El Cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez admitió hoy en una entrevista con la agencia de noticias Efe que en la casa Alberione, ubicada en el municipio de Tlaquepaque, en Jalisco, fue un hogar de acogida para sacerdotes involucrados en casos de pederastia. El prelado aseguró que ese recinto fue un centro de rehabilitación de religiosos hasta que Juan Pablo II envió en 2001 una carta a los obispos para pedirles que no encubrieran estos casos.
La casa Alberione, ubicada en el municipio mexicano de Tlaquepaque, fue un hogar de acogida para sacerdotes involucrados en casos de pederastia, confirmó hoy el Cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez.
En una entrevista con Efe a propósito de la reciente publicación de su libro de memorias, “Con mi propia voz”, asegura que ese recinto fue un centro de rehabilitación de religiosos hasta que Juan Pablo II envió en 2001 una carta a los obispos para pedirles que no encubrieran estos casos.
“Desde que estaba yo en el cargo, antes sí, pero cuando en el 2001 el Papa Juan Pablo II dijo que los pederastas tenían que salir del ministerio, entonces di la disposición a la casa Alberione que no admitieran ningún sacerdote pederasta”, afirma.
Desde entonces, un grupo de médicos, psicólogos y psiquiatras atienden en esa casa, localizada a unos kilómetros de distancia del lugar donde reside Sandoval, a sacerdotes que sufren alcoholismo, depresión o que tienen “problemas de autoridad”, señala el prelado de 83 años.
“Un pederasta no (es aceptado), primero porque nos va a dañar la obra y segundo porque de todas maneras tiene que dejar el sacerdocio, ¿para qué estamos ya gastando en él?”, pregunta.
Sandoval recuerda que luego del escándalo del encubrimiento de sacerdotes pederastas en la Arquidiócesis de Boston, Juan Pablo II mandó a los obispos, en mayo de 2001, un documento que clasificaba a la pedofilia como un pecado y desde entonces puso en marcha reformas “que se han ido endureciendo cada vez”.
Con ellas, los obispos tienen la obligación de investigar “inmediatamente” y “a fondo” si saben de un caso de pederastia clerical, para enviar un expediente que es valorado en Roma.
Además, deben informar a las autoridades civiles para que investiguen al sacerdote.
“Tiene que hacerse, debe hacerse porque está mandado que se haga”, respondió el Cardenal emérito a la pregunta de si los obispos cumplen con estas obligaciones.
El 4 de junio pasado el Papa Francisco decretó el reforzamiento de las normas contra los casos de pederastia, por las que los obispos podrán ser destituidos de su cargo si han actuado de modo negligente o han omitido acciones al respecto.
La santa sede publicó el “motu proprio” (documento papal) “Como una madre amorosa”, con el que se concretan los artículos del Código de Derecho Canónico en los que se estipula la posibilidad de expulsar a un eclesiástico por “causas graves”.
En la entrevista realizada en su casa situada en el centro de Tlaquepaque, en el occidental estado de Jalisco, el Cardenal retirado desde 2011 señala que durante su mandato de 17 años al frente de la Arquidiócesis de Guadalajara afrontó “un solo caso” de pederastia clerical.
“Fue a dar en la cárcel, ahí lo dejé y después por edad lo soltaron porque ya estaba viejo, lo echaron para afuera. Pero yo no lo defendí, no se portó como sacerdote”, dice sin dar más detalles Sandoval, uno de los Cardenales cercanos a Juan Pablo II y conocido por sus polémicas declaraciones contra el matrimonio homosexual y el aborto.
Sobre la iniciativa presentada en mayo por el Presidente Enrique Peña Nieto para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Carta Magna, el prelado sostiene que el Gobierno no puede equiparar una unión de esta naturaleza con el concepto “natural” de matrimonio.
“Si les hacen un estatuto jurídico a estas personas, cualquiera que sea: una sociedad de convivencia, con bienes mancomunados o separados, con herencia o sin herencia, que se las hagan; lo que no se acepta es que sea matrimonio, es lo único que no aceptamos”, enfatiza.
Peña Nieto anunció en mayo pasado un proyecto para modificar el primer párrafo del artículo 4 de la Constitución mexicana, según el cual “el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.
“No estamos de acuerdo en que se arroguen los derechos que no les corresponden. El matrimonio, desde el punto de vista del orden natural, es hombre y mujer para dar la vida, entonces que no sea matrimonio, cualquiera otra figura legal que se las den y todos contentos”, comenta.
En su libro, el Cardenal emérito se refiere a la reciente visita de Francisco a México y la polémica suscitada por la participación de Peña Nieto en la misa celebrada en la Basílica de Guadalupe, y señala que “el Estado laico no debe prohibir a mandatarios y burócratas de cualquier nivel profesar una religión y practicarla”.
Sandoval sostiene en la entrevista que la laicidad no debe entenderse como “estar fregando (molestando) a la iglesia”.
“Eso es un Estado confesional al revés, (es) un Estado persecutorio, que lo ha sido siempre aquí (en México)”, remata.
FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
AUTOR: MARIANA GONZÁLEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-06-2016/3051922
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente resolvió que la remoción de vegetación en el Proyecto Malecón Turístico Tajamar en Cancún, ejecutada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo en enero pasado, se realizó al amparo de una autorización vigente. La obra enfrenta a ecologistas y autoridades en esa ciudad, donde se pretende destruir 69 hectáreas de manglar para construir instalaciones residenciales, comerciales y de recreo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por el “verde” “ecologista” Rafael Pacchiano Alamán, le aprobó al Fonatur la destrucción del manglar y con ello a empresarios que antes, y por distintos desarrollos, habían sido acusados e incluso sancionados por devastar otros manglares en Quintana Roo, el estado que aún gobierna el priista Roberto Borge Angulo.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) resolvió que la remoción de vegetación forestal en el Proyecto Malecón Turístico Tajamar Cancún, en Quintana Roo, ejecutada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en enero pasado, se realizó al amparo de una autorización en materia de impacto ambiental vigente.
“Después de una detallada investigación en campo y de gabinete, y valorados todos los medios probatorios ofrecidos por ciudadanos denunciantes así como el citado organismo, se determinó que el referido desmonte contó con una autorización expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)“, indicó la agencia ambiental.
Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema) y representante de Salvemos Manglar Tajamar, acusó en entrevista para SinEmbargo que dicha resolución “es ofensiva para la inteligencia de los cancunenses. Es muy desafortunada y nada confiable”.
La activista comunicó que ayer por la tarde fue citada para comparecer, donde autoridades de la Profepa le entregaron un resolutivo de más de 150 páginas, mismas que hoy analizarán en reunión con abogados y activistas involucrados en el caso Tajamar.
Después de ello, determinarán qué acciones emprenderán, aunque afirmó que gracias a la veintena de amparos que han presentado a lo largo del proceso, Tajamar no se encuentra en riesgo.
Los inconformes cuentan con quince días para presentar recursos de revisión y apelación, informó Domínguez.
Por su parte, Greenpeace consideró una vergüenza que la Profepa minimice los impactos de la tala del manglar Tajamar por considerar que se trata de un acto legal, cuando aún no se tiene una sentencia definitiva de un juez en el caso.
“En un país donde las propias instituciones de gobierno utilizan la ley a modo, aplicándola a medias en algunos casos pero dejándola impunemente como letra muerta en otros, la Profepa se suma a la lista de las instituciones que cada vez pierden más credibilidad. Es indignante que la institución encargada de la protección ambiental, se atreva a defender un daño como el que se realizó en Tajamar”, subrayó la organización.
En un pronunciamiento emitido hoy, Greenpeace destacó que México firma convenios internacionales para la protección y conservación de la biodiversidad pero permite la destrucción en Tajamar donde habitan especies en diferentes categorías de riesgo catalogadas en la NOM-059 para la protección ambiental y para completar la ironía en este marco de catástrofe, Cancún será la sede de la 13 Conferencia de las partes del Convenio de la Diversidad Biológica a finales de este año.
La Profepa dijo en un comunicado que tras los hechos ocurridos la madrugada del pasado 16 de enero, agentes de la dependencia en el estado de Quintana Roo realizaron una visita de inspección del 26 al 28 de enero, “instaurándose un procedimiento administrativo por posibles irregularidades en contra de la autorización en materia de impacto ambiental otorgada en julio de 2005”.
Adicionalmente, la dependencia consideró las pruebas ofrecidas dentro de las mil 188 denuncias interpuestas ante su delegación en Quintana Roo, “las cuales sirvieron para robustecer el análisis efectuado dentro del procedimiento administrativo”.
Destacó que las pruebas ofrecidas por los denunciantes apoyaron la información recabada por inspectores federales en relación con la presencia de fauna silvestre en el lugar previo a la remoción de vegetación, y en fecha posterior a ese acto.
Por ello, Profepa ordenó a Fonatur concluir con el programa de rescate de fauna, “acreditándose por el citado Fondo una imposibilidad material para tal efecto derivado de la oposición de algunos grupos de personas apostados en el lugar”.
“Por todo lo anterior, la Profepa resolvió que la remoción de vegetación se realizó al amparo de la autorización en materia de impacto ambiental vigente al momento de su ejecución, así como que no existieron indicios de daños ni responsabilidad ambiental atribuible al Fondo Nacional de Fomento al Turismo”, apuntó.
La madrugada del sábado 16 de enero, policías municipales y estatales ingresaron a los terrenos ubicados en el Malecón Tajamar para reanudar la construcción de unos desarrollos inmobiliarios promovidos por el Fonatur.
Ciudadanos han denunciado que en la zona hay especies en peligro de extinción incluidas en la norma oficial mexicana NOM-059.
El Proyecto Malecón Tajamar enfrenta a ecologistas y autoridades en Cancún, donde se pretende destruir 69 hectáreas de manglar para construir instalaciones residenciales, comerciales y de recreo.
El conflicto viene por el hecho de que los permisos para remover la vegetación fueron emitidos antes del decreto promulgado en 2007 por el entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, que protege el manglar e impide la construcción de cualquier proyecto en zonas donde se encuentre este tipo de ecosistema.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por el verdeecologista Rafael Pacchiano Alamán, le aprobó al Fonatur la destrucción del Manglar Tajamar y con ello a empresarios que antes, y por distintos desarrollos, habían sido acusados e incluso sancionados por devastar otros manglares en Quintana Roo, el estado que aún gobierna el priista Roberto Borge Angulo.
Entre las 22 empresas que pretenden edificar en la 59 hectáreas del Manglar Tajamar se encuentran algunas que son propiedad de personajes ligados a figuras de la política mexicana y otras más a la cúpula empresarial, principalmente de Nuevo León y Quintana Roo.
El Malecón Tajamar, ubicado en la cabecera de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, se colocó en el ojo público luego de que el 90 por ciento de sus terrenos fueran devastados para iniciar construcciones que van desde comercios hasta una catedral, sepultando, incluso vivos, a los animales nativos y destruyendo la flora del área.
SinEmbargo publicó una nota en enero pasado donde reveló que la dependencia entregó Tajamar a empresas ligadas a políticos.
En el caso de la Desarrolladora El Arca encontró que esta compañía privada, dedicada a la construcción de viviendas unifamiliares, enfrentó un caso similar en enero de 2012, cuando el Ayuntamiento Solidaridad emitió una multa a esta empresa por 1 millón 424 mil 250 pesos, debido a la devastación de dos hectáreas de un manglar ubicado en ese municipio.
Inmobiliaria Moka, una de las compañías que posee terrenos en la ahora zona devastada en Tajamar, tiene como representante al empresario de origen libanés William Jorge Karam Kassab.
Si bien se carece de información pública de los actos de esta empresa, quien la representa es un personaje relacionado desde hace años con el ex Gobernador de Tabasco y ex candidato a la Presidencia de la República por el PRI, Roberto Madrazo Pintado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-06-2016/3051863
La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó hoy un informe sobre recomendaciones por violaciones a derechos humanos que establece que en los últimos 26 años se emitieron 2 mil 537 recomendaciones a mil 102 autoridades, de las cuales 361 tienen pendiente el cumplimiento de alguno de los puntos recomendados. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México y Veracruz son las entidades que han recibido el mayor número de recomendaciones de 1990 a la fecha.
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México y Veracruz son las entidades que han recibido el mayor número de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 1990 a la fecha.
La Comisión presentó hoy un informe sobre recomendaciones por violaciones a derechos humanos que establece que en los últimos 26 años se emitieron 2 mil 537 recomendaciones a mil 102 autoridades, de las cuales 361 tienen pendiente el cumplimiento de alguno de los puntos recomendados.
Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, indicó que la autoridades federales con más recomendaciones son la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los poderes ejecutivos de Chiapas y Oaxaca, con 105 y 104 casos respectivamente.
Pero en el desglose por entidad, las autoridades de Guerrero lideran la lista con 136, seguido de Oaxaca con 134, Chiapas con 127, Ciudad de México con 100 y Veracruz con 93.
Incluso en el desglose por municipio, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chihuahua y Puebla son los más recomendados.
En cuanto a la recomendaciones pendientes, 320 están relacionadas a las 530 emitidas entre 2011 y 2016, de las cuales 60 por ciento no han sido cumplidas en su totalidad.
“La simulación, omisión, parcialidad y falta de apego a la ley en el cumplimiento de las recomendaciones puede ser igual de grave a la negativa a aceptar las mismas”, dijo González Pérez.
La autoridades que deben la mayor parte de la recomendaciones son la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el IMSS, la PGR, la Sedena y el Gobernador de Guerrero con 14.
Unas 28 de estas recomendaciones incumplidas tienen más de seis años de antigüedad, 57 entre cuatro y seis, 132 de tres a cuatro, 128 entre uno y dos, y 16 menos de un año.
Los puntos pendientes más importantes en falta de cumplimiento son los relacionados a las garantías de no repetición, atención a víctimas y en procesos para determinar responsabilidades administrativas y penal de servidores públicos.
VIOLACIONES GRAVES
La CNDH identificó cuatro casos graves de violaciones a los derechos humanos aún pendientes por resolver.
El primero es el del 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero; la segunda del 9 de julio de 2014 en Ocoyucan, Puebla; la tercera por el caso de Apatzingán, en Michoacán, y la cuarta del 30 de junio de 2014 referente al caso Tlatlaya.
En todas ellas varias de la autoridades estatales y federales han incumplido puntos recomendados.
El presidente de la CNDH dijo que, en general, las autoridades que han incumplido con las recomendaciones no tienen justificación.
“No puede ser, sin bien entendemos que hay algunas recomendaciones con complejidad, pero hay otras que no entendemos porqué esta indolencia no se justifica”, indicó.
El ombudsman destacó que nunca antes se había hecho un “corte de caja” como el que se incluyó en el informe presentado hoy.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-06-2016/3051897
Ciudad de México. El futbolista mexicano Alan Pulido, ficha del Olympiacos griego, confesó que trata de olvidar el secuestro de 24 horas que sufrió recientemente en Tamaulipas (noreste) y, a pesar de una aparente actitud heroica que facilitó su liberación, confesó que quedó "un poco aterrorizado".
PGJE: más de 150 personas fueron asesinadas en el Cereso de Piedras Negras en 4 años. Continúan las diligencias para localizar a más desaparecidos, asegura agente del MP.
Saltillo, Coah. Los restos de personas que fueron torturadas y asesinadas por Los Zetas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Piedras Negras, entre los años 2008 y 2012, fueron hallados en el río San Rodrigo y su desembocadura en el río Bravo, en la frontera norte del estado, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Personal de la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas en Coahuila también descubrió que dentro del Cereso de Piedras Negras, integrantes de Los Zetas realizaban actividades de fabricación de ropa táctica y modificación de vehículos en carrocería y pintura.
Por órdenes de Ramón Burciaga Magallanes en este centro penitenciario se privó de la vida a varias personas e incineraron sus cuerpos. Las cenizas fueron trasladadas y vertidas en el río San Rodrigo a la altura del ejido El Moral, ubicado en la carretera Piedras Negras-Ciudad Acuña, precisó José Ángel Herrera, agente del Ministerio Público encargado de esa subprocuraduría.
Detalló que la PGJE obtuvo órdenes de aprehensión en contra de David Alejandro Loreto Mejorado, Francisco Javier Vélez, Santiago Peralta García, Ramón Burciaga Magallanes y Manuel Elguezabal Hernández por los delitos de desaparición forzada, entre diciembre de 2009 a enero de 2012. Todos se encuentran presos en ese reclusorio por secuestro, homicidio, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y tráfico de drogas.
Indicó que las órdenes de aprehensión tienen como finalidad llegar a la verdad de lo ocurrido en el Cereso de Piedras Negras por la desaparición de siete personas que fueron privadas de la vida.
La investigación sigue abierta y continúan las diligencias para hallar a más personas con reporte de desaparición y que según testimonios fueron trasladadas al centro penitenciario para privarlas de la vida, agregó.
Herrera detalló que entre enero y febrero de 2014, durante un operativo de búsqueda de desaparecidos en municipios de la zona fronteriza del estado, agentes de la subprocuraduría hallaron evidencias de que el Cereso de Piedras Negras sirvió como casa de seguridad de Los Zetas.
Hubo revisiones dentro del reclusorio y “en dicho lugar existió un autogobierno dirigido por miembros de la delincuencia organizada, específicamente de Los Zetas”.
La dependencia hizo 138 entrevistas a reos del Cereso de Piedras Negras de las que se advierte que hay más involucrados, mismos que se fugaron de esa prisión en septiembre de 2012. Los prófugos fueron recapturados se encuentran internos en distintas cárceles federales, por lo que se solicitó colaboración para recabar sus declaraciones y en su momento ejercitar la acción penal correspondiente.
Policías, peritos y agentes del Ministerio Público hicieron con los reos la reconstrucción de hechos para conocer la forma y sitios exactos en que Los Zetas torturaban a sus víctimas, los ejecutaban y los desintegraban en tanques de acero.
Se recolectó diversa evidencia que se envió a la Policía Federal División Científica para su análisis y una vez realizado el dictamen se concluyó que la evidencia recolectada correspondía a fragmentos óseos que por su grado de calcinación no se pudo determinar su origen, dijo el funcionario.
En enero pasado, la dependencia indicó que entre 2008 y 2011, células de ese grupo delictivo que operaban en la zona norte de Coahuila mataron dentro del reclusorio a más de 150 personas, a las que secuestraron en Piedras Negras y otros municipios de la región. Los cadáveres fueron incinerados y desintegrados en tanques de acero con diésel y ácido.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LEOPOLDO RAMOS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/06/08/estados/024n1est
CIUDAD DE MÉXICO: Los virtuales gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; Puebla, José Antonio Gali Fayad, y Quintana Roo, Carlos Joaquín, cuentan con fortunas que superan los 17 millones pesos.
El más acaudalado de todos es Murat Hinojosa, con una fortuna de 32 millones de pesos, de acuerdo con su declaración 3de3, que incluye a su esposa Ivette Morán.
El virtual gobernador de uno de los estados con mayor pobreza extrema en el país tiene 11 propiedades en la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla y Yucatán, así como acciones en 12 empresas, entre ellas “Autobuses México Toluca Zinacantepec y Ramales”, en la que también tiene participación la nueva esposa de su padre José Murat, Aurora Alcántara, según información difundida por el portal Aristegui Noticias.
En su declaración, Murat Hinojosa no menciona ninguna propiedad en Estados Unidos de él o de su esposa, como lo dio a conocer el diario The New York Times.
Otro de los virtuales gobernadores con mayor riqueza es el de Puebla, José Antonio Gali Fayad, con 20.8 millones de pesos, seguido del abanderado de PAN-PRD en Quintana Roo, Carlos Joaquín, que posee 17.4 millones de pesos, entre cuentas bancarias y 13 propiedades en ese estado, Yucatán y la capital del país.
En el otro extremo, los tres gobernadores entrantes con menos bienes son el de Aguascalientes, el panista Martín Orozco Sandoval, con 3.6 millones de pesos; Tlaxcala, el priista Marco Antonio Mena, y Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, también del PRI, quien posee 7 millones de pesos.
Durante las campañas electorales en Hidalgo, Omar Fayad había prometido que no sólo presentaría su 3de3, sino que además entregaría un examen toxicológico, pero al final no hizo ninguna de las dos cosas. Cuando sus contrincantes le reclamaron porqué no había cumplido, el priista contestó que era “una estrategia” de sus adversarios en la que no entraría.
En Tamaulipas, ninguno de los ocho candidatos que luchaban por la gubernatura cumplió con su 3de3.
La iniciativa “Ley3de3” no solamente tiene que ver con las declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos, sino que también abarca cambios a siete leyes que harán operante al Sistema Nacional Anticorrupción.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443379/una-fortuna-32-mdp-murat-hinojosa-acaudalado-los-virtuales-gobernadores
CIUDAD DE MÉXICO: La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) expresó su respaldo a las nuevas medidas adoptadas por el gobierno federal en materia ambiental a través de la Norma Oficial Mexicana Emergente (NOME).
En particular destacó que la adopción de la verificación de emisiones contaminantes a través del Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD por sus siglas en inglés) en vehículos a partir de los modelos 2006, así como el ajuste a los máximos permisibles para todas las unidades con la nueva Norma, reducirá el impacto ambiental que representan los vehículos en circulación.
Las nuevas reglas de verificación vehicular que operarán en seis entidades federativas que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), harán más estrictos los límites de emisiones contaminantes e incorporarán el uso de sistemas de diagnóstico del auto a fin de lograr, según las autoridades, una verificación más “segura, transparente y rápida”.
De acuerdo con la CAMe, con estas medidas, 1.9 millones de vehículos modelo 2005 y anteriores que transitan en el Valle de México sólo podrán aspirar al holograma 1, por lo que necesariamente tendrán que descansar un día a la semana y dos sábados al mes.
Si no pasan esa verificación, tendrán holograma 2 y deberán sumar otros dos sábados de descanso al mes.
En contra parte, según la nueva norma, los vehículos modelo 2016 y posteriores quedarán exentos de la verificación vehicular obligatoria hasta por cuatro años a partir de su adquisición.
Así el panorama, se entiende el reconocimiento de la AMDA a la NOME.
En mayo pasado, la industria automotriz comercializó 121 mil 587 vehículos nuevos, 19.2% más con respecto al mismo mes del año pasado según datos de la propia AMDA y de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
Los distribuidores de automóviles esperaban vender 114 mil 832 unidades durante el mes pasado y vendieron seis mil 755 vehículos más.
La venta acumulada de enero a mayo fue de 587 mil 320 vehículos, un crecimiento de 16.8%, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Las compañías cuyas ventas crecieron más fueron Hyundai, con 52.1%; Suzuki, con 37.9%; Toyota, con 31.6%; Honda, con 28.3%; General Motors, con 23.8%, y Volkswagen con 15%.
Guillermo Rosales, director general adjunto de AMDA, afirmó que las ventas de los primeros cuatro meses del año han sido “las mejores en la historia de la industria automotriz”.
Y tras el anuncio oficial de la NOME, la AMDA aplaudió el nuevo modelo de gestión vehicular que “reconoce el desempeño de los automotores cada vez más eficientes y de menor impacto en el medio ambiente”.
No obstante, señaló que es necesario ejecutar políticas públicas mucho más eficientes para solucionar la crisis ambiental que padece el Valle de México, entre ellas, mejorar el transporte público, implementar programas de reforestación y remediación ambiental, así como avanzar en el control de emisiones ambientales para solucionar la crisis que padece la región.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443391/crece-venta-autos-nuevos-ante-endurecimiento-verificacion-vehicular
CIUDAD DE MÉXICO: El Instituto Nacional Electoral (INE) informó hoy que se revisará por diversas inconsistencias el 62.26 por ciento de los paquetes electorales de la votación para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina detalló que al menos 7 mil 962 paquetes electorales de los 27 distritos locales podrían irse a recuento voto por voto.
En 5 mil 382 de los paquetes, precisó, se debe a que en las actas hay alguna diferencia en datos respecto a cuántas boletas sobraron y si eso se corresponde en el cuadernillo de las personas que votaron.
En los restantes 3 mil 843 paquetes se recontarán porque los votos nulos son mayores a la diferencia entre primero y segundo lugar.
En los comicios del domingo pasado, Morena se alzó con el primer lugar al obtener 633 mil 263 votos contra 553 mil 192 del PRD, aunque con una abstención del 72 por ciento.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443389/decide-ine-revisar-voto-voto-62-los-paquetes-electorales-la-cdmx
En una auditoría excepcional a las finanzas públicas el órgano fiscalizador encontró que el mandatario mintió al Congreso para que se le autorizara pedir un préstamo por 638 millones de pesos.
El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de Colima (Osafig) presentó una denuncia penal contra el exgobernador Mario Anguiano y dos de sus excolaboradores por desvío de 638 millones de pesos. Además pidió la inhabilitación de los funcionarios y el pago de multas millonarias.
El órgano fiscalizador también pidió al Congreso del Estado inhabilitar al exmandatario por 14 años para desempeñar cargos públicos; a Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno por 6 años y a Blanca Isabel Avalos, secretaria de Finanzas por 10 años.
Cada uno debe pagar como sanción económica 638 millones de pesos, equivalentes a los daños ocasionados, y de 69 millones 66,097 pesos para resarcir los daños y perjuicios a la hacienda pública.
Mario Anguiano, militante del PRI, gobernó Colima de 2009 a 2015.
Una auditoría excepcional realizada a las finanzas del estado concluyó que en 2015, Anguiano, entonces gobernador y Blanca Isabel Avalos, y Rafael Gutiérrez Villalobos, hicieron mal uso de un préstamo pedido al banco Interacciones por 638 millones de pesos.
El dinero se utilizó para el pago de gastos de la cuenta corriente (salarios) y préstamos pedidos a otros bancos, lo que contraviene a la Ley de Deuda Pública del Estado, que determina que los créditos que el gobierno del estado adquiera deberán ser para inversiones públicas productivas, como obras, adquisición de maquinaria y equipo, proyectos y modernización de la infraestructura operativa de la entidad.
“En ningún caso los recursos provenientes de la reestructuración o refinanciamiento, podrán destinarse al concepto de gasto corriente”, señala el artículo 2 de la ley.
De acuerdo con la auditoria, los funcionarios presentaron información falsa al Congreso del estado, pues el gobierno argumentó en el Decreto 565 aprobado el 20 de septiembre de 2015 que el crédito por 638 millones sería para la Infraestructura Pública Productiva, lo que “no corresponde” con el destino final de los recursos.
El órgano fiscalizador pidió a la Secretaría de Finanzas estatal justificar el destino de los recursos, a través de contratos de obras, servicios, facturación, comprobantes de pagos de impuestos, entre otros documentos; pero la dependencia respondió que no era factible realizar la justificación
Por ello, el Osafig resolvió que “se considera necesaria la imposición de sanciones administrativas por las conductas u omisiones de los servidores públicos que en ejercicio de cargo violentaron, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actividad, independientemente si causó daños o perjuicios a la hacienda pública”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/auditoria-de-colima-denuncia-al-exgobernador-mario-anguiano-por-desvio-de-recursos/
Sus candidatos en esas entidades rechazaron el conteo preliminar y acusaron que el día de la elección hubo intimidación, además de compra de votos.
Los personajes que contendieron como candidatos del partido Morena en los comicios para elegir gobernador en Zacatecas y Veracruz descalifican los resultados preliminares, y acusan que las elecciones no fueron limpias.
David Monreal, quien contendió como abanderado de Morena en Zacatecas, incluso llamó a una resistencia civil pacífica en la entidad, desconociendo los resultados preliminares que colocan como ganador al priista Alejandro Tello.
“Es importante dejar claro que esta elección no fue limpia, y por eso no reconocemos el resultado. El gobierno se aprovechó de la misma necesidad que crearon, para comprar votos. También se aprovechó de la violencia en que tienen sumido a nuestro estado para intimidar a los ciudadanos, valiéndose de la fuerza pública, y de grupos civiles armados y encapuchados”, se escucha decir a Monreal en un video difundido en su página de Facebook.
“Por eso los convoco a promover una resistencia civil pacífica, cuya primera tarea será exigir que se limpie la elección”, agregó.
En otro punto de su mensaje, Monreal pide a los ciudadanos que aporten pruebas y testimonios, para recurrir a instancias legales.
De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el PRI en alianza con el Partido Verde y Nueva Alianza encabezó las preferencias con el 37.31% de los votos, y en segundo lugar se ubicó Morena, con un 27.22%.
En el caso de Veracruz, quien contendió como candidato de Morena, Cuitláhuac García, dijo el pasado martes a la cadena Radio Fórmula que en su propio conteo preliminar el aspirante de la alianza entre PAN y PRD, Miguel Ángel Yunes Linares, solo tenía una ventaja de 0.56% de los votos.
Por ello, dijo, esperará a tener los conteos definitivos, antes de aceptar una derrota. “El PREP está totalmente fuera de la realidad”, expresó García. El político de Morena dijo que en Veracruz se vivió una jornada electoral lamentable el 5 de junio, con compra de votos y una campaña de intimidación, por medio de llamadas y mensajes, para que la gente no saliera a votar.
El PREP de Veracruz señaló que el candidato de PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes, logró el primer lugar con 34.41% de los votos, seguido del candidato del PRI, Héctor Yunes, que alcanzó 30.53%, y en tercer lugar se ubicó Morena, con 26.25%.
Los resultados definitivos de ambas elecciones, Zacatecas y Veracruz, se conocerán cuando concluya la etapa de los cómputos distritales.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/morena-descalifica-los-resultados-en-zacatecas-y-veracruz-monreal-llama-a-resistencia-civil/
CIUDAD DE MÉXICO: El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, señaló que entre los egresados de escuelas normales y de universidades es necesario abrir “el abanico de competencia” para que ingresen al Servicio Profesional Docente “los mejores maestros”.
Luego de sostener que la reforma educativa “rompió con el monopolio” que tenían las normales en la formación de maestros, el funcionario federal aseguró que “hoy cualquier persona con título puede presentar el examen de ingreso, competir, y si obtiene resultados adecuados, ingresar al servicio”.
En ese sentido, dijo, las universidades son “corresponsables en la formación de los futuros maestros”.
En el Colegio Militar, donde en un acto privado dictó la conferencia ‘La Política Educativa del Estado Mexicano’, Nuño informó que en los próximos días se presentará el plan de fortalecimiento y reestructuración de la educación normal en el país.
“Tendremos que hacer un replanteamiento en el que tanto las normales como las universidades se modernicen, y empiecen hablándose y coordinándose, para que de toda esta cantera podamos sacar y conformar a los nuevos maestros que tenga México”, apuntó.
Según el titular de la SEP, el sistema educativo “tenía baja calidad, y a través de los años se fue construyendo como un sistema altamente corporativo y clientelar, donde las fuerzas sindicales tenían el control de muchos aspectos de la educación”.
Subrayó que al tener políticamente el control de la vida de los maestros, “al decidir quién podía ser maestro o directivo, se tenía esa capacidad o esa influencia, y se podía controlar la vida del maestro”, pero con la reforma educativa –agregó– “se avanza en un nuevo sistema de derechos y obligaciones, sustentado y basado en el mérito”.
Remató: “Hoy para ser maestro en México se tiene que hacer un concurso nacional, una evaluación nacional, y quienes aprueban esta evaluación y demuestran que son los más aptos, son quienes entran al Servicio Profesional Docente”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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CIUDAD DE MÉXICO: El ejercicio periodístico debe gozar de la protección e independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, como requisito indispensable para ejercer una plena libertad y fortalecer el debate público, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En un comunicado, el organismo destacó que la estrategia de prevención de agravios a periodistas e informadores debe ser integral, por lo que deben atenderse los factores de riesgo y fortalecer las instituciones para dar respuesta efectiva a los casos de violencia.
Además, apuntó, las autoridades deben comprometerse a cumplir las normas que protegen la labor periodística y entender que ese ejercicio profesional coadyuva en el modelo democrático y no amenaza al desarrollo institucional.
En ocasión del Día de la Libertad de Expresión –7 de junio–, la CNDH subrayó que pese a los avances normativos y una mayor apertura a la crítica, “no se pueden ignorar las amenazas e intentos por coartar la libertad de expresión que han convertido a México en uno de los países con más número de agresiones”.
Asimismo, sostuvo que sólo mediante investigaciones profesionales y exhaustivas se podrá reducir el 90% de índice de impunidad que persiste en las agresiones contra el gremio, “impunidad que lamentablemente tiene como consecuencia la autocensura y la inhibición de los comunicadores en muchas regiones del país”.
De acuerdo con el organismo de derechos humanos, aún hay muchos pendientes en este tema para que los periodistas ejerzan sin cortapisas y sin riesgo el derecho a informar, y se unió a las legítimas demandas ciudadanas que pugnan por una libertad de expresión efectiva.
Precisó que en lo que va de 2016, siete periodistas han sido asesinados en el país. El crimen más reciente fue el de Manuel Torres González, director del portal NoticiasMT, ocurrido el pasado 14 de mayo en Poza Rica, Veracruz.
Con ese homicidio, apuntó, suman 114 los asesinatos contra periodistas desde el año 2000, además de que 20 están desaparecidos desde 2005 y se ha atentado contra 49 medios de comunicación desde 2006, “situación que debe alertar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir estas agresiones y a garantizar que los crímenes cometidos en su contra sean investigados y debidamente sancionados”.
Dichos agravios contra reporteros y medios informativos, agregó, han derivado en autocensura, desplazamiento y exilio forzado de periodistas, generación de espacios de silencio en el país y vulneración de los principios fundamentales de una sociedad abierta, plural y democrática.
Y agregó que autoridades, poderes fácticos –especialmente los relacionados con el crimen organizado— y particulares se han convertido en censores de los medios ante las investigaciones que realizan sobre delincuencia organizada y narcotráfico.
El incremento de este tipo de agresiones en los últimos años llevó al Consejo Consultivo de este Organismo Nacional a aprobar el pasado 8 de febrero la Recomendación General 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México”, donde se da cuenta de la situación de riesgo que enfrentan los comunicadores en México, puntualizó.
Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, entregó de manera simbólica a la Casa de los Derechos de Periodistas las llaves de lo que será el refugio para periodistas en riesgo, que perseguidos o amenazados llegan desde otras entidades del país en busca de seguridad.
Junto con las secretarias de Gobierno, Patricia Mercado Castro, y del Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García Medina, el mandatario capitalino reafirmó su compromiso con la seguridad y la vida de las y los periodistas del país.
Ante la presidenta de la Casa de los Derechos de Periodistas, Judith Calderón, así como integrantes del consejo de esa organización, Mancera anunció la creación de un seguro de desempleo para quienes necesitan ser resguardados temporalmente en la Ciudad de México, sin la exigencia de residencia, porque se trata de un periodista, y dijo que se procurará incrementar la cantidad de este seguro, además de servicios médicos.
Cumplimos de esta forma con ese pendiente involuntario y seguiremos juntos avanzando en las tareas que vienen, añadió.
Judith Calderón, presidenta de la Casa de los Derechos de Periodistas, afirmó que el compromiso de esa organización conformada en 2010 es luchar y “tenemos la esperanza de que se detenga la violencia en México que ha dejado 120 asesinatos contra trabajadores de los medios de comunicación”, cuatro de ellos cometidos en lo que va del presente año, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos contra la libertad de Expresión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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CIUDAD DE MÉXICO: Una persona fue asesinada cada 28 minutos en México el año pasado. Cada día se registraron cinco secuestros, aunque la cifra real podría ser 100 veces mayor. Cada 30 segundos ocurrió un robo con violencia y un robo de vehículo.
Lo anterior se desprende de las averiguaciones previas abiertas por los delitos de mayor impacto, que las autoridades mexicanas abrieron en 2015, y que recopiló el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en un amplio informe publicado hoy.
Según este estudio, por primera vez desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia, el país sufrió una alza en la tasa de homicidio doloso: las 18 mil 650 víctimas de asesinato registradas por las autoridades en 2015 fueron superiores en un 6.54% a las registradas en 2014.
Algunos estados, como Morelos, Guerreo, Colima, Puebla y Baja California Sur, sufrieron incrementos más brutales todavía: desde 33% para Guerrero hasta 108.33% en Baja California Sur.
Con 106 averiguaciones previas abiertas por homicidio doloso por cada cien mil habitantes en 2015, Acapulco rebasó diez veces la tasa de 10 por 100 mil homicidios dolosos, límite a partir del cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que existe una epidemia de violencia. En la ciudad porteña se abrieron 902 averiguaciones previas por homicidio doloso.
Zona centro, la más violenta
Cuatro de cada diez asesinatos sucedieron en la región Centro, que agrupa la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala –y concentra 41 millones 500 mil personas–. Y no sólo esto: ahí ocurrió el 37.10% de los secuestros, el 38.11% de las extorsiones, el 50.21% de robos con violencia y 47.54% de robos de vehículos.
Ecatepec, el municipio mexiquense ubicado en la periferia de la Ciudad de México, concentró el 16% de los robos de vehículos a nivel nacional. Se colocó en el cuarto lugar nacional en materia de homicidios dolosos y secuestro y resultó la ciudad con mayor robo con violencia y robo de vehículo, también con violencia.
“2015 fue un año en donde la sociedad mexicana continuó resintiendo los efectos de la falta de seguridad, del ejercicio sistemático de la violencia, la ausencia de un Estado de derecho y la violación de los derechos humanos”, sostuvo el ONC.
Entre otros, la organización mencionó las ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán y Tanhuato; las dos mil 420 averiguaciones en trámite por tortura; el descubrimiento de fosas clandestinas en estados como Guerrero, Veracruz y Michoacán; el “grave problema de las desapariciones y desapariciones forzadas en el país”; el disparo del 21.8% de agresiones contra la prensa en comparación con 2014 –con 397 casos registrados por Artículo 19—o el asesinato de siete periodistas.
Bajan delitos pero 92% no denuncian
Al revisar la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), el ONC determinó que en 2015 se redujo el número de averiguaciones previas abiertas por cinco de los seis delitos de mayor impacto –homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de vehículo–.
Sin embargo, advirtió que “podríamos tener la tentación de pensar que hemos logrado dar la vuelta a la problemática nacional”, al precisar: “Son disminuciones que se derivan de importantes inconsistencias, de modificaciones de la información y debilidades de los propios de sistematización y registro de las instituciones de procuración de justicia”.
Y precisó que los datos sobre delitos del SENSP apenas representan la punta del iceberg, pues el 92% de los delitos no se reportan en el país y “una importante proporción (de denuncias) no fue clasificada correctamente o su registro fue modificado sin explicación alguna por parte de las autoridades”.
En conferencia de prensa, Fernando Rivas, director general del ONC lamentó que las autoridades del Estado de México se negaron a colaborar con la sociedad civil para transparentar sus procesos de registro, pese a que impera en la entidad una cifra negra por no reporte de delitos del 93.64%.
Además, insistió que el ONC reportó 11 mil 278 modificaciones a las bases de datos oficiales entre marzo de 2015 y febrero de 2016, las cuales “pueden ocultar cambios a nivel estatal”, donde las procuradurías suelen ser más opacas.
Secuestro subestimado
En 2015 se registraron mil 306 víctimas de secuestro, una cifra inferior en un 29% a la de 2014. Sin embargo, el ONC señaló que este delito es uno de los menos denunciado en el país, y planteó que durante tres años sucesivos –2012, 2013 y 2014– la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad (ENVIP) contabilizó más 100 mil secuestros.
En cifras reales el Estado de México resultó la entidad con mayor cantidad de secuestros registrados, con 477 víctimas reconocidas por las autoridades el año pasado.
En Tamaulipas se reportaron 377 víctimas en las averiguaciones previas –lo que resulta en una tasa 645% superior a la nacional–, mientras la ciudad fronteriza de Reynosa reportó 29.8 averiguaciones previas abiertas por cada cien mil habitantes.
El ONC recordó que Tamaulipas fue el último paradero de uno de cada cinco desaparecidos en el país, de los 26 mil 600 que reconocen las autoridades; tres mil 637 desaparecieron en las ciudades Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo; tres ciudades colindantes con la frontera estadunidense.
Y subrayó que tan sólo tres estados, Tamaulipas, el Estado de México y Veracruz, acumularon el 46.49% de los secuestros registrados en el país el año pasado.
En materia de homicidio culposo; es decir, que el homicida no tenía la intención de matar a la víctima, las autoridades registraron 17 mil 476 víctimas en 2015, una cifra inferior en un 7.17% a la de 2014. Sin embargo, el ONC lleva años señalando que las autoridades registran el 80% de las averiguaciones previas por homicidio culposo bajo la categoría “otros”.
La organización detectó la misma tendencia a la baja para el delito de extorsión, con cinco mil 266 víctimas registradas en 2015, inferior en un 15% en comparación con 2014. Con 188 averiguaciones previas abiertas, Monterrey se convirtió en la segunda ciudad con mayor número de extorsiones del país.
Militarización, un fracaso
En línea con los informes que documentaron el fracaso de la militarización de la seguridad pública, publicados recientemente tanto por organismos internacionales –la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ejemplo–, como por organizaciones no gubernamentales, el ONC recomendó “dejar de privilegiar el uso de la fuerza del Estado para el combate a la inseguridad y la violencia en el país”.
“El proyecto de enfrentar la violencia con más violencia no está dejando los resultados esperados”, sentenció.
Según la organización, el incremento del número de homicidios “evidencia ciertas fallas o debilidades de las instituciones del Estado no solo para controlar el territorio nacional evidentemente disputado por los grupos criminales sino para garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales de la población”.
Según el informe, la tasa de averiguaciones previas abiertas por el delito de homicidio doloso se incrementó entre 2006 y 2015.
En 2006, las autoridades mexicanas abrieron 10.89 averiguaciones previas por cada cien mil habitantes. Oaxaca era el estado más violento del país en términos de asesinatos, con 28.69 averiguaciones previas abiertas por cada cien mil habitantes. Le seguían Guerrero, Sinaloa y el Estado de México, con tasas de 25.17, 22.12 y 19.08 por cada cien mil habitantes.
Nueve años más tarde, la tasa de averiguaciones previas abiertas por homicidio doloso se elevó a 14.06 por cada cien mil habitantes. En Guerrero, la tasa de asesinatos registrados se elevó a 56.50 por cada cien mil; y le siguen Sinaloa, Morelos y Chihuahua, con tasas respectivas de 33.27, 25.78 y 25.47 por cada cien mil habitantes.
“Con el cambio de estrategia de la política de seguridad en 2006 que permanece vigente actualmente, la conducta delictiva se ha extendido y/o intensificado en otras entidades que hace algunos años no presentaban problemas sobre este delito”, subrayó el ONC.
Entre sus recomendaciones, el ONC urgió las autoridades a atacar las condiciones estructurales que fomentan la violencia, entre ellas la pobreza, la desigualdad o la ausencia de un Estado de Derecho.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE
LINK: http://www.proceso.com.mx/443284/en-2015-una-persona-fue-asesinada-28-minutos-revela-informe-del-onc
Ciudad de México. Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron que las caravanas provenientes de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán ya se encuentran en los accesos a la Ciudad de México, por lo que se prevé que la movilización programada para hoy inicia a las 12:00 horas.
Integrantes de la dirección política indicaron que el contingente de Oaxaca y Chiapas ya se encuentra reunido en la caseta de San Marco, en la autopista México-Puebla, de dónde avanzarán de forma conjunta, al igual que los contingentes que se hayan sumado de Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Al sur de la capital del país, en la caseta de la Marquesa, en la autopista México-Toluca se coordinará el ingreso de los maestros de Michoacán y Guerrero, así como de Morelos. Hasta el momento, indicaron, “se reporta un avance sin contratiempos, por lo que esperamos realizar la actividad prevista para este miércoles”, una marcha que partirá desde el antimonumento. Se prevé que pueda llegar al Senado de la República o a la Secretaría de Gobernación, aunque el lugar de llegada de la movilización podría modificarse.
Educadores disidentes que participan en las caravanas informaron que “llegamos a las casetas sin novedad, y esperamos que se nos permita el paso. Se encuentran elementos de seguridad, pero hasta ahora no han intentado iniciar un cerco o bloquear el paso”. Se reporta que el avance de los autobuses es lento, pero se espera iniciar con la actividad de protesta como se tenía programado.
La caravana de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), proveniente de Oaxaca, arribó sin contratiempos a la caseta de San Marcos Huixtoco de la autopista México-Puebla, donde los recibió una comisión de profesores mexiquenses que también impugnan la reforma educativa.
Encabezados por el profesor José Antonio, de la sección 22, un centenar de maestros llegó a bordo de dos autobuses, en los que posteriormente se trasladarán a la ciudad de México para sumarse al plantón que mantienen la Alameda Central.
Por su lado, los profesores de las secciones 7 y 40 de la CNTE, de Chiapas, hasta las 8:30 de hoy se encontraban en San Martín Texmelucan, Puebla. Se espera que en una hora también arriben a esta caseta. Marisol Rodríguez, integrante de la sección 7, informó que su traslado tiene como propósito reforzar el plantón nacional representativo de la CNTE en la ciudad de México.
Los profesores de Chiapas han sostenido encuentros en los estados Tabasco, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo, donde anoche pernoctaron. Este contingente, que se traslada en diez autobuses y dos autos, tomó hoy el Arco Norte para incorporarse a la autopista México-Puebla y llegar a la caseta de Chalco, en el kilómetro 33 más 300, antes de las diez de la mañana.
En tanto, la caravana de maestros mexiquenses, representada por la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (Uprez), arribó aquí en 30 vehículos, cerca de las 7:00 de la mañana, para apoyar a la CNTE.
Hasta las 8:30, no se ha observando presencia policíaca, sólo algunas unidades de la Policía Federal cuyos elementos se mantienen a la expectativa.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA POY SOLANO, RENÉ RAMÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/08/caravanas-de-la-cnte-llegan-a-la-cdmx
Ciudad de México. Esta mañana, bancos capitalino venden el dólar libre hasta en 18.43 pesos, 26 centavos menos respecto al cierre de la jornada cambiaria de ayer, y lo compran en un mínimo de 17.60 pesos.
A la venta, el euro alcanza una cotización de 20.92 pesos, una baja de 23 centavos comparado con la víspera, en tanto, el yen se ofrece en un máximo de 0.185 pesos por unidad.
En opinión de Banamex, existen mayores preocupaciones por la oferta de petróleo por lo que el crudo ha elevado su precio y con ello también generado optimismo en las bolsas y en la cotización de las divisas de mercados emergentes.
El Banco de México (Banxico) ubica en 18.5067 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
A su vez, las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días se sitúan en 4.0886 y 4.1890 por ciento, respectivamente, la primera con retroceso de 0.0029 y la segunda con ganancia de 0.0054 puntos porcentuales.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/08/dolar-promedia-en-18-97-en-el-aicm
CIUDAD DE MÉXICO: En la delegación Cuauhtémoc operan al menos cinco cárteles del crimen organizado dedicados al lavado de dinero, trata de personas, secuestro, extorsión y homicidios, reconoció el jefe delegacional Ricardo Monreal.
Sin embargo, argumentó que no tiene facultades ni recursos para intervenir en su combate. Por ello, llamó a la conformación de un “frente amplio e integral” contra la delincuencia organizada en la Ciudad de México.
Ante diputados de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el funcionario aseguró que tiene un “mapa delictivo” de la delegación con lugares y horarios en los que se registran los mayores índices delincuenciales, algunos de ellos, en complicidad “con algunas autoridades”.
Y ofreció varios ejemplos: el robo a transporte público ocurre en mayor medida en la colonia Centro; el de autos sucede más en la colonia Santa María la Ribera; mientras que los transeúntes son asaltados con mayor frecuencia de seis a 10 de la mañana en el Eje Central, República de El Salvador, Doctor Arce y Eje 1 Poniente Guerrero.
En cuanto a la trata de personas, el funcionario dijo que se tienen localizados al menos 20 lugares donde ocurre. No obstante, detalló que para actuar contra los delincuentes se debe iniciar una averiguación previa. De hecho, lamentó que la delegación ha cerrado algunos locales donde ocurre ese delito, “pero se amparan y vuelven a abrir”.
Monreal Ávila agregó que en ocho de las 33 colonias que forman la delegación se concentra la delincuencia, entre ellas: Centro, Morelos, Guerrero, Santa María La Ribera, Obrera y Atlampa.
Sin embargo, reiteró que no tiene facultades ni recursos para combatir estos delitos, además de que intentar combatirla de manera aislada “es un error”.
Por ello, propuso la formación de un “frente amplio e integral contra la delincuencia organizada en el que participe el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y esté apoyado por una secretaría técnica.
En él tendrían que participar todos los jefes delegacionales, así como las procuradurías General de Justicia capitalina (PGJ) y la General de la República (PGR), las secretarías de seguridad local y federal y hasta la Secretaría de Gobernación, debido a que hay involucrados delitos federales, por ejemplo, el narcomenudeo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443330/reconoce-monreal-operan-cinco-carteles-del-cren-la-cuauhtemoc
CIUDAD DE MÉXICO: Ante la severa crisis de derechos humanos que padece México, además de la acumulación de atroces crímenes cometidos tanto por fuerzas de seguridad como por el crimen organizado, la única salida posible es la asistencia internacional independiente, pero con la posibilidad de llevar a juicio algunos de los casos más graves ocurridos en los últimos años en el país.
Así lo considera James Golston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, quien este martes presentó el informe “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, en presencia de decenas de familiares de víctimas de la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el expresidente Felipe Calderón.
Se trata de un compendio pormenorizado de violaciones a derechos humanos, analizados bajo los estándares del Estatuto de Roma, que define los crímenes de lesa humanidad perseguidos por la Corte Penal Internacional (CPI).
Open Society presenta informe sobre “atrocidades innegables” en México by Revista Proceso
El informe, realizado durante cuatro años, analiza la política de militarización lanzada desde el sexenio pasado y continuada por Enrique Peña Nieto, con un saldo de al menos 150 mil muertos y aproximadamente 26 mil desaparecidos, con la consecuente tortura a miles de personas durante la persecución de los delitos, casos de los cuales la Procuraduría General de la República tiene abiertas cerca de cinco mil denuncias.
Son crímenes atroces causados tanto por la acción del narcotráfico como por el uso indiscriminado de la fuerza militar.
En entrevista con Apro al término de la presentación del informe, Goldston reconoce que los casos y cifras citadas no son son nuevos, pues entidades de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como diversas organizaciones sociales, han hecho serios señalamientos.
Lo “nuevo es que el informe habla desde la perspectiva del derecho internacional penal, que está enfocado en la responsabilidad individual, y esto implica que el gobierno tiene la obligación de hacer algo para resolver la situación, tiene que actuar, tiene que investigar, enjuiciar, y hemos visto que el gobierno ha tomado pasos parciales”, apunta.
El documento desmenuza lo obstáculos en las oficinas gubernamentales para esclarecer los crímenes atroces, y ante las deficiencias y corruptelas que subsisten, en muchos casos para proteger a agentes del Estado involucrados, Goldston y las organizaciones que acompañan a Open Society consideran que “después de tantos asesinatos, de tantas desapariciones forzadas, de tanta tortura y tan poca rendición de cuentas, es el momento de hacer algo distinto, porque lo que hemos visto es que la diferencia entre la escala de violencia y la poca determinación de responsabilidad, no hay correspondencia. Los crímenes no están disminuyendo hasta la fecha”.
James Goldston habla en nombre de sus colegas mexicanos y funda sus esperanzas en que los tiempos cambian y que México está admitiendo la participación de instancias foráneas, como es el caso de del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Hace algún tiempo, tal vez tres o cinco años, muchas personas habrían dicho que no era posible que el gobierno iba a pedir asistencia internacional en la forma que lo hizo a la CIDH. Después de algún tiempo las circunstancias han cambiado y lo hizo, a pesar de que el GIEl no dio todos los resultados que se quería, siendo que su trabajo fue excelente”, subraya Golston.
Tomando la experiencia del caso Ayotzinapa, donde los expertos independientes hicieron aportaciones al expediente de la PGR, Goldston señala que “lo cambios tienen que venir desde dentro, pero aceptando la colaboración internacional”.
Añade: “Yo creo que la solución de estos problemas tiene que venir desde adentro, se tiene que crear la voluntad política desde la fuerza de las organizaciones de derechos humanos, desde la fuerza de las organizaciones de víctimas y de la buena gente que está trabajando dentro de las agencias de los gobiernos federal y estatal, porque hay buena gente ahí que está tratando de hacer bien las cosas”.
El director ejecutivo de Open Society Justice Initiative insiste que ante la crisis de derechos humanos en México “se requieren medidas extraordinarias, y la posibilidad de ( crear) una entidad compuesta por personal nacional e internacional es una de las opciones que el gobierno debe considerar para resolver esta situación”.
Goldston reconoce que la propuesta central presentada por Open Society empezó a comentarse meses atrás, tomando en cuenta experiencias de otros países como Guatemala, Honduras y Colombia, en América Latina, así como en Europa y Asia, que han solicitado asistencia internacional.
Para el defensor, por el panorama mexicano lo ideal sería que se presentara una “propuesta del Estado, una invitación a la comunidad internacional, al sistema interamericano y a la ONU, para ayuda técnica, no solamente personas que solo vienen por unos días o en un corto plazo, tienen que ser personas que tienen mucha experiencia como investigadores, como fiscales, como policía, que pueden trabajar junto con sus contrapartes mexicanos en casos particulares, muy graves, y eso no ha pasado todavía, y la invitación va a tener que venir del Estado”.
Luego de reconocer que no es nada sencillo que el gobierno mexicano pida ayuda internacional, Goldston considera que dependerá también de la labor de organismos nacionales e internacionales para presionar en la creación de un mecanismo que permita dar cauce legal a algunos de los casos más graves.
Al señalar que los miembros de su organización están en espera de una respuesta del gobierno federal, Goldston destaca que la entidad de expertos internacionales propuesta “podría tomar años en crearse, pero una vez que la decisión política está tomada para hacerlo tiene que buscar los fondos, discutir el mandato específico, el papel del personal. Tal vez habrá que hacer algunas modificaciones en las regulaciones de México, va a tomar tiempo, pero la cuestión fundamental es si hay la voluntad para hacerlo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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La santa sede publicó el “motu proprio” (documento papal) “Como una madre amorosa”, con el que se concretan los artículos del Código de Derecho Canónico en los que se estipula la posibilidad de expulsar a un eclesiástico por “causas graves”.
