Una de las estrategias analizadas fue la entrega de silbatos que, según las organizaciones, se trata de una medida “problemática”, debido a que está mal diseñada y no atiende el tema del acoso contra las mujeres en el transporte público.
La estrategia 30-100 para prevenir la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México (CDMX), impulsada por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, fue “mal planeada”, “mal ejecutada” y sin resultados. Así lo concluye el informe realizado por cuatro organizaciones sociales a 100 días de su instrumentación. Ala Izquierda, EQUIS Justicia para las Mujeres, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud del Centro de Investigación y Docencia Económicas (ADSYR) presentaron este jueves 24 de noviembre el informe de seguimiento Estrategia 30-100 selección de acciones de impacto inmediato para prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos. El informe analiza los resultados de las políticas implementadas por el gobierno de la CDMX tras la marcha del 24 de abril pasado, donde mujeres de 26 ciudades en el país protestaron contra las violencias machistas y la inacción gubernamental para combatirlas. Aunque el gobierno de la Ciudad de México lanzó la estrategia 30-100 para afrontar la problemática, las organizaciones concluyeron tras el análisis que se trata de una política pública “endeble e insuficiente para hacerle frente al problema que supuestamente debía atacar”. Se quedó en “una buena intención” nada más. Una de las políticas analizadas es la entrega de silbatos que, según Mancera, serviría para que las mujeres “avisaran” de posibles delitos. Para las organizaciones se trata de una medida “problemática”, debido a que está mal diseñada y no atiende el tema del acoso en el transporte público. La estrategia fue anunciada el 25 de mayo pasado, pero careció de diagnóstico sobre los tipos de violencia en el transporte público y de análisis de la propia estrategia, por lo tanto, “su defensa como política pública es endeble”. Tampoco estuvo vinculada a otras áreas. Si una mujer hace sonar el silbato, las autoridades no saben qué hacer. De acuerdo con el informe, cuando preguntaron a la Secretaría de Seguridad Pública, respondió que no existe un protocolo de actuación policial para enfrentar violencia en el transporte público. Esto significa que “se repartieron los silbatos sin tener claro el papel de las mismas autoridades ante su llamado”; por tanto, no puede ser considerada como una medida eficaz para combatir una de las formas de violencia. Tampoco tuvo éxito en materia cuantitativa. Se ofrecieron, en total, 115 mil silbatos, en una ciudad con una población de casi 9 millones de habitantes, pero según información del Instituto de las Mujeres CDMX, sólo se repartieron 19 mil 417 silbatos a mujeres y mil 16 a hombres. Tampoco hubo claridad sobre el cálculo para repartir ni cuál era la población objetivo. Entre los requisitos para obtenerlos está presentar credencial de elector –lo que excluye a menores de edad y quienes no cuentan con la ciudadanía– y tener correo electrónico, aunque sólo 63.1% de los hogares tiene acceso al Internet. “El acceso al silbato, por lo tanto, está fuertemente restringido”, dice el informe. Mal diseño y sin impacto En marzo pasado, el caso de Andrea Noel, periodista estadounidense agredida en la calle, y otras denuncias que se hicieron pública en redes sociales originaron debate sobre la violencia contra las mujeres y, al mismo tiempo, desencadenó más agresiones vía internet hacia las denunciantes. En unos días, miles de mujeres atendieron la convocatoria surgida en redes sociales para marchar el 24 de abril. Fue la primera vez en que las mujeres y hombres protestaron para exigir respeto y cese de las agresiones contra mujeres, además de políticas públicas para combatirlo. En respuesta, el gobierno capitalino lanzó la campaña “Tu Denuncia es Tu Mejor Defensa”, cuyos mensajes se transmitieron en carteles, dovelas y calcomanías, en rutas y estaciones del sistema de transporte colectivo y dirigida a las mujeres, a quienes incita a “hacerse escuchar”, denunciando. #PorTiPorTodas. El informe identifica tres aspectos que no contribuyen a resolver el problema. Primero, al ser la única campaña al respecto en la Ciudad, “todos los esfuerzos de comunicación están centrados en las mujeres víctimas de la violencia sexual”, por lo que no se incluye a los agresores y el público en general. La campaña finca la responsabilidad en las mujeres. “Es una campaña que les dice a las mujeres que tienen que denunciar si quieren que el problema se aborde. Todo depende de ellas. Más aún: que de ellas depende ayudar a otras”. El llamado está fincado en la denuncia “formal”, pero el proceso “está plagado de obstáculos” para las mujeres, toda vez que implica una inversión de tiempo que no pueden hacer si es que trabajan, además, en las instancias gubernamentales pueden ser revictimizadas. Otro problema confirmado por la investigación es que el resto de las instancias estaban desvinculadas de la campaña. Los espacios divididos Para las organizaciones, la decisión del gobierno capitalino de aumentar los espacios exclusivos para las mujeres en el sistema de transporte público es “problemático”, porque no se sabe a ciencia cierta su eficacia y debía ser atemporal. La estrategia Viaja segura, de acuerdo al gobierno, agrupa y fortalece las acciones que han desarrollado desde 2008 con el Programa Viajemos Seguras en los diversos sistemas de transporte público. Esto significa que la estrategia 30-100 del gobierno está basada en programas que ya existía. Aunque un informe realizado por el Colegio de México analiza la eficacia de esta estrategia, los resultados no son públicos. Por lo tanto, tras 8 años de implementación del Programa Viajemos Seguras, la ciudadanía no cuenta con elementos para valorar la idoneidad de ampliarlo o focalizarlo en una nueva estrategia. “Sin saber si este programa ha funcionado, el gobierno simplemente decidió mantenerlo y aumentar los espacios para las mujeres en el sistema de transporte público”, refiere el informe. Como otras políticas públicas, ésta debe servir para propósitos específicos y temporales. Los transportes separados no contribuyen para alcanzar la igualdad, ya implementarlos de manera permanente resultan en lo mismo: segregación. El informe concluye que la estrategia del gobierno capitalino “presenta problemas desde su concepción” porque no está basada en un diagnóstico adecuado del problema que supuestamente ataca. Esto deriva en un mal diseño y mal ejecución de las políticas públicas.
Luego de que una investigación de Animal Político documentara que el gasto de los partidos aumentó 5 mil 700 millones en dos años, diputados y senadores plantean propuestas para recortar las prerrogativas a sus partidos.
La Ley General de Partidos Políticos de 2014 fue discutida en la Cámara de Diputados y en el Senado en tan solo 48 horas y aprobada sin la oposición de ningún partido. Ahora, dos años después, y luego de que Animal Político documentara que los partidos se han embolsado 5 mil 700 millones extra en prerrogativas gracias a esta ley aprobada en el marco de la Reforma Política y del ‘Pacto por México’, diputados y senadores aseguran estar “indignados” con tal derroche de recursos. Por ello, y ante el nuevo recorte presupuestal de 239 mil millones de pesos con el que México recibirá el próximo 2017, los legisladores plantean medidas para frenar “el despilfarro” de dinero con el que se están beneficiando sus respectivos partidos, como rediseñar el Instituto Nacional Electoral (INE), recortar los gastos a institutos políticos un 50%, o hacer otra reforma a la reforma política de 2014. Sin embargo, llevar a cabo estas medidas a corto plazo requiere sobre todo de la voluntad de los legisladores y sus partidos que, a meses de las elecciones a gobernador en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, y a menos de dos años de las elecciones presidenciales, deberían aceptar perder cientos de millones en prerrogativas aun y cuando la ley actual los ampara. Algo que, tal y como admiten algunos senadores, parece “francamente complicado”. Animal Político te presenta la postura de los legisladores sobre el aumento millonario destinado a partidos políticos. Cabe precisar que si bien los senadores se renuevan cada seis años –por lo tanto los actuales sí votaron y aprobaron la reforma de 2014-, los diputados actuales no la votaron, puesto que en 2015 se renovó la Cámara. Recortar 50% a partidos Para Armando Ríos Píter, senador del PRD por el estado de Guerrero –donde el gasto de los partidos pasó de 67 millones en 2014 115 en 2015, un 61% al alza con la inflación-, se requiere de “un cambio radical en el modelo de financiación” de los partidos. “El gasto de nuestra democracia es enorme”, admitió el legislador, quien aseguró que en colaboración con el senador panista Francisco Búrquez ya están construyendo una iniciativa para recortar 50% el gasto de los partidos. “Si queremos que nuestra democracia electoral sea atractiva para la ciudadanía, tenemos que hacer un recorte trascendental. Un crecimiento de más de 5 mil millones en prerrogativas es difícil de justificar cuando, por otro lado, se están haciendo recortes en salud y educación”, apuntó. Aunque no precisó más sobre cómo se llevaría a la realidad ese recorte, Ríos Píter opinó que se requiere de “un cambio mucho más radical” que hacer modificaciones a la reforma política aprobada en 2014. “Hay que cambiar el modelo de financiamiento de los partidos –insistió-, y obligarlos a que verdaderamente innoven en las campañas”. “Una nueva reforma necesita de una presión muy fuerte de la ciudadanía” Martha Tagle, senadora independiente, dijo que recortar al gasto de los partidos sí pasa directamente por hacer una reforma a la reforma política de 2014. “No hay de otra”, dijo Tagle, quien recordó que de poco sirve plantear ideas y propuestas si no se hace una modificación a la actual Ley General de Partidos Políticos. Dicho cambio a la ley, explicó la senadora, debe incluir también un cambio en la fórmula de cómo se reparte el dinero entre los partidos. Con la fórmula de la ley actual, cada ciudadano en edad para votar paga dos veces por los partidos: una vez por los nacionales y otra por los estatales, y así estos reciben más dinero. De hecho, en los estados el presupuesto de los partidos ha aumentado, en promedio, un 88%.Un ejemplo: en Baja California aumentó de 15.8 millones en 2014 a 116.4 millones un año después. Para 2016, había aumentado a 126.7 millones (592%, calculando la inflación). No obstante, hacer modificaciones a la fórmula que ha dejado ganancias por más de 5 mil millones a los partidos, va a resultar complicado. “En primer lugar, no tenemos mucho tiempo –planteó Tagle-. La reforma tendría que salir en el próximo periodo febrero-abril, porque tendría que volver a homologarse en los 32 estados de cara a los próximos comicios”. “Y en segundo lugar, una reforma para recortar el gasto es un tema que ningún partido ha puesto sobre la mesa para debatirlo”, añadió la senadora. “Por eso –concluyó-, para que el recorte se incluya en la agenda se requiere primero de una fuerte presión de la ciudadanía”. ¿Financiación pública o privada para los partidos? Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD ante el INE, recordó que el dinero que se entrega a los partidos “es el recurso que marca la ley”, y que el debate no debe centrarse “en si es mucho o poco dinero”, sino más bien en si la sociedad quiere un modelo de financiación público o privado para los partidos. “¿Queremos un modelo como el de Estados Unidos donde los recursos son privados, para que sean los empresarios o los narcotraficantes quienes terminen decidiendo las elecciones?”, preguntó el legislador. “En mi opinión, el financiamiento debe ser público”, se respondió para subrayar a continuación que con la reforma electoral de 2014 se le dio “dientes” al INE para fiscalizar los gastos de los partidos, eliminando el secreto bancario, el secreto fiduciario y el secreto fiscal. “Tenemos la burocracia electoral más cara del mundo” Jorge Álvarez Maynez, consejero del partido Movimiento Ciudadano (MC) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), también admitió que la reforma política de 2014 no ha cumplido con la promesa de reducir los costos de los comicios. “Al contrario –concedió-. Tenemos la burocracia electoral más cara del mundo”. En opinión de Álvarez, para reducir los gastos electorales se debe, en primer lugar, empezar por el INE. “En 2015 ya rechazamos el nuevo edificio del INE (que supondrá una “inversión” de más de mil 100 millones de pesos) y denunciamos que cuenta con un coordinador de asesores que gana más que los secretarios de estado”, apuntó el legislador, quien subrayó que como sociedad “debemos preguntarnos qué tipo de INE necesitamos”. “Ya que –abundó-, lo que es un hecho es que el INE actual no es lo que en verdad ocupamos”. Además del INE, cabe recordar que en la segunda parte del especial ‘Derroche por la democracia: así se tira tu dinero’, se documentó que los institutos electorales a cargo de organizar las elecciones para gobernador duplicaron su gasto entre un proceso electoral y otro, sin justificación. Aguascalientes es un claro ejemplo. Entre la elección para gobernador de 2010 y la de 2016 el gasto aumentó 922%; en la primera se gastó 1.7 millones de pesos en materiales electorales y en la de este año 22.2 millones. No hay explicación para este incremento. “Poner controles al sistema electoral cuesta dinero” El priista Jorge Carlos Ramírez justificó que el aumento de los costos de la democracia electoral está directamente relacionado con la necesidad de garantizar la “imparcialidad” de todas las elecciones en el país.
“Todavía el sistema (electoral) presenta vulnerabilidades y vacíos que hay que llenar. Y por cada uno de esos vacíos, la propuesta es ponerle más controles. Y cada control cuesta dinero”, señaló Ramírez. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: MANU URESTES, FRANCISCO SANDOVAL. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/gasto-partidos-politicos-reforma/
CIUDAD DE MÉXICO: Regina Bárcenas es una senadora del partido que gobierna la Ciudad de México. Su esposo es el jefe de Gobierno, Alonso San Román, y quiere ser candidato presidencial. Manipula a su esposa para convencer al senador y líder de la oposición, Gerardo Martínez, para que lo apoye. Entre el opositor y Regina existió un antiguo romance universitario que revive en este juego político. Regina Bárcenas se rebela del malvado San Román porque desconfía de Cecilia Aguilar, responsable del área de prensa de la Jefatura de Gobierno. Ella, además de ser su media hermana, buscará destruirla mediante todo tipo de intrigas. La senadora Bárcenas coquetea con la idea de suplantar a su marido en la candidatura presidencial. Líderes del partido gobernante le ofrecen encabezar la campaña. Ella decide irse por un partido independiente para enfrentar a su esposo y, además, a Gerardo Martínez que es destapado como candidato opositor. Esta es, en síntesis, la trama de la nueva telenovela de Televisa, La Candidata, producida por Giselle González e interpretada por Silvia Navarro, Víctor González, Rafael Sánchez Navarro, Susana González y Ari Telch, que inicia su transmisión este lunes 21 de noviembre a las 21:00 horas. La Candidata comenzó a ser grabada en agosto de este año y contará con 67 capítulos. Fue presentada como una “gran apuesta” de Televisa para abordar temas polémicos como la política y renovar sus clásicos refritos melodrámaticos. Los promocionales transmitidos desde una semana anterior desinflaron las expectativas frente a este melodrama que pretendía modernizar la pantalla de Las Estrellas y remontar el rating a la baja de las telenovelas de la empresa de Emilio Azcárraga Jean. Por la sinopsis y algunas de las imágenes adelantadas, La Candidata es una tropicalización de la famosa serie de Netflix, House Of Cards, que retrata las ambiciones e intrigas del matrimonio Underwood que decide escalar en la política estadunidense, hasta que Frank se enfrenta a su elegante y calculadora esposa. Entre sus “novedades” están la grabación en locaciones de edificios gubernamentales y una pretendida naturalidad que resulta fallida. Por supuesto, la tropicalización de Televisa tiene varios guiños inevitables con la aspirante presidencial panista Margarita Zavala, esposa del exmandatario Felipe Calderón, transformada en un producto del advertainment (entretenimiento y propaganda) de la empresa de Emilio Azcárraga Jean. Hasta antes de la derrota de la candidata presidencial demócrata de Estados Unidos, Hillary Clinton, Margarita Zavala y la trama de La Candidata habían generado interés y morbo entre algunos especialistas del mundo del espectáculo y la política. Sin embargo, la anticlimática victoria de Donald Trump echó al traste el interés y hasta la mezcla de ficción y realidad que pretende recrear esta nueva telenovela. Por los promocionales y adelantos de la telenovela, se observa el mismo estilo de Televisa para retratar el mundo de la política en sus melodramas: todo es producto de intrigas amorosas y personales, con un maniqueísmo simplón donde siempre hay una “villana” y un “villano” que se enfrentarán a una mujer muy buena, enamorada, honrada, guapa y, además, blanca y rubia. No hay mítines, masas ni reuniones multitudinarias. La política se decide en los salones o en las alcobas. En los promocionales de La Candidata se observa un discurso de Regina-Silvia Navarro que apela a un feminismo de salón, casi naive.
CIUDAD DE MÉXICO: El sector obrero que encabeza la Confederación de Trabajadores de México (CTM) pidió formalmente que se fije en 100 pesos el salario mínimo diario a partir del 1 de enero de 2017.
A través de una carta firmada por representantes obreros en la Comisión de los Salarios Mínimos (Conasami) dicho sector destacó la necesidad de hacer más competitivos los salarios que por años han sido castigados al sólo ajustarlos a la inflación anual. Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM, celebró la disposición del sector empresarial para mejorar los salarios mínimos en México y sostuvo que para el sector sindical, de concretarse, el aumento no impactará en la inflación estimada para el próximo año.
CIUDAD DE MÉXICO: En la construcción del Viaducto Bicentenario, concesión adjudicada a la empresa OHL México, se compraron a sobreprecio máquinas removedoras de barrera a una empresa que tiene entre sus accionistas a Ricardo Arturo San Román Dunne, amigo personal del presidente Enrique Peña Nieto. También esa empresa le vendió a precio módico al Ejecutivo la mansión en el campo de club de Golf de Ixtapan de la Sal. A través de una triangulación entre el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, el 14 de diciembre de 2012 el gobierno del Estado de México autorizó a OHL una “supuesta sobreinversión” por 624.3 millones de pesos, correspondientes a un concepto identificado como “Maquinaria y Monumento”. La maquinaria son las removedoras que no sirvieron y se arrumbaron. Y el monumento es el Monumento Bicentenario en Toluca, construido por OHL vía una empresa de Grupo HIGA, de Juan Armando Hinojosa Cantú, quien también fue el vendedor y financiero de la Casa Blanca de Peña Nieto en las Lomas de Chapultepec. Esto se desprende del relato de hechos y de las pruebas presentadas en la demanda que este jueves interpuso en la Procuraduría General de la República (PGR) el abogado Paulo Díez Gargari, de Grupo Infraiber, en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, exresponsable de la licitación del Viaducto Bicentenario; el actual mandatario del Estado de México, Eruviel Ávila, y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. En su exposición, el abogado de Infraiber relata que el proyecto original del Viaducto Bicentenario –la segunda obra carretera más importante de OHL en el Estado de México– requería la operación de un sistema de barrera móvil, pero la propuesta ganadora eliminó la necesidad de adquirir este sistema, “a pesar de lo cual el secretario Ruiz Esparza y OHL México decidieron adquirirlo”. “Tanto OHL México como el secretario Ruiz Esparza sabían quién era el fabricante y cuál era el precio del sistema, que finalmente no fue adquirido con cargo al Viaducto Bicentenario, sino con cargo al Circuito Exterior Mexiquense, con un sobreprecio injustificado que pudo haber representado el pago de un ‘soborno’ por la adjudicación de la concesión del Viaducto Bicentenario en favor de OHL México y que podría estar relacionado con la casa del actual presidente de la República, entonces gobernador constitucional del Estado de México, en Ixtapan de la Sal”, advierte la demanda. Según el texto, uno de los accionistas de esta empresa y miembro de su Consejo de Administración es Ricardo Arturo San Román Dunne, empresario de Ixtapan de la Sal; el otro es Jorge Antonio Haua Rachner, “quien también mantiene, desde hace muchos años, una muy estrecha relación de amistad” con Peña Nieto. Al intermediario se le pagaron 250 millones de pesos, pero el gobierno del Estado de México permitió que OHL registrara por este concepto, en el Circuito Exterior Mexiquense, un monto de 485.4 millones de pesos, 235 millones de pesos más, “con lo que ilegal e indebidamente se traslada el costo ‘infladísimo’ de este innecesario sistema a los usuarios de ambas autopistas”, argumenta Díez. El 31 de mayo de 2015, el periódico El Universal publicó una nota titulada ‘OHL incumplió con removedoras de barrera en Periférico Norte’, donde se señala que el removedor de barrera fue adquirido por OHL con un costo cercano a los 400 millones de pesos, y que sólo operaron “de forma fugaz” en la zona de La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, mientras que en Naucalpan “nunca operaron”.
Las máquinas removedoras de barrera han permanecido “abandonadas” a la intemperie desde 2009, debajo del puente del Circuito Exterior Mexiquense y la Avenida Central, cerca de la caseta de cobro A5. “Las máquinas han pasado ahí, arrumbadas, más de una tercera parte de su ‘vida útil’ que es de 20 años, siempre y cuando reciban un mantenimiento adecuado y oportuno, en términos de manual de mantenimiento y fabricante”, abunda Díez Gargari en su demanda. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/463869/denuncia-infraiber-sobreprecio-en-maquinas-beneficiar-a-ohl-san-roman-grupo-higa
Se plantea sancionar este delito con una pena de uno a seis años de prisión; el tiempo aumentará hasta en una mitad si el culpable es un servidor público que aprovechó sus funciones para cometer el ilícito.
Este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados conoció para trámite de publicidad el dictamen para castigar el delito de robo de identidad. Este dictamen, que será votado en la próxima sesión, planta la adición del Artículo 430 al Código Penal Federal, para incluir un capítulo en materia de usurpación de identidad. Se establece que comete este delito, el que por sí o por interpósita persona, usando cualquier medio lícito o ilícito, se apodere, apropie, transfiera, utilice o disponga de datos personales sin autorización de su titular o bien suplante la identidad de una persona, con la finalidad de cometer un ilícito o favorecer su comisión. Plantea imponer una pena de uno a seis años de prisión y de 400 a 600 días multa por el delito y, en su caso, la reparación del daño que se hubiera causado a los afectados.
Humberto Roque, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos señaló que el gobierno federal está alistando albergues y un plan que prevé seguro médico, alimentación y apoyo para conseguir empleo.
México está preparado para un eventual aumento en el retorno de mexicanos que radican en Estados Unidos, ya sea de manera voluntaria o por deportación, dijo Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. El funcionario federal planteó que una parte de los dos millones de mexicanos que se prevé retornen del vecino país del norte para las vacaciones decembrinas, podrían quedarse en México por temor a que se radicalice la política migratoria del presidente electo Donald Trump. Al comparecer ante integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, externó que desde 2014 hay una tendencia de 50 mil mexicanos más que retornan, ya sea de manera voluntaria o por deportación. El subsecretario de la Secretaría de Gobernación dijo que en caso de endurecerse la política de deportaciones en Estados Unidos, se buscará que sea un retorno ordenado en el que se respeten los derechos de los connacionales. Señaló que el gobierno federal está alistando albergues y un plan que prevé seguro médico por hasta 90 días, alimentación al llegar e incluso apoyo para conseguir empleo. A su vez, el titular del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, llamó a la calma ante las declaraciones de política migratoria hechas por el presidente electo de la Unión Americana. Sostuvo que actualmente las deportaciones se hacen de forma ordenada, a través de 11 puntos y con horarios regulados. En lo que va del año, refirió, han visitado México casi tres millones de connacionales y se espera para este periodo decembrino el arribo de dos millones por lo que se puso en marcha desde el 1 de noviembre el programa Bienvenido Paisano.
El titular de la Secretaria del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida dijo que el salario mínimo sigue ligado a factores altamente inflacionarios. Y consideró que la incertidumbre financiera seguirá por mucho tiempo, por lo que se debe encontrar una fórmula para ajustar los salarios.
El titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión social (STPS), Alfonso Navarrete Prida señaló que los empresarios deben comprometerse a no incrementar los precios en caso de que se realice un ajuste al salario mínimo de los mexicanos. Este jueves, tras la presentación de un libro sobre trabajo doméstico, Navarrete calificó como positivo que el sector patronal se haya pronunciado a favor de un ajuste al salario mínimo, pero que este debe revisare en acuerdo con el sector obrero y el Gobierno. Además, agregó, el salario mínimo sigue ligado a factores altamente inflacionarios. Y consideró que la incertidumbre financiera seguirá por mucho tiempo, por lo que se debe encontrar una fórmula para ajustar los salarios. Este miércoles, La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso incrementar el salario mínimo a 89.35 pesos diarios. La Coparmex propone un aumento porcentual por la línea de inflación en este año 2016 entre el 4 y el 4.5 por ciento y un aumento nominal por la línea de bienestar durante 2017 de forma tan rápida como lo permita la circunstancia económica, de 13.02 a 13.28 pesos. SEDECO CELEBRA PROPUESTA DE LA COPARMEX Salomón Chertorivski, Secretario de Desarrollo Económico de Ciudad de México, reconoció que Coparmex se sume al acuerdo para incrementar el salario mínimo, que prevé un aumento a 89.35 pesos para el próximo año. Esto significa un alineamiento entre el Gobierno, el congreso y los empresarios para darle fuerza a la iniciativa. Me parece que siempre va a haber voces que traten de poner las limitantes. La posibilidad la hemos tenido hace más de dos años y medio pero reitero el hecho de que uno de los grupos empresariales, de los gremios que representen a más empresarios, se sume a esto, me parece que es fundamental”, comentó Chertorivski en una entrevista con Grupo Fórmula.
La propuesta del aumento al salario mínimo fue iniciada por el gobierno de la Ciudad de México hace más de dos años, por lo que la concordancia de las diferentes autoridades para llevar a cabo esto significa un avance muy importante en la iniciativa. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/24-11-2016/3118920
La caída de los ingresos petroleros en el actual sexenio, como componente central del presupuesto público federal, enciende alarmas, pues de acuerdo con el investigador Alejandro Limón, el Gobierno de Enrique Peña Nieto no ha ampliado la base fiscal y su único camino para compensarlos es recurrir a más deuda. Los ingresos derivados de la exportación de hidrocarburos se derrumbaron, primero, por la caída en la producción de Pemex, derivada de la falta de inversión y las malas gestiones, además del derrumbe de los precios del petróleo desde finales de 2013. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el monto de los ingresos petroleros pasó de 34.3 por ciento en 2012, a 13.5 por ciento en el presente año.
Al contexto de incertidumbre económica que vive México por la elección de Estados Unidos y el triunfo del republicano Donald Trump, se suma la caída en los ingresos del petróleo que, hasta 2014, nutrían aún hasta un tercio del gasto público. Ahora, sin embargo, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el 34.3 por ciento que estos ingresos representaban en 2012 se convirtió en un 13.5 por ciento en 2016; mientras que la participación de estos recursos en el presupuesto de la Nación, agrega el órgano fiscalizador, también cayó de 29.3 por ciento a 7.6 por ciento este año. De acuerdo con información de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el periodo de 2000 a 2011 los ingresos petroleros representaron en promedio casi 34 por ciento de los ingresos presupuestarios del sector público. En 2006, por ejemplo, los ingresos petroleros repuntaron a 38 por ciento del total; en 2008 significaron 36.9 por ciento, y en 2011 representaron 33.7 por ciento de los ingresos totales. El elevado peso de los ingresos petroleros significa que un poco más del 30% de los ingresos totales federales, fuera de la deuda, tuvieron como fuente la venta de petróleo; o también, una sola entidad del Estado, en este caso Petróleos Mexicanos, aportaba más de la tercera parte de los ingresos públicos federales, con los que se financian no sólo todos los órdenes de gobierno en los niveles federal, estatal y municipal, sino la economía en su conjunto. Si bien la “despetrolización” de las finanzas nacionales se planteó como un objetivo de la Reforma Energética, la ASF establece que la reducción de los ingresos derivados de los hidrocarburos se debe a la caída en los precios internacionales del crudo y, en el contexto doméstico, a una disminución en la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“En 2010, el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación fue de 72.5 dólares por barril, y al primer semestre de 2016 fue de 29.4 dólares por barril. Por otra parte, el volumen de comercialización del petróleo en promedio fue de 1,360.5 miles de barriles diarios en 2010, y al primer semestre de 2016 de 1,134.0 miles de barriles diarios”, dice la ASF en el Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2016.
El mismo documento plantea que, debido a que los ingresos totales presupuestarios del sector público se mantuvieron en el mismo nivel desde 2008, la caída en los recursos generados por el petróleo no ha sido solventada por otro tipo de recursos. “Entre las limitaciones estructurales de las finanzas públicas se destaca que, de 2010 a 2014, los ingresos petroleros pasaron de representar 32.6 por ciento en promedio del total a 18.7 por ciento en 2015 y 13.5 por ciento en el primer semestre de 2016, mientras que los ingresos presupuestarios fueron de 23.3 por ciento del PIB en 2008 y de 23.5 por ciento en 2015”, dice la ASF.
“Lo anterior, en conjunto con el débil crecimiento económico, significa que los ingresos tributarios no petroleros han sido insuficientes para financiar el nivel que ha alcanzado el gasto público, y los fondos de estabilización también han mostrado limitaciones en el cumplimiento de sus objetivos. Por otro lado, las coberturas para proteger los ingresos petroleros, si bien han cumplido su propósito, se estima que podrían incrementar su costo si persiste la volatilidad e incertidumbre en este mercado, por lo que será prudente evaluar sus perspectivas en ese complejo escenario”, agrega el reporte de la ASF, difundido en agosto pasado.
De acuerdo con Alejandro Limón Portillo, integrante del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la caída de los ingresos petroleros es “preocupante” debido a los motivos –caída de precios y de producción– y al lugar que ocupan en los recursos del Gobierno federal.
“Es preocupante, porque históricamente ha sido la fuente principal de ingresos, y ahora que no se tienen, en algunos casos se ha recurrido a la deuda para suplirlos”, plantea Limón Portillo.
Datos de Pemex muestran que la producción de la antes empresa paraestatal se encuentra en sus niveles más bajos desde 2009: de dos millones 601 mil barriles diarios de crudo en ese año, a dos millones 88 mil en noviembre de este año; y de siete millones 31 mil pies cúbicos de gas diarios, a sólo cinco millones 604 este mes. Estos datos de producción, agrega Limón Portillo, son los más bajos desde al menos 2003, y la expectativa es que continúen deprimidos hasta 2019, cuando empiece la explotación del bloque de Trión, el primero ubicado en aguas profundas del Golfo de México y que entrará en licitación en diciembre próximo. Y será sólo entonces, dice el investigador, que podría esperarse también un aumento en los ingresos petroleros.
“De hecho, en Pemex no estima un alza en su producción sino hasta el 2019, lo cual indica que están avalando la caída. Y he ahí la preocupación, porque hasta ese año se seguirá con un producción baja, y aún no sabemos cómo estarán los precios”, dice Alejandro Limón.
En octubre pasado, Limón Portillo difundió un análisis sobre la caída en los ingresos petroleros y mostró cómo éstos, desde 2015, se componen también por los recursos que lleguen al nuevo Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, introducido por la Reforma Energética y que tiene como objeto administrar y distribuir lo que generen las licitaciones de las Rondas de esta modificación constitucional. Pero estos recursos, dice Limón en el documento, no han llegado a la meta trazada por la Reforma. “El objetivo es que, una vez realizados los pagos derivados de las asignaciones/contratos y de las transferencias ordinarias (que deberían alcanzar el 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto), el Fondo Mexicano del Petróleo pueda almacenar los recursos sobrantes en la reserva del fondo, con el fin de generar ahorro de largo plazo. Sin embargo, las estadísticas publicadas por el FMP muestran que, a agosto del año en curso, se ha completado el 42.9 por ciento del objetivo planeado para el 2016; es decir, en una tercera parte del año se tendría que recaudar más del doble para cumplir el objetivo”.
LOS RIESGOS DEL ABANDONO Desde marzo pasado, Pemex plantó en un informe que entregó a la Bolsa Mexicana de Valores que, por la caída en los precios internacionales del crudo y en su producción, la reducción de las ventas totales de la empresa para ese momento se habían desplomado un 28 por ciento, sus costos de operación habían aumentado un 19 por ciento y, en total, acumulaba pérdidas por 552 mil millones de pesos en 2015; casi el doble de las registradas en 2014. A estas disminuciones se sumó también un recorte de 100 mil millones de pesos anunciado el pasado 17 de febrero por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); medida que, de acuerdo con lo que anunció entonces el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, se enfrentará con una reducción de 46 mil 800 millones de pesos en Exploración y Producción (PEP), su principal fuente de ingresos. Esta disminución, plantea Limón, se dio también en la empresa Subsidiaria de Transformación Industrial, que dejó de producir gasolina dejando cada vez más proporción del mercado a la importación de las mismas. “El hecho de que tengan menos recursos indica también que se puede refinar menos petróleo, por lo que, ahora, el 61 por ciento de la gasolina en México ya es importada”, explicó.
“En 2014, el porcentaje importado era de 47.5 y, en 2015, de 54.2 por ciento; es decir que, conforme se le asignan menos recursos a Pemex, se importa más gasolina, lo que nos deja vulnerables por el tipo de cambio”, agregó el investigador.
FUENTE: SIN EMBARGO. TITULO ORIGINAL: …Y ahora, ni dinero del petróleo: ingreso cae a nivel histórico con EPN; queda endeudarse, alertan. AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO. LINK: http://www.sinembargo.mx/25-11-2016/3118943
El enfrentamiento entre miembros de dos organizaciones de la policía comunitaria en Guerrero deja como saldo un muerto, que aún no ha sido plenamente identificado.
Un hombre murió esta tarde en el segundo enfrentamiento a balazos entre el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Tierra Colorada. A las 4:05 de la tarde se observó que había un hombre tirado en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, en medio de la balacera, y fuentes confirmaron que estaba muerto. El hombre no ha sido identificado por ninguna de las dos organizaciones. La balacera continúa y todos los comercios de la demarcación permanecen cerrados.
El primer enfrentamiento desató pasado el medio día, cuando miembros de la UPOEG intentaron ingresar a Tierra Colorada, sin embargo, fueron agredidos con arma de fuego por el FUSDEG, desatando la balacera por más de 40 minutos. FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR. AUTOR: REDACCIÓN/LUIS BLANCAS. LINK: http://www.sinembargo.mx/24-11-2016/3119004
Gabriel Sosa Plata, ombudsman del televidente desde septiembre pasado, no ha podido ejercer sus funciones. La SHCP solicitó no hacer contrataciones por honorarios poco después de su nombramiento en el cargo.
El defensor de la audiencia de Canal 22, Gabriel Sosa Plata, no ha podido ejercer sus funciones desde el pasado 1 de septiembre. Luego de haber sido elegido por una comisión externa, Ernesto Velázquez, director general del canal hizo oficial su nombramiento pero antes de terminar el mes, este comunicó a Sosa Plata que “por instrucción” de la Secretaría de Hacienda no se podrían hacer contrataciones por honorarios, haciendo inviable su ingreso al canal. En entrevista para Aristegui Noticias, el experto en telecomunicaciones y derechos a la información y de las audiencias, detalló que Velázquez Briones le planteó esperar “algunos días para que esto se pudiera solucionar convencido de que finalmente es una obligación de la ley tener esta figura”. El ombudsman de la audiencia del canal 22 propuso trabajar sin remuneración en lo que se resolvía el problema administrativo. Sistematizó las quejas presentadas por la audiencia que no habían sido atendidas desde la salida de su antecesor, Francisco Prieto, y elaboró informes semanales. “En el último informe que le hice llegar a las diferentes áreas el director me pidió ya de una manera muy clara que dejara de estar enviado esos informes que porque lo único que podía estar ocasionando son observaciones del órgano interno de control a su equipo de trabajo. Le respondí que con todo gusto, que lo dejaba de hacer pero le pedía que informara el canal sobre lo que estaba ocurriendo”, explicó Sosa Plata. Finalmente fue él quien redactó un comunicado para enterar a la audiencia las razones por las cuales “no podía ejercer aún el cargo” y en él reconoció que “el director general del canal, Ernesto Velázquez, desde que tuvo conocimiento de la instrucción de la Secretaría de Hacienda ha llevado a cabo las gestiones necesarias para dar solución al caso”. Sin embargo, la respuesta del canal fue dejar de destacar en la página web el micrositio de la Defensoría del Televidente, argumentando “remodelación” y en dicho micrositio ya no aparece ni el nombre, semblanza o publicaciones de Gabriel Sosa Plata. En un texto que Sosa Plata ya no tuvo oportunidad de publicar en el sitio web mencionado, destaca las disminuciones anuales e ininterrumpidas al presupuesto del canal 22 y con ello no sólo se reduce la producción propia y adquirida de contenidos de calidad sino que está “en riesgo de no cumplir eficientemente los objetivos por los que fueron creados. Esto también afecta el derecho a la información y en consecuencia los derechos de las audiencias”. Detalló que “en 2013 el presupuesto de Canal 22 fue de casi 232 millones de pesos, en 2014 disminuyó 30 millones de pesos para situarse en 201 millones de pesos. Para 2015 se decidió mantenerlo con el mismo presupuesto de 201 millones, pero en 2016 le quitaron nueve millones de pesos para quedar en 192 millones de pesos. En 2017 se prevé sean 170 millones de pesos. La disminución entre el 2016 y 2017 sería de más de 11 por ciento. Y si no hay cambio en los recursos que se asignarán el año que viene, la reducción sería de 62 millones de pesos desde el 2013″. Sosa Plata destaca que este tipo de situaciones se presentan también porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones aún no publica los lineamientos de los Derechos de las Audiencias, “es pésimo para un medio público que teniendo ya una defensoría de las audiencias y por un problema aparentemente presupuestal tenga que suspender la labor de esta figura, si los lineamientos ya los tuviéramos vigentes esto no procedería (…) porque la ley federal de telecomunicaciones establece la obligación de todos los concesionarios de Radio y Televisión abiertas que deben contar con esta figura, entonces por lo pronto el canal 22 la tiene suspendida”. No obstante se dijo estar “en la mejor disposición de dialogar y de encontrar una solución porque finalmente tengo un nombramiento firmado por él y a partir de una elección que hizo la comisión honoraria externa estamos ahí para realizar las actividades que me fueron encomendadas, yo sigo en la mejor disposición y esperaría que los funcionarios del canal 22 también colaboren no con el defensor, sino que sean congruentes con sus audiencias”.
El líder del sindicato patronal reconoció que 2017 "será un año complejo", por lo que demandó una Reforma Fiscal Base Cero que "no tenga temas tabúes", entre ellos analizar la conveniencia de aplicar IVA a alimentos y medicinas.
“Desde ya, el Gobierno Federal debe asumir una postura firme para defender los intereses comerciales de México y evitar que Donald Trump nos pase por encima“, aseguró Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El líder del sindicato patronal consideró indispensable que México “se prepare” para defender a sectores como los de la manufactura, la agricultura, la ganadería y el sector automotriz y de autopartes, que se podrían ver afectados por una eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) En entrevista con Aristegui Noticias, De Hoyos Walther sugirió a la administración de Enrique Peña Nieto que conforme un grupo muy sólido que le permita negociar en igualdad de condiciones con el equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos. También recomendó fortalecer los lazos comerciales que México tiene con otros países a través de los tratados de libre comercio que ha firmado con bloques o de manera bilateral, para no solo depender de la relación con la Unión Americana. Respecto a la advertencia del Fondo Monetario Internacional sobre “riesgos significativos” para México por un crecimiento en el proteccionismo comercial impulsado desde Estados Unidos, el presidente de Coparmex reconoció que 2017 “será un año complejo” y que el principal reto es mejorar la competitividad.
Para hacer frente a esos retos, demandó una Reforma Fiscal Base Cero que “no tenga temas tabúes” como analizar la conveniencia de aplicar IVA a alimentos y medicinas; reducir la carga tributaria asfixiante para las empresas que tengan ingresos máximos de 50 millones de pesos anuales, y mejorar el marco regulatorio para eliminar trámites excesivos.
Con un vecino poderoso y hostil como lo es Estados Unidos, México deberá fortalecer su gobierno, especialmente en temas como la corrupción y la seguridad, para lograr con ello que Donald Trump se interese en una “modernización” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como lo planteó Enrique Peña Nieto, estacó este día The Economist en su editorial que titula: “Con un vecino hostil, México necesita fortalecerse”. La revista británica recuerda que “ocho ex gobernadores, todos menos uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto, enfrentan acusaciones de corrupción, después de dejar sus estados con deudas por un total de 9 mil millones de dólares. Sólo uno, el que no es priista, está en la cárcel. El principal problema que México ha evadido es el de la gobernabilidad”.
Pobre México, tan cerca de Donald Trump y tan lejos de un buen gobierno. Eso dice la prestigiada revista The Economist. También dice que si Enrique Peña Nieto quiere fortalecer al país frente a las amenazas que plantea Trump, deberá tomar dos medidas urgentes. En el análisis, sin embargo, ni parecen seguros que lo vaya a hacer. “Si quiere rescatar su reputación debe usar los dos últimos años de su mandato para lidiar con el problema de la gobernabilidad, de dos maneras”, dice.
“En primer lugar, podría nombrar a un Procurador General de la República genuinamente independiente, un paso esencial para establecer el Estado de derecho. Su gobierno impulsó una ley para otorgar autonomía a esa dependencia a partir de 2018, pero con la condición de que el titular continuaría en esa posición durante otros nueve años. Los temores de sus críticos, de que el cambio sea meramente cosmético, surgieron cuando el mes pasado Peña nombró en ese cargo a Raúl Cervantes, un Senador del PRI y ex abogado del partido. Eso no es suficientemente bueno”.
“En segundo lugar, Peña Nieto necesita enfrentar la declinante legitimidad de la política y de la Presidencia. Peña Nieto fue elegido con sólo el 38 por ciento de los votos. Debido a la creciente fragmentación política, su sucesor puede necesitar sólo el 25 por ciento o menos para ganar. Quienquiera que sea descubrirá que gobernar no es fácil, a menos de que México introduzca una segunda vuelta electoral que enfrente a los dos punteros en las elecciones presidenciales, como lo hacen la mayoría de los países latinoamericanos”.
De acuerdo con la revista, “Peña Nieto tiene la capacidad de negociar para llevar a cabo todas estas reformas. Pero ¿tendrá la voluntad? Se dice que Porfirio Díaz un día exclamó, en referencia a su país: ‘Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos’. Hoy, la desgracia del país es que está demasiado cerca de Trump y muy lejos de la gobernabilidad”. El análisis recuerda que hace casi 25 años, “un Presidente mexicano, Carlos Salinas, tomó una decisión histórica. Decretó que el futuro de su país se basaría en hacer a un lado el temor y el resentimiento contra su poderoso vecino al norte, para abrazar la integración económica con Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”.
“El acuerdo impulsó la modernización de una parte de la economía mexicana. Así que, la inminente llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, un crítico del TLCAN que amenaza con construir un muro que detenga inmigrantes entre los dos países, parece un desastre para México. Sería fácil decir que Salinas hizo la apuesta equivocada, como muchos de sus críticos denunciaron en aquel momento. No lo hizo. Para México, geografía es destino”, agrega.
De todos modos, afirma, “con mil 400 millones de dólares en mercancías que cruzan la frontera cada día, la economía del país está ahora unida a la de Estados Unidos de manera muy íntima”. “Entonces, ¿qué tiene que hacer México? El {residente actual, Enrique Peña Nieto, quien fue duramente criticado cuando invitó al candidato Trump a visitarlo, confía en que puede hacer que Trump se interese en una ‘modernización’ del TLCAN. Tiene algunas posibilidades de convencerlo: la falta de cooperación de México en materia de comercio, combate a las drogas y en materia migratoria podría perjudicar a Estados Unidos. The Economist plantea que “ningún aliado democrático merece los insultos que Trump profirió contra México. Pero han provocado tanto introspección como ira. México se convirtió en ‘la piñata fácil’ de la campaña de Trump por sus propios defectos, escribió Jesús Silva Herzog Márquez, articulista del periódico Reforma. “Que nos azoten la puerta del norte nos deja, una vez más, cara a cara con nosotros mismos”. Según la publicación inglesa, “Peña tiene razón cuando insiste en que no todo en México va mal. Pero muchas cosas importante sí van mal. El TLCAN ha funcionado como un exoesqueleto legal, ofreciendo certeza a los inversionistas extranjeros. Los inversionistas nacionales no tienen esa suerte. Esa es una de las principales razones de que el crecimiento económico haya promediado menos del 3 por ciento anual desde 1990”.
“Los mexicanos están hartos de una delincuencia fuera de control y de eso que Silva Herzog llama ‘el escándalo permanente de nuestra vida pública’”.
The Economist recuerda que “ocho ex gobernadores, todos menos uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto, enfrentan acusaciones de corrupción, después de dejar sus estados con deudas por un total de 9 mil millones de dólares. Sólo uno, el que no es priista, está en la cárcel. El principal problema que México ha evadido es el de la gobernabilidad. El país sólo ha florecido cuando ha tenido un gobierno central fuerte, aunque a costa de la libertad”. “Así fue durante el gobierno de Porfirio Díaz durante más de 30 años, hasta que fue derrocado por la Revolución en 1911. Así volvió a ocurrir en el apogeo del sistema de partido único instalado por el PRI. Con la derrota del PRI en las elecciones de 2000, México ganó libertades políticas, pero no el estado de derecho ni un gobierno responsable, como explica Luis Rubio, un analista político, en un ensayo para el Wilson Center, un think tank en Washington”.
Concluye: “El poder, antes monopolizado por los presidentes del PRI, ahora está compartido con los gobernadores y con los dos principales partidos de oposición. Pero todavía no hay controles ni equilibrios en el ejercicio de ese poder, como lo muestra el saqueo de los gobernadores. Y el gobierno federal es ineficaz: Peña Nieto ha sido incapaz de implementar plenamente algunas de las reformas que el mismo impulsó al comienzo de su mandato. Si pensaba que el viejo mecanismo de control central del PRI funcionaría en un país más sofisticado, debe haberse desilusionado. Peña Nieto ha sido ampliamente denostado: su nivel de aprobación es de sólo 25 por ciento”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/24-11-2016/3118783
De acuerdo con el ´Indice Internacional de Seguridad y Policía, más de la mitad de los países latinoamericanos figuran entre los peor posicionados. Sólo un lugar por encima de Venezuela se encuentra México, en el 120 de 127, donde el fuerte aumento del crimen organizado es una de las principales manifestaciones de las deficiencias de los cuerpos de seguridad. “Los cárteles perpetran secuestros y en ciertas ciudades hay casi impunidad total. Esto nos hace pensar que el subregistro de los secuestros en México es muy alto”, dice el índice.
Más de la mitad de los países latinoamericanos, entre ellos México, figuran entre los peor posicionados del primer Indice Internacional de Seguridad y Policía, presentado hoy y que mide la eficiencia de los cuerpos policiales y el resultado en términos de seguridad ciudadana. La investigación, que ha tomado dos años de mediciones y sondeos a la Asociación Internacional de Ciencias Policiales y al Instituto para la Economía y la Paz, señala que los países donde hay una democracia plena tienden a ser los que obtienen mejores resultados en seguridad interna. Todos los países ubicados en las primeras veinte posiciones son europeos -con excepción de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Japón- y de los que España ocupa el décimo noveno lugar. Por regiones, Africa subsahariana presenta los peores resultados, pero varios países latinoamericanos como México y Venezuela aparecen en el listado entre los países africanos. Venezuela es el peor posicionado al ubicarse en el lugar 119 de 127 países evaluados, en un índice que excluye a los países donde hay conflictos de larga duración.
“La situación de seguridad interna en Venezuela se está degradando, sabemos que es probable que la tasa de homicidios suba significativamente y pensamos que ahora es de 50 por cada 100.000 habitantes, lo que es increíblemente elevado”, dijo a Efe el director de investigación del Instituto para la Economía y la Paz, Daniel Hyslop. Sólo un lugar por encima de Venezuela se encuentra México, donde el analista mencionó el fuerte aumento del crimen organizado, como una de las principales manifestaciones de las deficiencias de los cuerpos de seguridad.
“Los carteles perpetran secuestros y en ciertas ciudades hay casi impunidad total. En estas circunstancias aumenta el subregistro (de casos), ya que la gente tiene miedo de denunciar. Esto nos hace pensar que el subregistro de los secuestros en México es muy alto”, comentó.
Los otros países de la región que ocupan las peores posiciones en el ránking son Honduras (116), Bolivia (114), Paraguay (113), Guatemala (107) y Perú (105), todos ellos esparcidos entre países de Africa subsahariana y por debajo de algunos en los que hay conflictos internos latentes, como Birmania, o explícitos, como Yemen. Colombia (puesto 96), República Dominicana (95) y Brasil (94) son los otros países peor posicionados. Hyslop explicó que, de manera general, los problemas relativos al Estado de Derecho y la inestabilidad política generan espacios para la aparición o el avance del crimen organizado.
“Los entornos altamente volátiles e inestables incentivan la corrupción y el pago de sobornos a la policía”, agregó el académico.
De otra parte, “cuando hay fuertes aumentos de las tasas de homicidio, así como presencia del crimen organizado y de terrorismo, muchas veces las principales víctimas son los propios policías, que son impedidos así de cumplir sus funciones plenamente”, comentó. El ránking comprende indicadores como los recursos que un Estado asigna para la seguridad interna y si éstos son utilizados de manera eficiente, así como la percepción de la ciudadanía sobre la policía. También se analizan las tasas de homicidio, de robos y asaltos, así como de víctimas de terrorismo, los niveles de corrupción y el respeto de los derechos humanos por parte de las entidades policiales. Sin embargo, Hyslop precisó que la existencia de altos números de policías, fuerzas armadas y de agentes privados de seguridad no garantizan resultados buenos, si estos cuerpos no gozan de legitimidad frente a la población.
El índice está encabezado por Singapur, un país multi-étnico con una gran estabilidad política y económica, y que desde su fundación hace medio siglo dio extrema importancia al orden y a la seguridad interna. FUENTE: SIN EMBARGO/EFE. LINK: http://www.sinembargo.mx/24-11-2016/3118670
El Grupo de Información en Reproducción Elegida presentó su informe sobre el acceso de las niñas menores de 15 años al aborto en casos de violación. Ahí refiere que las autoridades ofrecieron un método anticonceptivo de emergencia sólo a 2 mil 419 (8.5 por ciento), de las 28 mil 252 menores que denunciaron ser víctimas de violación. Señaló además que en los códigos penales y de salud locales existen trabas para que las mujeres accedan a una interrupción legal del embarazo en estos casos: 8 entidades exigen una permiso de las autoridades para llevarlo a cabo, 12 dan un plazo para poderlo hacer y otra docena de entidades exigen una demanda previa.
De las 28 mil 252 niñas menores de 15 años que denunciaron haber sido víctimas de violación sexual, entre 2009 y 2016, sólo al 8.5 por ciento (2 mil 419) se le ofreció un método anticonceptivo de emergencia, dio a conocer el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). La organización no gubernamental presentó el informe “Violencia sin interrupción” en el que da a conocer los datos obtenidos por medio de transparencia de las procuradurías locales y la General de la República (PGR), además de las instituciones de salud de los estados y federales.
Ahí señaló que cada año se cometen el el país al menos 600 mil delitos sexuales. en los que 9 de cada 10 víctimas son mujeres y de éstas 4 de cada 10 de ellas tienen menos de 15 años de edad. Agregó que el 60 por ciento de los agresores son familiares o personas conocidas.
De acuerdo con las cifras oficiales del periodo de enero de 2009 al 30 de junio de 2016, las autoridades han recibido 70 mil 630 denuncias por violación en procuradurías locales y PGR. Sin embargo, el número de procedimientos de aborto por violación en dependencia de salud de gobierno local y federales fueron contrata de manera considerable, sólo se reportaron 61.
El GIRE señaló que a pesar de la modificación de la NOM 046 de la Secretaría de Salud, que rige los criterios sobre la interrupción legal del embarazo en caso de violeción, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dieron como respuesta a solicitudes de información, que en sus hospitales no realizaron ningún legrado legal, al menos en el periodo de enero de 2009 a junio de 2016. Mientras que la Secretaría de Salud federal simplemente dijo no contar con esa información. Concluyó además que el servicio de acceso al aborto a menores víctimas de violación se sigue condicionando, a pesar de que desde marzo de este año la NOM 046 indica claramente que mujeres y niñas mayores de 12 años que hayan sufrido una agresión sexual y, como consecuencia, resultado embarazadas pueden acudir a cualquier centro de salud público a realizarse una interrupción del embarazo, sin necesidad de haber presentado una denuncia por violación, autorización de alguna autoridad (ministerio público o juez) o consentimiento de padre, madre o tutor.
Y acusó que lo anterior deriva del “desconocimiento de las obligaciones de los prestadores de salud, o el afán de imponer sus creencias personales por encima de la salud y, en ocasiones, la vida de las niñas y mujeres sigue siendo un obstáculo para que ellas accedan a los derechos mínimos que les permitan recuperarse de esta situación de violencia y un embarazo que nunca debieron haber sufrido”.
Al respecto denunció que los casos de mujeres acompañadas por el GIRE, ha sido frecuente el mal trato y la re victimización por parte tanto del personal de salud como ministerial que consideran estar facultados para castigar y humillar a las mujeres que no cumplen —bajo su perspectiva— con el mandato de género que indica que antes que otra cosa, las mujeres deben ser madres.
CÓDIGOS ESTATALES CRIMINALIZAN Y PONEN EN RIESGO A LAS VÍCTIMAS De acuerdo con los datos proporcionados a la ONG, el número de autorizaciones para aborto por violación emitidas por la PGR y las procuradurías locales entre enero y junio de 2016 fueron 26; mientras que el número de autorizaciones para aborto por violación recibidas por el IMSS, ISSSTE, secretarías de salud locales 51, y los de procedimientos de abortos por violación realizadas por estos mismo organismo fueron 62. En las recomendaciones, la organización civil exigió a los Congresos de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacn, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz reformar sus códigos penales para eliminar el plazo como requisito para acceder a los servicios de aborto por violación, de conformidad con la Ley General de Víctimas, pues en la mayoría se dan sólo 90 días para poder acceder a la interrupción legal. Respecto a la autorización para acceder a los servicios de aborto por violación contenido en los códigos penales, también llamó a las cámaras de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima y Quintana Roo a eliminarlo, y también a los Congresos de Baja California Sur, Durango, Guerrero e Hidalgo hizo lo mismo. Solicitó también cancelar la normativa de la existencia de una denuncia como requisito para acceder a los servicios de aborto por violación, contenido en los códigos penales de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero e Hidalgo. Mientras que la Secretaría de Salud le solicitó reformar el Manual de Operación Modelo integrado para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual para eliminar los requisitos de denuncia previa y autorización por parte de juez penal para acceder a los servicios de aborto legal por violación. A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México la llamó a reformar los Lineamientos Generales de Organización y Operación de los Servicios de Salud relacionados con la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal para eliminar el plazo de 20 semanas de gestación para acceder a los servicios de aborto legal.
Y a los Gobernadores de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz exhortó a reformar las normas administrativas que establecen requisitos previos, como el plazo, la denuncia y/o autorización para el acceso a los servicios de aborto por violación.
