Se reúne Peña Nieto con su Gabinete de Seguridad

Ciudad de México. Para iniciar la semana, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a Los Pinos al Gabinete de Seguridad. ''Nos dieron lineamientos e instrucciones puntuales a cada una de las dependencias para atender y ayudar'', declaró al salir de la reunión, José Antonio Meade, secretario de Hacienda.

La Presidencia no dio información sobre el encuentro. Estuvieron y como marca la estructura de este órgano, titulares de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, el comisionado de Seguridad Pública, de Hacienda y de la Función Pública.

La Sedena deberá entregar versión pública del expediente militar de Gutiérrez Barrios

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá entregar una versión pública del expediente militar del fallecido capitán Fernando Gutiérrez Barrios en torno de su labor como elemento activo de la dependencia.


Así lo determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de que un particular se inconformó porque la Sedena le negó la versión pública del expediente personal de Gutiérrez Barrios, quien también fungió como gobernador de Veracruz y secretario de Gobernación en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

En la versión pública que deberá poner a disposición del solicitante, la Sedena únicamente podrá reservar la ubicación de instalaciones militares, los nombres y firma de personal militar, así como testar datos personales del militar de referencia, el nombre y firma de terceros no militares, precisó el INAI.

En alegatos, la Sedena argumentó que la solicitud fue atendida ‘adecuadamente’, al haberle indicado al particular que el expediente requerido contiene información de carácter reservado y confidencial, clasificación que fue confirmada por su Comité de Transparencia.

También señaló que tener acceso al expediente de un militar extinto no es viable, toda vez que el contenido de dicho documento hace referencia a diversas actividades militares que el fallecido llevó a cabo durante su carrera militar, además de figurar sus datos personales y de su círculo familiar.

La Sedena también alegó la inexistencia de una conexión patente entre la información solicitada y un tema de interés público.

El recurrente manifestó que en una solicitud diversa se le dio acceso al expediente de un militar fallecido, por lo que el argumento de la dependencia es infundado.

En un comunicado, el INAI destacó que tras efectuar el análisis respectivo, se concluyó que los documentos que integran el expediente solicitado son susceptibles de entregar en versión pública y que sólo se podrá clasificar aquella información relativa a datos personales del militar del interés del particular, relativos a su esfera íntima, así como nombres, firmas y datos de terceros que no son militares.

En su proyecto de recurso de revisión, el comisionado ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov consideró que la publicidad de la información correspondiente a la labor de Gutiérrez Barrios como elemento activo de la Secretaría de la Defensa Nacional “permite a la población el acceso a los registros oportunos, verificables, inteligibles, relevantes y claros sobre las actividades sustantivas de una persona que se desempeñó como servidor público, lo cual favorece sin duda el escrutinio de estas actividades”.

Añadió: “Dimensionar la vida de este personaje tan importante de la vida política del país, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información permite asumir una retrospectiva de eventos históricos que han marcado etapas fundamentales en el desarrollo democrático de México y conocer el desempeño de servidores públicos encargados de la toma de decisiones con impacto en la ciudadanía”.


Por lo anterior, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Sedena y le instruyó elaborar y poner a disposición del particular la versión pública del expediente militar del capitán Fernando Gutiérrez Barrios, quien era de los agentes más importantes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) cuando el ahora fallecido Fidel Castro fue detenido en México, en 1956, mientras cumplía funciones de Inteligencia con el Movimiento “26 de julio”, que se preparaba para invadir Cuba y derrocar a Fulgencio Batista en Cuba.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464231/la-sedena-debera-entregar-version-publica-del-expediente-militar-de-gutierrez-barrios

Destaca Cienfuegos labor de soldados en actividades sociales

Ciudad de México. El Ejército mexicano realiza acciones cívicas y de labor social en todo el territorio nacional para coadyuvar en el desarrollo de los sectores más vulnerables de la sociedad, sostuvo el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda.

Al encabezar la firma de un convenio de colaboración con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, Cienfuegos destacó la participación de los soldados en diversas actividades sociales, así como en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En ese sentido, comentó 12 mil soldados participaron en 298 campañas en 24 entidades del país en beneficio de un millón 435 mil personas.

Por su parte, el titular de Sedesol agradeció la colaboración del Ejército mexicano en la Cruzada Nacional contra el Hambre y destacó la renovación de este convenio de colaboración con la Defensa Nacional.

Celebramos el papel social del Ejército siempre cercano a la sociedad, dijo Nava quien agregó que “no puede haber seguridad nacional si no hay cohesión social y seguridad social para los grupos más vulnerables”.


El funcionario agradeció también la general Cienfuegos y la plana mayor de la Defensa Nacional, reunidos en la sede del Instituto Armado, por la capacitación de más de 17 mil voluntarios de mil 600 comedores en el país.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/09/destaca-cienfuegos-labor-de-soldados-en-actividades-sociales

Sedena tuvo evidencia de alteración de escena en Tlatlaya desde el primer día

El Ejército mexicano fotografió los cadáveres tras la balacera del 30 de junio de 2014, lo cual demuestra el acomodo de cuerpos y armas.

El Ejército Mexicano tuvo evidencia desde un primer momento sobre la alteración que sufrió la escena del crimen donde 22 civiles fallecieron en un supuesto enfrentamiento, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

Aristegui Noticias obtuvo, vía transparencia, los primeros reportes enviados por los soldados a sus superiores tras la balacera: cuatro partes “extraurgentes” y un anexo de 34 fotografías en blanco y negro, tomadas por soldados en el lugar de los hechos.

Dos partes militares mencionan el envío de fotografías: el S-1/M-1/14787 y el  S-1/M-1/14720. El primero no figura entre las pruebas que entregó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para la investigación por violaciones graves.

Durante las 93 páginas de la recomendación de CNDH nunca se menciona que los elementos hayan tomado imágenes. La Comisión concluyó con peritajes que nueve cadáveres fueron movidos o les colocaron armas.


Aristegui Noticias comparó las nuevas fotos entregadas por la Sedena con dos series de imágenes que ya eran públicas. El resultado: nueve cadáveres fueron movidos o les colocaron armas.

El 30 de junio de 2014, elementos de la Sedena se enfrentaron a un grupo civiles armados en el poblado de San Pedro Limón, Tlatlaya.

Soldados reportaron que los sujetos dispararon desde una bodega, por lo que repelieron la agresión con un saldo de 22 civiles fallecidos y un militar herido.

Los hechos se registraron alrededor de las 6:00 am y el Ministerio Público llegó hasta las 12:30 horas, por lo cual los soldados tuvieron control de la escena durante seis horas.

En los cuatro partes obtenidos por Aristegui Noticias se aprecia el desarrollo de los hechos: en el primero ya se habla de 22 civiles muertos, pero no hay detalles sobre las armas decomisadas; el último reporte cierra a las 17:30 horas, cuando acabó el levantamiento de los cuerpos.

FOTOS DEMUESTRAN CADÁVERES MANIPULADOS

Las fotos entregadas por la Sedena son una pieza clave para entender cómo las autoridades modificaron el lugar donde fallecieron 22 civiles.

Hay dos registros gráficos previos. Uno fue el expediente publicado por la CNDH (con imágenes de peritajes); y el segundo, las fotos filtradas a la agencia de noticias MVT, de Toluca.

Al comparar los tres grupos de imágenes consta que el Ejército tuvo evidencia en sus archivos sobre el cambio de posición de al menos nueve cadáveres y armas a su alrededor.

La Sedena entregó 34 fotos y en 20 de ellas se aprecia la posición de los cadáveres luego de la balacera, e incluso las botas de un militar que tomó las imágenes.

En la foto número dos de la Sedena, se ve el cuerpo de un hombre con los brazos extendidos y un arma larga sin cargador sobre el brazo izquierdo, incluso aparecen las botas del militar que tomó la foto.

Después, la escena cambia.

En las imágenes que tomaron los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), se aprecia el cuerpo en la misma posición, pero ahora el arma ya tiene incorporado el cargador.

BLOQUEO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Aristegui Noticias solicitó acceso a estos archivos en enero de 2015: la Sedena negó el acceso, pero una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría a entregar los datos en junio de 2015.

De última hora, el Ejército Mexicano canceló la entrega de los documentos, argumentando la existencia de un amparo promovido por los soldados que participaron en los hechos para que no se divulgaran elementos de la investigación.

El bloqueo sobre la información pública terminó en octubre de 2016, cuando la dependencia notificó la posibilidad de entregar los documentos.

El expediente transparentado está en una versión pública (con datos personales y caras tapadas con un cuadro negro). Al ya tener los documentos, una fuente entregó a Aristegui Noticias otra versión de las mismas fotos, pero con mayor calidad y ahora sin el cuadro negro que tapaba la cara de las víctimas.

Además, en la lista de “EVIDENCIAS” de la CNDH no aparece el parte S-1/M-1/14787, donde los soldados reportaron el envío de imágenes a sus superiores.

El Ejército Mexicano guardó en sus archivos evidencia clave para determinar qué pasó la mañana del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya.

JUSTICIA

La versión oficial sobre la balacera (que los militares repelieron una agresión) dominó la agenda pública dos meses, hasta que un reportaje de la revista Esquire, de septiembre de 2014, cuestionó la actuación de los soldados y una de las sobrevivientes de los hechos acusó la ejecución extrajudicial de los civiles armados.

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que investigaba los hechos desde un principio, aunque poco a poco los involucrados en los hechos han salido victoriosos de los procesos penales.

A dos años y tres meses de lo ocurrido, todos los militares están libres, luego que un juez federal no encontró elementos suficientes para seguir el proceso penal.

Sin embargo, el juez dio a la PGR la oportunidad de perfeccionar la investigación y presentar el caso nuevamente.

La abogada Araceli Olivos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que el juez rechazó un peritaje de PGR que confirmaba la alteración ilícita del lugar de los hechos, por carecer de elementos que comprobaran rotundamente esta hipótesis.

Sin embargo, el juez dio más peso a un documento de la PGJEM que afirmaba que la escena se conservó íntegra.


“Esto apunta directamente a la capacidad de PGR de no haber podido sostener  una investigación y una acusación sólida, con argumentos y datos de prueba”, dijo la abogada Olivos Portugal.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0611/mexico/sedena-tuvo-evidencia-de-alteracion-de-escena-en-tlatlaya-desde-el-primer-dia/

Venganza y chantaje político en la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO: El asesinato de cinco soldados en Sinaloa el sábado 1 en Culiacán, es el escenario de una nueva característica institucional e ilegal de las Fuerzas Armadas: la venganza y el chantaje político.

Esas muertes y las 11 personas heridas en una de las cunas del narcotráfico en México están siendo aprovechadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ocultar y revertir los términos del fracaso de su intervención en la seguridad pública, su lucha contra el narcotráfico y los señalamientos insistentes de su comportamiento institucional violatorio de los derechos humanos. Atrás quedaron las imágenes de tortura militar de abril pasado.

La paradoja que se observa es el éxito de la estrategia castrense mientras su eficiencia disminuye en un territorio entregado al crimen (organizado o no) junto con las fuerzas policiales. Los militares siguen operando sin una reforma estructural de su organización.

Menos es de esperar una actitud objetiva para ser un Ejército moderno en democracia. Antes que exigirle cuentas, el poder civil del Estado, la clase política y un sector importante de la sociedad, están extendiendo un cheque en blanco a prácticas autoritarias y represivas que en nuestro país no terminan de extirparse.

El discurso y la acción

El discurso del titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, está cargado de epítetos y amenazas que, aunque con ciertos matices, se dirigen por igual al “crimen organizado” que a los ciudadanos y a la clase política del país con un silogismo simplificador: si no están con nosotros (los “ciudadanos-soldados”), están en nuestra contra.

A los perpetradores del ataque se dirigen adjetivos impropios de un servidor público y que, parafraseando a un cercano del círculo presidencial, son para la “plaza pública que pide sangre y espectáculo” (como el homenaje en el Zócalo el pasado viernes 7): ataque “cobarde” y “ventajoso” por parte de “grupo no contabilizado” (sic) “de enfermos, insanos, bestias criminales” a los que dice “vamos con todo, con la ley en la mano y la fuerza que sea necesaria…”.

La retórica militar se acompaña con el puño, es reiterativa con la salvaguarda del estado de derecho y el respeto a los derechos humanos que, por cierto, sólo tienen una mención tergiversada y dolosa en el discurso.

Sin embargo, el comportamiento institucional del Ejército, sus presiones y la impunidad resultante en los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, su estrategia paramilitar en Michoacán, entre otros, sólo nos permite avizorar la aplicación de “leyes” no escritas como la “ley fuga” (empleada en la purga de oficiales no adictos al régimen posrevolucionario), la del Talión (“ojo por ojo”), la de “los fierros” (muy de moda contra la guerrilla de las décadas de los setenta y los ochenta).

Nada de esto tuvo ni tiene que ver con el respeto irrestricto de los derechos humanos y a nuestros compromisos internacionales en la materia, como tampoco a nuestras aspiraciones democráticas. Hay que recordar que las condenas jurídicas y los señalamientos internacionales al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, han sido por actuaciones de elementos castrenses.

A la clase política y a los ciudadanos se nos pide (¿exige?), por parte del titular de la Sedena, “respeto y respaldo” a los derechos de una nueva tipología de ciudadana (“ciudadanos-soldados”).

Sin embargo, la manipulación de reconocer o no derechos, trátese de los “delincuentes” o de ciudadanos comunes, pasa por alto que no se nos puede equiparar a la calidad “ciudadana” militar que reclama inopinadamente porque nuestra condición es diferente: desarmados e inermes ante soldados y policías además ante los delincuentes de todo tipo (la caricatura de Helioflores –El Universal, miércoles 5 de octubre–, es elocuente y aplicable a todos y a todo el país). Somos observantes de la ley antes que hacerla cumplir como les corresponde a los servidores públicos, de ahí que su llamado de corresponsabilidad resulta engañoso y manipulador.

El dato objetivo que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía NEGI del fracaso de las políticas de seguridad de los últimos años, definidas en buena parte al gusto del sector castrense para garantizar recursos y márgenes de influencia en los gobiernos federal y estatales, es nuestra percepción al respecto: siete de cada 10 mexicanos simplemente no nos sentimos seguros en el país.

Oportunismo político

El cobijo del poder civil a la agresión contra los militares en Sinaloa se extiende a una clase política que, con miras electorales, busca una alianza estratégica con el Ejército sin importar el daño a las instituciones democráticas que ayuden a solucionar nuestra crisis humanitaria.

Luego del discurso militar, del respaldo presidencial a la institución y las víctimas, desde el Senado el PAN anunció el martes 4 cambios legislativos que bajo el manto de “Ley de Seguridad Interior”, y al margen de lo que establece la Constitución, se legitima la intervención militar como policías (la jurisprudencia de la Suprema Corte nunca fue suficiente).

Debe recordarse que esta es una pretensión castrense que se perfiló desde el sexenio calderonista, cuando se impulsó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional (2009-2011) y que no se concretó. En el sexenio actual se ha insistido desde la iniciativa presidencial de “intervención” en los gobiernos municipales infiltrados por el narcotráfico (antes de Ayotzinapa, por supuesto) a la par de una propuesta proveniente de la Sedena misma, sobre seguridad interior precisamente.

Como las organizaciones religiosas, las militares se distinguen por la continuidad de sus pretensiones en el tiempo y sólo tienen que esperar las condiciones propicias para lograrlas. Ciento catorce soldados muertos en los últimos cuatro años son la contribución trágica para el empoderamiento y otro triunfo político-legal de los militares mexicanos.

El oportunismo político del PAN y de otros partidos son propios de su falta de visión de Estado y de su papel republicano en un estado pleno de derecho: en el México moderno, ni un solo titular de la Sedena o de la Marina Armada de México ha comparecido en el pleno de ninguna de las cámaras del Congreso. Por el contrario, los legisladores acuden a sus oficinas “para ser informados”.

Si bien esto no sorprende, llama la atención la histeria de periodistas, columnistas y analistas que no sólo se rasgan las vestiduras (“El enojo del general”, “¿Y los soldados no importan?” “Ejército herido”… etcétera), ante la tragedia personal de cinco familias de soldados muertos, sino que replican el chantaje militar institucional y amplifican el reclamo ante un supuesto abandono político y presupuestal del sector castrense. Se trata no sólo de una postura acrítica sino interesada, que fortalece posturas autoritarias y nos aleja de la debida rendición de cuentas.

Poco o nada se ha dicho, por ejemplo, de las causas por las que más de un centenar de soldados jóvenes han sido víctimas en operativos militares mal diseñados y peor ejecutados por los mandos. Esto es igualmente importante que exigir castigo para sus asesinos. Tampoco se dice nada sobre la falta de precisión de nuestras víctimas civiles, los desaparecidos, torturados y ejecutados en los operativos en donde participan militares y policías.


Mal que el país se haya convertido en un México de víctimas (que alcanzaron desde hace tiempo a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas) y su territorio en una gran fosa común. Peor, que no existan condiciones para debatir la responsabilidad, esa sí compartida, de autoridades civiles y militares en el fracaso por nuestra seguridad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERUBIEL TIARDO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458129/venganza-chantaje-politico-en-la-sedena

La Judicatura y fuerzas armadas firman convenio de seguridad

Ciudad de México. El Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina firmaron un convenio de colaboración que implica la difusión de criterios judiciales relacionados con el correcto despliegue de operativos de seguridad implementados por las fuerzas armadas.

El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó ante los secretarios de la Defensa Nacional y de la Armada de México, General Salvador Cienfuegos Zepeda y Almirante Francisco Soberón Sáenz, respectivamente, que “nuestro pueblo lo que quiere es tranquilidad en las calles y cero impunidad en las sedes judiciales y ministeriales; quiere eficacia en el combate a la delincuencia con pleno respeto a sus derechos por parte de cualquiera de sus autoridades”.

Aguilar agregó que es indispensable que la sociedad vea a sus autoridades de justicia como sus principales aliados contra la delincuencia. El escepticismo ciudadano en este rubro no ha sido producto de un malentendido, sino de una realidad profundamente insatisfactoria, añadió.

Dijo que este convenio constituye la primera gran acción que se da en el marco del acuerdo suscrito el 18 de junio pasado entre los tres Poderes de la Unión para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal.

Reconoció a los titulares de las Fuerzas Armadas Nacionales que, como es su costumbre, dan un paso al frente y toman la iniciativa; son ejemplo y marcan la pauta de la indispensable coordinación que demanda el nuevo paradigma constitucional.

Ahora el reto del nuevo sistema es mayor e implica dar los resultados que la ciudadanía reclama y que pasan necesariamente por lograr la tranquilidad en las calles, así como cero impunidad en las sedes judiciales y ministeriales; en suma, dijo, eficacia en el combate a la delincuencia con pleno respeto a sus derechos por parte de sus autoridades. A todo ello tiene derecho y es nuestro deber satisfacerlo.


Desde hace largo tiempo, explicó el ministro presidente, la ciudadanía nos envía mensajes que deben ser entendidos por los distintos operadores de manera certera, pues cuando falla uno de sus componentes, hace que todo el sistema se debilite.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/15/la-judicatura-y-fuerzas-armadas-firman-convenio-de-seguridad

Sedena rehúsa manipular paquete sospechoso… por falta de equipo

DURANGO, Dgo: La presencia de una maleta que contenía un artefacto no convencional en su interior, movilizó anoche a elementos de diversas corporaciones.

Y es que en el interior del empaque, abandonado a media calle junto al multifamiliar Francisco Zarco, había un aparato que -según describieron agentes policiacos- tenía varios cables expuestos y luces que encendían de forma intermitente.

Después de casi una hora de espera, en la que resguardaron la zona agentes de las direcciones municipales de Seguridad Pública y Protección Civil, militares arribaron al sitio y revisaron el paquete; sin embargo, declinaron  manipularlo ante la falta de equipo adecuado.

Al final, fue el propio director de Seguridad Pública, José Guadalupe López Carbajal, quien decidió colocarlo en la caja de una camioneta particular (perteneciente a uno de sus subalternos) para trasladarlo al campo militar del 5 de Mayo.

Hasta el momento no se ha detallado el contenido del paquete, aunque la sospecha inicial era de algún tipo de explosivo.


El abandono del paquete coincidió con el momento en que José Ramón Enríquez Herrera recibía su constancia como presidente municipal electo de la capital, cargo al que llega a través de la alianza PAN-PRD.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS LOZANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443498/sedena-rehusa-manipular-paquete-sospechoso-falta-equipo

Aviones espía de Sedena: costaron millones de dólares y se descomponen seis veces al mes

Las horas de vuelo de estos aparatos se han reducido a la mitad en los últimos años. Desde 2013 hay un proyecto para adquirir más aviones pero la defensa informó vía transparencia, que no hay presupuesto autorizado para ello.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) invirtió en 2009 casi 25 millones de dólares en la compra de un sistema de aviones espía de fabricación israelí. Estos son los aparatos de toda la Fuerza Aérea que más fallas acumulan y sus horas de vuelo se han desplomado 50 por ciento.

Documentos revelados por la Defensa a través de solicitudes de transparencia evidencian que este sistema de aviones denominado “Hermes 450” acumula 469 fallas del 2009 a la fecha, más que ningún otro modelo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana en ese periodo de tiempo. Son seis desperfectos al mes en promedio.

De hecho, históricamente solo la flota de aviones modelo Cessna 182 registra más fallas que los drones, pero estos llevan casi 20 años en funcionamiento con más de 258 mil horas de vuelo (por apenas 3 mil 515 horas de vuelo de las aeronaves no tripuladas).

El sistema Hermes 450 de la Sedena está compuesto, según publicaron medios que tuvieron acceso a los contratos del mismo,  por dos aviones no tripulados con sus respectivos módulos de control y comando. Vía transparencia la Sedena no confirma la cantidad de aparatos de ningún modelo de aeronave, aunque el INAI resolvió esta semana que sí debe darse a conocer el número de drones.

Además de los Hermes, la Defensa tenía dos sistemas más en su flota de drones: el G1-Guerrero que ya no está en operación, y el S1-EHECATL que es un prototipo mexicano donado en 2012 y cuyo uso ha sido reducido.

La necesidad de tener más drones ya estaba prevista por la Sedena desde el arranque del sexenio. En el Plan Sectorial de Defensa Nacional 2013 – 2018 estableció como una de las líneas de acción la adquisición tres sistemas no tripulados más en 2016. Sin embargo, la dependencia reveló a Animal Político que no hay presupuesto asignado o previsto para poder adquirirlos.

Sin contar lo invertido en reparar las referidas fallas, el mantenimiento del sistema de drones Hermes 450 le ha costado hasta a la fecha a la Defensa Nacional por lo menos 17 millones de pesos, tomando en cuenta que por hora de operación se invierten poco más de 4 mil 800  pesos.

Aterrizaje forzoso

De acuerdo con los datos oficiales de Sedena, el sistema de aeronaves no tripuladas Hermes 450 se compró en el 2008. El contrato, firmado con la empresa israelí Elbyt Systems, fue por un monto de 25 millones de dólares que incluía los aparatos así como refacciones y capacitación.

En julio del 2009 dichas aeronaves iniciaron formalmente operaciones dentro de la flota de la Fuerza Aérea Mexicana, adhiriéndose al llamando Escuadrón de Sistemas Aéreos No Tripulados.

De acuerdo con los datos asentados en la solicitud de información 0000700018513, desde su integración a la flota hasta febrero de 2013, dicho sistema de aeronaves acumuló dos mil 468 horas de vuelo, lo que es un promedio mensual de 56 horas de operación efectiva.

En tanto, de marzo de 2013 a abril de 2016, las aeronaves no tripuladas registraron mil 47 horas de vuelo, según  los datos oficiales publicados en la solicitud de información 0000700018513. Esto es un promedio de 29 horas de vuelo al mes.

Lo anterior significa que en los últimos dos años, el promedio de  horas efectivas de operación de estos artefactos ha descendido poco más de 48 por ciento.

De acuerdo con los mismos datos de la Defensa, en su tiempo de vida útil el sistema de aeronaves Hermes acumula 469 fallas que se han presentado en 869 operaciones. Ningún otro modelo de aeronave de ala fija (aviones) o rotativa (helicópteros) acumula esa cantidad de fallas en los últimos ocho años.

De todas las aeronaves que están operativas actualmente, solo los aviones ligeros de la flota Cessna 182 registran más fallas que los drones con 711, pero estas funcionan desde 1999 y registran más de 258 mil horas de vuelo.


Además de los modelos Hermes 450, el Escuadrón de sistemas Aéreos No Tripulados contaba con dos modelos más de drones de manufactura mexicana. El G1-Guerrero, que según los datos actualizados de la Sedena, ya no está en funcionamiento, y el S1-Ehectal que es un prototipo donado en 2012 y que se ha utilizado de forma reducida, con apenas 378 horas de vuelo.

Urgen drones, falta dinero

El Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013 – 2018 estableció como una de sus líneas de acción prioritaria la adquisición de tres sistemas aéreos no tripulados a partir del año 2016.

El gobierno federal explicó que la adquisición de estos drones, y de otros aparatos para la flota aérea,  era necesaria para reforzar las acciones de soberanía nacional y combatir a la delincuencia organizada, además de apoyar a la población en emergencias.

A través de una solicitud de transparencia Animal Político preguntó a la Sedena sobre el proceso de adquisición de estos aparatos. La dependencia confirmó que se necesitan los aparatos, pero no se cuenta con el dinero.

“Se tiene contemplado fortalecer y renovar las capacidades del sistema integral de vigilancia aérea, para garantizar la soberanía del territorio nacional, mediante la adquisición de tres sistemas aéreos no tripulados, sin que a la fecha se cuente con el modelo, fecha de adquisición y presupuesto” dijo la Sedena en su respuesta.  Hoy en día, no existe fecha tentativa para la renovación de los aparatos.

Las aeronaves no tripuladas, de acuerdo con la propia secretaría de la defensa,  son importantes porque intervienen en tres tipos de operaciones: auxilio en la protección civil; vigilancia de zonas fronterizas; y vigilancia de instalaciones estratégicas.

Particularmente, la Fuerza Aérea Mexicana ha desplegado estos aparatos para patrullar instalaciones de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de electricidad, como por ejemplo la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Son aeronaves que representan una ventaja, según un informe de la dependencia, ya que  representan un riesgo mínimo para los operadores pues no están tripulados; pueden transmitir datos en tiempo real y tienen una alta movilidad. Se requiere une quipo de tres personas para poder manejar y supervisar cada aparato.

En México, solamente hay dos operadores de aeronaves no tripuladas con las capacidades de  los modelos Hermes. Uno es la Fuerza Aérea Mexicana y el otro es la Policía Federal, que cuenta con dos sistemas tipo 900, lo cuales fueron entregados por la empresa Elbit Systems a dicho corporación policial  en 2012.

Flota vieja e incompleta

Las aeronaves no tripuladas de la Sedena no son los únicos aparatos que le hace falta modernizar a la Fuerza Aérea Mexicana.

En el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013 – 2018, el gobierno reconoció que el 55%  de las 346 aeronaves de la Fuerza Aérea  cuentan con 21 años o más de servicio. Por otro lado, la Defensa  informó que hasta abril de este año, el 16% de la flora no está operativa.

Entre 2008 y 2015 la Sedena invirtió más de mil 919 millones de dólares y 400 millones de euros en la adquisición de aeronaves y helicópteros con fabricantes estadunidenses y europeos.  Este años se tiene contemplado que lleguen aun modelos Beechcraft T-6; Boeing 737-800 y helicópteros UH-60M pagados en años anteriores.

Pero la dependencia reconoció que en 2016 no se hará ninguna inversión para la adquisición de aparatos nuevos, pese a que hay modelos que urge renovar.

Uno de los proyectos es la sustitución de las aeronaves de transporte pesado C-130J conocidos popularmente como “Hércules”, pues los que operan actualmente datan de los años 1968 y 1980. También está pendiente la renovación de los cazas de combate F-5 Tiger, pues todos son modelos 1981.

La Defensa Nacional confirmó que en ambos casos “se tiene contemplada la adquisición” de aparatos que sustituyan a los anteriores, sin embargo, “nos e cuenta con el modelo, fecha de adquisición y presupuesto”.

Fin a opacidad militar

El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) resolvió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe dar a conocer el número específico de drones con los que cuenta además de los modelos, y desestimo que el revelar este dato ponga en riesgo las tareas de seguridad en el país.

“El Pleno del INAI determinó que el número de drones no puede ser reservado, ya que el dato, por sí mismo, no revela la capacidad de vigilancia aérea de la Sedena para emprender acciones contra la delincuencia organizada” informó el INAI.


El Instituto subrayó que dar a conocer la cantidad de drones tampoco brinda “elementos contundentes” que generen un desequilibrio para la capacidad de reacción, planeación o estrategia, como planteó la Sedena para no dar a conocer los datos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/aviones-espia-de-sedena-costaron-millones-de-dolares-y-se-descomponen-seis-veces-al-mes/

Todo aquel que enfrente al Estado, rendirá cuentas: Cienfuegos

CIUDAD DE MÉXICO: El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, advirtió a “todo aquel que intente enfrentar el estado de derecho”, terminará “rindiendo cuentas ante las instancias legales”.

En el marco del anuncio de ampliación del Sistema Nacional de Comedores Comunitarios en Guarrero, Cienfuegos aludió a la violencia que enfrenta Guerrero al señalar que el hambre no es el único desafío que enfrenta ese estado que ha sido afectado por grupos delincuenciales que perturban la tranquilidad de su población.

Dijo:

“Todo aquel que intente enfrentar el estado de derecho termina rindiendo cuentas ante las instancias legales. Ese será el destino de los que hoy afectan a las mujeres y hombres de esta bella entidad”, dijo ante el presidente Enrique Peña Nieto, quien presidió el evento, informó la agencia Notimex

El titular de la Sedena hizo énfasis en que nadie puede estar por encima de la fortaleza de las instituciones, “pero sobre todo, nada ni nadie puede quebrantar la voluntad de los valientes guerrerenses de bien, que buscan un mejor porvenir para sus familias y para sus comunidades”.

A la sociedad de Guerrero le reiteró el compromiso asumido para cumplir sus misiones, “siempre apegados a la ley y al respeto de los derechos fundamentales de las personas”.

Las fuerzas armadas, abundó, continuarán protegiendo y apoyando a la sociedad, “motivo y razón de nuestro actuar. Y seguiremos trabajando sin reservas, aquí en el estado y también a lo largo y ancho del país”, subrayó Cienfuegos.

Y aseveró que para la dependencia a su cargo, la Cruzada Nacional Contra el Hambre “es tema prioritario que asumimos con responsabilidad y con fundamento en las misiones que nos establecen la Carta Magna y nuestra ley orgánica”.

En el mismo sentido se pronunció el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz, quien afirmó que combatir la pobreza extrema, el hambre y la desigualdad es un asunto de justicia social y, por tanto, “un asunto de Estado”.

“Desde nuestro ámbito de competencia entregamos el máximo esfuerzo para revertir la pobreza de nuestro pueblo. En la Armada de México estamos conscientes que las soluciones institucionales deben ser equivalentes a los grandes problemas nacionales”, aseveró el titular de la Semar.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: http://www.proceso.com.mx/442260/aquel-enfrente-al-rendira-cuentas-cienfuegos

La Sedena da de baja a un piloto distinguido

Anuncia que interpondrá amparo.

El 15 de octubre de 2005, el helicóptero TPH-09 de la comitiva del entonces presidente Vicente Fox sufrió un desperfecto mecánico cuando aterrizaba en Motozintla, Chiapas. Debido a la pericia y al adiestramiento de los pilotos del Estado Mayor Presidencial (EMP), los tripulantes y pasajeros salieron ilesos.

Después de una minuciosa investigación, la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) concluyó que la actuación de los pilotos César Palomera Covarrubias y Ángel Zaid Vázquez fue impecable, lo cual les valió el reconocimiento de sus jefes.

Sin embargo, 11 años después el EMP dio la espalda a Palomera Covarrubias y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ordenó su baja del servicio activo, sin reconocer que la enfermedad cardiaca que le impide volar fue contraída durante el desempeño de su deber.

Luego de un largo proceso legal, la junta directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (Issfam) notificó ayer al teniente coronel Palomera su baja del servicio activo.


El militar, quien la mayoría de sus 28 años en las fuerzas armadas los desempeñó en el EMP, denunció que fue discriminado por las autoridades castrenses cuando se negaron a reconocer el origen de su mal, pero además por no aceptar que le fueran computadas y abonadas las horas de vuelo como tiempo de servicio, pese a que su actividad como piloto de la comitiva presidencial representó una actividad de alto riesgo.

El teniente coronel padece cardiopatía isquémica crónica con isquemia residual inferior más puente muscular a nivel de la arteria coronaria descendiente anterior y hernia de disco L-5-S1, con radiculopatía de miembros inferiores, lo cual le impide continuar en activo.

Ante la resolución del Issfam, el militar adelantó que interpondrá un juicio de amparo para hacer valer los derechos que le negó el mando castrense.

Palomera Covarrubias fue fundamental para que los reporteros que iban a bordo del helicóptero resultaran ilesos. Meses después la FAM concluyó que se trató de una falla técnica y que fue el acierto humano lo que evitó una catástrofe.

De acuerdo con los comunicadores que iban a bordo, falló uno de los motores del aparato al momento de iniciar las maniobras de aterrizaje en un campo deportivo habilitado como helipuerto.


El TPH-09 cayó unos 15 metros y quedó a poca distancia del helicóptero en que viajaban Fox Quesada y funcionarios de su gabinete. La aeronave sufrió daños en el cono del rotor y ya no pudo despegar.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/05/17/politica/011n2pol

Caso Ayotzinapa, “el más manoseado”: Salvador Cienfuegos

CIUDAD DE MÉXICO: El secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, es tajante en sus respuestas, lo mismo frente al caso Ayotzinapa que en el tema sobre la legalización de la mariguana, sin embargo, advierte que las fuerzas armadas seguirán “poniendo orden donde se tenga que poner orden”.


No obstante también lo obsesionan los números, y por ello da cifras: “En 98% de los golpes al crimen ha estado el Ejército”, o que “cerca de 79% de los mexicanos confían o confían mucho en sus fuerzas armadas”. A continuación, una entrevista que el titular de la Sedena dio al periodista Jorge Pérez Arellano, de El Siglo de Torreón.

–¿El caso Iguala es el más complicado que le ha tocado enfrentar desde que usted asumió el cargo?

–No, no me parece que sea el más complicado, pudiera haber otros. Me parece que es el más manoseado, el más tergiversado.

“Ha habido imprecisiones, confusiones y en el que se ha intentado involucrar a diversas instituciones, entre ellas el Ejército. Creo que es un caso que tiene que seguirse investigando para determinar las responsabilidades y finalmente dar con el paradero de los jóvenes.

“Hay mucha confusión y una clara intención de involucrar al Ejército, donde ya se comprobó que no tuvieron ni acción ni omisión, eso está explicado, minuto a minuto, de lo que hicieron los soldados esa noche y madrugada trágica”.

–Usted afirma que en 98% de los golpes al crimen ha estado el Ejército. También ha dicho: mientras no haya policías preparadas, el Ejército estará en la calle… Y siendo realistas, no se ve cercana esa salida.

–Lo que intenté decir en esa declaración es que hay un esfuerzo nacional, Federación, estados y cada quien hace lo que puede. Yo intenté decir que hay delitos en que las fuerzas armadas, particularmente el Ejército, han estado hasta en 98% de los casos o más.

“Por ejemplo, la destrucción y decomiso de la siembra ilícita de mariguana y amapola, lo hacemos nosotros. Las grandes detenciones, aseguramientos de armas, aseguramiento de pesos y dólares, vehículos, en fin, los porcentajes de ese esfuerzo nacional son atribuibles a las fuerzas armadas”.

–¿Y no sería contradictorio o contraproducente precisamente tratar de legalizar la mariguana mientras el Ejército en algunos estados, como Durango, realiza importantes decomisos de enervante cada mes?

–No, yo creo que son cosas diferentes. La legalización no indica que se pueda producir y comercializar la droga, no. La legalización se refiere a poder descriminalizar a los consumidores, que no sean castigados porque consumen mariguana.

“La amapola es otro tema que tendría que atenderse en su momento, pero hablando de la posible legalización de la mariguana, que es la propuesta del presidente, se refiere a eso, a tratar el problema como un asunto de salud, no de delincuencia, y creo que eso va a ayudar a sacar a mucha gente de las cárceles y que facilitará que puedan ser atendidos.

“Yo no veo lo contraproducente. La droga es droga y tendrá que ser destruida mientras sea necesario”.

–El Ejército sigue siendo la institución que más credibilidad tiene en el país aunque sus niveles han bajado. ¿Exposiciones, actividades, paseos que han organizado son un intento para regresar a sus bases, a los ciudadanos, al pueblo?

–A ver, es que nunca nos hemos alejado del pueblo. Somos el pueblo…

–Me refiero a abrir sus puertas para recuperar credibilidad…

–El 99% de nuestros efectivos viene de condiciones humildes, yo soy el mejor ejemplo. Somos el pueblo, pero con uniforme, con valores, con disciplina, y queremos hacer las cosas para ayudar y servir a nuestro país.

“La credibilidad no depende de que nosotros busquemos que nos veamos confiables, depende de cómo nos vean los ciudadanos, y ellos han dicho, en la última quincena de abril, que 79% de los mexicanos confían o confían mucho en sus fuerzas armadas.

“Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando, hablando con la verdad, poniendo orden donde se tenga que poner orden. No permitimos ni permitiremos que se violen los derechos humanos, como el caso de este video de tortura que es una vergüenza y por lo que yo me sentí obligado a ofrecer disculpas”.

–Un hecho inédito…

–Y así debe ser. Porque pareciera que los 213 mil militares del Ejército y Fuerza Aérea nos dedicamos a torturar y no, no es así, es una tergiversación de las cosas.

“Si uno, dos, 20 o 30 que fueran, no por ellos se puede calificar a todos por igual, a 213 mil que están haciendo su mejor esfuerzo, exponiendo su vida, que se separan de sus familias por mucho tiempo.

–Para el secretario de la Defensa Nacional, ¿cuál es la principal amenaza a la seguridad que tiene este país?

–Las amenazas y riesgos ya están tipificados en las leyes, pero si yo tuviera que dar mi punto de vista, creo que la principal amenaza que tiene nuestro país es la corrupción y la impunidad, que siempre van de la mano. Eso es lo que yo creo que se tiene que atender con urgencia.

–Ha habido operativos desde el sexenio pasado que han fracasado para intentar frenar la violencia del crimen organizado en algunas regiones del país, aunque en números, hubo uno que sí se resaltó y fue el de La Laguna. ¿Es este el ejemplo a seguir para aplicar en todo el país?

–Es uno de los operativos ejemplares que ha tenido éxito. Hemos propuesto que sea retomado en otros estados, particularmente donde también haya problemas fronterizos. Si seguimos con este esquema, contamos con la disposición, entrega e involucramiento de los gobernadores, las cosas pueden cambiar como en La Laguna.

–¿A qué hora descansa el secretario de la Defensa Nacional?


–Es una pregunta que no me hacen comúnmente. Obvio tengo que descansar, es imposible mantener este ritmo sin hacerlo. Sí tengo momentos de descanso que aprovecho para reunirme con mi familia, con mis hijas, mis nietos, mis yernos. Me gusta escuchar música, leer y con eso descanso. En los viajes, que son continuos, aprovecho para ir leyendo, creo que esos son mis momentos de descanso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439582/caso-ayotzinapa-manoseado-salvador-cienfuegos

Círculo de impunidad en la Sedena

Desde hace casi cinco años, el teniente de infantería José Guadalupe Orizaga y Guerra se encuentra atrapado en los vericuetos de la justicia castrense. A finales de junio de 2011 lo detuvieron por su presunta participación en el asesinato de un ingeniero en Morelos. Lo sometieron a tortura y dos años después, cuando rindió su declaración ante el fiscal militar, resultó que éste había sido testigo de la vejación a la que fue sometido. Desde entonces su caso está empantanado.

CIUDAD DE MÉXICO: El día que el teniente de infantería José Guadalupe Orizaga y Guerra acudió a declarar sobre la tortura, incomunicación y retención ilegal de las que fue objeto durante cinco días por parte de agentes de la Policía Judicial Federal Militar (PJFM), se llevó una sorpresa: el fiscal castrense que le tomó la declaración, Luis Chagoya Meinguer, era el mismo fiscal castrense que le tomó declaraciones entre las sesiones con sus torturadores.

Era 2013 cuando el militar supo que estaba inmerso en un círculo de impunidad. Todo empezó el 30 de junio de 2011, cuando fue detenido por su presunta participación en el asesinato de Jethro Ramsés Sánchez Santana, detenido en mayo de ese mismo año por la policía municipal de Cuernavaca, entregado luego a la Policía Federal y, finalmente, a una Fuerza de Reacción del 21| Batallón de Infantería, de la que el teniente era comandante operativo (Proceso 1852).

Los uniformados lo entregaron a policías federales, que lo llevaron al 21 Batallón de Infantería, donde una Fuerza de Reacción, de la que Orizaga y Guerra era comandante operativo, se hizo cargo de él (Proceso 1852).


En la detención de Sánchez Santana, participaron ocho policías municipales, 10 federales y una veintena de soldados, pero sólo Orizaga y Guerra y otros dos militares están presos bajo cargos que, conforme a documentos obtenidos por Proceso, les fueron imputados bajo tortura e ilicitudes por las autoridades castrenses.

Es decir, para resolver rápido la muerte de un civil por presuntamente por tortura, el aparato de justicia militar torturó a sus soldados.

Tras la desaparición del ingeniero, ocurrida el 1 de mayo de 2011, sus familiares y organizaciones civiles llevaron a cabo varias movilizaciones para exigir a las autoridades su presentación. Semanas después su cuerpo fue localizado en Atlixco, Puebla, semienterrado en un paraje.

Según los organismos de derechos humanos, se trató de una ejecución extrajudicial. El caso de Sánchez Santana fue uno de los de mayor impacto en el gobierno de Felipe Calderón, sobre todo después de que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se solidarizó con Héctor Sánchez López, padre del ingeniero, y sus familiares.

La presión ciudadana motivó la salida del comandante de la XXIV Zona Militar, general Leopoldo Díaz Pérez, quien nunca fue sometido a proceso.

El 30 de junio siguiente, un grupo de la PJFM detuvo a varios militares, entre ellos a Orizaga y Guerra, quien fue trasladado de Cuernavaca al Campo Militar Número 1-A en la Ciudad de México, donde, según su declaración, permaneció encerrado en un cuarto para oficiales en las instalaciones de la Tercera Brigada de la Policía Militar.

Ahí, según el teniente de infantería, fue golpeado. Sus verdugos lo llevaron posteriormente ante Chagoya Meinguer, quien recabó sus firmas en confesiones ante la coacción evidente y luego le asignó al sargento Zeferino Hernández Peña como su defensor de oficio.

Hernández Peña no era un defensor de oficio, sino un oficinista adscrito al Ministerio Público de la XXIV Zona Militar en Cuernavaca, Morelos. Esto es, un empleado de la PJFM que se convirtió en defensor de un acusado por esa misma instancia. Chagoya Meinguer tuvo cuidado de que en las actuaciones ministeriales el nombre del sargento Hernández fuera registrado sólo como “defensor particular”.

Durante los días en que Orizaga y Guerra, firmó declaraciones, Hernández Peña estaba comisionado a un Ministerio Público sin que hubiera registro de otro tipo de comisión.

La información sobre el supuesto “defensor particular” fue solicitada por los abogados de Orizaga al Juzgado Segundo de Distrito, que a su vez pidió a la Procuraduría General de Justicia Militar un informe sobre las actividades del sargento Hernández Peña durante los días en que Orizaga estuvo incomunicado y sujeto a tortura.

El mismo Juzgado Segundo, al percatarse de que había indicios de tortura, pidió iniciar una averiguación previa de oficio en la procuraduría militar y se le asignó el número de expediente SC/429/201-V-XI.

El juzgado instruyó a la Procuraduría de Justicia Militar que asuma la denuncia por tortura realizada por el teniente Orizaga, pues luego de tres años el Ministerio Público Militar no ha integrado la averiguación previa para consignarla a un juez.

El expediente tiene vicios de origen: Chagoya Meinguer, uno de los implicados en el caso del teniente Orizaga, admitió la denuncia y tomó las declaraciones más comprometedoras del caso, pero se excusó posteriormente, cuando la investigación estaba avanzada. Es decir, declaró tener conflicto de intereses en el asunto, por estar acusado, hasta que se cercioró de que la denuncia quedara estancada.

Tortura como sistema

Recluidos en la prisión del Campo Militar Número 1-A, el teniente José Guadalupe Orizaga y Guerra, su otrora subalterno Edwin Raziel Aguilar Guerrero y el coronel José Guadalupe Arias Agredano son los únicos presos por la muerte del ingeniero Sánchez Santana.

Diferentes documentales han puesto en entredicho la versión oficial que imputa sólo a Orizaga y Aguilar Guerrero, pese a que ambos niegan haber torturado y asesinado a Sánchez Santana que, en efecto, murió bajo custodia militar.

Para encausar a los dos oficiales, el Ministerio Público Militar integró inclusive declaraciones de miembros de la Fuerza de Reacción, quienes una vez liberados aseguraron que declararon bajo tortura.

Entre el 1 y el 6 de julio de 2011, al menos cuatro soldados describieron su detención y las torturas a las que fueron sujetos por parte de la PJFM, en los informes que rindieron a la primera comandancia del 21 Batallón de Infantería.

Los documentos escritos a mano, firmados y foliados son coincidentes en la descripción de la forma en que procedieron con ellos los agentes de la PJFM, quienes presuntamente condujeron a los detenidos a cuartos de instalaciones militares, donde los obligaron a firmar declaraciones incriminatorias.

Entre esos informes destaca el del soldado de infantería Adrián Domínguez García, quien el 1 de julio de 2011 informó a sus superiores sobre su detención el día anterior por elementos de la PJFM que arribaron a Cuernavaca, formaron, desarmaron y detuvieron a varios integrantes de la mencionada Fuerza de Reacción.

Domínguez García describió en el documento la forma en que fue conducido a unas instalaciones donde lo hicieron sentarse, lo maniataron, le vendaron los ojos y le dijeron que “se iban a encargar” de su familia y de él.

Durante la sesión, afirmó que lo habían golpeado en la cabeza, en la nuca y en el rostro, además de amagarlo con darle toques eléctricos.

Otro denunciante fue el soldado de infantería Jesús Rendón García, a quien los agentes de la PJFM llevaron a las instalaciones del Séptimo Regimiento de Artillería junto con otros militares.

Después de cubrirle los ojos y maniatarlo, Rendón García fue golpeado y trasladado a un cuarto de baño, donde reanudaron la golpiza; incluso le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza.

“A ver cuánto aguantas”, le dijeron.

Según su informe, el soldado fue conducido a otra habitación, donde lo “entrevistaron” no por los hechos relacionados con la desaparición de Sánchez Santana, sino por los nombres de su propia familia, sus domicilios, lugares de trabajo y otros datos personales. Después de la intimidación, lo tuvieron bajo vigilancia varias horas hasta que lo soltaron. Tenía todo el cuerpo amoratado.

La descripción que hizo el soldado Jesús Alberto Almonte Aguirre, quien el 4 de julio de 2011 fue sometido a una sesión que se prolongó de dos a tres horas, es similar. Lo mismo ocurrió con la de otro compañero suyo cuyo nombre no aparece en el escrito, aunque sí su firma y matrícula militar.

Caso estancado

En los recursos promovidos por la defensa del teniente José Guadalupe Orizaga y Guerra destacan documentos en los que se observa un procedimiento denominado “cuestionario inteligente” que se aplica a detenidos por el Ejército Mexicano.

Dicho procedimiento debe ser realizado por el llamado “grupo de información”, por lo que es a ese tipo de grupos a los que se les atribuye la comisión de torturas. La cuestión es que Orizaga era comandante de operaciones no del grupo de información. (Proceso 1863)

Luego de que se instruyera la apertura del citado expediente por la tortura de los oficiales militares, en 2014, el teniente Orizaga presentó otra denuncia (Averiguación SC/400/2014-IX) que quedó a cargo del Décimo Primer Agente del Ministerio Público Militar, Salvador Rangel Sánchez.

Según ese expediente, el teniente Orizaga fue detenido el 30 de junio de 2011, dictaminado sin lesiones en el Campo Militar 1-A y luego dictaminado con lesiones e internado el 4 de julio en Cuernavaca. Durante esos cinco días, según las actuaciones del caso, no fue presentado ni consignado ante un juez.

A tres años de que se abriera la averiguación, las actuaciones no han concluido, por lo que Orizaga ha promovido varios amparos contra la inacción. Con la intención de sensibilizar al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, así como a otras autoridades del ámbito castrense, el teniente le envió un oficio el pasado 6 de enero en el cual invoca diferentes artículos del derecho nacional a internacional relacionados con la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El documento fue enviado también al general Jesús Gabriel López Benítez, procurador de Justicia Militar, de quien depende la PJFM. Orizaga le recordaba al general sus declaraciones emitidas el 27 de febrero de 2014, cuando, a propósito del proyecto de reformas al Código de Justicia Militar, expresó:

“Una característica esencial de la jurisdicción militar es la celeridad y ejemplaridad, esto se logra cuando ante la ocurrencia de una conducta tipificada por el ordenamiento penal militar, el órgano revisor investigador actúa de manera inmediata, integrando la indagatoria correspondiente y consignándola ante el juez militar”. Añadió que esa actuación se sustenta en la ley, el honor y principios éticos sólidos.

El oficio redactado por Orizaga ni siquiera llegó a sus destinatarios, el secretario y el procurador militar, pues el director de la prisión envió todas las cartas al agente del ministerio público, donde se respondió con una rebuscada explicación jurídica al teniente.

En dicha respuesta, enviada el 12 de febrero de 2016 con la firma del jefe de averiguaciones previas, Sergio Hernández Cancino, se expone que no es posible consignar el expediente de Orizaga, debido a que aún están integrando información, que faltan peritajes y la aplicación del Protocolo de Estambul, que hasta el viernes 8 seguía sin practicarse.


A cinco años de los hechos que dieron origen al caso, la suma de torturas, prevaricación en el Ministerio Público Militar y denuncias en las que los acusados por la muerte de Sánchez Santana son denunciantes y víctimas, el estancamiento de las actuaciones ejemplifican la impunidad en la justicia castrense.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGO GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/437914/circulo-impunidad-en-la-sedena