La mañana de este viernes, el ex mandatario fue transportado por elementos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México del penal ubicado ubicado en la delegación Iztapalapa al otro instalado en la Delegación Xochimilco.
El ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, fue trasladado del Reclusorio Oriente al Sur para que rinda su declaración por preparatoria por los delitos que se le imputan, delincuencia organizada y lavado de 8.8 millones de pesos.
La mañana de este viernes, el ex mandatario fue transportado por elementos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México del penal ubicado ubicado en la delegación Iztapalapa al otro instalado en la Delegación Xochimilco.
Padrés debería presentarse a la audiencia cerca del medio día.
El Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, explicó que se detectaron cuentas del ex Gobernador en el extranjero por un monto de 8.8 millones de dólares, equivalente a 134 millones de pesos, que no fueron declarados ante la autoridad fiscal federal por lo que se solicitó apoyo de autoridades extranjeras, con lo cual se pudo acreditar que efectuó movimientos financieros para ocultar los recursos mediante transferencia de sus cuentas en el extranjero y de éstas hacia México, pretendiendo encubrir el origen público de los mismos.
El funcionario de la PGR puntualizó que en el Gobierno de Sonora, durante el periodo del 2009 a 2014, se realizaron licitaciones a modo para la compra de uniformes escolares para escuelas públicas, otorgando contratos a un grupo de empresas vinculadas con el ex gobernador por la cantidad de 260 millones de pesos.
Para la dispersión de estos recursos, con la finalidad de ocultar su origen ilícito, se realizaron diversos movimientos financieros de depósitos y retiros donde se involucran tanto a un ex servidor público del estado, como a empresas del núcleo familiar del ex mandatario, como a uno de sus hijos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-11-2016/3114259
En materia de libertad de expresión, el estado de Quintana Roo está “enfermo”, como herencia del gobernador Roberto Borge Angulo, y emplazó al gobernador Carlos Manuel Joaquín González a deslindarse respecto al pasado en términos políticos, legales y éticos a través de la rendición de cuentas a quien haya delinquido, señaló la organización Artículo 19 durante la presentación del informe “Libertad de expresión y Agresiones a la prensa en Quintana Roo”.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial del Programa de protección y Defensa de la organización, llamó al funcionario “a plantear una agenda mínima en la materia para lograr bases mínimas de gobernabilidad y legitimidad, y no una falsa o construida en discursos mediáticos, como pasó con Borge, un discurso a modo a partir de componendas a medios”.
Maldonado añadió que Joaquín González “estaría heredando las prácticas y se le va a complicar la situación si no toma cartas en el asunto, si no se deslinda respecto al pasado en términos políticos, legales y éticos, y ese deslinde sólo viene atacando la impunidad, y haciendo rendir cuentas a quien las tenga que rendir”.
Aseguró que el actual gobierno es el responsable de muchas cosas que fueron cometidas por acción “y ahora corre el riesgo de convertirse en cómplice por omisión si no rinden cuentas de lo que pasó con la prensa durante el borgismo”.
“Ya veremos en los próximos meses se si avanza o si prácticamente estaremos hablando de otro pacto de impunidad”, agregó luego de emplazar al nuevo gobierno a progresar en materia de liberta de expresión en el estado.
Recordó que desde el 2009, por lo menos 90 casos de agresión han sido documentados en la entidad, así como que “a partir de que Roberto Borge fue exhibido públicamente por sus temas de corrupción, después de la elección, dejó de agredir a los comunicadores, pero siempre va a estar latente que se repita, si no hay consecuencias con lo que pasó”.
Artículo 19 dijo que “se tiene que empezar de cero, consultando al gremio para ver si es necesaria o no una ley de protección, porque nació en una etapa en la que los comunicadores estaban indefensos ante la soberbia, la intolerancia y la intransigencia del gobernador Borge, cuando se vivió violencia física contra los periodistas”.
Durante el gobierno de Borge Angulo, también se sufrieron las consecuencias de una violencia institucional que generó los daños físicos y psicológicos en los periodistas, así como hostigamiento y amedrentamiento de compañeros en las redes sociales, señaló.
“El estado tiene que establecer, independientemente de una ley o no, una política integral de protección a periodistas, que puede ser o no con una ley, con capacitación a funcionarios, protocolos, procedimientos en casos de emergencia, y en el caso de la llamada Ley Borge, la de Ordenamiento Cívico, debe ser derogada”, concluyó.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/quintana-roo-esta-enfermo-libertad-expresion-articulo-19/
Ciudad de México. Sin acuerdos concluyó anoche la mesa de diálogo entre alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), unidad Zacatenco, y autoridades del Instituto Politécnico Nacional.
En la discusión hubo avances en tres puntos del pliego petitorio de los estudiantes, de acuerdo con reportes del Politécnico. Se redactaron algunos acuerdos preliminares que no fueron firmados.
Los alumnos iniciaron un paro de labores el lunes en demanda del diálogo con funcionarios para tratar asuntos relacionados con los planes de estudio de las carreras que se imparten en la ESIME, que tiene unos 10 mil estudiantes.
Las autoridades han convocado a la comunidad de la escuela a que reanuden las actividades este viernes.
A la una de la tarde los funcionarios informarán cuándo se retomará el diálogo con los alumnos en paro.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/11/sin-acuerdo-concluye-dialogo-entre-estudiantes-e-ipn
Ciudad de México. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, analizó junto con los empresarios las "fuentes de incertidumbre" del tipo de cambio y, en este sentido, ponderó- como estrategia- el diálogo con el gobierno de Estados Unidos.
"Éste y otros retos habrán de ser superados. El llamado que hoy hicimos es enfrentar los retos", dijo esta mañana frente a integrantes y dirigentes de organismos del sector privado.
El secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que México está preparado para afrontar la nueva circunstancia derivada del triunfo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Señaló que desde la presidencia de la República se construirán puentes de comunicación con el próximo mandatario del vecino país.
"Haremos lo que nos corresponde para que los lazos entre México y Estados Unidos sigan siendo de confianza y de un futuro compartido", dijo.
Luego de la firma de dos convenios de colaboración entre el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial, el secretario dijo que los mexicanos actuaremos con responsabilidad y compromiso.
El primer convenio tiene como objetivo fortalecer la participación ciudadana en la prevención social de la violencia y la delincuencia.
El segundo será para fomentar oportunidades de trabajo a los mexicanos repatriados de Estados Unidos; para ello los empresarios se comprometen a aceptar el documento de repatriación, emitido por el Instituto Nacional de Migración, como identificación.
Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, destacó que el fruto de esta reunión es cómo transformar los retos en oportunidades y, sobre todo, mirar las ventajas de la integración regional económica y comercial.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/11/analiza-meade-con-ip-incertidumbre-por-tipo-de-cambio
Tixtla, Gro. Una comitiva encabezada por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, llegó a las instalaciones de la Escuela Rural de Ayotzinapa, para continuar con el trabajo del mecanismo de seguimiento para el caso de la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014 en Iguala.
Estudiantes, maestros y representantes del Centro Agustín Pro, encabezados por Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, representados por Abel Barrera, dieron la bienvenida a esta comisión de la CIDH en la que además participan Enrique Gil Botero, relator de país y coordinador del mecanismo de seguimiento; Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, con lo que se inicia una nueva etapa en la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas.
La comitiva de la CIDH sostendrá aproximadamente hora y media una reunión a puerta cerrada con los padres de familia de los normalistas desaparecidos así como con los con los abogados de Tlachinollan y Agustín Pro.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/11/llega-comitiva-de-la-cidh-a-guerrero-se-reune-con-padres-de-los-43
En entrevista para el programa de televisión !Despierta ya!, el mandatario capitalino explicó que, aunque el presupuesto asignado no es el que la ciudad requiere, es un punto de arranque para iniciar o continuar algunas obras planeadas con anterioridad.
Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, manifestó que los recursos que le asignaron a ésta en el dictamen del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2017 no son suficientes.
En entrevista para el programa de televisión !Despierta ya!, el mandatario capitalino explicó que, aunque el presupuesto asignado no es el que la ciudad requiere y no está “satisfecho”, es un punto de arranque para iniciar o continuar algunas obras planeadas con anterioridad.
Asimismo detalló que es necesario echar a andar la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, por lo que analizará los mecanismo necesario pues no se puede frenar.
El día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, que contempla un total de cuatro billones 888 mil 892.5 millones de pesos.
En el cual a la Ciudad de México se le asignaron dos mil 450 millones de pesos, correspondientes al Fondo de Capitalidad, lo que significó una reducción de 38.76 por ciento en comparación a los cuatro mil millones de pesos que se aportaron el año pasado. Además figuraron 500 millones de pesos extras para el STC Metro.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-11-2016/3114203
Las empresas fueron notificadas previamente de que estaban sometidas bajo una investigación y debían demostrar evidencia de sus operaciones, pero no lo hicieron.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una lista definitiva de 69 empresas fantasma que emitieron facturas por operaciones inexistentes, entra las que se encuentran al menos 20 compañías que fueron contratadas con recursos públicos por la administración del gobernador con licencia de Veracruz Javier Duarte.
Estas 20 compañías, reveladas en mayo pasado en un reportaje publicado por Animal Político, recibieron cientos de millones de pesos en contratos vía adjudicación directa o con licitaciones amañadas a cambio de servicios y productos para población de bajos recursos, gente damnificada y planteles escolares.
Pero en realidad, fueron operaciones simuladas como en definitiva confirmó el SAT.
A través del oficio número 500-05-2016-38644 del SAT, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado martes, se reveló el listado de empresas las cuales fueron notificadas previamente de que estaban sometidas bajo una investigación y debían demostrar evidencia de sus operaciones, pero no lo hicieron.
“(Estas empresas) emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
Luego de las visitas que realizaron verificadores del SAT a los domicilios fiscales a las referidas empresas, en la que se comprobó que las mismas no se encontraban en ese sitio, las mismas fueron colocadas en un listado de empresas no localizadas y que presuntamente realizaron operaciones falsas.
Conforme marcan los procedimientos del Código Fiscal de la Federación, el SAT envió notificaciones individuales a las empresas sospechosas para que se presentaran con la documentación y pruebas que consideraran convenientes y que amparan las notificaciones correspondientes.
Pero además de eso se hicieron públicas a través de la página del SAT y del mismo Diario oficial los listados de estas compañías en los cuales se les advertía que eran sujetas de investigación y que tenían un plazo legal para presentarse a comprobar su existencia.
“Una vez transcurrido el plazo señalado (…) no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ningún documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales”, reveló el SAT.
Las compañías que fueron proveedoras del gobierno de Veracruz y se encuentran en la lista dada a conocer en mayo por Animal Político y ahora confirmado por el SAT son:
AD911 SA de CV
Anzara SA de CV
Abastecedora Romcru SA de CV
Bienart SA de CV
Bloques 2DM SA de CV
ComercializadoraAlifresh SA de CV
Carrirey SA de CV
Comersil SA de CV
Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV
Desarrolladores Mercalim SA de CV
Grupo Balcano SA de CV
Importadora Denylk SA de CV
Marvercarr SA de CV
Merca Carrey SA de CV
Morgarver SA de CV
Publicidad Akkira SA de CV
Pefraco SA de CV
Rinoxa SA de CV
Ravsan Servicios Múltiples SA de CV
Saervizios Oktagonales SA de CV
Cabe señalar que los socios de varias de estas compañías ya se encuentran procesados penalmente ante jueces federales de Veracruz, acusados por la Procuraduría General de la República de haber proporcionado información falsa; el destino de los recursos públicos aún se encuentra bajo investigación aunque se presume que fueron lavados en una red encabezada por Javier Duarte.
A estas empresas se suman otras 49 compañías fantasma con operaciones simuladas publicadas también por el SAT, entre las que también hay varias que recibieron contratos con recursos públicos aunque no se revelan mayores detalles todavía.
Además el SAT mantiene abiertas investigaciones abiertas contra múltiples compañías.
Luz verde a denuncias contra funcionarios
El SAT adelantó a Animal Político en octubre pasado que una vez que las empresas fueran colocadas en la lista definitiva de compañías con operaciones inexistentes, se procedería con nuevas denuncias penales ante PGR pero esta vez en contra de funcionarios estatales que avalaron facturas por operaciones que no existieron.
“se formularán denuncias de hechos contra quien resulte responsable de las dependencias de gobierno estatal ante la autoridad ministerial por la actualización del tipo penal previsto en el artículo 113 fracción III del CFF, referente a la expedición y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes”, indicó el SAT.
Según el artículo mencionado, se castiga con tres meses a seis años de prisión “al que expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/sat-revela-lista-69-empresas-fantasma-ellas-las-utilizadas-javier-duarte/
HERMOSILLO, Son: Después de ocultarse 13 meses y 25 días, el exgobernador Guillermo Padrés Elías, surgido de las filas del PAN, reapareció públicamente para declararse inocente de las acusaciones de desvío de fondos públicos, operación de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, lavado de dinero y evasión fiscal.
“Enfrentaré esto como siempre he enfrentado los retos y las luchas políticas, porque soy un perseguido político de un sistema que quiere emparejar cartones para tratar de omitir los señalamientos de corrupción que se les imputan y pretenden hacerlos repercutir a otro partido o persona para nivelar este asunto”, declaró Padrés a Radio Fórmula.
El exmandatario de Sonora en el periodo de 2009 a 2015 se entregó de manera voluntaria la mañana de este jueves en el Juzgado 12 del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, a fin de enfrentar tres querellas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por las que fue declarado prófugo de la justicia hace casi un mes, el 14 de octubre.
De acuerdo con el Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Padrés duplicó la deuda pública sonorense al pasar de 11 mil 258 millones a 23 mil 288 millones de pesos.
El incremento fue 12 mil 30 millones, a un ritmo anual de 2 mil 5 millones; más de 167 millones mensuales, un total de 5.5 millones cada día.
Los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas de 2009 a 2015 revelan que Padrés, como gobernador, sobrejerció 62 mil 630 millones, acumuló 12 mil 897 observaciones de parte del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y tuvo al alcance de sus manos 336 mil 749 millones de pesos en presupuesto.
También utilizó 894 millones 377 mil pesos para promocionar su imagen pública mediante la partida 36101, denominada Difusión en radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
El dispendio mediático de Padrés arrojó que el gasto de la oficina del Ejecutivo en su sexenio superó los 336 millones 749 mil pesos en sobrejercicio.
Además, creó de facto las partidas 31701 y 31901, nombradas Servicios integrales y otros servicios, así como la de Servicios de accesos a internet y proceso de información que, en total, desviaron 379 millones 423 mil pesos.
El 31 de agosto último el secretario de Hacienda estatal, Raúl Navarro, dijo en rueda de prensa que el pasivo estatal –tras el sexenio padrecista– asciende a 32 mil 538 millones de pesos al 30 de septiembre de 2015.
El secretario Navarro detalló que en transferencias a organismos, pago a proveedores al corto plazo, cumplir con contratistas y saldar retenciones, así como destinar lo correspondiente al fondo de pensiones de los burócratas sonorenses, liquidar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores y reconocer cuentas no registradas, se deben unos 9 mil 599 millones de pesos.
En esa ocasión también reveló que la deuda directa estatal, la de los municipios y organismos descentralizados, suma cerca de 22 mil 939 millones, por lo que –según sus estimaciones– el quebranto patrimonial, luego del primer sexenio panista, alcanzaría los 32 mil 538 millones de pesos, pero no mostró información del orden federal que comprobara sus señalamientos.
Padrés, a su paso por Sonora, dejó la detención ilegal por más de un año de los yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez; la tortura y aprehensión sin pruebas de la extrabajadora doméstica Gisela Peraza, así como la cuestionable construcción del acueducto Independencia, que costó 4 mil millones de pesos.
Líos con la justicia federal
De las tres investigaciones que se le siguen a Padrés, la primera se dio el 4 de abril de 2014 ante la PGR de parte del comisionado nacional del Partido del Trabajo, Jaime Moreno Berry, quien documentó la supuesta evasión fiscal, asociación delictuosa y lavado de dinero en que incurrió el exgobernador.
En la querella, el promovente solicitaba a la fiscalía mexicana que Padrés transparentara el origen fiscal de los 300 millones de pesos utilizados para la plantación de nogal en el rancho Pozo Nuevo SP de RL, en una extensión de 700 hectáreas.
Además, la denuncia exigía a la PGR que el exservidor público entregue a las autoridades la comprobación fiscal de los recursos ejercidos en este inmueble en su rehabilitación, electrificación de pozos y la construcción de un “mini acueducto” de 7 kilómetros que trasvasa el agua de arroyos pertenecientes al río Bacanuchi a un reservorio familiar.
Aún más. El 30 de octubre de 2014, los exactivistas Luis Miguel Vargas y Rebeca Villanueva –hoy empleados de gobiernos priistas– denunciaron a Padrés ante la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR, debido a que el exmandatario sonorense incrementó los bienes del rancho personal y familiar denominado Pozo Nuevo SP de RL en 900%, de 2009 a 2014, cuando se encontraba al frente de la administración estatal.
En la querella con folio 1/2014 se documentó, con valuaciones actuariales y frente a un notario público, que el inmueble de la familia Padrés pasó de un valor comercial de 10 millones de pesos a más de 90 millones.
Por este mismo rancho, el exjefe del Ejecutivo fue sancionado a inicios de 2015 por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con un monto de 4.9 millones de pesos por violentar la Ley de Aguas Nacionales al construir tres represos con la capacidad de almacenaje total de 5.7 millones de metros cúbicos; no contar con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para operar esta infraestructura hidráulica, y retener ilegalmente el agua en perjuicio de 248 habitantes de Bacanuchi, Sonora.
El 6 de marzo del año pasado, el diario estadunidense The Wall Street Journal documentó que Guillermo Padrés y familia realizaron operaciones bancarias en Estados Unidos por un monto de 8.8 millones de dólares, lo que perfilaría el ilícito de lavado de dinero.
Según el influyente rotativo, en aquellos días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encontró que Miguel Padrés, el hermano del exgobernador de Sonora, transfirió 5.7 millones de dólares a una cuenta bancaria de Estados Unidos que abrió en 2012, a nombre de Tenerife CVS, una firma de responsabilidad limitada con sede en Holanda en la que era el único beneficiario.
Asimismo, la investigación periodística reveló que Miguel, apodado “el rico de la familia”, depositó 522 mil dólares en otra cuenta estadunidense abierta a nombre de Dolphinius CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda y en la que supuestamente él es el único beneficiado.
A esta cantidad se suman los 3.3 millones de dólares que Guillermo Padrés recibió en supuestos sobornos de parte del empresario sonorense Mario Aguirre, quien a lo largo del sexenio del panista se benefició con más de 260 millones de pesos utilizados para confeccionar los uniformes escolares entregados de manera gratuita desde 2010 a los niños de primaria y secundaria de Sonora.
En total, Miguel Padrés transfirió 8.8 millones de dólares de cuentas mexicanas a cuentas en bancos en la Unión Americana desde que su hermano ascendió a la administración estatal en 2009.
Según la publicación, el 21 de mayo de 2015 el Departamento de Justicia estadunidense notificó a la PGR que había iniciado en Arizona una investigación contra el entonces mandatario sonorense, a fin de fortalecer los canales de información en las distintas diligencias.
No sólo eso. El 3 de junio y 8 de julio siguiente se reunieron funcionarios federales en materia de procuración de justicia de ambas naciones para intercambiar información sobre las transferencias sospechosas realizadas por Confecciones Industriales SA de CV y No. 1 Sonora Apparel SA de CV, ambas operadas por Mario Aguirre.
“Realizaron una serie de operaciones en el sistema financiero nacional y extranjero, con recursos que posiblemente tienen un origen ilícito y, con un alto grado de probabilidad, se operaron con la finalidad de ocultar su origen, localización, destino o propiedad”, citó la investigación del Wall Street Journal.
A fin de contrarrestar los alcances de esta investigación periodística y tras presiones de parte de sus correligionarios panistas, el 24 de febrero de 2014 el exgobernador Guillermo Padrés y familia ofrecieron una declaración patrimonial que en bienes conjuntos ascendía a 261.8 millones de pesos.
Aquella noche el exjefe del Ejecutivo local dijo que “por seguridad” e “insistencia” de sus hermanos Héctor, Miguel y Julio César presentaron un desglosado de 20 propiedades y registro de mil 200 cabezas de ganado.
Además, Padrés admitió tener una sola cuenta bancaria en Estados Unidos con un monto superior a los 20 mil dólares.
En esa atípica y espontánea presentación patrimonial, la familia Padrés declaró tener 16 sociedades comerciales que datan de 1944 a 2014, entre las que destacaban ranchos, concesionarias de autos, mueblerías, producción de carne de alta calidad para Japón y escuelas bilingües en Cananea.
También se encontraba el multicitado rancho Pozo Nuevo SP de RL, con un valor de 52 millones de pesos, pese a que ya había una denuncia sustentada en que esta propiedad valía por lo menos 99 millones.
A un par de años de que concluyera la administración padrecista, la familia de origen cananense creó la firma Hemex Reproducción Equina SPR de RL para la crianza de caballos finos.
Todavía esa agitada noche, el entonces gobernador compartió que en diciembre de 2013 adquirió un crédito a BBVA Bancomer por 5.2 millones de pesos para construir una casa en San Pedro “El Saucito”, localizado en la zona rural hermosillense y asegurado el 5 de mayo pasado por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, supuestamente como parte de una querella contra el exmandatario.
En esa misma noche Héctor Padrés, el mayor de la familia, comentó que orillaron a Guillermo, el exgobernador, a transparentar los recursos familiares porque “nadie va a tachar la calidad de hombre de nuestro hermano”.
Antes de entregarse
Guillermo Padrés Elías acudió al estudio radiofónico con Ciro Gómez Leyva, a fin de responder a la opinión pública antes de entregarse al Juzgado 12 de Distrito de Procesos Penales Federales, en donde se mantendrá los próximos seis días.
“He pasado por una persecución política tremenda; se me han iniciado averiguaciones desde 2014, y en abril de 2015 me presenté en la Procuraduría General de la República para saber de qué se me acusaba; no se me dio acceso al expediente; oía acusaciones diversas en los medios y de detractores políticos, pero nada concreto”, buscó justificarse Padrés.
En la entrevista que se prolongó por más de 40 minutos, adelantó que interpondrá una denuncia contra la exprocuradora Arely Gómez, porque “en mi caso se violaron los derechos humanos, los derechos procesales y el debido proceso”, bajo las figuras jurídicas de abuso de autoridad, omisión y “acusarme en dos ocasiones por el mismo delito”.
Asimismo, denunció que la actual gobernadora de Sonora, la priista Claudia Pavlovich, fue grabada mientras cometía supuestos actos de corrupción y no se le ha investigado.
“Los actuales integrantes del gobierno de Sonora fueron acusados en campaña, en voz de la propia gobernadora, pidiendo dinero a cambio de programas federales, y nunca los investigaron; hubo señalamientos muy claros, como fue el caso cuando a (Pavlovich) se le ofrecieron maletas llenas de dinero para su campaña y tampoco nunca se investigó”, recordó Padrés.
Y puntualizó: “Ella en su propia voz está comprando apartamentos en Phoenix y la Ciudad de México con cantidades que no pueden controlar ella o su marido; ella fue señalada y me echa la culpa a mí de esta campaña de desprestigio, pero no hay ninguna averiguación; si quieren comprobarlo (se dirigió a la audiencia), pónganse a buscar la frase ‘ponte guapo’, y van a escuchar su voz”.
También dijo que a sus colaboradores cercanos, ahora encarcelados, se “les sembraron drogas y armas e inventaron delitos”, en alusión a su exjefe de prensa, Jorge Morales, detenido por cometer el supuesto delito de corrupción.
Las misma acciones, continuó, emprendieron contra el veterinario Luis Arístides López, al que se le encontró una hielera con 3.5 millones de pesos en el interior y varias porciones de la droga “cristal”, así como con el titular del Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública, Francisco Monge, conocido como “Pancho Platas”, detenido por ejercicio abusivo de funciones, cohecho y posesión de “cristal”.
A estos últimos se les suma una lista de 19 funcionarios buscados desde el 4 de octubre pasado por la Interpol en 190 países.
Binomio Trump-Padrés
La inesperada entrega voluntaria de Padrés despertó un sinnúmero de suspicacias, sin embargo, la más fortalecida hasta ahora es que su presentación está íntimamente ligada con la reciente victoria electoral del político estadunidense y excandidato republicano Donald Trump, con quien mantiene sociedad comercial desde 2010.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462169/la-dudosa-inocencia-padres
MONTERREY, NL: Un juez de control concedió a la Fiscalía Anticorrupción la ampliación del plazo para acopiar pruebas en contra del exgobernador Rodrigo Medina, acusado de ejercicio indebido de funciones por la asignación ilegal de 3 mil 600 millones de pesos a la armadora surcoreana KIA.
El juzgador Arturo Octavio Reyes determinó que fuera el 26 de enero el plazo para el cierre de la investigación, tras lo cual determinará si Medina de la Cruz es sometido al juicio oral o es exonerado.
El priista imputado, quien acudió a la audiencia de esta tarde, dijo al salir de la diligencia que respetaba la disposición de la autoridad y reiteró que no incurrió en las violaciones de la ley por las que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón quiere enviarlo a la cárcel.
“Tenemos una defensa sólida y la postura firme de que no cometimos ese delito y que, independientemente de lo que se especula en los medios, y en la opinión pública, es un tema que se va a resolver en los tribunales”, expuso al terminar la audiencia de este jueves.
El agente del Ministerio Público, Héctor Maldonado, señaló que aún le resta por obtener la traducción de algunos documentos relacionados con la firma inicial del convenio entre el gobierno de Medina y KIA.
También necesita entrevistar a más funcionarios involucrados y realizar algunos peritajes en terrenos que fueron entregados en comodato a la ensambladora de automóviles, que ya entró en funciones en el municipio de Pesquería, 30 kilómetros al nororiente de la capital.
Durante la audiencia, los abogados defensores Alonso Aguilar y Javier Flores acusaron al fiscal de lentitud, por no acopiar información suficiente para sustentar sus acusaciones, aunque al final el juez optó por aplazar la conclusión de las investigaciones.
La ampliación del plazo surte efecto también para Rolando Zubirán Robert, exsecretario de Desarrollo Económico, y Celina Edith Villarreal Cárdenas, subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional de la Secretaría de Desarrollo Económico, procesados por el mismo caso.
La investigación se cierra para estos tres exfuncionarios el mismo día fijado para Rodolfo Gómez Acosta, quien fuera tesorero de Medina.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462190/concede-juez-a-fiscalia-tiempo-buscar-pruebas-contra-rodrigo-medina
QUERÉTARO Qro: Integrantes de la organización Desaparecidos Justicia, conformada por familias queretanas a las que les falta alguno de sus seres queridos, denunciaron que el gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién, incumplió su promesa de recibirlos y analizar cada uno de los casos de desaparecidos.
La noche del jueves pasado marcharon por la ciudad y en un mitin recordaron que hace un año, el gobernador queretano salió de su oficina y ofreció a los familiares de personas desaparecidas trabajar en conjunto, al asegurar que era sensible a su dolor, aunque en aquella ocasión ni siquiera pudo decir cuántas personas desaparecidas había en Querétaro.
“Yo quiero trabajar con ustedes, yo alcé la voz por ustedes cuando estaba en campaña. Que la autoridad, el gobierno que terminó nunca los atendió, nunca quiso enfrentar, nunca quiso decirles el número de desaparecidas y desaparecidos y el procurador pasado nunca quiso hablar del tema”, les dijo el mandatario hace un año.
Sin embargo, un año después, familiares de personas desaparecidas denunciaron que el gobernador nunca recibió a las familias de Desaparecidos Justicia, e incluso revelaron que las mesas de trabajo que tenían con las autoridades responsables de impartir justicia el sexenio pasado fueron suspendidas.
“Lamentamos que sus palabras se la ha llevado el viento y que la confianza que en ese momento nos pidió, ha sido rota por su gobierno ya que no han hecho otra cosa más que mentirnos y revictimizarnos con su ignorancia e incapacidad para buscar a nuestros hijos”, lamentó Yadira González Hernández, representante de la agrupación.
González agregó que aun cuando el gobierno anunció la conformación de una Unidad de Búsqueda, las familias agrupadas en Desaparecidos Justicia, ni siquiera conocen a los 37 elementos que supuestamente investigan las desapariciones.
“Sus acciones en torno a nuestros hijos desaparecidos, señor gobernador, han sido sólo mentiras disfrazadas de verdad, verdades que usted, su secretario de Gobierno y su procurador han disfrazado con su insensibilidad, prepotencia, soberbia e ignorancia”, insistió Yadira.
Mientras algunas integrantes de Desaparecidos Justicia colocaban una tela con el nombre de sus seres queridos en las puertas del inmueble del gobernador, señalaron que una servidora pública que identificaron como Rendón, intentó intimidarlos con que la llevaría a la cárcel, mientras la grababa.
“Entiendo que un concertador viene a negociar y no a lastimarnos más del dolor que de por sí traemos por la ausencia de nuestros seres queridos y esta persona viene a confrontarnos, creo que esta parte no se vale”, reprochó Yadira.
El gobernador Domínguez fue crítico con la administración del exgobernador José Eduardo Calzada Rovirosa, pero en su primer año incurrió en errores similares, como cuando la entonces Procuraduría estatal citó a declarar por teléfono a un presunto responsable relacionado con el caso de Yosheline Arenas Heredia, quien finalmente la autoridad reportó que halló sin vida.
A inicios de año la Procuraduría de Querétaro también reportó la existencia de 413 casos activos de personas desaparecidas después de una “depuración”, sin embargo el padrón no incluyó el caso de Juan González Hernández, hermano de Yadira, representante de la organización Desaparecidos Justicia AC.
Los familiares de personas desaparecidas en Querétaro se manifiestan cada 10 de noviembre, fecha en que la organización fue fundada por Brenda Rangel Ortiz, quien busca a su hermano Héctor, desaparecido el 10 de noviembre, hace siete años.
En su posicionamiento la organización demandó la destitución de Margarita Luna Téllez Girón, subprocuradora de Prevención del Delito, Atención a Víctimas y Derechos Humanos; Milagros Cabrera López, directora de Atención a Víctimas y Ofendidos del delito; y Uriel Guillén Orozco, Norma Angélica García Verdi, Víctor Miguel Bustos González y Cinthya Grisel González Serrano, agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidos.
Lo anterior porque familiares de personas desparecidas de Querétaro se duelen de actos de re victimización, omisiones en la investigación de sus casos y violación a sus derechos humanos.
Al final del mitin la organización Desaparecidos Justicia AC le dio una emotiva bienvenida a una familia más que llegó a la agrupación. Yadira González recordó que hace un año eran 21 familias con personas desaparecidas y este año suman ya 45.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERIC PACHECO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462228/acusan-al-gobernador-queretaro-incumplir-a-familiares-personas-desaparecidas
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, que contempla un total de cuatro billones 888 mil 892.5 millones de pesos. Los legisladores reasignaron 67 mil 707 millones de pesos, que se destinaron a los rubros de educación, campo, infraestructura, anticorrupción, el Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
La Cámara de Diputados el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, que contempla un total de cuatro billones 888 mil 892.5 millones de pesos.
La discusión en el Pleno inició a las 19:35 horas y a las 22:10 horas se avaló en lo general por 438 votos a favor y 36 en contra.
El grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue el único en manifestar su desacuerdo a los recortes presupuestales que se realizarán en diversos rubros.
Previamente, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobaron en lo general el dictamen, con un recorte por casi 240 mil millones de pesos.
Los legisladores reasignaron 67 mil 707 millones de pesos, que se destinaron a los rubros de educación, campo, infraestructura, anticorrupción y otros fondos que no tenían partida presupuestal, informó el priista Alfredo del Mazo Maza, presidente de la citada comisión.
Este monto surgió de los 51 mil 380.2 millones de pesos adicionales que se proyectan obtener, tras los cambios realizados a la cotización del dólar y la plataforma de producción petrolera, así como 16 mil 327 millones más que se obtuvieron luego de realizar ajustes a diversos programas.
Se adicionaron mil millones de pesos, respecto a la propuesta del Ejecutivo federal; se aumentaron recursos para el rubro educativo, principalmente para las universidades públicas de las entidades federativas.
Otros cinco mil 500 millones de pesos serán destinados al fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Para el Fondo Fortalece se contemplan ocho mil 900 millones de pesos; para el de cultura únicamente, mil 400 millones de pesos, y para el programa de infraestructura de caminos rurales y carreteras, seis mil millones de pesos. Rubros para los cuales no existía un presupuesto asignado.
Por su parte, al Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México, también sin recursos asignados, se le destinarán dos mil 450 millones de pesos. También figuran 500 millones de pesos para el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Al Fondo para Fronteras le asignaron 790 millones de pesos. Este fondo busca otorgar apoyos a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país.
Para el Fondo Metropolitano el presupuesto será de 3 mil 240 millones de pesos.
Cada legislador pudo asignar, aproximadamente, 20 millones de pesos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-11-2016/3114038
Acusa que a Padrés "se le cerraron todos los espacios para su fuga e intenta victimizarse con esta estrategia mediática orquestada desde las más altas esferas del panismo".
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió a las instituciones de justicia de México, apliquen un castigo ejemplar al ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías.
En un comunicado, el instituto político señaló que deben ser las instituciones de justicia y no el Partido Acción Nacional (PAN) o sus abogados, quienes determinen la culpabilidad de Padrés.
Lamentó que la defensa del ex mandatario estatal sea victimizarse y presentarse ante la opinión pública como un perseguido político. “Los corruptos deben acabar en la cárcel”.
El PRI reprobó que Padrés acuda ante las autoridades un año después de que concluyó su mandato en Sonora, solicitar decenas de amparos y luego de permanecer 40 días escondido por la orden de aprehensión en su contra.
“Para el PRI, es claro que se le cerraron todos los espacios para su fuga e intenta victimizarse con esta estrategia mediática orquestada desde las más altas esferas del panismo”, sentenció.
Exhortó respetuosamente a las autoridades federales, a que redoblen sus esfuerzos para la aplicación de las sanciones que correspondan al panista.
“No deben dejarse amedrentar por la actuación de sus abogados, quienes son encabezados por el ex procurador general de la República panista, Antonio Lozano Gracia.”
Hoy la sociedad mexicana debe confiar en que habrá justicia, se incautarán los bienes a Guillermo Padrés y serán reintegrados a su legítimo propietario, que es el pueblo de Sonora.
Confió en la PGR y en que su actuación es y será en el margen de la ley, alejada de revanchas políticas pero sí con todo rigor contra aquellos que fallaron a la confianza de los ciudadanos al cometer actos de corrupción.
Comunicado:
Exige PRI Castigo Ejemplar a GP by Aristegui Noticias on Scribd
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1011/mexico/pri-exige-castigo-ejemplar-para-guillermo-padres-corruptos-deben-acabar-en-la-carcel-ochoa/
Miguel Ángel Yunes Linares, quien en breve tomará posesión como gobernador de Veracruz, está siendo investigado por la PGR a raíz de denuncias según las cuales cuando dirigía el ISSSTE sacó de ahí recursos para que él y su familia compraran, de manera indebida, una escandalosa cantidad de inmuebles. Lo curioso es que la lista de propiedades de los Yunes Márquez fue proporcionada ni más ni menos que por Javier Duarte, el exmandatario prófugo que se volvió imagen viva de la corrupción.
XALAPA, Ver: Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz, tiene en su contra denuncias por enriquecimiento ilícito; como presunta prueba de ese delito hay una lista de propiedades, casi tantas como las de Javier Duarte, su antecesor ahora prófugo y quien es uno de sus acusadores.
Las denuncias son analizadas en la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Procuraduría General de la República (PGR), así como en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.
Según la averiguación previa FED/SEIDO/VEIORPIFAM-DF/0000445/2016 –copia de la cual tiene Proceso– la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acusa a Yunes Linares de haber constituido en la Ciudad de México sociedades mercantiles –cuyos accionistas son familiares cercanos– para “transferir” de forma ilegal “retenciones”, “comisiones” y “recursos” de trabajadores de ese sindicato cuando era director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Yunes Linares fue demandado el pasado 8 de agosto –querella penal que sigue su curso en la PGR– por apropiarse de más de 230 millones de pesos de “comisiones” y “retenciones” indebidas de miles de afiliados al ISSSTE y maestros del SNTE.
Además, Duarte –exgobernador prófugo desde el 12 de octubre– utilizó información privilegiada del Registro Público de la Propiedad para obtener la lista de inmuebles de la familia Yunes y también demandarlo penalmente.
En dicha lista, consultada por Proceso, destacan 26 departamentos, residencias, oficinas de lujo, varios de ellos a nombre de Veracruzana de Bienes Inmuebles S. A., propiedad de Miguel Ángel Yunes, de su esposa, Leticia Márquez Mora, y de sus hijos.
Esta denuncia penal contra Yunes Linares –quien habrá de tomar protesta el próximo 1 de diciembre– fue puesta por el propio Javier Duarte y gran parte de su gabinete el pasado 1 de agosto, y fue ratificada días después en la Fiscalía General del Estado.
En esa ocasión Duarte aseguró que “el único negocio que Yunes Linares tuvo antes de ser servidor público era un local en el mercado de Soledad de Doblado, donde vendía escobas. Lo que aquí entrego a las autoridades son pruebas irrefutables, como lo son escrituras notariadas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, actas constitutivas y demás documentales públicas que demuestran la escandalosa corrupción y la impunidad con la que hasta ahora se ha conducido”.
Figuran en esa lista cuatro predios, con una extensión total de 29 mil 335 metros cuadrados, en “La Encrucijada”, Coatepec, Veracruz; 2 mil metros cuadrados del predio “Tepetates” en La Estanzuela, municipio de Emiliano Zapata; más de mil metros cuadrados de un terreno y una casa construida en la comunidad de Zoncuantla, también en Coatepec.
Además figura en la lista un terreno en Barranca Honda, en la capital estatal, con una extensión de 4 mil 339 metros cuadrados, así como tres condominios de 500 metros cuadrados cada uno en la zona residencial del Club de Golf Villa Rica, en Alvarado; tres locales comerciales en Playón del Sur, en Minatitlán, con una extensión de 225 metros cuadrados, y una casa de la colonia Petrolera, también en Minatitlán, de 500 metros cuadrados.
En el municipio de Boca del Río aparecen a su nombre los lotes 9 y 10 del fraccionamiento Costa Verde, con una extensión de 517 metros cuadrados.
En el caso de Omar Yunes Márquez –hijo de Yunes Linares–, la querella que puso Duarte en su contra lo señala como propietario de un inmueble en la Ciudad de México, en el número 433 de la calle Platón en Polanco; también de dos terrenos en el fraccionamiento Rincón
del Conchal, en Alvarado, Veracruz, con una extensión global de 3 mil 662 metros cuadrados.
A Omar Yunes –de quien anteriormente se filtraron audios de conversaciones en las que consultaba a su padre para hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y así obtener “rentitas”–, Duarte también le adjudica inmuebles en un boyante fraccionamiento de Polanco, en la calle Calderón de la Barca; uno más, de 591 metros cuadrados, en la avenida Horacio; otro, de 400 metros cuadrados, en Sierra Vertientes y uno de 437 metros cuadrados en la calle Cicerón, en las Lomas de Chapultepec, todo esto en la Ciudad de México.
También se hallan en la lista cuatro departamentos más en Horacio, cada uno con una superficie promedio de 220 metros cuadrados.
De los ataques a su hijo, Yunes Linares ha dicho que se trata de una “campaña de desprestigio” por haber evidenciado todas las irregularidades y desvíos de recursos de los gobiernos de Duarte y del también exmandatario veracruzano Fidel Herrera.
Al gobernador electo también se le atribuye la posesión de un departamento de 517 metros cuadrados en la Torre Vlu, en el fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río.
Proceso buscó en repetidas ocasiones una entrevista con Yunes Linares, pero hasta el cierre de la presente edición el mandatario electo y su jefe de prensa, Elías Assad, sólo dieron evasivas.
La acusación del SNTE
La averiguación previa no sólo menciona a Yunes Linares, sino también a su esposa, Leticia Isabel Márquez Mora, y a sus hijos, el senador veracruzano Fernando Yunes Márquez; el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez y a Omar Yunes Márquez.
A todos se les señala como accionistas o integrantes de los consejos de administración de Cobranza y Recuperación, S. A. de C. V.; Corporate Linkage, S. A. de C. V., e Intermediación Corporativa, S. A. de C. V., y quienes recibían “transferencias ilícitas” de la empresa Consupago, S. A. de C. V., representada por Sergio Chedraui Eguía, con la cual el ISSSTE –durante la administración de Yunes Linares– firmó varios convenios de colaboración.
Chedraui Eguía murió el 3 de junio de 2012 a causa de un infarto mientras corría una maratón en Chapultepec.
El expriista Yunes Linares enfrenta esta nueva querella a 20 días de tomar posesión del gobierno de Veracruz, entidad vapuleada por el desaseo financiero que dejó Duarte, estimado, según la Comisión de Hacienda del Congreso local, en 180 mil millones de pesos.
La denuncia de hechos –que quedó asignada a la fiscal Jésica Salgado Ruiz– señala que de diciembre de 2006 al 22 de febrero de 2010, Yunes Linares autorizó “préstamos en efectivo”, “financiamientos” y todo tipo de créditos con descuentos vía quincenal a trabajadores, cuyas retenciones iniciales recaían en Consupago, pero que ésta transfería después, a “título de comisión”, a las empresas donde los accionistas eran integrantes de la familia Yunes Márquez.
“Se aprovechó de su puesto como director general del ISSSTE, acordó con Consupago transferir recursos retenidos a los trabajadores, para posteriormente, de manera ilícita, recibirlos a través de empresas propias y familiares como supuestas comisiones”, expresa la hoja 5 de la denuncia de hechos.
A decir del secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección 32 del SNTE, Javier Martínez del Ángel, la querella penal interpuesta en agosto pasado no tiene “sesgos políticos”, sino que sólo pretende exigir castigo por los delitos en el ejercicio “abusivo” de funciones
y operaciones con “recursos de procedencia ilícita”.
Antes de concluir noviembre, el departamento jurídico del SNTE tendrá que concurrir a la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda para verificar el “avance” de las diligencias contra la familia Yunes Márquez.
En el legajo que aportó el área jurídica del SNTE a su denuncia de hechos se aprecian las constancias de folio 332818 y 330841 del Registro Público de la Propiedad y Comercio y de la Dirección de Proceso Registral Inmobiliario y de Comercio, del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde en 2005 y 2006 se constituyeron las sociedades anónimas de modalidad de capital variable Intermediación Corporativa y Corporate Linkage, en las cuales, con capitales iniciales de 50 mil pesos, aparecen como apoderados y accionistas Miguel Ángel Yunes Márquez (entonces diputado local) y Omar Yunes Márquez, con acciones suscritas representativas de 70% y 30%.
En los folios de inscripción de la asamblea general extraordinaria figuran también como accionistas e integrantes del consejo de administración Leticia Isabel Márquez Mora y Miguel Ángel Yunes Linares, en acta rubricada por Silvia Vidals Negrete, por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Gobierno del Distrito Federal.
Complicidades
En el polémico convenio de colaboración que celebraron el ISSSTE y Consupago no se especifica la transferencia de “retenciones” y “comisiones” a las empresas cuyos accionistas son los hijos de Yunes Linares, pese a que a dicho convenio se le hicieron varias adendas modificatorias.
El contrato –del que Proceso tiene copia–, firmado el 15 de mayo de 2008, está rubricado por el proveedor Sergio Chedraui Eguía y Jesús Villalobos López, subdirector general de Finanzas del ISSSTE y que a la postre relevaría a Yunes Linares al frente del instituto, en 2010.
Al cierre del sexenio de Felipe Calderón, Villalobos sería señalado como autor de un daño patrimonial al ISSSTE por 300 millones de pesos, pues erogó a discreción esa cantidad a la empresa Ingeniería Costos y Servicios, S. A. de C. V., por trabajos que no se realizaron. La investigación del Órgano Interno de Control del ISSSTE quedó radicada en el expediente PAR-729/2012.
A Villalobos lo inhabilitó la Secretaría de la Función Pública por comprobarse que asistió al partido del Supertazón 46 en Indianápolis, Estados Unidos, con un boleto de avión pagado con recursos de la Dirección de Pronósticos para la Asistencia Pública, de la que era director.
El convenio también iba rubricado por Pedro Vásquez Colmenares, subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, y por Luis Felipe Castro Sánchez, director del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE.
Castro Sánchez ha sido señalado por desviar fondos del ISSSTE, hacer “compras infladas” de medicamentos e insumos, así como traficar con la nómina y matrícula de los empleados, según acusaciones vertidas al diario La Jornada por la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos.
Ahora el área jurídica de la Sección 32 del SNTE asegura que a Yunes Linares se le pueden fincar responsabilidades por ejercicio abusivo de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, por “obtener beneficios económicos” como servidor público y por enajenar recursos públicos para su beneficio personal.
En la denuncia penal FED/SEIDO/VEIORPIFAM-DF/0000445/2016 los agraviados exigen que se cite a declarar a la esposa e hijos de Yunes Linares y al propio gobernador electo. También demandan que se presente el actual representante legal del ISSSTE para que dé su versión de los hechos y aporte información que podría ser relevante al caso.
Le piden a la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda que “solicite” a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las cuentas bancarias de Consupago, Cobranza y Recuperación, Corporate Linkage, Intermediación Corporativa, así como de todos los integrantes de la familia Yunes Márquez.
Exigen también, y como parte de la investigación, las declaraciones fiscales de todas las personas arriba citadas.
Antes de huir de la justicia, Javier Duarte se expresó así de Yunes Linares en el noticiario Despierta con Loret, de Televisa: “Es un desvergonzado, no tan sólo se roba el dinero, sino que lo ostenta; las mansiones, las propiedades que tiene son insultantes, ni siquiera podemos pensar en prestanombres (sic), todo lo tiene a su nombre y al de sus hijos, en esta cadena (Televisa) se dio a conocer que tiene un edificio completo de Nueva York, ese es el dedo fustigador que me señala como corrupto”.
Este año, diputados locales del PRI –antes afines a Duarte– y legisladores federales acudieron ante la FGE y la PGR para denunciar a Yunes Linares y a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, por enriquecimiento ilícito.
Yunes Márquez, edil de Boca del Río, acudió a la FGE a “entregarse”; aseguró que se trataba de una “persecución política” contra él en plena campaña electoral. La investigación quedó radicada con el folio 45E/2015 en el oficio FGE/FIM/2867/2015.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462082/los-yunes-una-cola-larga-la-duarte
Uno de los principios fundamentales del derecho es no legislar ad hominem, es decir, con la intención de perjudicar o beneficiar a una persona (o grupo) en particular, pero eso es precisamente lo que hicieron los legisladores mexicanos al ampliar los periodos de cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para asegurarse que una mayoría de éstos califiquen las dos siguientes elecciones presidenciales: la de 2018 –que juzgarán los siete nuevos integrantes– y la de 2024, en la que permanecerán todavía cinco de los siete.
La reforma al párrafo II del artículo 4 transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, además, rompe con la lógica de los ciclos electorales federales de tres años, que fue la razón que motivó a los legisladores en aquel entonces a establecer el escalonamiento cada tres años: con ello se garantizaba que, a futuro, al afrontar los procesos electorales federales siempre había una mayoría de magistrados que ya tenían la experiencia de haber estado en un proceso electoral previo.
Uno de los grandes errores de la legislación original, antes de la reforma constitucional de 2007, era que cada 10 años se hacía la renovación total de los siete magistrados, lo que tiraba por la borda toda la experiencia acumulada; en la reforma mencionada se reconoció que lo ideal era que la renovación fuese escalonada y que, en el caso de los organismos electorales (Instituto Federal Electoral entonces, ahora Instituto Nacional Electoral), dicho escalonamiento estuviera en consonancia con los ciclos electorales federales de tres años. Así, el único proceso electoral federal que después de los procesos de 1997 y 2009 se realizaría con siete magistrados sin experiencia sería el de 2018. En lo sucesivo siempre estarían cuatro o cinco magistrados (dependiendo del caso) con práctica.
Es decir, se buscaba aprovechar al máximo la combinación de la experiencia y la renovación, pero siempre bajo la lógica de que haya mayoría de experimentados y un número suficiente de “novatos”, para sacudir la rutina y el letargo. En la elección presidencial de 2018, los siete magistrados vivirían su primer proceso electoral federal; en la de 2021, serían dos noveles; en la de 2024, serían otra vez dos nuevos, así que únicamente tres magistrados habrían estado en la elección de 2018 y cinco en la intermedia de 2021. En la de 2027 habría tres nuevos magistrados y cuatro que provendrían desde la de 2024; y en la de 2030 (nuevamente presidencial) otros tres nuevos y únicamente dos magistrados habrían estado en la de 2024; y así sucesivamente.
Con la acelerada reforma que procesaron los legisladores se rompe esta dinámica, de tal suerte que nuevamente hay varios procesos electorales en los que repiten los siete magistrados y hay otros en los que existirá una mayoría de magistrados nuevos: los mismos siete magistrados que calificarán la elección presidencial de 2018 repetirán en su totalidad en la de 2021; para la elección presidencial de 2024 habrá dos nuevos magistrados y repiten cinco; para la de 2027 habrá cinco nuevos magistrados que no habían estado en ningún proceso federal previo, pero obviamente para 2030 no habrá ningún nuevo magistrado y permanecerán dos que estuvieron en la de 2024, y así se mantendrá la intermitencia de inmovilidad y cambio de la mayoría de una elección a otra. Por ejemplo, en la elección presidencial de 2036 participarán cinco magistrados que no habrán estado en ninguna elección previa.
La lógica de mantener los ciclos comiciales permeó en todos los órganos electorales, tanto a escala estatal como federal, pues fue el criterio que se utilizó para la renovación de las Salas Regionales del mismo Tribunal Electoral y que ya estaba establecido para la conformación de los Consejos Locales y Distritales del INE; pero también prevaleció en la conformación de los organismos estatales, tanto los administrativos (organismos públicos locales, Oples) como los jurisdiccionales (tribunales electorales estatales), de tal manera que la única instancia vinculada con los procesos electorales que estará fuera de esta dinámica es, precisamente, la Sala Superior del TEPJF.
Contrario a lo que hizo en el Senado, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados no apoyó la reforma, y aunque fundó su argumentación en la posible inconstitucionalidad de la misma por ser posterior a la designación de los magistrados y estar dirigida directamente a cuatro de ellos, no puede soslayarse que el cambio fue fundamentalmente porque el magistrado que ellos propusieron sí recibe el beneficio de la ampliación del periodo de tres a siete años, pero sale justo al inicio del proceso electoral de 2024 y ya no alcanza a participar en la calificación de la elección presidencial de ese año. Así, la clara intención de mantener el control de la Sala Superior del Tribunal en los dos próximos procesos electorales se hizo todavía más evidente.
Dado que, aunque no es una ley electoral, se trata de una reforma que afecta a un organismo directamente vinculado con lo electoral, los partidos políticos que votaron en contra de la modificación en cualquiera de las cámaras o en ambas (como el PT y Movimiento Ciudadano, así como senadores que aun sin grupo parlamentario son cercanos a Morena) deben intentar interponer la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hay varios elementos que se pueden alegar y hacer que la modificación sea revertida. Desde luego, es imposible saber cuál será la sentencia del Pleno de la Corte, pero el intento de evitar el atropello por parte de los legisladores es lo menos que pueden hacer estos institutos políticos.
La consumación de la reforma es una muestra más de la insensibilidad de los legisladores al descontento ciudadano; de cómo sobreponen sus intereses partidistas al beneficio público y la gobernabilidad nacional; y de la soberbia y cinismo con el que actúan apostando a la pasividad ciudadana. Un nuevo atropello de estos legisladores en este periodo de sesiones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ (ANÁLISIS).
LINK: http://www.proceso.com.mx/462087/cinismo-soberbia-los-legisladores
