HUEYAPAN, Mor: Los representantes de 11 comunidades de siete municipios de la entidad integraron el Consejo de Seguridad Comunitaria para proteger a los pobladores frente al desbordamiento de la violencia e inseguridad en la región.
La entrevista con los líderes del movimiento popular se realizó en el atrio del Exconvento de Santo Domingo de Guzmán, ubicado en la comunidad del mismo nombre, perteneciente al municipio de Tetela del Volcán, ubicado en las faldas del Popocatépetl. Ocho hombres y una mujer aceptaron hablar con el reportero y confirmaron las versiones sobre el surgimiento de un grupo de “autodefensas” muy parecido al que emergió en Michoacán con José Manuel Mireles, actualmente preso en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora. Con la condición de mantener el anonimato, uno de los líderes explica las razones de su precavida actitud: “Algunos medios quieren tomarnos como bandera, por eso queremos aclarar las cosas. No tenemos miedo, bueno, no es fácil, pero ya le entramos a esto, ya no podemos rajarnos. Pero no queremos dar nuestros nombres porque no queremos que los compañeros nos acusen de protagonistas”. Tercia otro: “Acordamos que esto no es para politizarlo. No queremos a los partidos políticos. No estamos ligados a partidos políticos ni a los alcaldes. Somos gente del pueblo, de confianza de los pueblos”. Hace una semana los representantes del Consejo se reunieron en una comunidad de Yecapixtla y emplazaron a los gobiernos municipales, estatal y federal a dar resultados cuanto antes o atenerse a las consecuencias. Algunos medios manejaron la información de que se armarían, pero esa versión fue rechazada por los integrantes de la red de seguridad. “Lo que hicimos en Yecapixtla fue hacer un llamado de atención fuerte al gobierno, porque hay comunidades donde golpea fuerte el robo de autos, el cobro de derecho de piso y el secuestro”. Y funcionó, dicen, porque unos días después el gobernador Graco Ramírez debió “aclarar” que en Morelos “no hay autodefensas”. El pasado miércoles 4 el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, se reunió a puerta cerrada con los líderes del Consejo de Seguridad Comunitaria, quienes después emitieron un comunicado con el título: “No somos autodefensas”. Y aseguran que cada comunidad ha creado su grupo y tienen presencia en siete municipios: Tetela del Volcán, Zacualpan de Amilpas, Yecapixla, Cuautla, Atlatlahucan, Totolapan y Tlayacapan. Cada grupo tiene un nombre para identificarse. El “pionero” es el de Los Relámpagos, nacido en Tetela y conformado por empresarios locales. “Ellos tuvieron que comprar sus propios radios, la antena, la base y todo. Pero fueron los primeros en organizarse y responder al cobro de derecho de piso y al secuestro”, aclaran los líderes del Consejo. En 2010, la comunidad de Tetela del Volcán detectó a un grupo de personas que secuestraba a pobladores. La banda de plagiarios actuaba en combinación con una mujer que era cajera en la sucursal bancaria local. “Ella les ponía el dedo a las víctimas” y los plagiarios actuaban en consecuencia. La población los detectó cuando estaban a punto de secuestrar a un empresario local. La población se organizó rápidamente y cercó el vehículo donde se encontraban. Eran cuatro hombres y una mujer. Los sacaron a golpes del vehículo, prácticamente los desnudaron y luego los ataron al asta bandera de la plaza de armas del municipio. Consiguieron leña y amenazaron con prenderles fuego. Después de varias horas de negociación, autoridades del gobierno del estado lograron que la población entregara a los presuntos secuestradores, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, procesados y condenados. “En Hueyapan y Tetela prácticamente erradicamos en los últimos dos años el secuestro y los demás delitos. El problema es que hace como un año la mujer que fue detenida por la población, aquella a la que estuvo a punto de linchar, se escapó de la cárcel distrital de Cuautla. Imagínese cómo están las personas que secuestró. Mejor los hubiéramos juzgado nosotros, porque hasta ahorita no la han detenido”, lamentan los representantes del Consejo de Seguridad Comunitaria. Se trata de Patricia Martínez Peralta, quien en 2010, cuando iba a ser linchada, tenía 25 años de edad. Purgaba su condena en la cárcel distrital de Cuautla, pero en junio de 2015 ella y otros dos hombres escaparon por un boquete que hicieron en el muro de ese centro penitenciario. Hasta el momento sigue prófuga. Después de aquel intento de linchamiento, las comunidades de Tetela decidieron organizarse. Los Tigres actúan en Hueyapan, Los Bravos en Tetela del Volcán, Los Halcones en Xochicalco y Los Santiagos en la comunidad de Santiago. Han hecho una alianza y han construido su propio esquema de coordinación intercomunitaria. Se les pregunta cómo lo hacen, cómo actúan en relación al Mando Único, al Ejército. Responde uno de los líderes, quien ha sido militar y policía: “El Mando Único no funciona. En Tetela del Volcán son 32 policías, sin embargo, como son del Mando Único, luego se los llevan a otro lado. O tiene que hacer cuentas. Mire, son 32, pero ahí tiene que descontar el radio-operador, los escoltas de la presidenta municipal, el de guardia, los que cuidan el Palacio Municipal. Al final quedan sólo ocho operativos, a los que a veces se llevan a otros municipios. A veces es sólo el comandante de turno y un guardia”. Luego habla la mujer: “Se imagina, dos policías para cuidar a todo un municipio. Tetela del Volcán, con todas sus comunidades, somos 17 mil habitantes”. “Somos más de 20 mil, 23 mil habitantes”, la corrige un hombre de más de 60 años, quien es líder de la seguridad de Hueyapan. “Somos 23 mil habitantes. El Mando Único no funciona, nos dejan sin policías y los que se quedan no tienen armas, no tienen parque, no tienen patrullas. No sirven para nada”, confirma otro. –¿Pero cómo lo hacen? Dicen los medios locales que están armados, incluso han exhibido fotografías con hombres armados. –No, esas fotos no somos nosotros, ni son de aquí. “No tenemos armas, eso lo vamos a negar. No tenemos armas, lo hacemos cómo podemos, con nuestros cuerpos, con nuestros recursos”, sostiene otro de los líderes, de aproximadamente 30 años de edad. Intervienen los demás de manera atropellada. Un hombre grande, con pelo cano, huaraches y sombrero, y con un folder bajo el brazo, señala: “Mire amigo, eso ya lo ve cada comunidad. ¿Cómo le diré? Mire, por ejemplo aquí en Hueyapan tenemos una resortera; allá en Xochicalco, una honda…”. Interrumpe otro: “En Tetela tenemos tira fichas, incluso a veces agarramos unas rajas de leña. Con lo que sea, como podemos hacemos nuestro trabajo”. Algunos portan radios de comunicación, otros traen un morralito y visten mezclilla o lona, camisas de algodón, botas de trabajo, huaraches. A lo lejos parece una reunión de vecinos cualquiera. ¿A qué se dedican?, se les pregunta. Son campesinos, comerciantes, ganaderos, viveristas, transportistas. “Hay de todo”, dice uno de ellos. Añade: “Queremos que le ponga ahí, bien remarcadito (en la nota), que no tenemos apoyo del gobierno del estado ni del municipal. El ayuntamiento pasado (encabezado por el actual diputado perredista Javier Montes) publicó en el periódico que nos dio 300 radios (para comunicarse entre las comunidades). Y primero se lo creímos. Pero luego nos pusimos a hacer cuentas y resultó que apenas fueron 160. ¿Dónde quedaron los demás?”. Afirman que para movilizarse en sus comunidades utilizan sus propios vehículos y pagan de su bolsillo la gasolina. Y subraya uno de Los Bravo: “Hemos reducido prácticamente a cero el delito en nuestras comunidades. No hay respaldo de nuestras autoridades. Imagínese cuánto dinero no le hemos ahorrado al gobierno. Nosotros pagamos la gasolina, usamos nuestros vehículos, nuestro tiempo. Ellos se ahorran policías, gasolina (…) Les garantizamos la estabilidad social en las comunidades”. –¿Y por qué lo hacen? –Pues porque ya estábamos hartos. Imagínese, primero vinieron de fuera y comenzaron a secuestrar. Luego les enseñaron a algunos de aquí a secuestrar. Primero secuestraban a las personas que tenían billete, pero luego comenzaron a secuestrar a taxistas, a campesinos, por 15 mil, por 30 mil pesos. La gente de una comunidad aquí cercana, no voy a decir su nombre, subía todo el tiempo a robarse nuestros coches o a secuestrarlos. Se los llevan y luego piden rescate por ellos. Decidimos ponerles un hasta aquí”. Se refiere a la comunidad de Huecahuaxco, donde tradicionalmente se han alojado las bandas de roba coches, sin que las autoridades hagan nada al respecto. “Todo mundo sabe que ahí se dedican a eso, pero nadie hace nada. Por ello, nos hemos coordinado y hemos evitado el robo de muchos vehículos. En cuando ocurre el robo y tenemos el reporte, todos saben qué hacer. Los taxistas y las rutas (transporte colectivo) están coordinados, son muchos ojos que identifican el vehículo y lo ubican. Entonces los demás cerramos los accesos y los obligamos a abandonar los vehículos”. Añade el representante de Los Santiago: “Y no hemos podido agarrar todavía a alguno, aunque tiene más de un mes que no hay un sólo robo. Ya le piensan. No hemos podido agarrar a uno, pero donde lo agarremos, quién sabe”. Lo secunda uno de Los Halcones: “Quién sabe qué pasará, porque estamos cansados y necesitamos darles una muestra de que no estamos jugando, son nuestras pertenencias y no nos gusta que no las quiten. No nos gusta que se pasen de listos”. El de Los Bravo: “Y no crea que todo es miel. Por supuesto que las comunidades tenemos diferencias. Nomás aquí, Hueyapan y Tetela tenemos diferencias históricas, pero hemos hecho un pacto. Las demás diferencias siguen ahí, pero en el tema de la seguridad somos compañeros. Ellos a veces tienen que entrar a nuestro territorio y nosotros igual. Nos respetamos y hemos acordado que el día que le toque a uno de Tetela (que lo hieran o lo maten), los de Hueyapan, de Xochicalco, de Yecapixtla o de dónde sea, se van a meter, e igual nosotros por alguien de sus comunidades”. Otro viejo líder agrega: “Somos gente de confianza. La gente nos conoce y se siente segura. Tenemos el respaldo de nuestras comunidades, de nuestras asambleas. Aquí no puede entrar cualquiera. No dejamos que entren los radicales, los apasionados, porque esos luego se calientan y terminan peleando, terminan recordando las diferencias. Aquí sólo tenemos una cosa que nos une: la seguridad. Póngale ahí, bien recalcado. Porque si uno entra en esto ya no puede salirse, se acostumbra uno a la camaradería, a la confianza de la gente”. De la reunión con las autoridades salió el acuerdo para reunirse el 3 o 4 de junio próximo en algún lugar de la región oriente. Participarán los tres niveles de gobierno, y todavía está por definirse si van todos los integrantes de las Guardias de Seguridad Comunitaria o sólo los líderes. “Conformamos un consejo, porque queremos una estructura donde no hay líderes visibles. Todos tenemos entendido que no vamos a buscar un cargo. No somos bandera de ningún político. Graco (Ramírez) prometió muchas cosas, pero realmente no puede cumplir. Dijo que el Mando Único, y nada, no sirve, así que por eso decidimos que nosotros mismos debemos protegernos”.
Sobre los linchamientos de la semana pasada en Achichipico, Yecapixtla, señalan: “Eso fue una coincidencia, nosotros todavía no hemos linchado a nadie. No es nuestro objetivo. Nuestra lucha es por vivir tranquilos. La gente confía en nosotros y nosotros hacemos nuestro trabajo por nuestro bien y el de toda nuestra comunidad”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JAIMA LUIS BRITO. LINK: http://www.proceso.com.mx/440193/pobladores-morelos-se-organizan-frente-al-crimen-organizado
CIUDAD DE MÉXICO: La PGR destacó este martes que se dictó auto de formal prisión contra nueve operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos el hijo, un hermano, el yerno y dos cuñados de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, principal líder de esta organización delictiva. La dependencia también aseguró a los implicados alrededor de 160 millones de pesos, entre inmuebles, vehículos, joyas, cuentas bancarias, dinero en efectivo e incluso animales. En un comunicado precisó que tras la captura de nueve de los principales integrantes de la organización delictiva, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) requisó 34 inmuebles con un valor de 91 millones 591 mil 466.57 pesos, entre ellos un hotel en el poblado de La Cruz de Loreto, en Tomatlán, con un valor estimado en 20 millones de pesos. La PGR puntualizó que a Rubén Oseguera, El Menchito, se le decomisaron 17 millones 757 mil 743 pesos y 609mil 990 dólares americanos. Además, a Cesar Casarín Molina, El Tornado, quien fue ubicado como brazo armado del grupo, le fueron asegurados un millón 389 mil 500 pesos y 496 mil 50 dólares americanos. En el caso de cuentas bancarias, se han asegurado diez con un monto de 2 millones 753 mil 96 pesos, dos de ellas a nombre de El Menchito y cuatro a Nazario González Valencia, integrante de Los Cuinis, aliado del CJNG. Entre lo asegurado destacan 139 vehículos, varios de lujo, con un valor total de más de 36 millones de pesos; una embarcación con un costo de 45 mil pesos, y 89 joyas con un valor de casi ocho millones de pesos, entre ellas varios relojes de marca. En los operativos para debilitar la estructura financiera del CJNG, la PGR decomisó más de 19 millones 451 mil 863 pesos en efectivo y 621 mil dólares americanos, además de 10 cuentas bancarias con 2 millones 753 mil 096.99 pesos, y 348 semovientes o animales valuados en un millón 767 mil 426 pesos. Según las investigaciones de la SEIDO, las averiguaciones previas iniciadas en contra de los integrantes del CJNG se concentran en Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/440270/asegura-pgr-160-mdp-al-cartel-jalisco-nueva-generacion
CIUDAD DE MÉXICO: Cientos de madres de México y Centroamérica ocuparon las escalinatas del Ángel de la Independencia para exigir una respuesta institucional a las miles de desapariciones en el país. Las mujeres salieron del Monumento a la Madre y caminaron alrededor de una hora hacia la columna de la Independencia, como lo han hecho desde hace cinco años, para saber dónde están sus seres queridos. Desde Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Querétaro, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas y la Ciudad de México, así como de Honduras, Guatemala y El Salvador, este 10 de mayo las mujeres se movilizaron una vez más para denunciar el abandono gubernamental. Entre ellas sobresalía la figura de María Herrera, quien busca a cuatro hijos desaparecidos y es la misma que increpó al expresidente Felipe Calderón por la falta de atención al problema. La mujer tiene los ojos secos de llorar y se nota cansada, pero sigue marchando. Es la quinta vez que María lo hace, desde que las organizaciones de derechos humanos y colectivos de desaparecidos decidieron salir a las calles para exponer su dolor. Antes, marchó en Michoacán, de donde es originaria, y recorrió el país como parte de la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. “Pareciera que esto no va a tener fin, estos años lo único que he podido recoger es dolor, sufrimiento, impotencia y perversidad de parte del gobierno y de las autoridades que nos hacen creer que van a buscar a nuestros hijos. Sabemos que no lo están haciendo”, señaló María Herrera, fundadora de Familiares en Búsqueda, cuyos hijos desaparecidos son Jesús, Raúl, Gustavo y Armando Trujillo Herrera. “Esto no para porque nuestros gobiernos no están haciendo su trabajo. Dicen: ‘se nos están acercando muchas víctimas y no tenemos capacidad para atenderlos’, como si nosotros los estuviéramos fabricando y no quieren aceptar que es por su falta de eficacia y por su colusión con el crimen que no quieren hacer nada. La marcha de hoy es un grito desesperado a la sociedad, no sólo para que nos ayuden a nosotros, sino para que se unan para que esto ya no suceda más. Lo que sufrimos le puede pasar a cualquiera”, subrayó. El llamado a la unidad de familiares de desaparecidos y a la solidaridad ciudadana prevaleció en el acto de este martes, en el que –a través del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México– las madres pidieron a entes internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que reconozcan que “oficialmente México vive una crisis humanitaria, una debacle institucional y carente de legitimidad”.
De acuerdo con las cifras oficiales, cada día desaparecen al menos 11 personas, y a febrero de este año la cifra alcanzaba los 26 mil 121 desaparecidos. Si esa tendencia continúa, “la cifra seguirá creciendo y podrían ser hasta 50 mil personas cuando termine esta administración”.
En la lectura de un comunicado las madres solicitaron a esas instancias internacionales “valorar la manera de intervenir en nuestro país ante el Estado fallido y el sufrimiento de su población, que vive una suerte de conflicto interno en el cual estamos atrapados los habitantes nacionales y migrantes en su paso a Estados Unidos” El llamado de auxilio se hizo extensivo a la Unión Europea para que colabore “en transformar de raíz el sistema político mexicano, caldo de cultivo de la impunidad generalizada y germen de la corrupción más refinada, que lo mismo vende nuestras riquezas nacionales que se rinde o se coordina con la delincuencia organizada”. Las familias de desaparecidos también pidieron a los gobiernos de Centro y Sudamérica que exijan medidas urgentes a la ONU y la OEA para ayudar a los migrantes que en su camino a Estados Unidos “son víctimas del triángulo de las Bermudas, que es en lo que se ha convertido nuestro territorio”. A nivel nacional, los familiares exigieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que actúe en consecuencia con la tragedia humanitaria, y al Congreso de la Unión le pidieron realizar reformas legislativas para garantizar la autonomía de la procuración de justicia y la creación de un instituto forense, además de mejorar el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y llamar a cuentas al presidente Enrique Peña Nieto por no proponer un presupuesto “acorde con la dimensión del problema de tanto desaparecido”. En representación de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, los padres de César Manuel González recibieron el mensaje de las madres presentes que los llamaron a “no caminar solos” y a unirse en una lucha nacional. Mario González, quien informó que el resto de los padres de los normalistas desaparecidos participaba en otras movilizaciones en Guerrero, aseguró que también se movilizan por “los otros desaparecidos, por los despojados y las injusticias” Tras recordar que los han invitado a aceptar dinero como parte de la reparación del daño por la desaparición de sus hijos, recomendó a las madres presentes exigir como única reparación de daño “la presentación de nuestros hijos. No queremos dinero, no nos vamos a comer a nuestros hijos en pedazos”, dijo. En su intervención, el obispo de Saltillo Raúl Vera destacó que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos se convirtió en una “luz que iluminó para el mundo las tinieblas de la desaparición, de los miles que están en esa condición” y que no eran tomados en cuenta.
El religioso, que junto con las madres de los desaparecidos marchó bajo el sol, las animó para que no decaigan en su lucha. “Ustedes marcan el camino, aquí vengo a aprender la garra y la fuerza para enfrenta la violencia que vivimos. Su fuerza nos impide ser cobardes, ser miedosos o claudicar”.
Luis Alberto López, de la Red por la Verdad y Justicia, que integra a familiares de personas de El Salvador, Guatemala y Honduras, sostuvo que es la primera ocasión en que colectivos de madres centroamericanas se movilizan para exponer públicamente su dolor en la tradicional marcha del 10 de mayo. Denunció el maltrato de las autoridades mexicanas hacia los familiares de los migrantes desaparecidos, y señaló que para las instancias de investigación los casos de centroamericanos “son de oficios y los engavetan”. Por su parte, Blanca Martínez, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), lamentó que una vez más se haya postergado la discusión y aprobación de una ley general sobre desaparición, y que “la prioridad de la clase política mexicana no esté en consonancia con el drama nacional”. “México está lleno de fosas, de sangre de nuestro pueblo, miles de desaparecidas y desaparecidos, desplazamiento y demás, y ellos (los legisladores) están haciendo su ley anticorrupción para protegerse a ellos, cuando nosotros lo que estamos pidiendo es un marco legislativo que sea un asidero necesario para avanzar en la búsqueda de nuestros seres queridos, que posibilite dar con la verdad y la justicia, pero prefirieron protegerse y ver cómo venden el país, y se va al siguiente periodo”, añadió.
Al finalizar la movilización, las madres que llegaron de distintas partes del país descasaron unas horas en la glorieta del Ángel de la Independencia, donde compartieron algunos alimentos antes de retornar a sus ciudades de origen, a la lucha continua en la búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos.
Dirigentes del PAN y el PRD presentaron audios donde presuntamente se escucha a Alejandro Baquedano acordando cómo utilizar el programa social a favor del candidato priista Héctor Yunes.
Tras la divulgación de audios y las acusaciones de un presunto uso de un programa social para favorecer al candidato priista en la elección de gobernador en Veracruz, Héctor Yunes Landa, renunció este martes 10 de mayo el delegado federal de PROSPERA en Veracruz, Alejandro Baquedano. En un comunicado, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) informó sobre la renuncia voluntaria de Baquedano, indicando que esa decisión obedece “a su voluntad de contribuir con los principios que rigen la labor diaria de los funcionarios públicos”.
Horas antes, en una conferencia de prensa conjunta, el dirigente nacional panista, Ricardo Anaya, y la secretaria general perredista, Beatriz Mojica, exhibieron un audio donde presuntamente se escucha la forma en que Baquedano acuerda con el delegado priista en Veracruz y senador, Manuel Cavazos, utilizar recursos del programa de inclusión social Prospera con fines electorales.
“El PRI lucra con la pobreza y la gente más necesitada del país, se utiliza el programa PROSPERA para fines políticos”, acusó Anaya. “Alejandro Baquedano ya ha sido denunciado desde el 2013 por otros actos corruptos y aún así sigue en su cargo”, agregó. Mojica, en tanto, exigió la actuación inmediata de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). “Baquedano hace tres años tuvo una denuncia por la manipulación del programa Oportunidades, exigimos que Fepade actúe”, mencionó. Desde el 5 de mayo pasado, el PAN informó sobre una denuncia contra Baquedano, por audios en los que presuntamente se le escucha hablando con el diputado local priista Raúl Zarrabal Ferat, respecto a un uso electoral de Prospera a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“De acuerdo con la transcripción que se plasma en el recurso y en el audio adjunto en un CD de audio, Alejandro Baquedano confiesa haber participado, en su calidad de delegado federal de PROGRESA, en la realización de conductas ilícitas”, indicó el PAN.
Aguascalientes es el estado con mejor desempeño en creación de empleo al superar su meta, mientras que Veracruz apenas alcanzó 16% de su meta, indica el #SemáforoEconómico.
Este año, 12 estados tienen elecciones a gobernador, por lo cual México, ¿Cómo Vamos? se ha dado a la tarea de analizar su desempeño en materia de empleo formal. A partir de los datos del #SemáforoEconómico se puede medir cuántos empleos en promedio al año han generado en los 5 años de gobierno que llevan las administraciones actuales. Entre éstos, destaca Aguascalientes como el estado con mejor desempeño y Veracruz como el peor. No se puede medir con la misma vara el desempeño en generación de empleo a todos los estados, ya que las necesidades de cada estado dependen del tamaño de su población. Para evaluar el empleo formal se utilizan las metas de generación de empleo establecidas por México, ¿Cómo Vamos?, las cuáles estiman el número de empleos formales necesarios que debe de generar cada estado para darle cabida a la población que se incorpora a la fuerza laboral. De los 12 estados con elecciones solo uno, Aguascalientes, cumplió su meta de generación de empleo formal. El estado generó 13 mil 189 empleos formales promedio al año en los últimos 5 años. Esto representa 108% de su meta de 12,200 empleos.
En cambio, Veracruz, que tiene una población económicamente activa mayor y por ende, una meta mayor, generó 11 mil 590 empleos formales en promedio al año en los últimos 5 años; es decir, 16% de su meta de 74,700 empleos.
La generación de empleos formales se mide como el número de nuevas plazas registradas en el IMSS, las cuales pueden corresponder a nuevas plazas generadas en el sector privado formal o a plazas que existían anteriormente que se formalizaron.
De estos estados, dos estuvieron cerca de alcanzar sus metas de generación de empleo: Chihuahua y Quintana Roo, que generaron 33,263 y 14,623 empleos formales promedio al año, respectivamente. Esto representa 95% y 86% de sus metas. Nueve de los estados de los cuales su gobernador termina su periodo generaron en promedio menos del 75% de su meta. Estos estados son Sinaloa, Durango, Zacatecas, Puebla, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.
En los cinco años que llevan los gobiernos salientes, el promedio anual de generación de empleos formales en el país es de 629 mil 50 empleos formales, es decir 52% de la meta nacional. La meta nacional es generar 1.2 millones al año, que son los empleos necesarios para darle cabida a la población que se incorpora a la fuerza laboral en el país. El nivel de empleo formal es un indicador importante del bienestar de la población por dos razones:
El empleo formal es más productivo que el informal, tiene mejores condiciones laborales y salarios más altos, y
dado que el tiempo es el principal activo de la población de bajos recursos, el aumento en los ingresos derivados del trabajo es el mejor mecanismo para reducir la pobreza.
Dada la importancia de la generación de empleo formal, México ¿Cómo Vamos? considera que el tema y cómo abordarlo debe de ocupar uno de los principales puntos en la agenda de los gobernadores que serán electos en los comicios de junio.
Un punto clave para la generación de empleo formal a través del crecimiento de las pequeñas empresas formales es el nivel en las habilidades administrativas y gerenciales de quienes toman las decisiones sobre el nivel de inversión y arman las estrategias de crecimiento. Otro punto clave para impulsar las empresas formales es que el gobierno se encargue de proveer los bienes públicos e infraestructura que reduzcan los costos de las actividades privadas, como carreteras, puertos, leyes, facilidades administrativas y un sólido estado de derecho.
CIUDAD DE MÉXICO: El 2 de octubre del año pasado en Puerto Vallarta, Jalisco, el Grupo Collado recibió del presidente Enrique Peña Nieto el Premio Nacional de Exportación, junto a otras compañías del sector acerero.
A decir del mandatario, ese reconocimiento significa que dichas empresas “proyectan lo mejor de México”. Los aplausos fueron tibios cuando el director general de Collado, Bernardo Vogel Fernández de Castro, recibió el galardón ante la cúpula empresarial, el gabinete presidencial y el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval. El Grupo Collado, presidido por el padre de Bernardo Vogel, Guillermo Francisco Vogel Hinojosa, se encuentra bien posicionado en la industria offshore a través de la firma panameña Mossack Fonseca. Así lo revelan algunos de los 11.5 millones de documentos de la firma panameña, difundidos el pasado 3 de abril. La información masiva fue entregada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/) y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés, https://www.icij.org/), además de otros 109 medios en el mundo, entre ellos Proceso. Dedicado a la compra, venta, transformación, maquila y distribución de productos de acero, Collado es cliente del despacho centroamericano desde 2012. Llegó ahí a través de la firma Doporto & Asociados. Como informó este semanario en el reportaje “Mediante ‘offshore’ jugaron con la salud de los mexicanos”, en diciembre de 2012 Doporto & Abogados facilitó un préstamo por 4 millones 600 mil dólares a The Dutch Latem Royalty Company B. V., una empresa incorporada en Holanda por Infintax (Proceso 2058). El préstamo provenía de la empresa Leyco Industries Corp., domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Ésta recibió fondos de un fideicomiso de Nueva Zelanda y dos empresas domiciliadas en Singapur, detrás de los cuales se encontraban Guillermo Francisco Vogel Hinojosa, Guillermo Waisburd Kretinger y Ángel Servando Sosa Hurtado, tres directivos de alto nivel del Grupo Collado. Pasaron dos años para que los ejecutivos solicitaran de nuevo los servicios de Mossack Fonseca. A finales de 2014 le pidieron al despacho Doporto & Asociados crear otras cuatro estructuras offshore en Panamá. Doporto & Asociados apresuró a Mossack Fonseca a crear estas estructuras y recordó que dos de esos clientes ya estaban registrados con la empresa centroamericana. No se estableció para qué se usarían esos nuevos esquemas, sólo están los nombres de los dueños y las empresas de cada estructura. La primera es Acadius Holding Structure, cuyo beneficiario es Ángel Servando Sosa Hurtado, quien además de participar en el Grupo Collado es directivo de Octapharma y participa en la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. En esa estructura, una empresa de nombre White Dime Holding Ltd. con sede en Malta, posee todas las acciones de Pertama Development S. A., establecida en Panamá. Otro directivo de la acerera que está involucrado en la industria farmacéutica es Guillermo Waisburd Kretinger. Según el servicio informativo Reuters, el empresario tiene más de 30 años de experiencia en la formación, adquisición y fusión de grandes empresas. Por ejemplo, fue partícipe en la adquisición de Pfizer por parte de la trasnacional Johnson & Johnson en 2006. En el segundo caso, Waisburd Kretinger encabeza Galoubet Holding Structure, cuya finalidad fue crear en Panamá una empresa llamada Retco Assets Inc., en la que Crystal Edge Ltd., también de Malta, tiene la totalidad de las acciones. La tercera estructura constituida fue Cohete Holding Structure, que dio como resultado la apertura de la empresa Sandycombe Holdings Inc., en Panamá. La accionaria única de Sandycombe es otra compañía de Malta llamada Royal Ex Ltd. Detrás de ese esquema se encuentra Mita Aparicio Castiglioni Grasso, quien forma parte del consejo de administración del Grupo Collado y anteriormente pertenecía a la compañía Ferrioni, dedicada a la fabricación y comercialización de prendas de vestir para toda la familia. Y la cereza del pastel es Guillermo Vogel Hinojosa, que aparece en la estructura Conquestor Holding. Ésta se utilizó para crear la empresa Bordage Commercial Inc. en Panamá, cuyas acciones están en poder de Millertown Ltd., otra offshore maltesa. Vogel Hinojosa es presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) y pertenece a diferentes consejos de administración que van desde Grupo Alfa hasta HSBC México. Es también vicepresidente de Tenaris-Tubos de Acero de México, S. A., que de acuerdo con la revista Forbes lo posicionó como uno de los principales beneficiarios de la reforma energética, vigente desde principios de 2014. Calificación a la baja La carta fuerte de Guillermo Francisco Vogel es el Grupo Collado, que opera a través de sus subsidiarias: Inmobiliaria Grupo Collado, Fondo Inmobiliario San Nicolás y Madisa Cancún, dedicadas al arrendamiento de inmuebles; Aceros Guanajuato; y Fletes Transco, que distribuye y entrega los productos que comercializa del grupo. Además, cuenta con Collado Industries, un centro de servicio y procesamientos de placa de acero; Grupo Servicon, dedicada a la manufactura y techado de naves industriales, así como la construcción de obras públicas y privadas; mientras que Fabservmex presta servicios administrativos al Grupo Collado. Sin embargo, 99.99% de las acciones de esta empresa es de Coryer, perteneciente al mismo grupo, de acuerdo con el último reporte trimestral de 2015 entregado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Una subsidiaria singular del Grupo Collado es Quell & Well, establecida en Panamá, donde creó otra empresa offshore. Según reportó a la BMV, el único activo de esa compañía es la inversión en acciones de Aceros Guanajuato. Vogel participa asimismo en la empresa Estilo y Vanidad, presidida por Guillermo Waisburd y donde se fabrican y comercializan la pomada de La Campana, el champú Vanart y la crema humectante Therapy, entre otros conocidos productos. Para redondear, Vogel Hinojosa es presidente de Exportaciones IM Promoción, que de acuerdo al Sistema de Información Empresarial Mexicano se dedica al comercio al por menor de artículos de papelería. En los archivos de Mossack Fonseca, el presidente de Canacero aparece en otra estructura global llamada Saraito. Es uno de los poseedores de ese esquema junto con Luis Doporto Alejandre y el español Silver Dueñas. Ellos crearon tres fidecomisos y cinco compañías, pero todas derivan en Tempest Point Holding Ltd., también con sede en Malta, de las cual surgen Saraito Americas Holding ETVE, Saraito España SL, Saraito Rumania SRL y Saraito Trademarks Ltd., en Malta. La habilidad empresarial del presidente de la Canacero le alcanza para hacer negocios con el gobierno. Según el Portal de Obligaciones de Transparencia, el Grupo Collado obtuvo una franquicia de Pemex Refinación que tiene vigencia hasta el 21 de diciembre de 2025. Además ha sido abastecedor de estructuras de acero de la Secretaría de la Defensa Nacional en el gobierno de Peña Nieto. Pese a la habilidad de Guillermo Vogel para hacer negocios, el Grupo Collado ha sido golpeado por la volatilidad de los precios del acero, que en el primer trimestre del año se recuperó 7.9% pero al cierre de 2015 acumuló una caída de 32.4%; además fue afectado por el recorte del gasto en infraestructura del gobierno federal. Las ventas netas acumuladas de la compañía al cierre de marzo del 2016 ascendieron a mil 405.7 millones de pesos, es decir, cayeron 1.1% respecto de los primeros tres meses de 2015. Las calificaciones crediticias de Collado han ido bajando, ya que en 2008 la calificadora Fitch Ratings le dio una nota “A con perspectiva estable”, es decir que era capaz de pagar sus obligaciones pese al entorno del precio del acero; pero el año pasado le asignó “CCC con perspectiva negativa”, lo que significa que la empresa difícilmente cumplirá con sus obligaciones en un contexto desfavorable. Vogel Hinojosa se reunió el pasado 17 de abril con autoridades del Servicio de Administración Tributaria. Según el comunicado de la Canacero, no platicaron sobre su relación con Mossack Fonseca, sino de fijar reglas claras en el comercio exterior.
Vogel Hinojosa, Castiglioni, Sosa Hurtado y Waisburd fueron requeridos por este semanario para entrevistarlos pero al cierre de la edición no se habían reportado. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS (REPORTAJE ESPECIAL). LINK: http://www.proceso.com.mx/440199/cliente-mossack-fonseca-premiado-pena-nieto
XALAPA, Ver: “Hay vientres vacíos porque dieron vida y hoy están fruncidos de dolor”, clamaron al unísono madres de jóvenes desaparecidos, quienes por quinto año consecutivo salieron a las calles de diversos municipios para recriminar al gobierno de Javier Duarte, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la SSP su ineficacia y tortuguismo para resolver cientos de estos casos.
Con protestas simultáneas en el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Orizaba y Xalapa, madres y familiares de jóvenes víctimas de desapariciones forzadas salieron a las calles a recordar que en este día “no hay pasteles, pero sí sillas vacías”. Sara González, vocera del Colectivo por la Paz Xalapa –que aglutina a familiares de 48 desaparecidos en la capital del estado y municipios de la región–, recriminó que en este 2016 el gobierno de Duarte ha sido incapaz de resolver un solo caso de desaparición forzada. Por el contrario –fustigó–, se han presentado cuatro nuevas desapariciones, tres casos de jóvenes en Las Vigas y uno en Orizaba. Con la consigna de “este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, e “Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, un centenar de personas marchó por las principales arterias de Xalapa para exigir que el gobierno del priista Javier Duarte esclarezca los cientos de casos de desaparición forzada que afectan a la entidad. Con micrófono en mano, cada una de las madres que pasó a dar su testimonio estallaron en lágrimas o, con nudos en la garganta, deploraron que llevan dos y tres años sin tener una sola pista o rastro de su ser querido. El contingente de madres de desaparecidos salió de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, y siguió por la avenida Xalapa y Manuel Ávila Camacho, y a diferencia de otras marchas que provocan el hastío y repudio de la ciudadanía, en esta ocasión taxistas y conductores de autos particulares se solidarizaron tocando el claxon y cediendo el paso a los manifestantes. “Hoy hubo madres que no vinieron, y no vinieron porque estén festejando, no vinieron porque están dolidas, tienen el vientre fruncido de llanto y dolor, de no tener respuesta”, expresó una de las mujeres que pasó al frente para lanzar consignas en contra del gobierno estatal. Sara González advirtió que cada hora de desvelo que han pasado pensando en sus hijos la han traducido en besos en sus frentes, que cada hora que pasan en los MP, en las dependencias “molestando a las autoridades” son una hora de abrazos. Todo ello pese a que “aún hoy nos sigamos preguntando, ¿por qué con nosotros?, ¿por qué a nuestros hijos”, reflexionó. En la avenida Manuel Ávila Camacho el contingente del Colectivo por la Paz hizo una pausa para guardar un minuto de silencio por los desaparecidos que en el último año han sido encontrados sin vida.
CIUDAD DE MÉXICO: Este lunes 9, en un aparente intento de secuestro, fue asesinado a balazos un joven en Zapopan, Jalisco, hijo de un empresario nayarita propietario de una televisora filial del Grupo Televisa. Los hechos se registraron en el interior del fraccionamiento Valle Real, al norte de la zona metropolitana de Guadalajara, cuando al menos dos sujetos habían plagiado a su víctima para llevárselo a bordo de su auto, un BMW de color blanco. Elementos de seguridad privada dieron aviso a la Policía de Zapopan, quienes al tratar de detener a los captores, iniciaron una persecución donde hubo disparos de arma de fuego la cual culminó en la avenida Aviación. En el asiento trasero del vehículo fue localizado el cuerpo sin vida del joven Roberto Mondragón Olvera, de 23 años, hijo de Roberto Mondragón Pérez, dueño de la Televisora de Nayarit, XHKG TV, filial de Televisa.
Al lugar acudió el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, quien estuvo durante horas en el lugar de los hechos, y cerca de las 5:00 horas de este martes se retiró sin dar declaraciones a los medios de comunicación. Hasta el momento, el gobierno de Jalisco no ha dado información al respecto. La televisora mediante Facebook estableció:
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló que al igual que con la información dada a conocer previamente, se revisará cada caso incluido en esta segunda revelación.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ratificó su posición de revisar a cada uno de los contribuyentes con obligaciones fiscales en México referidos en una segunda revelación hecha hoy de los llamados “Papeles de Panamá”. El organismo fiscalizador reiteró que actuará conforme a derecho respecto a las personas y empresas que han usado estructuras o empresas constituidas en países de baja imposición fiscal, cuyos nombres fueron revelados este lunes. En un comunicado emitido esta noche, señaló que al igual que con la información dada a conocer previamente, se revisará cada caso incluido en esta segunda revelación. Ello, agregó, para valorar si dentro de las bases de datos institucionales y la que se obtenga por el intercambio de información con otros países, existen elementos objetivos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y de ser procedente, iniciar el ejercicio de las facultades de ley. El SAT reiteró su compromiso de actuar conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le establecen para combatir la evasión fiscal en el país. Aquí el comunicado del SAT: El SAT reitera su posición de actuar conforme a derecho respecto de los contribuyentes señalados de contratar empresas offshore SAT MÉXICO·LUNES, 9 DE MAYO DE 2016 Con relación a la información hecha pública hoy sobre una segunda revelación de nombres de personas y empresas que han usado estructuras o empresas constituidas en países de baja imposición fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) nuevamente fija su postura en el sentido de revisar a cada uno de los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México. Al igual que con la información dada a conocer previamente, se revisará cada caso incluido en esta segunda revelación, para valorar si dentro de las bases de datos institucionales y la que se obtenga por el intercambio de información con otros países, existen elementos objetivos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y de ser procedente, iniciar el ejercicio de las facultades de ley.
Las familias Maccise Uribe, Chemor y Almazán concentran un negocio de más de mil millones de pesos en ventas a gobiernos estatal y federal.
Desde 2006, una red de empresas propiedad de industriales mexiquenses cercanos al presidente Enrique Peña Nieto ha vendido al menos mil millones de pesos en desayunos escolares y suplementos alimenticios al gobierno federal y a los DIF de 15 estados, a través de licitaciones sin competidores y en las que se solicitan comestibles idénticos a los que producen. Los empresarios José Anuar y Luis Ernesto Maccise Uribe, Víctor Almazán de la Rosa y Richardo Chemor Ávila figuran detrás de la marca Nutriwell y de las empresas Innovación Tecnología en Alimentos y MC International Commerce, encargadas de la producción de los alimentos. Una investigación de Aristegui Noticias, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS, comprobó que las licitaciones comparten un mismo esquema: las dependencias públicas siempre solicitan productos idénticos a los de Nutriwell en nutrientes, empaque, tamaño y peso, aunque la empresa jamás participa en los concursos. Además, en los concursos siempre se registra un participante, nunca hay competencia, y de forma invariable el ganador termina comprando los alimentos de Nutriwell para entregarlos a las dependencias públicas. De ese modo, Nutriwell siempre gana sin competir. Los Estados que compran productos Nutriwell a través de sus oficinas del DIF son Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Mientras que el Gobierno federal hace las adquisiciones a través de Diconsa, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Aunque en la mayoría de los Estados las compras se hacen a través de licitaciones, Nutriwell ha conquistado el mercado de los desayunos escolares de Veracruz a través de adjudicaciones directas. Además de su cercanía con Peña Nieto, la familia Maccise Uribe también es dueña de un grupo de medios originario del Estado de México que incluye periódicos, radiodifusoras y medios online afines al político y al PRI, y también firmó una alianza internacional con Grupo Prisa, que edita El País de España. Luis Ernesto Maccise Uribe, uno de los propietarios de las empresas beneficiadas, también fue consejero de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, donde se diseñan las políticas alimentarias de gobierno federal. Detrás del negocio de alimentos se encuentra un entramado de siete fábricas distribuidas en el Estado de México, Querétaro, Chiapas y Nayarit que producen la marca emblema Nutriwell y sus filiales Nutrivien, Nutrimami, Nutrismart, y Nature Air. Mediante correo electrónico, el empresario Luis Ernesto Maccise Uribe se deslindó de la responsabilidad de las licitaciones y negó que sus negocios y los de su hermano hayan crecido por su relación con políticos, pues sus operaciones comerciales siempre se han realizado con transparencia. EDOMEX, CUNA DE LAS LICITACIONES DIRIGIDAS El gobierno del Estado de México entrega cada año 90 millones 972 mil desayunos escolares y raciones vespertinas a niños de nivel básico para combatir la desnutrición infantil, pero en las licitaciones públicas solicita expresamente que los alimentos tengan las mismas características que los de Nutriwell. De 2011 a 2014 el gobierno del Estado de México realizó 11 licitaciones para adquirir los desayunos escolares y raciones vespertinas que se reparten en escuelas del nivel básico, y en cada una de ellas pidió alimentos que están dentro del catálogo de Nutriwell o que tienen las mismas características nutricionales y de empaque. En cada licitación el gobierno mexiquense enlista los productos que quiere comprar y las características exactas que debe cumplir en materia nutricional (proteína, sodio, grasa, aditivos, fibra, etc.) y de presentación (olor, color, sabor, aspecto, empaques). Los productos participantes en el concurso se someten a un examen de laboratorio para comprobar que cumplan las condiciones. Nutriwell presentan en internet un catálogo de 22 alimentos para “programas de seguridad alimentaria” que se dividen en los grupos de cereales, barras de amaranto, complementos alimenticios, frutas deshidratadas y productos con proteína animal. Cada alimento incluye su valor nutricional, tamaño de las porciones y envases.
Estas características se han convertido en el estándar para las compras del Estado de México, pues en las bases de licitación solicitan expresamente que al menos un producto de cada despensa empate con los de la familia Nutriwell.
En las 11 licitaciones públicas se detectó esta conducta: Por ejemplo, el 20 de mayo de 2014 el DIFEM entregó una licitación por 196 millones 386 mil pesos para las despensas Canasta Bicentenario. En las bases de licitación el gobierno del Estado de México pidió que la caja de 10 productos llevara un paquete de dos salchichas de pollo de 90 gramos y un paquete de salchichas de trucha y pollo de 100 gramos. Los documentos aclaran que las salchichas de pollo deben pesar 45 gramos cada una, que deben tener al menos 10 por ciento de proteína y un máximo de 10 por ciento del peso en grasa; además, el sodio deberá representar un máximo de 0.7 por ciento del producto. Lo requerido por el gobierno mexiquense corresponde exactamente al producto Nutri Chicken de la marca Nutriwell. En el caso de las salchichas de trucha y pollo se repite el truco en peso, características alimentarias y empaque, porque Nutriwell tiene una marca específica que empata con las condiciones de la licitación. Otro caso es la licitación que se definió el 28 de agosto de 2014 para “desayuno escolar comunitario” donde el gobierno del Estado de México pidió una serie de alimentos, entre ellos una croqueta de pollo en un paquete de 120 gramos. Las bases dicen que se pedirán hasta 590 mil 875 empaques de “mezcla de pollo, adicionada con especias en forma de Croqueta, sometida a proceso de esterilización. Este producto no deberá requerir refrigeración”. En el catálogo Nutriwell existe una croqueta de pollo de 120 gramos que se describe como “pollo separado mecánicamente, harina de soya, fécula, condimentos y especias. Producto listo para calentar y consumir. No requiere refrigeración”. En la calificación de los productos la marca Nutriwell no tuvo problemas para acreditar las condiciones solicitadas de humedad, proteína, sodio y grasa. Las mismas prácticas se repiten con los productos “Uva pasa, piña y papaya deshidratada”, “Mezcla para atole base amaranto para menores (Vainilla)”, “Mix uva pasa, arándano y manzana” y “Uva pasa, piña y papaya deshidratada”. Con este esquema, el gobierno del Estado de México abre una competencia que solo puede ganar un participante. Aristegui Noticias detectó una licitación en la que el DIF mexiquense aprobó dos productos Nutriwell que no cumplían las condiciones de laboratorio establecidas en la licitación, aunque tanto Luis Ernesto Maccise como el DIF mexiquense aclararon que fue un error de transcripción en los documentos públicos. En el acta de fallo de la licitación para “despensas alimenticias para personas con discapacidad” que se definió en diciembre de 2014 consta que dos productos no cumplieron el estándar solicitado. En el primer caso, el DIF mexiquense pidió un suplemento de amaranto sabor vainilla con Omega 3. Las bases de la licitación indicaban que el producto debía tener un mínimo de 17 por ciento de su peso en proteína, pero en la prueba de laboratorio certificado el producto Nutriwell arrojó un resultado de 11.34 por ciento, aún así en el fallo del concurso se anotó que el producto “cumple” los estándares planteados.
En el mismo proceso el gobierno del Estado de México solicitó Gelatina de sabores adicionada con vitaminas y zinc. El producto ganador debía tener un mínimo de 10 por ciento del contenido en proteína en base seca, pero el producto Nutriwell arrojó 9.49 por ciento; aún así el dictamen indica que “cumple” con las condiciones.
Luis Ernesto Maccise Uribe afirmó que hay un error en el documento de Compranet que consultó Aristegui Noticias. Mediante correo electrónico dijo que “es posible probar que fue la autoridad la que cometió un error al transcribir las especificaciones originales solicitadas para le licitación versus el Acta del Fallo”. El empresario mexiquense adjuntó los anexos de lo solicitado y evaluado por el DIF mexiquense; en efecto, en estos documentos se aprecia una discordancia entre las cifras. El DIF mexiquense respondió que no hay “perdon” ni incumplimiento de los productos y aclaró que fue un error en los documentos finales de la licitación.. COMPRAS EN LA OPACIDAD: VERACRUZ, EL MEJOR EJEMPLO El gobierno del Estado de México compra a Nutriwell con licitaciones dirigidas, pero aún así es el esquema más transparente de los revisados en esta investigación. El DIF del estado de Veracruz ha aprobado compras sistemáticas a International MC Commerce en sesiones del comité de compras, teniendo como único insumo un estudio de mercado. El estudio de mercado es el resultado final de un monitoreo de productos que se pide a varias empresas y donde sólo se evalúa el precio de los productos. El 13 de febrero de 2015, el comité de compras del DIF Veracruz aprobó la compra a MC International Commerce de un máximo de 55 mil 570 bricks de leche, 32 millones de barritas de granola, 23 millones de barras de amaranto, un millón 891 mil empaques de mezcla para atole y un millón de empaques de polvos para licuado. El proceso se hizo en la modalidad de adjudicación directa, es decir, sin concurso de por medio. En 2014 se repitió la operación. El 12 de febrero, el comité aprobó la compra de 34 millones de barras de granola, 24 millones de barras de amaranto, 2 millones de sobres de mezcla para preparar atole y 1.2 millones de piezas con polvo para licuados base láctea. Los documentos que se encuentran en la página de transparencia indican que las compras se concretaron hasta septiembre de 2014 y los contratos alcanzaron 191 millones 315 mil pesos. De 2010 a 2013 los procesos de compras y la información pública en Veracruz es aún más opaca, pues el DIF compró alimentos para grupos vulnerables sin preguntar la marca de los productos. En 2012, Tiendas Soriana ganó una licitación pública de 712 millones, donde fue el único competidor, igual que en el Estado de México. El paquete de despensas incluyó “Barra de granola de 30 gramos” y “Barra de amaranto con cacahuate y papaya de 25 gramos”, que en conjunto costaron 151 millones de pesos, pero el gobierno veracruzano no pidió que se especificara la marca ni origen de los alimentos. En 2011, Despensas y Provisiones de Alimentos SA de CV ganó una adjudicación por 14 millones 118 mil pesos para entregar 25 millones de barras de cereales con “fruta deshidratada, yoghurt y sabor a piña”. Es un proveedor habitual de Nutriwell, pero nuevamente el gobierno estatal no transparentó la marca de los productos. Durante la investigación se pidieron documentos vía transparencia, pero el DIF Veracruz respondió que toda la información estaba en la página oficial de internet. En ningún apartado se establece que los productos Nutriwell hayan ganado por su calidad y precio. El empresario Luis Ernesto Maccise aceptó responder un cuestionario sobre este reportaje, donde afirmó que las dependencias de gobierno son las responsables de organizar las licitaciones y fijar las caraterísticas de los alimentos. Sostuvo que la empresa en la que participa como socio no concursó directamente en las licitaciones. El reportaje de Aristegui Noticias documentó que en el Estado de México las ventas se realizaron con empresas intermediarias, pero en Veracruz sí vendió directamente los productos a la administración estatal. El empresario mexiquense negó que sus relaciones con el presidente Enrique Peña Nieto o la ex titular del DIFEM, Laura Barrera, lo hayan beneficiado en su carrera de negocios. Maccise Uribe dijo que la empresa en la que él participa entró en operaciones hasta 2012, pero documentos reunidos por Aristegui Noticias documentan su participación y la de su hermano, José Anuar, desde 2005. El DIF del Estado de México respondió: “La vida personal de servidores públicos no puede vincularse con las actividades institucionales de las dependencias”. Mediante correo electrónico, la oficina de comunicación social de la dependencia mexiquense sostuvo que las licitaciones son públicas y pueden participar proveedores de todo el país. ” Son las empresas las que deciden competir o no”.
Aunque ambas fuentes consideraron que las licitaciones son públicas, no se explicó por qué siempre participa únicamente un proveedor, que al final se lleva los contratos millonarios. La respuesta completa de Luis Ernesto Maccise Uribe:
La investigación de Aristegui Noticias y la plataforma Connectas comprobó que empresarios cercanos al presidente Enrique Peña Nieto han sido beneficiados con las licitaciones para comprar alimentos para desayunos escolares y grupos vulnerables, mediante licitaciones dirigidas o contratos que se entregan sin competencia por un valor superior a los mil millones de pesos.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Otro niño podría morir en Chiapas por falta de medicamento, ahora se trata de Rogelio, de 5 años de edad, quien fue mordido por una serpiente coralillo en el municipio de Ocosingo. Jesús Artemio Paniagua Trujillo y Erika López Aguilar, padres del niño, llevaron de emergencia al Hospital de Ocosingo donde no pudieron atender al pequeño por falta del antídoto, por lo que fue llevado a la clínica del IMSS-Prospera N. 32 de esa misma ciudad, pero tampoco tenían medicina para atenderlo. El lunes por la mañana, el niño fue mordido mientras jugaba en la huerta familiar en el barrio Pequeñeces, uno de los barrios más pobres en la periferia de Ocosingo. Los servicios de emergencia para atender al menor se activaron, sin embargo, el medicamento llegó hasta la una de la madrugada de este martes, por lo que ya no le hizo efecto alguno para contrarrestar la parálisis que empezó a sufrir. Medicos, enfermeras, servicios de protección civil y bomberos se ocuparon pero poca efectividad se registró a favor del paciente. En las redes sociales e solicitó de emergencia “cinco dosis de antiviperino color amarillo” para el menor. Se dijo que este medicamente no se pudo conseguir en ningún hospital público ni privado. “El estado del niño es crítico, ya está con respiración asistida, los músculos que hacen esa función están contraídos”, reportaron anoche los médicos y enfermeras que estaban cerca del menor. El gerente delegacional del programa IMSS-Prospera, César Ernesto Ulig Gómz, reprendió al personal médico de esa clínica de Ocosingo, por hacer público el caso del niño y la falta de medicamentos. Aunque el medicamento se le aplicó cerca de la medianoche, el estado del niño seguía grave. Presentaba parálisis completa, tenía respirador artificial y transfusión sanguínea. Se dijo que el medicamento aplicado no era el indicado, sino antídoto contra piquetes de alacranes. Apenas esta mañana se discutía ser trasladado en helicóptero hacia Tuxtla Gutiérrez, pero no sabían si bajarlo en helipuerto de la Torre Chiapas, del Hospital Pediátrico o bajarlo en el Estadio de Futbol Víctor Manuel Reyna. “No hay suministro de este antídoto en todo el estado y, como algunos otros medicamentos, este requiere de un manejo y almacenaje correcto. Pero si no contamos con material para cirugías, menos que haya en existencia de esta dosis”, dijo uno de los miembros del personal de emergencia que colaboraba en el traslado del menor hacia Tuxtla. De última hora se dijo que en cuanto aterrice el helicóptero, el pequeño mordido por la coralillo será llevado al Hospital Dr. Gilberto Gómez Maza, al oriente de Tuxtla, donde ya lo esperan los médicos en el área de urgencias. Hace dos semanas, Héctor y Moisés Gómez, dos pequeños indígenas tzotziles que se intoxicaron por ingerir ampolletas de penicilina, también fallecieron por falta de medicamentos y de personal médico en el Hospital de la cabecera municipal de Chanal. Aunque fueron trasladados en ambulancia hacia San Cristóbal de Las Casas, no alcanzaron a llegar porque fueron bajados de la ambulancia por un grupo de indígenas que tenían bloqueada la carretera. Aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a una persona, ni el gobierno del estado ni la Secretaría de Salud, han dado a conocer si el hospital de Chanal ya cuenta con el personal médico y medicinas para la población.
Ayer lunes en Pichucalco, cientos de habitantes se manifestaron para protestar por la falta de medicamentos y de personal médico en el Hospital de ese lugar. Hombres, mujeres y niños denunciaron también las pésimas condiciones en materia de infraestructura de dicho hospital. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ISAÍN MANDUJANO. LINK: http://www.proceso.com.mx/440204/otro-nino-al-borde-de-la-muerte-en-chiapas-por-falta-de-medicamentos
