URUAPAN, Mich: Tres cuerpos con visibles huellas de violencia fueron localizados esta mañana en Uruapan, Michoacán. A la línea de emergencias se reportó el hallazgo sobre la calle Plutarco Elías Calles, aproximadamente a 50 metros de la entrada al colegio Mahatma Gandhi, a un costado de una caja de un tráiler, en las inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas. Los oficiales se trasladaron a la zona y confirmaron que se trataba de tres hombres que presentaban lesiones por proyectil de arma de fuego, por lo que resguardaron el área y solicitaron el apoyo a la Fiscalía Regional. Las víctimas aún no han sido identificadas. El personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) adscritos a la Fiscalía Regional ya realizan las diligencias de ley.
De acuerdo con el informe “Una economía para el 99 por ciento” elaborado por la organización internacional Oxfam, si el crecimiento económico de entre 1990 y 2010 hubiese beneficiado a los más vulnerables, en la actualidad habría 700 millones de personas menos, en su mayoría mujeres, en situación de pobreza, pero hoy, son ocho hombres los que poseen la misma riqueza que 3 mil 600 millones de personas, que son la mitad de los seres humanos.
Oxfam encontró que este grupo y los pequeños grupos de cada país, no son precisamente generadores de riqueza en las naciones, sino que son personajes específicos que han venido heredando la riqueza gracias a un sistema que permite los monopolios y los oligopolios, y que además, premia a las grandes empresas con incentivos fiscales. En México, cuatro millonarios tienen tanta riqueza como el 50 por ciento más pobre de la población del país. Esas cuatro personas –Carlos Slim Helú, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Eva Gonda Rivera– tienen el equivalente en riqueza a lo que poseen 63 millones de mexicanos, como 70 mil millones de dólares.
Rocío Stevens Villalvazo, Directora de Public Engagement de Oxfam México, explicó que gran parte de la riqueza que se genera actualmente en el mundo es heredada, que viene de arreglos de “capitalismo de cuates” con los gobiernos y que se produce en sectores económicos monopolizados u oligopolizados.
“Se tiende a pensar que la riqueza se genera por innovación, trabajo duro, por tomar riesgos y puede ser cierto, se reconoce que la gente que arriesga su capital y que está dispuesta a innovar debe ser recompensada, pero el sistema económico mundial no funciona así. La riqueza que ha generado este sistema se ha generado a través de capitalismo de cuates, de sistemas empresariales donde los accionistas capturan el 70 por ciento de los beneficios cuando hace 30 años capturaban el 10 por ciento. Esos no son sistemas políticos saludables, son sistemas políticos capturados”, comentó en entrevista con SinEmbargo.
De acuerdo con el estudio, el capitalismo clientelar beneficia a los dueños del capital y a quienes están al mando de estas grandes corporaciones, en detrimento del bien común y la reducción de la pobreza, lo que coloca en una situación desigual a las pymes que no pueden competir en las mismas condiciones frente a los “cárteles empresariales”, con actores estrechamente ligados a los Gobiernos. Carlos Slim, por ejemplo, el tercer hombre más rico del mundo, controla aproximadamente el 70 por ciento del total de los servicios de telefonía móvil y el 65 por ciento de las líneas fijas del país y según los cálculos, esa falta de competencia tiene un costo equivalente al 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Para Stevens, lo que resalta del informe es que si bien la desigualdad es mucho más grande y mucho más extrema, ya existen señales muy claras en México y el mundo, de que la gente está descontenta y se siente dejada atrás por un sistema económico que está beneficiando a unas cuantas personas; que no solo perjudica, sino que también excluye a la mitad más pobre de la población del mundo.
“Una concentración extrema nos lleva a un contexto de descontento generalizado, a protestas que si bien son legítimas, llevan a un estado social resquebrajado y a la cohesión social completamente disuelta y ahí están los primeros días de 2017 en México […] Estos niveles de desigualdad son el producto de años. En México tuvimos en 2016, el gran año de los saqueos públicos, el gran año de los bonos millonarios y de los vales de gasolina, privilegios que se concentran en un pequeño número de personas que son la clase política y la clase económica de México. Mientras tanto, tenemos una lucha por un aumento irrisorio del salario mínimo, que a la luz del alza en el precio de los energéticos, el aumento de 2016, es insuficiente”, dijo. LA CORRUPCIÓN, UNA ALIADA Lo que denuncia Oxfam, además de un sistema económico fracturado, son los saqueos que se tienen que perseguir y castigar hasta que se regresen los recursos que se hayan robado funcionarios públicos de cualquier nivel al erario público, ya que esos son los recursos que son indispensables para financiar educación, sistemas de protección social y generan un gasto eficiente desde las cuentas públicas. En el caso de México, son ya varios años mirando a la corrupción como uno de los principales problemas del país.
“La corrupción ligada a los temas de desigualdad tiene mucho que ver con lo que llamamos ‘captura política’, porque el poder económico está ligado a la excesiva influencia en políticas y procesos públicos. Ojalá 2017 sea el año del cambio y del despertar, no solo de los funcionarios o empresarios, sino de la ciudadanía para que efectivamente demandemos un sistema económico en el que se beneficie la mayoría y no la minoría”, comentó al respecto Stevens, quien considera que la corrupción es un síntoma extremo del sistema económico actual.
“Es parte del ciclo vicioso en el que tenemos una élite económica muy poderosa que utiliza su poder económico para influir en los procesos democráticos y en los procesos de política pública en su propio beneficio y tenemos al mismo tiempo una ciudadanía que en México y en el mundo, está cada vez más descontenta, más cansada de sentirse excluida de ese proceso de toma de decisiones. Y no es solo un tema de percepción: la sociedad está excluida de los beneficios del sistema económico. México ha crecido muy poco en términos de PIB en los últimos años, entre 1.5 y 2 por ciento promedio, pero incluso los beneficios de ese bajo crecimiento económico se han concentrado en los estratos de mayores ingresos de la población”, agregó. La riqueza total a nivel mundial ha alcanzado la cifra de 255 billones de dólares. Desde 2015, más de la mitad de esta riqueza está en manos del 1 por ciento más rico de la población y la riqueza sigue acumulándose entre los más ricos. Durante las últimas tres décadas, los ingresos en manos de los dueños del capital no han dejado de aumentar a un ritmo superior al del crecimiento económico. En este sentido, la evasión de impuestos ha cobrado fuerza como uno de los principales factores que generan la concentración de riqueza. Según Oxfam, en términos de facturación, en la actualidad 69 de las 100 mayores entidades del mundo son empresas, no Estados. En los últimos años se ha hecho evidente que las grandes empresas tratan de tributar lo menos posible, fundamentalmente por dos vías: utilizando trucos contables a través de paraísos fiscales y de vacíos en las diferentes legislaciones, o también a través de tratamientos fiscales selectivos y preferenciales y las exenciones fiscales que les ofrecen distintos países. SinEmbargo publicó en septiembre pasado, una lista de grandes empresas a las que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), aprobó cancelaciones y condonaciones de adeudos fiscales por un monto superior a los 56 mil millones de pesos. La mayor parte de los créditos fiscales perdonados, tan sólo en 2015, la concentró 8 por ciento del total de los contribuyentes: corporaciones y empresarios, políticos o ciudadanos “influyentes”, que mantienen estrechas relaciones con la cúpula en el poder.
De acuerdo con Stevens, mejorar el sistema tributario sería una forma de combatir la concentración de la riqueza, “se debe formar un sistema tributario más justo y progresivo, en donde las grandes empresas y las grandes fortunas paguen lo que les corresponde de impuestos. Casi 100 mil millones de dólares se escapan de los presupuestos públicos a través de medidas para evadir y eludir impuestos y se depositan en paraísos fiscales que son la gran fuente de la opacidad en el mundo”. El problema en México, continuó, es que tiene un sistema fiscal regresivo, en el que pagan más impuestos las personas que tienen menores ingresos y pagan muchos menos impuestos las personas que tienen más.
“México es un país en el que existe suficiente ingenio, innovación, talento y suficiente trabajo como para que vivamos todos de una manera más justa y más digna. ¿Cómo se reactiva el progreso? Empezando con medidas fiscales que permitan que los modelos económicos y la actividad empresarial sean en beneficio de la mayoría y no de la minoría. Eso tiene que ver con temas como la economía oligopólica de México, que limita la competencia, lo que siempre tiene que ver con el acaparamiento y enriquecimiento de personas y sectores muy específicos, con la corrupción en el sector público y privado”, agregó. EL SALARIO COMO PENDIENTE El estudio sostiene que el estancamiento de los salarios y la inseguridad laboral son dos de los elementos que actualmente abonan al descontento social y “actualmente, los recursos existentes permitirían eliminar tres cuartas partes de la pobreza extrema si se incrementase la recaudación fiscal y se recortase el gasto militar y otros gastos igualmente regresivos”, dice el estudio. Los salarios en los sectores de baja cualificación, han caído por debajo de la productividad en las economías emergentes, y se han estancado en muchos países ricos, mientras que los salarios más altos no han dejado de aumentar. México tiene el salario más bajo de la región y es la principal causa de pobreza en la población, según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). “La presión sobre el empleo y los salarios de los trabajadores peor remunerados se traduce en que las personas trabajan por salarios de miseria en empleos precarios”, agrega el documento.
“Las cifras dicen que la pobreza en México ha pasado de 53.3 millones a 55.3 millones de pobres. De 27 millones a 28 millones de personas en pobreza extrema. Independientemente del partido o ideología de los presidentes, lo que se observa es que las tazas de pobreza no han caído en los últimos 20 años y tenemos las mismas tazas de pobreza que a principios de los años 80. Eso lo que dice es que no solo la política social está mal enfocada, sino que el sistema económico mexicano, que está muy vinculado al sistema político, está completamente fracturado en términos de los beneficios que genera y para quién los genera”, comentó por su parte Rocío.
“Los países deben desechar la idea de que, para atraer inversiones de valor, tienen que mantener los salarios bajos. La investigación realizada en 2012 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que esta teoría tiene una validez limitada: los beneficios positivos en términos de niveles de exportación y de inversión no bastaban para contrarrestar la disminución del consumo doméstico y de la demanda a causa de los bajos salarios. El informe señalaba que, en el marco global, esta política terminaba siendo contraproducente. Una competencia a la baja en los salarios sólo lleva a un continuo descenso de la demanda global”, agrega el estudio. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DANIELA BARRAGÁN. LINK: http://www.sinembargo.mx/17-01-2017/3136949.
Juan Adrián, Mateo y Gabriel, de cuatro, ocho y 11 años de edad, perdieron la vida en un supuesto enfrentamiento entre policías estatales y un grupo delictivo en San Miguel de Allende. Por este crimen sólo hay un detenido: el padre de los menores, quien era el velador del lugar donde ocurrieron los hechos y señalado por la Procuraduría del estado como un “multihomicida” y traficante de drogas y armas. Más de mil personas marcharon este lunes en calles de dicha ciudad con los féretros de los tres menores para exigir justicia y una investigación clara.
Juana Luna, esposa de Antonio y testigo presencial del momento en que sus tres hijos fueron asesinados por impactos de arma de fuego, desmintió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE) al aseverar que en ningún momento señaló a su esposo como el victimario. El pasado sábado, agentes ministeriales irrumpieron en una finca ubicada en la comunidad Ampliación Cieneguita, en San Miguel de Allende, donde se registraron cuantiosas detonaciones, aparentemente del grupo táctico de la PGJE que se apersonó en el lugar, lo que ocasionó el cierre de la carretera a Dolores Hidalgo.
Posteriormente se supo del fallecimiento de tres niños: Juan Adrián, Mateo y Gabriel, de cuatro, ocho y 11 años, respectivamente, quienes eran hijos de Antonio y Juana.
Un día y medio después de que los hechos, la PGJE informó en un comunicado que como saldo de un enfrentamiento, cuyo origen sigue siendo confuso, murieron tres menores de edad a manos de su propio padre, quien se desempeñaba como velador en la finca donde sucedieron los hechos. En la versión oficial de la Procuraduría, se aseveró que fue la madre de los menores quien señaló a su cónyuge, de haber asesinado a sus hijos. No obstante, en declaraciones concedidas al Periódico AM, Juana Luna aseguró que nunca declaró que su esposo trató de asesinarla y que tampoco ultimó a los tres menores. La PGJE también señaló que la balacera se originó cuando un grupo de hombres armados atacó a los elementos que atendían un reporte, los agresores escaparon y en el lugar solo quedaron el ahora detenido, su esposa y sus tres hijos. Juana Luna dijo que esas declaraciones nunca las dio a las autoridades. Presente en su domicilio, donde ya velaban los cuerpos de sus hijos, la mujer relató que su detención y la de su esposo ocurrió con una gran serie de fallas en el debido proceso.
Indicó que desde que fue trasladada al Ministerio Público, los agentes nunca le proporcionaron un abogado de oficio, tampoco le permitieron realizar una llamada telefónica, la hicieron firmar hojas en blanco, incluso, dijo que lo declarado por ella no concuerda con lo que se señaló en el expediente. De acuerdo con Juana Luna, como cada fin de semana pasarían la noche en la finca donde su esposo trabajaba como velador. Cuando dormían comenzaron a escuchar las detonaciones y momentos después hombres armados ingresaron al domicilio sin identificarse como elementos policiacos.
“La familia completa se escondió en un baño en la planta alta, al percatarse de que los hombres armados subían por las escaleras, Antonio Luna que portaba un arma, comenzó a realizar detonaciones hacia las escaleras, bombas de gas fueron lanzadas al baño, por lo que se lanzaron al suelo”.
Cuando los hombres armados ingresaron al sanitario, colocaron a todos boca abajo. Juana escuchó cuando los agentes arrebataron el arma a Antonio Luna para después realizar unas detonaciones, después pudo escuchar que se la regresaron y lo obligaron a sostenerla.
“Le dijeron ‘entréganos esa arma’, y entonces a mí me jalaron y me voltearon, después escuché disparos, pero yo no sabía de quien y mi esposo estaba volteado conmigo, en eso le dijeron, ‘¡Ten cabrón agárrala!’, entonces mi esposo se quedó con ella”, dijo Periódico AM.
En el lugar dijo ser interrogada por elementos que le aseguraban que fue su marido quien había matado a los niños cuando se encontraban en el baño, que incluso era grabada con un aparato telefónico. La versión oficial de la Procuraduría motivó que este lunes, alrededor de mil personas, entre familiares, vecinos y amigos de los tres menores de edad marcharan para exigir justicia y que se libere al padre de las víctimas. En tanto, hoy mismo la Jueza de Control calificó de legal la detención de Antonio Luna. La audiencia del caso se desahogó con carácter de privada en la Sala 2 de Oralidad del Poder Judicial con sede en San Miguel de Allende. La audiencia de vinculación se realizará mañana martes.
MIL PERSONAS MARCHAN EN SAN MIGUEL
Este lunes, alrededor de mil personas, entre familiares, vecinos y amigos de los tres menores de edad que murieron la noche del sábado en un presunto enfrentamiento entre fuerzas estatales y un grupo de sicarios en San Miguel de Allende, Guanajuato, marcharon para exigir justicia y que se libere al padre de las víctimas. La manifestación fue convocada a partir de las 10:30 horas en la escuela Ignacio Ramírez, en la colonia Aurora, donde Mateo y Gabriel, de ocho y 11 años de edad, estudiaban el cuarto y sexto grado, respectivamente La banda de guerra de la escuela Ignacio Ramírez, a la pertenecían las víctimas, se integró a la marcha. La gente, principalmente padres de familia con sus hijos, se congregó afuera de la escuela, sobre la avenida Aurora, a la espera del cortejo fúnebre, que partiría rumbo al templo del Oratorio, en pleno centro de San Miguel de Allende, donde realizan la misa de cuerpo presente.
Poco después de las 11:00 horas, la directora de la escuela declinó de realizar un homenaje a los menores dentro de la institución.
Algunos padres de familia confesaron su enojo porque la directora no accedió a abrir la escuela para que al menos por un momento los restos pudieran recibir algún tipo de homenaje, bajo el argumento de que “no era propicio”; por ello realizaron la valla sobre la calzada Aurora. A las 11:45 horas llegó a las afueras de la escuela el cortejo fúnebre con los cuerpos de Juan Adrián, Mateo y Gabriel. A 100 metros ya estaba una valla de alumnos, padres de familia y vecinos, más de 300 personas, para acompañar con globos y listones blancos los restos de los niños al templo del Oratorio. Al mismo tiempo se desarrolló la audiencia del presunto responsable, el padre de los niños, identificado sólo como Antonio. La defensa del indiciado pidió que la audiencia sea privada, petición concedida por el Poder Judicial.
Según fuentes extraoficiales, el padre de los menores fue trasladado de los separos municipales al Centro de Readaptación Social (Cereso) de esa ciudad. FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/16-01-2017/3136919
El fiscal estatal indicó que el tiroteo se desató después de que una persona disparara cinco balas contra un hombre de origen veracruzano en el club Blue Parrot, que era sede de un festival de música electrónica.
La balacera en el club Blue Parrot de Playa del Carmen, Quintana Roo, que dejó como saldo cinco personas muertas, se habría originado por la disputa entre narcomenudistas para tener el control de la venta de drogas en la zona. Esa es la hipótesis central que tienen las autoridades, de acuerdo con lo que dijo este martes a Televisa el fiscal estatal, Miguel Ángel Pech Cen. El funcionario detalló que, tras revisar un video, se pudo confirmar que los hechos violentos comenzaron cuando una persona entró al club y disparó en cinco ocasiones contra un hombre de origen veracruzano, que a fin de cuentas falleció. Los escoltas de este último repelieron la agresión, y las balas causaron lesiones a otros. Tres de los fallecidos formaban parte del equipo de seguridad del BPM, un festival de música electrónica que dura 10 días, y que tenía como sede el club Parrot. Al momento de escapar, la persona que lanzó el primer ataque le disparó a otro hombre, quien también accionó un arma al caer. La balacera generó pánico y una “estampida”, que resultó en más personas lesionadas. La líneas de investigación más fuerte, apuntó el fiscal, es que la agresión se haya dado por una disputa para tener el control de la venta de drogas en el lugar. “Puede resultar un asunto de narcomenudistas peleándose directamente el control”, mencionó al periodista Carlos Loret de Mola. En la revisión del establecimiento, detalló, las autoridades encontraron drogas de diferentes tipos en un bote de basura, aunque “cantidades muy pequeñas”. Respecto a la persona que inició con los disparos, que entró al club a “ejecutar” a un hombre veracruzano, el fiscal dijo que los videos no ayudan a identificarlo, aunque seguirán las investigaciones para poder ubicarlo.
La Asamblea Constituyente se encuentra trabajando desde el pasado 15 de septiembre en la redacción de la primera Constitución Política que tendrá la Ciudad de México (CDMX), misma que deberá quedar terminada a más tardar el 31 de enero de 2017. Han sido aprobados más de 76 artículos, y se añadirán las correspondientes modificaciones conforme avance la discusión, pero ¿qué es lo que hasta ahora se encuentra plasmado en la Constitución que regirá la capital política de México? A continuación te presentamos un recuento de los puntos más importantes aprobados hasta el momento por la Asamblea Constituyente: Capital pluricultural Tal como se menciona en el Artículo 2 de la Constitución, la Ciudad de México tiene una “naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural”, que “se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migración”. Por eso, se reconoce como “un espacio abierto a las personas internamente desplazadas y personas extranjeras a las que el Estado Mexicano les ha reconocido su condición de refugiado u otorgado asilo político o la protección complementaria”. Pero además de ser una Ciudad diversa, donde se busca que todas las personas vivan en un ambiente democrático, sin violencia y en condiciones de igualdad, existe una serie de libertades particulares que se encuentran contempladas en el texto legislativo. Muerte digna En el Artículo 11 “Ciudad de libertades y derechos”, la Constitución protege el “derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad”. Este artículo contiene también el derecho a que “las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad”, lo que “contiene implícitamente el derecho a una muerte digna”. Familias diversas El mismo artículo señala que “se reconoce a las familias la más amplia protección”, y que este reconocimiento se da a “todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar”. Derechos sexuales y reproductivos La nueva Constitución no sólo reconoce que “toda persona tiene derecho a la sexualidad, a decidir sobre ella y con quién compartirla”, sino que ésta debe ejercerse de forma libre, “sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales”. Además, menciona, la educación sexual y los servicios de salud deben darse “con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica”. Asimismo, establece que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo de estos, de forma segura, sin coacción ni violencia”. En los casos en los que se registre violencia obstétrica o se esterilice y/o receten anticonceptivos involuntariamente, las autoridades investigarán, sancionaran y repararán el daño a las víctimas. Defensa de los derechos De acuerdo con la Constitución, las personas tienen “derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos”, por lo que las autoridades deberán de facilitar el desarrollo de sus actividades y protegerlas frente a amenazas y situaciones de riesgo. Gobierno en la CDMX A partir de que se promulgue la Consitución de la Ciudad de México, de acuerdo con el artículo 12, los habitantes de la capital tendrán derecho “a la buena administración pública”. Esta “buena administración pública” incluye la garantía de que, en los casos de actos privativos de la libertad, las personas tendrán una audiencia previa para resolver, en “un plazo razonable y de conformidad con las formalidades esenciales del procedimiento”. El mismo artículo incluye el derecho a la información y a la privacidad y protección a los datos personales. Ciudad Incluyente El derecho a la educación se encuentra garantizado para todas las personas, con “formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad”. Para ello, las autoridades “velarán porque los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de los alumnos”. En este texto, la Lengua de Señas Mexicana (LSM) se reconoce como oficial y parte del patrimonio lingüístico de la ciudad, por lo que las personas sordas tendrán derecho a recibir educación en LSM y español. Cuidados y cuidadores En la Ciudad de México, las personas tendrán “derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida”. Mediante un sistema de cuidados, las autoridades atenderán a las personas “en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez”. Mariguana medicinal Todas las personas podrán hacer “uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, indica, americana o mariguana y sus derivados”, conforme a lo establecido en la Constitución. Afrodescendientes e indígenas Las personas afrodescendientes y las personas indígenas tendrán derecho a “la protección y promoción de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural, artístico, material e inmaterial”. Aunado a esto, las autoridades deberán adoptar medidas para impedir la discriminación y garantizar su trato igualitario progresivo y culturalmente pertinente.
La Constitución contempla muchos más grupos y derechos protegidos, entre los que se encuentran las personas mayores, las niñas, niños y adolescentes, la comunidad LGBTTTI, los animales, e incluso, la Ciudad, en cuanto a su tránsito y disfrute. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO. LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/cdmx-constitucion-articulos-aprobados/
Villanueva, Gobernador del estado de Quintana Roo entre 1993 y 1997, fue acusado de facilitar el tráfico de cocaína por Cancún a Estados Unidos para el cártel de Juárez, que encabezó Amado Carrillo, conocido como “El Señor de los cielos”.
La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó hoy que el ex Gobernador Mario Villanueva, condenado por narcotráfico, será deportado el próximo miércoles por Estados Unidos y aseguró que en ese proceso se aplicarán todas las medidas para garantizar “su integridad física” dado su estado de salud. Villanueva, Gobernador del estado de Quintana Roo entre 1993 y 1997, fue acusado de facilitar el tráfico de cocaína por Cancún a Estados Unidos para el cártel de Juárez, que encabezó Amado Carrillo, conocido como “el Señor de los cielos”. El ex Gobernador debe cumplir en México una condena de 22 años de prisión por delitos contra la salud en su modalidad de colaborar al fomento para posibilitar la ejecución de ilícitos, recordó hoy la PGR en un comunicado. El organismo señaló que “en el marco de pleno respeto a los derechos humanos” tomará las medidas para “salvaguardar su integridad física considerando su estado de salud”. Villanueva fue detenido en 2001, pagó seis años de prisión y tras su liberación en 2007 fue detenido nuevamente por un pedido de extradición de Estados Unidos. Las autoridades mexicanas lo entregaron a Estados Unidos el 8 de mayo de 2010 y, al haberse declarado culpable de lavado de dinero, una corte federal le impuso una sentencia de 131 meses de prisión, acreditándosele el tiempo que estuvo detenido en México antes de ser extraditado Villanueva, de 68 años y que según medios locales padece una enfermedad pulmonar crónica, fue liberado a finales del año pasado en Estados Unidos y ahora las autoridades estadounidenses de Migración procederán a su deportación.
La familia del ex Gobernador ha dicho que pedirá a las autoridades mexicanas que le permitan cumplir su condena en la modalidad de prisión domiciliaria debido a su frágil estado de salud. FUENTE: SIN EMBARGO/EFE. LINK: http://www.sinembargo.mx/16-01-2017/3137040
Una empresa estadounidense tiene el permiso del Gobierno federal para introducir a territorio nacional productos médicos no psicoactivos a base de cannabidol. La lucha por lograr que este tipo de medicamentos alternativos sean distribuidos en el país ha sido larga y aún no termina. Mientras, en México el pasado 11 de diciembre se cumplieron 10 años de guerra contra los cárteles de la droga. En el periodo de diciembre de 2006 a 2015, han sido asesinadas 186 mil 297 personas en México, de acuerdo con datos del INEGI. Además, este 2016 la violencia en el país repuntó y de enero a noviembre, según datos oficiales, se registraron 18 mil 915 carpetas de investigación por homicidio doloso por homicidios. De acuerdo con datos de octubre de la PGR, en el país hay nueve cárteles y 37 células delictivas, entre ellas: el CJNG, Los Caballeros Templarios, el Cártel del Golfo, Los Zetas, el cártel de los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana y Pacífico. En México el tema de la legalización de la mariguana para uso médico y recreativo ha sido causa de polémica y discusión. Sin embargo, en el país que se encuentra sumido en una guerra en contra del narcotráfico, desde el año pasado el Gobierno federal aprobó las iniciativas necesarias para que hoy en día algunos pacientes puedan importar productos medicinales a base de cannabis. HempMeds, una subsidiaria de la empresa estadounidense Medical Marijuana Inc., ha podido introducir productos no psicoactivos de cannabidol (CBD) a países como México, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, luego de lograr establecer una sociedad de exportación con sus respectivos gobiernos. “A pesar de la terrible violencia de los cárteles, la autoridad reguladora en México vio el potencial del CBD”, dijo al diario estadounidense LA Weekly Stuart Titus, presidente de Marijuana Médica Inc. “Hoy seguimos siendo los únicos productos legales permitidos en el país”, ahondó. En febrero del año pasado, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer por medio de un comunicado de prensa que “con el fin de acelerar el acceso de los pacientes a tratamientos alternativos”, la Secretaría de Salud “aprobó dos nuevos permisos de importación de un producto con cannabidiol que solicitaron los padres de las menores Alina y María Paula”.
El anuncio se produjo después de años de intensa presión sobre las autoridades mexicanas por parte de personas e integrantes de la sociedad civil, quienes abogaban a favor del uso terapéutico de la mariguana para tratar a las dos menores que sufren de formas graves de epilepsia. Como consecuencia de ello, en México se hizo posible la adquisición del producto RSHO-X Real Scientific Hemp Oil, que aunque contiene cannabidiol, no tiene Tetrahidrocannabinol (THC), sustancia psicoactiva que está restringida por la legislación sanitaria. La decisión de la Secretaría, dada a conocer a través de la Cofepris, se sumó al permiso de importación del producto Epidiolex que fue emitido el 4 de noviembre de 2015 a favor de una menor de nombre Grace, quien sufre del síndrome de Lennox-Gastaut (epilepsia).
“Hace años que luchamos por el reconocimiento y la aprobación de los usos médicos y terapéuticos del cannabis, y hoy finalmente tenemos algo”, manifestó públicamente Lisa Sánchez, directora de Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia, un grupo que trabaja para frenar al crimen organizado.
Hoy en día el Gobierno federal ha relajado su posición de restricción al cannabis y el país ya cuenta con la primera legislación aprobada para autorizar el uso de medicamentos elaborados a base de CBD, además de no considerar como delito la posesión de mariguana (hasta 28 gramos) para uso personal. Dicha medida ha sido considerada como un paso para lograr la eventual legalización de la mariguana en una nación asediada por la violencia que se destapó con la denominada guerra contra el narcotráfico durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
“Es innegable, los términos del debate en torno a las drogas están cambiando en México y en el mundo. Los mexicanos conocemos bien los alcances y limitaciones del esquema esencialmente prohibicionista y punitivo, de la llamada ‘guerra contra las drogas’, que ha predominado por más de 40 años a nivel internacional”, dijo el Presidente Enrique Peña Nieto en abril de 2016.
Lo que aún queda en duda es si México, que es productor de mariguana (tipificada como ilegal), permitirá -no a mediano pero sí a largo plazo- la producción de este de productos medicinales que ya suponen un mercado en la economía global. De acuerdo con el último Debate Nacional sobre el Uso de la Mariguana (2016) hay varios temas elementales para México: 1.- la necesidad de atender el tema de las drogas (específicamente el de la mariguana) desde la perspectiva de los Derechos Humanos y desde una óptica de salud pública; 2.- el tratamiento de adicciones con soluciones terapéuticas integrales, sin criminalizar a los consumidores; 3.- el reforzamiento de las acciones para prevenir el consumo de drogas; y 4.- la necesidad de facilitar el acceso a sustancias controladas para fines terapéuticos e investigación científica.
EL CAMINO DE APARTURA AL CANNABIS EN MÉXICO
A pesar de que en algunos países el cannabidiol es utilizado legalmente para fabricar medicamentos y pese a que existen estudios que refieren que dicha sustancia puede reducir drásticamente el número de convulsiones en niños que sufren del síndrome de Lennox-Gastaut (LGS) o del síndrome de Dravet, sin embargo, en México el tratamiento aún es visto con recelo y permanece siendo un tema tabú. El camino de la tolerancia del Gobierno mexicano con respecto al uso medicinal del CBD comenzó con Alina Maldonado Montes de Oca, una jovencita del pequeño pueblo de San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz, refiere el diario LA Weekley. Tuvo su primer ataque cuando era recién nacida, y poco tiempo después, de manera casi inmediata, las convulsiones se incrementaron hasta alcanzar un máximo de 25 a 40 pequeños ataques por día, además de que la menor de 11 años de edad sufría de graves espasmos epilépticos al menos dos veces por semana. Los médicos descubrieron que tenía hipoxia, una deficiencia de oxígeno en ciertas partes del cuerpo, malestar que afectó el desarrollo de su cerebro y que fue la causa de su epilepsia y de su parálisis cerebral infantil. Alina Maldonado entonces fue tratada con 14 diferentes tipos de medicamentos, cada uno con una serie de efectos secundarios dolorosos, incluyendo daño hepático y gastritis. Así siguió su tratamiento hasta que sus padres, Lucely Montes de Oca y Abelardo Maldonado, tuvieron conocimiento de un caso similar ocurrido en 2013 en los Estados Unidos, cuando Charlotte, un niña de Colorado, superó las convulsiones que la atormentaban utilizando medicamentos a base de de cannabidol. Tiempo después los Maldonado conocieron a otra familia mexicana cuya hija, María Paula, sufría del mismo tipo de trastorno que Alina. Entonces las dos familias combinaron esfuerzos y en enero de 2016 participaron en una serie de audiencias del Congreso de la Unión en la Ciudad de México. En febrero de ese mismo año, gracias a su esfuerzo y al de otras familias, la Cofepris concedió los permisos necesarios para importar los medicamentos a base de CBD. LA VISIÓN DE HEMPMEDS Parte de la atracción en las operaciones de difusión de los beneficios médicos del cannabis en toda América Latina es la conexión cultural de la región con la medicina alternativa, explica LA Weekley. A diferencia de Estados Unidos, donde las grandes compañías farmacéuticas determinan en gran medida qué tratamientos están en boga, refiere el medio, los médicos del sur de la frontera regularmente prescriben curas homeopáticas a sus pacientes. Que la mariguana esté enfrascada con una mala reputación es sólo un obstáculo más para superar en una economía global que ya se está haciendo más amigable con las hierbas, menciona LA Weekley. Stuart Titus, presidente de Marijuana Médica Inc. y de la primera empresa de mariguana que cotiza en bolsa, comenzó con el negocio de la producción legal de cannabis en Estados Unidos luego de encontrarle usos medicinales mientras trataba a algunos atletas que se recuperaban de lesiones deportivas en Carolina del Norte.
Desde entonces se ha interesado cada vez más por la medicina alternativa y por las soluciones botánicas, pues en su opinión, “la conexión de América Latina con la naturaleza” es algo que en el Norte debemos tratar de emular. “Todas las medicinas modernas provienen de las plantas”, dijo al LA Weekley. “Nos hemos alejado de eso y ahora sólo miramos a la medicina sintética. Es una pena”, ahondó.
Según Titus, la idea de que sus productos a base de cannabis estén entrando en países históricamente vinculados al narcotráfico es una ironía, refiere el diario estadounidense. “Aquí hemos desarrollado una tubería inversa de cannabis”, dijo Titus refiriéndose a las dificultades que su empresa ha enfrentado para conseguir exportar su producto a naciones como México y Brasil -país con el que tiene un acuerdo comercial similar al mexicano-, donde las leyes prohíben en gran medida sustancias psicoactivas como el Tetrahidrocannabinol, que es uno de los principales compuestos del cannabis.
De acuerdo con HempMeds, las plantas para estos tratamientos se cultivan en los microclimas del Norte de Europa y están libres de pesticidas y herbicidas. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/16-01-2017/3132956
Además, el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de investigacion, en los cuales, el ex policía del Estado de México, los enfrentará en la cárcel ya que, dictaron prisión preventiva como medida cautelar.
Fabián España Moya, ex policía del estado de México, fue vinculado a proceso penal como presunto responsable del delito de lesiones en contra de la Senadora, Ana Gabriela Guevara; proceso que llevará en la cárcel, ya que, el juez le dictó como medida cautelar prisión preventiva durante el tiempo de investigación. Pablo Ramírez, abogado del imputado , indicó en entrevista que la vinculación a proceso fue por el presunto delito de lesiones más no de daños a la propiedad, en tanto que el tiempo que se fijó para el cierre de la investigación, en el que el Ministerio Público deberá de obtener más pruebas, es de tres meses. El abogado aludió que la defensa analizará las acciones y estrategia legal a seguir, a la vez que no descartó tratar de impugnar la decisión del juez en cuanto a la vinculación. Por su parte, la legisladora Ana Gabriela Guevara dijo que no aceptará algún acuerdo reparatorio con el imputado, es decir, el otorgar el perdón. El pasado 11 de diciembre Senadora Ana Gabriela Guevara fue agredida a golpes por cuatro sujetos cuando viajaba a bordo de su motocicleta sobre la autopista de Valle de Bravo, con dirección a la Ciudad de México. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPDF), el incidente ocurrió durante la noche en las inmediaciones del Parque Nacional “La Marquesa”, donde una camioneta Dodge Voyaguer con placas MMU-84-73 del Estado de México, le cerró el paso a la motocicleta Harley-Davidson de Guevara. Dos semanas después de la agresión dos de los presuntos responsables que fueron identificados después de que empezó a circular en los medios de comunicación la fotografía de uno de ellos.
El anterior 2 de enero, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal le negó la suspensión definitiva (amparo) a Fabián España Moya. La determinación respondió a que la Procuraduría General de la República (PGR) aún no ha solicitado alguna orden de aprehensión en contra del ex policía. La sentencia fue emitida el 29 de diciembre, y en la cual se estableció que de librarse una orden de aprehensión, España Moya podrá ser detenido. Sin embargo, el agresor podría recuperar su libertad mediante el pago de una fianza, debido a que las lesiones que le propinó a la también ex velocista no están calificadas como graves. El pasado 23 de diciembre un juzgado federal concedió un amparo a uno de los presuntos agresores de la Senadora Ana Gabriela Guevara para evitar ser detenido por la Procuraduría General de la República (PGR). El ex policía del Estado de México, promovió el amparo el 21 de diciembre, lo que derivó en el expediente 1117/2016 en el que se solicitó suspender actos de la PGR como detención, retención y oficio de investigación librado en su contra, así como localización y búsqueda. Un juzgado federal concedió una suspensión provisional a España Moya contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur, y de otras autoridades, para suspender cualquier orden girada por la PGR; sin embargo la suspensión definitiva fue negada por lo que ahora enfrenta el proceso penal.
El imputado podría enfrentar una pena desde dos años de prisión por el delito de lesiones que tardan más de 15 días en sanar, o hasta los cinco años de prisión que es la pena más alta, que infiera una lesión que deje al ofendido cicatriz en la cara, perpetuamente notable. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/17-01-2017/3137137
Los diputados federales aprobaron un aumento de 6.81% más respecto al año anterior para gastos en combustibles, lubricantes y aditivos. Este lunes anunciaron medidas de austeridad por lo que no podrán hacer uso de ese incremento hasta ahora secreto.
Los diputados se aumentaron 522 mil pesos para gastos en combustibles, lubricantes y aditivos, tan sólo 22 días después de ellos mismos aprobaron la liberación de los precios en las gasolinas. Para 2016, los diputados se aprobaron 7 millones 670 mil 972 pesos para cubrir sus desembolsos por gasolinas. Para el 2017, los legisladores incrementaron para sí mismos 6.81% más respecto al año anterior. Desde el pasado 1 de enero, los diputados tenían disponibles 8 millones 193 mil 619 pesos. Por ejemplo, tendrían garantizados con dinero público 32 mil 645 litros de gasolina magna, o 29 mil litros 342 de premium o, en su caso, 30 mil 615 de diésel, a diferencia de los sectores más golpeados con el gasolinazo como los taxistas, los concesionarios del transporte público, los pescadores o los empresarios dedicados a comercializar o distribuir productos de la canasta básica. La noche de este lunes, 16 días después de que los precios de los combustibles fueron liberados y tras una ola de protestas en todo el país, los diputados dieron marcha atrás a pagarse combustibles, incluido el aumento que hasta este lunes no había trascendido. La Junta de Coordinación Política anunció ayer un paquete de ahorros y recortes entre los que incluyeron la cancelación de vales gasolina. La historia sobre el incremento que se dieron los diputados inició el 8 de septiembre del 2016, la Secretaría de Hacienda solicitó a la Cámara de Diputados liberar los precios de los combustibles. La propuesta se incluyó en los criterios generales de política económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 2017. En ese documento, reconocieron que esto fue previsto hasta 2018, sin embargo –desde la perspectiva del Gobierno- se podría hacer antes de forma “gradual y regional” ante las necesidades presupuestales que enfrentaría del país. Apenas un día antes, el 7 de septiembre, Luis Videgaray renunció como secretario de Hacienda, luego de haber orquestado la visita de Donald Trump a México entonces candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Su lugar fue ocupado por José Antonio Meade quien encabezó las negociaciones por el presupuesto ante los diputados. Hoy, Videgaray ha regresado al Gobierno como Canciller. Esas negociaciones duraron 43 días. El jueves 20 de octubre del 2016, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó con 31 votos a favor del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza el dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2017. Ahí incluyeron la liberación de los precios en los combustibles y los montos estarían a cargo de la Comisión Reguladora de Energía. La reunión duró apenas alrededor de una hora. Tres de los cuatro votos en contra fueron de Morena y uno más del PRD. Las inconformidades de este pequeño grupo de legisladores entre las cuales estaba la eliminación de los subsidios a los combustibles, fueron enviadas como “reservas” para discutirse en la sesión plenaria. La Comisión de Hacienda ha sido coordinada por la panista, Gina Cruz Blackledge. Unas horas después, ese mismo 20 de octubre, la petición para liberar el precio de las gasolinas fue aprobaba por la mayoría de los diputados dentro de la Ley de Ingresos 2017 con 406 votos a favor y 43 en contra. El PRI y el PAN formaron un bloque junto con el PVEM y Nueva Alianza para apoyar en esta medida al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Las protestas de la izquierda, PRD y Morena, no consiguieron revertir la decisión. Los diputados tardaron sólo 22 días en ponerse a salvo del gasolinazo. El 11 de noviembre del 2016 aprobaron por mayoría el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017, dentro del cual aumentaron en 522 mil pesos su bolsa destinada a combustibles, respecto al año 2016. En este caso hubo apenas 36 votos en contra del PRD y Morena contra 438 a favor del PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano. Alfredo del Mazo Maza, uno de los diputados priistas integrante de la Comisión de Hacienda habló sobre lo complicado que, desde su punto de vista, fue conformar el nuevo presupuesto: “Es uno de los más difíciles de dictaminar en la historia del país, pero tiene como fin último preservar la estabilidad económica, mantener finanzas públicas sanas y el desarrollo integral de todos los mexicanos, a sabiendas de que 2017 será un año de sacrificios”. Entre la petición de Hacienda para liberar el precio de las gasolinas y la maniobra de la mayoría de los diputados para blindarse del gasolinazo transcurrieron apenas tres meses. Justo en los márgenes que les permite el marco legal para dotar de un presupuesto al país. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó una explicación a la Cámara de Diputados sobre este aumento a través de su dirección de Comunicación Social. Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje no respondieron. No obstante, a sus homólogos del Poder Legislativo, a los senadores,. sí les recortaron 3 millones 683 mil 390 pesos para combustibles, cifra que representó más de 40 por ciento respecto al año 2016. El pasado 14 de enero, el diario Reforma publicó que precisamente un grupo de senadores propondrá disminuir al menos 2 mil 345 millones de pesos en partidas que ellos califican como innecesarias en el Congreso de la Unión entre las que consideraron sus propios apoyos para gasolinas. En términos porcentuales, los diputados se apoyaron de mejor manera de lo que hicieron ellos mismos con dos de los pilares del sector salud: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Si bien el IMSS tuvo un incremento de 16 millones 455 mil 703 pesos destinados a combustibles y aditivos, su crecimiento respecto al año anterior fue de 1.56% mientras que el de los diputados fue de 6.81% Algo similar sucedió con el ISSSTE. Los diputados les concedieron 6 millones 610 mil pesos más para el 2017, monto que representa un incremento del 3.14% respecto al 2016. El de los legisladores es de 6.81% Los diputados federales ganan 73 mil 817 pesos mensuales, más 45 mil 786 pesos para asistencia legislativa y 28 mil 772 pesos en atención ciudadana. En su página web oficial no han incluido junto con sus salarios las prestaciones a las que tiene derecho, entre ellas, dinero para combustibles.
En los últimos años, en la Cámara de Diputados hay una tendencia a desviarse del presupuesto aprobado para gastos en combustibles. Si se comparan las cuentas entre 2016 y 2017, subió un 6.8%. Pero en 2015, el incremento fue de 126% y de 117% respecto al 2014, sí se contrastan el dinero aprobado y lo que en realidad ejercieron. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD. LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/diputados-aumento-combustibles-gasolina/
En estados como Sinaloa más de la mitad de policías no son confiables; además tienen que ser reevaluados más de 30 mil agentes.
El proceso de depuración de las corporaciones policiacas a nivel estatal y municipal en el país no se terminó, por el contrario se encuentra en retroceso. Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) revelan que en 15 estados del país ha crecido el número de agentes que, aunque reprobaron las pruebas de control de confianza y no cumplen con los requisitos legales para ser policías, siguen uniformados y armados. Los informes oficiales a los que tuvo acceso Animal Político revelan que hay estados en donde la proporción de agentes reprobados va de 30 hasta 50%. Además en el país hay más de 30 mil elementos cuyas pruebas ya caducaron y no han sido reevaluados. “Lo que existe aquí es una simulación. Si tú tienes policías reprobados en tus filas como en Sinaloa, Michoacán o Veracruz solo por decir los casos más graves, abres una puerta a la corrupción enorme porque además los jefes pueden extorsionarlos para que hagan cosas a cambio de no correrlos”, dijo María Elena Morera, presidenta de la organización civil especializada en temas de desarrollo policial Causa en Común. De acuerdo con la información oficial, en noviembre de 2015 había en el país un total de 123 mil 333 policías estatales en activo, de los cuales ocho mil 852 no deberían estarlo ya que no superaron las pruebas de control de confianza y por tanto, no tienen el certificado que exige la ley para desempeñarse como uniformados. Se trataba en ese momento del 7.1% de toda la fuerza de seguridad estatal. Un año después, en noviembre de 2016, esta cantidad se ha incrementado. El total de policías estatales en activo reprobados es de nueve mil 265 que equivalen al 7.6% de la fuerza policial. A nivel de policía municipal la situación es aún más crítica. En noviembre de 2015 en el país había desplegados 132 mil 691 agentes municipales de los cuales 14 mil 836 son policías reprobados. Esto ya significaba en ese momento, que al menos 1 de cada 10 policías municipales en México no está calificado para serlo. Pero para noviembre de 2016 esta proporción creció superando los 15 mil policías municipales reprobados que equivalen ya al 12% de toda esta fuerza de seguridad pública municipal en el país. Los policías municipales son los agentes que tienen mayor contacto con los ciudadanos.
A lo anterior se suma el hecho de que hay otros 15 mil 760 policías municipales y 15 mil 695 estatales que tampoco se sabe si son confiables pues venció el periodo legal de su certificado para desempeñarse como tales, que es de tres años, y por ley deberían ser reevaluados lo que hasta ahora no ha ocurrido.
“Hay estados donde si tu sumas los policías reprobados con los que están pendientes de renovar su control de confianza el número que te da es altísimo. Por ejemplo en Michoacán el 30% de policías no están aprobados pero además hay un 49% que no han renovado sus pruebas. Entonces tenemos que casi el 80% de los policías en Michoacán en realidad no deberían estar trabajando. Es una simulación de la autoridad”, explicó Morera.balance noviembre 2015 balance noviembre 2016 La depuración de las corporaciones de policía del país es una tarea pendiente desde el 2008, cuando se plantearon las reformas constitucionales y se estableció por ley que todo agente de seguridad pública debe superar una batería de pruebas de control de confianza para obtener su certificado. En caso de que un policía no supere estas pruebas la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que debe ser dado de baja de forma inmediata, sin embargo, esto no ha ocurrido en varios estados y en algunos la situación es crítica. ¿Enemigo en casa? De las 32 entidades federativas del país, Sinaloa tiene la mayor proporción de policías estatales y municipales que no son confiables. Incluso, en el caso de los agentes municipales, son minoría los que están certificados para serlo. De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública en noviembre del 2015 había en dicha entidad mil 791 policías municipales reprobados en los exámenes, que equivalían al 37% de todos los agentes desplegados. Un año después esa cifra no solo se mantuvo, sino que se disparó a 2 mil 501 policías municipales que no son confiables y que ya equivalen al 52% de todos los que hay en la entidad. Esto significa que en promedio, uno de cada dos policías municipales en Sinaloa no es un elemento de seguridad confiable de acuerdo con lo que marca la ley. A nivel de policía estatal Sinaloa contaba en noviembre de 2015 con 464 agentes reprobados que representaban el 29% de la Secretaria de Seguridad Pública del estado. En el último año dicha cifra ya subió a 633 elementos que equivalen al 40% de toda la policía estatal. En el tema de las corporaciones de seguridad pública municipales, en la mayoría de las entidades que ya registraban de por si un numero alto de elementos en activo reprobados, la situación empeoró en el último año. Por ejemplo en Nayarit la cifra pasó de 37 a 42% de los policías municipales reprobados; en Baja California Sur creció de 37 hasta 42% de todos los agentes de seguridad municipal que no son confiables, y en Guerrero se elevó de 29 a 31%. En total hay 15 estados del país que registran un crecimiento en su promedio de policías municipales en activo que están reprobados y por tanto no están certificados. Respecto a las secretarías de seguridad pública estatales, luego de Sinaloa se encuentra Michoacán con la mayor proporción de policías reprobados con un 29%. Se trata del mismo porcentaje que hace un año por lo que el avance en la depuración es nulo. Luego se encuentra Veracruz, Baja California Sur y Nayarit con una proporción de entre 20 y 30% de policías estatales no confiables. La noticia positiva es que en las tres entidades el porcentaje se redujo en el último año.
Hay otras entidades donde la situación ha empeorado de forma significativa en el último año. El caso más llamativo es el de Nuevo León que pasó de 48 policías estatales reprobados en noviembre de 2015 a casi 270 elementos en noviembre de 2016. Equivale a un crecimiento del 1 al 5% en la proporción de agentes no confiables.
En el balance nacional, en 15 de las 32 entidades federativas del país ha crecido el número de policías estatales no confiables en activo. En el caso de la Ciudad de México, si bien se encuentra entre las entidades con el menor porcentaje de policías locales no aptos (hay una sola corporación unificada de seguridad), el balance también ha crecido de forma considerable. En noviembre de 2015 la capital del país tenía a 377 elementos reprobados aun en activo que equivalían apenas al 1.03% de toda la Secretaría de Seguridad Pública. En noviembre de 2016 esa cifra se ha duplicado y ya llega a 853 elementos no confiables, lo que equivale al 2.32% de todos los agentes que hay en las calles. Sin policías, militares no se irán María Elena Morera advirtió que mientras no se atienda de fondo el problema de la certificación y profesionalización de las corporaciones de policía el problema de la seguridad no se va a resolver en el país y los militares continuarán en las calles. “Está bien discutir la ley de Seguridad Interna para regular lo de los soldados pero lo indispensable es el tema de la Ley de Seguridad Pública, de definir el modelo de policías. Aquí parece que solo se actúa por el tema de coyuntura pero no se buscan soluciones de fondo. Más de 200 organizaciones ya hicimos el llamado al gobierno para que se ponga atención en esto” dijo. De acuerdo con Morera es necesario que se establezca en el país un proceso de certificación institucional para la policía, es decir que no solo se revise a los policías en particular sino a las instituciones en su conjunto,
“Urge una certificación institucional, es decir, que se certifique si la dependencia también es confiable para los policías y los mexicanos porque si la institución no da chalecos a los elementos, no da una profesionalización y una carrera policial bueno entonces la institución tampoco es confiable y muchas veces el desempeño del policía depende de eso”, dijo. Balance 2015 Balance 2016 FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: ARTURO ANGEL. LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/policias-reprobados-pruebas-confianza/
CIUDAD DE MÉXICO: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, exigió saber quién dejó de invertir en la Ciudad de México “para que no tuviéramos la mejor logística” y ahora la gasolina en Toluca sea más barata que en la capital. Eso, dijo, “me parece muy sospechoso”, y alguien tendría que contestar por qué dejaron que la Ciudad de México se fuera a un punto donde es catalogada como ineficiente. “Esta es la zona del país donde más se consume gasolina, (por lo tanto) debería ser donde estuvieran los mejores equipos, la mejor logística… Donde se culpa a la logística es la parte que no me queda claro”, destacó en entrevista con Aristegui en Vivo. Añadió: “No creo que sean casualidades, alguien estaba perfectamente claro de que se iban a liberar precios de la gasolina, y que en la Ciudad de México no habían invertido a tiempo para que tuviéramos infraestructura que nos permitiera tener los mejores precios”. A partir de esta subida de precios, resaltó, “empezamos a ver varias de las aristas que venían acompañándolo. Los acuerdos de diciembre del año pasado establecían que era necesario liberar el precio de la gasolina, que había regiones que dependiendo de la fluctuación del dólar se irían acomodando estos precios… No encontramos ni las razones ni los porqués de una u otra cosa. No encontramos que esté bien fundamentado, bien motivado, sobre todo, este asunto de las regiones, el que hoy tú tengas la gasolina más barata en Toluca que en la Ciudad de México, que se diga que porque es ineficiente el almacenaje, y entonces el de Toluca debería ser más eficiente”. De acuerdo con el jefe de Gobierno, no hay explicación clara, pero sí incertidumbre, por lo que –agregó– insistirá en una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto para hablar sobre el tema, pero” yo no quiero explicaciones técnicas, quiero saber quién dejó de invertir en la Ciudad de México para que no tuviéramos la mejor logística”. Señaló que actualmente “se violan principios como el de igualdad” al establecer precios diferenciados en las delegaciones, y consideró que hay una “situación de desventaja en la Ciudad, donde más se consume gasolina en todo el país”. Afirmó que nunca se enteraron de que no tenían la estructura suficiente, porque de haberlo sabido “algo se hubiera hecho”. Entonces, ante esta situación, “nosotros analizamos dos posibilidades: o tomabas el camino de una controversia constitucional, o bien este otro camino que es el juicio de garantías por falta de motivación”. En ese sentido, apuntó, su compromiso es, en primer lugar, una defensa política, pero “no podíamos dejar pasar la defensa jurídica”, y por eso ayer se promovieron los primeros 12 juicios de amparo para tratar de revertir el aumento del 24% al precio de las gasolinas, con el argumento de que los acuerdos expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en diciembre de 2016 son inconstitucionales, carentes de fundamentación y violan el principio de certeza jurídica. Ya “solicitamos una reunión con el presidente para que se pueda explicar esto”, expresó. Y “no es nada más detallar la fórmula, sino que nos digan qué van a hacer, cuáles son los incentivos, cuál es el acompañamiento”. El objetivo de esa reunión, puntualizó, es conocer “los argumentos y los puntos de apoyo”, pues “no es: ‘ahí se queda el golpe y encárguense’. ¿Qué les vamos a decir a los inversionistas?”. En la Ciudad de México, precisó, todos los días transportan a las personas, los víveres de un lado para otro, “y tenemos que generarles condiciones de igualdad”. Explicó que su gobierno está impugnando los dos acuerdos: el cronograma de flexibilización de precios y el que muestra las regiones donde se van a aplicar los precios máximos. Lo impugnado, dijo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
