Sólo una de cada diez violaciones sexuales a niñas se denuncian en México: Ipas

Únicamente una de cada diez violaciones sexuales cometidas contra niñas y adolescentes es denunciada en México, aseguró la organización civil internacional Ipas en la presentación del informe “Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos”.

De acuerdo con la organización, en las menores de 14 años el problema se ha traducido en el incremento de embarazos de adolescentes, pues tan sólo en 2016 se registraron 11 mil 808 nacimientos, de los cuales en el 96.5 por ciento las madres tenían entre 13 y 14 años.

Exempleados denuncian violencia física y abuso sexual contra menores en albergue de Irapuato

Voluntarios y exempleados presentaron al menos 5 denuncias en la Procuraduría estatal. Uno de los últimos casos de violencia fue el de un niño que resultó con fractura de cráneo.

Exempleados y voluntarios presentaron al menos cinco denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por violencia física y sexual en contra de menores en el interior de Albergue Infantil de Irapuato A.C., en Guanajuato.

La procuraduría inició una investigación través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada (SIE) para deslindar responsabilidades, mientras que el DIF recogió a los menores que se encontraban en el albergue y los regresó a sus municipios de origen.

Exige Amnistía Internacional libertad de Verónica, víctima de tortura sexual por la policía

Amnistía Internacional recolectó 135 mil 963 firmas para exigir al gobierno mexicano la libertad de Verónica Razo, una mujer presa desde hace seis años luego de que la policía federal la torturó física y sexualmente para que firmara una confesión de secuestro en la Ciudad de México.

Las firmas se recabaron en México, Italia, Alemania, Francia, España, Corea del Sur, Brasil, Noruega y Estados Unidos para que Amnistía las entregara a la Procuraduría General de la República (PGR) y denunciara ante el personal de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) las violaciones a los derechos humanos de Razo.

Saltillo: cae militar que abusó sexualmente de al menos ocho mujeres reclutas

Un militar en activo que ostenta el cargo de sargento primero de Infantería, fue detenido acusado de abusar sexualmente de una mujer en la colonia Bellavista de Saltillo, Coahuila.

Al citar fuentes internas de la Sexta Zona Militar, el diario Zócalo de Saltillo informó que sobre el militar hay cargos de agresión sexual por parte de al menos ocho reclutas mujeres.

El detenido se aprovechó de su cargo como jefe de Reclutamiento para cometer la violación en contra de una joven de 27 años que acaba de ingresar a la Sedena y a la cual siguió hasta su domicilio localizado en una vecindad de la colonia Bellavista.

Tíos y primos, los principales agresores sexuales de las mujeres durante su infancia

Los tíos y primos son quienes más abusan de las mujeres durante su infancia, de acuerdo con la ENDIREH 2016 levantada por el Inegi.

Aproximadamente 4.4 millones de mujeres de 15 años o más sufrieron de abuso sexual con y sin violencia en México. Los tíos y primos son los principales agresores dentro de la familia, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de la Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), publicada por el Inegi.

Los datos recabados en la encuesta señalan que del total de las mujeres abusadas en su infancia, 84.6% aseguró que no hubo violencia de por medio, mientras que 9.4% aseveró haber sido víctima de una agresión violenta y 6% argumentó no recordar cómo ocurrió.

Se registran en promedio 35 denuncias por violación cada día en México

Durante el primer semestre del año, se registraron 6 mil 444 denuncias por violación sexual a nivel nacional, lo que significa un promedio de 35 denuncias diarias ante el Ministerio Público, alertó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Por otra parte, la Comisión señaló que de 2007 a 2014 se reportaron 17 mil 274 muertes de mujeres en México, con presunción de homicidio.

La CNDH manifestó especial preocupación por las entidades de Colima y Durango, donde se implementó la Alerta de Violencia de Género (AVG) “ante el creciente aumento de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH)”.

Repunta la violencia sexual en 2017: Se denuncia más de un caso de violación cada hora

Durante cada uno de los 180 primeros días de este año se denunciaron 35.8 casos de violación, cifra que representa un incremento de 6.2% en comparación con el mismo periodo de 2016.

La violencia sexual en México se agudizó durante los primeros seis meses de este año. Estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indican que durante el primer semestre de 2017 se denunciaron en el país 16,631 delitos sexuales, de los cuales 6,444 fueron casos de violación.

Esa cifra indica que se presentaron 92.4 denuncias por delitos sexuales cada día, lo que representa un caso cada 16 minutos en promedio. Si solo miramos la violación el reporte promedio es de 35.8 casos, un promedio de una denuncia cada 40 minutos.

El fracaso en seguridad tiene un capítulo indignante: los ataques sexuales; y allí, Edomex es líder

El cúmulo de violaciones se mantiene a nivel nacional. En tanto, que en algunos estados como Puebla o San Luis Potosí, la situación empeoró este año, de acuerdo a las cifras reportadas por las autoridades. Pero se trata de sólo una muestra, porque la mayoría de los incidentes no se denuncian, de acuerdo con especialistas en violencia de género. El Estado de México es la entidad que mayor número de carpetas por delitos sexuales abrió entre enero y mayo de este año: 790. Para los especialistas, lo anterior se debe a que no existe una sola política pública de prevención, ni de generación de diagnósticos y de detección de las zonas en las que se ejerce más violencia contra las mujeres. Y en los ministerios públicos continúa la revictimización de quienes se atreven a denunciar.

La administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha sido un fracaso en la contención de delitos sexuales. Especialistas en violencia de género explican a SinEmbargo que la falta de interés en las autoridades por implementar medidas de prevención es la principal causa.

Estados ponen trabas al aborto en niñas violadas aun cuando deben facilitarlo, dice Informe

El Grupo de Información en Reproducción Elegida presentó su informe sobre el acceso de las niñas menores de 15 años al aborto en casos de violación. Ahí refiere que las autoridades ofrecieron un método anticonceptivo de emergencia sólo a 2 mil 419 (8.5 por ciento), de las 28 mil 252 menores que denunciaron ser víctimas de violación. Señaló además que en los códigos penales y de salud locales existen trabas para que las mujeres accedan a una interrupción legal del embarazo en estos casos: 8 entidades exigen una permiso de las autoridades para llevarlo a cabo, 12 dan un plazo para poderlo hacer y otra docena de entidades exigen una demanda previa.

De las 28 mil 252 niñas menores de 15 años que denunciaron haber sido víctimas de violación sexual, entre 2009 y 2016, sólo al 8.5 por ciento (2 mil 419) se le ofreció un método anticonceptivo de emergencia, dio a conocer el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

La organización no gubernamental presentó el informe “Violencia sin interrupción” en el que da a conocer los datos obtenidos por medio de transparencia de las procuradurías locales y la General de la República (PGR), además de las instituciones de salud de los estados y federales.

Ahí señaló que cada año se cometen el el país al menos 600 mil delitos sexuales. en los que 9 de cada 10 víctimas son mujeres y de éstas 4 de cada 10 de ellas tienen menos de 15 años de edad. Agregó que el 60 por ciento de los agresores son familiares o personas conocidas.

De acuerdo con las cifras oficiales del periodo de enero de 2009 al 30 de junio de 2016, las autoridades han recibido 70 mil 630 denuncias por violación en procuradurías locales y PGR. Sin embargo, el número de procedimientos de aborto por violación en dependencia de salud de gobierno local y federales fueron contrata de manera considerable, sólo se reportaron 61.

El GIRE señaló que a pesar de la modificación de la NOM 046 de la Secretaría de Salud, que rige los criterios sobre la interrupción legal del embarazo en caso de violeción, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)  y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dieron como respuesta a solicitudes de información, que en sus hospitales no realizaron ningún legrado legal, al menos en el periodo de enero de 2009 a junio de 2016. Mientras que la Secretaría de Salud federal simplemente dijo no contar con esa información.

Concluyó además que el servicio de acceso al aborto a menores víctimas de violación se sigue condicionando, a pesar de que desde marzo de este año la NOM 046 indica claramente que mujeres y niñas mayores de 12 años que hayan sufrido una agresión sexual y, como consecuencia, resultado embarazadas pueden acudir a cualquier centro de salud público a realizarse una interrupción del embarazo, sin necesidad de haber presentado una denuncia por violación, autorización de alguna autoridad (ministerio público o juez) o consentimiento de padre, madre o tutor.

Y acusó que lo anterior deriva del “desconocimiento de las obligaciones de los prestadores de salud, o el afán de imponer sus creencias personales por encima de la salud y, en ocasiones, la vida de las niñas y mujeres sigue siendo un obstáculo para que ellas accedan a los derechos mínimos que les permitan recuperarse de esta situación de violencia y un embarazo que nunca debieron haber sufrido”.

Al respecto denunció que los casos de mujeres acompañadas por el GIRE, ha sido frecuente el mal trato y la re victimización por parte tanto del personal de salud como ministerial que consideran estar facultados para castigar y humillar a las mujeres que no cumplen —bajo su perspectiva— con el mandato de género que indica que antes que otra cosa, las mujeres deben ser madres.

CÓDIGOS ESTATALES CRIMINALIZAN Y PONEN EN RIESGO A LAS VÍCTIMAS

De acuerdo con los datos proporcionados a la ONG, el número de autorizaciones para aborto por violación emitidas por la PGR y las procuradurías locales entre enero y junio de 2016 fueron 26; mientras que el número de autorizaciones para aborto por violación recibidas por el IMSS, ISSSTE, secretarías de salud locales 51, y los de procedimientos de abortos por violación realizadas por estos mismo organismo fueron 62.

En las recomendaciones, la organización civil exigió a los Congresos de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacn, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz reformar sus códigos penales para eliminar el plazo como requisito para acceder a los servicios de aborto por violación, de conformidad con la Ley General de Víctimas, pues en la mayoría se dan sólo 90 días para poder acceder a la interrupción legal.

Respecto a la autorización para acceder a los servicios de aborto por violación contenido en los códigos penales, también llamó a las cámaras de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima y Quintana Roo a eliminarlo, y también a los Congresos de Baja California Sur, Durango, Guerrero e Hidalgo hizo lo mismo.

Solicitó también cancelar la normativa de la existencia de una denuncia como requisito para acceder a los servicios de aborto por violación, contenido en los códigos penales de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero e Hidalgo.

Mientras que la Secretaría de Salud  le solicitó reformar el Manual de Operación Modelo integrado para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual para eliminar los requisitos de denuncia previa y autorización por parte de juez penal para acceder a los servicios de aborto legal por violación.

A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México la llamó a reformar los Lineamientos Generales de Organización y Operación de los Servicios de Salud relacionados con la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal para eliminar el plazo de 20 semanas de gestación para acceder a los servicios de aborto legal.


Y a los Gobernadores de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz exhortó a reformar las normas administrativas que establecen requisitos previos, como el plazo, la denuncia y/o autorización para el acceso a los servicios de aborto por violación.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-11-2016/3118921

De 2009 al 2016, más de 28 mil menores denunciaron ser víctimas de violación: GIRE

CIUDAD DE MÉXICO: En México, 28 mil 252 mujeres menores de 15 años denunciaron haber sido víctimas de violación sexual en el periodo de enero de 2009 a junio de 2016, y sólo a 8.5% (2 mil 419) se les ofreció anticoncepción de emergencia.

Pero el problema es aún más grave, ya que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) asegura que se denuncia menos del 10% de lo que en realidad sucede.

Así lo señala en un comunicado el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que obtuvo datos oficiales a través de solicitudes de acceso a la información y con los que elaboró el informe “Violencia sin interrupción”.

Puntualiza, asimismo, que Amnistía Internacional, Clacai, GIRE y Planned Parenthood Global lanzaron en Latinoamérica la campaña “Niñas, no madres”, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer que se celebra el 25 de noviembre, y apunta que las cuatro organizaciones coincidieron en que “el embarazo forzado y la maternidad forzada ponen en juego la vida de la niñas, pues enfrentan afectaciones en su salud física, mental y en su proyecto de vida”.

Luego de destacar que en Latinoamérica 40% de las adolescentes ha sido abusada sexualmente, precisa que las niñas víctimas de violación sexual en la región viven realidades que vulneran sus derechos humanos. Las repercusiones de la violencia sexual se intensifican, dado que las niñas son obligadas a continuar con el embarazo resultado del abuso.

De acuerdo con el GIRE, la depresión, angustia, estrés postraumático, además de mayores riesgos a su salud física y deserción escolar, son algunos de los efectos de las maternidades forzadas, como lo documenta el informe titulado “Vidas Robadas”, recientemente publicado por Planned Parenthood Global.

En el caso de México, sostiene, el servicio de acceso al aborto a menores víctimas de violación se sigue condicionando, pese a que desde marzo de este año la NOM 046 indica claramente que mujeres y niñas mayores de 12 años que hayan sufrido una agresión sexual y, como consecuencia, hayan resultado embarazadas, pueden acudir a cualquier centro de salud público a realizarse una interrupción del embarazo, sin necesidad de haber presentado una denuncia por violación, autorización de alguna autoridad (Ministerio Público o juez) o consentimiento de padre, madre o tutor.

Y señala que pese a la modificación de la NOM 046, el IMSS y el ISSSTE dieron como respuesta a solicitudes de información, que en sus hospitales no realizaron ningún aborto legal, al menos en el periodo de enero de 2009 a junio de 2016. Y la Secretaría de Salud federal simplemente dijo que no contaba con esa información.

Según el GIRE, en Guatemala cinco niñas menores de 14 años resultan embarazadas cada día, y en Perú cuatro se convierten en madres. En Ecuador, sólo en 2014, mil 963 niñas tuvieron un parto, mientras que en Nicaragua ocho de cada 10 mujeres víctimas de violencia sexual son niñas menores de 13 años.

“Estamos ante una grave problemática de salud pública y derechos humanos que afecta a toda la región. Es urgente que los Estados cumplan con su obligación de proteger los derechos humanos de las niñas víctimas de violencia sexual de manera integral, lo cual incluye el acceso a servicios integrales en salud sexual y reproductiva tales como la anticoncepción oral de emergencia y la interrupción legal del embarazo”, señalan las cuatro organizaciones.


Forzar a una niña a convertirse en madre tiene consecuencias graves para su vida, pues trunca su proyecto de vida y hay un parteaguas en la estructura familiar que golpea su economía y las condiciones sociales de la niña y su hijo o hija. Asimismo, es muy probable que si se encontraban en situación de pobreza, permanezcan en esta condición en la siguiente generación, concluye el comunicado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463675/2009-al-2016-28-mil-menores-denunciaron-victimas-violacion-gire

Acabar con la impunidad de abusos sexuales y violaciones a mujeres detenidas por policías, militares y marinos, demanda Amnistía Internacional al gobierno mexicano

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional calificó como “un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México” los datos recogidos en el informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, elaborado por esta organización, mismo que refleja además el nivel casi absoluto de impunidad que prevalece para quienes la practican. Esto es escandaloso “incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, afirmó.

Un estruendoso silencio por parte del gobierno mexicano fue la respuesta. Normalmente ante denuncias de tal magnitud lo que hace la parte oficial es una larga lista de leyes nacionales y convenios y tratados internacionales firmados por México, que demuestran, argumenta, la voluntad de respetar los derechos humanos.

El informe de Amnistía Internacional, presentado el 28 de junio, producto de ocho meses de investigación, consigna que de las 100 mujeres recluidas en prisiones federales que contaron a Amnistía que sufrieron tortura u otros malos tratos durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o miembros del ejército y la marina, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.

Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones, apuntó Guevara Rosas, quien subrayó la “inacción gubernamental para investigar estas graves violaciones a los derechos humanos” lo que sólo alienta la impunidad. “Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, pues “no se observa en el gobierno mexicano voluntad política real de investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura contra las mujeres” que son detenidas por agentes policiacos e integrantes de las fuerzas armadas.

Este informe “no sólo confirma que la tortura es una práctica generalizada en el país, como lo han expresado diversos organismos internacionales de derechos humanos, sino también revela las atrocidades y violencia sexual cometidas contra las mujeres detenidas, que resultan inimaginables en una democracia”, añadió Guevara Rosas, aseverando que “no es posible sostener que se trata de casos aislados o que los elementos que recurren a la tortura son sólo algunas manzanas podridas, cuando estos testimonios de mujeres nos dice que se trata de una práctica generalizada”.

Criticó también que desde hace años el discurso oficial sea el mismo, de un compromiso declarativo por abordar el tema, pero que no se traduce en los hechos, además de que el gobierno mexicano ha mostrado “muy poca tolerancia… ante las críticas constructivas en esta materia, pues ha respondido con descalificaciones y una negación total de la situación que vive el país, a la que identificó como una de las peores crisis de derechos humanos en el hemisferio”.

Es de hacer notar que Madeleine Penman, coordinadora del informe de Amnistía Internacional, al subrayar “la impunidad alarmante para investigar y sancionar estos hechos, donde existe un encubrimiento en todos los niveles”, le haya hecho una crítica apabullante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instancia que, dijo, tiene un enorme presupuesto –más de mil 500 millones de pesos para 2016–, pero cuya eficacia cuestionó lamentando que aunque recibió entre 2010 y 2015 más de 7 mil denuncias de tortura u otros malos tratos, en ese lapso sólo emitió 62 recomendaciones por este rubro, además de que suele no entregar a las víctimas una copia de su expediente o asesorarlas sobre los resultados de las investigaciones.

El informe de Amnistía Internacional desenmascara los motivos por los cuales las autoridades permiten la impunidad ante el escándalo de la tortura y abusos sexuales contra las detenidas por parte de las fuerzas de seguridad:  “Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles.”

Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12 mil denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8 mil 943 de las posibles víctimas eran hombres y 3 mil 618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones y de los miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han tenido como resultado fallos condenatorios federales.

A pesar del número extraordinariamente alto de denuncias de violencia sexual infligida a mujeres por miembros de las fuerzas armadas, el Ejército informó por escrito a Amnistía Internacional que ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. La Marina informó que sólo cuatro marinos habían sido suspendidos en el mismo periodo.


“No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, dijo Erika Guevara-Rosas, afirmando que las autoridades deben adoptar medidas urgentes para abordar el problema de la violencia sexual y la tortura de mujeres y prevenirlo.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ROSA ROJAS.
LINK: https://desinformemonos.org/acabar-con-la-impunidad-de-abusos-sexuales-y-violaciones-a-mujeres-detenidas-por-policias-militares-y-marinos-demanda-amnistia-internacional-al-gobierno-mexicano/

Dos militares violaron a una mujer al interior de un cuartel en Tamaulipas

La CNDH emitió una recomendación después de que dos tenientes la violaron en 2013, un año después su culpabilidad quedó demostrada, pero los soldados siguen en activo.

José Roberto Acosta Vargas y Édgar Díaz Frías, tenientes del Ejército, violaron a una mujer al interior de un cuartel militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los hechos ocurrieron en 2013 y para 2014 su culpabilidad había quedado clara, pero hasta diciembre de 2015 ambos seguían en activo.

La violación ocurrió el viernes 20 de septiembre de 2013.  Un día antes, a las 10:00 de la noche, los tenientes José Roberto Acosta Vargas y Édgar Díaz Frías detuvieron su automóvil en el estacionamiento de una tienda de autoservicio para que Josefina subiera.  Acosta, quien conducía, aceleró rumbo a la feria de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde escucharían al grupo Calibre 50, el cual toca narcocorridos.

Era el primer concierto del grupo sinaloense en territorio tamaulipeco y Josefina había planeado asistir con su novio, el soldado Ángel de Jesús Castillejos. Por la mañana, Ángel  le avisó que no la acompañaría, pero le dijo que otro militar iría con ella. No le dijo nombres, sólo que la llamarían para ponerse de acuerdo. Quienes la llamaron fueron los tenientes.

El palenque estaba lleno. Josefina y sus dos acompañantes compraron cervezas  y Calibre 50 comenzó a tocar corridos. Pasadas las 2:00 de la mañana del viernes, salieron del palenque y subieron al coche.

Josefina les pidió que la llevaran a su casa, pero Díaz la sujetó por detrás del asiento del copiloto y Acosta Vargas desvió la ruta hacia el cuartel Macario Zamora. Al llegar a la puerta conocida como “Las Perreras” empujaron a la mujer hacia el piso del coche y la amenazaron de muerte para que no gritara. Entraron a la sede, la llevaron a un cuarto y la violaron entre ambos.

Durante la agresión sexual, los tenientes golpearon varias veces a Josefina y la amenazaron con matar a su familia si denunciaba. Acosta Vargas y Díaz Frías sacaron del cuarto a Josefina y la subieron al automóvil. Sin que los guardias los revisaran salieron de las instalaciones militares y la abandonaron en una calle sin dinero ni batería en el celular. La joven caminó durante la madrugada para llegar a las 7 de la mañana a su casa.

CNDH confirma violación

En abril de 2014, siete meses después de la agresión sexual, Josefina y su familia presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. El caso fue remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por tratarse de un caso cometido por servidores público de índole federal.

“Mi hija regresó a mi casa hasta el día siguiente 20 del mismo mes y año, por la mañana, aproximadamente a las 7:00 horas de la mañana…la note mal, desalineada (sic) y extrañada porque llevaba sus zapatos en la mano y su blusa rota…a partir de esa fecha mi hija cambió su carácter tornándose callada, sin salir a ninguna parte…”, declararía la madre de Josefina a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien posteriormente habría de confirmar la violación.

La CNDH investigó el testimonio de Josefina, identificada como V en el documento, y conjuntó las declaraciones de otras 12 personas involucradas directa e indirectamente en el hecho. En el expediente se incluyen las respuestas de los tenientes José Roberto Acosta Vargas y Édgar Díaz Frías, a quienes llaman AR1 Y AR2. Al corroborar el hecho, emitió la recomendación 29/2016, dirigida al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda.

La primera evidencia aportada fue un par de publicaciones de Facebook donde Josefina aparece junto a los agresores:  “Viendo al Calibre 50 con el Monstruo” y “Con mi creación…(en la cual aparecía Díaz)”.

El 3 de julio de 2014, Josefina denunció el hecho ante la Procuraduría General de la República (PGR). Al día siguiente, al confirmarse que Acosta Vargas y Díaz Frías eran militares, el Comandante del Primer Regimiento de Caballería Motorizada envió un oficio con las declaraciones de los hombres sobre lo sucedido. Los tres negaron los dichos de la mujer.

Al pasar 10 días, la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena notificó del inicio de una averiguación en contra de “los militares involucrados (por si) llegare a constituir algún delito estrictamente vinculado con la disciplina militar”, refiere el punto 16 del documento.

Visitadores y psicólogos de la CNDH realizaron las entrevistas y las valoraciones psicológicas de la víctima y testigos familiares, para confirmar los hechos. La PGR turnó la denuncia a la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Ésta se declaró incompetente y la remitió a la Agencia para la Protección de la Familia de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, institución que integró una nueva averiguación previa, con fecha de 24 de noviembre de 2014.

Los delitos investigados eran violación, lesiones, privación ilegal de la libertad y robo. Dicho caso se llevó a cabo bajo el nuevo sistema de juicios orales en la Agencia Primera con una carpeta de investigación.

Los presuntos agresores fueron enviados a otros batallones militares. El 1 de junio de 2014 Acosta Vargas se integró al sexto batallón de la segunda brigada de fuerzas especiales en Nogales, Sonora. El uno de octubre del mismo año, Díaz Frías arribó al quinto batallón de la segunda brigada de fuerzas especiales en Escobedo, Nuevo León.

El 8 de octubre, el Órgano Interno de Control de la Sedena determinó que ambos no desempeñaban funciones militares al momento de la agresión, por lo que no los investigaría. El caso lo dejó en manos de la Procurador estatal, quien lo remitió al Agente Tercero del Ministerio Público. Sin embargo, para el 28 de enero de 2016 la instancia estatal devolvió el caso a la PGR, argumentado incompetencia.

Declaraciones cruzadas

Los militares Acosta Vargas y Díaz Frías dieron diferentes declaraciones a los agentes de los Ministerios Públicos militar, federal y estatal. Ambos negaron los hechos, a pesar de las fotografías mostradas por la víctima. Las contradicciones fueron aclaradas con las entrevistas a los militares que hicieron guardia el 19 de septiembre de 2013. Estos militares, identificados en el documento como SPM3, APM4 Y SPM7, corroboraron a la Policía Ministerial Militar que los dos hombres salieron del cuartel para ir al concierto de Calibre 50.

El regreso a las instalaciones, entrando por la puerta llamada “Las Perreras”, fue confirmado por Díaz Frías y otros soldados. Inclusive, el testimonio de otro militar señalado como SPM10 revela que en ocasiones anteriores Acosta Vargas dio la orden de dejar accesar a mujeres.

En posteriores declaraciones, Acosta Vargas y Díaz Frías dijeron que tuvieron relaciones sexuales consensuadas con Josefina. No obstante, la versión es cuestionada por la Comisión debido a que antes el mismo soldado rechazó conocer a la víctima. A diferencia de los hombres, la versión de V se respalda con la declaración del informe de la PGJ, las declaraciones de dos militares y la inspección ministerial a la habitación, donde fue agredida. Ante la veracidad de la denuncia, la Sedena otorgó una indemnización Y atención psicológica especializada para V.

La captura de Acosta Vargas y Díaz Frías no se ha concretado, porque el Ministerio Público Federal argumento incompetencia para investigar y analizar las pruebas. Por ello, la CNDH pidió al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, aporte la recomendación a la averiguación previa número 3 de la PGR. Asimismo, el ombudsman Luis Raúl González Pérez pide al órgano de control interno militar continúe con la investigación contra los militares, que hasta diciembre de 2015 seguían en activo.


De 1990 a 2016 la CNDH ha emitido 141 recomendaciones a la Sedena. En los recientes 14 años se verificaron 5 casos de agresiones sexuales perpetradas por soldados en Coahuila, Baja California, Chihuahua y dentro de la escuela Médico Militar.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS MANUEL JUÁREZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/dos-militares-violaron-a-una-mujer-al-interior-de-un-cuartel-en-tamaulipas/