Superdelegados se fueron a buscar gubernaturas sin entregar reportes ni ser evaluados

La Secretaría de Bienestar refirió que los delegados no tienen agenda pública ni entregan informes, pero aseguró que se conducen con apego a la ley.

Los superdelegados tienen la tarea de aterrizar en los estados y las comunidades los programas prioritarios del gobierno, pero no existen mecanismos para la rendición de cuentas y su desempeño no ha sido evaluado este año.

Esta opacidad se suma al hecho de que los delegados de Programas para el Desarrollo -que es su título oficial- tienen dos jefes: administrativamente, están adscritos a la Secretaría del Bienestar, pero sus nombramientos son decididos por la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo de la Presidencia de la República, a cargo de Gabriel García.

La COVID-19 acelera compras de la 4T a Pymes, pero el IMCO advierte de “opacidad y discrecionalidad”

La emergencia sanitaria por COVID-19 abrió negocio para micro, pequeños y medianos proveedores en cuyas filas hay, por lo menos, un exfuncionario público relacionado con la Estafa Maestra, en un contexto en que el IMCO acusa que en México “las compras realizadas para atender la COVID-19 han sido discrecionales y opacas”.

El Gobierno federal ejerció al menos 38 millones 959 mil 244.61 pesos en compras de emergencia por la pandemia de coronavirus en México, de acuerdo con cifras del portal CompraNet al corte del 27 de julio de 2020.

La compra de bienes y servicios incluye los gastos de 21 dependencias de gobierno, a través de 108 contratos públicos cuyo título refiere la prevención y tratamiento de casos de coronavirus, COVID-19 o SARS-CoV-2.

Entre amigos, la fiscalización de recursos en la Sedena y la Semar

Con la tolerancia de la Secretaría de la Función Pública de gobiernos anteriores y del actual, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina realizan una fiscalización de sus recursos que carece de imparcialidad, pues los titulares de sus Órganos Internos de Control no son civiles, como lo mandata la ley. “Los titulares de estas oficinas de vigilancia omiten sus rangos militares cuando firman documentos oficiales, para hacerse pasar por civiles”, denuncia en entrevista el teniente coronel Eduardo Navarrete Montes.

Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) carecen de una real fiscalización de los recursos públicos que manejan.

Violando la Ley Orgánica de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de las instituciones armadas provienen los titulares del Órgano Interno de Control (OIC), cuando por ley el encargado de dicha fiscalización debe ser una persona ajena a las instituciones o dependencias para garantizar imparcialidad.

Nafin y Bancomext: el arte de la opacidad

En tiempos de la autodenominada cuarta transformación, Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext) despliegan esfuerzos legales y financieros para ocultar información clave sobre los dos créditos –por 635 millones de dólares– que otorgaron a Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para la compra a sobreprecio de Grupo Fertinal.

Desde octubre pasado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales (INAI) ordenó en cuatro ocasiones a estas dependencias que levanten el secreto bancario sobre este caso y entreguen los documentos relativos a los créditos, que Proceso solicitó mediante la plataforma nacional de transparencia.

No se preocupa, Rosario: paga 26.7 millones en una sola campaña de prensa; ¿y sirvió? Se sabrá en 2019

Bajo la gestión de Rosario Robles Berlanga y sólo en 22 días, la Sedesol gastó 26 millones 699 mil 999 pesos en la difusión de una sola campaña de spots. Eran anuncios que elogiaban el programa de combate a la pobreza que ese año se inauguraba con un nuevo nombre; de Oportunidades había pasado a ser Prospera. Ese dinero habría alcanzado para 29 mil 666 becas bimestrales de 900 pesos del mismo programa en un año en el que, según la ASF, la pobreza no menguó ni un ápice en México. ¿Fue útil este gasto? Después de esos días de anuncios en la pantalla, el Gobierno federal mandó a hacer un estudio para conocer el impacto de la campaña en los ciudadanos mexicanos; pero clasificó bajo reserva los resultados hasta 2019.

En la difusión de una sola campaña de spots que elogiaban el programa Prospera que ella misma impulsaba y sólo durante 22 días, Rosario Robles Berlanga gastó al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 26 millones 699 mil 999 pesos entre enero y febrero de 2015.

Es decir, en este periodo, la mujer que estuvo encargada del combate a la pobreza durante dos años y medio, gastó 1.2 millones de pesos por día en publicidad oficial.

CFE, ISSSTE e IMSS, las instituciones con menos transparencia y mayor riesgo de corrupción: IMCO

7 de cada 10 contratos se asignaron mediante adjudicación directa de 2012 a 2016; en el caso de IMSS y el ISSSTE el 21 por ciento de las compras las realizan a sólo dos proveedores.

Las entidades cuyo gastos es menos transparente y por lo que hay mayores riesgos de corrupción son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).


Le siguen Prospera, Liconsa, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,  la Secretaría de Agricultura y la Secretaría del Medio Ambiente.

Miguel Márquez compra terreno de 280 mdp para estadio del León, pero no dice a quién “por seguridad”

El gobernador panista Miguel Márquez Márquez salió a los medios a confirmar la adquisición de un predio que se usará para la construcción de un nuevo estadio de fútbol para el equipo León “para dejar resuelto el problema”, pero se negó a informar a quién se le compró con 280 millones de pesos del erario, y todavía pidió a los reporteros “ser muy cuidadosos del tema” por la situación de inseguridad que prevalece.

Incluso, el Secretario de Finanzas Juan Ignacio Martín Solís y el coordinador de Comunicación social Enrique Avilés insistieron a los reporteros “ser muy reservados con el tema, porque fue incluso una solicitud de los vendedores” cuya identidad en todo momento se negaron a revelar, a pesar de tratarse de una adquisición con recursos públicos.

Antes de Odebrecht, fue BizJet. Y dio sobornos con Fox y FCH. Nadie pagó. Los datos siguen ocultos

Han pasado cinco años desde que BizJet International Sales & Support confesó ante una corte de Oklahoma, donde está su sede, que dio sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de contratos para dar servicio a aeronaves oficiales. Hasta ahora no se han ejercido acciones penales y los ciudadanos no pueden conocer  los convenios para esa empresa, ni las condiciones en que se otorgaron. En 2012, el Estado Mayor Presidencial puso bajo reserva y durante seis años toda la información sobre el mantenimiento de aeronaves. Los datos de BizJet fueron doblemente guardados porque integran una averiguación previa de la Procuraduría General de la República que se mantiene abierta.

Antes de Odebrecht y OHL, en México hubo otra historia de sobornos para altos funcionarios del Gobierno mexicano que cada vez, se opaca más. Han pasado cinco años desde que BizJet se declaró culpable de haber dado sobornos en México y los contratos obtenidos no pueden conocerse debido a que hay una investigación abierta de la Procuraduría General de la República.

En 2012, BizJet International Sales & Support confesó ante una corte de Oklahoma que pagó “propinas” por dos millones de dólares a funcionarios mexicanos para obtener contratos para dar mantenimiento a aeronaves de la Coordinación de Transportes Aéreos Presidenciales del Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal; además de los Gobiernos de Sinaloa y Sonora.

Gobierno federal niega al Sistema Nacional Anticorrupción información sobre La estafa maestra

Desde hace cuatro meses, integrantes del Comité de Participación Ciudadana solicitaron al SAT las facturas emitidas por las empresas fantasma o con irregularidades contratadas por universidades públicas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR) y dependencias como la Sedesol y la Sedatu no han entregado, ni al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción o a ciudadanos que lo han solicitado, información pública sobre el esquema de desvío de recursos públicos, documentados en La Estafa Maestra.

Desde hace cuatro meses, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, uno de los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción, solicitaron al SAT las facturas emitidas por las empresas fantasma o con irregularidades contratadas por universidades públicas para hacer servicios al gobierno federal, pero que nunca se cumplieron, de acuerdo con la ASF.

En la opacidad, Astudillo gasta más de 36 mdp en renta de oficinas para la SEG

Entre 2016 y 2017, el gobierno estatal ha erogado poco más de 36 millones de pesos en el arrendamiento de 154 inmuebles, la mayoría de ellos para albergar oficinas de la Secretaría de Educación (SEG).

El mayor gasto se hizo el año pasado al destinarse 26 millones 371 mil 850 pesos al pago del alquiler de 73 edificaciones, todos en esta capital, según documentos oficiales obtenidos por Apro vía transparencia.

La disposición de recursos para arrendamiento de oficinas descendió significativamente este año, a pesar de que se alquilaron 81 inmuebles. De acuerdo con los documentos, en el año que está por concluir se destinaron sólo 10 millones 259 mil 549 pesos.

Yunes, Pavlovich y Cabeza de Vaca reservan sus gastos en viajes hasta 2022

Las oficinas de los gobernadores de Veracruz, Sonora y Tamaulipas dijeron que es muy peligroso dar a conocer el monto que han gastado en viajes y declararon la información como reservada por cinco años.

Los viajes realizados por los gobernadores de Veracruz, Sonora y Tamaulipas serán información reservada hasta el año 2022. Aunque los vuelos y viáticos de los servidores públicos son pagados con recursos públicos, estos tres estados consideraron que la información no debe ser del dominio público.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) establece que la información relacionada con el ejercicio de las funciones públicas y con el ejercicio de recursos públicos debe ser transparentada, explica Sarahi Salvatierra, investigadora en rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

EPN oculta 12 millones 406 mil 136 expedientes en menos de 5 años; más que cualquier Presidente

Si la desmemoria se midiera, el Índice de Expedientes Reservados –inaugurado en 2004- sería un buen indicador. Se trata de los asuntos gubernamentales que las entidades públicas deciden poner bajo resguardo para no revelarlos ante los ciudadanos. El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tiene 12 millones 406 mil 136 expedientes reservados. Muchos de ellos no se abrirán hasta 2024, seis años después de que haya dejado Los Pinos. Recurso permitido por el marco jurídico de la Transparencia, cada vez, la secrecía se incrementa en la Administración Pública. Vicente Fox Quesada (2000-2006) concluyó con 3 millones 839 mil asuntos y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) con ocho millones. Peña Nieto ha aumentado en cinco años en 55 por ciento los secretos del Gobierno.

Apegado al marco jurídico de la Transparencia, el Gobierno de Enrique Peña Nieto impuso una desmemoria para que muchos de sus secretos no sean revelados hasta dentro de una década o más.

El pasado viernes 1 de septiembre, el Jefe del Ejecutivo le entregó al Congreso de la Unión su Quinto Informe de Gobierno, el máximo documento de la Rendición de Cuentas al que lo obliga la Constitución Mexicana. Mientras, en el Índice de Expedientes Reservados del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) permanecen acumulados 12 millones 406 mil 136 expedientes que conciernen al desempeño gubernamental.