Valle de las Palmas, falsa promesa del gobierno bajacaliforniano

A nueve años de haber presentado el proyecto de la “Primera Ciudad Sustentable del País”, los aproximadamente 15 mil habitantes de la zona sufren escasez de agua, inseguridad, falta luz y de recolección de basura. Los fraccionamientos siguen sin concluirse y las obras de las áreas deportivas, hospitales, parque industrial y tiendas comerciales, quedaron en papel

Ocho años después de haber sido inaugurada la unidad académica Valle de las Palmas, de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), punta de lanza del primer modelo de comunidad sustentable en México, a decir del entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, los fraccionamientos Valle de las Palmas, de Geo, y Valle San Pedro, de Urbi, todavía no cuentan en su totalidad con los servicios básicos.

Inmobiliarias amenazan 10 mil hectáreas de tierra comunal en la Costa de Oaxaca

El despojo y la depredación de la naturaleza, son algunas de las caras de la explotación inmobiliaria y turística en la Costa de Oaxaca.

Los habitantes de Santa María Tonameca viven en carne propia este suplicio. “Son tres años de mucho desgaste, no es fácil defender la posesión de nuestras tierras, en especial la protección en zonas que deben ser áreas de conservación, ello ha provocado incluso la toma de nuestras instalaciones por parte del grupo disidente”, refiere Raúl Lucas Cruz, presidente de Bienes Comunales, quien narra que el intento de despojo es una amenaza que la comunidad ha enfrentado de manera continua, tras evocar la compra que en 1996 realizara Fausto Araujo inversionista relacionado con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, de 175 hectáreas de la zona de reserva federal en Tonameca, acción que frenó la entonces Secretaria del Medio Ambiente, Julia Carabias.

Responsable de Zapata 56 compareció en PGJCDMX antes de fugarse

El arquitecto Juan Duay Huerta buscaba un acuerdo con familiares de las dos mujeres fallecidas en el edificio colapsado, pero ahora está prófugo.

El encargado de vigilar la seguridad estructural en el edificio colapsado en Zapata 56, Juan Duay Huerta, compareció de forma personal ante la Procuraduría capitalina y solicitó la mediación para tratar de llegar a un acuerdo con familiares de las dos víctimas fallecidas, pero no buscó al resto de los afectados y finalmente se le escapó a las autoridades.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Duay Huerta compareció por escrito el pasado 10 de octubre para solicitar acceso al expediente que se estaba integrando en su contra, posteriormente acudió de forma personal ante el Ministerio Público para ratificar su defensa y antes de que se girara la orden de aprehensión en su contra dejó de estar localizable para la Procuraduría capitalina.

Vinculan a proceso a DRO de edificio colapsado en sismo

El Director Responsable de Obra (DRO) y también parte de la sociedad propietaria del edificio habitacional ubicado en Emiliano Zapata 56, en la delegación Benito Juárez, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el colapso del inmueble durante el sismo del 19 de septiembre pasado.

La Procuraduría capitalina (PGJ-CMDX) señaló en una tarjeta informativa que “tras desahogar las pruebas presentadas en su contra, el Juzgador determinó imponerle como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por los delitos de responsabilidad de corresponsables de obra y homicidio doloso, concediendo el plazo constitucional de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria”.

Inmobiliarias se comerán también la Barranca de Tarango, pulmón de la CdMx, alertan ciudadanos

Cuando se construyó la Supervía Poniente, para evitar una especulación inmobiliaria, la Barranca de Tarango –el único pulmón que le queda al poniente de la Ciudad de México– fue decretada como Área de Valor Ambiental en 2009. Sin embargo, en junio de este año el Gobierno de Miguel Ángel Mancera denominó a la zona en la Gaceta Oficial como un Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) argumentando que tiene un altísimo potencial para el desarrollo inmobiliario. En el marco del derrumbe de edificios habitacionales nuevos en la capital del país tras los sismos, miles de colonos de la Delegación Álvaro Obregón y Martha Delgado Peralta, la ex Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, exigen la derogación de este acuerdo porque su infraestructura de transporte e hidráulica está en riesgo.

La Barranca de Tarango, la única que queda sin urbanizar al poniente de la Ciudad de México, está bajo el acecho de las desarrolladoras inmobiliarias luego de que en junio el Gobierno de la Ciudad de México determinó que la zona sea un Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) a pesar de que en 2009 fue decretada como un Área de Valor Ambiental (AVA), advirtió Martha Delgado Peralta, integrante de la Fundación Pensar y la ex Secretaria de Medio Ambiente de la capital (2006-2012).

Esta barranca de 270 hectáreas se ubica en la Delegación Álvaro Obregón, al sur de la ciudad, y tiene una importancia estratégica para la recarga del acuífero capitalino, además de recibir la migración de flora y fauna expulsada por el boom inmobiliario.

Obra Chueca, contra la corrupción inmobiliaria

El crecimiento urbano de la Ciudad de México se ha caracterizado por el desorden, la falta de planeación, la aplicación discrecional y la ausencia de reglas claras.

Miles somos testigos de irregularidades tanto de obras como de usos de suelo. En algunos casos, l@s vecin@s hemos tenido éxito en denunciar y detener las arbitrariedades; en otros, éstas han quedado impunes al amparo de “instrumentos” que las legalizan, o por actos de corrupción, complicidad y omisiones de las autoridades.

Expansión inmobiliaria causa decenas de fugas y socavones en Azcapotzalco

Sábado 5 de agosto de 2017. Habitantes de la colonia Ampliación del Gas, delegación Azcapotzalco, pidieron al Gobierno de la Ciudad de México detener la construcción de los proyectos inmobiliarios que se llevan a cabo en la zona y realizar estudios sobre las condiciones del suelo y el subsuelo, así como la revisión de las redes hidráulica y de drenaje, debido a la aparición constante de fugas y socavones.

Sí habrá plusvalía en CDMX, pero la pagarán las inmobiliarias: constituyente

La diputada constituyente del PRD, Cecilia Soto, aclaró que no se trata de un impuesto sino de un derecho.

El concepto de plusvalía no será un impuesto sino un derecho que deberán asumir los desarrolladores inmobiliarios, informó la diputada constituyente del PRD, Cecilia Soto.

“No es un impuesto, es un derecho, así se le llama en términos técnicos. Entonces, no es un impuesto, no se cobra anualmente, no es universal. Es un derecho (que se aplica) cuando se quiere construir y que pretende promover el desarrollo de vivienda vertical“, aclaró.

En entrevista con Aristegui Noticias, la también diputada federal detalló que el concepto de plusvalía ya está incluido en el artículo 122 constitucional que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó el 29 de enero de este año, así como en la Ley de Desarrollo Urbano publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 28 de octubre, por lo que no es una invención de la Constituyente.

En ambos ordenamientos se establece el principio de “dotar al Estado de instrumentos de ordenación territorial que, al mismo tiempo, permitan compartir recursos entre la iniciativa privada y el gobierno de la Ciudad”.

Ante la polémica que desató este tema, Soto González precisó que no se trata de un mecanismo para que el Gobierno de la Ciudad de México expropie la riqueza de particulares.

“Es muy importante que se sepa que nunca hubo la intención de quitarle la ganancia a los propietarios actuales que, por alguna razón, han visto revaluada su propiedad particular, personal o familiar”, dijo.

El dictamen que elaboran las comisiones de Desarrollo Sustentable y de Principios Generales de la Asamblea Constituyente “tiene que ver con el proceso de desarrollo de vivienda vertical, tiene que ver básicamente con los desarrolladores y tampoco es esquilmarlos, de ninguna manera”.

La diputada constituyente indicó que se obligan a los desarrollares “a someterse a los reglamentos para compensar los efectos que puedan tener construcciones grandes e importantes en su entorno. Si alguien quiere tener una construcción de 20 pisos tiene que compensar los efectos que pueda tener”.

Agregó que esto se ha implementado en ciudades como Guadalajara, Zapopan, Aguascalientes o Mexicali.

Cecilia Soto aceptó que el tema seguirá generando polémica. “Va a seguir habiendo temores y malas interpretaciones porque es un tema bastante técnico, entonces es muy fácil asustar a la gente, decirle que le quieren quitar lo que ganó su terreno y eso es falso. Yo creo que va a seguir algo de inquietud en la ciudadanía y es importante explicarle que esto no es así”.

Recordó que ella y el constituyente René Cervera, antes que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, solicitara el retiro del polémico artículo, habían presentado una iniciativa para eliminar el párrafo C del Artículo 21 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México, en el que se habla de la plusvalía.


Por último, estimó que el dictamen que busca crear instrumentos que promuevan la densificación y la verticalidad de la Ciudad y que invita a la iniciativa privada a participar en el desarrollo inmobiliario, suba al Pleno de la Asamblea Constituyente el 10 de diciembre para su discusión y eventual aprobación.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ISAÍAS ROBLES.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0812/mexico/si-habra-plusvalia-en-cdmx-pero-la-pagaran-las-inmobiliarias-constituyente-nota-y-video/

El Gobierno y las inmobiliarias, igual de ambiciosos, apresuran el colapso de la CdMx: activistas

Activistas urbanos acusaron que en la Ciudad de México –gobernada por Miguel Ángel Mancera Espinosa– prevalecen una serie de irregularidades como consecuencia de cambios ilegales a los usos de suelo y otras decisiones administrativas realizadas a modo para beneficiar a las compañías inmobiliarias; además, dijeron, este desorden ha generado caos urbano y promueve la pérdida de áreas verdes y el suelo de conservación.

Autoridades que desarrollan normatividad a modo para favorecer a inmobiliarias están llevando a la Ciudad de México a una situación de colapso vial, gracias a “una ambición desmedida”, denunciaron vecinos de distintos puntos de la capital.

En conferencia de prensa, los inconformes acusaron que en la ciudad gobernada por Miguel Ángel Mancera Espinosa existe una serie de irregularidades a consecuencia de cambios ilegales a los usos de suelo y otras decisiones que provocan caos urbano y promueven la pérdida de áreas verdes y suelo de conservación.

“La preocupación que tenemos sobre los usos de suelo es profunda: por un lado hay daños causados por los desarrolladores y, por el otro, por las autoridades que les dan permiso al hacer una normatividad a modo. Queremos denunciar una situación que se realiza en toda la ciudad y que genera inviabilidad, saturación y colapso. […] Si no detenemos pronto la ambición desmedida de los inmobiliarios y la negligencia y corrupción de las autoridades vamos a tener en la Ciudad de México otro caso como el de Sao Paulo Brasil”, acusó Enrique Pérez-Cirera, representante de de la organización Suma Urbana Poniente.

El activista urbano explicó que en la ciudad brasileña, la más grande de América del Sur, los habitantes invierten más de dos horas al día en promedio para trasladarse a sus empleos, allí, aseguró, “hoy no hay posibilidad de moverse de un lado a otro”.

En el caso de la capital mexicana, puso de ejemplo a la colonia Granadas, llamada también Nuevo Polanco, uno de los puntos de la ciudad más afectados por la entrada de obras inmobiliarias. De acuerdo con Pérez-Cirera esa colonia “es sólo la punta del iceberg de lo que las autoridades permiten en esta ciudad”.

“Las Granadas están ocurriendo en toda la ciudad y ameritan la atención pública y una respuesta eficaz del Jefe de Gobierno Miguel Mancera y de la Asamblea Legislativa de la CdMx”, urgió.

CDMX, AMENAZADA POR INMOBILIARIAS


Las áreas verdes y la salud de los habitantes de la Ciudad de México se han visto amenazadas por las múltiples obras inmobiliarias que se han ejecutado y se intentan construir en diversos puntos de la urbe, bajo el amparo del Gobierno local. Por ello, durante la conferencia y a través de un comunicado de prensa, cuatro activistas urbanos expusieron los casos que aquejan a las zonas en las que habitan.

Lourdes Rion, vecina de la delegación Álvaro Obregón, explicó que uno de los abusos más comunes ocurre bajo la figura del Polígono de Actuación, con la cual se promueven áreas urbanas en diversas zonas, “en resumen es liberar altura y construir más niveles a cambio de disminuir áreas de desplante, es decir, dejar más metros de construcción y número de viviendas, pero no es un cambio de uso de suelo”.

Asimismo, agregó que los Polígonos se pueden establecer en áreas de crecimiento consideradas como de reserva de programas vigentes, en terrenos sin construir, que cuentan con accesibilidad, en zonas donde se encuentra un potencial de mejoramiento, predios que tengan infraestructura viable de transporte, así como en áreas industriales deterioradas, entre otras.

Rion puso como ejemplo el proyecto ubicado sobre linderos del Periférico, en la delegación Álvaro Obregón, con una extensión de más de 225 metros de ancho por 119 metros de largo, con una superficie escriturada de 12 mil 421 metros cuadrados, el cual busca desarrollarse en un polígono irregular, ya que invade vía pública, colinda con zona de patrimonio y no con el Periférico, explicó.

“Los vecinos hemos podido detener y estar parando [la construcción] antes de que les otorguen una manifestación de obra. Gracias a que todas estas irregularidades se han presentado a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la PAOT le ha dado seguimiento, nosotros hemos podido, durante siete años y hasta el momento, parar esta obra y seguimos trabajando”, dijo.

En su oportunidad, Claudia Pérez Verdia, coordinadora del Comité Ciudadano entrante de Lomas Bezares, destacó que otra de las irregularidades más comunes es la violación a los programas parciales de desarrollo (PPD) –antes Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (ZEDEC)–, los cuales establecen la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en áreas específicas de la ciudad y tienen un carácter especial adaptado a las condiciones particulares de cada zona.

Uno de los muchos ejemplos de las violaciones a estos planes es el proyecto Reserva Bezares, construido entre 2003 y 2004 en los terrenos que anteriormente ocupaban los Laboratorios Syntex, comentó. Originalmente se construyeron sólo 40 viviendas de 146 proyectadas, debido a que, al parecer, por información que les fue proporcionada a los activistas, el proyecto original quebró.

Sin embargo, hace ocho años, dijo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) autorizó aumentar la densidad a 196 viviendas, lo cual representa un incremento del 34 por ciento; “fue ilegal, ya que no se presentaron estudios actualizados de Impacto Urbano y Ambiental”, denunció.

Hoy en día, acusó, dicha obra pretende reactivarse bajo el nombre de Proyecto Flow, el cual incluye otras 280 casas, lo cual incrementará en 65 por ciento el número de familias que habitan en la colonia, que pasaría de 500 a 825, con la misma infraestructura de servicios, por ejemplo, el drenaje que opera desde los años 40, cuando el número de familias no alcanzaba cien.

“Se agudizará el problema de la movilidad, con los consecuentes impactos sociales y ambientales. […] A pesar de lo anterior, las autoridades, tanto delegacionales, como la Seduvi pretenden apoyar a los desarrolladores para que construyan de manera ilegal”, denunció.

Y agregó que como ha ocurrido en Granadas, el Gobierno ha omitido su obligación de observar la densidad de los predios y ha permitido modificaciones no autorizadas en el PPD para la construcción de un mayor número de pisos. Además, aseveró, no se cumplió con la disposición de dejar 50 por ciento de área libre, la cual debe colindar con la zona habitacional de la colonia.

Aunado a ello, dijo, “se comete otra violación a la normatividad aplicable al realizar preventas de un desarrollo que todavía no cuenta, ni ha reunido los requisitos, autorizaciones y permisos necesarios, por lo que así lo establece la ley está en presencia de un delito clasificado penalmente que se conoce como fraude, en el que resultan responsables no sólo éstos, sino las autoridades que lo permitan, propicien, autoricen o toleren”.


“Violar el Plan Parcial de Desarrollo de la colonia Lomas de Bezares afecta directamente los valores ya señalados porque repercute en la densidad poblacional, en los servicios urbanos, en la movilidad y en la calidad de vida de los vecinos y de quienes transitan por la zona. Es responsabilidad de la autoridad velar por el bien común de los ciudadanos, por el respeto y aplicación de la ley y no por el beneficio de unos cuantos desarrolladores que una vez concluidas sus obras, desaparecen y no hay manera de obligarlos a asumir sus responsabilidades, igual sucede con las autoridades, pasan 3 ó 6 años y se van, mientras, los vecinos que llevamos viviendo algunos más de 50 años allí, nos quedamos a padecer las consecuencias de tanta irresponsabilidad e ilegalidad que cometen autoridades y desarrolladores”, abundó.

Por su parte, Adriana Bermeo, de la Asamblea de Vecinos en Defensa del Parque Reforma Social recordó que las áreas verdes, el espacio público y los jardines privados son áreas que deben ser ampliadas y conservadas, bajo gestión adecuada por los beneficios ambientales que ofrecen a la capital.

No obstante, en la realidad que se vive en la CdMx, “los vecinos estamos indefensos y la ciudad se está quedando sin áreas verdes. Esta perdiendo su capacidad de absorber agua. No hay autoridad, no hay quien defienda las áreas verdes”, reclamó la también miembro del grupo Rescate de Barrancas del Poniente.

Prueba de ello, mencionó, es que el orden legal urbano se ha violentado en los cuatro planes parciales de Lomas de Chapultepec, a través de distintas violaciones mediante mecanismos entre los que destacan los amparos, como en el caso de la Torre Virreyes.

Mientras, planteó, las barrancas del poniente se han transformado en una “reserva territorial” para las autoridades, puesto que “cada día aparecen más dueños en sus bordes quienes casualmente obtienen uso de suelo habitacional multifamiliar aún en áreas decretadas como de Valor Ambiental, como en los casos de Paseo de los Príncipes 98, Montes Apalaches 525 y Cerro de Mayka. En todos ellos la propiedad se ha obtenido vía amparo y luego apelando a su ‘derecho’ obtienen el cambio de usos de suelo”.

Ante ello, urgió a proteger dichas áreas y definir las atribuciones de patrimonio ambiental y el territorio, quien está obligado a trabajar en ello, dijo, es la Secretaría del Medio Ambiente de la CdMx (Sedema). “Ya ha sido muy levantada la voz de que la Sedema es completamente omisa de manera generalizada. No han podido en la Asamblea Legislativa hacer cuestionamientos a la altura de su nivel de omisión”

Francisco Guerra, del grupo Nunca Palma 905, señaló que en todo el país se vive un “contexto surrealista y los niveles de sarcasmo se encuentran ya en un límite aberrante”, ya que, acusó, en el marco legal se permite autorizar una obra de una manera y al mismo tiempo algo totalmente contrario, por lo que los desarrolladores inmobiliarios se enfrentan a una “laguna legal perversa” que les permite trabajar para su beneficio y “la autoridad les justifica todo”.

“En la Ciudad de México, los ciudadanos poco a poco hemos ido perdiendo nuestros derechos fundamentales sobre nuestro entorno urbano. Hay leyes perversas diseñadas desde hace años para la corrupción, desde tiempos de Marcelo Ebrard”, dijo.

Por ello, pidió que las inmobiliarias cumplan con la ley. “Necesitamos gente que tenga compromisos con México y que los servidores públicos hagan su trabajo y no nos lo transfieran a nosotros, activistas urbanos, con la necesidad de defendernos en foros”, urgió.

Asimismo, el vocero expuso que el impacto de la legislación y corrupción en cambios de uso del suelo y “políticas erradas de densificación urbana” en la capital, además de propiciar el deterioro urbano, están provocando una crisis financiera bursátil mayor en México. Por ejemplo, en la delegación Miguel Hidalgo, señaló, existen “cambios radicales” en el uso del suelo, con lo que los predios habitacionales de tres o cuatro niveles en predios multifamiliares albergan en una manzana a más de medio millón de familias.

Aunado a ello, acusó que dicha densificación masiva se realiza sin el mejoramiento de la infraestructura en términos de vialidad, áreas verdes, servicios urbanos, escuelas, comercio, salud; además de las carencias en agua, drenaje y otros servicios, lo cual lleva a muchos propietarios a intentar vender su inmueble, “lo cual está resultando en una pérdida neta de la inversión […] Las inmobiliarias están destruyendo el sistema financiero nacional”, acusó.


De manera conjunta, los vecinos de la Ciudad de México manifestaron su exigencia de contar con una normatividad que garantice la calidad de vida, sin que se pierda el valor del patrimonio de cada ciudadano, derivados de la “anarquía y corrupción” que han prevalecido en el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-10-2016/3105347

Juez ordena libertad de activista en Edomex; pendiente, tercera acusación en su contra

ECATEPEC, Edomex. (proceso.com.mx).- Por considerar que no existen pruebas para confirmar su responsabilidad en el delito de robo con violencia asentado en la Carpeta de Investigación 1718/2015, el juez Décimo tercero de Distrito con Residencia en Naucalpan, Agustín Gaspar Buenrostro Massieu, ordenó la liberación inmediata del activista José Humbertus Pérez Espinoza, recluido en el penal de Chiconautla desde el pasado 4 de noviembre.

“El juez señaló que no se presentan indicios de prueba para haberme inculpado y vinculado a proceso”, expuso el además presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C.

No obstante, el activista aún no podrá abandonar el Centro de Readaptación Social, debido a que fue acusado por el mismo delito en tres carpetas de investigación distintas; en dos de ellas ya resultó absuelto, mientras por la 63/2016 enfrenta el proceso bajo prisión preventiva y se mantiene a la espera de los resultados de un tercer amparo.

En esta última, a pesar de que la Fiscalía solicitó ampliar el plazo de presentación de pruebas dos meses, nunca entregó el arma de fuego con la que presuntamente Humbertus habría cometido el delito que se le imputa.

El juez Mario Iván Chávez Picazo le negó la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad bajo caución, con el único argumento de que no existen elementos suficientes para modificar la medida cautelar.

El artículo quinto transitorio del nuevo Código Penal Federal vigente desde el pasado 18 de junio en todo el país, establece que el delito de robo en que no se haya empleado arma de fuego será procesado bajo medida cautelar.

Es decir, detalló Pérez Espinoza, cuando para cometer el robo se haya utilizado violencia con cuchillos, desarmador o violencia moral, que no forman parte de la cadena de custodia, y en este caso que no fue localizada el arma, no procederá la prisión preventiva, sino el proceso se enfrentará en libertad bajo caución.

Advirtió que esta determinación sólo ratifica que su reclusión responde a intereses políticos, tras recordar que ya quedó demostrado que las carpetas en su contra fueron fabricadas, pues en dos de ellas se demostraron contradicciones de la parte acusadora.

Pérez Espinoza confió en que este nuevo triunfo jurídico –el juez determinó que las pruebas testimoniales aportadas por la Procuraduría mexiquense no son idóneas ni determinantes para demostrar la responsabilidad penal-facilitará su libertad.

Con la determinación, señaló, “se derrota a la infamia, la mentira, la calumnia, la perversidad, la maldad, la crueldad y, sobre todo, la enfermedad mental de encarcelarme, así como perseguir a mi familia y a los dirigentes de nuestro movimiento”.

El activista se autodenomina preso de conciencia porque ha señalado la colusión en diversos fraudes inmobiliarios concretados por constructoras como Urbi, Vinte, Geo y Sadasi –a quienes ha ganado diversas demandas- de autoridades priistas, como el alcalde de Tecámac, Aarón Urbina; Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano, ex secretario de Desarrollo Económico e hijo de Manuel Cadena, secretario general de gobierno del exgobernador Arturo Montiel.

Además, ha señalado deficiencias del sistema de justicia estatal, y acusado al gobernador Eruviel Ávila, al procurador Alejandro Gómez, y al presidente del Poder Judicial, Sergio Medina, de proteger a los responsables de los fraudes inmobiliarios.

Fuente: Proceso

Autora: Veneranda Mendoza

http://www.proceso.com.mx/447532/juez-ordena-libertad-activista-en-edomex-pendiente-tercera-acusacion-en-contra

Propietarios de 21 plazas dañaron inmuebles con valor patrimonial

A partir de denuncias vecinales, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (Paot) ha documentado irregularidades en la construcción de por lo menos 21 plazas comerciales de distintos giros y tamaños, las cuales han destruido o dañado inmuebles con valor patrimonial en el oriente del Centro Histórico de la capital.

Pablo Gutiérrez, representante vecinal de la zona, informó que ninguna autoridad ha puesto atención a este deterioro, por lo que presentó una queja ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), donde solicita el retiro de este polígono de la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad ante el desinterés oficial mostrado para su cuidado y conservación.

Todas las autoridades tienen conocimiento de lo que ocurre, pero nadie interviene para detener a las constructoras clandestinas que realizan la transformación de los inmuebles sin ningún tipo de permiso, expuso.

En este perímetro, de acuerdo con el programa parcial de desarrollo urbano del Centro Histórico, el uso de suelo para plaza comercial se encuentra prohibido. El comercio sólo se puede desarrollar en la planta baja, mientras que el resto debe ser ocupado para vivienda de interés social en construcciones no mayores a los 15 metros de altura.

Además, cualquier intervención en los inmuebles debe ceñirse a los lineamientos que disponga la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) al ser un área de conservación patrimonial, en la que se debe preservar la imagen urbana y las características de su traza.

Larga lista

Desde 2014, los vecinos del oriente del Centro Histórico han identificado los inmuebles que han sido destruidos y dañados, ubicados en Leona Vicario 41 y 48; Lecumberri 40, 29 y 17; República de Venezuela 83, 48, 118 y 123; Peña y Peña 39; Miguel Alemán 4; Manuel Doblado 73, 87 y 91; República de Colombia 86; Rodríguez Puebla 19 y 35; José Joaquín Herrera 82; Florida 7; San Antonio Tomatlán 10 y República de Bolivia 66.

En todos los casos, la Paot documentó las irregularidades, que van desde la violación al uso de suelo, incumplimiento con las disposiciones marcadas para el área de conservación patrimonial e incluso la falta de autorización por la delegación Cuauhtémoc para su construcción, por lo que la dependencia ha solicitado la imposición de clausuras.

En algunos casos, como el de Manuel Doblado 73, donde se edificó una plaza comercial de siete niveles, la autoridad procedió a la clausura, pero se quebrantaron los sellos y continúan las actividades en el interior. En otros sitios, como Damas Plaza, ubicada en San Antonio Tomatlán, distribuida en cuatro niveles con venta de ropa, dulces y comida, no han acudido ni a realizar la verificación.

Pablo Gutiérrez detalló que han interpuesto cuatro denuncias más por otras plazas comerciales ubicadas en Colombia 77, Manuel Doblado 113, Miguel Alemán 14 y Rodríguez Puebla 21, que están pendientes por resolver en la Paot.

Refirió que la Unesco cuenta con dos quejas más que fueron interpuestas en distintos momentos por la destrucción del ex convento de Regina y los daños causados a la escultura de El Caballito de Manuel Tolsá durante su restauración.

Fuente: La Jornada

Autora: Rocío González Alvarado

http://www.jornada.unam.mx/2016/06/18/capital/026n1cap

Denuncian locatarios del Mercado 'Jamaiquita' en Iztacalco acoso e intimidación de judiciales capitalinos

Foto: El Pueblo, Medio independiente

México, D.F.- Denuncian locatarios del Mercado 'Jamaiquita', ubicado en la Delegación Iztacalco, que por segundo día consecutivo mandan a policías judiciales de la Ciudad de México, por parte del gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera, con el pretexto de una 'averiguación previa' contra dirigencia del mercado, y apoderarse del terreno donde se ubican.

Más de 30 mil metros cuadrados buscan despojar a mujeres y hombres trabajadores, en este mercado que lleva más de 30 años de existencia.

Vecinos y locatarios han visto como los policías judiciales aprovechan estas intervenciones, para fotografiar e indagar sobre quienes se organizan y como lo hacen.

Aseguran que están documentando y evaluando la agresión e invasión al mercado que quieren entregar a la 'burguesía' de la Ciudad de México, para realizar sus consorcios inmobiliarios y/o comerciales, en una zona popular y con problemas de abastecimiento de agua potable.

Se ha notado también que el gobierno de Mancera mantiene una guerra contra los mercados y concentraciones comerciales populares, afirma Carlos Esteban Jiménez, activista y coordinador de El Pueblo, Medio Independiente, quien ha publicado las denuncias realizadas por colonos y comerciantes contra los despojos, represión e intimidación realizados por el delegado Carlos Estrada, de extracción perredista, junto con su esposa, la ex delegada Elizabeth Mateos, quien también es acusada por desfalco y corrupción en la pasada administración.

También comenta, a través de las redes sociales, que en la colonia Agrícola Oriental no pueden enviar funcionarios a suspender una obra en perjuicio de la comunidad, pero en el mercado de Jamaiquita hasta policías judiciales utilizan en dos días consecutivos.

En el video siguiente, los locatarios tratan con respeto a pesar de estar conscientes de que solo están preparando la represión.

https://www.facebook.com/594676254009620/videos/850462331764343/?pnref=story

Este no es el único caso contra locatarios del 'Jamaiquita', sino también contra el mercado de 'Las Chacharas' y el mercado de sur 16, donde fueron reprimidos e intimidados por parte de los granaderos de la SSP de la CDMX. Además de que han informado el desalojo y robo de mercancía en el mercado de las pulgas.

*Con información de Carlos Esteban Jiménez y El Pueblo, Medio independiente.