Declaran inconstitucional reforma que eliminó presupuesto mínimo para víctimas de violencia

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Fundar celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la reforma a la Ley General de Víctimas, con la que se eliminó el presupuesto mínimo para la atención de víctimas desde 2020.

Las organizaciones recordaron que el mínimo presupuestal fue una garantía lograda por las familias de personas desaparecidas o víctimas de ejecución, sobrevivientes de tortura y tortura sexual, así como de las víctimas de otras graves violaciones a derechos humanos, por lo que la decisión de la SCJN reafirma «que los derechos conquistados por las víctimas no pueden dar marcha atrás».

Corte invalida reforma que eliminó el presupuesto para la atención a víctimas; recursos eran de los fideicomisos extintos por AMLO

Los ministros determinaron que el derecho de las víctimas a que sean reparadas de manera integral por las violaciones a sus derechos humanos, no puede tener el carácter de irrenunciable.

Por unanimidad de votos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma que eliminó el presupuesto mínimo que el gobierno destina para la atención a víctimas del país, recursos que formaban parte de uno de los fideicomisos extintos por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020.

Atender a víctimas de desaparición «no ha sido una prioridad del Estado», denuncian familiares

Familiares de víctimas de desaparición anunciaron la entrega de las cartas reunidas en apoyo a la Glorieta de las y los Desaparecidos en la Ciudad de México «a la persona que sea designada para sustituir a la actual jefa de gobierno», Claudia Sheinbaum, quien desde hace más de un año se comprometió a dialogar con las familias para reconocer oficialmente la Glorieta como un sitio de memoria.

«Esta situación no es nueva para las familias de personas desaparecidas, nos ha pasado históricamente con todos los gobiernos pues atender a las víctimas y sus familiares no ha sido una prioridad del Estado mexicano», señalaron los familiares de la Glorieta.

14 años después, Tribunal ordena reparar daño a víctima del granadazo en Michoacán

Los magistrados concluyeron que la Comisión de Víctimas ha retardado, injustificadamente, la entrega de la indemnización. Víctimas reclaman que ni Gobernación ni la CEAV quieren reunirse con ellos.

14 años después de ocurridos los hechos, un tribunal federal le ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que concluya el trámite burocrático para indemnizar a una mujer que resultó gravemente lesionada de sus dos piernas, y que además perdió a dos de sus familiares, durante el ataque con granadas ocurrido en el Zócalo de Morelia, Michoacán, en septiembre de 2008.

Por unanimidad de votos, los tres magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México decidieron amparar a Aurora “N”, tras considerar que la CEAV ha postergado y retrasado, de manera absolutamente injustificada, la reparación del daño a la víctima pese a que ella cumplió con todos los requisitos necesarios. Una situación que la ha terminado revictimizando.

CEAV niega pagar repatriación del cuerpo de migrante camerunés que murió en naufragio en Chiapas

La extitular de la entidad, Mara Gómez, dijo a los representantes de la familia que los recursos son limitados y que se prioriza a los mexicanos.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) rechaza pagar el coste de la repatriación del cuerpo de Emmanuel Ngu Cheo, un migrante camerunés de 39 años muerto en octubre de 2019 en un naufragio entre Chiapas y Oaxaca.

En su argumentación el ente público alegó que Ngu Cheo no está considerado como víctima ya que no forma parte del Registro Nacional de Víctimas (Renavi) ni tampoco una institución federal lo ha reconocido como tal. 

Extinción de fideicomisos golpea a víctimas: suspenden apoyos económicos mensuales

Víctimas dejaron de recibir apoyos como los de viáticos, para trasladarse y revisar los expedientes de sus casos; también respaldo para despensas o rentas.

Jessica Molina tenía previsto viajar a Ciudad de México a finales de mes. Entre los días 23 y 27 de noviembre estaban programadas sesiones con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fiscalía General de la República (FGR) para revisar el expediente de la desaparición de su esposo, Daniel Trejo, capturado por marinos cuando estaba en su domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en marzo de 2018. 

Finalmente, la visita no podrá tener lugar. Un funcionario de la CEAV escribió a Molina y al resto de compañeras del colectivo el martes 10 de noviembre explicando que, por la entrada en vigor del decreto que ordena la desaparición de 109 fideicomisos entre los que se encuentra el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a víctimas, no hay dinero disponible para pagar el viaje.