionales para establecer la identidad de los cuerpos. Aun así en la actualidad hay 54 cadáveres no identificados. Otro caso que causó un impacto social importante fue el descubrimiento de 37 fosas clandestinas en Jalisco, entre noviembre de 2013 y enero de 2014. El hallazgo se realizó en el municipio de La Barca, el cual se encuentra en la zona limítrofe con el estado de Michoacán. El hallazgo se realizó en el contexto de los operativos que se implementaron en la región contra Los Caballeros Templarios. En total el personal especializado de la PGR realizó el levantamiento de 75 cadáveres enterrados en el área de los cuales 17 han sido identificados. ¿Y el nuevo sistema? En 2014 la PGR comenzó los trabajos para la implementación de la “Base de Datos Ante Mortem Post Mortem AM/PM”, un sistema diseñado por la Cruz Roja Internacional cuya finalidad es facilitar la identificación de personas que se encuentren desaparecidas a partir de información genética. El sistema funciona a través de un software cuya función es confrontar la información de dos bancos de datos genéticos: uno de personas que sean encontradas en fosas ilegales o comunes y que no hayan sido identificadas, y el otro de familiares víctimas de desapariciones. Para funcionar este sistema requiere que todas las de datos genéticos del país se homologuen bajo los mismos parámetros, incluyendo las de los 32 estados, situación que no se consiguió hasta octubre de 2015 cuando la PGR anunció oficialmente que el sistema entraba en operación. En la actualidad de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, hay 28 mil 472 personas cuyo paradero se desconoce y por las cuales hay averiguaciones previas en curso. Mientras eso sucede más del 80 % de los restos de personas encontradas en fosas clandestinas del país siguen sin ser identificadas. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO AUTOR: ARTURO ANGEL LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/sin-identificar-mas-del-80-cuerpos-encontrados-fosas-clandestinas-la-ultima-decada/
La plataforma independiente de denuncia ciudadana y transparencia, Méxicoleaks, así como el grupo de Periodistas de a Pie, se encuentran entre los nominados que podrían recibir el Premio Gabriel García Márquez de periodismo en Colombia. Al darse a conocer la selección oficial, se anunció que la plataforma -de la cual es parte Aristegui Noticias– está nominada en la categoría “innovación”, donde compite también el cortometraje de Rafael Pineda “Rapé” y Leopoldo Hernández, dado a conocer en Pie de Página de Periodistas de a Pie.
En la referida categoría se encuentran nominados otros ocho proyectos periodísticos. En cuanto a “cobertura”, se encuentra nominado un proyecto mexicano, conocido como “Aprender a vivir con el narco”, inscrito por Daniel Moreno, Daniela Rea, Omar Sánchez, Dulce Ramos, Omar Bobadilla, del portal Animal Político. En la categoría “texto” no hay ningún mexicano nominado sino que todos son de América Latina. Por mejor “imagen” son 10 los nominados. Los nombres de los ganadores del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2016, que incluye cuatro categorías, se darán a conocer el próximo 29 de septiembre en el Jardín Botánico de Medellín, durante el #FestivalGabo, detalló la fundación. Los mil 608 trabajos que fueron postulados “a la cuarta edición del Premio se sometieron a tres rondas de juzgamiento, a cargo de distintos grupos de jurados para cada categoría”, agregó. En la ronda final, que se realizó en Cartagena, Colombia, se eligió la selección oficial del #PremioGabo, conformada por los 10 mejores trabajos en cada una de las cuatro categorías del concurso: Texto, Imagen, Cobertura e Innovación. Entre los trabajos de la selección oficial se encuentran los tres finalistas de cada categoría y, entre ellos, los ganadores. Cada finalista recibirá seis millones de pesos colombianos (dos mil 200 dólares) y un diploma por su destacada participación. El ganador de cada categoría recibirá 33 millones de pesos colombianos (11.5 mil dólares), un diploma que lo acredita como ganador y un ejemplar de la obra Gabriel, del artista colombiano Antonio Caro. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: REDACCIÓN LINK: http://aristeguinoticias.com/0809/kiosko/mexicoleaks-y-corto-mexicano-nominados-al-premio-gabriel-garcia-marquez/
El pasado primero de septiembre, el ejecutivo federal presentó al Congreso de la Unión el Cuarto Informe de Gobierno. La presente nota analiza algunos de los puntos más relevantes del informe con relación a los bosques y al medio ambiente. El trago más amargo es el recorte de más de doce mil millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que pasó de 68 mil a 56 mil millones de pesos entre el 2015 y el 2016. Uno de los aspectos que más claramente muestra la poca importancia que brinda la administración actual respecto al tema ambiental, y particularmente del sector forestal y al manejo activo de los bosques, es el severo recorte al presupuesto para apoyo al aprovechamiento sustentable de los bosques bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional Forestal.
Pese a que la cifra aprobada a Conafor para subsidios en materia forestal por el Congreso en el Presupuesto de Egresos del 2015 era de 5,022 millones de pesos, en los hechos sólo se aplicaron 3,940 millones (equivalentes a 3,543 millones del 2012). Si comparamos esta cifra con lo que se asignó en 2012, el último año del sexenio anterior, vemos una reducción de más del 20 % en el valor real (tomando en cuenta el INPC publicado por Inegi). Este recorte de un 20 % a los subsidios contradice las afirmaciones de las autoridades de la Conafor, cuyo Director General había declarado a principios del año que, si bien habría recortes en esa dependencia, éstos no afectarían la operación, pues sólo se reflejarían en una forma más eficiente de administrar los recursos, llevando a cabo algunos ajustes en la estructura (por ejemplo, desapareciendo las gerencias relacionadas con la silvicultura comunitaria). El hecho es que sí hubo recortes, y severos, en asuntos sustantivos de la dependencia, y estos recortes están impidiendo el alcance de las metas en términos de conservación, restauración, manejo de los bosques, capacidades técnicas, administrativas y financieras, producción, competitividad y acceso a mercados de los productos forestales por parte de las empresas forestales comunitarias.
Otro aspecto aún más notable se dio dentro de la Semarnat, en la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, cuya responsabilidad en el aprovechamiento forestal es sustantiva, y en donde el recorte ha sido de un 77 % para el mismo periodo (2012 – 2016). La Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos es la responsable de revisar y autorizar los programas de aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables, emitir autorizaciones para las actividades de saneamiento en caso de plagas, autorizar el establecimiento de plantaciones comerciales, de emitir, distribuir y controlar la papelería legal indispensable para transportar la materia prima y los productos forestales, entre muchas otras funciones. Actualmente, después de este severo recorte del 77 por ciento, esta Dirección General es uno de los cuellos de botella más acuciantes que obstaculizan el buen desempeño de las empresas forestales comunitarias. Como ejemplo puede mencionarse el gigantesco retraso en la entrega de papelería (remisiones y reembarques) durante la temporada de corta del presente año, que impidió que varios cientos de miles de metros cúbicos de madera se pudieran comercializar a tiempo, según se reportó en la sesión del Comité Técnico del Consejo Nacional Forestal de mayo del 2016. Un par de casos particulares ilustran este tema: el 8 de marzo del 2016 hubo un fenómeno atípico de viento que afectó gravemente el arbolado de la región de Cutzamala – Valle de Bravo, en el estado de México. Cerca de 20 mil árboles (equivalentes a más de 40 mil metros cúbicos de madera, con un valor comercial cercano a los 50 millones de pesos para varios ejidos que son los dueños de esos bosques) fueron derribados por el viento. Estos árboles no se pudieron aprovechar antes del tiempo de lluvias, pues la Dirección General de Gestión de Bosques y Suelos no emitió la papelería que debería entregar para poder remover el arbolado derribado. Esto provocó que la madera quedara tirada, generando un alto riesgo de incendio e impidiendo comercializar la madera a tiempo. Otros casos graves los ilustran ejidos del sur de Campeche, en los que el retraso en la entrega de autorizaciones para el aprovechamiento de los productos forestales ha dejado sin empleo a cientos de familias y ha provocado que algunos ejidos hayan tenido que cerrar su operación forestal, incurriendo en impagos y embargos derivados de deudas respaldadas por el valor de la madera. Estos ejemplos se reproducen por todo el país. En algunos casos esta situación ha provocado abandono de los bosques, e incluso cambio de uso de suelo por actividades con menos regulaciones y dificultades, como la ganadería o la agricultura por contrato. Todo lo anterior constituye un verdadero boicot a uno de los programas más importantes del sector forestal del presente sexenio, la Estrategia Nacional de Incremento en la Productividad Forestal, ENAIPROS, que para su éxito requiere agilidad en las autorizaciones para el aprovechamiento forestal, para el transporte de la materia prima y los productos derivados del bosque, y para los trabajos de saneamiento de áreas plagadas. Por otro lado, es importante mencionar que, según el cuarto informe, dicha Dirección General ha autorizado en el último año y medio planes de manejo que abarcan más de un millón de hectáreas para aprovechamiento maderable. Estos planes no necesariamente significan que se incorporan nuevas áreas al manejo forestal, sino que se ha realizado una revisión de los inventarios y una modificación en las prácticas silvícolas para hacer más eficiente el aprovechamiento del bosque. Según se publica en el Cuarto Informe de Gobierno, ha habido un incremento de 12 % en la producción legal y sustentable de madera durante el periodo en el que se ha instrumentado la ENAIPROS (2013 – 2016). Si bien esta parece una buena noticia, nos muestra que, a cuatro años de su instrumentación, estamos muy lejos de estar en la ruta para alcanzar la meta de incremento superior al 90 % para el 2018, que es la meta original de esa estrategia. Es verdad que los resultados de una estrategia de largo plazo no pueden verse en los primeros años, y que los resultados deberán reflejarse después de un tiempo más largo. Sin embargo, parece bastante claro que la meta comprometida no se alcanzará, lo cual por un lado confirma que la meta era absurdamente alta, y por otro que con los recortes en el mejor de los casos se alcanzará un 20 % de la meta, y que quedará fuertemente inconclusa. Una dificultad adicional que está enfrentando la ENAIPROS es el desarrollo de mercados para los productos forestales adicionales, en una condición en donde no se ha fomentado la competitividad de los productores forestales nacionales ante los importadores, a quienes los diferentes tratados de libre comercio y el reciente Tratado Trans Pacífico, han favorecido en perjuicio de los productores nacionales. Otro recorte notable ocurre en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que también ha visto reducido el valor real de su presupuesto en un 22 % entre el 2012 y el 2016, al pasar de 1,075 millones de pesos a 848 millones (nuevamente deflactando conforme al INPC del INEGI). Esto ha reducido claramente su capacidad en relación a la vigilancia y sanción de por sí magra del comercio de madera ilegal. Según el reporte anual de la PROFEPA, en el 2012 se decomisaron cerca de 70 mil metros cúbicos de madera de origen ilegal, mientras que en el 2015 sólo fueron cerca de cuarenta mil, lo que parece corresponder con el recorte, aunque también se podría explicar por otros motivos. Vale la pena mencionar que los decomisos de madera que realiza la Profepa son cercanos a tan solo el uno por ciento de la madera que circula de manera ilegal en México, asumiendo las cifras oficiales de ilegalidad publicadas en el Programa Nacional Forestal 2013 – 2018 de tres millones de metros cúbicos anuales. Un tema que vale la pena resaltar es el recorte, también severo, que ha sufrido el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que en el 2012 tenía 344 millones de pesos (el entonces INE), y en el 2016 tan sólo le quedan 217 millones, una reducción de casi cincuenta por ciento si se considera el valor real conforme al INPC. Es necesario considerar que el INECC juega un papel fundamental en el diseño y planeación de las llamadas NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas), que es el compromiso de reducciones en la emisión de gases de efecto de invernadero que estableció México ante el Acuerdo de París, y que reconoce el papel del manejo activo de los bosques en la mitigación al cambio climático. Esta drástica reducción en la capacidad del INECC tampoco parece un buen augurio para los bosques. Por otro lado, el rubro que sí ha tenido un aumento significativo es el de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que en el último año incrementó su presupuesto en 173 millones de pesos, al pasar de 1,185 a 1,359 millones. Algunos casos muestran un avance significativo en la política de la Conanp respecto a la promoción del manejo activo del bosque, como la recategorización del Parque Nacional Nevado de Toluca para convertirlo en una Zona de Conservación de Flora y Fauna. Sin embargo, no basta la revisión de las áreas bajo estatus de restricción, sino que al mismo tiempo es necesario incrementar los recursos y las capacidades institucionales para promover el manejo activo y sustentable del bosque y el apoyo a las actividades de silvicultura, transformación y comercialización. En los hechos se sigue obstaculizando la competitividad de las empresas forestales comunitarias por toda la sobre regulación existente. Por otro lado, hay un fuerte retroceso en la creación y registro por parte de la CONANP de nuevas Áreas Voluntarias de Conservación, que puede ser un esquema importante para salvaguardar territorios ejidales y comunales amenazados por actividades extractivas como la minería o la extracción de hidrocarburos. Los recortes sí impactaron a los bosques. Pese que la Comisión Nacional Forestal había hecho declaraciones en marzo del 2015 en el sentido de que los recortes al presupuesto no afectarían las metas, es claro que las están afectando, y de seguir esta tendencia reduccionista será imposible alcanzar las metas de cero deforestación, reducción de emisiones, conservación de la biodiversidad, restauración forestal, incremento en la producción forestal, y consecuentemente seguirán deteriorándose los bosques y la calidad de vida de los habitantes de los territorios forestales. Ahora que se está elaborando el presupuesto de egresos para el 2017 existe la oportunidad de fortalecer este tema prioritario, la conservación y el manejo activo de los bosques y selvas de México. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: RAUL BENET LINK: http://aristeguinoticias.com/0809/mexico/el-recorte-al-presupuesto-ambiental-y-las-promesas/
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres de los 49 niños que murieron calcinados en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009, denunciaron que la Procuraduría General de la República (PGR) violó el debido proceso de las víctimas, ya que nadie les notificó que la dependencia realizaría diligencias en el lugar de los hechos. Un grupo de padres arribó al lugar donde se encontraba la Guardería ABC, poco después del mediodía y ahí encontró a varias personas de nacionalidad extranjera que realizaban el peritaje. Al respecto, Julio César Márquez, padre de una de las víctimas del incendio, señaló: “Es una decisión unilateral por parte de PGR, que está llevando a cabo este peritaje. Hay conocimiento incluso firmado de la solicitud, firmado por las familias desde hace un mes, donde se acordó que no se llevaría a cabo (el peritaje), entonces hoy (nos encontramos) con la sorpresa que sí se está llevando el peritaje”. Explicaron que se trata de un acto arbitrario y que el personal que labora en el lugar ha introducido materiales y herramientas de construcción, además, que en días pasados se restableció el suministro de energía eléctrica en el lugar, con la finalidad de llevar a cabo este peritaje. “No consideramos que iban a ser capaces de hacerlo pero ya vimos que actuaron de otra manera”, indicó Márquez. Los padres argumentaron que no aceptaron el peritaje porque no confían en LWG Consulting, la empresa que se encuentra en el lugar, luego de que esa misma trabajó hace un año en el lugar y se negaron a informar de los resultados de esa investigación. Más tarde, la PGR dio a conocer que “el Ministerio Público de la Federación, a cargo de la investigación, acordó favorable la vialidad e idoneidad de la prueba solicitada e informó de ello a padres y madres afectadas”. Según la versión de la procuraduría, después de dos año y medio de que los padres insistían por escrito en que LWG Consulting realizara la prueba pericial, este miércoles fue aprobada dicha petición, para determinar la causa del incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde el 5 de junio de 2009, murieron 49 niños y 106 resultaron heridos (Con información de Patricia Dávila). FUENTE: PROCESO AUTOR: REDACCIÓN LINK: http://www.proceso.com.mx/454115/padres-guarderia-abc-denuncian-peritaje-la-pgr-realizo-sin-informarles
Ciudad de México. El secretario de Hacienda José Antonio Meade acudirá hoy, a las 17 horas, a la Cámara de Diputados para cumplir con el protocolo de entrega del proyecto de paquete económico para el ejercicio fiscal del año 2017. El funcionario entregará al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la Ley de Ingresos y los Criterios Generales de Política Económica. El acto de recepción se celebrará en el salón de protocolo de San Lázaro, y acudirán los coordinadores parlamentarios del PRI, César Camacho; del PAN, Marko Cortés; PRD, Francisco Martínez Neri; Rocio Nahle, Morena; Jesús Sesma, PVEM y Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano. La asistencia del secretario Meade ocurrirá un día después de haber asumido el cargo. Y como adelantó, la propuesta tendrá un inminente sentido social. FUENTE: LA JORNADA AUTOR: ROBERTO GARDUÑO Y RNRIQUE MÉNDEZ LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/08/meade-entrega-a-las-5-pm-el-paquete-economico-a-diputados
Ciudad de México | Desinformémonos. La ayuda destinada a los damnificados por las lluvias en Guerrero aún no es entregada a las comunidades, denunciaron organizaciones indígenas y personas con capacidades diferentes durante una protesta al interior de la Secretaría de Protección Civil en Chilpancingo. En primer lugar, alrededor de cien miembros de la organización Bloque Sur, que aglutina a 60 colonias de Chilpancingo, solicitó a Protección Civil la entrega de láminas, cobertores y colchones, pero según las autoridades, no cuenta con los objetos solicitados. Después, integrantes de organizaciones indígenas y discapacitados, encabezados por Abundio González, demostraron que los enseres se encuentran al interior de las instalaciones de la dependencia en estado de abandono. Por otra parte, el dirigente del Movimiento Popular de Guerrero, Arnulfo Cerón, denunció que las comunidades están incomunicadas por las lluvias en por lo menos en nueve municipios de la Montaña, y que el gobierno aún no envía la ayuda necesaria para los afectados, que en su mayoría son pueblos indígenas. Con información de La Jornada FUENTE: DESINFORMÉMONOS AUTOR: REDACCIÓN LINK: https://desinformemonos.org/protestan-por-falta-de-ayuda-a-los-damnificados-en-guerrero/
Los hechos tuvieron lugar en la escuela primaria Leona Vicario, ubicada en la localidad de Tlapacoyan, municipio de Santiago, Veracruz, cuando una mujer, identificada como Carmen Cruz Hernández, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de dicho instituto, interrumpe una clase para quitarle los libros de texto a varios niños, argumentando que sus padres no habían pagado la cuota voluntaria, por lo que la SEP presentó una denuncia ante la PGR. Ciudad de México, 6 de Septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Educación Pública (SEP), presentó una denuncia formal en contra de Carmen Cruz Hernández, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de una escuela primaria de Veracruz, quien le quitó sus libros de texto gratuito a los niños cuyos padres no pagaron la cuota de inscripción para el ciclo escolar 2016-2017. A través de un comunicado la SEP detalló que fue Miguel Augusto Castañeda Fernández, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP quien presentó el día de hoy un escrito en Procuraduría General de la República (PGR) para que se inicie una investigación de los hechos y de ser necesario se ejercite acción penal contra quienes resulten responsables. La dependencia señaló que lo libros de texto que se entregan son totalmente gratuitos y ésta “no se supedita a condición alguna”. Los hechos tuvieron lugar en la escuela primaria Leona Vicario, ubicada en la localidad de Tlapacoyan, municipio de Santiago, Veracruz, y quedaron grabados en un video que se volvió viral. Ahí se exhibe a una mujer que interrumpe una clase para quitarle los libros de texto a varios niños, argumentando que sus padres no habían pagado la cuota voluntaria. La mujer, a quien le adjudicaron el título de #LadyLibros, hizo caso omiso a las advertencias de un profesor quien en repetidas ocasiones le dijo que no tenía la autoridad para dejar sin libros a los pequeños estudiantes, además de que filmó dicha situación. La SEP también ratificó que su principal objetivo es garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes de México tengan acceso efectivo a una educación pública laica, gratuita y de calidad, y los libros de texto gratuitos forman parte de ese derecho, con los cuales está estrictamente prohibido lucra “o condicionar su entrega a cambio de una cuota o de cualquier otra manera”. Por lo que esa dependencia iniciará las acciones necesarias para que se sancione a quienes afecten la educación de los niños y las niñas de México. FUENTE: SIN EMBARGO MX AUTOR: REDACCIÓN LINK: http://www.sinembargo.mx/06-09-2016/3089254
El gobierno de Javier Duarte suma una nueva denuncia por el delito de daño patrimonial contra Veracruz. El Órgano de Fiscalización Superior de esa entidad presentó una denuncia por el desfalco de poco más de 940 millones de pesos. La denuncia es en contra de funcionarios de la Secretaría de Educación, de Desarrollo Social, de Protección Civil e incluye también a empresas fantasma que investiga el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Lee: El SAT audita a Javier Duarte por el caso de las empresas fantasma Esta mañana –horas antes de presentar su renuncia–, el entonces titular del SAT, Aristóteles Núñez, dijo que esa dependencia indaga el presunto desvío de 3 mil 300 millones de pesos que el gobierno de Veracruz habría entregado a al menos 31 empresas fantasma. En entrevista con Televisa, Núñez detalló que estas empresas no tienen activos, personal y que aunque existen los domicilios no pertenecen a una empresa. El SAT ha presentado 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso de las empresas fantasma. “Solo existen en el papel, no tienen la capacidad de enajenación o de venta”, detalló Núñez, quien horas después de ser entrevistado presentó su renuncia como titular del SAT. El exfuncionario dijo que tras la publicación de Animal Político en mayo pasado, que reveló una red de 21 empresas a las que se les otorgaron contratos –vía adjudicaciones directas o licitaciones cerradas– por 645 millones. En el papel, las empresas están constituidas legalmente, pero en la realidad tienen domicilios fiscales falsos, constató Animal Político; además, no tienen empleados registrados. A partir de esa investigación, el SAT encontró que había 34 contribuyentes en esa situación, de los cuales 31 están como no localizados. El titular del SAT dijo que se están realizando auditorías y también se indaga a los notarios que dieron fe de la creación de estas empresas. Fueron al menos 11 las dependencias del gobierno estatal que otorgaron contratos a estas empresas. Núñez detalló que también se han encontrado malos manejos del gobierno de Javier Duarte en las retenciones de impuestos del ISR que se han hecho a los trabajadores, así como adeudos con la Universidad de Veracruz. “Se ha detectado el no cumplimiento de los enteros de las retenciones de los sueldos y salarios, en materia del impuesto sobre la renta, que se le hace por parte de ciertas dependencias del gobierno del estado de Veracruz, a los empleados y que tienen que entregárselos al SAT”, dijo el ahora extitular del SAT. “Esto es algo que trascendió la normalidad en el comportamiento de un gobierno, respecto a la historia y experiencia que tiene el SAT. Estamos en un proceso de revisión de las conductas que se han cometido”, añadió Aristóteles Núñez sobre la situación de las finanzas en Veracruz. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO AUTOR: REDACCIÓN LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/veracruz-denuncia-dano-patrimonial/
Los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IEDF) discuten la noche de este miércoles una resolución sobre el caso del exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y su vinculación con una supuesta red de prostitución. El área de prensa del Instituto confirmó a Animal Político que en la sesión de esta noche del Instituto está previsto ese tema, para determinar si Gutiérrez de la Torre dio un uso indebido a los recursos públicos asignados al partido. Hace un par de años un reportaje presentado por la periodista Carmen Aristegui en la cadena MVS señaló que Gutiérrez de la Torre tenía un mecanismo para captar a mujeres jóvenes, mediante anuncios clasificados en los que se ofrecía empleo. Las mujeres, de acuerdo con la investigación, eran citadas en instalaciones del PRI en la Ciudad de México. Luego de diferentes pruebas supuestamente se les pedía tener relaciones sexuales con Gutiérrez de la Torre, para entonces ser reclutadas y ser parte de una red de prostitución. El político negó las acusaciones en su contra, sin embargo el PRI decidió separarlo de su cargo, para que avanzaran las investigaciones. En julio de 2015, de acuerdo con un reporte del diario Reforma, la Procuraduría de la Ciudad de México determinó no fincar cargos en contra de Gutiérrez de la Torre, por la falta de pruebas y el retraso en la indagatoria. El caso continuó en el Instituto Electoral capitalino, el absolvió al político en agosto de 2014, ya que no pudo encontrar pruebas suficientes “respecto al uso de recursos de financiamiento público para actividades diferentes”. Lo siguiente fue que en diciembre de ese año, cuando el Tribunal Electoral del DF ordenó al Instituto indagar otra vez a Gutiérrez de la Torre, por lo que los consejeros resolverán la situación del exlíder priista este miércoles. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO AUTOR: REDACCIÓN LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/iedf-discute-caso-gutierrez-la-torre-la-supuesta-red-prostitucion/
