Peña y el PRI recibieron una “buena patada” el 5 de junio: The Economist

CIUDAD DE MÉXICO: En los comicios del domingo 5, el presidente Enrique Peña Nieto y el PRI recibieron una “buena patada” por parte de los votantes, al perder siete gubernaturas ante el PAN, evaluó The Economist, pues “así es como se supone que debe funcionar la democracia: los votantes enojados llegan a lanzar los vagos hacia fuera”.

El semanario británico subrayó que a inicio de su gestión Peña Nieto restó importancia a la lucha contra el crimen organizado, pero el número de homicidios aumentó y la extorsión se convirtió en una “miseria cotidiana”.

También resaltó los resultados del Latinobarómetro 2015, donde se señala que 57% de los mexicanos dijo que ellos o un pariente había sido víctima de un delito en el último año, y que la corrupción le cuesta a México 10% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Mexicano para a Competitividad (IMCO).

“De 2000 a 2013 más de 40 gobernadores y exgobernadores estaban implicados en casos de corrupción; sólo dos han sido encarcelados. El crimen y la corrupción se reunieron en la desaparición en 2014 de 43 estudiantes normalistas en el estado de Guerrero a manos de la policía local, los políticos y el crimen organizado”, reseñó.

Esta situación se reflejó en el nivel de desempeño del mandatario priista que en marzo pasado registró su nivel más bajo desde el inicio de su gestión, al obtener 57% de desaprobación de la ciudadanía y 82% por parte de los líderes de opinión.

En cuatro de los 12 estados donde se realizaron elecciones el PRI nunca había perdido. Por ejemplo, en Veracruz gobernó por 86 años; en Durango, 85 años; en Quintana Roo por más de 40 años, y en Tamaulipas 86 años.

Terminar con el gobierno de un solo partido aún es una situación nueva para México, advierte The Economist, pues “fue sólo en el 2000 que siete décadas de gobierno del PRI finalmente terminaron cuando Vicente Fox, del PAN, ganó la Presidencia. Sin embargo, la esperanza de una transformación profunda y duradera que la victoria de Fox planteó ha dado paso a la desilusión”.

“Muchos de nosotros pensamos que la democracia… traería una era de paz, prosperidad y justicia. Eso era ingenuo “, comentó el historiador Enrique Krauze.

Por su parte, el politólogo Luis Rubio señaló al semanario que existen cosas en México que no van tan mal. “La economía es sólida, si no estelar. Una docena de los 32 estados de México, principalmente en el norte, están creciendo a las mismas tasas que países de Asia. El consumo se ha expandido de manera constante, al igual que la compra de casas, y una economía abierta ha traído a los mexicanos mejores y más baratos productos. Estas mejoras están siendo impulsadas por las reformas estructurales de la energía, el mercado de trabajo, la educación, la banca y las telecomunicaciones lanzadas por Peña Nieto”.

Pero tales “logros” no resaltan porque en la mente de los mexicanos persisten dos problemas que van de la mano: delincuencia y corrupción.

Para The Economist en México es común decir que la democracia no trajo el estado de derecho debido a un sistema político sin reformar, bajo el gobierno de un solo partido.

“En lugar de un rediseño sistemático, la victoria de Fox trajo la fragmentación y decadencia institucional. Desde 2000 ningún presidente ha tenido una mayoría en el Congreso”, acotó el medio británico.

Admite Peña pendientes por corrupción e impunidad

En el marco de la sesión del Consejo Mexicano de Negocios, el director general de Cinepolis, Alejandro Ramírez, pidió al Estado no ser insensible ni omiso ante los problemas de inseguridad, impunidad y corrupción que enfrenta México

A lo que Peña Nieto respondió, ante los 50 empresarios más importantes del país, que ni él ni su gobierno “se escapa, es omiso o insensible ante lo que está en demanda de la sociedad mexicana”.

Luego dijo confiar en que durante este periodo extraordinario de sesiones el Congreso apruebe el Sistema Nacional Anticorrupción.


“Tampoco soy omiso en reconocer que hoy hay una demanda por combatir la corrupción y la impunidad. Hoy es claro que hay un sentido social y una demanda entre la sociedad porque a profundidad y al fondo vayamos a combatir la corrupción, y esto será posible si las instituciones que se están preparando para este propósito trabajan debidamente y de manera eficaz”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443573/pena-pri-recibieron-una-buena-patada-5-junio-the-economist

La Casa Alberione, refugio de curas pederastas

GUADALAJARA, Jal: Por fuera parece un inmueble cualquiera, un club sin mayores pretensiones, una casa de descanso de no más de dos hectáreas que se ubica en la esquina suroeste de una interminable manzana, en la colonia San Pedrito, municipio de Tlaquepaque.


Es la Casa Alberione, una de las residencias que la Iglesia católica utilizó para dar refugio a sacerdotes acusados de pederastia, según acaba de revelar el cardenal emérito Juan Sandoval Iñíguez.

En declaraciones a la agencia EFE, el polémico sacerdote confesó que la casa sirvió como refugio de los prelados pederastas hasta el año de 2001, cuando el entonces jerarca de la Iglesia católica, Juan Pablo II, envió una carta dirigida a los obispos del mundo para pedirles que no encubrieran ese delito porque era pecado.

Dicha disposición fue la respuesta al escándalo desatado por el encubrimiento de sacerdotes pederastas en la Arquidiócesis de Boston, en los Estados Unidos.

“Desde que estaba yo en el cargo, antes sí, pero cuando en el 2001 el Papa Juan Pablo II dijo que los pederastas tenían que salir del ministerio, entonces di la disposición a la Casa Alberione que no admitieran ningún sacerdote pederasta”, dijo Sandoval Iñíguez a la agencia española.

Fundada hace 27 años, la casa Alberione se construyó con un propósito bien definido: dar cobijo a sacerdotes y religiosos católicos presas del cansancio y del estrés, entre otros padecimientos.

La residencia ubicada en el número 3987 de la calle de Pemex consta de dos plantas y tiene una veintena de habitaciones con vista a un jardín y a una capilla redonda de estilo modernista.

Cuenta además con canchas de futbol y basquetbol y grandes espacios abiertos.

Proceso documentó en abril del 2000 (edición 1222) que la edificación de dicho centro de relajamiento formaba parte del proyecto denominado “Genésis”, ideado por el entonces cardenal Juan Jesús Posada Ocampo, con el fin de alojar a prelados y religiosos con fatiga mental y problemas psicológicos.

Uno de sus huéspedes confesó al reportero Felipe Cobián en aquella época esto último. “En una época me sentí muy presionado, andaba con mucho estrés y decidí ingresar ahí para recuperarme y salí muy bien. Se me terminó el problema y regresé a mis actividades normales”, relató.

En la Casa Alberione –su nombre se debe a que es atendida por monjas del orden “Pías Discípulas del Divino Maestro”, fundada por el padre italiano Santiago Alberione–, trabajan especialistas, sacerdotes y laicos especialistas en relaciones humanas, dirección espiritual, psiquiatría, psicología, nutrición, educación física, neurología y terapias grupales.

El entrevistado aportó más datos: que la residencia llegaban también clérigos que habían tenido cometido algún desliz, como involucrarse sentimentalmente con mujeres, procrear hijos, alcoholismo y homosexualismo.


Lo que nunca dijo fue que sirvió también de refugio de curas pederastas, como acaba de admitir abiertamente Sandoval Iñiguez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443524/la-casa-alberione-refugio-curas-pederastas

Acción militar en Tepatitlán: Detenidos, torturados… y muertos

A fines del pasado enero Tepatitlán fue escenario de un acto criminal cometido por miembros del Ejército. Soldados allanaron una morada, sometieron y golpearon a los tres jóvenes que ahí se encontraban y se los llevaron. Un par de días después esos tres muchachos aparecieron abandonados en el campo. Dos estaban muertos y presentaban huellas de tortura. Ha transcurrido medio año y el caso aún no está resuelto, pese a que la justicia militar y la PGR les aseguran a los familiares que ya hay órdenes de captura contra los responsables.

TEPATITLÁN, Jal: Abraham Rodríguez es maestro albañil y uno de sus dos empleos lo desempeña en el panteón municipal. El sábado 30 de enero sepultó allí a su hijo, Abraham Rodríguez Martín, de 20 años, y a su sobrino, Luis Enrique Machuca Martín, de 19, tres días después de que militares entraron a su casa, los golpearon y se los llevaron.

A Abraham nadie le contó cómo fue que desaparecieron su hijo (al que conocen como Junior) y su sobrino, hijo de una cuñada. Él lo presenció.

La noche del pasado 27 de enero, cuando llegaba a su casa, le avisaron que “unos guachos” (soldados) habían entrado a la casa de su hijo, en la colonia Santa Mónica –donde se encontraba con su primo y otros jóvenes– y que los estaban golpeando a todos.

El hombre llegó pero no pudo entrar a la vivienda de dos plantas, pues varios soldados le cerraron el paso. Desde donde se quedó parado, escuchó que desde el primer piso salían los gritos de su hijo y los demás muchachos, sometidos a golpes por los militares.

Pasaron así dos horas. Luego vio cómo los jóvenes eran sacados de la casa y subidos a unos vehículos; además, el grupo de fuerzas armadas se llevó el auto de Junior (un Ford Focus) y una camioneta Ford F150, propiedad de otro de los muchachos, a quien dejaron ir cuando comprobaron que éste sólo había ido a visitarlos y se encontraba con ellos de manera fortuita.

Junior y su primo Luis Enrique nunca fueron puestos a disposición de alguna instancia de procuración de justicia, Ministerio Público o juzgado. Por más que recorrió las agencias y la cárcel, Abraham padre no los encontró.

“Quería que me dijeran por qué los militares no los entregaron, los reportaron a la Procuraduría, no sé”, recuerda apenas.

Francisco Javier llegó a visitar a Junior a su casa ese día 27. Había viajado desde otra ciudad para una cita médica, y aprovechó para saludarlo. Le tocó vivir lo peor. Minutos después de que entró a la casa vio llegar a los soldados.

“Cuando iba bajando, un militar, con la punta del rifle rompió el vidrio. Me dijo: ‘¡Bájate, hijo de tu puta madre. Bájate! ¿Dónde están los demás?’ Le dije que no sabía. Me ordenaron mostrar mis pertenencias: cartera, celular, cigarros, y me hicieron subir de nuevo a la casa. Ahí tenían a dos chavos a puros putazos. Me dijeron que era un malandrín, yo lo negué”.

Uno de los dos jóvenes que estaban en la casa, tirados, comenzó a convulsionarse mientras era golpeado. “Como dos veces se fue. Ya las últimas le decían: ‘¿Dónde está el otro hijo de su puta madre?’ Salieron y de rato regresaron con Junior, y empezaron a darle a él también; le echaron agua y jabón en polvo en todo el cuerpo. A mí me cachetearon, me golpearon, tengo una fractura y me quebraron la placa”, narró Francisco.

Finalmente, cuando los soldados tuvieron claro que sólo había coincidido en una desafortunada visita, lo dejaron ir.

A la mañana siguiente, cuando el padre de Junior acudió a la Deportiva Hidalgo (cuyas instalaciones fueron facilitadas para el destacamento del Ejército que desde hace un año permanece en Tepatitlán), vio el Ford Focus del muchacho.

Abraham padre y su esposa los confrontaron y los militares cayeron en contradicciones.

“Le digo a mi esposa que les enseñe las fotos a los militares. El militar acepta que entraron al domicilio y que nada más se trajeron el carro, pero que a ellos no se los trajeron, que se les escaparon del domicilio. ¿Cómo, si la casa es de dos pisos? No pudieron haber escapado, nosotros vimos cuando los tenían adentro, golpeando, y luego los subieron a las camionetas. ¿Por qué dicen que se les pelaron si los vimos?”, se ve preguntándose a Abraham en una entrevista con el reportero Arturo Rentería, publicada en Facebook, poco antes de que aparecieran los cuerpos de los muchachos.

Tras la visita a la sede del destacamento militar, Abraham fue a la oficina de la Fiscalía y anunció que iba a presentar una denuncia por la desaparición de su hijo.

Antes de salir –tras abrirse la carpeta 277/2016– el agente investigador José Trinidad Navarro Coronado le entregó un oficio dirigido al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para, con base en el Protocolo de Atención en Casos de Desaparición de Persona, que se aplica en esta entidad, le fueran tomadas muestras genéticas para el banco de datos, “para que en su momento se puedan realizar pruebas de identificación con cadáveres que estén clasificados como no identificados en el servicio médico forense del estado (sic)”.

Al salir de la Fiscalía, Abraham vio que militares llegaban a bordo del Focus. Iban a entregar el vehículo a la autoridad ministerial.

El viernes 29 de enero el hombre fue contactado por la Fiscalía General del Estado de Jalisco para avisarle que acababan de hallar los cuerpos de Abraham Junior y Luis Enrique en un sembradío al pie de la carretera Tepatitlán-Tototlán. Estaban semidesnudos y con huellas de golpes.

El tercer muchacho, Juan José Gutiérrez, estaba junto a los cuerpos, pero con vida, así que fue llevado a un hospital de Tepatitlán. El dueño del predio les dijo a las autoridades que llegó a las 11.00 horas a hacer labores en el campo cuando comenzó a escuchar unos quejidos.

Abraham reconoció los cuerpos. Ese mismo día se los entregaron. El acta de defunción de Junior dice que sufrió “muerte violenta” por lesiones y luxación en cervicales. Le rompieron el cuello y tanto él como su primo fueron torturados.

En cuanto pudo, los sepultó en el panteón donde trabaja, dice a Proceso.

Todavía no paga el funeral.

En los días posteriores, familiares y allegados de los fallecidos hicieron uso de todos los medios a su alcance –particularmente las redes sociales– para expresar su repudio al Ejército y señalarlo como el responsable de los decesos ocurridos, achacándoles además otras agresiones a jóvenes, sobre todo de colonias de la periferia de la ciudad.

El lunes 1 de febrero fueron colocadas algunas mantas en varios puntos de Tepatitlán, en las cuales se exigía la salida del Ejército del municipio:

“En Tepatitlán estamos cansados de los abusos y homicidios por parte de los militares y que no se les castigue. Exigimos justicia y no los queremos en las calles. Aquí no hay guerra”, decían varias de las mantas.

Todas las dudas

Abraham hablaba poco con su hijo, quien desde hacía tiempo no vivía en la casa familiar. “Venía muy poco; le preguntaba en qué andaba y me decía que en la obra (también era albañil) y nada más. Estaba yo preocupado, pero no me decía mucho, que estaba bien y ya. No era de mucha plática”.

Destacamentos del Ejército tienen varios meses recorriendo los municipios de la zona Altos Sur de Jalisco. Proceden de la base militar de Jamay, donde está un centro del 92 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa (Sedena).

Los grupos militares suelen pernoctar en Tepatitlán cuando finalizan sus patrullajes y periódicamente son reemplazados por nuevas brigadas.

Las autoridades de Tepatitlán optaron por prestar las instalaciones de una unidad deportiva para que ahí descansen los militares. A pesar de las quejas, tanto el alcalde actual, Hugo Bravo, como el anterior, Jorge González, han optado por deslindarse de la presencia castrense, alegando que ellos no solicitaron su presencia en la ciudad, sino que fue una decisión del gobierno federal para el combate al crimen organizado en la región.

Cuatro meses después de los hechos, Abraham Rodríguez recibió del Juzgado Militar adscrito a la V Región Militar un oficio en el que se le llama a comparecer en el proceso que se sigue a los presuntos responsables.

Ahora se conoce por lo menos un nombre, el del teniente de infantería paracaidista José Martín Graciano González, quien aparece en el oficio número 2568 entregado a Abraham. El documento está firmado por el juez militar, teniente coronel Pablo Raúl Dávila Pérez, en relación con el proceso penal 43/2016 en contra de Graciano González “y otros”.

A Graciano González y los demás inculpados se les acusa de “desobediencia e infracción por deberes comunes a todos los militares que están obligados a servir en el Ejército, con motivo de los hechos suscitados en el municipio de Tepatitlán, Jalisco, el 27 de enero del año en curso, donde fallecieron dos personas y una más quedara gravemente lesionada”.

Hugo Bravo Hernández, alcalde emanado de Movimiento Ciudadano, exigió que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables. Sin embargo, deslizó el comentario de que los jóvenes asesinados tenían antecedentes delictivos registrados en la Policía Municipal; entre éstos, acusaciones de robo y venta de combustible de dudosa procedencia.

“Aunque eso no justificaba que los hayan matado de esa forma y las instancias adecuadas deben proporcionar el castigo correcto”, matizó el alcalde.

Fue Bravo quien ventiló que los soldados que tuvieron contacto por última vez con Abraham, Luis Enrique y Juan José, ya estaban siendo interrogados por investigadores encargados del caso.

En Guadalajara, el fiscal general Sergio Almaguer confirmó que por encontrarse la presunta responsabilidad de elementos del Ejército en la desaparición y homicidio de los dos jóvenes, el caso había sido atraído por la PGR.

El 2 de febrero, cuando Abraham acudió al llamado de la Fiscalía, le informaron que ahí se había terminado su trabajo y que ahora el caso era competencia de la PGR, instancia que lo asumió bajo la carpeta 386/2016.

“En eso llegaron unos militares pidiendo hablar con el agente, que se salió con ellos y les dijo que yo estaba allí. Entraron y me dijeron que había siete u ocho militares detenidos en el cuartel y que lo que ocupara o necesitara, me iban a apoyar”.

No recuerda si le dijeron en qué cuartel estaban los detenidos o si le hablaron sobre el proceso que se seguiría. “Apenas se me quedaron algunas cosas, fíjese. Como entre sueños”.

Los enviados de la Sedena que se presentaron ante Abraham fueron el teniente coronel de infantería del Estado Mayor César Gutiérrez, el teniente coronel de infantería José Luis Valenzuela y el coronel Ramón Jasso.

Este último le telefoneó esa noche a Abraham. Quería que viajara a Zapopan o a Jamay para reunirse con ellos, que le darían información y verían en qué se le podría ayudar.

“Yo estaba muy cansado y les dije que no podía. Me pidieron vernos el jueves 4 por la mañana”. En esa reunión, que se efectuaría en Tepatitlán, estaría presente el secretario de gobierno de Jalisco, Roberto López Lara.

La reunión nunca se realizó y los militares no le han vuelto a hablar.

El 3 de febrero Abraham recibió una llamada de la PGR. Querían que acudiera al exterior del domicilio donde vivió su hijo en la colonia Santa Mónica, para entrevistarlo. Él se negó. Se presentó después de salir de su trabajo en las oficinas de la PGR, donde le volvieron a tomar su declaración.

“Me dijeron que esto ya iba muy avanzado, que tenían órdenes de sacarlo adelante y rápido”.

El 5 de febrero fue encontrada la camioneta Ford F150, la de Francisco, que también se habían llevado los soldados el 27 de enero.

El día 11, el agente del Ministerio Público federal Luis David Jiménez se comunicó desde Guadalajara para informarle que la orden de aprehensión había sido girada contra los militares, al encontrar indicios que los señalan como presuntos responsables.

Abraham dice que está tranquilo “porque todo va bien, eso me dijeron los militares. Ya hay soldados detenidos y yo quiero justicia, que caigan los que sean los responsables, nada más. Como cualquier persona”.


Y a fines de mayo recibió un oficio, fechado el 16 de ese mes, del juzgado militar adscrito a la V Región. Debe presentarse a testificar el próximo miércoles 8 al juzgado ubicado en el Campo Militar en La Mojonera, acompañado por su asesor jurídico. “Se hace necesaria su presencia”, se lee.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443496/accion-militar-en-tepatitlan-detenidos-torturados-muertos

Diputados designados en Constituyente, una "gran paradoja": Peschard

Ciudad de México. La ex presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y ex consejera electoral, Jacqueline Peschard Mariscal, afirmó que a partir de los resultados de la elección el domingo pasado, el

Ocho pueblos del Edomex acusan: Hace un mes que Eruviel nos lanza agresiones escalonadas

El Gobierno del Estado de México ha acechado durante el último mes a ocho comunidades por llevar a cabo sus proyectos de megaobras en la entidad, denunciaron activistas, quienes afirman que las agresiones se han realizado escalonadamente por parte de la policía de la entidad, apoyada incluso por elementos de la Policía Federal.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- Los pueblos de Coyotepec, Atenco, Xochicuautla, Magú, Tecámac, Acuexcomac, Tocuila y Zinacantepec son víctimas de hostigamiento y amenazas por parte del Gobierno de Eruviel Ávila Camacho, denunciaron activistas.

La última de ellas ocurrió el pasado 26 de mayo en Coyotepec, en donde hubo 22 lesionados y tres personas privadas de su libertad dijo José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

“Las agresiones ha ido en forma escalonada en todos estos pueblos: en Atenco hace dos semanas hubo una incursión tanto de cuerpos policiacos como de grupos de choque que fueron apoyados por elementos de la Policía Federal; es decir, todos los pueblos se encuentran bajo acecho por una cuestión de fortaleza del Gobierno del estado, está yendo uno por uno, pero los pueblos están repeliendo las agresiones”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

En el caso de Coyotepec, el Gobierno estatal intenta despojar a la comunidad del agua a través de una consulta ciudadana, debido a la obra Ciudad Bicentenario Huehuetoca, recordó el activista.

Entre las megaobras en juego se encuentran el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que afecta al territorio del lago de Texcoco y Atenco; la autopista Naucalpan-Toluca que afecta a Xochicuautla y a otros pueblos, así como el desarrollo Bosques del Paraíso que afecta a una comunidad indígena otomí, dijo.

Las empresas que se benefician de los proyectos son Grupo Higa, OHL y una compañía de Jorge Hank Rhon, añadió.

“Todos los pueblos están en un asecho permanente, eso hace constante la posibilidad de agresiones a todos. Llegan por la mañana entre siete y nueve, ya es un patrón que hemos detectado. La cultura gubernamental parece que sólo busca confrontar a las comunidades. Pareciera que están decididos a imponer su ley con fuego y sangre”, dijo.

EN XOCHICUAUTLA AÚN NO REPARAN DAÑO

Organizaciones sociales del Estado de México ofrecieron han manifestado su rechazo a la llamada Ley Atenco.

Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

El 11 de abril la población de Xochicuautla se vio alterada con el derribo de la propiedad de Armando García, primer delegado del poblado. Pese a la resistencia de alrededor de 50 personas para abandonar el hogar, elementos de la policía terminaron por desalojarlos por medio del uso de la fuerza.

Al día siguiente alrededor de 300 policías estatales, de acuerdo con pobladores, llegó a la comunidad con el fin de continuar la custodia de la obra que realiza la empresa Autovan-Teya, filial del Grupo Higa. Los elementos se retiraron aproximadamente a las 16:30 horas de este martes.

De acuerdo con los pobladores la demolición de casas en San Francisco Xochicuautla es una provocación del Gobernador Eruviel Ávila Villegas para legitimar el uso de la fuerza.

“Tienen prácticamente sitiado al pueblo”, dijo Nicolás Ramírez Domínguez, tercer delegado del Consejo Supremo de la comunidad, un órgano de autoridad local.

Los pobladores lamentaron que alrededor de 700 elementos de seguridad fueran enviados para garantizar el derribo una sola propiedad, sin antes buscar el diálogo.

“No buscaron negociación. Hoy nos han vuelto a decir que los amparos interpuestos no detienen los trabajos. Ellos nada más muestran un oficio donde Autovan, lo que es la empresa, pide 160 granaderos para continuar las labores“, relató Sergio García, oriundo del lugar.

Esto representaría una violación al amparo interpuesto en el Juzgado Quinto de Distrito de Toluca con número 1117/2015, el cual concedió la suspensión de la obra hasta que no se resuelva un litigio sostenido por pobladores que se oponen a la expropiación de los terrenos desde hace más de siete años.

El 13 de abril el Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos) informó esta tarde que habitantes de la comunidad de Xochicuautla, autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob), firmaron un acuerdo en el que las autoridades se comprometen a suspender los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan en tanto se buscan “alternativas” para su construcción y que se instruirá a los agentes de la Policía Estatal para que se retiren del lugar.

Además se acordó que el Gobierno del Estado de México reparará los daños ocasionados el pasado lunes en la zona. Sin embargo, hasta el momento por parte de las autoridades no se ha hecho un pronunciamiento oficial sobre dichos acuerdos.

Sin embargo hasta la fecha la familia –compuesta por un matrimonio, dos hijos y un par de personas de la tercera edad mayores de 80 años– a la que le fue destruida su vivienda vive en un campamento a un lado de su casa destruida, calienta agua para bañarse en una fogata alimentada con maderos y realiza sus necesidades fisiológicas en el bosque, dijo José Luis Fernández Flores, vocero de la comunidad de San Francisco Xochicuautla.

“Ellos ofrecieron además que les iban a rentar una casa, les ofrecieron casa fuera de la seguridad, en otros lados que es riesgoso para ellos, ellos no accedieron, pero pidieron que así como destruyeron su casa, que les colocaran una casa rodante, pero ni una cosa ni la otra, el pago de la reparación de su casa tampoco, ellos piensan que el patrimonio se regatea. No puede ser así”, expuso.

Además a los costados de la comunidad continúan transitando a diario camiones de carga con arena, que ponen en peligro a los niños.

“Por nuestro territorio pasan camiones muy pesados cargados de arena, poniendo en peligro la vida de los niños de la escuela, porque cuando van cargados van despacio y cuando vienen bajan rápido”, denunció.

Fuente: Sin Embargo

Autora: Shaila Rosagel, con información de Juan Luis García Hernández

http://www.sinembargo.mx/09-06-2016/3052407

Alejandro Murat y los contratos con Aeroméxico y medios

CIUDAD DE MÉXICO: Mientras más analizo los cientos de contratos asignados por Alejandro Murat a su paso por el Infonavit, más me sorprende e indigna cómo ha utilizado nuestros recursos para sus fines político-personales, aprovechando la figura de las compras directas y procedimientos específicos que no están sujetos a ningún control previo o durante el proceso, sino sólo posterior. La semana pasada me he concentrado en el tema de Murat cada día con nuevos datos. Obviamente no me voy a repetir aquí de ningún modo.

No puedo, empero, dejar de escribir cada vez que surge algo de interés público que, por la magnitud de la información, no había analizado. En esta oportunidad me quiero enfocar en dos aspectos sobre Murat en el Infonavit: a) compras genéricas como si de un crédito se tratara, lo que viola la normatividad en la materia. Por regla general, las adquisiciones públicas deben tener un objeto detallado susceptible de ser verificado; y b) convenios con medios de comunicación siguiendo el mismo sistema anterior. Esto, no sobra decir, sólo fue posible por la intervención de Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública como facilitador y encubridor de estos actos notoriamente fuera de la ley. Y este esquema lo fue dividiendo durante los casi tres años que estuvo al frente del Infonavit.

Vamos a los datos duros. De entrada, llama la atención que a la empresa Aeroméxico (Aerovías de México S.A. de C.V.) le haya asignado dos contratos, el 4600028178 y el 4600028643, por la cantidad de ¡65 millones de pesos!, por concepto de “viajes”. ¿Cuántos? ¿Quiénes viajaron? ¿Cuál fue el precio pagado por viaje? En tiempos de austeridad, según el presupuesto de Egresos de la Federación, ¿por qué se pagó por adelantado a Aeroméxico? ¿Por qué no se vieron otras opciones de transporte aéreo menos onerosas para el erario? Lo menos que puede uno decir es que aquí hay gato encerrado. Es probable que ese dinero se haya “adelantado” a la empresa aérea para que prestara sus servicios en otros momentos y para fines ajenos al Infonavit. ¿Sería una locura pensar que en realidad se trató de un crédito para ser usado en un proceso electoral donde tuviera interés Alejandro Murat?

Así también llama la atención el contrato 4600027180 a una empresa de call center o servicios de operadoras telefónicas por la cantidad de ¡95 millones de pesos! ¿No tiene personal el Infonavit para el desempeño de esas funciones? ¿Qué hace entonces la Subdirección General de Canales de Servicio, que tiene varias áreas para cumplir con las funciones de contacto entre la sociedad y el Infonavit previstas en el artículo 20 del Estatuto Orgánico del propio instituto? Si no cumple con sus tareas esa Subdirección General, ¿por qué no se ha procedido a fincar las responsabilidades legales que corresponden? ¿No podría existir la posibilidad de que a esa empresa de call center se le haya asignado un “crédito” para ser usado en un proceso electoral ajeno por su naturaleza al Infonavit y violatorio de varias disposiciones legales?

Digno de mencionar es el contrato a la firma Molrod Silber y Asociados S.C., especializada en temas legales de crimen organizado, de acuerdo con el contrato 4600028302 que el Infonavit le asignó discrecionalmente por una cantidad de ¡64 millones 111 mil 468 pesos! Es público y notorio que el Infonavit no debe llevar ese tipo de asuntos que están fuera de todas sus atribuciones. ¿Sería razonable pensar que, de nueva cuenta, se trata de un “crédito” para eventualmente tener una defensa legal por posibles cargos relacionados con el crimen organizado en el que pudiera estar involucrado Alejandro Murat?

No podían faltar los medios en esta andanza de recursos públicos para fines privados, como lo parecen demostrar algunos contratos que es relevante señalar, porque tampoco tienen un objeto desglosado y susceptible de verificarse, razón por la cual generan una duda razonable sobre el destino de esas asignaciones directas.

Veamos. El contrato 4700014000 asignado a la empresa Cadena Radiodifusora Mexicana S. A. de C.V., por 1 millón 673 mil 824 pesos tiene por objeto “contratación de espacios publicitarios en medios electrónicos”. ¿Cuál mensaje, cuándo y por qué se transmitió? No hay información. La misma genérica leyenda tiene el contrato 4700014001 a Grupo Radiodifusoras S.A. de C.V., por 999 mil 999 pesos.

Y lo mismo pasó en los siguientes contratos: el 4700014022 a Sociedad Mexicana de Radio S.A. de C.V. por 499 mil 493 pesos; el 4700014041 otorgado a El Economista Grupo Editorial S.A. de C.V. por 1 millón 5 mil pesos; los contratos 4700014055 y 4700014056 a Milenio Diario S.A. de C.V. por 1 millón 199 mil pesos. Y a Televisa S.A. de C.V. el 4700014054 fue por 14 millones 467 mil 236 mil pesos. Éstos son sólo algunos ejemplos.

Tanto el Presupuesto de Egresos de la Federación como los lineamientos sobre publicidad oficial expedidos por la Secretaría de Gobernación disponen que debe existir un proyecto puntual y desglosado de campaña para el uso de recursos públicos, lo que en este caso se ignoró por completo por la omisión –¿cómplice?– de Virgilio Andrade, quien en lugar de promover un mínimo de control, garantiza opacidad y corrupción con toda la confiabilidad posible.


Ahora Andrade se ha convertido en depredador activo de los recursos del pueblo con Alejandro Murat y muchos de los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal. Y es este personaje el que se apresta a ser ratificado por el Congreso como el garante de la corrupción para combatir la corrupción, así como lo oye, con todo y 3 de 3 que es casi imposible de verificar; por eso ha causado tanta simpatía en los legisladores políticos corruptos para engañar a la comunidad de que hay un avance.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA (ANÁLISI).
LINK: http://www.proceso.com.mx/443518/alejandro-murat-la-corrupcion-solapada-virgilio-andrade

Emite CNDH recomendación al gobierno de Tamaulipas por abuso contra fotorreportero

CIUDAD DE MÉXICO: La CNDH emitió una recomendación al gobernador Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas, por violaciones al derecho de acceso a la justicia y a la libertad de expresión en agravio de un fotorreportero, abusos atribuibles a elementos de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad estatales.

El agraviado, reportero de la fuente policial, acudió el 28 de julio de 2014 a las instalaciones donde opera la Policía Estatal, dependiente de la SSP, con sede en Reynosa, pero el personal no le permitió el acceso.

Al observar un importante movimiento, debido al ingreso al inmueble de un convoy de cinco vehículos policiales y un camión que no contaba con distintivos de la corporación, tomó fotografías de tales sucesos desde el exterior del edificio.

Sin embargo, reseñó la Comisión en un comunicado, los policías lo confrontaron preguntándole por qué tomaba fotografías de los vehículos, a lo que respondió que era su trabajo como periodista y se identificó como tal.

No obstante, los uniformados lo insultaron y golpearon, quitándole su cámara fotográfica y teléfono celular. Luego fue esposado e ingresado a las instalaciones de la corporación, donde lo presentaron ante un jefe de la misma, quien también lo cuestionó por tomar fotografías.

Más tarde fue puesto a disposición del agente del MP, y recluido en las celdas de la policía preventiva municipal, donde cinco horas después se le permitió hablar con su defensor y su esposa, quienes le informaron que el motivo de su detención era la presunta comisión del delito de golpes y violencia física simple, y por ilícitos cometidos contra servidores públicos, habiéndose iniciado la averiguación previa.

Una vez que la CNDH recabó evidencia que motivó la recomendación, concluyó que se vulneraron los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la justicia.

El ombudsman consideró que los elementos de la SSP utilizaron como medio indirecto contra la libertad de expresión la criminalización del reportero, para que el mismo se viera involucrado en los hechos que le imputaron y así dejara de documentar los eventos que ocurrían en las instalaciones de la corporación el día de su detención.

Por ello, la CNDH pidió a la autoridad estatal “implementar lineamientos y acciones para que los servidores públicos del Ejecutivo estatal respeten el trabajo que llevan a cabo los periodistas, comunicadores y medios de información” en Tamaulipas, brindando en todo momento las garantías para el ejercicio libre de su actividad y de sus derechos.


También solicitó tomar las medidas procedentes para que se repare el daño causado al agraviado; impartir cursos sobre capacitación y formación en materia de protección a los periodistas que aborden la importancia de la libertad de expresión y los derechos humanos, así como colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de las denuncias que formulen ante los órganos correspondientes contra los servidores públicos involucrados en abusos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443549/emite-cndh-recomendacion-abusos-contra-fotorreportero-tamaulipas

México debe investigar tortura en caso Iguala y cesar a quienes frenan la justicia: ONG mundial

El Organismo Mundial Contra la Tortura alertó que tienen“indicios muy claros de que se ha torturado desde los inicios de la investigación” del caso Iguala. El organismo exigió que se avance en las investigaciones abiertas por irregularidades y violaciones a los derechos humanos.

El Organismo Mundial Contra la Tortura (OMCT) urgió a las autoridades mexicanas a que avance en las investigaciones  abiertas por las irregularidades y violaciones a los derechos humanos, en particular por el presunto uso recurrente de la tortura, en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y además exigió que cesar de su cargo a los funcionarios que bloquearon las indagatorias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI).

A través de un comunicado el OMCT pidió también brindar el apoyo necesario al mecanismo de seguimiento con tal de garantizar la implementación de las recomendaciones realizadas por el GIEI sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014.

El Organismo solicitó los avances de las investigaciones abiertas por irregularidades y violaciones a los derechos humanos particularmente sobre el uso de la tortura cometida durante la investigación del caso.

El secretario General de la OMCT, Gerald Staberock, dijo que tienen“indicios muy claros de que se ha torturado desde los inicios de la investigación. A pesar de eso, seguimos sin tener constancia de que se hayan enjuiciado a los presuntos culpables y se siguen usando declaraciones obtenidas bajo tortura como testimonios clave”.

El documento recuerda que en el segundo informe presentado por el GIEI, el pasado 24 de abril, se expusieron los resultados de un estudio de 17 casos de personas inculpadas por la desaparición de los 43 normalistas, las cuales alegaron haber sido víctimas de tortura y malos tratos desde su detención.

En su informe, los expertos concluyeron que en los 17 casos analizados aparecen numerosas lesiones después del ingreso de las personas detenidas a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) o en Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), según el caso.

“A pesar de que los detenidos denunciaron explícitamente haber sido víctimas de tortura ante el Ministerio Público, los expertos resaltan que en el expediente no consta que se hayan adoptado medidas tendientes a investigar tales hechos; tampoco consta que se haya aplicado hasta el momento el Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), las directrices de referencia internacionales parta la investigación de casos de tortura; asimismo, en varios casos los exámenes médicos se habrían realizado de forma colectiva, lo que no cumpliría con los estándares mínimos para una evaluación de los detenidos con la exhaustividad y privacidad necesarias”, dijo la OMCT.

Por su parte, la responsable del programa de América Latina de la OMCT, Helena Solà Martín, dijo que “con la implementación del mecanismo de seguimiento, las autoridades mexicanas tiene la oportunidad de abordar las graves deficiencias detectadas por el GIEI en la investigación y demostrar la voluntad real para llegar la fondo de la verdad de lo sucedido con base a pruebas no viciadas”.

El OMCT solicitó “la investigación pronta e imparcial y la inmediata separación del cargo de todos aquellos funcionarios públicos implicados en episodios en los que haya indicios sólidos de obstrucción de la investigación del caso, en los términos recomendados en los informes publicados por el GIEI”.

Señaló el caso de Tomás Zerón, Director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), que realizó una diligencia sobre el caso con uno de los inculpados en Cocula.

Durante la entrega del segundo informe del GIEI, el experto Carlos Beristaín refirió que el 28 de octubre de 2014 personal de la PGR acudió a la zona aledaña al Río San Juan donde recolectó pruebas óseas de las cuales se desconoce su destino ya que la inspección de ese día no quedó registrada en el expediente. Un día después fue que se halló la bolsa con restos óseos.

Finalmente, la OMCT exhortó a las autoridades mexicanas “a adoptar las medidas necesarias para erradicar los actos de intimidación, estigmatización y criminalización, perpetrados por actores estatales y no estatales, contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, incluyendo los sobrevivientes a los crímenes de Iguala, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan”.


Y pidió a las autoridades estatales y federales aumentar los esfuerzos para ofrecer a los normalistas y a sus familias y garantizar su derecho a realizar movilizaciones para “exigir justicia, verdad y reparación.

LOS 43 HABRÍAN SIDO ATACADOS POR TOMA DE CAMIONES, INSISTE PGR

Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la línea de investigación de la cual tiene “mayores indicios” es la que indica que los normalistas de Ayotzinapa fueron atacados por miembros de “Guerreros Unidos” por la toma de camiones en Iguala, Guerrero.

Durante una conferencia de prensa ofrecida esta tarde, el Subprocurador de derechos humanos de la PGR, Eber Betanzos, narró: “Los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa arribaron al Municipio de Iguala y entraron a la ciudad para tomar camiones y llevárselos de regreso a esa institución; situación que motivó a una célula del grupo delictivo ‘Guerreros Unidos’, a actuar presumiblemente en su contra, solicitando, según las evidencias recabadas hasta el momento, a elementos de las policías de Iguala y Cocula que los detuvieran y se los entregaran, para privarlos de su libertad, interrogarlos y presuntamente privarlos de la vida”.

“Es la línea de investigación de la que esta PGR tiene los mayores indicios, no obstante haber agotado otras que han surgido durante el desarrollo de la indagatoria sin obtener resultados. Ello no obsta, para seguir investigando con toda exhaustividad las demás líneas de investigación”, precisó el funcionario al dar a conocer el informe sobre los avances de la PGR en torno a la investigación del caso Iguala.

Betanzos señaló también que la PGR trabaja en la línea de investigación relacionada con el quinto autobús presente en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

El Subprocurador precisó también que el modo de operar de este grupo criminal “en contra de sus enemigos al parecer atiende a diversos factores, principalmente su pertenencia a otra banda delictiva; que genera desmanes en su territorio y que ‘calienten la plaza’”.


Por lo que “de darse alguno de estos detonantes, la respuesta sería altamente violenta, privando de la libertad a las personas directamente o presuntamente a través de la Policía Municipal; torturándolas, privándolas de la vida, incinerándolas e inhumándolas”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-06-2016/3052342

Nueva versión de PGR omite actuación de policías federales y estatales en ataque a normalistas

En la nueva versión oficial que presentó la Procuraduría a los padres de los normalistas se acepta la existencia de un quinto autobús, que fue atacado pero solo por policías de Iguala.

Este miércoles, 8 de junio, la Procuraduría General de la República presentó la nueva versión oficial de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, durante los cuales 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos, tres asesinados, y que dejaron también tres civiles muertos.

La nueva “verdad histórica”, como fuera bautizada la versión oficial de los hechos por el ex procurador General de la República, Jesús Murillo, corrige diversos errores presentes en la primera versión de los hechos (divulgada en enero de 2015), aunque prevalecen importantes omisiones, denunciadas en los meses pasados tanto por el Grupo Internacional de Expertos Independientes, como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Una de las principales enmiendas practicadas a la verdad histórica que había presentado la PGR es el reconocimiento de que en los hechos de Iguala sí existió un quinto autobús con normalistas, el cual fue atacado al sur de la ciudad, algo que originalmente había sido descartado por el Ministerio Público Federal.


Sin embargo, aunque la nueva versión oficial de la PGR admite la existencia de este autobús, y del ataque a sus tripulantes, dicho ataque se lo atribuye exclusivamente a la Policía de Iguala, a pesar de que existen distintos testimonios, tanto de víctimas como de participantes, según los cuales en la agresión contra el quinto camión participaron también elementos de la Policía Municipal de Huitzuco, así como de la Policía Estatal, de la Policía Estatal Ministerial y de la Policía Federal.

Consulta el Informe del Caso Iguala https://t.co/ExvUU4Vc8u pic.twitter.com/oZyOWhtVxj

— PGR México (@PGR_mx) 9 de junio de 2016

Verdades a medias

Tal como reveló el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), en septiembre de 2015, y luego la CNDH, en abril de 2016, existen al menos tres testigos que narran el ataque al quinto autobús –en el que viajaban entre 13 y 15 estudiantes, todos desaparecidos hasta la fecha–, y es en la declaración de estos testigos que se basó la PGR para armar su nueva versión oficial, aunque omitiendo aquellas partes de la declaración en las que se hace referencia a policías estatales o municipales.

Así, por ejemplo, según la nueva versión oficial, el chofer del quinto autobús declaró “que en su trayecto a Chilpancingo, casi al llegar a la altura de (el puente) El Chipote, alcanzó a escuchar detonaciones de arma de fuego y observó que una patrulla obstaculizó el paso, deteniendo la unidad”.

Según la PGR, este autobús “fue interceptado” por las patrullas de la Policía Municipal de Iguala 024 y 028.

Lo que no incluye la nueva versión oficial de la PGR es que, en esa misma declaración ministerial, el chofer del autobús aseguró que “me detuve porque una patrulla azul completa, la cual no vi su número, se metió en sentido contrario y ya no pude moverme”.

Esta parte de la declaración, omitida en la nueva versión, es importante por un hecho: las patrullas de la Policía Municipal de Iguala son de color azul y blanco, no completamente azules. Las patrullas que esa noche se encontraban en Iguala y que eran completamente azules pertenecen, en realidad, a la Policía Federal.

Otro testimonio que confirma la presencia de federales, de hecho, es el de Alejandro Andrade de la Cruz, policía municipal de Iguala que tripulaba la patrulla 028, quien declaró ante el Ministerio Público que “al llegar a dicho lugar (al puente de El Chipote, frente al Palacio de Justicia del municipio) me percaté que había varias patrullas, entre cinco o seis patrullas (…) y ahí me percaté que llegaron dos patrullas de la Federal, así como una patrulla de la Policía Ministerial (órgano que pertenece a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero)”.

Aunque la PGR reconoce que este patrullero participó en el ataque al quinto autobús, e incluso cita partes de su declaración ministerial como prueba, su nueva versión oficial omite mencionar las referencias que este policía hizo tanto a la presencia de la Policía Federal como de la Policía Estatal Ministerial.

En abril pasado, por último, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el testimonio de un testigo más, cuya identidad se mantiene bajo reserva, el cual también indicó que en el ataque al quinto autobús participaron los tripulantes de dos patrullas de la Policía Federal.

Según la PGR, sin embargo, este ataque fue perpetrado únicamente por elementos de la Policía Municipal de Iguala, a bordo de dos patrullas.

Federales… y estatales también

Para reconstruir el ataque perpetrado contra el quinto autobús de normalistas, la nueva versión de la PGR se basa fundamentalmente en la declaración ministerial del chofer de este autobús, única víctima que no fue privada de la libertad y desaparecida.

Según este chofer, luego de que fue obligado a detenerse, al menos 20 policías comenzaron a romper los vidrios y arrojar gas lacrimógeno dentro, por lo que el conductor se arrojó fuera del autobús a través de una ventana rota.

La nueva versión oficial de la PGR destaca que “el conductor decidió aventarse por una de las ventanas que rompieron los policías y, al caer, éstos empezaron a golpearlo, luego lo sometieron y lo colocaron en la parte de atrás de una patrulla”.

Curiosamente, la PGR omite señalar que, según el propio chofer del autobús, la patrulla a la que fue conducido pertenecía a la Policía Estatal de Guerrero, no a la municipal de Iguala.

De hecho, el chofer declaró que luego del ataque, fue conducido a bordo de esta patrulla de la Policía Estatal hacia una casa de seguridad en el centro de Iguala, en la que un civil no identificado dio la autorización para que fuese liberado.

No obstante, nada de esto es mencionado por la PGR en su nueva versión de los hechos.

El cuarto autobús

En la primera verdad histórica de la PGR, presentada en enero de 2015, se aseguraba que el ataque contra los normalistas se había dado exclusivamente en Periférico Norte, y que se había centrado en tres autobuses con estudiantes, mientras que un cuarto autobús, que había tomado un rumbo distinto, había sido abandonado por sus tripulantes poco antes de llegar al puente de El Chipote.

Ahora, la nueva versión oficial reconoce que este cuarto autobús no fue simplemente abandonado, sino que los estudiantes que venían abordo huyeron de él, según la PGR, “al parecer por haber sido detenidos y agredidos por policías de Iguala”.

Para reconstruir el ataque a este cuarto autobús, la PGR emplea en su nueva versión oficial los testimonios de los normalistas que viajaban en dicho vehículo. Sin embargo, omite la parte del testimonio en que estos mismos normalistas identificaron a los policías que les marcaron el alto no como municipales de Iguala, sino como agentes de la Policía Federal.

Según la declaración ministerial de uno de estos normalistas sobrevivientes, citada en el Primer Informe del GIEI, “cuando estábamos en la salida ya hacia Chilpancingo, empezamos a ver que los autos se estaban deteniendo y se echaban de reversa, por sentido contrario. Un carro nos hizo señas de que estaban disparando y el autobús se paró (…) en ese tiempo llegan patrullas de federales detrás del autobús en que íbamos, y se pararon como 30 metros delante y empezaron a revisar los carros. Me bajé y un policía me echó la luz y (me empezó a) apuntar con el arma, por lo que nos bajamos todos…”

Para la PGR, esta parte del testimonio no es válida.

Peor aún: la PGR tampoco tomó en cuenta para su nueva versión oficial la narración escrita de los hechos que ese mismo día redactó el chofer del cuarto autobús, según la cual, “Salimos con dirección a Chilpancingo, pero en la salida a la ciudad de Iguala, a la altura de la Procuraduría (el chofer se refiere, en realidad, al Palacio de Justicia) se encontraban dos patrullas de la Federal de Caminos (Policía Federal), ya estando cuatro oficiales debajo de las patrullas, con sus armas en mano, apuntando hacia el autobús”.

Según esta declaración, escrita por el chofer del cuarto autobús el mismo 26 de septiembre de 2014, luego de que los normalistas que venían en el vehículo huyeron de los policías federales, estos agentes escoltaron su vehículo hasta la salida de Iguala, y le permitieron irse.


Esta declaración firmada, sin embargo, también fue ignorada por la PGR al preparar su nueva versión oficial.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/nueva-version-de-pgr-descarta-que-policias-federales-y-estatales-participaran-en-ataque-a-normalistas/

Ya no suba, ya no hay lugares; los microbuses toman su ruta final en la CDMX

Usuarios, conductores y autoridades dan su perspectiva tras el anuncio de que ya no habrá más concesiones para microbuses.

“Son feos, contaminan”, dice Eliud junto a una fila de microbuses, cerca del Metro Chapultepec, en la Ciudad de México.

Resignada, en medio del bullicio de un miércoles por la tarde, cuando los oficinistas salen a comer, cuenta que cada día utiliza ese medio de transporte, el microbús o pesero, para trasladarse hasta Xochimilco.

Siempre que lo hace, detalla, tiene que sufrir que el conductor avance muy despacio, casi calle por calle, a la espera de que aparezca algún pasajero.
Cuando se le comenta que el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, anunció momentos antes que la Ciudad ya no tendría más microbuses, que la era de ese transporte llegaría a su fin, ella abre más los ojos detrás de sus gafas de montura negra.

“Me suena perfecto”, expresa junto a uno de los hombres que anota en una libreta cuáles son los tiempos que hacen los conductores de esos monstruos metálicos, de color gris y verde, con hasta 20 años de antigüedad.

En las calles de la Ciudad de México, los microbuses y sus conductores tienen mala fama.

La mayoría de quienes los han utilizado alguna vez han sufrido porque el chofer aceleró de más para ganar un pasaje, porque tenía una cumbia a todo volumen, porque había demasiados pasajeros, casi desbordándose por la puerta, o porque el vehículo ya era tan viejo que parecía poder quebrarse en cualquier momento.

“Cada vez es peor, el servicio es muy malo”, dice otra usuaria cerca del Metro Chapultepec, también complacida con que ese medio de transporte sea sustituido por otro.

La otra cara de la moneda son los conductores. Ante lo dicho por Mancera, respecto a que ya no se permitiría una concesión más para microbuses, apostando a su extinción, mostraron enojo e incertidumbre.

“Por una parte está bien, y por otra mal. Está bien porque se va a renovar el parque vehicular. Estas unidades ya necesitan un cambio. Tienen más de 20 años”, dice Juan González, de 57 años, chofer de un microbus.

“Va a haber cambio de unidades… ¿y usted cree que me van a dar trabajo a mí? Que ya tengo 57 años. Va a ser difícil”, agrega respecto a la posibilidad de que lleguen nuevos concesionarios, con otro tipo de vehículos.

Otro conductor, de nombre Francisco, defiende que los microbuses no son responsables de la contaminación, y también se muestra inquieto respecto al futuro, los cambios.


Qué tal que de repente le dijeran que ya no conduciría más uno de esos micros, uno de esos que ha tenido bajo su mando los últimos 25 años. “Es nuestra fuente de trabajo”, dice el padre de tres hijas adolescentes.

Pero, ¿qué es exactamente lo que anunció Mancera?
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México dijo que en breve se publicará una norma para establecer que ya no habrá nuevos microbuses, es decir, que ya no se permitirá una concesión más, para que alguna persona opere ese tipo de vehículos, tal como son conocidos ahora.
“Si alguien hoy tiene pérdida total de su microbús, las renovaciones ya no pueden ser con otro microbús, tiene que ser por un vehículo sustentable”, dijo Mancera a la cadena MVS.

“Si hoy alguien quiere una concesión, será con un vehículo que sea ecológicamente sustentable, pero no se va a dar ninguna concesión más, a ningún vehículo microbús”, remarcó antes en un evento público.

La medida, según dijo, se inserta en el plan para reducir la emisión de contaminantes en la Ciudad de México.

¿Y por qué es relevante?

De entrada, porque según el Centro Mario Molina, aproximadamente el 60% de los viajes que se realizan en transporte público en la Zona Metropolitana del Valle de México (CDMX y Edomex) es atendido por el transporte concesionado operado por particulares.

“Este incluye cerca de 35 mil microbuses, que en promedio tienen más de 20 años de antigüedad, y son altamente contaminantes, además de ser un peligro desde el punto de vista de seguridad vial”, apunta el Centro.

En específico, en la Ciudad de México, en 2012 se calculó que había unos 19,000 microbuses, de acuerdo con un inventario de emisiones de la Secretaría de Medio Ambiente local. El secretario Serrano dijo este jueves que ahora mismo se calcula tener unos 14,000.

Una de las dudas que surgen es cómo se transportará la gente si se pretende que dejen de circular 14,000 microbuses en la capital mexicana.

Y otras interrogantes: ¿en cuánto tiempo la Ciudad de México se quedaría sin un solo microbús? ¿Harán chatarra todos los que están en circulación ahora mismo?

Laura Ballesteros, subsecretaria de Planeación en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, explicó a Animal Político que el cambio será gradual, que no se borrará de un momento a otro toda la flota de microbuses, chatarrizando por completo de un día para otro.

“Va a llevar una ruta de tiempo”, dijo la funcionaria.

“Hay una proyección a corto, mediano y largo plazo para este tema. Sin duda no vamos a sacar de circulación este fin de semana al resto de los micros, pero hay ya una definición de conversión a corredores, a las empresas que quieran constituirse y participar”, mencionó Ballesteros a W Radio.

“Hay una fase de microbuses que ya están convertidos, que ya son buses sustentables, y que estos inmediatamente van a poder entrar a la fase de eficiencia, de tecnología e innovación que está buscando el jefe de Gobierno”, agregó.

Héctor Serrano, secretario de Movilidad, dijo a Radio Fórmula este jueves 9 de junio que el compromiso es que en 2018, cuando termine el gobierno de Mancera, ya no haya microbuses circulando.

“El año pasado, sacamos de circulación cerca de 2,500 microbuses. Este año, van a salir 3,000 microbuses. En 2017, serán 5,000 los que salgan, y en el 18 serán 6,000”, mencionó Serrano.

Las respuestas de Ballesteros, y lo dicho por Mancera, dan la ruta de que el gobierno capitalino apostará por la extinción natural e inevitable de los microbuses, después de cumplir su vida útil, y sin que pueda renovarse su concesión.

En su Artículo 97, la Ley de Movilidad establece que “las unidades destinadas al servicio de transporte público de pasajeros y de carga que circulan en vías de tránsito vehicular en el Distrito Federal, con aprobación de la Secretaría, deberán ser sustituidas cada diez años, tomando como referencia la fecha de su fabricación”.

Ahora mismo, la mayoría de los microbuses ya cumplió ese plazo.

Serrano, secretario de Movilidad, comentó que, en efecto, la vida útil de un microbús es de 10 años.

¿Y entonces por qué siguen circulando micros con hasta 20 años de antigüedad? De acuerdo con el funcionario, en su momento, aunque esos vehículos ya tuvieran 10 años, fue renovada la concesión, pero ya no se permitirá que puedan hacerlo de nuevo.

“En la administración del doctor Miguel Ángel Mancera, lo que encontramos fueron microbuses que, en su gran mayoría, pues estaban evidentemente fuera de norma. Nosotros encontramos con esta dificultad”, apuntó Serrano.

¿Y qué tipo de vehículos los sustituirían? 

Ballesteros dio algunas características, sin precisar qué modelo de vehículo en específico reemplazaría a los microbuses, aunque según ella no importaría tanto su tamaño, sino el esquema de servicio.

Entre otros elementos, Ballesteros dijo que se buscará tener vehículos con tecnología GPS o de geolocalización, que tengan un solo centro de control, para ser monitoreados, y un corredor específico o incluso confinado para hacer sus recorridos, como sucede ahora con el Metrobús.

“No solo estamos hablando de la sustitución de los microbuses”, dijo, sino también de aplicar lo estipulado en la Ley de Movilidad de 2014, y seguir impidiendo que el servicio sea concesionado a una persona física.

El esquema a seguir desde hace un par de años, aseguró, es dar concesiones a personas morales, o empresas, en un recorrido determinado.

De ese modo, se evita lo que es conocido como “hombre camión”, que es tener a diferentes personas físicas o concesionarios en una sola ruta, compitiendo cada uno por ganar el pasaje, algo sobre lo que alertó el Centro Mario Molina.

“El esquema de concesiones que proliferó en los años 90 creó incentivos perversos, privilegiando el modelo de “hombre camión”, que da lugar a que en ciertos corredores coexistan de manera simultánea docenas de asociaciones de operadores”, señaló el Centro en un reporte de mayo pasado, titulado Soluciones de Fondo para Mejorar la Calidad del Aire del Valle de México.

“Ello genera una competencia feroz, que deriva en un exceso de unidades subutilizadas en ciertos corredores y horarios, así como en constantes violaciones a la normatividad vial. Todo lo anterior genera ineficiencia desde la perspectiva que se mire: ambiental, económica o social”, agregó.

Hay un punto obvio: para establecer el sistema de buses que delineó Ballesteros, como sustituto de los microbuses, se requiere dinero.

Si se sigue la ruta del transporte concesionado, habría recursos privados de aquellos que quieran invertir en el nuevo servicio, con vehículos sustentables.

“Sin duda va a requerir de un proceso con los transportistas, porque muchos de ellos son los que ponen también dinero para poder cambiar la unidad”, dijo a W Radio.

Por otro lado, Ballesteros también habló de que podrían utilizarse recursos públicos, pero eso quedaría definido a partir del presupuesto que se apruebe para el gobierno capitalino el próximo año.

En una entrevista con el medio Alto Nivel, y en su cuenta de Twitter, la funcionaria también planteó crear una gran red de Metrobús Metropolitano, con una inversión de hasta 35 mil millones de pesos. Ese proyecto, dijo, tendría que ser con recursos del gobierno local y el gobierno federal.

Respecto al temor de los conductores actuales de microbuses, de quedarse sin empleo o sustento, la funcionaria dijo que cuando se activó el Metrobús muchos choferes de microbús se integraron para trabajar en ese sistema de transporte, y en este caso podría ocurrir algo similar.

En la Zona Metropolitana del Valle de México, según el reporte del Centro Mario Molina, además de los microbuses, se cuenta con 12 líneas de Metro (226 km), seis de Metrobús (125 km), tres de Mexibús (57 km), una de tren suburbano (20 km) y una de tren ligero (25 km).


Además hay 93 rutas organizadas de transporte colectivo (RTP), administradas por el Gobierno de la Ciudad de México. Y aún así, con todas esas opciones, cualquier habitante de la capital sufre para transportarse, sobre todo en horas pico.

Contra la “guerra del centavo”

Sobre el tema de los microbuses, un personaje urbano conocido como Peatónito, defensor de los peatones en la Ciudad de México, opinó que sea cual sea el tipo de vehículo que se utilice el tema clave es dejar atrás el esquema “hombre camión”.

Al igual que Ballesteros, habló de que en cada corredor o ruta de transporte, los concesionarios deben ser personas morales, empresas y no particulares, tal como lo establece la Ley de Movilidad, para tener más orden y eficiencia.

Así, mencionó, se evitará la “la guerra del centavo”, o la competencia encarnizada entre choferes por ganar pasaje, ya que no sería necesario (los conductores contratados por una empresa tendrían una salario que no dependería de la cantidad de pasajeros).

Peatónito habló de que en un buen sistema los conductores tendrían una ruta y paradas bien definidas, una frecuencia regular de viajes, además de un buen equilibro entre la oferta y la demanda.


Algo que no ha ocurrido hasta ahora con el servicio de los también llamados peseros. “El microbús da un pésimo servicio”, dijo el héroe enmascarado antes de tomar su bicicleta, y seguir su recorrido.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ASCENCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/ya-no-suba-ya-no-hay-lugares-los-microbuses-toman-su-ruta-final-en-la-cdmx/