Protección a constructoras que violan resolución judicial

Grupo Higa desdeña resolución judicial federal y mantiene la construcción de autopista en comunidad otomí. Pobladores de Santa Cruz Ayotuxco ven cómo siguen las obras, protegidas por funcionarios y policías del Estado de México.

Sierra de Huixquilucan, Estado de México. El pasado 6 de abril de 2017, la comunidad indígena Otomí Ñuhú de Santa Cruz Ayotuxco obtuvo el resolutivo favorable del recurso de revisión 27/2017. Está resolución indica suspender todos los trabajos de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, hasta que se resuelva el amparo 1396/2015.

A partir de esa fecha por diferentes instancias los comuneros han intentado hacer valer esta resolución de carácter federal y los resultados han sido desfavorables para ellos. Pero esta situación no es menor, se “entrelazan redes de corrupción, intereses económicos corporativos y la violación a los derechos humanos y de los pueblos indígenas”, señalan pobladores.

“Todo esto es agua, es vida”. Xochicuautla presenta proyecto alternativo de autopista para no destruir su bosque

“Quiero decirle a Enrique Peña Nieto que no pase esta autopista y que busquen túneles o arcos… Que se atengan a lo que estamos diciendo”: Comunidad indígena del bosque otomí de Xochicuautla.

Con un proyecto alternativo para no destruir su bosque, no ser desplazados y continuar su vida, la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla plantea poner fin al conflicto con esta propuesta presentada por el Consejo Supremo Indígena:

El Consejo Supremo Indígena propone alternativa técnica frente a la autopista impuesta Toluca – Naucalpan.

El Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla #Edomex propone alternativa técnica frente a la autopista impuesta Toluca-Naucalpan.

Basada en túneles y puentes, propone permitir el cruce humano y de fauna, así como de las fuentes de agua de la comunidad, a diferencia del proyecto de Grupo Higa.

Desde hace más de 10 años, el gobierno del Estado de México y la empresa Autopistas de Vanguardia, filial de la Constructora Teya del Grupo Higa, han intentado construir la autopista Toluca-Naucalpan que pretende cruzar y dividir a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en Lerma Estado de México, así como a otras comunidades. El proyecto de la Autopista Toluca-Naucalpan adjudicado a la empresa, implica la separación de la comunidad, de sus bienes naturales y culturales en el tramo correspondiente del kilómetro 14.000 al 18.000. Es un proyecto que afecta bosques, fauna, lugares sagrados y cultura del pueblo otomí.

Pobladores de Santa Cruz Ayotuxco detienen obras de carretera Toluca-Naucalpan

Pobladores y comuneros indígenas de Santa Cruz Ayotuxco, del estado de México, detuvieron las obras de la autopista Toluca-Naucalpan al asegurar que tienen un amparo de suspensión de la construcción otorgado por las autoridades federales, quienes determinaron que los habitantes son los propietarios de las tierras.

Los indígenas ñuhú exigieron que paren los trabajos de destrucción de los bosques y que las empresas y autoridades dejen de “incumplir con su propia legalidad e ignorar la suspensión definitiva” de la autopista Toluca-Naucalpan. “Así muestran su desprecio hacia nosotros, los pueblos indígenas”, señalaron.

¿Qué razones dio EPN para quitar tierras a Xochicuautla y darlas a Higa? Los otomíes sabrán… en 2022

Los habitantes de San Francisco Xochicuautla no podrán conocer los detalles del proceso expropiatorio de sus tierras donde el Grupo Higa construye la autopista Toluca-Naucalpan. La Sedatu, a cargo de Rosario Robles Berlanga, clasificó como reservado el expediente hasta el 20 de octubre de 2022. Es decir, cuando la presente Administración tenga cuatro años de haber dejado la residencia oficial de Los Pinos.

Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.

Ante la cerrazón y la violencia, Xochicuautla presenta carretera alternativa como salida al conflicto que dura diez años

La comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla presentó una propuesta alternativa para adecuar el proyecto carretero que el gobierno pretende construir en sus bosques.

Sin renunciar a su oposición a la construcción de la autopista, la comunidad plantea una salida digna al conflicto que dura ya diez años y pero desconocen si habrá la voluntad política del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Eruviel Ávila para entablar el diálogo.

Indígenas ñañus proponen sistema de túneles y puentes como alternativa a autopista Toluca-Naucalpan

Representantes del pueblo ñañu de San Francisco Xochicuautla, estado de México, dieron a conocer una propuesta alterna para evitar la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan que afecta e invade sus territorios, por lo que sugirieron un sistema de puentes y túneles con los cuales no se interrumpa el libre tránsito de personas y especies de animales entre el bosque y la comunidad.

Los habitantes de Xochicuautla, José Luis Fernández y Armando García, explicaron que hace diez años se vieron obligados a iniciar la resistencia contra las obras del proyecto carretero a cargo del Grupo Higa por atravesar terrenos comunales y el Bosque de Agua sin haber consultado al pueblo antes.

La comunidad indígena de Xochicuautla responde a CNDH: recomendación insuficiente

Ante la emisión por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de la recomendación 56/2016 en la que señala que el derecho a la consulta del pueblo otomí fue violado ya que no fueron informados y consultados respecto al proyecto de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, la Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla del Estado de México responde: “son insuficientes”.

“Son diez años de lucha en contra de una carretera que nos atraviesa y nos separa a la comunidad indígena de nuestro bosque, por lo que si bien la recomendación emitida es importante, la consideramos insuficiente, porque la respuesta tendría que ser la cancelación definitiva de las obras”.

“La recomendación emitida no honra la memoria de Rodolfo Stavenhagen, a quien la CNDH entregó de manera póstuma el Premio Nacional de Derechos Humanos” señala la comunidad otomí “esto es un nuevo golpe desde las instituciones mexicanas”.

Aquí el texto de su pronunciamiento:

San Francisco Xochicuautla, a 16 de diciembre de 2016

A la opinión pública Nacional e Internacional.

El día de ayer se hizo pública la emisión, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de la recomendación 56/2016 sobre las violaciones cometidas por parte del Estado mexicano en contra de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestros niños y nuestras niñas.

Son 10 años de lucha en contra de una carretera que pretenden construir atravesando nuestro territorio, entre nosotros y nuestro bosque. Sabemos que nuestras abogadas y abogados tendrán la oportunidad de hacer un análisis detallado de la recomendación emitida, ya ellos harán públicas dichas observaciones con su mirada experta. Sin embargo hoy queremos pronunciarnos al respecto como pueblo indígena.

Si bien las recomendaciones emitidas a la Secretaría de desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobernador Constitucional del Estado de México reconocen que hemos sido víctimas de la violación de nuestros derechos como pueblo indígena otomí a partir de la injusta imposición de un proyecto innecesario e ilegal, nos parece insuficiente. Lo correcto a la luz de las leyes mexicanas y de los tratados internacionales debería ser su cancelación definitiva. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo y hemos hecho llegar a la CNDH toda la documentación con la que damos cuenta de la larga lista de violaciones a nuestros derechos humanos. Sin embargo la respuesta que dan nos hace sentir vulnerables ante el Estado Mexicano.

Esta resolución se emite a unas horas de que la CNDH entregó de manera póstuma al compañero Rodolfo Stavenhaguen el Premio Nacional de Derechos Humanos, él fue un símbolo de una mirada distinta de la antropología hacia los pueblos indígenas, él fue un aliado en la defensa de nuestros derechos. La recomendación publicada el día de ayer no honra su memoria. Este es un nuevo golpe para nosotros de las instituciones mexicanas, sin embargo no nos desanimamos, nuestra convicción de lucha está intacta en la defensa de nuestro Bosque Sagrado y de todo nuestro territorio.

¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!

Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla del Estado de México.

Fuente: Desinformémonos

Autor: Redacción

https://desinformemonos.org/la-comunidad-indigena-xochicuautla-responde-cndh-recomendacion-insuficiente/

Tratos bajo el agua de Higa en la vía Toluca a Naucalpan

Los integrantes del comisariado de bienes comunales (CBC) del poblado de San Francisco Xochicuautla y del barrio La Concepción –que desde 2009 fungen como representantes de los 882 comuneros de ambos poblados, ubicados en el municipio de Lerma, estado de México– han recibido entre diciembre de ese año y marzo pasado, por concepto de ocupación territorial previa, gastos reparatorios por afectación de bienes distintos a la tierra y por indeminización expropiatoria, al menos 100 millones de pesos de parte de autoridades mexiquenses.

En realidad, los recursos entregados al comisariado fueron proporcionados por la constructora Autovan, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa –uno de los contratistas predilectos de Enrique Peña Nieto–, la cual obtuvo en 2007 la concesión del gobierno mexiquese para encargarse de las obras de la autopista Toluca-Naucalpan, a la que se oponen una minoría de los 882 comuneros y la mayoría de los 15 mil habitantes de los dos poblados afectados.

Los pobladores inconformes con la construcción de la autopista han argumentado en diversas demandas de amparo que los miembros del CBC están cooptados por el gobierno mexiquense, que sus integrantes no informaron debidamente a toda la comunidad del proceso de expropiación de las 37 hectáreas que serán dañadas por la construcción de la autopista y que la construcción del proyecto carretero violaría los derechos humanos de los 15 mil indígenas otomíes que habitan ambos poblados.

De su lado, los abogados de la empresa Autovan intentan demostrar al Poder Judicial Federal que han cumplido a cabalidad con las normas del derecho agrario, por lo que ya entregaron al juzgado quinto de distrito del estado de México copias certificadas de convenios legales, cheques, transferencias bancarias y otras pruebas tendientes a comprobar que el comisariado ha aceptado dinero en representación de los 882 comuneros.

Entre los documentos privados aportados por la compañía destacan cinco convenios que avalan en total el pago de 56 millones de pesos y que fueron firmados por el CBC a cambio de permitir los trabajos de construcción de un tramo de esa carretera, que afectará 37 hectáreas pertenecientes a esas comunidades, cuyos terrenos fueron expropiados el año pasado.

La Jornada cuenta con copia de los cinco convenios firmados por los integrantes del comisariado, así como de otras documentales bancarias que demuestran la existencia de un fideicomiso por 54.2 millones de pesos, además de transferencias bancarias y cheques por otros tantos millones que administra el comisariado.

Buena parte de los 15 mil pobladores indígenas de la región afectada por la construcción de la autopista –representados por organismos no gubernamentales– han conseguido suspensiones en vía de amparo.

Esos recursos legales han retrasado durante más de ocho años la consumación del proyecto que se concesionó en 2007 al propietario de Higa, grupo constructor de la llamada Casa Blanca en Las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, edificada al gusto de Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto.

Aunque los pobladores inconformes sostienen que los miembros del comisariado están cooptados por el gobierno mexiquense, en el mismo decreto de expropiación de las 37 hectáreas de terreno de 2015 se informa que en junio de 2014 se realizó una asamblea comunal y ahí se autorizó la construcción de la autopista, con el aval de la mayoría de votos de los 882 comuneros de ambos poblados.

Fuentes jurídicas cercanas al gobierno mexiquense –que pidieron no mencionar su nombre– informaron a este diario que los pagos los ha realizado la empresa ‘‘de buena fe’’. Añadieron que los comuneros que sí están en favor de la autopista siguen solicitando dinero a la empresa, supuestamente para calmar las inconformidades de quienes aún se oponen.

De su lado, José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), quien junto con otros organismos no guberamentales asesora legalmente a los comuneros e indígenas otomíes inconformes con la construcción de la autopista, reconoció que los integrantes del CBC y buena parte de los 882 comuneros recibieron dinero del gobierno mexiquense y de Autovan.

‘‘Los comuneros y pobladores están divididos, eso es real, hay que decirlo textualmente. (Sin embargo), la mayoría de los que están en favor de la autopista efectivamente es porque recibieron prebendas y dádivas del gobierno del estado de México y por parte de la empresa’’, dijo Lara Duque.

Según el representante de los comuneros inconformes, la controversia de fondo no es por temas de derecho agrario, sino de derechos indígenas tutelados por el artículo 2 de la Constitución y por diversos tratados internacionales.

‘‘Hay poco más de 800 comuneros con título de propiedad y una comunidad de cerca de 15 mil personas; por tanto, nuestro argumento es que si bien hay un padrón de 882 comuneros que se rigen mediante las leyes agrarias, existen unos 15 mil otomíes tutelados por el derecho indígena a quienes se les violarán sus derechos humanos individuales y colectivos si se construye una autopista en los poblados donde habitan desde hace varias generaciones. Eso está a debate en los tribunales’’, dijo Lara.

Fuente: La Jornada

Autor: Alfredo Méndez

http://www.jornada.unam.mx/2016/05/16/politica/003n1pol

Los millones detrás de Xochicuautla

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Detrás del enfrentamiento entre la comunidad de San Francisco Xochicuautla y el Grupo Higa está uno de los contratos que el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú refirió ante la firma panameña Mossack Fonseca para crear el año pasado empresas offshore con el propósito de movilizar por lo menos 100 millones de dólares.

El proyecto carretero Aeropuerto de Toluca-Naucalpan aparece como uno de “los más significativos del Grupo Higa en los últimos años”, según la documentación obtenida por Proceso como parte de la investigación internacional #PanamaPapers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés, https://www.icij.org/) a partir de la filtración de 11 y medio millones de documentos de Mossack Fonseca al periódico alemán Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/).

La oposición de los comuneros al proyecto carretero, por las amenazas que representa al ecosistema de esa zona otomí, no es nueva. Sin embargo, Hinojosa Cantú la pasó por alto cuando se apresuró, en julio del año pasado, a crear complejas estructuras a través de sociedades británicas y fundaciones establecidas en Holanda y Nueva Zelanda para mover lo que sus asesores financieros describieron como “una pequeña parte” de su fortuna.

El despacho D’Orleans, Bourbon & Associates Group, que tiene oficinas en distintas partes del mundo, elaboró el documento en el que menciona una docena de contratos del Grupo Higa para justificar la riqueza del constructor de la “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera.

Entre ellos está el proyecto carretero Aeropuerto Toluca-Naucalpan que ha causado el rechazo de los pobladores de San Francisco Xochicuautla por las afectaciones al bosque y a los mantos acuíferos de esa zona. La semana pasada fue necesaria la intervención policial para que comenzaran los trabajos en la zona. Pero se tuvieron que parar de manera indefinida ante el rechazo organizado de los comuneros desde el año pasado.

PEP y UHNWI

La responsable de la obra es la empresa Autovan-Teya, filial del Grupo Higa, propiedad de Hinojosa Cantú. De acuerdo con el documento, la Constructora Teya tiene 36 años de existencia y es “una de las empresas líderes en la construcción civil del país”.

Además de la carretera en discordia, menciona otras 10 obras como algunos de los proyectos más significativos del Grupo Higa “en los últimos años”; es decir en los gobiernos de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y en el federal (Proceso 2058). La mayoría de las obras que refiere son del Estado de México:

La construcción de más de 58 tramos carreteros, el viaducto elevado Bicentenario, el Aeropuerto Internacional de Toluca y el libramiento Acambay, la modernización de 31 vialidades primarias y 39 carreteras en el Estado de México, la modernización de la vialidad de las torres de Zinacantepec a San Mateo Atenco, la construcción del estadio y gimnasio de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Hospital de Zumpango.

También menciona la remodelación del hangar presidencial, “a través de una asignación directa por 945.5 millones de pesos”, el acueducto de Monterrey, y su interés para construir 17% del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, “que será el más grande y moderno del mundo”. Sin precisar, como otras obras menciona la construcción y rehabilitación de unidades médicas en diferentes municipios.

Para demostrar la solvencia de Hinojosa Cantú, el documento no se limitó a esas obras y a la constructora Teya. Mencionó que “algunas” de las empresas que tiene son: Eolo, compañía aeronáutica, situada en el aeropuerto internacional de Toluca y que da varios servicios aeroportuarios, entre ellos de aerotaxi. De la flota de Eolo dice tener un avión Challenger, un avión Hawker, un avión Learjet, un helicóptero Augusta Koala y un helicóptero Augusta Grand.

La información indica que también es dueño de la empresa Mezcla Asfáltica de Calidad; Impresión Publicitaria, que tiene entre sus clientes a Coca-Cola, Domino’s Pizza y el Tec de Monterrey; y Bienes Raíces H&G, que desarrolla vivienda de lujo y propiedades vacacionales en el Estado de México, Guerrero, Quintana Roo y Campeche. Uno de sus clientes fue el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, con una residencia de descanso que le vendió en Malinalco, Estado de México, durante la campaña presidencial de Peña Nieto.

Además, es dueño de Consorcio IGSA Médica del Perú, que cuenta con la exclusividad por 30 años para el tratamiento de pacientes renales en ocho departamentos (estados) del país, incluida Lima, la capital. Según el documento, el negocio tiene un valor de mil 200 millones de soles, casi 370 millones de dólares al tipo de cambio actual.

Identificado en el documento como ingeniero civil “originario del Estado de México, graduado del Tecnológico de Monterrey”, Hinojosa Cantú fue asesorado para transferir el dinero que tenía en seis cuentas bancarias en las Islas Vírgenes Británicas y la isla Nevis, en el Caribe, a tres fideicomisos en Nueva Zelanda a nombre de su madre y su suegra.

En el esquema, esos fideicomisos pasaron a ser los beneficiarios de fundaciones establecidas en Holanda, cuyo propósito era la “protección de bienes”, la “planeación de sucesión familiar”, así como “confidencialidad y privacidad”, publicó proceso.com.mx el pasado domingo 3, cuando los más de 100 medios que participaron en la investigación de #PanamaPapers revelaron en forma simultánea sus hallazgos.

A pesar de ser considerado una PEP (persona políticamente expuesta), por su estrecha relación con Peña Nieto, Mossack­ Fonseca le ofreció sus servicios “no sólo desde el punto de vista de negocio… sino también desde el punto de vista estratégico”, porque este señor conoce a muchos UHNWI (individuo de fortuna neta ultra elevada) en México.

Los UHNWI son personas con activos líquidos superiores a los 30 millones de dólares, sin incluir sus bienes personales, residencia principal ni piezas de colección.

Fuente: Proceso

Autor: Jorge Carrasco

http://www.proceso.com.mx/437768/los-millones-detras-xochicuautla

“Aquí su progreso. Grupo Higa”: Tres años de lucha en San Francisco Xochicuautla

LERMA, Edomex. (proceso.com.mx).- “¡Qué alegas si ya te pagaron! Acepta el dinero y ya después pides obra para tu pueblo”, espetó un policía estatal a Venancio, un comunero de San Francisco Xochicuautla, cuando confrontó a los policías estatales por el desalojo y derrumbe de la casa del delegado municipal Armando García Salazar, el lunes 11 de abril.

​Con esta acción, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas y la empresa Autopista de Vanguardia SA de CV, propiedad del empresario favorito del sexenio, José Armando Hinojosa Cantú, violaron la suspensión definitiva de la obra que un juez otorgó el 15 de mayo de 2015 a Antonio Miguel Reyes Valdez en el juicio de amparo 771/2015, así como las tres resoluciones incidentales el 30 de septiembre, 23 de noviembre y 4 de diciembre de 2015 a Venancio Hernández Ramírez, abogado y dueño de un predio afectado por la obra.

“Hasta la fecha no se ha podido llevar a cabo la audiencia constitucional porque las autoridades señaladas como responsables, la mayor parte rindieron su informe justificado, menos el Comisariado de Bienes Comunicares, Aerovan. Durante el proceso de esos amparos estuvo detenida la obra por ocho meses, hasta el lunes que la echaron a andar de manera ilegal”, indicó Venancio en entrevista conProceso.

​Ese lunes, más de 200 policías estatales custodiaron a los ingenieros empleados de Hinojosa Cantú para sacar a la fuerza a García Salazar. Intentaron derribar la capilla familiar para golpear no sólo su patrimonio sino sus creencias. No lo consiguieron porque miembros de la familia García Salazar se plantaron adentro y porque, afirmó Adela, hermana del afectado, su otro hermano Ricardo rezó en el altar.

Hay quienes creen que fue una advertencia a la comunidad indígena otomí que rechaza la obra porque, desde su perspectiva, fueron directamente a dañar la propiedad del delegado, quien desde hace tres años lucha por impedir que la obra continúe. Otros opinan que la casa estaba dentro del Plano General del Trazo de la autopista privada.

​La postura del gobernador fue: “La autoridad estatal ha respetado de manera precisa la suspensión definitiva otorgada por la autoridad judicial. Sin embargo, ninguno de los promoventes ha precisado con claridad la ubicación ni ha acreditado la titularidad de la fracción de terreno de que se trata, según la suspensión definitiva contenida en el expediente”, expuso en un comunicado.

El conflicto comenzó cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y en 2006 lanzó la licitación para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, proyecto carretero destinado a conectar el aeropuerto con el exclusivo centro residencial naucalpense Bosque Real.

Un año después le dio el Título de Concesión a Hinojosa Cantú, quien como administrador único de Aerovan podrá cobrar el peaje de esta vía durante 30 años.

Los comuneros se ampararon, pero cuando Peña Nieto asumió la Presidencia le facilitó las cosas a Hinojosa Cantú. El 9 de julio de 2015, el presidente expropió 38 hectáreas de agostadero y de uso común a la comunidad de Xochicuautla que incluyen zonas protegidas de bosque.

La advertencia

Alrededor de las nueve de la mañana del lunes 11 de abril, Ricardo, hermano del dueño de la casa destruida, estaba a punto de salir a la calle con su esposa, cuando vio que por las calles Cuauhtémoc e Hidalgo subían al cerro diez camionetas y cuatro camiones repletos de granaderos. Calculó que eran entre 200 y 250 policías estatales.

​Cuando subió por el camino del cerro ya se habían apostado alrededor de la casa unos 50 uniformados. Cuando Armando les preguntó qué se les ofrecía, lo ignoraron; cuando les pidió salirse de su predio, no obedecieron.

​“Se activaron los botones de pánico que mi hermano tiene. Es un botón que les dan a los defensores de los derechos humanos. Él activa su botón y llama y le regresan la llamada, le preguntan ¿qué pasa? El explica la situación y pide que nos monitoreen cada media hora”, comentó.

​En ese lapso arribó al lugar un tal Luis Enrique García que sin mostrar alguna identificación, se presentó primero como representante del Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SASCAEM). Cuando otra persona le preguntó sus generales, dio el mismo nombre pero dijo que “iba de Gobernación”.

Luis Enrique traía consigo un paquete de documentos con el decreto de expropiación y un convenio con el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Miguel Ángel Valdés.

“Posteriormente le dice ‘aquí está, es una orden de SASCAEM que ya es propiedad federal, nosotros somos los posesionarios (sic) y pues venimos a evaluar tu casa. Le contesta mi hermano ‘sí, con gusto les doy permiso, siempre y cuando traigan la orden del juez girada, las notificaciones en dónde ustedes me hagan llegar que viene a mi nombre y yo con gusto acepto, les recibo los papeles y lo que vienen a hacer hagan su trabajo y ya, yo busco mi perito y mi valuador y ya’”, relató en entrevista con Proceso.

Tras diez minutos de discusión, Luis Enrique García se retiró del predio e inmediatamente el encargado del cuerpo de granaderos –quien no se identificó– dio la orden de bajar las máquinas que estaban en el cerro por dónde pasará la autopista.

“Pasan cinco minutos más y vuelven a subir las máquinas. Nos metimos, a la casa. Empezamos a filmar, tomar fotos y nos refugiamos a la casa. En eso suben dos patrullas y bajan de ellas un grupo con un ariete, empiezan a romper la puerta, con nosotros adentro. Y gritaron ‘esto es un desalojo y vamos a demoler su casa, sálganse hijos de quién sabe qué, y a insultar y a jalonearse’”, detalló.

Llegó un representante de la empresa que ordenó a los cargadores entrar a la casa para saquearla. La familia García Salazar “salvó” algunas pertenencias como un cristo crucificado, imágenes de la Virgen de Guadalupe, cobijas, un par de grandes bocinas, un refrigerador, una mesita, banquitos, entre otras cosas de su derruido hogar de tres niveles donde vivía Armando con su esposa y sus dos hijos.

Alrededor de las 12 y media del día, se dio la orden al conductor de la máquina que empezara a demoler la casa. Terminaron cerca de las tres de la tarde. “Fue muy rápido”, sentenció. Mientras eso pasaba llegaron los representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que quisieron hablar con el encargado de la orden de demoler y también los ignoraron.

“La gente como ve quiénes son los que dan las órdenes los empiezan a señalar. Los señores, al ver que están señalados pues, su presencia, se meten, los resguardan en dos patrullas y los sacan. Solamente se queda la policía estatal, los granaderos y uno que otro ingeniero que ahí andaba”, señaló.

Su hermana Adela, entre lágrimas, describió el impacto de este desalojo de los dos hijos de Armando que a esa hora estaban en la escuela y al salir su casa ya no estaba.

“Se quedaron en la calle. Mi hermano, en la calle. Todas sus cosas ahí polveándose, echándose a perder”, mencionó.

Ella padeció a los policías estatales el martes 12 cuando quisieron derrumbar la capilla familiar donde se realizan misas católicas y rituales otomíes.

​“Lo que yo viví el martes fue una cosa fea porque ya iban a tirar la capilla y yo me tuve que pasar con los granaderos arrempujándolos (sic). Cuando llegué a la capilla –dijo con voz quebrada— mis imágenes estaban afuera con mis hermanos y no es justo que hagan eso, tan siquiera hubieran avisado ¿no?”, evocó.
​Al final del día no destruyeron la capilla porque Adela, junto a su hija, sus tres hermanos y otros vecinos permanecieron adentro, rezando.

​“Yo llegué como a las nueve y media o diez. Ya mis hermanos tenían las imágenes afuera. Yo llego y entro. Mi hermano estaba en el altar, estaba haciendo una oración. Y por una oración no pasaron las máquinas”, indicó.

Todavía el martes 12 de abril los policías estatales estaban resguardando la maquinaria, pero se fueron por la noche. Del miércoles 13 al cierre de esta edición la obra está suspendida y no hay granaderos.
Lucas Hernández Josefa, integrante del Consejo Supremo Otomí, informó que Armando ya llegó a un acuerdo con la empresa. Le repondrán el daño y le darán dinero para pagar la renta de un lugar para vivir.

El miércoles 13 de abril, el subsecretario de Gobierno del Valle de Toluca, Armando Méndez; Carlos Partida Pulido, director del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares, (Saascaem), García Salazar y Antonio Miguel Reyes, representantes de la comunidad indígena otomí de Xochicuautla, firmaron un acuerdo para suspender la obra, se realice la búsqueda de un trazo alternativo a la autopista y reparar el daño a la casa de García Salazar.

Además, durante el desalojo rompieron una red de agua potable que ya está reparando gente del Ayuntamiento de Lerma, aseveró.

La CNDH consiguió medidas cautelares para la comunidad, por lo que “sus maquinarias, su personal no puedan entrar a la comunidad a trabajar ni la presencia de granaderos. Hay una restricción de un kilómetro de la comunidad”, señaló.

Intimidar para progresar

El jueves 14 de abril, Proceso visitó el campamento de los comuneros en Xochicuautla. Entre las ruinas, algún avezado pintó en una piedra lisa, con tinta azul: “Aquí su progreso. Grupo Higa”, en alusión al conglomerado de empresas de Hinojosa Cantú. Cerca, entre las pencas del magüey habían escondido una bolsa con cohetones para juntar al pueblo ante cualquier problema.

​Los otomíes narraron cómo las autoridades estatales los han abrumado desde 2007. Siempre están rodeados de policías cuando llevan a cabo sus asambleas comunitarias. Cierran las calles, señalaron, “como si fuera a venir el presidente”. Sólo dejan pasar a comuneros que nacieron y viven todavía en San Francisco Xochicuautla, aunque no tengan tierras. Está prohibida la entrada a quienes nacieron ahí pero viven en otro lugar o estado y a quienes no nacieron ahí, pero sus antepasados son oriundos.

​En la asamblea del 16 de agosto de 2011 también se firmó el Convenio de Ocupación de 223 mil 736.42 metros cuadrados de tierras de uso común y de los bienes que pudieran existir sobre las mismas. Avaló “como pago anticipado de indemnización por motivo de la expropiación, afectación, limitación de uso y disfrute de una fracción de tierras destinadas al uso común”, un monto por 55 millones 538 mil 758 pesos para los 441 comuneros registrados.

​Se elaboró igual número de cheques. A cada comunero le tocaba 40 mil 410 pesos. Del total, 188 votaron a favor y se les dio el pago, pero a los 186 en contra y seis votos de comuneros anulados no les dieron nada. También se se fijaron los precios de los terrenos que de 240 pesos por metro cuadrado bajaron a 130 pesos por metro cuadrado.

​El abogado y dueño de un predio, Venancio Hernández Ramírez, aseguró que este dinero se los dieron “sólo porque votaron” a favor del proyecto carretero.

El dinero fue retirado del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonae) ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Lo curioso del convenio es que, desde 2011, se afirma que este pago es “para los efectos del correspondiente Decreto Expropiatorio y su ejecución”, lo cuál se realizó hasta 2015.

​El 27 de febrero de 2015 se aprobó en asamblea la lista de beneficiarios por la afectación de la superficie de 235, 736.42 metros cuadrados para la autopista, en base al convenio firmado el 16 de noviembre de 2011 –que se declaró nulo por amparo– y que el comisariado gestione los apoyos en materia forestal del gobierno federal y del Estado de México para la comunidad, así como programas del gobierno municipal, entre irregularidades en la reunión, pues los comuneros nunca tuvieron voz.

​Todas estas acciones, dijo, son ilegales de acuerdo con la sentencia del juicio agrario 647/2011 de fecha 15 de mayo de 2014 y de la sentencia ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en el Juicio de Amparo 48/2014.

​La fecha para continuar el juicio agrario que interpuso para recomponer el proceso y a las autoridades de la comunidad otomí que, acusó, usurparon funciones y se autonombraron, es el 18 de mayo de 2016, pero tiene pocas esperanzas porque continuamente cancelan las audiencias.

Esta no es la primera vez que reprimen a los comuneros. El 3 de noviembre de 2015, 121 comuneros de Xochicuautla se enfrentaran con los trabajadores de Autovan custodiados por 600 policías estatales que comenzaron a cortar los árboles, destruyeron cosechas y asesinaron a Vicente Flores Flores, miembro del comisariado por rechazar la obra.

“Hubo rapiña de madera. Metieron maquinaria desde donde empiezan los terrenos comunales. Se metieron a la fuerza. Hubo despojo, excavaciones profundas, afectación al medio ambiente, y violación de derechos humanos”, indicó. Detuvieron por 48 horas a ocho campesinos, entre ellos una persona de 76 años y Venancio.

En junio de 2015 simularon asambleas para realizar la transferencia de bienes comunales, con el aval del actual Consejo Supremo Otomí-Lerma, el cual es ilegal porque la comunidad indígena no nombró a Benjamín Pedro Saavedra Angelina como Jefe Supremo Otomí. Cuenta con el aval de las autoridades pese a ser una persona discapacitada, pues está ciego.

Así fue que se creó el Consejo Otomí Nato, tras este juicio y nulidad del anterior, a cargo de Antonio Miguel Valdés Flores, como Jefe Supremo Otomí.

“¿Por qué hicieron todo esto? Para cumplir con los requisitos para el proyecto carretero, a espaldas de la comunidad. Lo hicieron porque venía el proyecto expropiatorio de junio de 2015”, aseguró.




Fuente: Proceso

Autor: Rosalía Vergara

http://www.proceso.com.mx/437431/aqui-progreso-grupo-higa-tres-anos-lucha-en-san-francisco-xochicuautla

Edomex se compromete a detener obra de autopista en Xochicuautla

Ciudad de México. Tras las movilización social y actos de protesta por la irrupción policiaca en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, con lo que se pretendía continuar las obras de la autopista Naucalpan-Toluca, en violación a varias órdenes judiciales, el gobierno del Estado de México se comprometió a suspender los trabajos de construcción en dicho lugar, en tanto se realizan mesas técnicas que buscarán alternativas al proyecto. Además, la Policía Estatal será retirada del lugar.

“Las mesas de trabajo contarán con la participación de asesores que presentará la comunidad y se realizarán en respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, señala el punto uno de los acuerdos alcanzados entre las partes.

En otro de los resultados de las negociaciones, realizadas en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, es que el gobierno del Estado de México “reparará el daño” de las construcciones que fueron derribadas, además de pagar una renta en tanto se restablezca el patrimonio perdido y celebrarán un contrato de reparación del daño a la propiedad de manera independiente a cualquier tema relacionado a la construcción de la carretera.

Otro de los acuerdos, que contó con el aval de funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es que el gobierno mexiquense realizará los trabajos necesarios para reparar los daños a la tubería de agua de la comunidad, para lo cual se comprometen los integrantes de la comunidad a garantizar las condiciones de seguridad.

El último cuarta acuerdo es que el gobierno del estado dará las indicaciones necesarias para que la Policía Estatal se retire del lugar, manteniendo únicamente una pequeña presencia para el resguardo de la maquinaria, que se encuentra a un kilómetro de distancia de la comunidad.

Fuente: La Jornada

Autor: José Antonio Román

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/13/gobierno-de-edomex-se-compromete-a-suspender-obras-en-autopista-naucalpan-toluca