Afianzado este sexenio, el CJNG abre otro frente de violencia con plagio del hijo de “El Chapo”

El Fiscal de Jalisco informó en rueda de prensa que tras las primeras investigaciones se logró determinar que entre los plagiados del restaurante “La Leche” está Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Señaló que miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación estarían detrás del secuestro. Según expertos consultados por las agencias EFE y AP, este hecho parece un desafío del CJNG, grupo armado que declaró disuelta su sociedad con los de Sinaloa en febrero de 2013, apenas inaugurada la nueva administración federal. Los analistas califican el ataque al hijo del capo como una demostración del creciente poderío del grupo criminal jalisciense, cuya fortaleza se consolidó en este sexenio.

El “valiente” movimiento de un cártel mexicano de la droga en ascenso al secuestrar al hijo del encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera enciende las alarmas ante una posible ola de violencia por el desafío directo al cártel de Sinaloa.

El secuestro parece ser el último golpe para socavar la autoridad del encarcelado capo de la droga y ocurre poco después de que hombres armados invadieron la vivienda de su madre en el estado de Sinaloa, en el norte del país.

El Fiscal del estado de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, confirmó el martes en la noche que Jesus Alfredo Guzmán Salazar, de 29 años, estaba entre la media docena de hombres secuestrados esta semana en un restaurante del balneario de Puerto Vallarta, en la costa mexicana del Pacífico. Los secuestradores pertenecen al cártel rival Jalisco Nueva Generación, agregó.

El poder y alcance de la organización de Jalisco, conocida como CJNG, creció con rapidez en los últimos años, a menudo en competencia directa con el grupo de Guzmán, que es considerada desde hace mucho la pandilla de narcos más poderosa de México.

“Esto podría indicar una escalada”, dijo Samuel Logan, socio gerente de la consultora de seguridad Southern Pulse, acerca del secuestro. “Este es un movimiento muy valiente”.

Según Almaguer, siete hombres armados irrumpieron en una celebración a la que asistían 16 personas en el exclusivo restaurante La Leche, en la zona hotelera de Puerto Vallarta, alrededor de la 1:00 de la madrugada del lunes. Separaron a las nueve mujeres a un lado y tomaron a los siete hombres, uno de los cuales al parecer escapó, agregó. Autoridades dijeron que no se tiene conocimiento de que se haya solicitado un rescate.

El cártel de Jalisco se labró una reputación por sus ataques frontales contra las autoridades del estado, pero también se ha establecido en zonas lejanas como Veracruz o Baja California Sur.

“No me sorprende que hayan presionado para llevar la escalda al próximo nivel”, dijo Logan. “Y si algo de lo que creo pasa en los próximos 10 días esto se va a confirmar. Estos chicos no van a esperar para devolverla”.

Este sería el último indicio de que el dominio del cártel de Sinaloa no es el que era en el pasado. Se dice que “El Chapo” administraba sus actividades desde la cárcel hasta que se escapó por segunda vez en el 2015, y cuando fue recapturado se le impusieron medidas de seguridad más estrictas en el penal de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, en el que está internado.

En los últimos meses se reportaron otras afrentas contra el capo del narcotráfico. En junio, la prensa informó que un escuadrón armado entró a la casa de la madre de Guzmán y sustrajo vehículos y otras propiedades.

“En este momento hay una guerra por el control del Cártel de Sinaloa, y en esa guerra, se está centrando el tema en ataques a sus familiares”, dijo Raúl Benítez, especialista en seguridad y profesor de ciencias políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Jesús Alfredo Guzmán lleva años en el radar de las autoridades. En 2009, Estados Unidos lo acusó de tráfico de drogas en Chicago, junto a su padre y a otros líderes de su organización.

En 2012, en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, el Departamento del Tesoro estadounidense lo describió como lugarteniente de su padre. Ese mismo año, marines mexicanos arrestaron por error a un vendedor de autos de segunda mano y lo presentaron a la prensa como Jesús Alfredo.

Almaguer apuntó que las autoridades siguen trabajando para confirmar las identidades de dos de los seis hombres plagiados. Los rumores apuntan a que el hermano mayor de Jesús Alfredo, Iván Archivaldo Guzmán, está también entre las víctimas.

Andrés Granados, un abogado que representa a su padre, dijo no tener información sobre los secuestros.

Si Iván Archivaldo está en la lista de secuestrados, los responsables tendrían al menos a dos de los herederos de El Chapo, que se cree están haciéndose con el control de partes de su imperio.


CÁRTEL DE JALISCO AUMENTA SU PODER

La agencia de noticias EFE destacó que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha dado una muestra más de su creciente poder entre las organizaciones criminales de México al secuestrar a Jesús Alfredo, hijo de “El Chapo” Guzmán.

En el restaurante había un grupo de 16 personas, pero un individuo escapó, por lo que inicialmente fueron capturados los seis hombres y nueve mujeres, pero estas últimas fueron liberadas, de acuerdo con el testimonio de los trabajadores del lugar.

El Fiscal de Jalisco dijo desconocer las causas del secuestro.

La Fiscalía estatal puso en marcha el lunes un operativo para localizar a los secuestrados con el apoyo de instituciones de seguridad federales y municipales, así como para capturar a los responsables.

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció ayer en un comunicado que un “grupo interdisciplinario” de esa institución se sumará a las investigaciones que realizan las autoridades locales “para esclarecer los hechos”.

Jalisco ha sido durante décadas foco de actividad del crimen organizado. En la actualidad es el centro de operaciones del CJNG, que surgió en 2010 como una célula del cártel de Sinaloa y tiene presencia en al menos siete estados más y en la Ciudad de México.

El CJNG ha realizado numerosos ataques contra las fuerzas federales, como una emboscada del 19 de marzo del año pasado en la que murieron cinco miembros de la Policía Federal y dos civiles en el municipio de Ocotlán, que marcó el inicio de una escalada de violencia en Jalisco.

El Gobierno federal puso en marcha desde el 1 de mayo de 2015 un amplio despliegue de soldados y policías en Jalisco para detener a los líderes del grupo, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes “el Mencho”, considerado uno de los criminales más peligrosos del país.

En respuesta a esta acción, presuntos miembros del CJNG derribaron un helicóptero castrense ese mismo día, un ataque en el que murieron nueve militares.

Este grupo criminal se disputa Jalisco con el cártel La Resistencia, vinculado con los Zetas. De hecho, en un principio los miembros del CJNG se hacían llamar “los Matazetas”.

Pero el secuestro de un hijo del Chapo Guzmán, quien fue detenido en enero pasado y se encuentra en una prisión de máxima seguridad del estado norteño de Chihuahua a la espera del desenlace de su proceso de extradición a Estados Unidos, parece un desafío del CJNG a sus antiguos socios de Sinaloa.

También refleja la creciente fuerza de este grupo entre las organizaciones criminales del país.

El hecho tuvo un antecedente en junio pasado, cuando un grupo armado formado por unas 150 personas mató a varias personas y saqueó la casa de Consuelo Loera, madre de Guzmán, en el municipio sinaloense de Badiraguato, tierra natal del Chapo.


Se especuló en su momento que la violencia obedecía a la tentativa de Rafael Caro Quintero, prófugo de la justicia desde 2013, de disputarle territorios al cártel de Sinaloa, aunque este capo lo negó en una entrevista realizada por la revista Proceso en un lugar del norte de México.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-08-2016/3081168

Testigos protegidos vinculan a los Moreira con sobornos de los asesinos de Allende: Univisión

Nuevas revelaciones en Cortes de Texas, Estados Unidos, señalan a los gobernadores Humberto Moreira y su hermano Rubén Moreira, aún en el cargo, por haber recibido sobornos de Los Zetas, autores de la matanza de Allende en 2011, donde desaparecieron al menos 300 personas.

La entrada al cementerio Los Ángeles es un camino de asfalto donde la vegetación silvestre asalta por ambos lados. Al costado de la calle hay vestigios de un proyecto para construir un vecindario. Ahora queda en el aire un olor rancio a excremento; en el suelo, ropa, zapatos, juguetes y partes de automóviles.

“Aquí los traían, prendían las luces de los autos para ver en la oscuridad”, contó una persona que acompañó al lugar a los reporteros de Univisión Investiga. Luego de ultimar a las víctimas, los sicarios de Los Zetas llevaban sus automóviles a unos talleres donde eran cortados en pedazos, con hachas, para que no quedara rastro.

Una avenida contigua al camino del cementerio aún se ve repleta de estos talleres, que durante los años de mayor terror abrían en la madrugada, las horas de mayor ocupación.

Se sospecha que muchas de las víctimas fueron hombres, mujeres y niños que Los Zetas se llevaron durante una caravana de muerte y destrucción que llevaron a cabo a la vista de las autoridades de esta zona desde mediados de marzo de 2011. En cuestión de tres semanas, comandos de esa organización desaparecieron a 300 personas de quienes no se tiene noticia. Entre los habitantes se le conoce como la masacre de Allende, un pueblo de 22,000 personas situado a 37 millas de la frontera con Estados Unidos. En número de víctimas es quizás la desaparición masiva más grande en la historia moderna de México. También la más olvidada.


Al lado del camino, al cementerio le sobra espacio para colocar tumbas. En esta región de la frontera, entre Coahuila y Texas hay más luto que cadáveres. La mayor parte de sus desaparecidos, una fracción de los 1,600 que se cuentan en Coahuila en la última década, fueron mutilados y disueltos en ácido para borrar las huellas de un delito por el que los delincuentes pudieran ser acusados de homicidio en México.

Cuando de la masacre solo quedaban los recuerdos de los familiares y en la justicia mexicana languidecía la investigación, surgieron el mes pasado en cortes de Estados Unidos testimonios que no solo confirmaron la autoría de Los Zetas sino el ambiente de complicidad de los gobiernos de la época con la organización criminal.

Dos testigos de la fiscalía federal comprometieron a los gobernadores Humberto Moreira, quien gobernó Coahuila entre 2005 y 2011, y su hermano Rubén Moreira, que lo ha hecho desde diciembre de 2011 y aún continúa en el cargo. Rodrigo Uribe y Adolfo Tavira declararon en una corte de San Antonio que Los Zetas habían entregado millones de dólares para controlar el estado primero a Humberto, como gobernador, y luego a su hermano, mientras estaba en campaña. Ambos políticos han negado las acusaciones y han restado credibilidad a los denunciantes, por tratarse de testigos protegidos. Jorge Torres López, el gobernador interino entre ambos hermanos se encuentra prófugo por acusaciones de narcotráfico y fue incluido en la lista de los más buscados de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Los testimonios no han acarreado alguna consecuencia legal en México para los hermanos Moreira según explicó a Univisión Investiga Homero Ramos, el Procurador estatal, máxima autoridad de la investigación oficial en el caso de la masacre.

“No hay ninguna investigación abierta porque no hay ningún señalamiento que haya permitido la apertura de una averiguación o de una carpeta de investigación”, afirmó en entrevista.

UN MENSAJE INCONVENIENTE

En este cementerio de ropa Juana Rodríguez ha buscado los restos de su hija Lluvia. La joven, quien ahora cumpliría 23 años, desapareció con otras 13 muchachas en octubre de 2013, después de acudir a una fiesta con integrantes de Los Zetas. Ya en una ocasión las autoridades solicitaron a Rodríguez que reconociera restos humanos hallados junto al cementerio.

“(Eran restos) de muchachas, pero ya estaban como en bolsas negras”, recordó. “Me enseñaron cuatro bolsas que son las que supuestamente habían encontrado pa’l lado de ese monte, pero no. Eran muchas, las sacaron así, como en forma de rompecabezas”.

Cuando acudió a denunciar la desaparición de su hija, en la fiscalía municipal le pidieron a Rodríguez que no indagara, según ella misma lo relata.
“A mí me dijeron que no, que lo dejara así, que no pusiera demanda, que si regresaba qué bueno y si no regresaba que yo lo dejara así, que yo me hiciera la idea de que ella se había ido lejos”, narró.

Rodríguez investigó por su cuenta el episodio de su hija mayor. Descubrió que cuando Lluvia asistía a fiestas con Los Zetas, les recogían a todas sus teléfonos, por temor a que informaran su ubicación. Esa noche de octubre de 2013, sin embargo, una de las muchachas olvidó apagar el suyo y recibió un mensaje de texto. Uno de los lugartenientes de Los Zetas leyó el mensaje y se lo reportó a su jefe. El remitente era un exmiembro del grupo que había desertado para trabajar con el cártel del Golfo, una organización rival.

“Le encontraron un mensaje a la muchacha advirtiéndole que no se acercara a Piedras Negras porque las cosas se estaban poniendo mal”, explicó un empresario local que conoció estos hechos en voz de un amigo sicario de Los Zetas.

Las jóvenes, todas entre 18 y 24 años, fueron citadas a una segunda fiesta.

“No le encontraron evidencia a nadie más, solamente fue a una, pero por esa muchacha, pues, las llevaron a todas. (…) Se pide la autorización para hacerle las ejecuciones de las muchachas. Se le pide la autorización al Z-42, que un grupo de muchachas estaba traicionando al grupo”, aseguró el empresario, bajo condición de anonimato.

Las muchachas fueron torturadas y asesinadas, agregó.

“Querían sacarles más información a todas para poder saber si realmente tenían algún otro contacto con el que estuvieran traicionando”, agregó. Según él, ninguna de las jóvenes confesó de quién era el teléfono que recibió el mensaje.

Omar Treviño Morales, alias Z-42, quien autorizó las ejecuciones, es uno de los fundadores del cartel de Los Zetas. Fue detenido dos años después de esta desaparición, en San Pedro Garza, Nuevo León, el municipio más rico de México.

En la residencia donde se ocultaba, las autoridades encontraron varias imágenes de la Virgen de Guadalupe y un gran crucifijo sobre la cama de la habitación principal.

En Piedras Negras, la madre de Lluvia sigue esperando noticias de su hija mientras trabaja limpiando pisos en una compañía de autopartes para mantener a sus otros siete hijos. Dos veces al año se encuentra en el parque principal del pueblo con 300 familiares de desaparecidos. Es el día en que llegan peritos de la Ciudad de México a tomarles muestras de ADN, por si en otro lugar del país aparecen restos que pudieran identificarse como los parientes que ellos están buscando.


“(Vienen) cada seis meses. Nomás nos hacen la prueba pero nunca nos dicen nada. Cada quien tiene que llevar una foto de las personas”, recordó.

TOTAL CONTROL

A estas reuniones acuden vecinos de varios pueblos de la región conocida como los Cinco Manantiales, una vasta llanura semiárida en el lado mexicano al sur de Texas, que se convirtió en refugio de los líderes del cartel de Los Zetas cuando arreciaron los operativos militares y policiacos en el estado vecino de Tamaulipas, el epicentro histórico de la organización.

“Se empezaron a mover donde estaba más tranquilo. Piedras Negras y Ciudad Acuña y para arriba Saltillo y Torreón. Pero eso fue para escaparse de lo que estaba llegando a Nuevo Laredo”, rememoró en un parque de San Antonio, en Texas, un exagente de la DEA, quien investigó a Los Zetas durante cuatro años como agente encubierto y solicitó que no se revelara su nombre.

El cartel controlaba el narcotráfico en la frontera entre Piedras Negras y Eagle Pass, el cobro de cuotas de extorsión en los comercios, en la minería y la venta de whisky para los bares. Los empresarios de la ciudad recuerdan que cada negocio debía entregarles semanalmente un promedio de 300 dólares como cuota para que les fuera permitido operar. El grupo recibió también contratos de construcción de obra pública como remodelación y edificación de escuelas que ahora están bajo investigación.

Rodrigo Uribe, de 41 años, fue uno de los testigos clave de los juicios en Texas. Hijo de un exalcalde de Piedras Negras, hizo de prestanombres de Los Zetas para la compra de propiedades y negocios en la ciudad fronteriza, entre ellos un centro comercial en el corazón de Piedras Negras, valuado en tres millones de dólares. La construcción hoy tiene un aspecto desolado. Las tiendas están cerradas y la pintura de las paredes se cae a pedazos.
En su declaración ante una corte en San Antonio en julio pasado, Uribe explicó que estuvo a cargo del pago de sobornos a políticos estatales. Uribe describió la estructura operativa que permitió a Los Zetas imponer su ley de terror en Coahuila.

El organigrama del cartel estaba compuesto por focas, halcones, estacas y sicarios.

“(Los sicarios) patrullan la plaza. Siembran las semillas del terror dentro de la comunidad. Secuestran y cometen extorsión”, explicó. Uno de ellos, a quien Uribe dijo que reportaba directamente, era Raúl Hernández Lechuga, el comandante Z-100.

“Fue uno de los más sanguinarios de Los Zetas”, aseveró.

El jefe del grupo local era una especie de comandante de una pequeña célula. A este cargo se le conocía con el nombre de “estaca”. Tenía unas 30 personas a su cargo, entre sicarios y vigilantes. El control se regía por una constante inspección de cada movimiento en las ciudades bajo el mando de estos jefes.

Las “focas” estaban encargados de rondar las calles.

“En bicicletas, utilizando radios, tomando el cuidado de la zona”, explicó el testigo. Aún se ven en Coahuila algunos de estos hombres que avanzan despacio, mirando con insistencia a los extraños.

Las focas se apoyaban en los “halcones”, miembros de menor rango en la organización que alertaban sobre la presencia de “infantes de marina, y también otros carteles”, desde las esquinas o a bordo de vehículos modestos, agregó Uribe.

Se comunicaban mediante mensajes de Blackberry –que consideraban más difíciles de interceptar por la Marina de México o el gobierno de Estados Unidos– y radios que transmitían desde sus propias torres. Así mantenían también el contacto con la policía local.

“Los Zetas tienen sus propios códigos y la policía tiene su propios códigos, pero utilizan las mismas frecuencias”, indicó Uribe en la corte en San Antonio.

Los jefes de plaza se ocupaban de los acuerdos políticos, en especial del control policiaco. Cuando alguno de estos mandos oficiales no aceptaba trabajar con ellos, o un integrante de Los Zetas era detenido en una población bajo su mando, el jefe policiaco era “eliminado”.

“La policía del estado, algunas de las federales, locales, policías locales, políticos, alcaldes”, estaban entre quienes recibían pagos regulares por dejar operar al grupo, de acuerdo con Uribe. Esto incluía a los agentes migratorios en el lado mexicano.

Entre las familias de los desaparecidos, no hay mayores dudas de que existió un alto nivel de complicidad de los narcotraficantes con las autoridades.

Guadalupe Fernández es madre de un ingeniero desaparecido en 2009 en Monclova, al sur de Piedras Negras. Como miembro de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, compareció ante una comisión de Naciones Unidas en Ginebra, sobre la situación de los derechos humanos en México.

“En la mayoría de casos que tenemos nosotros de desaparecidos en el estado de Coahuila, han seguido un patrón muy recurrente. Fueron detenidos por alguna policía, por policías de alguna corporación, y entregados a ese grupo delincuencial”, explicó a Univisión.

Uribe coincide con esa descripción. El testigo protegido aseguró que el primer filtro de Los Zetas en las ciudades era la misma policía. Cualquier extraño que se internara en su territorio en fechas en que ocurriría una entrega de droga podría ser detenido por los uniformados.

“Les llevarían directamente al jefe de esa plaza”, explicó.

Los acuerdos con el gobierno, se lee en el testimonio, incluían una patente de impunidad. Ante las denuncias de homicidios “se presentarían las quejas, pero no harían investigaciones”, declaró el exmiembro de Los Zetas.

El código de la organización incluía prohibiciones para robar en casas, violar mujeres o asesinar sin permiso. La traición se pagaba con desapariciones masivas que incluían familias enteras. Los sicarios, de acuerdo con el testimonio de un empresario local que era amigo y confidente de uno de ellos, recibían mensualmente 2,000 dólares, sin importar el número de personas a quienes quitaran la vida. Como ganancia extra tenían autorizado robar los menajes de las casas que intervenían para secuestrar a sus víctimas.

En Texas otros exmiembros de la organización, también convertidos en testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos, han relatado con detalle los crímenes cometidos al amparo de esta amplia estructura. Los más escalofriantes se ventilaron en julio pasado, durante el juicio contra el sicario Marciano Millán, condenado entre otros homicidios por el asesinato a hachazos de una niña de seis años enfrente de sus padres.

El sicario era un asiduo feligrés de la iglesia de San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles, en la colonia Mundo Nuevo de Piedras Negras, según se lo comentó un amigo de Millán a Univisión Investiga.

Posiblemente en algunas de sus visitas a la iglesia debió ver, junto al altar, los improvisados cartelones que revelan los nombres de desaparecidos y que aún están allí. Al lado, los familiares han colocado otro con fotos de las víctimas.

Millán vivía a unas cuadras de la iglesia, en una casa modesta que comparte terreno con una pequeña tienda. El sicario fue detenido en otra residencia, igualmente humilde, en San Antonio, procesado y declarado culpable por los crímenes cometidos en México. Los periodistas que cubrieron el juicio afirman que Millán no se inmutó cuando uno de los testigos describió la manera como mató a la niña de seis años. El intérprete oficial del acusado no pudo contener las lágrimas, lo mismo que uno de los miembros del jurado.

El testigo fue Adolfo Tavira, un exempleado de Los Zetas en Piedras Negras. En su relato explicó cómo pudo sobrevivir a uno de los peores crímenes en los que participó Millán: la desaparición masiva de al menos 300 personas durante los meses de marzo y abril de 2011, en los municipios de Allende y Piedras Negras, separados por 35 millas con un paisaje colmado de polvo y tierra seca.


UNA MASACRE OLVIDADA

La madrugada del 19 de marzo de 2011, Tavira fue sacado de su casa por varios sicarios de Los Zetas, organización a la que también él pertenecía. Según su testimonio, entre los captores estaba David Loreto, alias Comandante Enano, el mismo jefe zeta que ordenó la desaparición de las 14 jóvenes que fueron invitadas a una fiesta y no volvieron.

Sin que mediara una explicación, Tavira fue esposado y llevado a un paraje en las afueras de Piedras Negras. Allí vio a personas de rodillas, incluidos niños. Los hermanos Omar y Miguel Treviño Morales, jefes máximos del cartel en ese momento, comandaban la operación.

Dos fuentes en Texas confiaron a Univisión que los Treviño habían sido informados por personal de la Procuraduría General de la República de México, de que tres de sus empleados en la región estaban pasando información al gobierno de Estados Unidos.

Los exsocios del cartel Alfonso Cuéllar, Héctor Moreno y José Luis Garza primero filtraron datos al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Más tarde se convirtieron en testigos protegidos. Los Zetas secuestraron a cada una de las personas que conocían, trabajaban, eran familiares o tenían alguno de estos tres apellidos.

Tavira había trabajado en algún momento para Cuéllar, pero logró salvarse gracias a la intervención de Raúl Hernández, alias el Z-100, quien era su jefe directo en ese momento y respondió por él ante los Treviño Morales, de acuerdo con su testimonio.

En su insólito relato de supervivencia Tavira añadió entre lágrimas cómo escuchó los disparos contra los secuestrados, cuando él ya se había salvado. Las víctimas habitaban o laboraban en enormes residencias en Piedras Negras y Allende, que fueron quemadas y saqueadas. Muchos fueron secuestrados en pleno día y ninguno ha regresado.

Entre quienes desaparecieron el día en que comenzó la operación, el 18 de marzo, está Rodolfo Sánchez, quien manejaba un camión de carga. Su hija Gabriela Sánchez, de 23 años, cuenta de memoria los años, meses y días en que su padre ha estado ausente, aunque se refiere a él como si estuviera vivo.

Ella asegura que fue una de los pocos habitantes de Allende que presenció cómo quemaban y destruían con maquinaria de construcción las casas. Los escombros de estas enormes residencias de estética narco continúan allí, como un recuerdo vivo del infierno.

“Yo iba ir pa’la escuela. Eran las seis, 6:20, 6:30 de la mañana cuando nosotros vimos, escuchamos la explosión y cuando di vuelta a ver, estaban las llamaradas”, relató.

La intervención de los Zetas comenzó un viernes en Piedras Negras y varias fincas en las afueras de Allende. El domingo por la noche, quemaron y asaltaron la casa de Víctor Garza, tío de uno de los exsocios, a menos de 20 pasos de la residencia de Sergio Lozano, entonces alcalde de la ciudad.

Cinco años después, Lozano continúa operando su negocio de venta de productos para el campo. No ha sido imputado por algún delito relacionado con la masacre. La procuraduría de Coahuila dijo a Univisión que aún se encuentra en calidad de testigo sujeto a investigación y no hay otras acciones legales en su contra.

“En este momento él está sujeto a investigación y seguimos nosotros con su colaboración y con la colaboración de algunas otras personas para poder llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo el procurador.

Las autoridades estatales sostienen que solo 54 víctimas han sido confirmadas como desaparecidas en las tres semanas trágicas de 2011.

“Hay investigaciones abiertas. En ellas caben todo tipo de líneas de investigación”, aseguró el procurador Ramos. Como responsables, las autoridades han detenido a ocho miembros de Los Zetas y seis policías municipales.

La hija del chofer rompe a llorar apenas comienza la entrevista. En su recuerdo, la parte más difícil ha sido la impotencia. “Niños chiquitos, de un año, dos años, envueltos en llamas y uno sin poder hacer nada. Miraba las casas y no podías ayudar a nadie. En la casa de enfrente de los bomberos, la casa de frente de gente que podía hacer algo, no podías hacer nada, nada”, recordó.

Ana María Sandoval, cuyo hijo desapareció un año después de la masacre, luego de negarse a trabajar como vigilante para Los Zetas, apunta directamente a la complicidad oficial.

“Los policías andaban en lo mismo, ellos andaban haciendo eso. Participaban, simplemente checaban, cerraban las calles. Eso es participar. Y son cómplices, ¿o qué no?”, apuntó.

Durante tres años, fuera de Allende la desaparición era desconocida. El periodista Juan Alberto Cedillo, corresponsal en la región del semanario Proceso de México, fue el primer reportero de un medio nacional que viajó allí para conocer detalles del caso.


“Se pueden esconder uno o dos crímenes por un tiempo pero desaparecer 300 personas y que no se conozca eso habla del nivel de protección que tenían”, consideró en entrevista.

LA LAVANDERÍA TEXANA

Además de compartir los secretos de su complicidad, políticos y narcotraficantes de la zona fronteriza encontraron un campo común para invertir el dinero sucio de sus actividades: el vecino estado de Texas.

Allí abrieron cuentas bancarias, compraron mansiones, lotes, automóviles de lujo y caballos de carrera. No existe ninguna acusación contra bancos ni firmas inmobiliarias que se prestaron para mover los millones de dólares.

Los secretos de las operaciones han salido a flote en procesos de incautaciones y acusaciones criminales. La más conocida quizás es la que señala que José Treviño Morales, hermano de los líderes que comandaron la desaparición masiva en Allende, lavó al menos 60 millones de dólares del cartel en Texas mediante la comercialización de caballos de carreras.

Los Zetas utilizaron bancos con JP Morgan Chase, HSBC, Federal Capital Bank o UBS para guardar las ganancias, de acuerdo con documentos judiciales consultados por Univisión.

En una serie de investigaciones por lavado de dinero producto de la corrupción contra políticos de Coahuila y empresarios locales, las autoridades decomisaron en enero de este año propiedades en San Antonio, Texas, con valor de 24 millones de dólares. Las propiedades figuraban a nombre de testaferros de Javier Villarreal, quien fuera el principal encargado de las finanzas de Coahuila cuando Humberto Moreira era gobernador. Los decomisos de un edificio donde opera una farmacia, un edificio de bodegas y dos residencias estuvieron fincados en acusaciones de que los inmuebles se habían comprado con dinero robado del erario coahuilense, según los registros que revisó Univisión.

Sin mencionar su nombre, la acusación identificó a Moreira solo como co-conspirador 1, o CC1 pero la descripción de su cargo y la época en que ocurrieron los hechos no deja dudas de que se trata de él. Esta referencia se conoció en una causa penal contra Rolando González, empresario en Coahuila. Desde 2009 González es padrino de bautizo del hijo mayor de Uribe, el exempleado de Los Zetas, quien testifico que lavó 50 millones de dólares del cartel en Piedras Negras.

Uribe declaró directamente contra Moreira en julio pasado. En su testimonio, del que Univisión Investiga obtuvo una copia, el exmiembro del cartel indica haber pagado sobornos por unos 3.5 millones de dólares que iban dirigidos al entonces gobernador. En esta versión, los pagos se habrían realizado en dos entregas.


El primer traspaso habría sido de dos millones de dólares guardados en maletines, en el hotel Quinta Real de Saltillo, la capital de Coahuila. El intermediario era Vicente Chaires, director de administración estatal y uno de los colaboradores más cercanos a Moreira.

“La segunda fue hecha allí mismo en Saltillo, en una estación de gasolina”, declaró Uribe. En esta ocasión, el testigo aseguró haber estado acompañado de otros tres comandantes de Los Zetas.

“Nos dirigíamos hacia Puebla y paramos allí en esa estación de servicio para realizar el pago (…) El Cien y El Danny se quedaron allí hablando con Jesús Torres Charles”. El funcionario mencionado como recipiente era entonces procurador estatal y ha negado a la prensa la veracidad de los dichos de Uribe.

El testigo abundó que en la segunda entrega pagaron en efectivo, en bolsas selladas al vacío, “aproximadamente entre 1.5 y dos millones de dólares también”. Ante la pregunta del fiscal Russell D. Leachman de cuál fue el beneficio que obtuvieron Los Zetas a cambio de estos pagos, Uribe respondió:

“El control sobre las plazas de todo el estado de Coahuila”.

El exgobernador Moreira negó estos hechos en un comunicado y un mensaje enviado a Univisión Investiga. Aseveró que no conoce a Uribe, que sus dichos son “fantasiosos” y que cuando sucedió la masacre en Allende él ya no gobernaba el Estado.

Dos meses antes de la masacre de Allende, en efecto, Moreira había dejado el cargo para convertirse en presidente de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), cargo desde el que trabajó para la candidatura del actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

Pero una revisión de los documentos judiciales refleja que Uribe expresamente aclaró que los pagos de sobornos ocurrieron durante su época como Gobernador.

“(Los pagos) eran para protección y cualquier acuerdo al que habían llegado era con Humberto Moreira, que en ese momento era el gobernador de Coahuila”, testificó.

Los negocios de Uribe en Piedras Negras, descritos en la acusación, también coinciden con el periodo de Humberto Moreira en el gobierno.

Moreira ha exigido a los medios que dejen de involucrarlo con el grupo criminal que asesinó en 2012 a su hijo mayor, José Eduardo Moreira. Las autoridades estatales de Coahuila, ya bajo el mando como gobernador de Rubén Moreira, hermano de Humberto, divulgaron que el asesinato del joven de 25 años fue una venganza de Los Zetas. Menos de 24 horas antes de la ejecución, un comando especial del gobierno de Coahuila había ultimado en una esquina de Piedras Negras a Alejandro Treviño, sobrino del Z-40. En la ciudad el grupo criminal colocó mantas con la consigna “familia por familia”, dirigidas a Rubén Moreira.


EL REINO DE LOS URIBE

Rodrigo Uribe era conocido en Piedras Negras como un joven jactancioso que llevaba una agitada vida social. Es hijo de un político. Una fuente cercana a la familia confió a Univisión Investiga que Uribe ingresó al cartel por medio de su hermano, Miguel Uribe, desaparecido en 2012 y quien tenía rango de comandante.

“Él [Miguel] manejaba lo que eran los cobros de cuotas, lo que era mercancía para la exportación hacia Estados Unidos y lo que era el control de Cinco Manantiales y Piedras Negras”, dijo bajo petición de anonimato un empresario de Piedras Negras que conoció las operaciones del cartel y a Miguel gracias a un amigo que trabajaba con Los Zetas.

Sobre su hermano, Rodrigo declaró en San Antonio que había sido asesinado.
“Él estaba a cargo de toda la coordinación de las drogas y secuestros. Prácticamente la misma función que un sicario”, dijo. La muerte de Miguel y su otro hermano, Mauricio, se debió a que un mando local de Los Zetas descubrió que Miguel había robado un dinero y lo había reinvertido en una casa de cambio.

“El jefe mandó a llamar a Miguel y al dueño de la casa de cambio, y nunca volvieron”, refirió una fuente cercana a la familia, quien pidió omitir su nombre.

Mauricio Uribe, el tercer hermano que también trabajó para Los Zetas, estaba encargado de “hacer conexiones con personas en la política”, refiere la declaración de Rodrigo.

La operación bajo el control de Miguel Uribe incluyó el manejo del penal de Piedras Negras, de acuerdo con el testimonio de su hermano en Texas y dos fuentes locales en Piedras Negras. La cárcel se convirtió bajo el mando de Uribe en un centro de operaciones de Los Zetas.

Entre 2008 y 2011, como han aceptado las autoridades estatales, el penal fue controlado por el grupo criminal. El empresario contó que allí “se utilizaba como el taller, prácticamente el taller de sus autos para blindaje (…) hacían un compartimiento entre la transmisión y el chasís para poder guardar lo que era droga”.

Agentes de la DEA se enteraron que también permitían la salida de reos. “Verificamos que el fin de semana si había un trabajo que hacerse afuera de la cárcel, un asesinato o algo así, dejaban que salieran unos tres o cuatro”, reveló el exagente entrevistado en Texas. “Después del trabajo regresaban a la cárcel”.

Rodrigo reveló en San Antonio que los acuerdos políticos de Los Zetas permitían a su hermano Miguel, quien estaba preso, usar la cárcel como si fuera prácticamente un hotel.

“Estaba libre para seguir con su día fuera de la cárcel y simplemente dormir en la cárcel”, añadió.

El penal de Piedras Negras, bajo el mando de su hermano, era “un lugar donde era muy fácil esconderse, robar cosas, hacer cosas allí”, de acuerdo con el testigo. La investigación oficial ha encontrado que en la época descrita en el juicio fueron asesinadas y calcinadas en esa cárcel al menos 150 personas, algunas de ellas, las víctimas de la masacre de Allende.


Entre los testigos que incriminaron a políticos locales, Efren Tavira aseguró haber tenido conocimiento de que le pagaron sobornos al actual gobernador del Estado, Rubén Moreira, en una camioneta atestada de maletas con billetes, cuando estaba en campaña.

“Tan inverosímiles son dichas versiones que notas publicadas en la red señalan que este testigo se encontraba detenido por autoridades norteamericanas durante el periodo en que él menciona que sucedieron los hechos”, afirma un comunicado de prensa de la gobernación. El comunicado agregó que, según lo que publicaron los medios, se trataba de apoyos para una campaña electoral entregados en el 2012, “cuando es de sobra conocido que la campaña a gobernador fue en el 2011”.

La hija de Juana Rodríguez, quien desapareció en la administración de Rubén Moreira, no ha vuelto a casa ni han tenido pistas de ella. Tampoco del hijo de Ana Sandoval, desaparecido en marzo de 2012, igualmente en la actual administración. El procurador estatal, Ramos, afirmó en entrevista con Univisión que por los 1,600 desaparecidos en Coahuila actualmente hay 24 funcionarios en la cárcel. Todos son policías. Entre los detenidos no hay mandos medios ni superiores de la administración actual, ni de las dos anteriores.

La masacre de Allende ha sido ya denunciada ante la Corte Penal Internacional de La Haya por Armando Guadiana, un empresario local. Un grupo de investigadores de El Colegio de México, una de las universidades con mayor prestigio en México, está desarrollando una pesquisa independiente por el caso.

El encargado de dicha investigación, Sergio Aguayo, actualmente enfrenta una demanda por daño moral de Humberto Moreira por haber escrito en una columna de opinión en el diario mexicano Reforma, que “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto”.

En entrevista con Univisión, Aguayo sostuvo que la demanda fue presentada casi medio año después de la publicación de la columna, cuando comenzó a conocerse su investigación paralela.


“Pasan seis meses. No me parece lógico. Por tanto es que a raíz de eso yo digo, bueno, tiene que haber otra, otra, otra razón. ¿Cuál es la otra razón? ¿Qué he hecho en relación a su gobierno?”, afirmó.

FUENTE: SIN EMBARGO/UNIVISIÓN.
AUTOR: REDACCIÓN/PENILEY RAMÍREZ, GERARDO REYES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-08-2016/3080906

Titular de la Fepade y consejeros del INE, sin opción de llegar al TEPJF

La SCJN hizo una primera depuración de los candidatos a magistrados del Tribunal Electoral. Los 42 elegidos comparecerán la próxima semana y la lista se reducirá a 21 perfiles que serán propuestos al Senado, a fin de que elija a los siete integrantes de la Sala Superior del TEPJF.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hicieron una primera depuración y redujeron a 42 la lista de los 126 aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En este primer recorte quedaron fuera Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), así como los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Adriana Margarita Favela, Beatriz Eugenia Galindo y Marco Antonio Baños.

También fue eliminado Roberto Martínez Espinosa, quien trabajó con Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI, como abogado general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por el contario, sí pasaron este primer filtro Daniel Francisco Cabeza de Vaca, quien fue consejero jurídico de la Presidencia en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, y titular de la PGR entre 2005 y 2006, para luego integrarse al Consejo de la Judicatura Federal, cargo que concluyó el 30 de noviembre de 2014.

También fue electa Carla A. Humphrey Jordán, ex consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), actualmente secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del TEPJF y ex esposa de Roberto Gil Zuarth, presidente del Senado de la República.

Además, Reyes Rodríguez Mondragón, quien es integrante de la Sala Regional del TEPJF en Monterrey, Nuevo León, y quien llegó a esa posición gracias al impulso del panista Gil Zuarth, ya que fue asesor en el Senado y un cercano colaborador.

En esta primera lista aparece Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, sobrino de la ministra en retiro de la SCJN, Olga Sánchez Cordero. Actualmente es secretario de Estudio y Cuenta de adscrito a la ponencia del magistrado presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza.

También pasó este primer filtro Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez, quien estuvo al frente de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE hasta el 1º de noviembre de 2014.

Los próximos 23 y 24 de agosto, los 42 finalistas comparecerán ante los ministros del máximo tribunal del país en sesión pública, proceso que les permitirá eliminar a la mitad. De esta forma, serán 21 los nombres que propondrán al Senado, distribuidos en siete ternas diferentes.

Una vez que reciba las postulaciones, el Senado publicará los nombres en el Diario de los Debates y la Comisión de Justicia elaborará el dictamen de idoneidad del cargo para dar paso a las comparecencias.

La fecha límite para que la Cámara Alta elija a los siete nuevos magistrados electorales vence el 30 octubre, y los siete nuevos magistrados electorales iniciarán actividades el 4 noviembre.


Esta es la lista completa de los 42 candidatos:

1. AGUAYO SILVA JAVIER
2. AGUILAR SÁNCHEZ JOSÉ ANTONIO ABEL
3. ARENAS BÁTIZ CARLOS EMILIO
4. CABEZA DE VACA HERNÁNDEZ DANIEL FRANCISCO
5. CAMERO OCAMPO JORGE ARTURO
6. CARREÓN CASTRO MARÍA DEL CARMEN
7. CURIEL LÓPEZ CLAUDIA MAVEL
8. DE LA MATA PIZAÑA FELIPE
9. DÍAZ ORTIZ ÁNGEL RAFAEL
10. EDÉN WYNTER GARCÍA JORGE ENRIQUE
11. ENRÍQUEZ FUENTES GASTÓN JULIÁN
12. FUENTES BARRERA FELIPE ALFREDO
13. GARCÍA HUANTE BERENICE
14. GARCÍA ORTIZ YAIRSINIO DAVID
15. GUERRERO OLVERA SERGIO ARTURO
16. HERNÁNDEZ CRUZ ARMANDO
17. HERNÁNDEZ FONSECA JULIO HUMBERTO
18. HUMPHREY JORDÁN CARLA ASTRID
19. INFANTE GONZALES INDALFER
20. JIMÉNEZ CASTILLO ELVA REGINA
21. LARA PATRÓN RUBÉN JESÚS
22. MAITRET HERNÁNDEZ ARMANDO ISMAEL
23. MEZA PÉREZ JORGE
24. MORENO TRUJILLO RODRIGO
25. OJEDA BOHÓRQUEZ RICARDO
26. OJEDA VELÁZQUEZ JORGE
27. ORTIZ RASCÓN SILVIA GABRIELA
28. OTÁLORA MALASSIS JANINE MADELINE
29. PARRA PARRA MARÍA DEL PILAR
30. REYES CONTRERAS EUGENIO
31. RÍOS CAMARENA RODRÍGUEZ ALFREDO EDUARDO
32. RODRÍGUEZ MONDRAGÓN REYES
33. SAM CARBAJAL ALMA PATRICIA
34. SÁNCHEZ CORDERO GROSSMANN JORGE EMILIO
35. SÁNCHEZ MORALES JORGE
36. SORIANO CIENFUEGOS CARLOS ALBERTO
37. SOTO FREGOSO MÓNICA ARALÍ
38. TERRAZAS SALGADO RODOLFO
39. VALDOVINOS MERCADO OMERO
40. VARGAS VALDEZ JOSÉ LUIS
41. ZARAZÚA MARTÍNEZ ÁNGEL
42. ZAVALA ARREDONDO MARCO ANTONIO

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ISAÍAS ROBLES.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1608/mexico/titular-de-la-fepade-y-consejeros-del-ine-sin-opcion-de-llegar-al-tepjf/

Marchan en Morelos contra Graco Ramírez

Cuernavaca, Mor. Al grito de “¡Fuera Graco. Fuera Graco!”, miles de morelenses marchaban desde tres puntos de esta ciudad para exigir la destitución del gobernador perredista, Graco Ramírez.

Los manifestantes, aglutinados en el Frente Amplio Morelense, externaron su “hartazgo” por la “inseguridad, injusticia, ingobernabilidad, ilegalidad, la mentira y la corrupción” que, dijeron, priva en esta entidad desde que inició la gestión del perredista, hace tres años y 10 meses.

Alrededor de las 10:45 partió, rumbo al zócalo de esta capital, el contingente de la Paloma de La Paz, encabezado por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, y el representante de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, Gerardo Becerra, así como familiares de las víctimas asesinadas durante esta administración, representadas por el poeta Javier Sicilia, dirigente el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Otros contingentes que salieron de las avenidas Morelos y Ayala, entre ellos el de los Pueblos de Morelos en Resistencia contra los Megaproyectos, han paralizado las arterias principales del primer cuadro de Cuernavaca.

Los ciudadanos se abren paso hacia el centro de este municipio, donde, en un mitin, darán a conocer las acciones de resistencia civil que inician a partir de este día.

Los integrantes del Frente Amplio Morelense advirtieron que se plantarán en esta ciudad, “hasta que se vaya el gobernador Graco Ramírez, porque no resolvió, sino empeoró los problemas de Morelos”.

También cientos de unidades del transporte pararon en protesta no sólo contra el gobernador, sino también contra los diputados locales por la falta de respuesta a las demandas ciudadanas.

Fuente: La Jornada

Autora: Rubicela Morelos Cruz

LINK:http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/16/miles-marchan-en-cuernavaca-exigen-salida-de-graco-ramirez

Reportan radiación solar muy alta en el Valle de México

Ciudad de México. Aunque no se perciba el calor con demasiada intensidad, el Valle de México recibe una concentración muy alta de rayos solares ultravioleta.

El índice de rayos UV varía de seis a nueve puntos desde las 10:20 horas de este martes, este último considerado muy alto.

Permanecer por periodos prolongados a la intemperie podría ocasionar daños en la piel y ojos, señala la Dirección de Monitoreo Atmosférico.

Ante esas condiciones, recomienda tomar medidas de prevención como vestir ropa de manga larga, usar sombrero o gorra y gafas con filtro UV y si permanecer en espacios cerrados.

Los menores de 15 años de edad son un sector especialmente vulnerable, pues tienen la piel y ojos más sensibles, por lo que es importante protegerlos para que tengan una piel más sana y de aspecto más joven.

La calidad del aire en el Valle de México es buena, excepto en la zona noroeste, donde se contabilizaron 54 puntos por partículas suspendidas.

Fuente: La Jornada

Autor: Notimex

LINK:http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/16/reportan-radiacion-solar-muy-alta-en-el-valle-de-mexico

Seguirá protesta si no cae la reforma, dice la CNTE

Ciudad de México. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que si no se acepta en la Secretaría de Gobernación hoy su demanda de abrogación de la reforma educativa, mantendrá su protesta.

Juan Melchor, representante de la CNTE, expuso que para los mentores que la integran sólo existe un camino para solucionar el conflicto con el gobierno federal: la abrogación de la reforma educativa; la transformación educativa con la participación de todos los actores sociales y explicar desde la parte gubernamental cuáles serán la consecuencias de la reforma educativa.

Tras una reunión con el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri y la secretaría general de ese partido, Beatríz Mojica, el representante de la CNTE señaló que su organización no está retando al gobierno, “pero no estamos dispuestos a pagar con sangre el tributo de las reformas laborales. Si no hay cambio, la huelga magisterial continuará”.

Por su parte, Francisco Martínez Neri propuso que a través de una iniciativa ciudadana, cuyo texto fue elaborado por el senador Raúl Morón, se distienda el conflicto magisterial.

En dicho documento se contempla derogar capítulos intocables o que causen fricción con el sector magisterial, pero manteniendo en esencia las reformas legales, que los profesores pretenden sean abrogadas.

Fuente: La Jornada

Autores: Roberto Garduño y Enrique Méndez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/16/abrogacion-de-la-reforma-educativa-unica-solucion-cnte

La Fiscalía de Nuevo León retendrá el pasaporte del ex Gobernador Medina, acusado de ejercicio indebido de funciones

El Juez de Control Jaime Garza Castañeda vinculó al ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por el delito de ejercicio indebido de funciones, pero no por los de peculado y daño al erario público.

La Fiscalía de Nuevo León solicitará la retención de pasaporte del ex Gobernador, Rodrigo Medina, actualmente investigado por presunto ejercicio indebido de funciones.

De acuerdo con Aldo Fasci, asesor jurídico de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, Medina no ha salido del país y está viviendo en la Ciudad de México, no en Monterrey.

“Las medidas las tendrá que determinar el juez, en el caso del Tesorero [Rodolfo Gómez] le pidió su pasaporte para que no saliera del país. [En el caso del ex Gobernador] debe determinar una medida similar”, aseguró en entrevista radiofónica.

Aldo Fasci destacó que las órdenes de aprehensión se giran sólo en casos muy extremos y la prisión preventiva cuando la Constitución lo señala.

Sin embargo, dijo, si hay peligro de fuga o que quiera evadir la justicia, habrá prisión.

Tras más de 13 horas de audiencia, el nueve de agosto el ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, fue vinculado a proceso acusado de las irregularidades en la compra de terrenos y facilidades otorgadas a la armadora coreana Kia. Aunque se le pretendían imputar tres cargos: delitos patrimoniales, peculado y ejercicio indebido de funciones, sólo de éste último se logró acreditar el delito, según el Juez de Control Jaime Garza Castañeda.

Medina de la Cruz acudió a la audiencia con el juez para la presentación de cargos en su contra por haber otorgado incentivos fuera de la Ley a la empresa KIA, lo que habría generando un daño patrimonial al estado por 3 mil 683.5 millones de pesos.

Ante ello, el Gobierno de Nuevo León buscará impugnar esa decisión e insistirá en que el proceso penal en contra de Medina sea por los delitos de peculado y daño al erario público.

La Subprocuraduría ya trabaja recabar más pruebas con la intención de revertir la no vinculación emitida por el juez en turno, según indicó Subprocurador Ernesto Canales.

“Quiero precisar que en el caso de los otros dos delitos que pretendía imputar la Fiscalía, si bien no fueron aceptados para vinculación, quiero resaltar que no se trata de una decisión definitiva” consideró el subprocurador.

La importancia de que vinculen a proceso al ex mandatario por los delitos de peculado y daño al erario público es principalmente por la pena que tienen los delitos,

“A la Fiscalía con esta decisión del Juez se le abren dos oportunidades: una, impugnarla a través de la apelación, algún recurso de este tipo que lo estamos analizando para tratar de revertirla”, abundó.

Conforme Código Penal del Estado, el delito de ejercicio indebido de funciones es patrimonial de tipo grave.


“Esto significa que los 3 mil 600 millones de pesos están involucrados directamente con el ejercicio indebido”, recalcó. “No es un tema menor el ejercicio indebido de funciones, es un tema muy serio y si yo fuera Rodrigo Medina no me estaría riendo”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-08-2016/3080797

Por violencia política de género, declaran nula la elección en San Felipe de Orizatlán, Hidalgo

La candidata al Ayuntamiento de San Felipe de Orizatlán, la priista Lizzete Flores, acusó a su oponente panista Raúl Valdivia Castillo, por haberla ofendido en su calidad de mujer.

Por violaciones generalizadas consistentes en violencia política de género, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección del Ayuntamiento de San Felipe de Orizatlán, Hidalgo.

El asunto fue revisado por la Sala Regional de Toluca, después de presentarlo en el Tribunal Electoral de Hidalgo, sin que éste se pronunciara a favor de la agraviada, Lizzete Flores, candidata del PRI, quien acusa a su oponente Raúl Valdivia Castillo, candidato del PAN, por haberla ofendido en su calidad de mujer.

Las pruebas presentadas por Lizzete Flores y su partido, el PRI, son video donde se observa la realización de perifoneo en el municipio, donde mencionan que el PRI había decidido mal al postular a una “niña berrinchuda y caprichosa”, mencionó el magistrado Alejandro David Avante Juárez; además de la existencia de fotografías donde se observan personas en las casillas con gafetes de “visor electoral”, lo que afectó la secrecía del voto.

Al ser presentada la denuncia ante el organismo local, en Hidalgo, por parte del PRI, el PAN generó una manifestación, diciendo que aunque el acto emitido por era legal, debidamente fundado u motivado, “el medio de impugnación planteado por la plañidera deberá ser declarado inoperante y en su momento impugnado”.

Plañidera, conforme al Diccionario de la Real Academia Española, significa lloroso y lastimero, así como mujer llamada y pagada para ir a llorar a los entierros.

En ese sentido, el magistrado dijo que “manifestaciones como ese tipo lo único que hacen es fomentar un discurso de odio y generar o perpetuar estereotipos que en nada benefician a la política de nuestro país”.

Dentro de la discusión del recurso de nulidad de la elección, además de analizarse el punto de la violencia política de género, los magistrados encontraron otras irregularidades, como las personas que se presentaron en las casillas el día de la elección, “porque se hicieron requerimientos a la autoridad sobre si se había autorizado la presencia de los visores electorales, y el Instituto Electoral Local dijo que no”.

Además, consideraron que en lo que corresponde a la violencia de género “la utilización de esas expresiones sugieren que a las mujeres no les corresponde involucrarse en lo relativo a la política, por lo que son estereotipos inadmisibles” de acuerdo con la legislación mexicana y con diversos tratados internacionales.


De tal forma que, debido a que Valdivia Castillo, incurrió en actos de discriminación contra las mujeres durante su campaña, y por la existencia de otras irregularidades en la elección, el Tribunal Electoral declaró la nulidad de la elección del ayuntamiento.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/violencia-politica-genero-declaran-nula-la-eleccion-san-felipe-orizatlan-hidalgo/

Favor de vecinos, el pago que hizo Grupo Pierdant del departamento de Angélica Rivera en Miami

El mandatario mexicano negó que su esposa sea propietaria de otro departamento en Miami. Aseguró que el pago del predial que hizo Grupo Pierdant solo fue un favor de vecinos.

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró el pago de predial del departamento en Miami de la primera dama Angélica Rivera que hizo Grupo Pierdant fue un “favor de vecinos” y que es falso que su esposa tenga otro inmueble en el mismo lugar como lo publicó el diario The Guardian.

“Me parece una calumnia y de las calumnias y las infamias siempre quedan manchas, no es cierto es falso”, dijo Peña en entrevista con Joaquín López Dóriga.

El pasado 9 de agosto el diario británico publicó que la primera dama, Angélica Rivera, usa un lujoso departamento en Miami, Florida, que es propiedad de la empresa Grupo Pierdant, quien ha concursado por millonarios contratos con el gobierno mexicano.

“De ahí que tenga un vecino amigo como todos tenemos y que alguna vez alguien lo haya ocupado es muy distinto a afirmar que esa propiedad sea de ella”, dijo el mandatario.

“Es completamente falso que mi esposa tenga otro departamento en Miami”, aseguró.

Peña señaló que Ricardo Pierdant es un vecino que radica en Miami y que no tiene ningún contrato con el gobierno mexicano, “es un amigo que está allá y le hizo un favor, puedes cubrir el impuesto predial yo te lo pago aquí”, explicó Peña.

Peña Nieto también se refirió a la compra de la Casa Blanca, caso que provocó que se realizara una investigación por posible conflicto de interés y que el mandatario pidiera disculpas por el hecho.

“Fue un hecho que no incurrió en ninguna ilegalidad, sí generó una percepción de corrupción. Si me dijeras lo hubiese hecho distinto, o de forma diferente, sí”, señaló Peña sobre la compra de la residencia en las Lomas de Chapultepec.

Peña dijo que le ha hecho frente a la corrupción y que desde que era candidato no ha dejado de señalar el tema. Dijo que si se quiere transformar realmente a México debe combatirse la corrupción “aquí no hay ni evadimos ni dejo de reconocer que es un tema que está ahí que se siente”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/pago-impuestos-grupo-pierdant-departamento-angelica-rivera-miami/

Pese a advertencia, la sección 22 de la CNTE mantiene bloqueos

OAXACA, Oax: Pese a la amenaza del presidente Enrique Peña Nieto de que su gobierno “no tendrá reparo alguno en aplicar el uso de la fuerza” cuando la vía del diálogo se haya agotado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Sección 22 continúa con bloqueos carreteros y a tiendas departamentales, así como con la toma de oficinas gubernamentales.

A partir de las 09:00 horas, los maestros de la Sección 22 iniciaron sus acciones en el marco de la mesa de diálogo que se reanuda este martes en la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir la abrogación de la reforma educativa, libertad a los presos políticos, justicia para los heridos y caídos en Nochixtlán, así como la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los maestros de la Cañada, el Papaloapan y la Sierra mantienen tomadas las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, mientras que los profesores del Istmo tomaron Ciudad Administrativa, donde despacha el gobernador Gabino Cué Monteagudo, y los de la mixteca impidieron labores en la Secretaría de Finanzas.

En tanto que los maestros de la Costa tomaron la Macroplaza, el sector Tlacolula y Ocotlán, Plaza Oaxaca, Miahuatlán y Etla Plaza del Valle, mientras que los de Zimatlán y el sector de estatales se plantaron en Home Depot y Sams.

Además, maestros y organizaciones realizaran una concentración en la defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para denunciar la violación de los derechos humanos de sus presos políticos.


Y mantienen el bloqueo en la supercarretera Oaxaca-México en inmediaciones de Nochixtlán y en Pinotepa Nacional.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/451153/pese-a-advertencia-la-seccion-22-la-cnte-mantiene-bloqueos