Familias centroamericanas huyen de la violencia; van 5 mil solicitudes de petición de refugio en México

Laura María Cruz Martínez, otra madres soltera y los nueve niños a su cargo vuelven a estar juntos en dos apartamentos contiguos de un barrio obrero de la Ciudad de México, están a salvo de las pandillas que asolan Honduras. Los once consiguieron el pasado marzo estatus de refugiado y asilo en México. Eso los convierte en parte de una creciente oleada de refugiados de Honduras, El Salvador y Guatemala que se instalan allí en lugar de intentar llegar a Estados Unidos, al que muchos ven como cada vez más hostil. México recibió en 2015 3 mil 424 solicitudes de estatus de refugiado, una cifra que subió a 8 mil 794 solicitudes el año pasado. Las peticiones ya han superado ese ritmo en lo que va de año, con 5 mil 464 solo entre enero y mayo.

Los pandilleros llegaron el otoño pasado en motocicleta, armados y enmascarados, hasta una casa en el norte de Honduras. Llevaron una sombría advertencia para los ocupantes: Dejen la ciudad en 24 horas, o si no…

Laura María Cruz Martínez, otra madre soltera y los nueve niños a su cargo llenaron bolsas a toda prisa con ropa y objetos personales y salieron camino de la frontera antes del amanecer, dejando su casa abandonada con los muebles y electrodomésticos aún en su lugar.

Cada vez más familias centroamericanas se refugian en México

Ciudad de México. Los pandilleros llegaron el otoño pasado en motocicleta, armados y enmascarados, hasta una casa en el norte de Honduras. Llevaron una sombría advertencia para los ocupantes: dejen la ciudad en 24 horas, o si no...

Laura María Cruz Martínez, otra madre soltera y los nueve niños a su cargo llenaron bolsas a toda prisa con ropa y objetos personales y salieron camino de la frontera antes del amanecer, dejando su casa abandonada con los muebles y electrodomésticos aún en su lugar.

Ejército mexicano, artífice de la contención migratoria en la frontera sur

El cable que publicó ayer la agencia Associated Press (AP), según el cual la administración estadunidense de Donald Trump pretendía utilizar la Guardia Nacional –un cuerpo militar– para detener indocumentados provocó mucha irritación en México; sin embargo, en el país el diseño de la política antiinmigrante fue producto del Ejército mexicano.

En 2013, la Secretaría de Marina (Semar) elaboró y coordinó el Programa de Atención Integral a la Frontera Sur, y esta dependencia encargó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la tarea de coordinar las “operaciones de control y vigilancia” en la frontera de mil 149 kilómetros que México comparte con Centroamérica.

Su objetivo: “Reducir la inseguridad” y “ordenar el flujo migratorio”; en otras palabras, impedir el paso a los cerca de 250 mil centroamericanos que cruzan cada año de manera irregular la frontera sur, a través de los 704 cruces informales identificados, rumbo a Estados Unidos.

El programa, cuya copia obtuvo Apro, instruyó a autoridades militares y civiles que participaron en las operaciones. Tanto la Semar y Sedena, como instituciones que pertenecen a las secretarías de Gobernación (Segob) –Policía Federal (PF), Instituto Nacional de Migración (INM) y Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen)– y de Hacienda y Crédito Público (SCHP) participarían en las labores de contención migratoria.

Entre 2013 y 2016, la Semar realizó 3 mil 102 operativos migratorios de apoyo al INM, un promedio de dos por día. 502 de ellos fueron operativos marítimos y los 2 mil 600 restantes se llevaron a cabo en tierra, de acuerdo con el oficio 1352/16 que esta dependencia entregó a Apro en respuesta a una solicitud de información.

En julio de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el arranque del Programa Frontera Sur, que presentó como una estrategia transversal de desarrollo de los estados fronterizos. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, por su parte, denunciaron la “militarización” de la frontera y el incremento de los abusos contra los migrantes.

Entre julio de 2014 y el pasado mes de diciembre, las autoridades mexicanas deportaron a 377 mil 599 migrantes de origen centroamericano, un promedio de 419 por día.

Contención

En el programa, la Semar dividió la región sureña del país en tres zonas, delimitadas a su vez por tres líneas: una de Control Fronterizo –en las inmediaciones de la frontera–, otra de Control Interno y la última de Contención –que parte de Salina Cruz, Oaxaca, y atraviesa el Istmo de Tehuantepec hasta Coatzacoalcos, Veracruz.

La línea de contención tiene el objetivo de “contener hacia el interior del país el tráfico ilícito de personas y bienes, mediante el establecimiento de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), fijas y móviles”.

El programa planteó la creación de cinco Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) –integrados por antenas de la Semar, la Sedena, el INM, el Cisen, la PF, la Procuraduría General de la República (PGR), autoridades municipales y estatales, así como de la Administración General de Aduanas (AGA)– en municipios de Chiapas y Tabasco.

Otro punto del programa de la Semar estableció las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos en Contra de Migrantes en los cuatro estados fronterizos, las cuales tienen la misión de investigar las agresiones contra los indocumentados.

También consideró una vertiente de “Tecnificación de la vigilancia en la frontera sur”, que instruía a utilizar drones para vigilar la frontera, así como la instalación de sensores, detectores y sistemas de recolección de datos biométricos. Esta vertiente fue atribuida al Cisen el cual, en su momento, advirtió que no previó recursos para el proyecto “dada la situación económica nacional”.

Algunos de estos insumos fueron comprados a través de la Iniciativa Mérida, el acuerdo binacional firmado en 2007 por las administraciones de Felipe Calderón y George W. Bush, con el objetivo de que el gobierno de Estados Unidos asuma parte del costo económico de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en México.

De acuerdo con el informe “La Iniciativa Mérida y más allá”, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense en febrero de 2016, el Departamento de Defensa entrenó y equipo a los militares mexicanos que patrullan en la frontera sur.

El Departamento de Estado proveyó recursos por 15 millones de dólares en equipos caninos y “equipos de vigilancia” para el monitoreo de los cruces fronterizos y planeó gastar por lo menos 75 millones de dólares adicionales.

Cooperación

En su informe de actividades Julio 2014-Julio 2015, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur afirmó que en los operativos del INM participaron la PGR, la Sedena, PF y Semar, “además del gobierno de Chiapas”.

Entre 2013 y 2016, la Policía Federal participó en 16 mil 623 operativos de migración junto con el INM, un promedio de 11 por día. Estos operativos derivaron en detenciones de migrantes, según el oficio PF/OCG/DGE/6356/2016, entregado a Apro por transparencia.

La PGR informó a este medio que apoyó en 14 ocasiones al INM entre 2015 y 2016, mientras que la dirección general de asuntos policiales e Interpol reportaron 12 operativos, del 2012 hasta 2016.

La Sedena, por su parte, aseveró a Apro que “no localizó ningún documento o registro que contenga información” sobre los operativos de apoyo al INM que realizó entre 2013 y 2016.

El Cisen considera que las características de la frontera sur mexicana “favorecen la comisión de ilícitos como el tráfico de indocumentados, drogas, armas, personas, dinero ilegal, entre otros, aunado a la presencia de asentamientos irregulares en algunos puntos de la franja fronteriza que hacen propicio el comercio ilegal en la zona”.

En un informe sobre la frontera sur, entregado a Apro en respuesta a la solicitud de información 0410000026016, el Cisen señala a Chiapas –donde existen aproximadamente 56 cruces fronterizos vehiculares informales y más de 350 peatonales– como “la principal puerta de entrada para el tráfico ilegal de mercancías, drogas, personas, combustible, así como para la proliferación de organizaciones delictivas”.

También identifica el municipio de Candelaria, en Campeche, como “lugar estratégico para el tráfico de enervantes y personas”.

Fuente: Proceso

Autor: Mathieu Tourliere

http://www.proceso.com.mx/474932/ejercito-mexicano-artifice-la-contencion-migratoria-en-la-frontera-sur

Por deportación en EU, México, destino para migrantes centroamericanos

El riesgo evidente de deportación en el cual viven día a día los migrantes en Estados Unidos, convierte a México en un destino más interesante para los centroamericanos que están por emigrar de sus países de origen, dijo la doctora Claudia Masferrer, académica del Colegio de México (Colmex).

Así lo señaló la evidencia encontrada en la investigación Tres décadas de migración desde el triángulo norte centroamericano: un panorama histórico y demográfico, que Masferrer realizó junto con la doctora Carla Pederzini Villarreal, docente de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Fernando Riosmena, de la University of Colorado (Boulder); y Noemy Molina, de la Fundación Iris de Centroamérica-Partners (El Salvador).

La investigación es un estudio sobre México y Estados Unidos, en el contexto de recepción de migrantes procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), al que pertenecen Guatemala, El Salvador y Honduras.

En el documento queda claro que los centroamericanos que están emigrando de estos países lo hacen por la violencia social que se vive en esa región, y “si por lo pronto te puedes ir a México, pues te vas a México”, agregó Pederzini, integrante del claustro del Departamento de Economía de la IBERO.

Hay encuestas que muestran que a muchos centroamericanos les interesa quedarse en México, “podríamos pensar que en parte por la facilidad del idioma”. Pero también influye que la migración centroamericana a nuestro país lleva muchas décadas y el que haya comunidades de centroamericanos establecidas en aquí facilita la migración y permanencia aquí, explicó la investigadora del Colmex.

Además, no todos quieren llegar a EU. Pederzini y Masferrer consideran que es así porque implica en muchos de los casos hacerlo como indocumentados, y sin posibilidades en un futuro cercano de que existan políticas de regularización.

A lo anterior, se suma que un número creciente de migrantes del TNCA son aprehendidos en la Unión Americana; hay una reducción de la emigración de México a Estados Unidos, y el tránsito por nuestro territorio implica mayores riesgos y costos por el endurecimiento de los controles migratorios, la violencia e inseguridad en el trayecto.

Caso especial es el de los guatemaltecos en México. “Hay una tradición de muchos años que hace que las personas que vienen de Guatemala se sientan muy integrados cuando están en México; porque llegan a la zona del Soconusco, en Chiapas. Los guatemaltecos están muy concentrados en el estado de Chiapas, entonces, probablemente, ellos hayan decidido venir a México como su lugar de destino”, distinguió la economista de la IBERO.

Educación determina a dónde migrar

En su trabajo, los investigadores encontraron que hay una mayor selectividad de migrantes en EU que en México, en lo relativo a la educación. En el 2010, los guatemaltecos que se quedaban en México tenían en promedio cinco años de escolaridad, es decir, primaria incompleta; en tanto que los migrantes de Guatemala en Estados Unidos tenían alrededor de nueve años de escolaridad (secundaria acabada).

Si se hace una observación por nacionalidades, los salvadoreños proceden de áreas urbanas, de contextos un poco más privilegiados, en comparación con los guatemaltecos, oriundos de áreas rurales y comunidades indígenas.

Eso provoca que al llegar a México y ver que las opciones laborales son limitadas, los de El Salvador, que tienen mayor nivel educativo y socioeconómico, consideren que pueden transferir esas ventajas al mercado de Estados Unidos; además de creer que pueden aprender inglés más fácilmente. Esta selectividad podría expresarse así: “yo tengo mayores opciones a adaptarme mejor en otro lugar, con otro idioma y quizá con un estatus más complicado”, comentó la académica de El Colegio de México.

Más empleados en EU que en México

Otra observación hecha en Tres décadas de migración desde el triángulo norte centroamericano: un panorama histórico y demográfico es que los migrantes de Centroamérica se emplean más en EU que en México; posiblemente porque la demanda de mano de obra no calificada es mayor en la Unión Americana, donde aunque ganan más dinero, el nivel de vida es más caro, “entonces necesitan trabajar, porque el costo de oportunidad de no trabajar es más alto”, explicó Claudia.

Carla abundó que en México los centroamericanos compiten con mucha mano de obra no calificada. “En cambio, en Estados Unidos hay poca gente que quiera trabajar de jardinero, en ciertas ocupaciones que son de mano de obra barata”.

Fuente: Desinformémonos

Autor: Universidad Iberoamericana

https://desinformemonos.org/deportacion-eu-mexico-destino-migrantes-centroamericanos/

La migración no para: encuentra nuevas rutas

En su mayoría viajaban a lomos de La Bestia, pero la excesiva vigilancia del ferrocarril los obligó a cambiar de transporte. Ahora se desplazan en autobuses de pasajeros o hacinados en tráileres y camionetas. No importa cómo, pero decenas de miles de centroamericanos persisten en su afán de llegar a Estados Unidos, a despecho de que los gobiernos de ese país y de México eroguen ingentes cantidades en la aplicación de programas de contención. Nada parece ser capaz de detener el flujo de personas que huyen de la violencia del llamado Triángulo Norte de Centroamérica.

Por conducto de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y con fondos de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Barack Obama financia desde mayo pasado un programa de capacitación a funcionarios mexicanos para desmantelar las redes de tráfico de migrantes que operan en el país, las mismas que decenas de miles de centroamericanos contratan cada año para alcanzar la frontera estadunidense.

Se trata del Proyecto Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 2016-2018, ejecutado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) “en estrecha coordinación” con la Procuraduría General de la República (PGR).

Como parte de este proyecto, agentes estadunidenses de seguridad empezaron a capacitar a funcionarios de la PGR y de la Policía Federal (PF), así como a “funcionarios federales ubicados en estados seleccionados de la República y a autoridades estatales” para detectar, investigar y perseguir el tráfico de migrantes, con “un enfoque de delincuencia organizada trasnacional”, incluyendo una vertiente de investigación financiera.

Los estados “seleccionados” son los 10 fronterizos –del norte y del sur–, además de Oaxaca, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz.

El objetivo del proyecto –cuya copia obtuvo Proceso mediante una solicitud de acceso a la información– es “apoyar los esfuerzos del gobierno mexicano para hacer frente al tráfico ilícito de migrantes, prestando especial atención a los procesos interinstitucionales para prevenir, detectar y perseguir el delito, así como proveer asistencia a los migrantes objeto de tráfico”.

El documento no especifica la cantidad de dinero que el Departamento de Estado –del que depende la INL– erogará para su aplicación.

Uno de los componentes del proyecto plantea la impartición de “asesoría especializada” a la Unidad de Investigación de Delitos contra Personas Migrantes de la PGR –creada el 18 de diciembre de 2015–, así como “asistencia legislativa”, que consiste en un “debate legislativo” y la participación en un foro internacional de intercambio de buenas prácticas.

También prevé el desarrollo de campañas de comunicación dirigidas a las autoridades de los tres niveles de gobierno para informar sobre el tráfico de migrantes. Para ello, el proyecto considera cuatro mesas de trabajo en México y dos en Estados Unidos.

El proyecto se había dado inicio el pasado 30 de agosto, cuando Arely Gómez, extitular de la PGR, lo presentó junto con Roberta Jacobson –la embajadora de Estados Unidos en México–, Antonio Luigi Mazzitelli –representante en México de la ONUDD–, así como funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

El pasado 9 de mayo se instaló la primera sesión de trabajo en el Salón Justicia de la PGR, donde se presentó formalmente el proyecto; otras se llevaron a cabo en Guadalajara, el 1 de septiembre; Hermosillo, el 8 de septiembre; Mexicali, el 22 de octubre; y Toluca, el 10 de noviembre.

Del 22 al 26 de agosto se reunieron 21 funcionarios de la PGR y la PF en el Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento de la Cruz Roja Mexicana de Toluca, donde recibieron el taller “Fortalecimiento de las capacidades de funcionarios encargados de la aplicación de la ley para la detención, investigación y persecución del delito de tráfico ilícito de migrantes”.

Participaron los agregados de la PGR para Centroamérica y el Caribe y América del Sur, así como de las ciudades estadunidenses de San Diego, El Paso, San Antonio y Los Ángeles, según las constancias que la PGR proporcionó a Proceso.

El taller no le costó un peso al gobierno mexicano: el Departamento de Estado estadunidense cubrió los traslados y los viáticos de los asistentes, de acuerdo con el oficio SJIAI/CAIA/0811/2016, emitido por la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la PGR.

Del 7 al 11 de noviembre, agentes de la PGR asignados a las delegaciones de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, así como a las agregadurías antes mencionadas, asistieron al taller de “Formación operativa para el análisis, investigación y persecución penal del tráfico ilícito de migrantes” en Tijuana.

De nueva cuenta, el Departamento de Estado, “a través de la Iniciativa Mérida, (cubrió) el costo del viaje y los viáticos a los asistentes con base en las tablas de Naciones Unidas”, señala una serie de invitaciones enviadas a los agregados de la dependencia.

El flujo sigue

A mediados de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto oficializó el endurecimiento de la política migratoria con la aplicación del llamado Programa Frontera Sur (PFS). Como consecuencia, el Instituto Nacional de Migración (INM) multiplicó los operativos en las carreteras, pero también en el ferrocarril que atraviesa México de sur a norte.

En los últimos tres años el INM detuvo a 429 mil 407 migrantes centroamericanos, de los cuales deportó a 402 mil 76.

En 2015, por primera vez México deportó a un mayor número de centroamericanos que Estados Unidos: el INM reportó 176 mil 726 deportaciones, y las autoridades estadunidenses, 76 mil 345.

Los migrantes centroamericanos siguen llegando a la frontera norte de México, así como a Estados Unidos: entre enero y octubre de este año, el INM detuvo a 4 mil 500 en Coahuila, 2 mil 951 en Nuevo León y 9 mil 700 en Tamaulipas, tres estados colindantes con Texas.

Entre octubre de 2015 y el mismo mes de 2016, la Patrulla Fronteriza estadunidense detuvo a 218 mil 110 migrantes “otros que mexicanos” –prácticamente todos originarios de Centroamérica– en la frontera con México, informó Jeh Johnson, el director del Departamento de Seguridad Nacional, el pasado 18 de octubre. 140 mil 496 de ellos fueron detenidos en Valle del Río Grande, Texas.

Previo al incremento de los operativos, los migrantes de origen centroamericano más pobres se subían en los vagones del tren de carga –La Bestia– para llegar a la frontera estadunidense.

En entrevistas por separado, trabajadores de tres albergues de migrantes en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, afirman a Proceso que el flujo de migrantes que viajan en tren disminuyó.

A la par, sostienen que para el traslado de migrantes se incrementó el uso de líneas comerciales de autobuses –sobre todo entre mujeres y menores de edad, pese al riesgo de ser detectados en los retenes carreteros y posteriormente deportados– y de los tráileres operados por traficantes.

En Saltillo, por ejemplo, bajaban del tren más de 300 personas al día antes de la puesta en marcha del PFS; ahora son menos de 50, dice Javier Martínez, del área de protección de la Casa del Migrante de Saltillo.

“A pesar del Programa Frontera Sur, la migración no para, porque hay una situación muy grave por la violencia en Centroa­mérica; las pandillas amenazan de muerte a las familias, o de reclutar a sus hijos; la migración se da más por eso que por razones económicas”, insiste. Y subraya: “Los migrantes encuentran siempre una manera de seguir viajando”.

En Reynosa, Tamaulipas, ocurrió lo mismo: según el pastor Héctor Joaquín Silva, responsable del albergue Senda de Vida, en los últimos meses “ha bajado” el flujo de migrantes que viajan por tren; sin embargo recalca que el número de migrantes “se mantiene”: indica que se generalizó la modalidad de viajar por autobuses de línea a la ciudad fronteriza, pero también en vehículos privados, “engañados” –y a veces secuestrados– por traficantes, precisa.

En Monterrey incluso se incrementó más de 60% el número de migrantes que acudió al albergue Casanicolás, asevera Victoria Ríos Infante, coordinadora de vinculación de esta institución: en 2015 llegaban en promedio 90 personas por mes; este año la cantidad se elevó a 149. “Vemos al migrante más cansado, física y emocionalmente, que antes del Programa Frontera Sur”, plantea.

Ríos desconoce la magnitud del tráfico de personas en la zona, ya que los migrantes que usan los servicios de traficantes no se hospedan en el albergue. “Hay un número considerable de migrantes en hoteles pequeños, de más bajo costo, de la zona centro de Monterrey”, declara.

Hechos sucesivos

En los últimos meses se sucedieron detenciones masivas de migrantes que viajaban hacinados en tráileres.

El 26 de septiembre pasado, siete agentes del INM fueron atacados con armas de fuego por traficantes de personas en la carretera transístmica 185, en Oaxaca. Los agentes habían detenido a un traficante que llevaba 25 migrantes en la caja de una pick up, cuando los alcanzaron cinco personas armadas a bordo de motocicletas; éstas les dispararon y los obligaron a detenerse. Liberaron al traficante y se llevaron a los migrantes.

El 4 de octubre, el INM informó que un grupo de traficantes de personas abandonó a alrededor de 55 migrantes en el municipio veracruzano de Tres Valles, al notar que cuatro de ellos habían muerto de asfixia y deshidratación durante un viaje de 48 horas, sin escalas, en una camioneta cerrada, con logotipos clonados de Correos de México.

El siguiente 13 de octubre, al revisar dos vagonetas en la carretera que va de Ciudad Valles, San Luis Potosí, a Ciudad Victoria, Tamaulipas, agentes de la PF encontraron hacinados en los vehículos a 122 migrantes, 45 de ellos menores de edad.

Tres semanas más tarde, el 2 de noviembre, un tráiler fue detenido en un retén del INM en la carretera Villahermosa-Cárdenas, Tabasco. En la caja estaban amontonados 94 centroamericanos, entre ellos 43 menores. El mismo día, en la carretera libre Aguascalientes-Zacatecas, el INM detuvo un autobús en el que viajaban 92 indocumentados, entre ellos 23 menores.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Tráfico de Personas 2016, que la ONUDD publicó este miércoles 21, las autoridades mexicanas sentencian a entre 60 y 100 traficantes de personas cada año desde 2012, la mayoría de ellas provenientes de Centroamérica.

Iniciativa Mérida

No es la primera vez que Washington destina fondos de la Iniciativa Mérida para reforzar la política de contención migratoria en México.

En febrero y marzo pasados, informes del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) señalaron que, de acuerdo con el tercer pilar de la Iniciativa Mérida –que consiste en crear una “frontera del siglo XXI”–, el gobierno de Obama erogó casi 20 millones de dólares para reforzar la frontera sur de México.

Estos fondos se destinaron a la instalación de kioscos móviles, adiestramiento a equipos caninos y capacitación para agentes migratorios, “incluyendo el monitoreo de migrantes vulnerables, traficantes y terroristas potenciales”, según el informe Cooperación en Seguridad EU-México: la Iniciativa Mérida y más allá, publicado el 22 de febrero.

En el segundo informe, Los recientes esfuerzos de México en ordenar la migración, publicado el 9 de marzo, el CRS recordó que la Agencia de Inmigración y Aduanas creó en México una Unidad de Investigación del Crimen Trasnacional, que investiga el tráfico de personas, y que el Departamento de Defensa entrenó y equipó a las fuerzas armadas mexicanas.

Además señaló que “el Departamento de Estado reprogramó recientemente 60 millones de dólares (mil 122 millones de pesos, según el valor promedio de cambio en 2016) de fondos no erogados durante años previos para apoyar proyectos existentes, una red de comunicación segura para agencias mexicanas en la frontera sur y equipo biométrico para el INM”.

Y añadió: “Una amplia porción de los 70 millones de dólares (mil 309 millones de pesos, según el mismo cambio promedio anual) que el Departamento de Estado dedicó a los programas de seguridad fronteriza (norte y sur) con fondos de los años fiscales 2013-2015 se usarán para los esfuerzos de la frontera sur”.

En el presupuesto para 2016, la Secretaría de Hacienda destinó mil 809 millones de pesos al INM, 88% de los cuales se destinó a cubrir la nómina.

El CRS, que provee información a los congresistas estadunidenses, planteó que “mientras funcionarios de Estados Unidos saludaron los esfuerzos de México (en la contención migratoria), grupos defensores de derechos humanos criticaron a México por los abusos perpetrados por funcionarios contra migrantes, por fracasar en proveer información sobre visas humanitarias o asilo político (…) y por detener a niños migrantes”.

También subrayó que la sociedad civil “levantó voces preocupadas respecto a la gestión que tiene México de sus flujos migratorios complejos y sobre su capacidad de proteger a los migrantes” y que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados “expresó su preocupación ante las negativas de México para otorgar acceso al asilo a los refugiados provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica”.

Fuente: Proceso

Autor: Mathieu Tourliere

http://www.proceso.com.mx/467787/la-migracion-encuentra-nuevas-rutas

Migrante sin justicia

Reina tiene 45 años, pero las marcas de la vida la hacen parecer de 60. Huérfana desde niña, trabajaba casi como esclava en su natal Belice, hasta que un día, a los 15 años, escapó, cruzó la frontera y viajó a México, donde desde hace tres décadas trabaja como sirvienta pasando penurias por vivir sin papeles, discriminada, atropellada por los patrones y golpeada sistemáticamente por su pareja.

Un día, hace ocho meses, Reina se cansó de los golpes de su marido y en medio de una paliza tomó un cuchillo y se defendió hiriendo a su atacante. Llamó de inmediato a la ambulancia, no huyó, pero el servicio médico tardó más de media hora y el agresor murió. Hoy Reina está condenada a 25 años de cárcel.

El juez segundo penal, Daniel Farah Godoy, la encontró culpable de homicidio culposo y le dio un cuarto de siglo de condena, sin contemplar las irregularidades de su proceso jurídico. Reina Gómez Solórzano escuchó la sentencia y de inmediato pensó en su hijo menor. Ya tiene 26 años, había logrado estudiar una carrera y estaba a punto de terminarla cuando fue atacado en el lugar donde trabajaba como guardia de seguridad. El golpe que recibió lo dejó ciego y dependiente de Reina.

En la cárcel de Chetumal Reina ve pasar los días. Ahí recibe apoyo y asesoría de la Red de Feministas Peninsulares de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. La defensora Argentina Casanova cuenta a la reportera Eliana Gilet que Reina “fue detenida por policías ministeriales en su casa, cuando fueron a retirar el cadáver del agresor. La subieron a un carro gris y se la llevaron. La mantuvieron aislada, la incomunicaron y agredieron físicamente para que confesara. También incumplieron con el tiempo para presentarla en el centro penitenciario, además de llevarla de un lugar a otro, cambiarla de autos, hasta que finalmente la derivaron al Centro de Reinserción Social de Chetumal.

El juez Farah emitió su fallo y dijo que si ella vivía con violencia y en el momento de los hechos había sido agredida, se requería que presentara una lesión y que esto no ocurrió. Pero la investigación de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo sostiene que Reina fue objeto de detención arbitraria y de trato cruel y degradante.

Reina no sólo no es culpable. Es víctima. Se apelará la anulación del proceso a partir de la probada detención arbitraria, los tratos crueles y degradantes, así como el salto del juez de control por los policías, que decidieron convertirse en jueces. Bien dice Argentina Casanova: no sirve que se le achique la pena, lo único que cabe es que la condena se anule.

Fuente: Desinformémonos

Autora: Gloria Muñoz Ramírez

http://desinformemonos.org.mx/migrante-sin-justicia/

Llega a Morelos la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia llegó a esta capital este viernes, luego de 11 días de iniciado su periplo en Honduras y de recorrer El Salvador, Guatemala, Chiapas y Oaxaca, en su ruta a Estados Unidos para demandar que se detenga la guerra contra las drogas.

En la ofrenda a las víctimas, ubicada en los arcos de palacio de gobierno, los 50 representantes de organizaciones de los cinco países se encontraron con el poeta Javier Sicilia, quien los recibió. Luego, varios de los representantes ofrecieron sus testimonios de vida en relación con las consecuencias de la guerra contra las drogas en sus países.

En su oportunidad, Neil Franklin, expolicía estadunidense que encabeza una organización de exagentes que combaten la guerra contra las drogas, expresó su solidaridad con la caravana. Además, dijo que él se integró a esta lucha en 2012, cuando Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad recorrieron Estados Unidos.

Advirtió que la lucha es de largo aliento, pero que sabe del coraje y la valentía de mexicanos y centroamericanos, y expresó su esperanza de que al final el movimiento triunfe, porque la guerra contra las drogas produce miles de muertos al año.

Por su parte, el obispo Martín Barahona, proveniente de El Salvador, advirtió que a pesar de que en 1992 su país firmó unos acuerdos de paz en el Castillo de Chapultepec, en Ciudad de México, la verdad es que sólo fueron acuerdos para la fotografía, pues en realidad la paz no ha llegado al país centroamericano.

El objetivo de la caravana, que estará este sábado en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, es “abrir un diálogo honesto y dar paso a políticas alternativas de drogas, destacando el costo social de la prohibición y la guerra contra las drogas y priorizando el respeto a los derechos humanos y la disminución de la violencia”.

Los participantes son expertos en el tema de la guerra contra las drogas, líderes de movimientos sociales y familiares de víctimas de desaparición, asesinato y demás consecuencias de la guerra. En Chiapas se reunieron con sobrevivientes de la masacre de Acteal, en la Plaza de la Paz en San Cristóbal de las Casas.

De acuerdo con los participantes, “la guerra contra el narcotráfico ha llevado a la militarización de las fronteras y la criminalización de las personas migrantes. Miles han perdido la vida, otros miles están desaparecidos y otros están desplazados”.

Pero, además, “el fenómeno de la migración forzada es uno más de los impactos de esta mal llamada guerra contra las drogas, que es en realidad una guerra contra la sociedad en general. ¿Cómo romper los ciclos de violencia que ha provocado esta guerra? ¿Qué alternativas existen? Acompáñenos para platicar sobre estos temas y la realidad mexicana en la zona fronteriza”, dice un documento de la caravana.

El próximo domingo se espera que la Caravana participe en un acto de denuncia pública en las fosas clandestinas de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, ubicadas en Tetelcingo, donde fueron depositados 150 cuerpos el 28 de marzo de 2014, muchos de los cuales no cuentan con perfiles genéticos, ni algún tipo de identificación.

Este sábado 9 participarán en un encuentro con la Asamblea Nacional Popular de Ayotzinapa, en las instalaciones de la Normal Rural; luego participarán en un acto público en el zócalo de la capital de Guerrero, en Chilpancingo, y finalmente, por la tarde, develarán una placa y realizarán una marcha en la ciudad de Iguala.

El domingo estarán en la Ciudad de México y luego continuarán su periplo hacia Monterrey, y después Estados Unidos. La Caravana concluirá en Washington, donde realizarán distintos eventos y pronunciamientos críticos de la guerra contra las drogas.

Fuente: Proceso

Autor: Jaime Luis Brito

http://www.proceso.com.mx/436451/llega-a-morelos-la-caravana-la-paz-la-vida-la-justicia

Rescatan a 95 migrantes centroamericanos en Edomex

Ciudad de México. Elementos de la Policía Federal rescataron a 95 migrantes que eran transportados en la caja de un tráiler, durante un operativo realizado en el Estado de México.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) dio a conocer que los agentes federales “rescataron a 95 migrantes, entre ellos 33 mujeres y 20 menores, quienes eran transportados en condiciones de hacinamiento en el semirremolque, tipo caja, acoplado a un tractocamión” y dos personas fueron detenidas.

La institución explicó que “derivado de una denuncia anónima, personal de la corporación fue alertado -vía radio- de un tráiler que transportaba migrantes proveniente del estado de Puebla. Por tal motivo, fue implementado un operativo de búsqueda y localización que culminó en el kilómetro 33 de la Carretera México-Puebla.

“Al realizar una inspección en el área de carga del vehículo, policías federales escucharon ruidos y hallaron a varias personas de pie en condiciones de hacinamiento. El conductor y un acompañante fueron detenidos”.

Los migrantes, provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, para recibir asistencia consular, y tras el reconocimiento de nacionalidad se les otorgue el retorno asistido.

Fuente: La Jornada

Autor: Redacción

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/15/rescatan-a-95-migrantes-centroamericanos-en-edomex-172.html

La burocracia desaparece cadáveres

Un migrante salvadoreño desapareció en Tamaulipas en 2011. Su madre comenzó a buscarlo y supo que zetas y policías municipales lo habían asesinado. Supo luego que lo sepultaron junto con otros 67 cuerpos en una fosa común de San Fernando. Y dice que aun cuando desde 2012 las autoridades mexicanas conocían la ubicación del cadáver, construyeron un laberinto burocrático para desaparecerlo de nuevo y no entregárselo. Apenas en enero de 2015 pudo recuperarlo y la semana pasada ganó en la Suprema Corte un amparo para que sea considerada como víctima


CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Aunque vive en El Salvador, la señora Bertila Parada conoce detalles de la tortura que sufrió su hijo Carlos Alberto en México a partir de aquel 27 de marzo de 2011, cuando dejó de reportarse.

Sabe que nunca llegó a la frontera con Estados Unidos y que estuvo a unos kilómetros de la misma, pero el autobús donde viajaba fue interceptado por Los Zetas y policías municipales a la altura de San Fernando; lo obligaron a bajar.



Sabe que lo atormentaron antes de matarlo: a golpes le tumbaron nueve dientes y le destrozaron el cráneo.

Sabe que en sus últimos instantes de vida vestía una camisa que no le conocía, unos calcetines y unos calzones que sí eran suyos, y estaba amordazado.

Sabe que así, con la mordaza, fue enterrado en una colina donde duró poco más de dos semanas.

Sabe que a su cuerpo, cuando fue hallado, la Procuraduría de Tamaulipas le asignó el número 3 en la fosa 3 de la brecha El Arenal, del municipio de San Fernando, donde se encontraba con otros 12 asesinados. Todavía faltaban 44 fosas por descubrirse, de las cuales fueron sacados 193 cadáveres en el llamado caso de las “narcofosas” o “San Fernando 2”.

Sabe también que el 17 de abril lo trasladaron a la morgue de Matamoros y que al día siguiente le tocó turno para la autopsia.

Mas por decisiones de la burocracia, su hijo volvió a desaparecer el día que fue sepultado con otros 67 cuerpos en una fosa común tamaulipeca: lo enterraron en la fila 11, lote 314, manzana 16, del panteón municipal de la Cruz, Ciudad Victoria. Permanecieron ahí hasta octubre de 2014, cuando fueron enviados a la Ciudad de México.

En abril de 2011, otros 122 habían corrido mejor suerte al ser trasladados a una morgue capitalina, donde los mantuvieron congelados durante meses; luego los destinaron al panteón de Dolores.

En la fosa común tamaulipeca, Carlos Alberto esperó tres años y 10 meses a que Bertila lo rescatara y lo condujera de regreso a casa. Fueron casi cuatro años de tortura para ella y su familia, ya no por parte de los criminales, sino de las autoridades mexicanas que, aun cuando desde el año 2012 conocían la identidad del cuerpo 3 de la fosa 3, lo perdieron en los laberintos de la burocracia.

Bertila sospecha que los funcionarios lo desaparecieron “a propósito” como represalia por las protestas que ella hacía desde El Salvador y por el amparo que interpuso en 2013 –promovido por la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho– para que conservaran su cuerpo y no lo incineraran, como hizo la Procuraduría General de la República (PGR) con otros migrantes, y también para conocer la averiguación previa que México abrió por ese asesinato y que le permitirá saber en detalle cómo y por qué perdió la vida su hijo, al igual que las investigaciones al respecto.

“Siempre he querido saber toda la verdad, aunque me duela; por eso he estado luchando. No quiero enterarme por otros de lo que le pasó; quiero ser la primera en saberlo porque yo, como todos los migrantes, queremos saber qué pasó a nuestros hijos, al esposo, a aquel padre que también se quedó en el camino, en un país donde nos robaron algo, donde nos robaron todo motivo de vivir”, explica.

Al tiempo que expresa esto, Bertila llora en el jardín de su casa de Sonsonate –construida con paredes de adobe, techo de lámina oxidada, cables colgantes y, en el jardín comido por las gallinas, la lona vieja de una aerolínea usada como techo de porche–, donde muestra las fotos de su muchacho, ora disfrazado de payasito, ora sosteniendo un diploma escolar, ora en la playa.

Tiene a su lado una carpeta que el 28 de enero de 2015 le entregó la PGR y que contiene las fotos del cráneo destrozado y del panteón donde su hijo estuvo como anónimo, así como algunos de los oficios que funcionarios de Tamaulipas enviaron a la PGR, y en los que desde 2012 se menciona que debería avisarse a la familia salvadoreña de la muestra genética 115 que su hijo es el cuerpo 3 de la fosa 3. Una orden que nadie cumplió.

O quizás, especula esta mujer a la que la tristeza carcomió sus 56 años de vida, nadie quiso cumplir…

“Aquí estuvo enterrado. ¿Por qué tanto tiempo sin poderlo traer? En esta colina estuvo”, dice mientras muestra las fotografías en las que se observa el cadáver en distintas tomas y la cruz oxidaba que marcaba su tumba cuando llevaba como identidad las señas “Cuerpo 3, Fosa 3”.

El 28 de enero de 2015, en la PGR, ella supo esa parte de la verdad gracias a la Comisión Forense instalada en septiembre de 2013 y que autoriza al Equipo Argentino de Antropología Forense y a diversas organizaciones de familiares mexicanas y centroamericanas a trabajar al lado de los peritos de la procuraduría para devolver la identidad a los cuerpos de los migrantes masacrados en San Fernando (2010 y 2011) y Cadereyta (2012).

Cuando le entregaron el cadáver de su hijo menor, pidió a las antropólogas argentinas le explicaran lo que el maltratado cuerpo denunciaba.

“Yo quería saber cómo había muerto mi hijo. Cuándo más o menos había sido encontrado. Qué es lo que tenía: si llevaba documentos, dinero, prendas que podíamos reconocer. Pero no, sólo el calcetín, el bóxer y la manga larga. Quería saber cómo fue su muerte. Yo me pongo a pensar en todo lo que vivió en el tormento que sufrió. Yo lo presentía todo, quería saber cómo fue, por eso les pedí: ‘Contéstenme todo lo que pregunte’. Me dijeron que la muerte fue un golpe contundente de este lado –dice mientras se toca la sien del lado derecho–. De eso murió.”

Ese día, en la Ciudad de México, solicitó ver los restos. Aunque ya eran huesos, ella constató que sí era él: “Lo reconocí por el físico de la cara, por los dientes que le habían quedado –muy rectecitos y suavecitos– y los pies, que eran poco anchos. Sí le pude reconocer eso”.

Emigrar para sobrevivir

Carlos Alberto abandonó Sonsonate cuando tenía 25 años porque iba a tener un hijo y quería ofrecerle una vida digna. No encontraba trabajo, le desesperaba que Bertila vendiera pupusas en los autobuses para darle dinero, y era amenazado por las pandillas.

Cuando el pollero que lo recogería en la frontera con Texas avisó que nunca había llegado, Bertila, ayudada por una sobrina, puso una denuncia en su país el mismo mes de abril y avisó a la embajada de México, donde, afirma, sólo “se burlaron”, la engañaron diciendo que lo estaban buscando. No supo entonces ni le informaron del hallazgo de las fosas de abril.

“Quedamos esperando, pero esa espera se hizo larga, torturadora.”

Su segundo martirio comenzó en diciembre de 2012, al recibir llamadas de la cancillería y la fiscalía salvadoreñas avisándole que las autoridades mexicanas habían encontrado a su hijo, que lo cremarían y enviarían sus cenizas a casa.

Ella se comunicó con el Comité de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, que se contactó con la Fundación para la Justicia, para interponer un amparo a fin de evitar la incineración.

El último día del sexenio de Calderón, en diciembre de 2012, la PGR ya había mandado cremar 10 de los cadáveres hallados en San Fernando (Proceso 1886). Su muchacho estaba en la lista de los siguientes.

En ese tiempo Bertila comenzó a armar protestas, dejó de dormir y comer, tuvo deseos de matarse ante la embajada de México para que le hicieran caso. Salía por las noches a la calle a esperar a su hijo. Corría cada vez que veía a alguien de cachucha blanca porque pensaba que era él. Terminó ingresada en un hospital psiquiátrico.

“Fue al año y nueve meses cuando me dijeron que sí lo tenían ahí, como el 14 de diciembre de 2012. Que estaba enterrado. Luego, ante mis protestas y el amparo, dijeron que nunca me habían llamado. Mi dolor para poder enterrar a mi hijo duró tres años 10 meses”, cuenta mientras barajea el expediente, y agrega: “Pienso que las autoridades mexicanas se negaron a ayudarme. Ellos ya sabían de él, lo encontraron, ya lo tenían”.

No era la única: También la familia de Manuel Antonio Realegeño Alvarado –quien estaba entre los muertos de San Fernando– recibió el mensaje de que lo iban a cremar por motivos de salubridad.

El 24 de mayo de 2013 el gobierno mexicano repatrió a El Salvador el cuerpo de Realegeño. A Carlos Alberto no lo enviaron.

“A la mamá (de Antonio) le dijeron que su hijo estaba en el DF. No lo habían enterrado. Estaba refrigerado; al mío lo habían sepultado en Ciudad Victoria.”

Esa fue otra patada en el corazón.

“Siempre supe que si me ofrecían las cenizas de mi hijo me podían dar un animal, una persona equivocada o cenizas de madera, de cal. Ellos querían terminar evidencias, que ahí acabara todo. El gobierno estaba cubriendo algo, no dice la verdad. No es que yo sea detective. Como madres armamos nuestra conclusión: se violaron mis derechos como persona, como ser humano.”

En octubre de 2014, ella y otras mujeres centroamericanas se reunieron con el entonces procurador mexicano, Jesús Murillo Karam, para conminarlo a permitir a la Comisión Forense devolver a sus hijos.

Murillo la miró con sorpresa y le preguntó: “¿Su hijo todavía está aquí?”. Bertila se dio cuenta de que él sabía que hacía tiempo había sido identificado.

El 28 de enero de 2015, cuando la citaron a la PGR, ella tenía la leve esperanza de que el cuerpo que le entregarían no fuera el de su vástago. Pero al verlo se convenció.

“(La antropóloga) me dio información bien veraz: que un 99.98% era compatible. Me enseñaron algo de ropa: alguna que no era de él. Le cambiaron documentos que llevaba.”

La de su hijo era la averiguación previa 52/2011.

En el expediente se lee la cadena de torpezas que cometió la PGR y por las cuales Carlos Alberto volvió a desaparecer, aunque ya estaba identificado.

El 13 de julio de 2012, según se lee en los folios internos de la PGR 43858 y 54729, se solicita confrontar los perfiles genéticos de los cadáveres que en noviembre de 2011 había enviado la procuraduría tamaulipeca contra los perfiles genéticos aportados por El Salvador el 18 de octubre de 2011 a través de la entonces SIEDO, y cuya misión estaba a cargo del maestro Guillermo Meneses Vázquez, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros. También, el contraste contra las muestras de las fosas de “San Fernando, Durango, Guerrero y Sinaloa”.

La conclusión era clara: “Los perfiles genéticos de las muestras (…) que corresponden a la familia 115 de El Salvador (…) presentan relación de parentesco biológico con el perfil genético de las muestras, ‘piezas dentales’ extraídas del cuerpo número 3 fosa número 3, con clave NN 527, remitido por Tamaulipas”, según firmó el biólogo Adrián Bautista Rivas.

El 24 de octubre de 2012, ya con la conclusión en la mesa, se turna un acuerdo que instruye a Fernando Reséndiz Wong, director general de Procedimientos Internacionales de la PGR, mandar un oficio a El Salvador para informar que los perfiles genéticos de la familia 115 presentaban “relación de parentesco, biológico y de las dentales” extraídas al cuerpo 3 fosa 3, con clave NN 527, inhumado en el panteón municipal de la Cruz.

En el oficio, Judith Janet Rueda Fuentes, agente del Ministerio Público estatal, exhorta a Reséndiz Wong, director de Procedimientos Internacionales de la PGR, a establecer “contacto con dicho país y estar en posibilidad de solicitar los requisitos indispensables para la exhumación y entrega de los restos de los cuerpos”.

Pasó noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, sin respuesta. Fueron los meses en que Bertila estuvo protestando y cuando el amparo ya había sido interpuesto. Casi a mediados de mayo, el expediente tuvo un salto.

El 14 de mayo de 2013, el oficio DAPE/292/2013, firmado por el director de Averiguaciones Previas de Tamaulipas, Pedro Efraín González Aranda, requiere a Guillermo Meneses, entonces coordinador de Asesores del subprocurador de la SEIDO, su “colaboración” y “apoyo” para que realice las gestiones necesarias con el fin de obtener los datos que correspondían a la familia número 115, por ser pariente del cuerpo 3 de la fosa 3.

Durante otros ocho meses el expediente no presentó movimientos.

El 19 de enero de 2015 otro oficio informaba que el 19 noviembre de 2014 la Comisión Forense por fin exhumó los restos varados en Tamaulipas, los cuales llegaron el 21 a la capital del país; 33 de esos cuerpos habían sido exhumados en 2011 y otros 37 en 2014. Entre ellos iba el de Carlos Alberto.

A finales de enero de 2015 se lo entregaron.

Últimas noticias

El amparo de Bertila fue aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual reconoce, por primera vez, el derecho de familias migrantes a ser aceptadas como víctimas ante la justicia mexicana, a conocer la verdad y a acceder a las indagatorias sobre violaciones graves a los derechos humanos donde perdieron la vida sus parientes, como es el caso de San Fernando. Ella confía en que esta resolución abra la puerta para que las familias de migrantes encuentren a sus hijos que quedaron en cementerios clandestinos mexicanos.

El pasado miércoles 2, en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ella lloraba mientras escuchaba la resolución de los cinco magistrados al mismo tiempo que alzaba la foto de su Carlos Alberto.

“Mi hijo estuvo ahí, sentado conmigo –dice llorando–, y ¡ganamos, ganamos, ganamos! Está más cerca la justicia, para mí y para todos.”

Sonríe al recordar un sueño que tuvo los primeros meses en que su hijo desapareció. Estaba ella frente a cinco hombres vestidos de negro, ante una mesa redonda, cada uno de los cuales portaba un cartel con la palabra “justicia”. Recordó ese sueño al entrar a la Suprema Corte.

La Fundación para la Justicia espera que en la sentencia final se reconozca la calidad de migrantes de las víctimas, se analice el caso como una grave violación a los derechos humanos, se reconozca también a las víctimas de desaparición, se analice la obstaculización a la justicia que representa dividir los casos entre PGR y procuradurías estatales –como en la historia de Bertila– y que se revise el trabajo de Servicios Periciales.

“Siempre quise saber la verdad, siempre he pedido justicia. Que la muerte de mi hijo no quede impune. Yo quiero saber, porque siento que un día habrá justicia”, señala Bertila confiada. l

*Este reportaje forma parte de la serie “Másde72”, con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, un proyecto del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.

Fuente: Proceso

Autora: Marcela Turati

http://www.proceso.com.mx/433037/433037

Madres centroamericanas encuentran a nueve desaparecidos en México

Unas 60 madres centroamericanas que realizaron un recorrido desde el 2 de diciembre hasta este fin de semana por Guatemala y México hallaron a nueve hijos que llevaban varios años desaparecidos.

La Caravana de Madres Centroamericanas informó que nueve hijas e hijos, la mayoría de ellos procedentes de Honduras, fueron ubicados en cárceles, zonas rurales y comunidades de México.

Las madres lamentaron que muchos más permanezcan sin aparecer y reiteraron su denuncia de la violencia que sufren los migrantes centroamericanos en México camino a Estados Unidos.

El grupo de madres también criticó la situación en los países de origen de los migrantes.

"Los alarmantes niveles de violencia, la impunidad, la debilidad institucional, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, la falta de acceso a la justicia" propician la salida de miles de personas de sus lugares de origen, expusieron las madres en un mensaje que leyó la coordinadora del Movimiento Migrante Centroamericanos, Martha Sánchez.

Sánchez agregó que entre los países centroamericanos "las condiciones sólo se diferencian por el grado de intensidad, pero todas son similares y afectan principalmente a las poblaciones más pobres y vulnerables de manera que provocan el desplazamiento forzoso de hombres, mujeres y niños".

Insistió en que durante los diez años que llevan realizando la caravana de madres persiste la violencia en contra de los migrantes en su tránsito por México, debido a patrones de corrupción de algunas autoridades y la presencia del crimen organizado.

Asimismo, las madres criticaron las políticas migratorias de control, detención y deportación que sólo criminaliza a los migrantes y los entrega a la criminalidad para ser explotados.

Antes de abandonar territorio mexicano por la frontera sur a través del puente internacional Rodolfo Robles sobre el río Suchiate, entre Ciudad Hidalgo (México) y Ciudad Tecún Umán (Guatemala), las madres reconocieron a la sociedad civil y a organizaciones locales que los acompañaron en la búsqueda de sus desaparecidos.

Puntualizaron que en esta última caravana y gracias a las anteriores, mediante el proyecto "Puentes de Esperanza", se reunieron migrantes hondureños y salvadoreños con sus familias por primera vez en años.

La caravana, que comenzó en la localidad guatemalteca de El Ceibo, fronteriza con Tenosique (México) recorrió casi 4,000 kilómetros por varias entidades mexicanas, entre ellas Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala.

El objetivo principal de la caravana es hallar a sus familiares desaparecidos.
Grupos criminales les exigen cuantiosas sumas a los migrantes a cambio de trasladarlos a
Estados Unidos pero los mantienen secuestrados hasta que sus familias pagan un rescate, los obligan a ejercer la prostitución o los reclutan por la fuerza. 

Fuente: La Prensa Gráfica

http://www.laprensagrafica.com/2014/12/08/madres-centroamericanas-encuentran-a-nueve-desaparecidos-en-mexico#.VlvqGh15GdU.mailto

Madres de migrantes centroamericanos inician búsqueda de desaparecidos

VILLAHERMOSA, Tab: Madres de migrantes centroamericanos desaparecidos ingresaron a territorio mexicano por el municipio de Tenosique como lo han hecho en los últimos 11 años en busca de sus hijos.

Con fotos de sus familiares en mano y el clamor de “¡ni un desparecido más!” en la caravana participan madres de migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y otros países.

En el cruce fronterizo de El Ceibo, Guatemala, las madres vestidas de blanco fueron recibidas alrededor del mediodía por Fray Tomás González Castillo, representante de la casa hogar del migrante “La 72”, así como por la coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano Martha Sánchez Soler.

Niños migrantes recibieron con un presente a las madres centroamericanas quienes no pudieron ocultar las lágrimas en una escena que cimbró la capilla del albergue “La 72”. Luego de más de una década de búsqueda Jorge Jovel por fin se reencontró hoy con su hermana Sonia Iris Mejía.

Fray Aurelio Tadeo “El Tío”, coreaba junto a los migrantes “¡Centroamérica unida, en busca de una vida!…”

‪“Aquí presentes las mujeres luchadoras, exigiendo contundentemente ni un desaparecido más”, reportó La 72 en su cuenta de Twitter.

Por la tarde la caravana visitó la escuela secundaria federal José María Morelos y Pavón de Tenosique y entrada la noche expuso en la plaza central las fotografías de los migrantes desaparecidos en tránsito por México.


La caravana convive esta noche con los migrantes que se encuentran en la casa hogar “La 72” para continuar mañana su ruta por varios estados del país en búsqueda de sus hijos y familiares.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422135

Inicia este lunes la Caravana de Madres Centroamericanas

MÉXICO, DF: Con el lema #NosHacenFaltaTodos este lunes 30 inicia la decimoprimera Caravana de Madres Centroamericanas que Buscan a sus Hijos Desaparecidos en Tránsito por México.

En un comunicado, la organización explicó que se tomó uno de los lemas que identifican a familias mexicanas que buscan sus seres queridos, que también caen víctimas de la violencia y el desgobierno y desaparecen sin dejar rastro.

Indicó que las madres centroamericanas conocen muy bien lo que significa no saber de los suyos, y luchan por el derecho a la verdad, no sólo para ellas sino para todos.

Afirman que no son ajenas a los términos “fosas clandestinas”, “fosas comunes” “desapariciones forzadas”, “secuestros masivos” “trata”, y todo el diccionario que describe un único hecho: sus hijos, hijas, cónyuges, hermanos dejaron de estar presentes en sus vidas.

Ante ello, sostienen, “han hecho acopio de suficiente rabia y enjundia para no permitir que las vidas de estos seres queridos, queden en la invisibilidad fabricada por un sistema que no acredita sus vidas, no busca a los desaparecidos, no procura justicia, no atiende a las víctimas y mucho menos intenta reparar el daño ni impedir la repetición de los hechos criminales”.

Durante la caravana por México, las madres centroamericanas portarán las fotografías de sus desaparecidos, increparán al gobierno mexicano, buscarán a sus hijos, le pedirán al pueblo que ponga su atención en lo que sucede y se solidaricen con sus reclamos.

También presentarán ante el Ministerio Publico de la Fiscalía Especializada en la materia, denuncias por desaparición forzada donde se presume que son protagonistas el crimen organizado y sus cómplices institucionales.


“Reiteramos nuestra invitación a las comunidades, a las organizaciones sociales, a los defensores de los derechos humanos, a los jóvenes a que acompañen el caminar de las madres centroamericanas que buscan a sus hijos vivos o muertos, y solicitamos muy atentamente a las agencias de noticias, corresponsales, reporteros de medios nacionales e internacionales y comunicadores en general a que cubran ampliamente las acciones que las madres realizan en esta caravana de denuncia y de búsqueda de sus hijos y familiares de quienes tuvieron noticias por última vez, desde algún lugar del territorio mexicano”, señalan en el comunicado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422038