Hay al menos 120 conflictos ambientales por minería en México

En México hay alrededor de 120 conflictos ambientales originados por la explotación minera y los problemas sociales y ecológicos que derivan de ella, pues desde 2014 se han desarrollado 888 proyectos de exploración y explotación mineros operados por 268 empresas transnacionales, principalmente Canadá, reportó el apartado “Política pública sobre minería, medio ambiente y su soberanía nacional” en la Agenda Ambiental 2018, diagnóstico y propuestas, realizada por expertos de universidades.

Minera canadiense va a la sierra norte de Puebla por más oro, y se topa con una rebelión indígena

Hace casi cinco años ignoraban sus derechos y las violaciones que el proyecto de mina a cielo abierto de la canadiense Almaden provocaría en la Sierra Norte de Puebla. Después de una larga lucha de familias, campesinos y acompañamiento de colectivos, este lunes la acción de la empresa valía 82 centavos frente a los 2.84 dólares de antes de la oposición. El proyecto minero de extracción de oro y plata que la firma pretende hacer en el municipio de San Francisco Ixtacamaxtitlán, con más de 25 mil habitantes, es a través de dos de sus filiales, minera Gorreón y minera Gavilán, las cuales adquirieron desde 2003 y 2009 las concesiones mineras Cerro Grande y Cerro Grande II. Pero, explicó la abogada del caso Diana Sánchez, no cuentan con las licencias que necesitan para pasar a la fase de explotación. Esta operación violaría el derecho al agua, salud y medio ambiente, dijo. “Ellos nos vienen a decir que no somos dueños de nuestro territorio. Nosotros somos originarios, dueños milenarios y vienen a destrozar desde nuestra cultura, nuestra forma de vivir, convivir y practicar nuestra espiritualidad”, acusó el campesino totonaca Miguel, de Olintla, otro de los municipios afectados que no han sido consultados.

El río Apulco que inicia en el municipio de Zautla, Puebla, y desemboca hasta el Golfo de México está en riesgo de contaminarse con desechos tóxicos, lo cual afectaría a once comunidades, al medio ambiente y a los cultivos.

Unidos y basados en experiencias de otros estados, este sábado alrededor de 300 familias y organizaciones campesinas y civiles realizaron una caravana de unos 60 autos y camiones rumbo a la Presidencia Municipal de San Francisco Ixtacamaxtitlán para rechazar la mina de cielo abierto que la empresa canadiense Almaden Minerals pretende instalar en la Sierra Norte poblana.

Chicomuselo: resistencia contra las minería desde los caminos de la fe

Campesinos sin tierra, ejidatarios, mujeres trabajadoras, niños y niñas, agrupados en Comunidades Eclesiales de Base, convocan a una mega-peregrinación en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, en contra de la minería.

Esta se realizará el día 2 de octubre (fecha en que se conmemora 49 años de la masacre estudiantil de Tlatelolco), saliendo del ejido Flores Magón a las 8:00 de la mañana (hora de Dios).

Los chicomultecos denuncian que en los últimos meses comenzaron a intensificarse las incursiones, interferencias y trabajos de las empresas mineras en su territorio. Si bien, la minera canadiense Blackfire Exploration Ltd fue expulsada en 2009 por la fuerza de la movilización campesina, tras el asesinato de Mariano Abarca, activista anitiminero, actualmente las prácticas extractivas han reiniciado.

Celebran en Chablekal tres años de la defensa de sus tierras

La Unión de Pobladores de Chablekal celebró tres años de resistencia y lucha jurídica en defensa de su territorio. La celebración se realizó en el polígono MisneBalam, tierras de las que tomaron posesión hace tres años y que, por orden judicial, no se pueden vender hasta que se resuelva el juicio que iniciaron.

Proceso ilegal de consulta denuncian indígenas zoques para licitación de ronda 2.2 de la Sener

Representantes de ejidos y comunidades zoques de Ixtacomitán, Chiapas al norte del estado,  marcharon  contra los proyectos extractivos que pretenden instalarse en el territorio Zoque de Chiapas.

La manifestación pacífica denominada “Marcha por la tierra, el agua y la vida” partió de la salida de Chapultenango hacia el centro de la cabecera municipal para hacer visible la inconformidad de cientos de campesinos y familias por la licitación de 84,500 hectáreas de tierras para perforar 12 pozos petroleros de gas convencional en el marco de la ronda 2.2 de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos en 9 municipios de Chiapas.

Ejidatarios frustran desalojo y exigen pago justo por tierras expropiadas para Toyota en Guanajuato

APASEO EL GRANDE, Gto: Funcionarios del gobierno del estado, acompañados por un notario público y elementos de las fuerzas de seguridad estatales, se presentaron este viernes ante ejidatarios de Caleras de Amexhe para notificarles que deben desalojar sus tierras, ya que éstas “fueron expropiadas y serán entregadas a Toyota”.


Sin embargo, hijos del dueño del predio de 7.5 hectáreas señalaron que aunque se les depositó una cantidad, no se ha liquidado el monto de la expropiación, además que “estamos en negociación porque no estamos de acuerdo con lo que el gobierno quiere pagar, y no es justo que nos echen para fuera así nomás”.

Empleados de la Secretaría de Desarrollo Económico se presentaron con el notario Jorge Durón a fin de consumar el desalojo. Incluso, llevaron grúas para retirar la maquinaria agrícola con la que los campesinos del lugar estaban preparando la tierra para sembrar.

Guillermo Ledezma, uno de los campesinos, dijo que ocho familias viven de trabajar 7.5 hectáreas que están a nombre de uno de los ejidatarios (hijos del dueño), y de ellas sacan 130 toneladas de maíz durante seis meses del año y 49 toneladas de cebada los otros seis meses.

Por ello, aseguró que no han aceptado que el gobierno les pague 1.4 millones de pesos por hectárea, sino que piden 2.5 millones “y, cuando termine la negociación, les dejamos las tierras”.

“Dicen que van a expropiar porque ya habíamos perdido, no muestran orden ni nada. No estamos de acuerdo con que paguen como ellos quieren”, dijo.

Mientras tanto, hombres y mujeres del ejido que se encontraban en el lugar no se movieron del terreno.

Después de un par de horas, los funcionarios y el notario optaron por retirarse del lugar, junto con los elementos de las fuerzas del estado.

A mediados del año pasado se conoció que exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el sexenio de Felipe Calderón, ligados a un poderoso grupo empresarial de Monterrey (Garza Ponce), sacaron ventaja de la compraventa de los terrenos para la instalación de la armadora automotriz japonesa Toyota en Apaseo el Grande, pues crearon una empresa inmobiliaria para adquirir predios a ejidatarios y particulares, los cuales revendieron al gobierno del estado a un precio mayor.

El gobierno del estado pagó por lo menos 290 millones de pesos más por esta intermediación, en una operación que según ha defendido el gobernador Miguel Márquez Márquez fue legal y no presenta irregularidades, aunque se ha negado a abrir la información sobre los procesos de adquisición.


Una revisión efectuada por la Auditoría Superior del Estado (ASEG) exoneró a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico de cualquier posible acto de corrupción o de proporcionar información privilegiada para la inmobiliaria que hizo su agosto con estas tierras.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473103/ejidatarios-frustran-desalojo-exigen-pago-justo-tierras-expropiadas-toyota-en-guanajuato

Cambio de uso de suelo, violación a los DH: vecino de Chapultepec

Ciudad de México. Gustavo García, uno de los colonos de las Lomas de Chapultepec que se sumó a la demanda vecinal en contra del cambio de uso de suelo del predio ubicado en Sierra Paracaima 396,  afirmó que si el ciudadano recurre a sus diputados  y al poder judicial a promover juicios de amparo, como tercereo interesado cuando se defiende al Bosque de Chapultepec  y no encuentra eco por las vías institucionales, “no queda más que la desobediencia civil ante actos tan arbitrarios de autoridad del poder judicial”.

Estupefacto en el recinto legislativo  ante la decisión mayoritaria de la ALDF de acatar la orden judicial que resolvió la modificación del uso de suelo en el predio, el representante vecinal afirmó  “es una violación flagrante a los derechos humanos para favorecer a lo que nosotros denominamos  el cartel inmobiliario que es un grupo de desarrolladores que tienen a su servicio a jueces federales y al poder legislativo local y esto a costa de la destrucción de la Ciudad, la calidad de vida y la salud de nuestra generación y las siguientes”.

La viabilidad de la ciudad “está en riesgo por un pequeño grupo de especuladores que tiene  coptado al poder legislativo”, dijo el vecino al explicar que en el predio se halla una casa cuyos propietarios solicitaron el cambio de uso de suelo vía el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda a la pasada sexta legislatura.

En 2015 la solicitud de cambio de uso de suelo fue rechazada por la actual legislatura, “el problema fue que los legisladores que integran la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana no fundamentaron el artículo bajo el cual se negaba el cambio de uso de suelo, con base en eso se inconformó  el quejoso,  el abogado  Alonso Aguilar Zinser, quien puede ser el apoderado del predio y quien  aparece en el expediente, no sabemos si es el propietario, y el juez décimo sexto en materia administrativa la concede el amparo, pero solo para que se le devuelva a la ALDF y funde y motive adecuadamente”.

Después  de la sentencia de amparo vino el recurso de revisión, Aguilar Zínser, se inconformó la ALDF también pero lamentablemente el jurídico de la ALDF, presentó el recurso de revisión dos días tarde, “grave irresponsabilidad ante lo cual el tercer tribunal colegiado en materia administrativa,  confirma el sentido de la sentencia del juez de distrito”.

Sin embargo “aparte se extralimita y va más allá señalándole a la ALDF no solo se fundamente y se motive la decisión sino que aparte se conceda el cambio de uso de suelo, que es ahí donde ya invade las facultades constitucionales de la Asamblea, pues ya le esta ordenando el juez que modifique el uso de suelo”.

A partir de ahí la ALDF presenta la controversia constitucional que fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto fue un junio de 2016, tras la decisión de la Corte se fue a Ejecución de Sentencia a raíz de ello el quejoso  Aguilar Zinser insiste: no me han cumplido por lo que través del colegido empiezan a multar al presidente de la ALDF Leonel Luna para que conceda el cambio de uso de suelo.

El anterior argumenta que el no puede decidir y que tiene que turnarlo a comisiones y al pleno,  entonces de manera acelerada y sin que se turnara a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana,  la comisión de gobierno dictamina y hoy lo presenta al pleno ante la presión de que puede ser sancionado o hasta inhabilitado o destituido de su cargo el presidente, narro el vecino.


Es de mencionar que en junio de 2016  Susana Kanahuati, de la organización ciudadana Suma Urbana señalaba como propiedad de Mónica Vanderbilt, viuda del extinto político Manuel Camacho Solís.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: BERTHA TERESA RAMÍREZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/13/cambio-de-uso-de-suelo-violacion-a-los-dh-vecino-de-chapultepec

Destrucción y despojo de tierra en construcción de NAICM

San Salvador Atenco, Méx: Integrantes de la Caravana de la Resistencia en Defensa de la Vida y la Madre Tierra recorrieron los ejidos de San Salvador Atenco, donde constataron la destrucción del entorno y el despojo de la tierra que los pueblos de la región sufren con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Los miembros de la Caravana y los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco hicieron un llamado a las organizaciones del país y a los pueblos que sufren el despojo de su patrimonio, para unirse y movilizarse con miras a detener la devastación generada por el proyecto aeroportuario.

"Hay que parar esto porque van a terminar con nuestras tierras. Hay despojos por todas partes del país que provienen del gobierno y de las empresas. Nosotros continuaremos con nuestra lucha. Y les hago un exhorto a que sigan luchando por lo que más quieren: la tierra. Nuestros antepasados sufrieron mucho para darnos un pedacito de tierra y es arbitrario que vengan el gobierno y las empresas a destruir todo y despojen a los pueblos de su patrimonio”, señaló José Santos Barraza Valenzuela, representante indígena Yoreme-Mayo de Sinaloa.

América del Valle, dirigente del FPDT, afirmó que se puede construir un gran movimiento de resistencia y enarbolar una lucha con capacidad para derribar decisiones “impuestas” por unos cuantos que afectan a millones, como la edificación del NAICM. “Nuestras armas son la razón, la capacidad de organizarnos, de unirnos, de creer en que lo justo es más que defendible”, dijo.

Los integrantes de la Caravana (Representantes indígenas Joremes-Mayos de Sinaloa, del Consejo Indígena Xijarica, de Comunidades indígenas de Michoacán, de la Agrupación Un Salto de la Vida de Jalisco y de Chiapas) recorrieron por la mañana los campos de cultivo de los campesinos de Atenco.

Visitaron los terrenos del cerro del Tepezingo y sus caminos, justo en los límites donde se construyó la barda perimetral del NAICM y donde se realizan las obras de edificación de la autopista Pirámides-Texcoco, que sería la principal vía de comunicación al aeropuerto.

En lo alto del Tepezingo llevaron a cabo una asamblea donde acordaron la formación de un frente común y la difusión de las luchas de resistencia de cada región del país representadas en la Caravana. Ahí, Marcelina López de la Cruz, del Consejo Indígena Wixarika, ofreció un canto en su lengua materna y una ceremonia tradicional por la defensa del territorio.

"Aquí estamos presentes para darnos la mano y unir nuestras luchas. Aunque estamos lejanos, no se sientan solos, somos hermanos, sentimos el corazón y el dolor, porque todos somos de la misma sangre. Es un orgullo estar con ustedes, con la lucha que representa Atenco, y me duele el corazón porque ustedes han luchado por su terrenos y ahora están siendo devastados, pero juntos vamos a defender a nuestra madre tierra”, expresó Marcelina López.

América del Valle y Martha Pérez, del FPDT, denunciaron que el despojo e invasión de las tierras de los pueblos de Atenco y Texcoco ha sido de manera permanente, así como el asedio y las amenazas han sido constantes hacia los miembros del movimiento atenquense por su oposición al proyecto.

Sostuvieron que pese a las agresiones, el FPDT continuará con la lucha hasta las últimas consecuencias y diciendo: “¡No al aeropuerto de muerte, no al despojo, no a las asambleas ilegales donde están corrompiendo a los propios ejidatarios!”.

Del Valle dijo que los atenquenses, "queremos vivir en paz y para eso estamos defendiendo la tierra y lo que el gobierno ha estado haciendo es corrompiendo a los ejidatarios y hoy ha agraviado a un punto crítico el tejido social. Ha habido mucho agravio en estos 15 años contra el pueblo, pero lo cierto es que estamos haciendo lo correcto para luchar por la tierra; hacemos un bien común, porque no luchamos por un bien personal o mezquino o particular. Defender la tierra es defenderla para todos por nuestro pasado y nuestro futuro”.

La caravana inició su recorrido desde el pasado sábado cuando visitó el poblado de San Francisco Xochicuautla, donde luchan contra la autopista de cuota Toluca-Naucalpan y en defensa del bosque.


También visitó Santiago Tlacotepec y San Francisco Magú. Esta última comunidad lucha por la defensa del bosque y contra los proyectos inmobiliarios depredadores. La Caravana continuará sus actividades durante los próximos días en varios pueblos de la Ciudad de México, Puebla y Morelos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JAVIER SALINAS CESÁREO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/08/destruccion-y-despojo-de-tierra-en-construccion-de-naicm

En riesgo 130 comunidades por gasoducto Tuxpan

Ciudad de México | Desinformémonos. El agua, la tierra y la vida de 130 comunidades originarias están en riesgo por la construcción del Gasoducto Tuxpan-Tula, a cargo de la empresa multinacional TransCanada, denunciaron mujeres de origen ñha ñhú integradas en el Consejo Xagu Yamui por la defensa de la Sierra de Hidalgo y Puebla.

Tan sólo en la zona indígena del municipio de Pahuatlán, se intentan destruir más de 600 hectáreas del Bosque Mesófilo de Montaña, reserva ecológica de la que sólo queda menos del 1 por ciento en México, resaltó el Consejo.

“Si la empresa quiere construir su gasoducto, por qué no lo hace allá, en Canadá, no en nuestras tierras”, reclamó.

Las mujeres responsabilizaron al alcalde de Pahuatlán, Arturo Hernández Santos, de amenazar a los habitantes de las comunidades luego de advertirles que el gasoducto pasará por sus tierras, a pesar de que no hubo consulta previa a los pueblos sobre su construcción.

Agregaron que Hernández Santos declaró que “el gasoducto pasa, porque pasa”, así como que “está a favor de la empresa y el gobierno, porque el gasoducto es la puerta de muchos proyectos por llegar a la comunidad”.

Por su parte, en el pueblo de Montellano el gasoducto atravesará las tierras de al menos 80 familias, las cuales organizaron una resistencia contra el proyecto que procede de Veracruz.

El Consejo Xagu Yamui demandó a los gobiernos estatal y federal que respete la consulta previa a los pueblos indígenas sobre los proyectos previstos para la instalación en sus tierras, tal como marcan los tratados internacionales a los que se encuentra suscrito México.

Con información de La Jornada de Oriente

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/en-riesgo-130-comunidades-por-gasoducto-tuxpan/

El Gobierno federal planea talar 1,683 árboles para imponer a CdMx un viaducto, y de cuota

La Unión de Vecinos por el Único Corredor Verde de Insurgentes Norte, en la Ciudad de México, denunció que la construcción del viaducto de cuota La Raza–Indios Verdes–Santa Clara representa la tala de mil 683 árboles a lo largo de 15 colonias. De acuerdo con los integrantes de esa organización ciudadana, la obra licitada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes – sin que se realizara una consulta a los ciudadanos– favorecerá a la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), sólo favorecerá a la empresa y no resolverá el problema de tránsito que aqueja a esa zona.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– La construcción del viaducto de cuota La Raza–Indios Verdes–Santa Clara afectará directamente a más de un millón y medio de personas de 15 diferentes colonias al norte de la Ciudad de México y parte del Estado de México, ya que contempla la tala de mil 683 árboles, denunció la Unión de Vecinos por el Único Corredor Verde de Insurgentes Norte.

Ulises Velasco, integrante de la Unión, dijo en entrevista para SinEmbargo que dicha obra no supone un beneficio para la población, ya que no solucionará los problemas de tránsito vehicular. En cambio, destacó, a quienes sí favorecerá es a la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) y a las autoridades federales y capitalinas.

En abril pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó sobre la adjudicación del proyecto –con costo de 4 mil millones de pesos– a la empresa Pinfra para “su diseño, construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento”.

“Será un viaducto de cuota que definitivamente no resuelve el problema de vialidad. [Las autoridades federales] siguen dándole prioridad al automóvil, y no es una alternativa que pueda mitigar el problema del tránsito porque no es de transporte público. Si tú generas una gran estructura para el paso de automóviles promueves su uso, lo que es una forma muy discriminatoria para el resto de la población”, puntualizó Velasco.

Hace apenas dos semanas, la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó que el proyecto se encuentra sometido al procedimiento de evaluación del impacto ambiental por la construcción en un Área Natural Protegida de competencia federal.

De acuerdo con la Unión de Vecinos, el único corredor verde con que cuenta el norte de la capital está compuesto por 7 mil 342 árboles de 61 especies diferentes, algunos con alturas de más de ocho metros.

Carolina Velázquez, miembro del colectivo vecinal, denunció que de los mil 683 árboles que la empresa planea derribar, mil 639 pertenecen al área de la Ciudad de México y los 44 restantes se encuentran en el Edomex. También reconoció que, de acuerdo con la empresa, se pretende llevar a cabo la restitución de más de 5 mil ejemplares, la representante de vecinos destacó que “nada garantiza que lo hagan”.

Otra de las principales denuncias de los colonos de Guadalupe Insurgentes, Industrial, Lindavista, El Arenal, Vallejo, Panamericana, Tepeyac Insurgentes, Santa Isabel Tola, Calpultitlán, parte de Vallejo, entre otras, es la falta de una consulta por parte de las autoridades para saber si los posibles afectados están a favor o en contra de la construcción.

Los inconformes informaron que ingresaron solicitudes para que se haga una consulta pública por parte de la Semarnat. Al mismo tiempo han solicitado a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) intervenir en el caso.

Asimismo, la vecina inconforme denunció que las autoridades federales han guardado silencio.

“Ni las autoridades de la Ciudad de México ni las federales se han dignado a avisar y a preguntar a los vecinos sobre un proyecto de esta magnitud. El silencio absoluto de las autoridades es el colmo”, reclamó.

¿CÓMO DAÑARÁ LA OBRA A LOS CIUDADANOS?

Entre otros beneficios, el corredor ambiental compuesto por aproximadamente 5 kilómetros de arbolado, según vecinos, permite la absorción y filtración de miles de metros cúbicos de agua cada año, además de ayudar a contribuir en la mitigación del problema de contaminación y ruido que se vive en la capital mexicana, así como brindar sombra.

“Al talar los árboles no sólo se le arranca un pedazo de belleza a la ciudad,  no sólo la hacen más fea, también más calurosa y ruidosa. Las copas de los árboles y su humedad reducen la temperatura y la difusión del sonido; el concreto producirá más ruido y contaminación auditiva”, alertan los vecinos en su blog.

“El mayor problema, al techar esto, es que se eliminaría el área verde y desde luego, generará problemas de mayor contaminación”, advirtió Velasco.

Por ello, hizo un llamado a los capitalinos a no permitir que las áreas verdes sean “vendidas” porque “son nuestras. No a la privatización de espacios públicos”, urgió.

GOBIERNO FAVORECE EL INTERÉS PRIVADO SOBRE EL PÚBLICO

La responsabilidad de las autoridades es pensar por el bienestar de la gente y no buscar hacer negocio –dijo Velasco– y “aquí no parece que sea así. Esto parece ser un proyecto que se es negocio para una empresa y para el propio Gobierno, quien dio la concesión. Ellos van a ganar mucho dinero y van a generar un problema para la sociedad”.

“Con la mayoría de las obras en la CdMx, pareciera que todo está orientado a un gran negocio, creo que la mayor parte de la población lo percibe así”, subrayó.

De acuerdo con el testimonio de vecinos de algunas colonia afectadas, las obras ya han comenzado, aunque –señalan– el Gobierno asegura que no es así.

Velázquez narró a este medio que los vecinos notaron que los árboles del corredor habían sido numerados, por lo que organizaron una asamblea a la que se presentaron habitantes de la colonia Santa Isabel Tola, quienes señalaron que en aquel lugar la obra ya se ejecutaba.

“En 2011, la gente se organizó para parar la obra. Indagaron y supieron que era el proyecto de Viaducto elevado desde La Raza hasta Santa Clara y que una parte pasaba por Santa Isabel Tola. Ellos no lograron parar el proyecto, pero sí evitar que pasara por su colonia porque tienen árboles protegidos”, comentó.

 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO SE OPONE

Recientemente, José Augusto Velázquez Ibarra, Director General de Jurídico y Gobierno en la Delegación Gustavo A. Madero acudió en representación del Jefe de Gobierno Victor Hugo Lobo Román, para conversar con los vecinos inconformes y asegurarles que las autoridades están en contra del proyecto.

“No llegó el Delegado, fue el Director de Jurídico y Gobierno a decirnos que se habían manifestado en contra y cuando se le pidieron las pruebas, mostró una serie de recortes de periódico con notas informativas”, dijo Velázquez.
Incluso, la delegación emitió un comunicado la semana pasada donde anunció que las autoridades delegacionales y vecinos de 5 de las 15 colonias afectadas, rechazan dicha construcción “por considerar que afecta gravemente a la ecología y al entorno urbano, además de que no se consultó a la ciudadanía ni se le informó sobre el impacto social y ambiental de la obra”.

Los funcionarios de la Gustavo A. Madero acudieron a la SCT para entregar un documento dirigido a Gerardo Ruiz Esparza, donde emiten su postura y aseguran apoyar a los habitantes de las colonias afectadas que se oponen a la construcción mencionada.

FUENTE: SIN EMBARGO MX
AUTOR: IVETTE LIRA
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-09-2016/3091121

Los pueblos yaqui, zapoteco y maya se unen contra megaproyectos

Integrantes de los pueblos yaqui, zapoteco y maya se unirán para impulsar la defensa de su territorio frente a los megaproyectos en comunidades indígenas.

En el marco del Encuentro sobre experiencias de consulta indígena entre los pueblos yaqui, zapoteca y maya, realizado el pasado 13 de agosto en Hopelchén, Campeche, representantes de comunidades originarias exigieron a Enrique Peña Nieto el respeto a la autonomía, al libre desarrollo y a la consulta previa, libre e informada sobre los proyectos eólicos, mineros e hidroeléctricos que pretenden imponerse en territorio indígena.

A través de un pronunciamiento, representantes indígenas como Bettina Cruz Velázquez (Oaxaca) y Mario Luna (Sonora) advierten que de concretarse dichos proyectos, además de los impactos en su flora y fauna, verían trastocados también su alimentación, economía y el tejido social que por siglos han preservado.

En ese sentido, demandan al gobierno federal “el reconocimiento y respeto a su diversidad cultural; definir sus propias prioridades en el proceso de desarrollo; participar en el establecimiento, la ejecución y la evaluación de los planes y programas para el desarrollo nacional y regional”.

Los pueblos reunidos demandaron el respeto al artículo 2 de la Constitución y a los Convenios y Tratados Internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para ejercer su derecho a la autodeterminación, a la información adecuada, y a sus sistemas normativos; y a cesar las agresiones y criminalización en su contra por defender sus bosques, agua o aire.


El documento fue firmado por integrantes del pueblo zapoteca de Juchitán, Oaxaca; del pueblo maya del estado de Campeche; el Secretario de las autoridades tradicionales del pueblo de Vicam de la tribu yaqui; el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C.; el Comité del municipio de Tenzbo y Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj, quienes se organizarán con otros pueblos indígenas de México que también están viendo amenazado su territorio por la imposición de megaproyectos.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/los-pueblos-yaqui-zapoteco-y-maya-se-unen-contra-megaproyectos/

Mujeres zapotecas derriban mojonera de empresa minera al grito de: ¡No a la mina, sí a la vida!

Desinformémonos| Ciudad de México. 12/07/2016.- Mujeres zapotecas derriban mojoneras de empresa minera en Ixtepec, Oaxaca, para evitar daños al medio ambiente así como a las zonas arqueológicas: El Carrizal, Zopiloapan y Bacuana, consideradas sitios sagrados y por violar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pues no se consultó a la población, ante lo cual, defensoras y defensores de la tierra y el territorio solicitaron un amparo preventivo, avalado por 4 mil firmas de 37 barrios y suscrita por la Red Mexicana de Afectados por la Minería, cuyo fin es saber qué autoridad permitió la explotación de la zona, “este territorio lo queremos libre de minería”, afirmaron.

En rechazo a la mina Prospecto Ixtepec, la población del lugar se sumo a la protesta en la que destruyeron con marros y barretas una de las cinco mojoneras del consorcio Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, que obtuvo en el año 2008 una concesión para extraer minerales del lote denominado Niza. Mediante esta concesión, con el número T-232089, en 8 mil 150 hectáreas, la empresa pretende extraer oro y plata a cielo abierto.

Al respecto, Rubén Valencia, representante del Comité Ixtepecano en Defensa de la Tierra y el Territorio, informó que Plata Real ya obtuvo 50 por ciento de los requisitos para comenzar a explotar la zona, pero aún le faltan los más importantes: el acta de cabildo y un acta de asamblea comunal.

La mojonera, que es una estructura pequeña de concreto que sirve como punto de referencia, coordenada y/o punto de referencia durante un levantamiento topográfico, que destruida estaba en un camino conocido como Chibaguii al que acudieron unas 20 camionetas de defensoras y defensores de la tierra acompañados de población de la región que llevó pancartas que decían “¡No a la mina, sí a la vida!”.

Desde el año 2014, la población ratificó el acuerdo de impedir la actividad minera junto  autoridades agrarias zoques y zapotecas y organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec al suscribir la “Declaratoria de Zanatepec”, en contra de la minería, el Comité argumentó que con la explotación minera en los cerros de Banderilla, Nisa Bidxhichi, Cerro Tablón y Cerro Taberna, los vientos azotarían con mayor intensidad, además de la contaminación del aire y agua por cianuro y arsénico utilizado para la extracción de minerales, afectando no solamente a Ciudad Ixtepec sino a municipios vecinos como Ixtaltepec, El Espinal, Juchitán y Xadani, así como a territorio Ikoots en las lagunas marinas del golfo, informaron en su momento medios locales.

Para hacer frente a la mina, fueron mujeres zapotecas de Ixtepec las primeras en tomar las herramientas para destruir la mojonera de concreto que medía aproximadamente 50 centímetros cuadrados, que tenía inscrito el número de lote y la cantidad de hectáreas. Estas mojoneras fueron halladas la semana pasada por integrantes del Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio lo cual fue informado a la población con el nombre de la empresa inscrito en ellas (minera Plata Real) así como el total de hectáreas a explotar, por lo que la comunidad tomó la decisión de destruirlas.

Dicha concesión minera cuenta con un título de número 232089 y fue otorgada por el Gobierno Federal a través de la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía en el año 2008 por lo que mediante el “Manifiesto Zapoteca en contra de la minería en Ixtepec” el Comité fijó la postura de negar el permiso al proyecto minero, con el respaldo de las actas firmadas por las asambleas del Comisariado de Bienes Comunales, la Sociedad Agrícola y la Sociedad Ganadera.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/mujeres-zapotecas-derriban-mojonera-de-empresa-minera-al-grito-de-no-a-la-mina-si-a-la-vida/