Norma, presa y torturada casi hasta la muerte, por acusación falsa de militares

Norma Mendoza López fue la primera mujer mexicana certificada por el Protocolo de Estambul, en 2012. Se confirmó que la mujer sufrió tortura en una prisión en Nuevo Laredo, donde fue encerrada después de que el Ejército Mexicano la acusó de un falso delito.

Durante su estancia en el penal padeció en carne propia la maldad de integrantes de Los Zetas, y palpó la complicidad de las autoridades con los cárteles del narcotráfico, además de la ineficiencia y negligencia del gobierno federal para defender a las víctimas del crimen organizado.

Fabrican delitos a corresponsal de La Jornada en Mexicali

Mexicali, BC. La Procuraduría General de justicia de Baja California armó seis expedientes por el delito de fraude en contra del periodista Antonio Heras, corresponsal de La Jornada, bajo el supuesto de ser propietario de una empresa importadora de vehículos en la frontera con Estados Unidos que ha afectado a varios clientes.

Se trata de un montaje burdo e infame, una fabricación de delitos, ya que nada tengo que ver con alguna empresa comercial pues mi única actividad es la periodística, eso lo sabe hasta Hacienda, señaló el reportero.

Heras es uno de los firmantes de una carta pública de las campañas negras que realiza el gobierno de Baja California en la que se denunció el acoso y hostigamiento de las periodistas Adela Navarro, codirectora del semanario Zeta, y Dora Elena Cortez, directora de la Agencia Fronteriza de Noticias.

Periodistas y medios de comunicación denunciaron que el coordinador de Imagen y Publicidad del gobierno estatal, Jorge Alberto Cornejo Manzo, instrumenta actos de presión al condicionar los contenidos editoriales, a través de la compra de publicidad institucional, además de vetar a

periodistas y diseñar campañas de desprestigio contra comunicadores.

Incluso, el propio Heras Sánchez fue víctima de la presión de Cornejo Manzo al condicionar el otorgamiento de la publicidad institucional del gobierno de Kiko Vega con la salida del reportero de un proyecto editorial de una cadena de radio nacional.

En este caso, Heras dijo desconocer a los supuestos ofendidos ni la persona que comercializó los vehículos pero en la investigación aparece como el responsable de fraude.

En las carpetas de investigación se detalla que un hombre identificado como Francisco Javier Sánchez advirtió a los supuestos compradores que si querían demandar lo hicieran a Antonio Heras Sánchez, propietario del negocio, porque él solo era el vendedor en el establecimiento.

Existen seis carpetas de investigación sobre este delito a partir del dicho de un hombre que desde la empresa JM Importaciones cobró las importaciones vehiculares de Estados Unidos a Mexicali, de acuerdo a las averiguaciones ministeriales contenidas entre otros en el Número Único de Caso 2016/17800.

Trascendió que los agentes ministeriales vigilaban las casas de los hijos del periodista ya que tiene esos domicilios en los padrones vehiculares, licencias de conducir y registro electoral con la intención de detenerlo para presentarlo ante la Agencia del Ministerio Público de Delitos contra el Patrimonio, la Sociedad, el Estado y la Administración de Justicia.

La organización Articulo 19, dijo el periodista, asumió la defensa jurídica de esta infamia que solo busca el descrédito por el ejercicio libre del periodismo, “una labor que realizo desde hace más de tres décadas”.

El Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con sede en Mexicali, otorgó una suspensión temporal en juicio de amparo 674/2016.

Fuente: La Jornada

Autor: Redacción

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/03/fabrican-delitos-a-corresponsal-de-la-jornada-en-mexicali

Estudiante del IPN presa injustamente por supuesto robo a tienda de autoservicio

Ciudad de México.- Una estudiante de UPIICSA del Instituto Politécnico Nacional se encuentra detenida de manera injusta en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, CDMX por supuesta acusación de robo a una tienda de autoservicio llamado OXXO.

Esta tienda no ha entregado los videos, los empleados no reconocen a Natalia Lozano Pérez como asaltante, y tampoco han ratificado la denuncia, además no se le permitió realizar la llamada que por derecho corresponde. Son algunas de las irregulares de esta detención arbitraria.

Se ha documentado ampliamente el negocio e impunidad que representa para las tiendas extranjeras como Oxxo, Walmart, Aurrera, etc, en información de la página de El Pueblo, Medio Independiente, que ha seguido este caso. Esta empresa ligada a grupo FEMSA, fabrica delitos contra personas inocentes, siempre con la misma línea de mentira e impunidad solapada por las autoridades, argumentan.

Es importante señalar que Natalia, a punto de concluir su licenciatura en el IPN, también realiza actividades comunitarias y talleres juveniles en el Instituto de la Juventud INJUVE en la Ciudad de México, además de contar con trabajo fijo, por lo cual, además de obtener ingresos, es totalmente absurda la acusación.

Esta detención forma parte de la criminalización en contra de la juventud en nuestro país, y de manera remarcada en la Ciudad de México, donde las autoridades llenan los reclusiorios y penales de jóvenes inocentes.

Además la página de este medio alternativo, hace el llamado a la solidaridad y difusión de este video con el testimonio de familiares y amigos.

Mencionan que es muy importante, ya que en pocos días las autoridades de los tribunales se irán de vacaciones por varias semanas y se corre el riesgo de que Natalia deba permanecer detenida de manera injusta aun por más días.

Mensaje de sus familiares:

La madrugada el domingo 29 de noviembre del 2015 3 am mi hermana NATALIA LOZANO PÉREZ de 23 años de edad, estudiante de la escuela superior Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) perteneciente al Instituto Politécnico Nacional.

Fue detenida injustamente por policías auxiliares del D.F, en una tienda de conveniencia (oxxo) acusada de robo.

Esto es lo que relata Natalia:

El pasado 28 de noviembre me encontraba con mis compañeros del INJUVE en una fiesta en la calle 20 de Noviembre en el Centro de la Ciudad cuando, aproximadamente a las tres de la madrugada del 29, salí con una amiga por unos cigarros y tres latas al 7 eleven que está sobre la misma calle pero había unos sujetos con actitud agresiva y decidimos retirarnos del lugar e ir al OXXO que está en Izazaga e Isabel la Católica. mi amiga se quedó en la esquina hablando por teléfono mientas yo seguí hacia la tienda, al llegar vi una persona levantando vidrios y le pregunte si había servicio a lo que contestó: “soy la dueña, pásate”, pedí unos cigarros y la mujer sólo decía groserías e insultaba por lo que pensé que era la encargada y por ello hacia eso. Me dirigí a tomar lo que quería y pregunté cuánto debía.

En ese momento me percato de que la mujer decía incoherencias, le pido que se calme y que me cobre, cuando de pronto llega una patrulla y salen los empleados de la bodega quienes le dicen a los policías que la supuesta dueña es quien rompió el vidrio, me ordenan que deje todo en el mostrador y es entonces cuando me doy cuenta de que no se trataba de la encargada y les explico que solo quería comprar y que el dinero estaba en el mostrador, los policías me detienen y me dicen que tengo que ir a la delegación y yo , pensando que me llevaban como testigo, accedo pero de pronto me dicen que estoy acusada de robo en complicidad con la “mujer encargada” y me llevaron detenida pese a que les dije que no conocía a esa mujer, que nunca antes la había visto. Ya no supe qué pasó y mi amiga por consecuencia ya no me encontró.

Actualmente mi hermana se encuentra detenida en Santa Marta. Mi familia y yo estamos desesperados ante esta injusticia, pedimos por este medio el apoyo moral para con Natalia quien es una buena estudiante y ciudadana. ¡ESTAMOS DESESPERADOS Y NO SABEMOS QUE HACER !

*Con información de El Pueblo, Medio Independiente

Caso Wallace: absurdos jurídicos, violaciones al debido proceso, torturas…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A diferencia de la mayoría de los familiares de desaparecidos que se niegan a aceptar la muerte de la víctima hasta no ver el cuerpo o tener pruebas científicas irrefutables del fallecimiento, la empresaria Isabel Miranda de Wallace “es la única persona que se niega a aceptar que su hijo esté vivo, y que grita para hacernos creer que su propio hijo fue descuartizado”, según David Bertet, presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho a la Verdad.

Este hecho forma parte del sinnúmero de absurdos jurídicos y de sentido común, así como de violaciones al debido proceso que plagan el caso del supuesto secuestro y asesinato del hijo de la actual presidenta de la organización Alto al Secuestro la noche del 11 al 12 de julio de 2005, muchas de las cuales fueron documentadas por Proceso en los últimos años.

Seis personas –Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, Cesar Freyre Morales, así como Alberto y Tony Castillo– se encuentran en la cárcel por este caso y todos claman su inocencia.

Su defensa afirma que no existen pruebas en su contra, sino declaraciones autoincriminatorias las cuales, además de ser contradictorias entre sí, fueron arrancadas bajo tortura. El cuerpo de la supuesta víctima nunca apareció, y nuevos elementos salieron con el tiempo, los cuales enturbiaron la versión de Miranda de Wallace.

La organización canadiense lleva años investigando el llamado “Caso Wallace” –defiende de manera benévola a Quevedo Cruz– y aprovechó que el pasado lunes 11 se conmemorara el onceavo aniversario del supuesto plagio para recordar que la historia del secuestro, tal y como la presenta Miranda de Wallace “nunca ocurrió”; afirmó que fue una “gran mentira” fabricada por la propia empresaria en contubernio con funcionarios federales.

La empresaria tomó como prueba de la muerte de su hijo el dictamen de una autopsia “surrealista”, la cual “nunca sucedió ni pudo suceder ya que precisamente no se encontró ningún cuerpo”, según la organización canadiense.

La perito Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), certificó el 8 de noviembre de 2013 que Hugo Alberto Wallace Miranda falleció el 12 de julio de 2005 a las 0:00 horas por “insuficiencia respiratoria aguda, asfixia mecánica por estrangulación, asfixia mecánica por compresión abdominal”.

Además de que la perito no pudo analizar el cuerpo para corroborar con tantos detalles de cómo murió el hijo de la empresaria, Bertet señaló que “Hugo Alberto Wallace Miranda” ni siquiera existe como persona legal.

En mayo de 2014 salió a la luz que el hijo de Isabel Miranda de Wallace contaba con dos actas de nacimiento, emitidas en 1970 y 1975, en los que aparece con dos apellidos y padres distintos, pero con la misma fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1969.

En la primera, fue registrado con el nombre de Hugo Alberto Miranda Torres y Jacinto Miranda aparece como su padre. En la segunda, aparece con el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda y José Enrique Wallace Díaz firma como su padre.

La PGR nunca profundizó varias de las líneas de investigación que ponían en duda incluso la muerte del hijo de la empresaria. Entre ellas: el uso de la tarjeta de crédito perteneciente a Hugo Alberto Wallace Miranda el 20 de julio de 2005 en un centro comercial de Perisur o, bien, una llamada a su línea celular el 1 de noviembre de 2005.

Asimismo, la primera acta de nacimiento fue utilizada el 24 de febrero de 2010 para tramitar una Cédula Única de Registro de Población (CURP) ante las autoridades capitalinas, esto es, cuatro años y medio después de que Hugo supuestamente murió descuartizado.

“Evidencias físicas”

Junto con el acta de defunción, Miranda de Wallace mencionó seis supuestas evidencias físicas, las cuales convalidarían su versión de lo sucedido.

Según la empresaria, su hijo fue secuestrado en el departamento de Juana Hilda Lomelí por un grupo dirigido por César Freyre. Todavía según esta versión, falleció en la madrugada del 12 de julio de 2015 de una golpiza; sus agresores descuartizaron el cuerpo en el baño con una sierra eléctrica –comprada horas antes en un Walmart– y arrojaron sus restos al azar.

Sin embargo, la defensa sostiene que el baño colinda con el cubo de luz del edificio; nadie escuchó el motor de la sierra eléctrica que supuestamente fue utilizada a las 8 de la mañana. El 13 de julio, peritos de la SIEDO, ahora SEIDO, ingresaron a la vivienda y no encontraron rasgos de sangre. Salieron del departamento, dejando la puerta abierta durante dos semanas.

En octubre de 2005, el departamento fue rentado a un particular sin que las autoridades opusieran resistencia. El particular lo abandonó cuatro meses más tarde por teléfono, sin entregar las llaves a los dueños, según señaló la organización.

No fue sino hasta febrero de 2006 que la PGR ingresó de nuevo en el departamento, donde supuestamente encontró una gota de sangre y la licencia para manejar del hijo de Miranda de Wallace.

Si bien el ADN salió compatible con los perfiles genéticos de Isabel Miranda y Enrique Wallace, éste estaba conformado por dos cromosomas XX, lo que corresponde a una mujer. La perito que analizó la gota de sangre aseveró que se trató de un error de dedo.

La organización canadiense denunció que no pudo hacer su propio peritaje, ya que las autoridades sostuvieron que la muestra sólo contenía lo suficiente de ADN para realizar un único análisis.

Por otra parte, la licencia de conducir había vencido el 9 de enero de 2005. No era el documento que utilizaba Hugo, ya que renovó su credencial ese mismo mes.

Según Bertet la empresaria incluso mintió ante la justicia estadunidense, al aseverar que su hijo no tenía ningún antecedente penal.

A raíz de una petición emitida en 2008 por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, que analizaba la petición para la extradición de Quevedo, la Agencia Federal de Investigación mandó una copia de la causa penal 196/2001, en la que se señaló a Hugo “penalmente responsable en la comisión del delito de contrabando, condenándolo a tres meses de prisión”.

Declaraciones contradictorias

La historia del caso, según la relata Isabel Miranda de Wallace, se articula alrededor de la declaración magisterial de Juana Hilda Lomelí, rendida en febrero de 2006. Dos meses más tarde, la misma declaró que desconocía tal declaración, ya que se elaboró en ausencia de su abogado y bajo presiones de los agentes ministeriales.

En 2010, la declaración de Lomelí fue complementada por la de Jacobo Tagle Dobín, quién salió positivo a los exámenes del protocolo de Estambul –que detectan el uso de tortura—y de César Freyre Morales. Éste también afirmó que fue torturado. La organización denunció que videos de estas declaraciones fueron “filtrados” a los medios para sostener la historia del secuestro.

Bertet aseveró que de por sí los actos de tortura que sufrieron los involucrados bastarían para liberarlos inmediatamente. Sin embargo señaló que las propias contradicciones entre las declaraciones las invalidan. En mayo de 2014, la organización canadiense elaboró un amplio documento en el que evidenció estas contradicciones tanto sobre fechas, lugares y horas como en elementos de fondo del caso como la propia arma.

Según éste, las declaraciones no concuerdan sobre el motivo que empujó la banda a perpetrar el secuestro. En su declaración, César Freyre afirmó que él mismo planeó el secuestro por razones de negocio. Según Jacobo, César planeó el delito para vengarse de Hugo, después de que éste hablara mal de él. Y según Juana Hilda, el plagio fue ideado por Jacobo, quien conocía la fortuna de la familia de Hugo.

Lo que ocurrió en el departamento también varía según las declaraciones. Jacobo afirmó que al entrar en la vivienda, acompañado por Juana Hilda, Hugo fue encañonado por César con una pistola modelo Glock. Ni Juana Hilda ni César evocaron la presencia de armas. Jacobo afirmó que subieron el volumen de la televisión; César dijo que nunca estuvo prendida. El fallecimiento tampoco quedó esclarecido: varían las versiones sobre cómo César golpeó a Hugo hasta provocarle la muerte.

Las declaraciones no concuerdan sobre el aparato que supuestamente fue utilizado para sacar una fotografía de Hugo: César dice que fue una cámara; Jacobo y Juana Hilda afirman que fue el celular de Brenda.

Posteriormente, un grupo hubiera salido a comprar la herramienta necesaria a la sórdida labor de descuartizamiento del cuerpo. Ahí, de nuevo, las versiones difieren: César, quien supuestamente fue al Walmart, no pudo recordar si se trataba de una sierra eléctrica o a gasolina. Juana Hilda afirmó que utilizaron un “serrucho”.

Y César, el presunto autor intelectual del secuestro y del descuartizamiento del cuerpo, declaró que no sabía dónde había terminado la sierra. “Esa ignorancia de un hecho tan básico –el cómo desaparecer el arma de un crimen—resulta hasta risible”, sostuvo la organización canadiense.

La familia Wallace afirmó que un niño atestiguó cuando Jacobo, Brenda y César salieron a comprar la sierra eléctrica, entre las 2 y las 4 de la mañana. El mismo niño, quien supuestamente relató la historia a Isabel Miranda de Wallace, también vio cuando bajaban “a un hombre herido y sangrando” por las escaleras.

La organización canadiense observó que según las declaraciones y los momentos, el niño se hubiera quedado en la entrada del edificio durante extensas horas de la madrugada, “lo cual agrega al carácter totalmente inverosímil de la supuesta presencia del niño e invalida cualquier supuesto testimonio rendido por este niño”.

Cárcel y amenazas

El vasco Luis Miguel Ipiña Doña, exmilitante de la organización separatista Patria Vasca y Libertad (ETA), lleva años denunciando los absurdos encontrados en el “Caso Wallace”. Hasta mayo de 2011, documentaba sus hallazgos en una página de Internet, pero el 20 de ese mes fue detenido mientras salía de su casa de Ecatepec y encarcelado durante un año, cinco meses y diez días.

Las autoridades afirmaron que el vasco se dedicaba al tráfico de armas; sin embargo, detrás de las rejas de Chiconautla, Estado de México, se percató que el sitio había desaparecido de la red, y durante su encarcelamiento, un custodio le advirtió: “Usted se metió con la Wallace…”.

La organización canadiense realizó un respaldo de parte del trabajo de Ipiña Doña, y continuó con la investigación, asumiendo la defensa de Brenda Quevedo Cruz. Después de la publicación de la segunda acta de nacimiento de Hugo, Bertet se enteró que la fiscalía anticorrupción tenía abierta una averiguación previa en su contra.

En 2014, Bertet interpuso una denuncia contra Miranda de Wallace por la supuesta fabricación de pruebas y mentiras, mientras su organización pidió que se conformara una comisión independiente para investigar el caso, que no fuera integrada por la PGR.

“Complicidad de eminentes funcionarios”

El pasado 8 de noviembre, la organización canadiense mandó una carta al “zar” antisecuestro Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, en la que le recordó que el caso Wallace fue fabricado “con la complicidad de eminentes funcionarios del Estado mexicano, en particular relacionados con la Procuraduría General de la República”.

En esa carta, la organización resaltó que gracias a sus amistades en el gobierno de Felipe Calderón, Miranda de Wallace consiguió el ingreso libre a los penales o a la sede de la SEIDO, donde asistió e incluso participó a los interrogatorios. Por lo anterior, la organización sostuvo que la empresaria “debería encontrarse actualmente por lo menos procesada por los delitos ya señalados”.

Fuente: Proceso

Autor: Mathieu Tourliere

http://www.proceso.com.mx/447095/caso-wallace-absurdos-juridicos-violaciones-al-debido-proceso-torturas

Trasladan a Rubén Núñez a penal de Miahuatlán, Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- El secretario General de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), Rubén Núñez Ginez, fue trasladado durante la madrugada de este martes del penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora, al Centro Federal de Readaptación Social de Mengolí Miahuatlán, Oaxaca, para continuar su proceso judicial, confirmó la integrante de la Comisión Política, Isabel García Velasco.

Resaltó que los familiares del líder magisterial, detenido el pasado 12 de junio en el municipio de Ecatepec, estado de México, en cumplimiento a órdenes de aprehensión libradas por el Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México por la presunta responsabilidad del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se enteraron del traslado por la trabajadora social del penal de Miahuatlán.

Y adelantó que se está en espera del traslado de los otros tres dirigentes magisteriales, Francisco Villalobos, secretario de Organización; Aciel Sibaja, tesorero y Heriberto Magariño, para que se acate la resolución judicial ganada en los tribunales.

Trascendió que Núnez Ginez arribó a esta capital en un jet 60 matricula MX-UUP procedente de Hermosillo, Sonora, al aeropuerto de Oaxaca y de ahí fue trasladado al CEFERESO de Miahuatlán.

“No es concesión política”

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección 22, Jerónimo Martínez Ambrosio, aclaró que el traslado de los dirigentes magisteriales no es una concesión política o señal de buena voluntad gubernamental, es resultado de una resolución judicial que ganaron ante tribunales.

Su afirmación la soporta en que se evidenció que se violaron sus derechos humanos, hubo irregularidades en el debido proceso, parcialidad en la actuación de los supuestos delitos cometidos y enviarlo a una jurisdicción que no le correspondía.

Cabe resaltar que el traslado de Núñez Ginez se da horas después de que en la Secretaría de Gobernación se acordó con la CNTE instalar tres mesas de trabajo: La política para el 13 de julio; la educativa para el 19 de julio y la de carácter social para el 21 de julio.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que Núñez Ginez es acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales ascienden a 24 millones de pesos, mientras que Francisco Villalobos se considera probable responsable del delito de robo agravado en el año 2015 y que consiste en el robo de libros de texto gratuito.

Con esa detención suman 13 los maestros de la Sección 22 detenidos por diversos delitos y una de las principales demandas magisteriales la libertad de sus “presos políticos”, entre ellos los dirigentes Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos.

Fuente: Proceso

Autores: Pedro Matías y Arturo Rodríguez

http://www.proceso.com.mx/446994/trasladan-a-ruben-nunez-a-penal-miahuatlan-oaxaca

Reporte echa por tierra investigación sobre el caso Wallace

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de los procesados por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, así como miembros de una organización internacional defensora de los derechos humanos, presentaron este día pruebas que, sostuvieron, echan por tierra la investigación sobre el caso del hijo de Isabel Miranda de Wallace.

Esta última, en febrero de 2006, encabezó la búsqueda de los plagiarios y asesinos de su hijo Hugo Alberto, y para ello colocó espectaculares en las avenidas más importantes de la capital con las fotos de los hoy procesados, en las que ofrecía 250 mil pesos de recompensa a quien le diera información sobre los criminales.

Al encabezar la lucha por dar con el paradero de su hijo, secuestrado un año antes, Isabel Miranda de Wallace se ganó el respeto de los mexicanos. Incluso periódicos y programas de radio y televisión exaltaron su lucha y su coraje por encontrar una justicia, que, según ella, le era negada por las autoridades del país.

No obstante, desde esa fecha, comunicadores y especialistas han calificado como una “gran mentira” el caso Wallace y la lucha que encabeza la exaspirante panista a la jefatura de gobierno local.

Este lunes, en rueda de prensa, integrantes de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), familiares de los inculpados y abogados presentaron un análisis contundente del caso, en el que se evidencian declaraciones de los supuestos plagiarios obtenidas bajo tortura y la semblanza de las pruebas que presentó Wallace en la “fabricación del secuestro, el cual ni siquiera tiene existencia legal”.

La ONG canadiense destaca, en un reporte de 30 páginas, que la única prueba pericial de que Hugo Alberto fue descuartizado en el departamento de Juana Hilda Lomelí es una gota de sangre que se encontró en el lugar, cuyo ADN corresponde al sexo femenino, es decir, al de la madre de la supuesta víctima o al de su media hermana, Claudia Wallace.

La evidencia fue hallada ocho meses después en el departamento de uno de los presuntos plagiarios que no fue asegurado por las autoridades, pese a que se investigaba un homicidio, reseñó el portal informativo sin embargo.mx.

También se resalta en el informe que Isabel Miranda también mintió con respecto a la paternidad de su hijo, pues asegura que contrajo matrimonio a los 18 años con su actual esposo y padre de sus hijos, Enrique del Socorro Wallace Díaz, cuando éste tenía 31 años, en 1968. Sin embargo, el acta de matrimonio tiene fecha de 1978, cuando ella tenía 27 años, apenas tres años después de que el empresario se había divorciado de su primera esposa.

De esta forma, Enrique Wallace sostuvo una relación extramarital con Isabel Miranda Torres durante un año, fruto de la cual nació, en 1968, Hugo Alberto.

El documento también indica que una persona identificada como Hugo Alberto Miranda Torres tramitó un juicio ante una Corte en 2010, un lustro después del homicidio del hijo de la activista.

En la conferencia de hoy también participó Daphne, hija de Juana Hilda Lomelí, quien fue detenida el 10 de enero de 2006 por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto.

La joven denunció que a su madre, como los otros seis acusados, no se les hizo un proceso jurídico legal.

Luis Castillo, tío de Tony y Alberto Castillo, dijo que ambos fueron interceptados por gente de Isabel Miranda que lo amedrentaron y le dijeron “más te valía meterte con el hijo del presidente que con el mío”.

También declaró que los jóvenes fueron torturados por agentes de la extinta AFI con el fin de que se declararan culpables. Tiempo después, ya presos, se enteraron de que eran acusados de secuestro y homicidio y fue cuando Isabel inició su campaña mediática.

“La señora Wallace se acercó a mi hijo (Jael Malagón Uscanga) solicitándole que inculpara a César (Freyre Morales) prometiéndole la libertad y cambio de identidad”, dijo Elena Uscaganda, madre del afectado.

“La señora Wallace recibió todo el apoyo de la SEIDO, y otras autoridades facilitaron la intromisión en el proceso”, refirió.

Los especialistas refirieron que la organización de Wallace, Alto al Secuestro, no sólo se dedica a fabricar culpables, también engaña a la opinión pública.

Es por ello que la ONG canadiense pidió a las autoridades mexicanas la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin, acusados del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, quien actualmente tendría 47 años.

Por último, exigió la revisión de los juicios contra Juana Hilda Lomelí, César Freyre Morales, Tony y Alberto Castillo, y Jael Malagón Uscanga.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/446961/reporte-echa-tierra-investigacion-caso-wallace

Otros 24 líderes de CNTE con orden de captura: PGR

Ciudad de México. La Procuraduría General de la República (PGR) busca al menos a otros 24 líderes e integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca, quienes enfrentan órdenes de aprehensión por los mismos hechos que se imputan a Rubén Núñez, secretario general de esa sección, detenido por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero.

Gilberto Higuera, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR informó este lunes en una entrevista radiofónica que aún están pendientes de cumplimiento unas 24 órdenes de captura.

El funcionario precisó que ya fueron detenidos siete dirigentes de la CNTE, incluido el secretario de finanzas y el tesorero.

Higuera negó que se trata de presos políticos, y añadió la imputación “tiene que ver con el manejo, la distribución y transferencia de recursos con el propósito de ocultar su origen".

Ayer, durante la lectura de un comunicado de prensa, el mismo funcionario explicó que la CNTE lograba convenios para la adquisición y prestación de diversos servicios para sus agremiados a cambio de un porcentaje, a modo de comisión; luego se hacían transferencias a las cuentas de la organización sindical que administran tanto el líder como el secretario de finanzas, con la participación de otras personas".

Higuera precisó que hasta ahora se sabe de tres empresas que realizaban las transferencias a la organización sindical magisterial.

“En la indagatoria realizada se acreditó que los recursos económicos fueron adquiridos por el aprehendido como derivación de la celebración de convenios ilícitos”, refiere el comunicado leído por Higuera.

“La investigación permitió comprobar que, al amparo de diversos convenios suscritos por la Sección XXII del Sindicato con algunas empresas, éstas entregaron al imputado, de manera directa, indirecta o por interpósitas personas, una comisión quincenal del 3.5 por ciento, calculado sobre la cobranza de la quincena respectiva, por las ventas y/o servicios que proporcionaban a sus agremiados, a sus representados, a los cuáles, a su vez, se les descontaba el pago de los bienes, productos o servicios adquiridos a través de la nómina que se administraba cuando la Sección XXII aún controlaba el Instituto de Educación Pública de Oaxaca”, añadió.

El monto de las operaciones con recursos de procedencia ilícita que hasta ahora se ha acreditado que fueron adquiridos y administrados por el inculpado, asciende a más de 24 millones de pesos, como resultado de los depósitos que las empresas involucradas hicieron en el período comprendido de 2013 a 2015, en cumplimiento a los citados convenios.

“En este esquema, de acuerdo con los resultados de la investigación, las empresas transferían al líder sindical y otros integrantes de la organización gremial, los montos de la comisión ilegalmente pactada con la Sección XXII (3.5 por ciento) y éstos a su vez distraían esos recursos, mediante cheques o transferencias, para beneficio propio y para financiar las movilizaciones magisteriales”, refirió.

Se trata de una estrategia de estratificación y concentración de recursos, tanto por parte de las empresas involucradas, como de la organización sindical, para evadir los controles de blanqueo de activos que establece la ley de la materia, con el claro fin de impedir el conocimiento de tales cuentas y recursos así como el origen, propietarios y destino final de las mismas.

“En suma, el aprehendido, con conocimiento de su procedencia ilícita, adquirió, administró y aprovechó recursos económicos provenientes de adquisiciones y servicios erogados por sus propios agremiados, al amparo de convenios ilícitos, en beneficio propio y para el uso de sus actividades de movilización, utilizando las cuentas de la Sección 22 del SNTE.

“Es conveniente mencionar que la ley prohíbe que la Sección XXII suscriba ese tipo de convenios, dado el carácter eminentemente lucrativo de dichos acuerdos, de conformidad con los artículos 378 de la Ley Federal del Trabajo y 79 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que prohíben a los sindicatos ejercer la función o profesión de comerciantes, con ánimo o fines de lucro.

“Al respecto cabe destacar que los sindicatos gozan de un régimen tributario de excepción, precisamente por el impedimento legal para realizar actividades lucrativas. Por tanto, solo pueden recibir recursos que provengan de una fuente lícita, lo que en el caso se transgredió.

“Esa pertinente destacar que, respecto a los mismos hechos, hace algunas semanas fue aprehendido el Secretario de Finanzas de la misma organización sindical, a quien el 22 de abril de este año fue dictado el auto de formal prisión respectivo por la autoridad Judicial competente. Ambos, internados en centros federales de readaptación social, a disposición del juez que instruye la causa penal.

“Asimismo, la Procuraduría General de la República informa que continúa investigando la posible obtención ilícita de más recursos por los hasta ahora aprehendidos, que asciende a más de 132 millones de pesos; así como la probable participación de otras personas en los hechos referidos, además de la probable comisión de otros ilícitos”, dijo ayer Higuera.

Fuente: La Jornada

Autor: Alfredo Méndez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/13/pendientes-aun-24-ordenes-de-captura-de-lideres-de-cnte-pgr

Detención de líder de la CNTE, por "robo agravado": PGR

Ciudad de México. La Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer que con el apoyo de elementos de la Policía Federal, cumplimentó el día de hoy una orden de aprehensión en contra del secretario de organización de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Francisco Manuel Villalobos Ricardez.

Dirigentes de la CNTE condenan detención del secretario de la sección 22

Ciudad de México. Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) condenaron la detención del secretario de organización de la Sección 22 de Oaxaca, Francisco Villalobos, acción que calificaron como una “desaparición forzada y un secuestro”, pues señalaron que hasta el momento se desconoce su paradero y su familia tampoco ha sido notificada sobre su ubicación.

En conferencia de prensa, encabezada por el secretario general del magisterio oaxaqueño, Rubén Núñez Ginez, los líderes magisteriales rechazaron las acciones de “represión contra integrantes activos y dirigentes del movimiento magisterial”.

Sin embargo, hicieron un nuevo llamado al gobierno federal para instalar una mesa de diálogo y que “cese todo acto represivo y el encarcelamiento de nuestros compañeros”.

Núñez Ginez, responsabilizó a los gobierno federal y estatal de la “detención arbitraria” del dirigente oaxaqueño e informó que a partir de maña habrá acciones de protesta para exigir su libertad en las 37 regiones del estado.

“Lejos de replegarnos ante este hecho, nos vamos a fortalecer porque nos dan argumentos para seguir con la lucha. También exigimos la presentación con vida de nuestro compañero”.

En tanto, Adelfo Alejandro Gómez, secretario general de la Sección 7 de Chiapas afirmó que la dirigencia nacional de la CNTE no solicitará ningún amparo “porque no hemos cometido ningún delito y no tenemos porque ir a solicitar ningún amparo porque no podemos pagar por algo que no hemos hecho”.

Agregó que el llamado al magisterio nacional, tras la detención del profesor Villalobos es a que los docentes inconformes se concentren en la Ciudad de México para continuar la jornada de lucha.

Enrique Enríquez, secretario general de la Sección 9 del magisterio capitalino afirmó que la Coordinadora ha sido quien he puesto la voluntad política para el diálogo, “y lo seguimos obteniendo, porque no vamos a dejar de insistir en que se escuchen el magisterio”.

Fuente: La Jornada

Autora: Laura Poy

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/11/dirigentes-de-la-cnte-condenan-detencion-del-secretario-de-la-seccion-22

PGR “analiza los términos de resolución” para ofrecer disculpa a Jacinta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR), condicionó acatar la sentencia inapelable de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, que la obliga a ofrecer una disculpa pública y reparar el daño causado a la indígena ñhä-ñhú (otomí), Jacinta Francisco Marcial, a “analizar” los términos de la resolución. A partir de ello, advirtió, se “cumpliría” la ejecutoria.

La sentencia es inapelable, por lo que la dependencia tiene un plazo de cuatro meses para cumplirla.

En 2006, la PGR acusó a Jacinta Francisco Marcial y a otras dos indígenas, Alberta Alcántara y Teresa González, de secuestrar a seis elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación Criminal (AFI)-, delito por el que pasó tres años en reclusión penitenciaria.

En un comunicado emitido esta mañana, la Procuraduría señaló que reitera su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos y a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, a través de sus instancias o tribunales especializados.

Sin embargo, acotó: “En cuanto a la resolución del caso de Jacinta Francisco Marcial, la Institución estará atenta a que la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa notifique la resolución correspondiente, a fin de analizar los términos en que fue dictada”.

A partir de ello, se “cumpliría” la ejecutoria respectiva, condicionó la PGR.

Jacinta y dos mujeres más fueron detenidas de forma arbitraria el 3 de agosto de 2006, acusada de secuestrar a los seis agentes, quienes, seis meses antes- realizaron un operativo para decomisar mercancía apócrifa en al mercado central de Santiago Mexquititlán, Querétaro.

Tras un proceso en el que no se respetaron los derechos fundamentales al debido proceso, las tres fueron sentenciadas injustamente a 21 años de prisión y a pagar una multa de 90 mil pesos.

El proceso que condujo a la condena por un delito inexistente estuvo lleno de fallas que constituyeron violaciones a los derechos humanos: la PGR consignó el caso con pruebas inventadas y contradictorias. Hubo, además, irregularidades relativas a su condición étnica.

Teresa y Alberta, también fueron procesadas por delitos contra la salud. A pesar de que no existían pruebas en su contra.

Luego de tres años de permanecer presa, Jacinta quedó en libertad en septiembre de 2009, después de que la PGR se desistió de la acusación.

Alberta y Teresa fueron liberadas en abril de 2010, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó su sentencia y las declaró inocentes.

El jueves 19 de mayo, el Tercer Tribunal Colegiado desechó el recurso de la PGR que pretendía impedir la disculpa pública y la reparación del daño a la indígena.

Después de conocer la sentencia inapelable que obliga a la PGR a ofrecer una disculpa pública y reparar los daños causados, en conferencia de prensa, Jacinta Francisca señaló:

“La reparación no me deja contenta, hasta me da coraje, porque no me pueden reparar nada, nada… La reparación del daño no me regresa el tiempo que no estuve con mis hijos… Preferiría cambiar esa reparación por el hecho de que ya no hubiera injusticia en los procesos judiciales”.

FUENTE: PROCESOAUTOR: PATRICIA DÁVILALINK: http://www.proceso.com.mx/441688/pgr-analiza-los-terminos-resolucion-ofrecer-disculpa-a-indigena-acuso-plagio

Policías de Sinaloa la torturan y violan. Vendada firma un crimen. Yesenia lleva presa casi 4 años

De 2008 a 2014 se tiene registro de 103 quejas por tortura en Sinaloa, de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entre éstas se encuentra el caso de Yesenia Armenta Graciano, una mujer que lleva casi cuatro años en prisión acusada de asesinar a su esposo. La única prueba en su contra, sin embargo, es un documento que ella firmó con los ojos vendados, después de haber sido torturada y violada durante horas por policías locales. A su historia se suma la de dos jóvenes señalados recientemente por el homicidio de dos turistas australianos; uno de ellos denunció bajo tortura y luego de la siembra de evidencia.

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– Yesenia Armenta Graciano creía que estaba secuestrada. Con los ojos vendados y las manos esposadas hacia atrás, colgaba boca abajo atada de los tobillos. Escuchaba amenazas. Creía que no saldría viva de aquella bodega a la que fue llevada el 10 de julio de 2012 por policías vestidos de civil, luego de obligarla a salir de su automóvil. Después de ser golpeada, asfixiada y violada la obligaron a firmar una confesión que no pudo leer. A raíz de esa evidencia sustraída por medio de tortura, lleva casi cuatro años encarcelada en el penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, acusada de haber asesinado a su esposo.

A pesar de todos los abusos a los que fue sometida, afirma Amnistía Internacional, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad gobernada por Mario López Valdez, mejor conocido como “Malova”, no ha presentado ninguna prueba legítima y concreta. De aquella pesadilla sí hay huellas y, además, recomendaciones de las comisiones de derechos humanos estatal y nacional para investigar y castigar la tortura, así como reparar el daño físico y psicológico.

El próximo julio se cumplen cuatro años de que ella vive en prisión lejos de sus hijos y, en contraste, los policías ministeriales que la torturaron brutalmente continúan en libertad.

“En el estado de Sinaloa la tortura se tolera sin ninguna consecuencia […]. Nos lleva a cuestionar muchísimo la independencia de procuración de justicia en ese estado y nos lleva a preguntarnos sobre qué intereses pueden estar implicados en este caso”, declaró a SinEmbargo Madeleine Penman, investigadora sobre tortura en México de Amnistía Internacional.

El 9 de mayo pasado, la Procuraduría local formuló al juez conclusiones acusatorias. “A pesar de que cuatro peritos de gran calidad han verificado la tortura que Yesenia vivió, la han seguido acusando de un delito fabricado”, aseguró Penman.

Ahora el juez es quien tiene que determinar si será liberada o condenada por delito de homicidio agravado. No tiene un plazo definido, pero es probable que tarde un par de meses para tener un fallo.

“DE TODAS LAS FORMAS ME AGREDIERON” 

“Señora, conteste todo lo que le pregunten porque si no la va a pasar muy mal”, escuchó aquel 10 de julio sin poder ver nada. “Me hablaba de una persona que le gustaba cortar lenguas y orejas. Que estaba afilando el cuchillo. Que iban a traer a mis hijos y los iban a violar y hacer pedazos”, narró Yesenia para Amnistía Internacional. “De todas las formas me agredieron”, recordó.

“No quiero pasar otro día más aquí. Necesito su ayuda: las autoridades deben saber que el mundo las está viendo. Sin esta presión, las autoridades se olvidarán de mí”, escribió en una carta.

Su esposo Jesús Alfredo Cuén Ojeda, médico en la Dirección de Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado a disparos al salir de un restaurante la mañana del 2 de julio de 2012, un día después del proceso electoral en el que su hermano Héctor Melesio participó como candidato al Senado por el Partido Nueva Alianza (Panal).

El cuerpo quedó boca arriba cerca de la camioneta en la que se subiría. Los peritos ubicaron a su alrededor nueve casquillos de arma de fuego calibre nueve milímetros. El Procurador de Justicia estatal, Marco Antonio Higuera Gómez, declaró que las primeras investigaciones revelaron “que fue un solo sujeto” quien lo asesinó, reportó la prensa local. El sospechoso, agregó, viajaba en un vehículo color blanco.

Luego que Yesenia, bajo tortura, firmó un documento que nunca leyó, la versión se amplió.

La PGJ de Sinaloa informó, de acuerdo con una nota del 12 de julio de 2012 del diarioNoroeste, que Yesenia “confesó haber pagado 85 mil pesos a una célula delictiva para que asesinara a su esposo, y fue la encargada de ‘ponerlo’ el día del crimen”.

También fue detenido Luis Enrique Hernández Maldonado, quien vigiló si había policías en las cercanías donde ocurrió el homicidio.

El Procurador Higuera Gómez añadió que Yesenia declaró quiénes colaboraron con ella, quién fue el contacto con las personas que cometieron el asesinato y también que ella corroboró que la víctima se encontraba en el restaurante.

Según la confesión, la pareja estaba en trámites de divorcio y ella, “víctima de maltrato”, buscaba cobrar un seguro de vida. El Procurador descartó que el móvil del homicidio tuviera relación con el ex candidato al Senado.

“La Procuraduría de Justicia de Sinaloa está jugando el papel de juez y parte, es decir, son los torturadores de Yesenia y también los que llevan la acusación en su contra. Eso es un grave atento a la justicia”, consideró Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional.

CNDH PIDE CASTIGAR SU TORTURA

En febrero de 2013, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa determinó que aplicaron tortura en contra de Yesenia y lo notificó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En septiembre de 2012, médicos independientes ya habían detectado señales físicas y psicológicas.

El Ombudsman sinaloense, Juan José Ríos Estavillo, informó que encontraron violaciones a su derecho a la libertad, integridad, seguridad personal, legalidad y salud. Ante ello, recomendó iniciar una investigación contra los servidores públicos identificados como responsables.

La PGJE no aceptó la recomendación por no estar acreditada la existencia de una “situación de coacción” contra la mujer.

Dos años después, en enero de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, acatar las disposiciones emitidas por la CEDH por la tortura a Yesenia Armenta. Coincidió en que se violaron los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, así como al trato digno, y demandó a López Valdez que se repare el daño.

“Después de la recomendación de la CNDH en 2015, el estado de Sinaloa abrió una averiguación previa por tortura en el caso de Yesenia. Nosotros tenemos contacto con la Procuraduría estatal, pero no hemos visto resultados completos. Peor aún, después de tantas evidencias y a cuatro años de su tortura, la Procuraduría tuvo la audacia de mandar peritos para retraumatizarla y levantar otra pericia para fallar que ella no fue torturada”, dijo Madeleine Penman, de Amnistía Internacional.

AMNISTÍA INTERNACIONAL EXIGE JUSTICIA 

Yesenia firmó, luego de ser torturada por policías de Sinaloa y con los ojos vendados, una confesión que la retiene en la cárcel. Foto: Amnistía Internacional.

Más de siete mil firmas exigen que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre la tortura sufrida por Yesenia Armenta y que se retiren los cargos en su contra.

Amnistía Internacional implementa esta petición en su plataforma Alza tu Voz. En una carta emitida al Procurador estatal Marco Antonio Higuera Gómez, denuncia que médicos forenses de la Procuraduría General de la República la examinaron. Sin embargo, no mencionaron indicio alguno de tortura u otras formas de malos tratos.

“Le pido que implemente las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de revisar la aplicación de los exámenes médicos forenses a víctimas de tortura, para que cumplan plenamente las normas internacionales de derechos humanos, como el Protocolo de Estambul, que México ha prometido respetar y defender desde hace muchos años. Las víctimas de tortura merecen un examen inmediato y adecuado a cargo de expertos independientes a la Procuraduría General de la República”, dice la misiva.

De acuerdo con Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, Yesenia es una de las miles de víctimas “del malvado sistema de justicia mexicano” que muy a menudo se basa en evidencia extraída bajo tortura u otros malos tratos para sentenciar a personas.

“Yesenia debe ser liberada inmediata e incondicionalmente y se debe lanzar una investigación urgente para asegurar que aquellos que abusaron de ella enfrenten la justicia. Si esto no se hace, se perpetuará el temible mensaje que la policía y los militares pueden torturar a cualquiera para que confiese sin que hayan consecuencias”, pidió este mayo en un comunicado de la organización.

Mañana, en la Plaza de España, de Santa Cruz de La Palma, en España, Amnistía Internacional llevará a cabo una manifestación con el objetivo de “despertar” al Procurador del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera, que lleva más de tres años “dormido” sin revisar la situación de Yesenia.

Los activistas escenificarán una “guerra de almohadas” entre dos bandos: uno, el de quienes lucirán máscaras del Procurador, y el otro, el de quienes exigen la liberación de la mujer torturada.

TORTURA EN SINALOA

De 2008 a 2014 se tiene el registro de 103 quejas por tortura en Sinaloa, revelan cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa. Pero de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha habido ninguna sentencia.

“A nivel estatal, la regla es la impunidad casi absoluta”, concluyó el Centro Prodh en su Informe sobre Patrones de Violaciones a Derechos Humanos. La ausencia de justicia “repercute en el reconocimiento legal del carácter de víctimas a las personas sobrevivientes de tortura a efecto de recibir una reparación integral del daño”.

A nivel federal, la Procuraduría General de la República (PGR) documentó que el número de denuncias de tortura presentadas aumentó más del doble entre 2013 y 2014 de mil 165 a 2 mil 403 casos, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional “La epidemia de la tortura en México continúa”. De los 2 mil 403 casos, mil 622 se encontraban bajo investigación.

“La falta de seguimiento y control respecto a las denuncias de tortura suscita serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para reunir pruebas suficientes con las que lograr una condena”, acusó Amnistía.

Los médicos oficiales, añadió, a menudo no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido.

El 29 de abril de este año la Ley General contra la Tortura fue aprobada por el Senado y actualmente se encuentra una minuta en la Cámara de Diputados.

“La actual minuta tiene puntos que pueden ser positivos, pero de ninguna manera estamos fuera de la zona de peligro sin un dictamen que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos que asegure que cualquier prueba obtenida bajo tortura sea excluida del proceso y sin una buena entrada en vigor del nuevo Sistema Penal Acusatorio”, opinó Penman.

De acuerdo con el documento, todo “delito cometido por cualquier servidor público que cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona” es un acto de tortura, mismo que se sanciona con una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa.

Si los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se presentan cuando un servidor público veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, se castigará con una sanción que va de 3 meses a 3 años de prisión y hasta 200 días de multa.

CASO DE AUSTRALIANOS

Los jóvenes australianos asesinados en Sinaloa. Foto: Noroeste

Julio César González Muñiz, Martín Ponce Rogelio Muñiz (primos) y Sergio Simón Benítez fueron señalados por las autoridades sinaloenses como los culpables del asesinato de los dos australianos Dean Lucas y Adam Russell Coleman, quienes desaparecieron en noviembre durante sus vacaciones en la costa del Pacífico.

Sin embargo, de acuerdo con una queja levantada por sus familiares en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los hombres presos confesaron bajo golpes y amenazas.

“Ellos estaban echando agua en mi nariz y boca”, contó Martín Ponce a Men’s Journal desde prisión. Él estaba dormido en casa de su hermana cuando los policías arribaron. “Ellos estaban hiriendo a mi hermana, lastimándome, queriendo que les dijera dónde vivía Julio [su primo]”, añadió.

El 4 de diciembre, el Procurador de Sinaloa Marco Antonio Higuera informó que los tres detenidos pertenecían a un grupo de robo de vehículos que utilizaban uniformes falsos de corporaciones policiacas para atacar a sus víctimas.

Ellos sembraron los uniformes y armas, acusó Martín. Nosotros no estuvimos envueltos, dijo.

El abogado de los primos, Francisco Fierro Verdugo, declaró al medio que las autoridades de Sinaloa estaban bajo mucha presión nacional e internacional para encontrar a los culpables del homicidio. “Los arrestos aliviaron esa presión”, sugirió.

La medianoche del 20 al 21 de noviembre fue la última vez en que los turistas fueron vistos. El empleado de una tienda les indicó la ruta hacia Mazatlán. Al no poder comunicarse con ellos, sus novias, familiares y amigos comenzaron a solicitar ayuda.

Los cuerpos de los surfistas fueron localizados ya calcinados en el interior de una camioneta el sábado 21 de noviembre, en unas tierras de cultivo ubicadas entre los poblados Juan Aldama, “El Tigre” y San Blas, en Navolato, Sinaloa.

Fuente: Sin Embargo

Autora: Dulce Olvera

http://www.sinembargo.mx/14-05-2016/1660094