México obstaculiza y criminaliza la labor de los defensores: relator de la ONU

El gobierno de México no sólo obstaculiza el trabajo de los defensores de los derechos humanos, también lo criminaliza, acusó el relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, Michel Forst.

“Las actividades de los defensores de los derechos humanos en México han sido criminalizadas a través de un mal uso deliberado de la legislación criminal y de la manipulación de los poderes punitivos de las autoridades, tanto por actores estatales como no estatales, para entorpecer e incluso paralizar los esfuerzos de ejercer su legítimo derecho a promover y proteger los derechos humanos”, afirmó Forst al presentar su informe sobre México ante el pleno de Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desplazamientos y desapariciones, denuncian indígenas ante relatora de la ONU

“Mi misión es poder estar con ustedes para conocer la situación de los pueblos, los retos a los que se enfrentan y sus buenas prácticas. Comunicaré lo que ustedes me digan a las autoridades de México. Haré extensiva sus propuestas y recomendaciones.

Como una experta independiente también revisaré las recomendaciones que en su momento hizo el relator Rodolfo Stavenhagen, para saber si se han implementando o si se tienen que reiterar”, dijo en la ceremonia de recibimiento la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz a su llegada a Tlatzala, Guerrero.

Alrededor de 300 personas de pueblos originarios, habitantes del lugar, víctimas de violaciones a los derechos humanos y defensoras/es recibieron a la Relatora, originaria de Filipinas, quien realiza en México una visita oficial para conocer la situación y problemáticas que viven los pueblos indígenas en nuestro país.

México no atendió recomendaciones contra desaparición forzada: ONU

Ariel Dulitzky, ex relator del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, afirmó que si el gobierno mexicano hubiera atendido todas sus recomendaciones, este tipo de hechos no se hubieran incrementado hasta diez veces más.

En entrevista para Aristegui CNN, dijo que desde hace años se detectó el problema grave de desapariciones forzadas en el país; pero “el gobierno se enfureció en ese momento” cuando dijimos que había 3 mil casos documentados; hoy, el registro oficial tiene 10 veces más (30 mil desapariciones), anotó.

Consultas para megaproyectos deben ser previas e incluyentes con pueblos originarios: ONU

OAXACA, Oax: El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, se pronunció por que las consultas indígenas para megaproyectos se realicen con el consentimiento de los pueblos originarios, de manera libre, previas e informadas, y no sólo simbólicas.

Pueblos indígenas y organizaciones civiles denunciaron que los procesos de consulta que se les han aplicado para la instalación de proyectos de agroindustria, generación de energía eólica, construcción de acueductos, ente otros, no fueron libres, previos ni informados, sino que por el contrario fueron propicios para actos de violencia, división de la comunidad y criminalización a los defensores comunitarios.

“Me preocupa autocomplacencia de funcionarios mexicanos”: Relator Especial para agua y saneamiento ONU

En su visita a México, Léo Heller, Relator Especial para el agua y saneamiento de la ONU, señaló en su informe preliminar al finalizar su estancia:  “me preocupa que haya autocomplacencia” porque aunque los funcionarios mexicanos le aportaron estadísticas de que el 94 por ciento de la población tiene acceso al agua potable y 93 por ciento al saneamiento, “esto no se traduce en acceso a los mismos, sino que únicamente reflejan la existencia de alguna infraestructura”.

Al finalizar su visita a México, Heller declaró: “Hay significativas partes de la población para quienes la prestación de servicios de agua y saneamiento es extremadamente limitada o no existente. Incluso dentro de la Ciudad de México, el panorama es sumamente variable e incluye la no disponibilidad de servicios de agua continuos y confiables para la mayoría de la población.

"Injustificable" demora del Congreso en ley antitortura: ONGs

Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil calificaron de “injustificable” la demora de más de un año del Congreso para aprobar la Ley General contra la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos.

Exhortaron a los legisladores a enfocarse de manera urgente en la perfección y votación de la ley -cuya minuta se encuentra para su revisión en la Cámara de Diputados-, recordando su obligación ineludible de respetar y garantizar los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales.

Periodistas y defensores en México laboran con una “tendencia de muerte”: relator de la ONU

CIUDAD DE MÉXICO: México se ha convertido en “uno de los países más peligroso para periodistas y para defensores” en el mundo, consideró el relator especial de Naciones Unidas para la situación de personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, y advirtió una “tendencia de muerte” en la que se desenvuelven éstos en el país.

En conferencia de prensa, al término de su visita oficial, destacó como “una situación preocupante” lo que ocurre con las mujeres defensoras, víctimas de “un patrón de ataques y violencia”.

Tras nueve días de visita en los que sostuvo reuniones con 800 defensores y funcionarios del gobierno federal así como de Oaxaca, Chihuahua, Guerrero y el Estado de México, el experto de la ONU presentó un informe preliminar en el que identificó casos de criminalización, campañas de difamación, intimidación, restricciones a los derechos a la protesta y a la libertad de expresión, así como homicidios y desapariciones, en un contexto de una “impunidad preocupante de 98%”.

Michel Forst expresó su preocupación por la situación que viven en particular los defensores de los pueblos indígenas, del territorio y ambientalistas, quienes enfrentan los altos niveles de “corrupción” entre empresas impulsoras de megaproyectos y políticos involucrados en ellas.

El relator contó que al entregar el documento con observaciones y recomendaciones preliminares a los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, respectivamente, así como la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Senado y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió un minuto de silencio en memoria del defensor rarámuri asesinado, Isidro Baldenegro, cuyo caso es “una muestra” de la “tendencia de muerte” que padecen los defensores.

Forst descartó que las supuestas consultas a pueblos indígenas para la construcción de megaproyectos estén apegadas a los estándares internacionales de derechos humanos.

Aunque reconoció que en algunos casos de agresiones se puede deducir la participación de agentes no estatales, como el crimen organizado, en gran parte de los casos denunciados los defensores identificaron a “agentes de las policías municipales, estatales, federales y miembros de las fuerzas armadas” como los perpetradores de ataques.

Tras reconocer los esfuerzos del Estado por atender la situación de vulnerabilidad de los defensores y periodistas, Forst consideró que se requiere “voluntad política” para generar las condiciones de seguridad para que esos dos sectores de la sociedad ejerzan sus funciones sin correr riesgos.

Al señalar que tuvo encuentros con organizaciones de comunicadores, el representante de la ONU lamentó que en los últimos cinco años la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la de Libertad de Expresión (FEADLE), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), sólo se hayan integrado 31 expedientes por homicidio y 25 por desaparición, sin que haya resultados de las investigaciones.

Imagen de impunidad

Forst reconoció que si bien el Estado mexicano ha sido omiso en implementar las recomendaciones de distintos órganos de la ONU, entre ellas los emitidos por los estados parte en el Examen Periódico Universal (EPU), confió en la palabra de Campa Cifrián y Ruiz Cabañas de que sus observaciones serían atendidas.

El experto de origen francés, quien también ha colaborado en Amnistía Internacional y en Front Line Defenders, alertó que de no implementarse las recomendaciones de la ONU “la imagen exterior del país se vería dañada (…), toda la comunidad internacional vería que el asunto de impunidad, de corrupción y este ciclo vicioso de ataques no es abordado”.

Agregó que las repercusiones en el país también podrían verse en el plano económico, además de que “la comunidad diplomática y los otros países pondrían ejercer presión en México para que se implementaran mis recomendaciones y para que se asegurara que cada vez los defensores sean menos atacados”.

En su informe preliminar, Forst alertó sobre “el nivel de violencia alarmantemente alto (que) afecta a la población en general” y manifestó su preocupación por “el uso de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad pública y la falta de un programa para el regreso a un enfoque de seguridad completamente civil”.

Al señalar que la permanencia de las fuerzas armadas en las calles no se ha traducido en el fin de la violencia, Forst señaló que si bien los defensores que se han dedicado a la denuncia de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas se han vuelto blanco de ataques, aquellos que han expuesto “violaciones por parte de las fuerzas armadas, de la policía así como de autoridades investigadoras se encuentran en un mayor riesgo de represalias”.

En el documento enlistó como los grupos de mayor vulnerabilidad a mujeres defensoras, periodistas –han sido asesinados 120 en los últimos 16 años–, promotores de los derechos económicos, sociales y culturales; defensores de los derechos indígenas, ambientalistas –entre mayo de 2014 a junio de 2015, fueron víctimas de 109 ataques–; familiares de desaparecidos, informantes o whistleblowers, así como los defensores de migrantes y de los derechos LGBTI.

Además de los agentes estatales, el relator identificó como responsables de los ataques a las compañías comerciales impulsoras de megaproyectos, a grupos religiosos que operan contra la comunidad LGBTI y los grupos criminales que actúan en complicidad con las autoridades.

El relator formuló 17 recomendaciones al gobierno mexicano, cuatro a la CNDH y sus homólogas en los estados, tres a los organismos de la ONU, uno a las universidades, cinco a los actores no estatales, seis a la comunidad internacional y tres a las organizaciones de la sociedad civil.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República (PGR) destacaron que al recibir el informe preliminar, “los representantes del gobierno ofrecieron al relator especial analizar y dar seguimiento a sus recomendaciones, considerando su valor para el fortalecimiento de las acciones a nivel federal y estatal en la materia”.


De acuerdo con el posicionamiento oficial, “con la visita del relator especial Forst, el gobierno de la República reitera su compromiso con los mecanismos internacionales de derechos humanos, así como su convicción para fortalecer la cooperación con éstos, a favor de la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas en nuestro país”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/471587/periodistas-defensores-en-mexico-laboran-una-tendencia-muerte-relator-la-onu

Gobierno acatará recomendación de relator sobre derechos humanos

Ciudad de México. El gobierno mexicano se comprometió con el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, “a analizar y dar seguimiento a sus recomendaciones, considerando su valor para el fortalecimiento de las acciones a nivel federal y estatal en la materia”.

Durante el encuentro con funcionarios mexicanos, el relator presentó distintas preocupaciones relacionadas con los desafíos que enfrenta México en materia de combate a la violencia y a la impunidad que, destacó, se explican en un contexto de presencia de la delincuencia organizada, que afecta la actividad de las personas defensoras de derechos humanos.

Con ello, informaron de manera conjunta la cancillería, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, el relator “refirió a distintos desarrollos legislativos y a la puesta en marcha de acciones, que ilustran el compromiso del gobierno de la República para hacer frente a los retos correspondientes, e hizo un llamado para fortalecer los esfuerzos en la materia”.

Michel Forst ofreció “una serie de recomendaciones preliminares dirigidas no sólo al gobierno de México, sino también a la CNDH y a las comisiones estatales de derechos humanos, a los organismos y agencias de las Naciones Unidas, a las universidades, a las empresas y otros actores no estatales, a la comunidad internacional y a la sociedad civil”.

A través de un comunicado conjunto, las autoridades mexicanas indicaron que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, subrayó el compromiso del gobierno de la República para fortalecer toda acción que beneficie la labor de los y las defensoras de derechos humanos.

La subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías, enfatizó que los derechos humanos son el único camino para fortalecer el tejido social y resaltó que existe una comunicación permanente del gobierno federal con las y los defensores de derechos humanos en todo el país.

Durante la visita de Michel Forst -que inició el 16 de enero-, sostuvo encuentros con representantes de alto nivel del gobierno federal, de los Poderes Legislativo y Judicial, así como con gobernadores y funcionarios de los estados de Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, estado de México y Ciudad de México.


Asimismo, se reunió con autoridades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de comisiones estatales de derechos humanos, con organizaciones de la sociedad civil y con personas defensoras de los derechos humanos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: PATRICIA MUÑOZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/24/gobierno-acatara-recomendacion-de-relator-sobre-derechos-humanos

Padres de los 43 denuncian impunidad en Guerrero ante relator de la ONU

AYOTZINAPA, Gro: El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, se reunió con padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, quienes denunciaron la “grave situación de impunidad, violencia y corrupción” que se vive en Guerrero.

Previamente el funcionario de la ONU sostuvo reuniones con activistas, familiares de desaparecidos de Iguala, Chilapa, Acapulco y Chilpancingo, y periodistas. Ellos advirtieron que los niveles de incidencia delictiva registrados el año pasado superan la estadística de 2012, periodo considerado el más violento en la última década.

Michel Forst también tuvo un encuentro privado con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, en la sede del Poder Ejecutivo, al sur de esta capital. El funcionario estatal le presentó un informe sobre las medidas cautelares que brinda el gobierno de Héctor Astudillo a defensores de derechos humanos, sin especificar cuántos son y en qué consiste la medida de protección.

Al respecto, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Abel Barrera Hernández, consideró que los activistas y periodistas que denuncian “las corruptelas y atrocidades” de las autoridades civiles y castrenses en la entidad, han sido blanco de amenazas, campañas de desprestigio, persecución, espionaje telefónico y estigmatización, e incluso han sido asesinados.

El balance es funesto, indicó el reconocido antropólogo, luego de señalar que no hay investigaciones para determinar el origen de las agresiones y castigar a los responsables.

Por el contrario, dijo, se ha creado un ambiente adverso para el trabajo periodístico y la defensa de los derechos humanos en Guerrero.


Barrera Hernández consideró que la impunidad “es la señal más devastadora” que confirma que la sociedad vive en una de las entidades más peligrosas del país, donde los poderes fácticos, como el crimen organizado, han asumido el control de las instituciones, impidiendo que se pueda trabajar en defensa de los derechos de la población más desprotegida.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/470892/padres-los-43-denuncian-impunidad-en-guerrero-ante-relator-la-onu

Relator de ONU respalda a CEDH de Guerrero

Chilpancingo, Gro. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Ramón Navarrete Magdaleno, informó que relator especial de las Naciones Unidas sobre las situaciones de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, ofreció ayuda a esta institución luego de las presiones para ejercer su funciones.

Así lo informó al concluir la visita del relator de la ONU a quien también se le informó que no hay recursos suficientes par la defensa de los derechos humanos en Guerrero.

Por su parte José Díaz Navarro de la Organización Siempre Vivos de Chilapa denunció que al menos mil personas han sido desplazadas por la violencia tan sólo en el municipio de Chilapa, sin incluir a más de 300 de comunidades indígenas de la comunidad de Zitlala.


Incluso él y su familia salieron de Chilapa por las constantes amenazas. El relator de la ONU inició su visita esta mañana reuniéndose con funcionarios del estado misma que va a concluir esta tarde en la Normal de Ayotzinapa.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/19/relator-de-onu-respalda-a-cedh-de-guerrero

“Ejecuciones extrajudiciales y la impunidad persisten en México”: Informe de Relator de la ONU

En un informe sobre el seguimiento de la situación en México, dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator especial del organismo para las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, Christof Heyns, afirmó que las medidas tomadas por el Gobierno para proteger el respeto a la población y su derecho a la vida siguen siendo insuficientes desde hace dos años. Recomendó que las acciones de seguridad estén a cargo de las fuerzas civiles y no de las fuerzas armadas.

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, Christof Heyns, dijo hoy que las medidas tomadas por el Gobierno de México para proteger a la población y respetar el derecho a la vida siguen siendo “insuficientes” desde su visita al país en 2013.

“Las medidas de protección siguen siendo insuficientes e ineficaces; la impunidad y la falta de rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida siguen siendo un desafío, al igual que la ausencia de reparación para las víctimas”, denunció Heyns.

En un informe sobre el seguimiento de la situación en México dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebra estos días en Ginebra, Suiza, el experto recalcó que “las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten”.

En dicho documento, Heyns analiza si las autoridades han implementado las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida, y si se han seguido las recomendaciones que hizo el experto hace tres años.

Aunque el relator reconoció al Gobierno mexicano por los avances que se han llevado a cabo, enfatizó que siguen siendo necesarias “medidas adicionales” que se apliquen siguiendo sus recomendaciones para asegurar “que se protege el derecho a la vida”.

En concreto, Heyns urgió al Gobierno a aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza y a crear una institución nacional autónoma de servicios forenses.

Asimismo, en relación a las actividades policiales, recomendó que “se adopten de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública esté a cargo de civiles y no de las fuerzas armadas”.

En la actual Administración se recuerdan al menos tres casos de ejecuciones extrajudiciales que fueron objeto de observaciones y protestas por parte de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.


LAS MASACRES DEL SEXENIO

La primera fue la ejecución de 22 civiles a manos de elementos del Ejército, en el poblado de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014. De acuerdo con la versión oficial, el enfrentamiento se registró mientras los militares perseguían a una supuesta banda de delincuentes. Testimonios de una sobreviviente, publicados por la revista Esquire señalaron que las víctimas habían sido asesinadas cuando ya se habían rendido.

El 6 de enero de 2015, en Apatzingán, Michoacán, se registró un enfrentamiento entre policías federales, elementos del Ejército y la población civil con saldo de 10 muertos y 21 heridos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló a elementos de la Policía Federal (PF) como responsables.

La CNDH emitió la recomendación 3VG/2015 en la que señala que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la PF, lo que provocó la muerte de al menos cinco personas, además de “dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica pre hospitalaria que derivó en cuatro fallecimientos, en tanto que habría indicios de la responsabilidad de policías federales en una muerte más por atropellamiento”.

También resaltó la “dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica pre hospitalaria que derivó en cuatro fallecimientos, en tanto que habría indicios de la responsabilidad de policías federales en una muerte más por atropellamiento”.

El 22 de mayo de 2015, en Tanhuato, Michoacán, en un supuesto enfrentamiento murieron 42 civiles y un policía federal; de acuerdo con una investigación presentada por el periodista Carlos Loret de Mola, el 70 por ciento de las víctimas presentaban el tiro de gracia.

El Relator Especial de la ONU lamentó en su informe de seguimiento la ausencia de avances en la implementación de su recomendación e hizo alusión a una serie de acontecimientos trágicos que han hecho de las fuerzas armadas blanco de acusaciones de ejecuciones extrajudiciales.


Entre los grupos que considera más vulnerables a ser víctimas de esta práctica están los niños, mujeres, reclusos, detenidos, migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos.

LA GUERRA SUCIA

El Relator Especial expresó en su informe “consternación” por el hecho de que hasta ahora no se haya iniciado ninguna acción judicial por la “Guerra sucia” de los años 60 y 70, en la que fueron ejecutadas un número aún desconocido de personas. Recomendó que las ejecuciones extrajudiciales y las masacres cometidas durante ese período fueran debidamente investigadas, procesadas y juzgadas, que los responsables fueran castigados y que las víctimas y sus familiares recibieran una reparación adecuada. El Gobierno respondió que la Coordinación General de Investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) estaba tramitando 247 investigaciones   por   delitos   cometidos   durante   ese   período,   entre   ellos   homicidios, detenciones arbitrarias y desapariciones”.

No obstante, según el documento, algunas fuentes no gubernamentales observaron que no se había avanzado en las investigaciones y el enjuiciamiento de las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante este periodo.

A manera de conclusión señala que en los dos años transcurridos desde la visita del Relator a México, han existido algunos avances: el Gobierno ha adoptado diversas medidas positivas en un intento por hacer frente a la impunidad, reducir   la   militarización   de   la   seguridad   pública,   mejorar   la   coordinación institucional y la recopilación de información en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos y ofrecer protección jurídica a los grupos vulnerables.

“Sin embargo, México sigue afrontando diversas dificultades en relación con la protección del derecho a la vida. Los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando a la vida, en particular, de las personas vulnerables.


Las   medidas de protección de los grupos en situación de riesgo siguen siendo insuficientes e ineficaces. A pesar de una serie de reformas jurídicas e institucionales, la falta de rendición de cuentas por las violaciones del derecho a la vida sigue siendo un grave problema que fomenta la percepción pública de impunidad y alimenta el ciclo de la violencia. Las víctimas siguen sin recibir una reparación adecuada. Deben adoptarse   medidas   adicionales   para   aplicar   plenamente   las   recomendaciones anteriores del Relator Especial a fin de garantizar mejor la protección del derecho a la vida”, finaliza.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-06-2016/3056565

Disculpa es “insuficiente”; la tortura es generalizada en México: Juan Méndez

"Desde mi último informe se siguen denunciando casos: Ayotzinapa, este último video donde militares y Policía Federal torturan a una mujer y otros. La situación no ha cambiado”, señaló el relator contra la tortura.

El relator contra la tortura de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, señaló desde el Senado de la República que la disculpa del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por la tortura por de elementos castrenses y federales a una mujer, difundida en un video, es insuficiente.

“El hecho de que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, haya reconocido públicamente que elementos militares torturaron a una persona y que también la Policía Federal haya reconocido esa práctica, es un cambio de actitud del gobierno en materia de tortura, pero aún es insuficiente”, señaló Méndez.

Luego de reunirse con lo senadores de la comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación, así como con el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa, el funcionario de la ONU sostuvo en conferencia de prensa: “el diferendo entre el gobierno federal y mi relatoría, ha sido zanjado desde el año pasado. Pero sostengo que la tortura es generalizada, no cambio mi opinión porque además, a partir del informe que hice público, sigue denunciándose casos como Ayotzinapa y este video al que se dio amplia difusión a nivel internacional”.

Méndez, quien en 2014 realizó una visita al país para supervisar los casos de tortura en el país, fue invitado por la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, para que emitiera sus opiniones respecto a la ley de tortura que elabora la cámara alta.

El relator recomendó que en la legislación se tipificaran dos delitos, “tortura por un lado y los tratos crueles, inhumanos y degradantes por otro, para que sea menos complicada su aplicación”. La tortura, dijo, tendrá que tener una sanción más alta.


Cuestionado respecto a si desde su última visita al país ha tenido conocimiento de que la situación de tortura ha cambiado, Juan Méndez aseguró:“no, desde mi último informe se siguen denunciando casos, Ayotzinapa, este último video donde militares y Policía Federal tortura a una mujer y otros. La situación no ha cambiado”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1904/mexico/disculpa-es-insuficiente-la-tortura-es-generalizada-en-mexico-juan-mendez-onu/