Policías se despliegan en Ayala y custodian acueducto de la CFE

Ayala, Mor. Dos días después del enfrentamiento entre habitantes de San Pedro Apatlaco y policías del mando único del gobierno del estado, los segundos mantienen ocupada la cancha deportiva que usan de cuartel, y sitiaron calles aledañas al acueducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el cual, según vecinos, la paraestatal pretende llevarse el agua para enfriar las turbinas de las dos termoeléctricas que se edifican en Huexca, municipio de Yecapixtla.

Dijeron que en poblado de 12 mil habitantes, al igual que en otras ciudades del oriente del estado y la capital, escasea el agua, y que los domicilios y cultivos de los 26 ejidos que hay en este municipio la reciben sólo una o dos veces por semana.

Pobladores contaron que policías del mando único vigilan sus casas, después de que el pasado martes intentaron recuperar la cancha donde pernoctan los uniformados, debido a que los trabajadores que construyen el acueducto pretenden desconectarlos de la red de agua.

Juana (de más de 45 años) fue pateada por los policías. Ellos usaron gases lacrimógenos contra los ejidatarios de Ayala, quienes están en contra de que se lleven el agua para el acueducto del Proyecto Integral Morelos, dijo un familiar de Juana Flores, una de los cinco detenidos del pasado martes.

Responsabiliza a nieto de Zapata

En un boletín, el gobierno del estado negó actos de represión (en el enfrentamiento hubo una decena de lesionados y cinco detenidos) y responsabilizó de los hechos a Jorge Zapata, nieto del general Emiliano Zapata.

Ángel Vides, ayudante municipal, aseguró que personal del gobierno del estado le advirtió que los que intentaron expulsar a los policías serán acusados de terrorismo y daños a propiedad privada.

La Comisión de Derechos Humanos de Morelos confirmó que los uniformados del mando único detuvieron en el desalojo de San Pedro Apatlaco a cinco personas, cuya situación jurídica se definirá en 48 horas.

Indicó que ha iniciado investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos y expuso su preocupación por las maniobras de un helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, que se pueden advertir como peligrosas para la integridad física de los ciudadanos.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: RUBICELA MORELOS
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/09/01/estados/031n1est

Condena Artículo 19 agresión y tortura contra dos periodistas de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- La organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 condenó la detención arbitraria de los periodistas Sergio Cruz y Erwin Axel Aragón, quienes además fueron torturados por policías municipales en esta capital.

Por ello, Artículo 19 exigió a las autoridades de la entidad, particularmente a las corporaciones de seguridad pública a nivel estatal y municipal, respetar y garantizar el desarrollo pleno del ejercicio periodístico, condenando cualquier acto tendente a obstruir, criminalizar o realizar injerencias arbitrarias con el fin de impedir el libre flujo de información.

Además, demandó a la Fiscalía General del Estado a investigar los hechos, cometidos el viernes 12, de manera diligente, seria, imparcial y exhaustiva, conforme a los estándares internacionales, conduciendo las investigaciones bajo los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad, robo y los demás ilícitos que se acrediten contra los agente de policía agresores del municipio de Oaxaca de Juárez.

También pidió dictar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los reporteros agredidos y que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión atraiga el caso.

La organización defensora de comunicadores relató que la mañana del viernes 12 los reporteros gráficos, colaboradores de Politik y Diario Rotativo, cubrían un accidente de tránsito cuando elementos de Seguridad Pública les exigieron se identificaran.

Cruz mostró a uno de los policías su credencial de prensa, en ese momento intentaron arrebatarle su teléfono móvil. Cuando Aragón tomaba fotografías de las agresiones, alrededor de siete policías golpearon a los comunicadores y les quitaron sus pertenencias, entre ellas su equipo de trabajo.

Los funcionarios forzaron a Aragón y a Cruz a subir a la patrulla municipal 977. Durante la detención, uno de los oficiales golpeó a los dos reporteros con la culata de una escopeta, provocándoles lesiones en cuello, espalda y cabeza. El mismo agente les apuntó con su arma, cortó cartucho y amenazó con dispararles.

Durante el traslado, los municipales les preguntaron información personal. Obligaron a Aragón a decirles dónde trabajaba, su estado civil, su domicilio, los nombres de sus familias, e incluso, dónde estudia su hija.

Conforme a los estándares internacionales en materia de tortura, así como la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura de Oaxaca, se acredita el delito de tortura por todo acto que inflija dolores o sufrimientos físicos o mentales, como medio intimidatorio, o castigo para obtener información o con cualquier otro fin, cometidos por funcionarios públicos.

Antes de ser presentados ante el juez calificador, el médico legista omitió certificar si hubo maltratos durante su detención y nunca pudieron ver el contenido de los partes médicos.

En el cuartel pretendieron acusarlos por los delitos de lesiones, daño en propiedad ajena y usurpación de funciones. Incluso, les negaron realizar alguna llamada y establecer contacto con sus familiares.

Después de tres horas y media, ninguna de las acusaciones realizadas por los policías agresores pudo ser comprobada, por lo que fueron liberados.

Los policías borraron todo registro de las agresiones de las cámaras y teléfonos celulares de los periodistas. Además de entregar los equipos sin fotografías y videos de los hechos, les devolvieron menos de la mitad del dinero que estaba bajo su resguardo.

En entrevista con Artículo 19, Aragón y Cruz refirieron que el mando que se encontraba al frente del destacamento de policías amenazó con denunciarlos si ellos hacían lo mismo. Además, buscarían a las personas involucradas en el accidente de tránsito para que testifiquen en su contra.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: PEDRO MATÍAS
LINK: http://www.proceso.com.mx/452072/condena-articulo-19-agresion-tortura-contra-dos-periodistas-oaxaca

“Tanhuato y Nochixtlán muestra del enfoque represivo de seguridad del Estado mexicano”

Ciudad de México | Desinformémonos. “Resulta especialmente preocupante la estrategia deliberada de manipulación demostrada en ambos eventos por parte de agentes estatales”, afirma la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), integrada por 80 organizaciones de 21 entidades. En ambos hechos, detallan, la Policía Federal ha afirmado que actuó en defensa propia, pero la documentación de derechos humanos prueba lo contrario.

Al mismo tiempo, la RedTDT alertó que en este contexto existe una alerta en la sociedad civil por el posible recrudecimiento de la represión contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ante su anuncio de boicotear el regreso a clases hoy en algunos estados de la república, por lo que advirtieron que resulta sumamente preocupante este contexto de violencia estatal y llamaron al Estado mexicano a privilegiar el diálogo y a evitar el uso de la represión.

También pidieron a las instancias internacionales de derechos humanos, con presencia en México, como la ONU-DH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realicen un monitoreo cercano de la situación y ofrezcan alternativas al Estado mexicano “para que no sea éste quien se investigue a sí mismo”.

Explicaron que la alerta emitida esta mañana es consecuencia de la grave crisis de derechos humanos que vive México y, que en su valoración, corre el riesgo de escalar aún más, en el contexto de una estrategia deliberada de manipulación y encubrimiento de ejecuciones extrajudiciales cometidas por Policías Federales.

Afirman que existe un claro patrón por parte de actores oficiales para distorsionar en sus declaraciones los hechos y responsabilizar de los mismos a las víctimas y que esto hace evidente la incapacidad del Estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y a la sociedad por lo que urgieron en la necesidad de que instancias internacionales den certidumbre a las investigaciones de estos y otros casos graves de Violaciones a los Derechos Humanos.

De lo anterior destacan la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los hechos de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán, por la documentación de hechos que habían sido denunciados desde que ocurrieron. A esto se suma la presentación, ante legisladores, de “testimonios” de Policías Federales que forman parte de la estrategia ya señalada y reconocida por la CNDH, que en realidad pretenden negar su evidente responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales de Nochixtlán, afirma la Red.

Existe, afirman, un contexto de gran confrontación social y de cuestionamientos a la legitimidad gubernamental por parte de importantes sectores de la población, ante el cual la recomendación de la CNDH permite confirmar, “desde un organismo público y autónomo” dicen, una intencionalidad encubridora en el uso de la infraestructura de comunicación social de la Comisión Nacional de Seguridad.

Lo anterior deriva en la recomendación 14 a dicho organismo cuyo fragmento dice que  “Que los servidores públicos se abstengan de hacer declaraciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad en casos que puedan constituir un uso indebido de la fuerza, antes de contar con los resultados de una investigación, sin demérito del derecho a la información”.

Estos hechos que son calificador por la Red de “por sí solos…sumamente graves”, se ven magnificados por dos declaraciones oficiales realizadas esta misma semana, dicen al citar la respuesta del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Gutiérrez, ante la emisión de esta recomendación quien no esperó a conocer a fondo la misma, sino que de inmediato declaró a la prensa que se habría tratado de un “uso de las armas (…) necesario y proporcional ante la agresión real e inminente y sin derecho, es decir, a nuestra consideración, se actuó en legítima defensa”, reincidiendo en lo señalado.

Recordaron que unos días antes de esta recomendación, el lunes 15 de agosto, en una entrevista con Joaquín López Dóriga, Enrique Peña Nieto afirmó que “el gobierno de la República no tendrá reparo alguno, no tendrá reserva alguna en recurrir al uso de la fuerza pública para poner orden y, sobre todo, para hacer valer el estado de derecho”, declaración que en opinión de la Red, hace referencia al conflicto con la CNTE en un contexto en el que hay que tomar en cuenta la represión perpetrada en Nochixtlán, dicen.
Foto: CNDH/ Cuartoscuro


FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/tanhuato-y-nochixtlan-muestra-del-enfoque-represivo-de-seguridad-del-estado-mexicano-ongs/

Abuso de autoridad, peritajes a modo: las claves del informe sobre ejecuciones en Tanhuato

En un informe de más de 700 páginas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) evidenció lo ocurrido el 22 de mayo del 2015, en un supuesto enfrentamiento armado que dejó 42 civiles y un policía muerto en un rancho de Tanhuato, Michoacán.  Casi la mitad de esas personas fueron ejecutadas arbitrariamente por los policías que incurrieron en abuso de la fuerza.

A eso se suman actos de tortura, manipulación de los cuerpos, peritajes incompletos o negligentes, siembra de armas de fuego, entre otras arbitrariedades más.
El informe apoyado en más de 150 peritajes, reportes y pruebas recabadas por la CNDH, también muestra como la Policía Federal dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) mintió en sus informes sobre lo ocurrido en Tanhuato y en las declaraciones públicas que se difundieron tras el hecho, en las que negaban haber cometidos irregularidades durante el operativo.

Animal Político resume las claves que se desprenden de esta investigación de la CNDH asentadas en la Recomendación 4VG/2016  que la CNDH dirigió a la CNS y al gobierno de Michoacán por lo que considera graves violaciones a los derechos humanos, y que también servirá de punto de partida para presentar una denuncia ante la PGR.

La versión  oficial

El parte oficial de la Policía Federal, incluido como punto de partida del informe de la CNDH, sostiene que a las 8:30 de la mañana del 22 de mayo, al “realizar funciones propias de disuasión y en seguimiento a un oficio de investigación”, un convoy de la dependencia que circulaba en la carretera Nogales México fue atacado a balazos por los “tripulantes de una camioneta marca Toyota blanca”.

El parte señala que se repelió la agresión por lo cual se inició una ·”persecución” de la camioneta, que concluyó cuando  el vehículo ingresó al “Rancho Del Sol” y se impactó contra un árbol en el interior del predio. Eso “dio inicio a un enfrentamiento armado”.

Ante la potencia de fuego de los agresores, según la Policía Federal, el grupo inicial de 41 agentes  pidió refuerzos, llegando al sitio 54 agentes más con el apoyo de un helicóptero artillado. El saldo final fue de 42 presuntos civiles muertos, un policía fallecido, otro lesionado, y tres detenidos.

“En Tanhuato no hubo una sola ejecución, todo se trató de un enfrentamiento”, declaró tres días después de aquellos hechos el comisionado de la Policía Federal Enrique Galindo. La CNS recalcó lo anterior sosteniendo que pruebas químicas confirmaban que todos los civiles muertos dispararon armas de fuego.

Se dijo que el helicóptero se utilizó como un “mecanismo de disuasión”, que se pidió primero a los civiles que se rindieran pero estos respondieron a balazos.

La realidad según la CNDH

La Policía Federal falseó la información de lo ocurrido, según la CNDH. Las evidencias recabadas por el organismo  evidenciaron que nunca hubo ninguna persecución de un vehículo blanco ni un ataque previo en la carretera contra los policías, como la versión oficial argumenta. Es más, los hechos no iniciaron a las 8:30 de la mañana sino dos horas antes y en una situación muy distinta.

“Se pudo establecer que entre las 6:00 y 7:00 horas del 22 de mayo, servidores públicos de la Policía Federal ingresaron de manera sigilosa al rancho, aseguraron a las personas que estaban en la entrada y posteriormente se llevó a cabo el operativo en el interior, lo que contradice la versión oficial”, establece el informe que derivó en una recomendación.

Fotos evidencian que 17  cadáveres estaban descalzos y algunos vestían solo una trusa, lo que permite presumir que estaban dormidos cuando comenzó “el operativo”.

La CNDH señaló que del cruce de evidencias y testimonios, entre ellos del personal de Protección Civil del municipio,  de vecinos y de testigos, se establece que todo inicio entre las 6 y 7 de la mañana. Fue a las 8:30 de la mañana cuando llegó el helicóptero artillado de la Policía Federal.

Animal Político publicó el 25 de mayo de 2015 las versiones de testigos que corroboraban que los federales entraron en realidad de forma sigilosa, y que el helicóptero artillado estuvo disparando sin cesar, no de forma disuasiva. Los testimonios y pruebas de la CNDH  corroboran lo anterior: el helicóptero hizo más de cuatro mil detonaciones.

“No tuvieron oportunidad” señalaron los testimonios recabados por este portal. La comisión  confirmó que en efecto, por lo menos 22 de ellos perdieron la vida víctimas de abuso de autoridad

Ejecuciones arbitrarias

La CNDH estableció que si bien los civiles murieron con disparos de larga distancia, como lo dijo la Policía Federal, las pruebas confirman que en 22 casos, el uso de fuerza letal en contra de estas personas no fue “racional ni proporcional”, lo que de acuerdo con el “Protocolo de Minnesota” se califica como “ejecuciones arbitrarias”.

“La distancia  del disparo no es el único elemento para determinar una ejecución arbitraria. En el presente asunto se advirtió que las 22 víctimas presentaban una posición de desventaja respecto a sus agresores, toda vez que 13 se encontraban de espalda respecto a sus victimarios; en 5 casos el disparador se encontraba en un plano superior, desde el helicóptero”, resume el informe.

A esto se suma el caso de una persona que aunque ya estaba lesionada fue quemada con vida, así como tres casos de personas que ya sometidas fueron asesinadas.

En el caso de las 13 personas que tienen disparos en la espalda, los cuerpos de ocho de ellos quedaron en una parcela localizada la norte del rancho en una zona abierta, por que corresponderá a las autoridades determinar si fueron emboscados cuando intentaban darse a la fuga.

Además de estas 22 ejecuciones, la CNDH estableció que en otros cuatro casos hubo exceso de fuerza aunque no se pudo acreditar la intencionalidad de asesinarlas por las ubicaciones en donde se encontraron los cuerpos. Por ejemplo, hubo una persona que murió a consecuencia de un incendio que provocó el uso excesivo de los disparos hechos desde el helicóptero.

Escena contaminada

La revisión de todo el expediente, de las fotografías de distintas fuentes y los peritajes realizados por especialistas de la CNDH acredita que la escena del crimen fue contaminada para alterar múltiples evidencias.

El informe destaca, por ejemplo, que a 11 de las víctimas les fueron colocadas armas de fuego deliberadamente. Esto se aprecia en fotografías donde a un costado de ellos aparece un arma y en otra foto un arma distinta, o simplemente donde no había un arma antes y después sí.

Otro ejemplo de la manipulación fue que uno de los cuerpos presentaba un impacto de arma de fuego que entró por el pectoral y salió por la región perineal, pero el pantalón con que fue encontrado no presentaba rastros de sangre, lo que permite presumir que se lo pusieron ya muerto. Por lo menos siete de los cuerpos encontrados fueron movidos de la posición original.

¿Cómo fue posible todo esto? La CNDH destaca que durante al menos cuatro horas luego de concluido el enfrentamiento, la Policía federal no permitió el acceso a los peritos.

Todas estas anomalías, sugiere la CNDH, impiden establecer las circunstancias en que perdieron la vida otras 16 personas en el rancho, pero no se descarta que también hubieran sido ejecutadas.

La tortura

El informe establece que dos de las personas detenidas en el rancho fueron víctima de actos de tortura, toda vez que de las evidencias recabadas se advierte que fueron sometidos a un “sufrimiento severo” luego de que los agentes de la Policía Federal los obligaron a presenciar la ejecución de tres personas del rancho.

“Posteriormente fueron agredidos físicamente y sometidos a interrogatorio sobre los motivos  por los que se encontraban en el inmueble, la ubicación de armas y drogas, entre otros, mediante amenazas de privarlos de la vida a ellos y a sus familiares”, concluye la CNDH.

Peritajes  a modo

El trabajo pericial realizado luego del enfrentamiento por la Procuraduría de Michoacán fue incompleto, erróneo e ineficiente según el informe, lo que también representa violaciones a derechos humanos.

En el caso de los peritajes para verificar si los civiles abatidos dispararon, la prueba de rodizonato de sodio y la de absorción molecular señalan en los 42 casos que fue así, sin embargo, la CNDH estableció que la prueba omitió detectar uno de los tres elementos que se requieren. El motivo de la Procuraduría fue que no lo hicieron “por falta de presupuesto”.

A lo anterior se suma que del análisis de las constancias ministeriales del lugar de los hechos se detectaron “prácticas no idóneas” para referir características del sitio, mientras que las fotos no se tomaron con la técnica pericial adecuada.

Por otro lado se descubrieron irregularidades en las 42 necropsias de los cadáveres. En algunos casos se encontraron versiones distintas de un solo dictamen. Los cuerpos fueron apilados en un cuarto del Servicio Médico Forense de Morelia con hielo y aserrín. Esto entre otras anomalías.

Las recomendaciones

Por violaciones graves a derechos humanos la CNDH emitió seis recomendaciones a la Comisión Nacional de Seguridad. La primera de ellas es colaborar con la indagatoria en la PGR que se inicie para determinar la responsabilidad de los mandos y elementos que resulten responsables del abuso de la fuerza que derivaron en la ejecución de 22 personas en Tanhuato y de los actos de tortura descritos.

La segunda es que se reparen o daños ocasionados a los familiares de las 22 personas ejecutadas arbitrariamente y se inscriba a todos ellos en el Registro Nacional de Víctimas. La tercera que se diseñe e imparta un curso integral de derechos humanos a la Policía Federal. La cuarta que se actualicen los Lineamientos Generales que Regulan el Uso de la Fuerza pues estos datan de 2012 y corresponden a la inexistente Secretaría de Seguridad Pública.

La quinta recomendación es que se giren instrucciones para que se proporcionen equipos de videograbación a los agentes de la Policía Federal que permiten evidenciar las acciones que realizan, y la sexta es que los servidores públicos se abstengan de hacer declaraciones sobre la legalidad de los agentes en operativos, hasta que no se cuenten con resultados de una indagatoria.

Por otro lado la CNDH extendió dos recomendaciones al gobierno de Michoacán, la primera de ellas para que se colabore con al Comisión en la denuncia que se presentará ante al Procuraduría por la actuación deficiente de peritos y servidores públicos que incurrieron en irregularidades en la indagatoria relacionada con los decesos en el rancho.

La segunda es para que se imparta un curso integral a todos los servidores públicos de la Procuraduría en materia de derechos humanos y específicamente en aplicación del protocolo de Autopsia, así como de preservación del lugar de los hechos y cadena de custodia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: ARTURO ANGEL
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/informe-cndh-ejecuciones-tanhuato/

A dos meses de Nochixtlán: policías estatales dicen que iban a apoyar, no a un enfrentamiento

El 19 de junio pasado, ocho personas murieron y cien más resultaron heridas durante un operativo de desalojo en la autopista federal que cruza el pueblo de Nochixtlán, Oaxaca. A dos meses de los hechos, las dudas continúan y el gobierno federal no ha sido capaz de explicar qué ocurrió.

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió 32 carpetas de investigación, sin que hasta el momento se tengan resultados que permitan conocer a los responsables de las muertes.
La información de la PGR es que seis de las víctimas del operativo en Nochixtlán (una séptima murió en Hacienda Blanca y la octava presuntamente falleció por un cohetón que explotó cuando lo manipulaba) murieron producto de impactos de bala en el cuerpo.

Las autopsias a las personas fallecidas se realizaron en las horas siguientes, pero no se ha informado hasta el momento si los disparos provinieron de las armas utilizadas por los policías estatales, federales y oficiales de gendarmería que participaron en el despliegue.

Lo único que la PGR ha informado sobre el tema del calibre, es que ya cuentan con todas las armas que portaban las corporaciones policiales, pero todavía no saben con exactitud con cuales se les disparó a las víctimas.

En entrevista radiofónica el subprocurador de la PGR Gilberto Higuera dijo que los policías que participaron en el operativo portaban pistolas 9 milímetros y tienen identificadas a dos personas que fallecieron con disparos de ese calibre; otros policías portaban fusiles .223 y hay víctimas que recibieron disparos con ese calibre.

“Tenemos los datos completos, las armas completas y estamos solo en la fase que no nos costará problema, criminalísticamente hablando, determinar si de estas armas de todos los miembros participantes de algunos de ellos salieron estos disparos de estos proyectiles”, dijo Higuera.

Explicó también que frente del contingente de 850 elementos de las tres corporaciones que participaron en el operativo iba una patrulla con seis policías estatales que portaban armas, cinco de ellas largas y seis cortas que coinciden con los calibres 9 milímetros y .223 milímetros con los que fallecieron las víctimas.

Además, aunque la PGR mantiene la hipótesis de que civiles de grupos ajenos a los manifestantes dispararon contra los policías, a dos meses del operativo no han presentado evidencias que sustente esa línea.

Entre los datos que la PGR ha integrado a la investigación están los informes sobre la actuación de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía Estatal, pero sus versiones parecen contradecirse entre sí.

Animal Político publicó el pasado 1 de agosto, los reportes que rindió la Policía Federal y la Gendarmería; hoy presentamos la versión de la Policía Estatal de Oaxaca.

De acuerdo con el reporte que rindió, el 20 de junio pasado, el director de División de las fuerzas estatales de Oaxaca, Juan Peralta, ellos se enteraron que encabezarían el operativo de desalojo hasta que llegaron al punto donde se encontraba la Policía Federal.

Policías sólo iban de apoyo

En la reunión del 11 de agosto pasado entre la procuradora Arely Gómez y su equipo con la comisión especial de senadores y diputados que da seguimiento al caso, el subprocurador de Control Regional y Procesos Penales y Amparo de la PRG, Gilberto Higuera Bernal, aseguró que el operativo “no fue determinado unilateralmente o uniinstitucionalmente. Fue acordado y decidido por las tres corporaciones policiales en el ámbito estatal”.

La tarjeta informativa número 28 de la Policía Estatal sugiere que la corporación se enteró de su rol en el desalojo justo cuando llegaron en apoyo de la Policía Federal. El director de División de las fuerzas estatales, Juan Peralta, relata que cuando sus 400 elementos arribaron al destacamento de la Policía Federal, el encargado del operativo, Carlos Guerrero, Suboficial de la corporación, le informó en ese momento que la policía estatal “iría en (la) primera línea del operativo”.

Por eso narra su desconcierto. “La orden que yo tenía era de ir en apoyo al operativo de la policía federal, por lo que consulté de inmediato por radio al Comisionado de la policía estatal, quien me indicó que acatara la orden recibida, ya que la Policía Federal tenía a cargo el operativo”.

Los elementos partieron hacia el bloqueo de Nochixtlán a las 6:40 de la mañana. “Al frente del convoy iba la policía estatal, seguido de la Agencia Estatal de Investigaciones y por último la Policía Federal, arribando a las 7:50 horas”, según explica Peralta en el oficio dirigido al Comisionado de la Policía estatal, Froylán Carlos Cruz.

A las 7:50 llegaron al cruce de la carretera federal y la súper carretera Cuacnopalan-Oaxaca, 800 metros antes del bloqueo.

El avance comenzó a las 8 de la mañana, según dice Peralta, que relata que la policía estatal al frente del operativo se encontró con “una barricada de aproximadamente 10 tracto camiones que obstruían el paso… escuchando en ese momento y observando que empezaron a lanzar cohetones hacía arriba y momentos después se escuchó el replicar de las campanas de la población”.

Según el informe, cuando los policías estatales estaban a 50 metros de distancia de “300 manifestantes”, detectaron que estos estaban “armados con palos, piedras y cohetones y algunos tenían el rostro cubierto. Observamos en las lomas a personas cubiertas del rostro que se escondían detrás de algunos matorrales y algunas casas y se movían constantemente de lugar”.

La policía estatal refiere que hubo disparos poco después de las 9:15 de la mañana. Para “dispersarlos y desalentarlos de su actitud violenta”, los policías lanzaron gases lacrimógenos, provocando que los manifestantes se replegaran a los límites del panteón municipal, “escuchando en esos momentos detonaciones de armas de fuego que provenían de los manifestantes que se encontraban en el panteón”.

La Policía Estatal detalla que mientras escuchaban detonaciones de arma se acercaron al panteón, donde había aproximadamente 15 manifestantes que golpearon a un policía, uno de ellos portaba un machete y otros presuntamente lanzaban bombas molotov y piedras.

Por ello, “ante la presencia de los delitos en flagrancia, se procedió a la detención” de esas personas. Sin embargo, dos días después del operativo fueron liberados, toda vez que no hubo pruebas para acusarlos de los supuestos delitos. De hecho, se según los testimonios de pobladores, los detenidos estaban en el panteón cavando la tumba de un hombre fallecido un día antes. 

En ese momento, dice el reporte de la Policía Estatal, “escuchamos nuevamente detonaciones de armas de fuego”, por lo que temiendo por sus vidas, empezaron “a retroceder hacia el primer punto de contacto”.

Animal Político obtuvo grabaciones realizadas por turistas que se encontraban en la zona. Ahí se observan acciones distintas a las contenidas en los partes policíacos. A las 8:45 de la mañana, el número de manifestantes parece menor a los más de mil 500 que relatan los policías y la mayoría sólo portaba palos y piedras. 

De acuerdo con los videos, a las 8:57 horas, los policías rebasan un tráiler que transportaba pollos vivos y que en ese momento estaba incendiado y servía como barricada para la población. A las 9:09 horas, policías se ubican a un costado de la refriega, del lado del panteón.

En el video se observan ráfagas, aparentemente detonaciones de armas de fuego. Esto provoca que la gente se repliegue y corre hacia el pueblo. Hasta ahí, los policías dominaban la situación y continuaban avanzando.

Según las actas de defunción, el primer fallecido fue Óscar Luna y murió a las 9:30 de la mañana, a unos metros del panteón a un costado de la refriega.  El siguiente ocurrió a entre 9:30 y 10 horas, en la parte trasera de la manifestación, es decir, lejos de la confrontación directa. Los cuatro decesos siguientes ocurrieron entre las 11 y 11:30, según los documentos oficiales.

A dos meses del operativo de Nochixtlán lo único claro es que no hay castigo para los responsables de la muerte de ocho personas. Los encargados de las investigaciones no han resuelto los crímenes, en tanto las corporaciones que tuvieron participación en estos hechos se deslindan con contradicciones.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: NAYELI ROLDÁN
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/nochixtlan-dos-meses-operativo-policia/

Policías desalojan con gases lacrimógenos a normalistas de Cherán y Tiripetío

Normalistas de Cherán y Tiripetío incendiaron tres autobuses en la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan, cerca de San Juan Tumbio, y uno en la vía Zamora-Morelia, informó la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, integrantes de la Organización de Normales Oficiales del estado acusaron a los policías de haber prendido fuego a los vehículos.

La acción ocurrió después de que unos 300 elementos del Grupo de Operaciones Especiales desalojaron con gases lacrimógenos a los estudiantes que bloqueaban la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan en apoyo a maestros que rechazan la reforma educativa y para exigir sus demandas: pago de becas, viáticos para viajar al resto de Michoacán y del país a invitar a ingresar a la normal, y mejoras a las instalaciones de las ocho escuelas para profesores del estado.

La SSP aseguró que los policías que realizaron el desalojo cerca de San Juan Tumbio recuperaron 12 vehículos retenidos por los alumnos, quienes, en su huida, lanzaron piedras a los uniformados e incendiaron tres camiones, con el apoyo de comuneros de Turícuaro y Arantepacua, en la meseta purépecha. Dos de las unidades quemadas eran autobuses de las empresas Parhíkuni y Purhépechas.

El secretario de Gobierno, Adrián López Solís, comentó que las mesas de diálogo con los estudiantes continuarán; incluso había el compromiso de liberar 150 autobuses y camiones que mantienen retenidos desde hace más de tres semanas en Turícuaro.

Aunado a esta acción, normalistas y maestros mantienen en su poder más de 130 vehículos que en las semanas recientes han retenido y llevado al municipio indígena de Nahuatzen, entre estos cerca de 40 autobuses, decenas de tractocamiones y automotores de reparto.

La SSP informó que en las inmediaciones del crucero de Purépero, sobre la carretera Zamora-Morelia, normalistas quemaron un camión refresquero, por lo cual los policías desviaron la circulación vial.

Fuente: La Jornada

Autor: Ernesto Martínez

http://www.jornada.unam.mx/2016/07/20/politica/006n1pol

Podrían retirar cargo a 22 policías implicados en caso Iguala

Ciudad de México. Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos desde septiembre de 2014, advirtió que el resultado de los diversos peritajes realizados a los restos de Julio César Mondragón Fontes, podrían ser utilizados para que se retire el cargo de homicidio que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero imputó a 22 policías del municipio de Iguala por el asesinato de este estudiante en hechos ocurridos en el municipio de Iguala.

En conferencia de prensa tras su encuentro con la procuradora general de la República, Arely Gómez, el litigante señaló que el avance de las investigaciones del llamado caso Iguala son mínimos y que hasta el momento no existe respuesta por parte de la PGR a su demanda principal, que es el cese del titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

Respecto al caso de Julio César Mondragón expuso que la Procuraduría de Justicia de Guerrero “incurrió en graves omisiones en este caso y ello impidió saber si el desprendimiento del rostro fue intencional o no”, ya que en este asunto se hablaba de que el estudiante fue objeto de un desollamiento, aunque hay peritajes que aseguran que el rostro le fue comido por fauna nociva.

Asimismo, agregó que con los resultados de los peritajes que fueron dados a conocer, se ha determinado que Julio César “no fue asesinado de un disparo sino de fractura en el cráneo y ello posibilita que se retire el cargo de homicidio que se fincó en contra de 22 policías del municipio de Iguala”, ya que la procuraduría local los acusó de haber participado en la muerte de Julio César Mondragón y haber accionado sus armas de carga.

Añadió que en los próximos días se darán a conocer los avances de las indagatorias que lleva a cabo la PGR, y que los padres de los normalistas y sus representantes no informaban nada respetando el sigilo de la averiguación previa, pero que las autoridades informarán “sobre todo por el tema de la telefonía”, es decir, se refieren a los resultados que se han obtenido en cuanto a los cruces de información, llamadas y mensajes que se generaron entre policías, autoridades municipales y miembros de Guerreros Unidos durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, así como del rastreo de llamadas y mensajes que se generaron de los teléfonos celulares de los estudiantes en esas fechas.

Vidulfo Rosales aseguró que para la búsqueda de los normalistas la PGR “ha adquirido tecnología muy importante” que permite hacer revisión del subsuelo en zonas donde la tierra no ha sido removida a fin de tratar de localizar restos que pudieran haber sido sepultados de manera clandestina y que se relacionen con este caso.

Asimismo, refirió que en lo que hace a su petición de cesar a Tomás Zerón de Lucio, las autoridades les explicaron que no se le puede separar del cargo ni tampoco que el funcionario solicite licencia, pero, indicó la investigación que se ha iniciado en contra del funcionario por haber llevado a cabo diligencias que no se incluyeron en la indagatoria, concluirá en un mes.

“No satisface la respuesta de la PGR sobre todo por el tema de Zerón de Lucio”, dijo Rosales.

“De nosotros sigue la exigencia -en cuanto a Zerón de Lucio- y van a continuar las protestas en el estado de Guerrero hasta el próximo día 20, y a partir del día 25 los padres de los normalistas y sus representantes regresaremos a la Ciudad de México para pedir la concreción del mecanismo de seguimiento a las investigaciones del caso Iguala que se debe acordar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también para exigir la renuncia de Zerón”.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO Y JOSÉ ANTONIO ROMÁN
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/12/podrian-retirar-cargo-a-22-policias-implicados-en-caso-iguala-abogado

En Nochixtlán, “crimen artero”

Alcalde en CNN

"Tenemos conocimiento de que hubo infiltrados, que se posicionaron francotiradores en las azoteas de dos hoteles conocidos de acá... estaban de parte de la policía", reveló

 Para Rubén Alcides Miguel, alcalde electo de Asunción Nochixtlán, los hechos de violencia del pasado 19 de junio son un “crimen artero”, “fue una batalla desigual, una carnicería”.

En entrevista para Aristegui CNN, expuso que los policías “al verse superados en número optaron por usar las armas para tratar supuestamente de intimidar a la gente y poderla replegar más, pero en lugar de que eso sucediera se abalanzó la gente contra ellos”.

El político no tiene duda: “el ataque fue directamente de la Policía Federal hacia la gente que estaba en ese momento repeliendo la agresión”.

“Tenemos conocimiento de que hubo infiltrados, que se posicionaron francotiradores en las azoteas de dos hoteles conocidos de acá, pero en el inicio del ataque no, el ataque fue directamente contra los maestros y ciudadanos de Nochixtlán”, sostuvo.

Los “francotiradores”, aseguró, “estaban de parte de la policía”. “Siempre se ha hablado de la policía federal, pero en realidad fueron las dos, la policía federal y la policía estatal, las dos policías participaron en el ataque”, agregó.

Sobre la emboscada que acusa la Policía Federal, comentó que “cuando los pueblos cercanos se enteran y empiezan a llegar de todos los puntos, a ayudar, y pues obviamente a atacar, con piedras, cohetones que utilizamos aquí para las fiestas. Emboscada como tal no la hubo, esa es una vil mentira”.

¿Cómo sucedieron los hechos el 19 de junio?

Alcides apuntó que era un domingo de tianguis en Nochixtlán, donde convergen muchos municipios, pues “es un punto estratégico porque convergen las dos carreteras, la federal y la supercarretera”.

“Aproximadamente a las 7:30 empieza un desalojo por parte de la policía federal, un desalojo fallido. Por la información que se ha recabado nunca llegaron ellos con una advertencia, sobre todo a las personas que en ese momento bloquearon la carretera, la supercarretera porque por la carretera federal sí había paso. Nunca llegaron con un ultimátum, ni les avisaron del desalojo, y así les dieran el tiempo y el espacio para poder retirarse o valorar si se retiraban. No lo hubo”. aseveró.

“El punto donde convergen las dos carreteras hacia el centro de Nochixtlán son aproximadamente 2 kilómetros que separan esos dos lugares. Inicia el enfrentamiento a las 7:30, donde había una minoría de maestros y de padres de familia por ser día domingo. Tenemos información que a las 8:30 empiezan a llegar heridos, a esa hora es cuando tenemos al primer caído por el ataque de la policía federal”, reveló.

“En ese momento se había iniciado en Nochixtlán la voz de auxilio, la voz de alerta para que fueran a ayudar a la gente atacada. Es un pueblo pequeño, donde tenemos amigos o familiares a maestros. Por sentido común, de solidaridad, hasta humano, fuimos a ayudar. Las balas ya llegaban al centro de la población, balas que no llevaban la misma fuerza pero estaban cayendo, entonces fue algo que preocupó, alertó a la ciudadanía. Y al ver que ya teníamos el conocimiento de que había caído un joven, es algo que molestó definitivamente a la población”, refirió.

“Todos fuimos a ayudar de una u otra forma al enfrentamiento, un enfrentamiento totalmente desigual, una masacre, prácticamente un crimen artero ahí”, indicó. 

“Ellos traían armas cortas y largas, y aquí en la población la única defensa que nosotros tuvimos fue con palos, piedras, resorteras, hasta las botellas. Se utilizaba todo con tal de protegerse. Fue una batalla totalmente desigual que inició en el punto en donde convergen las dos carreteras”, precisó.

El saldo fue de 8 muertos, más de cien heridos y dos desaparecidos. Todos los fallecidos son pobladores de Nochixtlán.

Respecto a la reunión del jueves con el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, señaló que “el punto básico es el de la reparación inmediata sobre todo a las víctimas que fueron afectadas el 19 de junio aquí en Asunción Nochixtlán”. 

“La mesa del jueves fue en ese sentido, que se buscaran los canales del gobierno federal para hacer la reparación del daño. Todo a vez que hasta el día de hoy  hubo un acercamiento por parte del gobierno federal con la comunidad de Asunción Nochixtlán y con el magisterio”, apuntó.

El alcalde electo mencionó que hay una “imperiosa necesidad de que se haga una valoración de los daños; que se busque un plan de acción que sea inmediato por parte del gobierno federal, para poder darle atención a esa parte porque no se ha aterrizado, no se ha visto la forma, el cómo, el dónde y el cuándo se va a dar ese proceso (reparación del daño)”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://aristeguinoticias.com/0807/mexico/en-nochixtlan-crimen-artero-alcalde-en-cnn/

Nochixtlán: también la Policía Federal disparó

Fotografías, testimonios y la investigación de la Fiscalía de Oaxaca revelan que no sólo los integrantes de la Gendarmería sacaron armas de grueso calibre durante el pasado desalojo de Nochixtlán. Miembros de la División de Fuerzas Federales también desenfundaron. Este hecho vuelve a evidenciar el desastre de aquel operativo. De hecho, la estrategia gubernamental ante la inconformidad de los maestros es duramente criticada… por los agentes federales.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las investigaciones sobre el enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca, apuntan no sólo a la Gendarmería, el cuerpo creado por iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, sino también a las Fuerzas Federales, la división de la Policía Federal (PF) que desplegó el equipo antimotines y, al igual que la Gendarmería, reforzó con hombres armados el operativo de desalojo del pasado 19 de junio.

Las imágenes que han circulado sobre el enfrentamiento muestran tanto a efectivos de la Gendarmería como de Fuerzas Federales accionando sus armas de cargo. Algunos fueron captados en posición de tiro, otros en acciones armadas de retirada o de ofensiva, como la de los federales que entraron con sus rifles al panteón de la comunidad, donde detuvieron a 18 personas ajenas a los choques entre civiles y la corporación.

Las indagatorias a cargo de la Fiscalía de Oaxaca se han centrado en identificar las armas y calibres que llevaban ambas divisiones de la PF y cuáles fueron accionadas, así como la de los calibres que provocaron la muerte de ocho personas. Los primeros reportes oficiales indican que tres policías federales fueron heridos de bala, calibres .22 y .38.


Al mando de las Fuerzas Federales está el general Salvador Camacho Aguirre, quien de acuerdo con el reglamento de la PF fue el responsable de proponer al comisionado general de la corporación, Enrique Galindo Ceballos, el plan de contingencia para el desalojo de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) asentados en la carretera Oaxaca-Cuacnopalan, en el municipio de Nochixtlán.

De acuerdo con sus facultades, Camacho debió proponerle a Galindo la estrategia y la táctica operativa de restauración del orden, para lo cual cuenta con la Coordinación de Restablecimiento del Orden Público. El mismo reglamento indica que la operación tiene que ser proporcional al hecho en casos de que la población se encuentre en situaciones de alto riesgo por disturbios. Pero enfatiza que las operaciones de restablecimiento del orden y la paz pública se tienen que hacer “con estricto apego a los derechos humanos”.

La Gendarmería también tiene facultades para ejecutar acciones táctico-operativas de disuasión, reacción, contención y restablecimiento del orden. Lo hace a través de la Dirección General de Operaciones Estratégicas y Unidades Especiales. Además, la Gendarmería también debe dar seguridad al libre tránsito de las personas, bienes y servicios.

Pero a la Gendarmería, a cargo de Manelich Castilla Craviotto, y a las Fuerzas Federales, bajo el mando del general Camacho, el operativo se les salió de las manos y recurrieron a la fuerza desproporcionada.

Fuerza desatada

El coordinador de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Alejandro Espriú Guerra, considera que lo ocurrido en Nochixtlán apunta hacia un uso excesivo de la fuerza.

Aunque aclara que la organización autónoma Insyde no valida ninguna versión, porque hasta ahora la información que se conoce es incompleta y confusa, asegura que el Estado mexicano no ha podido demostrar que cuenta con sistemas de control, revisión y, sobre todo, aprendizaje en el uso de la fuerza policial.

“Esto sigue ocurriendo por la falta de controles políticos y jurídicos que no sólo permitan a las propias instituciones policiales reconstruir los hechos, sino también asegurar consecuencias a los responsables al determinar cómo fue la toma de decisión”, dice el internacionalista graduado en Oxford y especializado en seguridad pública y ciudadana.

Asegura que México carece de ese sistema de rendición de cuentas, pero también de sistemas profesionales para que la policía haga un uso proporcional de la fuerza.

Si bien la supervisión operativa es una de las mayores dificultades para las policías en todo el mundo, dice que sí existen sistemas que permiten evaluar si en un operativo hubo un desatino institucional o si un agente o varios se salieron de la orden recibida.

Ante lo ocurrido en Nochixtlán, “la policía sale a decir algo pero no tiene sustentos técnicos para convencer a la opinión pública. El resultado es una desconfianza social muy grande, porque hay un vacío entre la poca normatividad que hay sobre el uso de la fuerza y lo que vemos en las calles”, dice Espriú.

Directo, señala que México ha renunciado de manera directa al cumplimiento de los principios y criterios que se han creado desde los noventa en el ámbito internacional, porque ni ha creado la ley para el uso de la fuerza ni las plataformas de profesionalización y mecanismos para que sus agentes se apropien de lo que implica una reglamentación de esta naturaleza.

El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, de quien depende la PF en la Secretaría de Gobernación, aseguró que la Unidad de Asuntos Internos de la corporación policial investigará lo ocurrido en Nochixtlán.

El especialista de Insyde es, por lo menos, escéptico: “No tenemos certeza respecto de la Unidad de Asuntos Internos. No hay certeza porque ningún externo ha podido verificar la manera en que opera. Una Unidad de Asuntos Internos con los más altos niveles internacionales tendría que contar con autonomía de gestión, de recursos y funcionamiento. En México, no estamos seguros de cómo funciona”.

Subraya que en otros países la información incluso es validada por una supervisión externa a la policía.

Las dudas, desde dentro

Los mandos policiales son cuestionados incluso por elementos que participaron en el fallido desalojo que derivó en acciones de represalia, como la captura y sometimiento durante más de 12 horas de dos policías federales, el 27 de junio, por parte de supuestos integrantes de la CNTE.

Ante la humillación de la que fueron objetos los dos policías, efectivos de la corporación se inconformaron a través de las redes sociales. La noche de ese día, en un mensaje anónimo en la plataforma de Facebook, escribieron: “¿Dónde están aquí los mandos. Qué esperan para rescatar a los compañeros? ¿Dónde está (el comisionado general) Galindo, (el comisario de la Coordinación de Reacción Inmediata, José Luis Enrique) Cobián (López), y el de Gendarmería (Castilla Craviotto)?… Esperan para que los dejen humillar”, escribieron en el muro titulado El Bunnker.

El mismo día de los enfrentamientos en Nochixtlán, los propios elementos antimotines quedaron desprotegidos y en su retirada en dirección a la ciudad de Oaxaca lanzaron gases lacrimógenos a casas habitacionales. A las seis de la tarde del 19 de junio, cuando intentaron llegar a Oaxaca, un grupo de federales, sin armas antimotines, tuvo que ser auxiliado desde el aire para que pudieran avanzar.

De acuerdo con el relato de testigos que presenciaron el repliegue policial, en la localidad Hacienda Blanca, un grupo de agentes se abrió paso auxiliado por un helicóptero que lanzaba gases sobre el camino, mientras un civil lanzaba cohetones con dirección al helicóptero. En las calles no sólo había profesores. También muchos pobladores.

Los policías se resguardaron parcialmente en una finca, mientras tres civiles les lanzaron piedras. La PF respondió con gases desde el aire. Intentaban ingresar a la capital del estado, después del frustrado intento de desalojo en Nochixtlán.

Para incursionar en Hacienda Blanca, lanzaron gases a zonas habitacionales y pudieron abrirse paso entre las barricadas instaladas por los profesores y simpatizantes, quienes se replegaron ante las bombas lacrimógenas. Los policías avanzaron así hacia el crucero de Trinidad de Viguera, una de las entradas que conecta la ciudad de Oaxaca con la Ciudad de México.

Esa misma noche, un contingente de federales ingresó a la ciudad ante los atónitos pobladores. Durante unos 10 minutos desfiló un largo convoy de camionetas, camiones y motocicletas de la Policía Federal. Ya no los escoltaban desde el aire.

Hacienda Blanca es el mismo lugar en el que integrantes del magisterio disidente instalaron un retén el 14 de junio. Ese día mantuvieron retenidos algunos vehículos pertenecientes a empresas comerciales.

También retuvieron un camión de la PF que transportaba a cinco agentes, quienes llevaban uniformes y equipo antimotines a sus compañeros apostados en otras zonas de bloqueos. Los disidentes se apoderaron del equipo, lo arrojaron al asfalto y le prendieron fuego, en una acción que, dijeron, forman parte del reclamo a las autoridades por la detención de los líderes de la CNTE, acusados de lavado de dinero.

En Oaxaca, la PF se ha enfrentado también a su propia realidad: elementos inconformes por falta del pago suplementario.

Desde que fueron desplegados en Oaxaca (junio del año pasado), los policías de las tres divisiones de la PF apostados en el lugar denunciaron las condiciones precarias en que laboran: carencia de comida o bien alimentos en condiciones insalubres, así como falta de pago.

Incluso el 27 de julio de 2015 efectivos de las Fuerzas Federales estuvieron a punto de irse a la huelga: “No se nos ha depositado el bono por operatividad, el cual debió entregarse el día 21 o a más tardar el 23 de este mes. De ello está enterado el comisario general Salvador Camacho Aguirre. Sin embargo, no le importa si nosotros tenemos o no necesidad de disponer de este recurso que ya nos hemos ganado. Estamos decayendo anímicamente”, señalaron en comunicaciones internas, de las cuales tiene copia Proceso.

Argumentaban: “En Oaxaca nos estamos dando en la madre defendiendo intereses políticos igual que lo hacemos en estados conflictivos como Michoacán, Guerrero y Chiapas. Sin hacer de menos las demás ciudades (sic), éstas son las de mayor incidencia delictiva política y social, en donde resguardamos las instalaciones de los maestros, quienes ya están planeando cómo partirle la madre a nuestros compañeros”.

En esa ocasión, el llamado era un exhorto para realizar una huelga en cada uno de sus servicios. Nunca pararon.

En otro documento fechado el día 30 de ese mes, inquirían de nuevo a Camacho Aguirre: “¿Y la operatividad cuándo?, ya que dicho pago no ha sido pagado por la CNS”.

En el documento hacen referencia a tres “vertientes” por las que no se ha realizado el pago de operatividad.

“La primera apunta a que no se ha solicitado dicho pago por parte de los enlaces de la División; la otra es que, al parecer, el director general de Recursos Humanos estaba ‘robando’ el bono que fue aportado incluso por parte del gobierno de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el cual constaba de 7,000.00 pesos; la última vertiente indica que el personal de la Secretaría General no está de acuerdo con el pago de este bono a federales, ya que ellos no lo reciben, por lo que solicitaron una retabulación para que también se les otorgue.”

Los agentes le dicen a Camacho que no entienden por qué, a pesar de que son Fuerzas Federales –la columna vertebral de la PF–, son los más castigados y menospreciados. Le recuerden que son el grupo que más enfrentamientos ha tenido, más aseguramientos de drogas y de presuntos narcotraficantes, entre ellos algunos de los más buscados.

Le dicen que si compara sus resultados con los de otras divisiones se dará cuenta de que la mayor parte del trabajo “sucio” lo realiza “Fuerzitas”, como son conocidos por otras áreas de la CNS.

“Señor jefe de división, ya es hora de que seamos tratados como se debe, ya es justo que sea reconocido nuestro trabajo, la razón por la que no pagan la operatividad y el bono no es cuestión nuestra ni suya, pero recuerde que en nuestras manos está la seguridad de todo el país. Recuerde que hay compañeros durmiendo en lugares inapropiados en los estados donde el conflicto magisterial ha causado estragos, donde las elecciones no dan el resultado que el pueblo espera.

“Aun así, los compañeros de Fuerzas Federales están al pie del cañón aguantando hambre, sueño, mal comidos, y encima están con la zozobra ante la espera de que sea pagada la operatividad y el bono que usted prometió y que los gobernadores de los estados ya entregaron a la CNS.

“Sabemos que este mensaje va a llegar a usted, sabemos que hay un oficio donde tratan de coartar nuestra libertad de expresión diciendo que estas prácticas –circular documentos de inconformidad a través de grupos de Whatsapp– están prohibidas, y sí, lo son, siempre y cuando se revele información que ponga en riesgo la seguridad nacional o vulnere la vida privada de algún particular, pero no para expresar lo que pensamos y sentimos, recuerde que ante todo somos ciudadanos mexicanos con los mismos derechos y garantías que otorga la carta magna.”

Le recuerdan, eso sí, que el personal de esa división le reitera su subordinación y respeto tanto a él como al entonces titular de la CNS, Monte Alejandro Rubido García.

Más tarde se enteraron de que Enrique Galindo Ceballos emitió un oficio en el que pide que se comunique a todo el personal de la PF perteneciente a la División de Fuerzas Federales que, “en relación con el oficio PF/DFF/CRAI/DGUAOC/7263, se haga del conocimiento que con fecha 1 de julio (de ese 2015) deja de existir el bono de riesgo de trabajo denominado Operatividad, con fundamento en los artículos 112, 114 y 117 Fracciones III, IV y VIII del reglamento de la Policía Federal, hasta nueva orden”.

Ello a pesar de que ese bono era para solventar gastos como lavandería, aseo personal y del armamento, además de alimentos.­

FUENTE: PROCESO
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y OATRICIA DÁVILA
LINK: http://www.proceso.com.mx/446216/nochixtlan-la-policia-federal-disparo