Amnistía Internacional alerta: México vive entre la militarización, desapariciones y opacidad

En su informe, AI da cuenta de “la falta de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información” por parte de la Sedena y Semar; además, subraya las graves violaciones a derechos humanos que persisten en el país.

Asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; criminalización de activistas en defensa de territorio y el medio ambiente; incremento sostenido en el número de personas desaparecidas --que ya rondaban los 114 mil, según los registros oficiales--, mientras los familiares de estas víctimas “seguían exponiéndose a graves peligros, tales como la desaparición forzada, el homicidio, la represión o las amenazas”, son algunas de las consideraciones de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los derechos humanos en México en el último año.

Policías hacen uso de tácticas “que se asemejan a las utilizadas por el crimen organizado”: AI

Por lo menos cinco desapariciones forzadas registradas en los últimos días de diciembre fueron a manos de policías en Chilpancingo, Guerrero, “mediante tácticas escalofriantes que se asemejan a las utilizadas por el crimen organizado”, señaló la organización Amnistía Internacional (AI).

Amnistía Internacional pide a Peña vetar la Ley de Seguridad Interior

La organización Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior aprobada el pasado viernes 15, porque en los términos en los que está planteada “es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional” y “pone en serio riesgo” los derechos humanos en México.

“Amnistía Internacional le insta, de manera inequívoca, a vetar dicha ley y reenviarla al Congreso para permitir un amplio y auténtico debate nacional sobre este tema”, puntualizó Salil Shetty, secretario general de AI, en una misiva enviada al Ejecutivo mexicano.

Secretario General de Amnistía Internacional repudia Ley de Seguridad y llama a EPN a vetarla

"La ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores que deben corresponder a las policías", señaló.

El Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, dirigió una carta abierta al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a quien le pidió vetar la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada en el Congreso el pasado viernes.

Asesinato de Mara, una muestra del riesgo constante de mujeres: AI

Ciudad de México. El asesinato de la joven Mara Castilla es una muestra de que en México las mujeres están constantemente en riesgo, como parte de un clima de agresiones por las que ademas las propias víctimas son culpabilizadas, lamentó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (AI), Tania Reneaum.

Acción Urgente: Piden detener persecución de opositores al Gasoducto Morelos

La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos emitió un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que cese la criminalización de defensores de derechos humanos opositores al gasoducto Morelos en #Puebla.

Feminicidios en Jalisco deben ser una prioridad política: AI

Los feminicidios y la violencia de género deben tratarse como una “verdadera” prioridad en la política de Jalisco, aseguró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, Tania Reneaum Panszi, quien insistió en que las autoridades de la entidad necesitan implementar las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

De acuerdo con Reneaum, ninguna de las medidas se han puesto en marcha a dos meses de que la Conavim entregó al gobierno de Jalisco un informe con 12 recomendaciones y 37 acciones para combatir la violencia de género.

Ser periodista en México es más una sentencia de muerte: Amnistía Internacional

“Ningún periodista, sin importar el alcance de su medio, está a salvo” en México, declaró la directora en México de Amnistía Internacional, Tania Reneaum, al condenar el asesinato de Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, del pasado 15 de mayo.

“Ser periodista en México parece más una sentencia de muerte que una profesión”, pues el país es una “zona de alto riesgo” para los comunicadores que entre sus reportajes incluyen información sobre el gobierno, el crimen organizado y temas de seguridad, agregó Reneaum.

Amnistía Internacional cuestiona estrategia para legitimar militarización de la seguridad pública en México

CIUDAD DE MÉXICO: Amnistía Internacional (AI) cuestionó la estrategia para legitimar la militarización de la seguridad pública, luego de que el Congreso retomó la discusión de la Ley de Seguridad Interior que pretende legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en esas tareas.


En un comunicado, el investigador para México de AI, Carlos Zazueta, recordó que “tras diez años de seguridad militarizada se han incrementado las violaciones a derechos humanos, tales como la tortura, la desaparición, las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad de los responsables”.

Zazueta consideró como “preocupante” que en las iniciativas propuesta para la Ley de Seguridad Interior “se busque legitimar el uso de las fuerzas armadas para las tareas que son de seguridad pública ordinaria”.

Y advirtió que de aprobarse la legislación en los términos propuestos, se “debilitará aún más el sistema de protección de derechos humanos en el país, sin contribuir en modo alguno a la seguridad de la población”.

El investigador resaltó que el Congreso debería considerar “otras prioridades más urgentes, como las leyes generales de tortura y desaparición”, que hasta ahora no han sido discutidas, “a pesar del sufrimiento y la impunidad que generan tales crímenes”.

Amnistía Internacional ha documentado ampliamente los efectos de la militarización de la seguridad pública como parte de la “guerra contra el narcotráfico”, en informes referentes a la tortura sexual durante detenciones de mujeres, así como casos sobre desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas armadas.

Cabe destacar que el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos, Michel Forst, se sumó a los cuestionamientos que otras oficinas de la ONU y expertos han hecho sobre la militarización.

En su informe preliminar presentado el martes 24, Forst señaló que “el uso de las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad pública y la falta de un programa para el regreso a un enfoque de seguridad completamente civil, levanta varias preocupaciones en términos de gobernanza democrática, sin tampoco haber puesto fin a la violencia”.

El relator de la ONU resaltó que durante su visita detectó que los defensores que representan a víctimas y familiares de violaciones graves a derechos humanos atribuibles a las Fuerzas Armadas “se encuentran en un mayor riesgo de represalias”.

En entrevista con Proceso, publicada en el número que circula esta semana, Forst puntualizó que “la función del Ejército es proteger al país en un estado de emergencia o de excepción, y no es el caso de México”.


Luego de señalar que si se aprueba la Ley de Seguridad Interior, presentará sus observaciones contra la medida en el informe final que dará a conocer en marzo de 2018 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator dijo al semanario que documentó casos de “implicaciones muy fuertes contra el Ejército y la Marina en ataques contra defensores”, no sólo en casos de amenazas, sino de ejecuciones, secuestros y detenciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472694/amnistia-internacional-cuestiona-estrategia-legitimar-militarizacion-la-seguridad-publica-en-mexico

Ayotzinapa, sinónimo del temerario enfoque a los derechos humanos en México: AI

CIUDAD DE MÉXICO: Como era de esperarse en un país con un historial atroz en materia de derechos humanos, los avances en la investigación sobre el caso Ayotzinapa han llegado a punto muerto.

“Y la descarada negación del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre lo ocurrido a los normalistas está tan profundamente arraigada que el presidente ya no se atreve a pronunciar en público la palabra”.

Así lo señala la organización Amnistía Internacional (AI) en un comunicado difundido este jueves, donde detalla que a dos años de la desaparaición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la tragedia se ha convertido en una mancha tal para el gobierno de Peña “que es ya sinónimo del temerario enfoque de las autoridades mexicanas a los derechos humanos en el país, en el que los responsables de crímenes como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas rara vez responden ante los tribunales”.

Destaca que el catálogo de fallas en el modo en que se gestiona el caso Ayotzinapa es tan largo, que resulta increíble.

Y recuerda que seis meses después de la desaparición forzada de los estudiantes, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dio públicamente una explicación oficial sobre lo que las autoridades creían que había ocurrido. La llamada “verdad histórica” que aseguraba que los estudiantes habían sido asesinados por un poderoso cártel de la droga y que luego habían quemado los cadáveres en un basurero.

Transcurrido un año y después de dos informes condenatorios del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señalaban todo un catálogo de fallas de las autoridades en la forma en que habían hecho las investigaciones, los especialistas fueron invitados a marcharse del país porque “al gobierno de Peña Nieto no le gustó que lo hubieran avergonzado internacionalmente”.

En su comunicado, AI sostiene que cuando la presión internacional disminuyó y la atención del mundo pasó a otra parte, se levantó la presión que pesaba sobre el gobierno de Peña Nieto.

Nunca se hizo un seguimiento de los informes según los cuales decenas de detenidos por su implicación en las desapariciones habían sido torturados para que “confesaran”.

Resalta, asimismo, que el GIEI reveló que Tomás Zerón de Lucio, el funcionario que había estado a cargo de la investigación, había manipulado la escena del crimen en un intento de demostrar que un trozo de hueso perteneciente a uno de los estudiantes había sido hallado a orillas de un río local a finales de octubre de 2014, y “este hecho escandaloso también ha quedado impune”.

Añade: “La desaparición de estos 43 jóvenes es emblemática de todo lo que es injusto en México. Los derechos humanos no son más que una ilusión para los miles de hombres, mujeres, niños y niñas que cada año son víctimas de tortura, asesinato y desaparición y que seguirán siéndolo mientras las autoridades insisten en decir que todo va bien”.

Las historias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, apunta, son un recordatorio de los más de 28 mil hombres, mujeres, niños y niñas que han desaparecido en todo México en el último decenio, la mayoría de ellos desde que peña Nieto tomó posesión de su cargo en 2012.

“Son un recordatorio de la medida en que se tortura habitualmente a las personas para que ‘confiesen’ delitos que no han cometido, en un vil intento de mostrar que el gobierno está haciendo algo contra las brutales bandas delictivas que aterrorizan el país”.

El gobierno de Peña Nieto, dice AI, parece confiar en la memoria cortoplacista de México y espera que la gente se olvide de los 43 estudiantes, como se han olvidado muchas otras violaciones de derechos humanos que ha presenciado durante décadas este país.

“Pero no cuenta con que hay millones de personas en el país y en todo el mundo que están hartas de promesas vacías”.

Y advierte: “Seguiremos luchando codo con codo con todos los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones que no renuncian a la esperanza de hacer que las autoridades mexicanas rindan cuentas y garantizar que cumplen sus obligaciones internacionales de proteger los derechos humanos”.

Remata: “Se ha acabado el tiempo para las maniobras políticas. Los familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa no abandonarán su lucha hasta que logren verdad y justicia para sus hijos”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: http://www.proceso.com.mx/456896/ayotzinapa-sinonimo-del-temerario-enfoque-a-los-derechos-humanos-en-mexico-ai

AI: caso Iguala expuso encubrimiento a violaciones a DH

Ciudad de México: “La tragedia de Ayotzinapa ha expuesto cómo la administración del presidente (Enrique) Peña Nieto no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México”, consideró Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Indicó que las autoridades mexicanas “han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen; desde no haber impedido el ataque contra los estudiantes (de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos) hasta prevenir esfuerzos internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre la forma en la que la investigación ha sido manejada”.

Afirmó que “la cínica respuesta del presidente mexicano a la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, hace dos años, ilustra la insensata actitud que ha sostenido el gobierno mexicano hacia los derechos humanos”.

Recordó que las autoridades mexicanas han dicho que los estudiantes fueron secuestrados por una banda criminal de la zona y que sus restos fueron incinerados en un basurero local.


“Sin embargo, tras una investigación forense de un año, un grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que era científicamente imposible que ese número de cuerpos fueran incinerados en un basurero en las condiciones que dicen las autoridades, una conclusión que es compartida por otros expertos que han tenido acceso al caso”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALMA MUÑOZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/22/ai-caso-iguala-ha-expuesto-que-se-encubren-violaciones-a-dh

Amnistía llama “insensata” y “cínica” la respuesta de EPN a los 43; la ONU-DH visita a los padres

La organización Amnistía Internacional reclamó la inacción por parte del Presidente Enrique Peña Nieto en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y calificó como “insensata” la actitud que ha sostenido el Gobierno mexicano hacia los derechos humanos. Por su parte, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU) Jan Jarab, se reunió con los padres de los 43 estudiantes y en el encuestro destacó la necesidad de la Ley General de desaparecidos.

Ciudad de México, 21 de Septiembre (SinEmbargo).- A cinco días de que se cumplan dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, Amnistía Internacional reclamó la inacción por parte del Presidente Enrique Peña Nieto en el caso, y calificó como “insensata” la actitud que ha sostenido el Gobierno mexicano hacia los derechos humanos.

“La cínica respuesta del Presidente a la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero hace dos años ilustra la insensata actitud que ha sostenido el gobierno mexicano hacia los derechos humanos”, dijo.

“La tragedia de Ayotzinapa ha expuesto cómo la administración del Presidente Peña Nieto no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Desde no haber impedido el ataque contra los estudiantes hasta prevenir esfuerzos internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre la forma en la que la investigación ha sido manejada, las autoridades mexicanas han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen”, añadió.

Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de Septiembre de 2014 después de haber sido arrestados por policías municipales mientras se preparaban para participar en una manifestación en la Ciudad de México para conmemorar una masacre de estudiantes ocurrida el 2 de Octubre de 1968.

Desde entonces, los restos de uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio de 19 años, fueron identificados, pero aún se desconoce el paradero y la suerte de los otros 42.

Las autoridades mexicanas han dicho que los estudiantes fueron secuestrados por la banda de “Los rojos” y que sus restos fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula.

Sin embargo, tras una investigación forense de un año, un grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que era científicamente imposible que ese número de cuerpos fueran incinerados en un basurero en las condiciones que dicen las autoridades, una conclusión que es compartida por otros expertos que han tenido acceso al caso.

LA ONU SE REÚNE CON PADRES

En tanto, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Jan Jarab, se reunió con los padres de los 43 estudiantes. En el encuentro se pidió el respaldo para impulsar la Ley General de Desaparecidos.

Familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes, entre ellos el abogado Vidulfo Rosales, recibieron el Alto Comisionado de la ONU en México, Jan Jarab.

“Aún no sabemos la realidad del paradero y compartimos la frustración de las familias”, pronunció al finalizar la reunión en las instalaciones de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Jan Jaran aseguró que la ONU refrenda su respaldo y apoyo para encontrar la verdad y justicia: “nuestra presencia hoy es un signo de apoyo y de que estamos comprometidos a que este caso emblemático se resuelva”.

Durante la reunión se señaló que México necesita una Ley General contra desapariciones para que no vuelva a ocurrir un acontecimiento similar, por lo que familiares pidieron el respaldo al Alto Comisionado. “Este caso no se puede quedar en la impunidad y deben de garantizarse la no repetición de este tipo de hechos”.

A casi dos años de la desaparición de los normalistas, dos personas distintas han encabezado la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia que conduce las investigaciones; más de 110 personas se encuentran sujetas a prisión preventiva acusadas por su participación en el caso y ninguna de ellas ha sido declarada penalmente responsable, es decir, condenada por un juez.

El dato más relevante de los días previos al segundo aniversario de este caso es la renuncia de Tomás Zerón de Lucio, quien ocupaba el cargo de Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal.

Zerón se encontraba en la mira de los familiares de los estudiantes y del grupo internacional de expertos que coadyuva en la indagatoria y que fue designado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Estos grupos han basado sus denuncias en los hechos difundidos por un video en el que se ve a Zerón deambulando por el lugar en el que, según la versión oficial, fueron calcinados los restos de los estudiantes. También se cree que Zerón “sembró” indicios intencionalmente para que fueran encontrados por los peritos que trabajaban en el área.

La renuncia de Zerón había sido exigida por los familiares de los desaparecidos.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Redacción

http://www.sinembargo.mx/21-09-2016/3094905