Inhabilitan por 10 años a funcionario del INM que permitió la estancia de 139 extranjeros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, a un servidor adscrito a la delegación estatal del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Estado de México, por haber permitido la estancia de 139 extranjeros de diversas nacionalidades.

Deslinde de responsabilidades, hasta concluir indagatorias en Paso Exprés: SCT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) validó el resultado del peritaje efectuado por un grupo de expertos independientes sobre el socavón en el Paso Exprés, aunque aclaró que se deslindarán responsabilidades una vez que la dependencia y la Secretaría de la Función Pública (SFP) concluyan las indagatorias.

En conferencia realizada un par de horas después de que los expertos dieron a conocer que el socavón tuvo su origen por fallas en el diseño, desarrollo y supervisión de la obra, el director general de Carreteras de la SCT, Clemente Poon Hung, admitió que la oquedad tuvo como origen el deterioro de la alcantarilla, el efecto del esfuerzo inducido por el terraplén, el peso propio del muro y la falta de resistencia residual del tubo.

SFP investiga millonarios ingresos de tres funcionarios

México. Como parte de la verificación a los servidores públicos de la Administración Pública Federa, lo que realiza de manera cotidiana la Secretaría de la Función Pública (SFP), se detectaron incrementos en la evolución patrimonial no claros en los ingresos de tres servidores públicos, por un monto global cercano a los 13 millones de pesos. 

 En un comunicado, la SFP detalló que al no quedar claro el origen de esos recursos se presentaron las denuncias ante las autoridades ministeriales, para investigar si el incremento patrimonial constituye una conducta delictiva. Sin, hasta ahora, incluir los nombres de los inculpados.

Sistema Nacional Anticorrupción inicia funciones este miércoles

Ciudad de México. Este miércoles entrará en operación el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), mediante el cual se crearon un conjunto de leyes e instituciones, con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de una manera distinta y amplia esta problemática. 

Al concluir hoy el plazo de un año que se estableció en las normas del sistema publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, el SNA debe iniciar su vigencia a partir de este 19 de julio. 

SFP inhabilita a funcionario de CFE que causó un quebranto de 6.7 mdp

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad por un periodo de 10 años para desempeñarse en el servicio público y le impuso una multa de 10 millones 171 mil 903 pesos con 29 centavos, por avisar “indebidamente” a una empresa sobre la recisión de un contrato.


En un comunicado, la SFP detalló que el servidor público comunicó, sin tener facultades para ello, sobre el inicio del procedimiento de rescisión de un contrato en perjuicio de una empresa, misma que procedió a demandar a la CFE ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJAF).

Sólo 5 funcionarios del gabinete federal regresaron a la SFP los regalos que recibieron en 3 años

Obligados por la Secretaría de la Función Pública, los servidores públicos deben poner a disposición de la dependencia, los regalos cuyo costo exceda los 10 salarios mínimos; es decir, unos 800 pesos en este momento. Ante una solicitud de información, la dependencia respondió que de 2012 a 2015, sólo cinco funcionarios, además del Presidente de la República se deshicieron de obsequios. Otros 19 no entregaron nada, por lo que se infiere que no recibieron obsequios de ese costo. La dependencia sólo informa del número de regalos en su haber, pero no qué son, ni su costo. El registro más transparente es el del Presidente Enrique Peña Nieto, quien entregó 90 regalos, entre corbatas Prada y libros como el titulado “Método de Escritura y Lectura”. Desde hace 35 años la legislación mexicana limita la recepción de regalos de los funcionarios. La medida no ha contribuido en la disminución de la corrupción, un cáncer que más bien se fortificó en ese tiempo.

En 1981, el entonces Presidente José López Portillo quería vencer lo que él mismo definió como una “grande tentación”. Un grupo de empresarios y políticos le obsequió un rancho en Tenancingo en el Estado de México para que pasara cómodamente sus días fuera de la residencia oficial de Los Pinos.

Pero él, no sólo lo rechazó; sino que puso la primera semilla para la legislación anti regalos para los funcionarios mexicanos.

El 3 de septiembre de 1981, el proyecto de ley fue presentado por el legislador del Partido Revolucionario Institucional, Ignacio González Rubio. La ley fue aprobada por 270 votos a favor y dos en contra. En la letra quedó que los funcionarios públicos sólo podrían aceptar quince regalos por año, siempre y cuando el valor de cada uno de ellos no exceda la suma de 20 días de sueldo que por funciones les pague el presupuesto.

Aquella vez, algunos diputados no creyeron que esa ley fuera a contribuir con el combate a la corrupción nacional. Luis M. Farías, del PRI, presidente de la Gran Comisión, dijo que su aplicación sería “muy difícil” y Rafael Alonso y Prieto, del PAN, estuvo en contra por considerarla intrascendente y “una mínima parte de la corrupción” del país.

35 años después, la base del marco legal al respecto es un acuerdo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), publicado en 2013 en el Diario Oficial de la Federación que indica que los funcionarios mexicanos deben poner a disposición de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de esa dependencia, los regalos cuyo costo exceda los 10 salarios mínimos; es decir, unos 800 pesos en este momento.

De 2012 a 2015, sólo cinco miembros del Gabinete legal y ampliado entregaron obsequios con esas características a la Función Pública, mientras que 19 no reconocieron haber recibido presentes con costo mayor al que marca la ley.

Claudia Ruiz Massieu, quien ocupó la Secretaría de Turismo y luego la de Relaciones Exteriores se deshizo de 20 regalos; Rosario Robles Berlanga, primero en Desarrollo Social y luego en Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) puso a disposición de la SFP, cinco obsequios; Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos hasta 2016, entregó cuatro; Luis Videgaray Caso, en Hacienda en esos años, se despojó de uno y Alfonso Naverrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social, también de uno.

Si bien esos obsequios ya no están en sus manos, los ciudadanos no pueden conocer quién, por qué y cuál fue el costo real del obsequio pues no hay formatos para que ello quede registrado.

Entre quienes en esos años no pusieron ningún obsequio a disposición de la SFP están Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional; José Antonio Meade Kuribeña (en ese tiempo Secretario de Desarrollo Social) y ahora Secretario de Hacienda; Rafael Pachiano Alemán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Arely Gómez González (en ese tiempo Procuradora General de la República) y hoy Secretaria de la Función Pública, entre otros.


Además, el Presidente Enrique Peña Nieto regresó 90 obsequios. De hecho, el registro de los regalos del Jefe del Ejecutivo es el más transparente. No se conoce el costo, ni quién se los dio, pero sí qué son. En 2013, se deshizo de una corbata marca Prada, color rojo de rayas, de otra roja con rayas blancas marca JBE, y una más de Scappino rayada, azul y blanco. Así también, el Presidente puso a disposición de la SFP el libro “Isidro Fabela Alfaro, Pensamiento y obra a cien años de la Revolución y Carta de felicitación, el libro “Aníbal y Escipión”, así como el libro “Método de Escritura y Lectura”.

López Portillo no dejó la impronta del combate a la corrupción por haber ideado la ley anti-regalos. Su sexenio estuvo marcado por el despilfarro y la superficialidad. Su esposa, Carmen Romano, se desplazaba por la ciudad de México con 11 vehículos escolta y los hijos se casaban en la residencia oficial de Los Pinos en fastuosas bodas en las que los regalos eran automóviles, viajes, terrenos, cuadros y joyas.

Fue un sexenio donde, además, se instaló el nepotismo. Su hermana, Margarita, era directora de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC); otra hermana, Alicia, su secretaria particular; uno de sus cuñados era oficial mayor en la Comisión Federal de Electricidad, su primo Guillermo era titular del Instituto Nacional del Deporte (Inde). Lo que coronó ese rasgo de López Portillo fue su José Ramón. Lo llamó “el orgullo de mi nepotismo” cuando el joven fue designado Subsecretario de Programación y Presupuesto.

Treinta y cinco años después pese a la construcción de instituciones de combate a la corrupción y la rendición de cuentas, el cáncer es mayor. El estudio “Anatomía de la corrupción” describió en octubre de 2016 que no hay escenario de la vida de los mexicanos en que no esté el mal, desde los litros de 900 ml que se despachan en las gasolinerías, personas liberadas de pagar condena en la cárcel a cambio de una retribución económica, enriquecimiento inexplicable y desvío de fondos públicos.

México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional. En 2015, el país se ubicó en el lugar 95 y en 2016 pasó al sitio 123, entre 176 países analizados. La evaluación obtenida fue de una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100. A partir de los datos de este índice puede inferirse que a México le puede tomar unos 45 años dejar ese sitio donde está hundido.

Los regalos para los funcionarios continúan. De hecho, el marco legal es más rígido. El acuerdo más reciente al respecto fue el publicado en 2013 en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de la Función Pública. En este se estableció el impedimento para todos los servidores públicos recibir regalos o bienes mayores a los 10 salarios mínimos en un año; es decir, unos 800 pesos en este momento.


El acuerdo estableció que la SFP aprovechará todos los “regalos” que les hagan a los funcionarios como equipos de cómputo, impresoras, escáneres, agendas electrónicas y consumibles y demás materiales de oficina; bienes muebles artísticos, históricos o arqueológicos o de naturaleza similar para donarlos a escuelas, centros de investigación, bibliotecas o museos públicos

Consulta de Datos: Oficio No. CI-SFP2038/2015, Expediente No. CI/1254/15 del Comité de Información de la SFP en el INAI

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: UNIDAD DE DATOS/LINALOE RO. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-02-2017/3149379

SFP multa e inhabilita a dos empresas por daño patrimonial de 557 mdp al IMSS

CIUDAD DE MÉXICO: Por incumplir contratos y afectar el patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social, las empresas Fresenius Medical Care de México y Fresenius Medical Care Compañía de Servicios fueron inhabilitadas por dos años y medio para participar en procedimientos de contratación en la Administración Pública Federal (APF).

En un comunicado, el IMSS y la Secretaría de la Función Pública (SFP) informaron que a dichas empresas también se les aplicó una multa por más de un millón de pesos por negarse a prestar el servicio de hemodiálisis para Unidades Médicas de Alta Especialidad, Delegaciones Estatales y Hospitales Regionales.

De acuerdo con ambas instancias, ese servicio estaba previsto en 19 contratos que estaban obligados a formalizar, luego de que fueran adjudicados en procedimiento licitatorio.

El IMSS denunció ante el Órgano Interno de Control que las empresas mencionadas le causaron un daño patrimonial que asciende a 557 millones de pesos por haber tenido que adjudicar por tres años a terceros prestadores –incluido Fresenius– a un costo superior al ofertado en licitación pública.

Lo anterior, apuntó, como resultado de la Licitación Pública para la contratación plurianual del Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna por mil 400 millones de pesos en cuatro años. En el fallo de fecha 4 de septiembre de 2015 se adjudicaron a Fresenius 19 contratos de servicios, pero no los formalizó, ocasionando un daño al patrimonio del Instituto.

En su momento, el IMSS notificó a la Securities and Exchange Commission (SEC) dicho incumplimiento.


Estas acciones son resultado del compromiso que refrendan la SFP y el IMSS de coadyuvar en todo momento en favor de la transparencia y la legalidad, a fin de combatir hechos que afecten al patrimonio de las instituciones públicas, destaca el texto difundido este martes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464416/sfp-multa-e-inhabilita-a-dos-empresas-dano-patrimonial-557-mdp-al-imss

Ofrece Arely Gómez las mejores prácticas contra corrupción

Ciudad de México. Arely Gómez, que comparece en el Senado ante la Comisión Anticorrupción, para ser ratificada como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), destacó que se compromete a construir una dependencia con los más altos estándares de integridad que esté a la altura de las expectativas de la sociedad.

Abundó que debe tener la capacidad de prevenir y atender las faltas administrativas para lograr los objetivos de combate a la corrupción y rendición de cuentas que ha delineado el presidente Enrique Peña Nieto.

Dijo que encabezará una dependencia que se encargue y ocupe de traer las mejores prácticas del combate a la corrupción con la IP, organismos de la sociedad, organismos multilaterales, gobiernos locales para reivindicar el papel del Estado al servicio de la sociedad.

“Será necesario revalorar la administración pública profesionalizando a quienes trabajan en el gobierno".

Gómez señaló que el desafío “al cual nos enfrentamos es grande, pero el compromiso es mayor para recuperar la confianza ciudadanía en las instituciones”. Refrendó su compromiso con la democracia y el Estado de derecho.

Señaló que el eje principal será atender las recomendaciones de la ASF que hace a la cuenta pública.

Resaltó que la SFP debe retomar el liderazgo en la política de transparencia y combate a la corrupción, un modelo moderno que colabore de forma responsable con el Inai, con el Sistema Nacional Anticurrupción con la ASF y los organismos locales.

Manifestó que como servidora pública tiene más de 30 años, trayectoria en el Poder Judicial, el Legislativo y la administración pública.

En ese lapso “no he recibido jamás un señalamiento que permitiera dudar de mi capacidad y honestidad”.

Dijo que ya hizo pública su declaración de intereses y que está a favor de la 3de3.

Insistió en que promoverá una institución que entienda que la política no debe ser una carga, en la cual la participación ciudadana y el uso de tecnología sea la eficacia en el gobierno e hizo un llamado a las organizaciones civiles a continuar construyendo el Sistema Nacional Anticorrupción “por el que todos hemos luchado, ya que la apertura gubernamental no debe ser una simulación, sino es un compromiso institucional”.

Arely Gómez fue propuesta hace dos días por el presidente Enrique Peña Nieto para ocupar el cargo de titular de la SFP, dependencia que estuvo acéfala en los primeros dos años de este gobierno y que, tras el escándalo de la Casa Blanca, se nombró como titular a Virgilio Andrade, quien tras exonerar al presidente Peña y su esposa de escándalo, renunció.

Al mediodía se espera que la ex titular de la PGR sea ratificada en el pleno.

En la sesión de hoy el Senado espera desahogar las reformas a la ley general de víctimas, a la ley general de trata de personas y la reforma que aumenta los periodos de los magistrados electorales recién electos.


Una vez resueltos estos trámites, los senadores se irán de descanso una semana, ya que regresarán hasta el próximo jueves.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/27/comparece-arely-gomez-ante-el-senado

Papá, con contratistas; la joven Ruiz de Teresa en Sedesol y otro en SFP, la oficina anticorrupción

Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal, hijo del funcionario captado en un helicóptero, apenas fue promovido. Gozará de un sueldo mensual de 111 mil 154 pesos, como nuevo titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública (SFP). El salario le incluye además un seguro institucional, de retiro, de gastos médicos y de separación del cargo; una asignación de vehículo por hasta 7 mil 500 pesos mensuales y equipo de telefonía celular por mil 300 pesos, también por mes. Ruiz de Teresa es arquitecto por la Universidad Iberoamericana, y llegó a ese cargo con su declaración patrimonial a medias: no aclara cuál es su fortuna ni sus posibles conflictos de interés.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Cuarenta y ocho horas después de que Guillermo Ruiz de Teresa, actual Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aterrizara en un Área Natural Protegida de Yucatán, junto con el Senador priista Emilio Gamboa Patrón y el empresario Emilio Díaz Castellanos, Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal, hijo del funcionario federal, fue designado como nuevo titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Con una licenciatura en Arquitectura por la Universidad Iberoamericana y una declaración patrimonial en la que no aclara cuál es su fortuna ni sus posibles conflictos de interés, Guillermo Ruiz de Teresa llegó a ocupar la titularidad de esa Unidad de la SFP.

El cargo es esencial en el Sistema Nacional Anticorrupción, promulgado por el Presidente Enrique Peña Nieto en mayo pasado y por cuya instalación pugnan las organizaciones civiles en el Congreso de la Unión.

En ese puesto, De Teresa Mariscal no tiene ningún mando superior a quién reportar sus actividades, ya que a la fecha Presidencia aún no designa a un nuevo titular, luego de la renuncia de Virgilio Andrade, el pasado 18 de julio. Hasta entonces, esa Unidad de Políticas de Transparencia era ocupada por Teresa Gómez del Campo, hermana de Mariana Gómez del Campo, Senadora panista.

Esta designación llega en un momento clave en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que en él, la SFP sería el órgano que tomaría el control interno de la administración pública federal para prevenir, identificar y sancionar actos de corrupción dentro del Gobierno.

De acuerdo con la SFP, Ruiz de Teresa Mariscal fue designado el 5 de octubre por el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y Encargado del Despacho, Javier Vargas Zempoaltecatl.

En su nuevo puesto, Ruiz de Teresa Mariscal gozará de un salario mensual de 111 mil 154 pesos, que le incluye seguro institucional, de retiro, de gastos médicos y de separación del cargo. El cargo contempla una asignación de vehículo por hasta 7 mil 500 pesos mensuales y equipo de telefonía celular por mil 300 pesos, también por mes.

Aunado a eso, están las prestaciones de Ley: prima vacacional, de antigüedad, gratificación de fin de año, de defunción, ayuda para despensa y vacaciones.

En julio de 2013 Guillermo Ruiz de Teresa fue nombrado Director General de Innovación y Participación Ciudadana en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la República. Permaneció en esa posición 38 meses durante los cuales percibió 263 mil 788 pesos con 96 centavos en salario bruto.

La cifra anterior fue obtenida de acuerdo con la clave presupuestal que el funcionario especifica en su declaración patrimonial pues el cargo de Director General de Innovación y Participación Ciudadana en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República no se encuentra en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT), el portal que muestra en datos abiertos la estructura orgánica de la Administración Pública.

Según el perfil de puesto descrito por la SFP, el titular de la Unidad tiene como encomienda “involucrar a las audiencias clave en la construcción de una cultura de integridad, transparencia y combate a la corrupción mediante la sensibilización sobre los costos de la corrupción y el papel ciudadano en su control”.

Ruiz de Teresa, nuevo encargado de la Transparencia mexicana, no declara bienes inmuebles ni inversiones y suscribe que no está de acuerdo en hacer públicos sus posibles conflictos de interés. Presentada en cuatro ocasiones, su declaración patrimonial se resume a la publicación de su currícula académica y laboral.

En el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto el apellido Ruiz de Teresa se repite con otro cargo. Sofía Ruiz de Teresa quien este año egresó de la Licenciatura de Relaciones Internacionales, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, está contratada por honorarios para asesorar al jefe de la oficina del Secretario de Desarrollo Social, un cargo que no está inscrito en el POT.

Según su declaración patrimonial, presentada en febrero de 2016, su cargo no cuenta con una clave presupuestal pues está contratada por honorarios, lo que impide conocer cuánto percibe.

Según su propia declaración, fue nombrada en abril de 2016, cinco meses antes de que Luis Enrique Miranda Nava, identificado como operador político del Gobierno de Enrique Peña Nieto, se convirtiera en el tercer titular de la dependencia encargada de reducir la pobreza en México.

Video: https://youtu.be/OLBe7_r0V1Y

EL AFFAIRE HELICÓPTERO

En la filmación difundida el pasado 2 de octubre, luego del aterrizaje de los tres amigos, como ellos mismos se definieron, en la Isla de Alacranes en Yucatán, puede verse como además, el funcionario de la SCT aborda un yate. La misma institución federal defendió la presencia Ruiz de Teresa en el acto. Explicó que el funcionario asistió a la reunión a título personal porque Emilio Díaz Castellanos y él son amigos desde hace varios años.

El funcionario encargado de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante tiene la obligación de presentar su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde 2013, cuando era Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Durante tres años, en los dos cargos públicos que ha ostentado, presentó este documento en seis ocasiones. En ninguna de ellas estuvo de acuerdo con hacer pública su declaración de posible conflicto de interés. Lo único que ha divulgado es su trayectoria académica y experiencia profesional.

Ruiz de Teresa tampoco hace públicos sus bienes patrimoniales, lo que significa que no es posible saber si las condiciones en que vive corresponden a su salario actual: 175 mil 828 pesos mensuales. Además, el funcionario no aclara si esa es su única percepción o tiene, además, ingresos por actividades industriales, comerciales, financieras u otras.

En su puesto actual como funcionario de la SCT, de los 12 proyectos que se han realizado en su área, con motivo del Plan Nacional de Infraestructura, 11 se han llevado a cabo en el sureste mexicano; el otro se operó en Tamaulipas. Estos proyectos forman parte de la estrategia de la SCT para dotar de infraestructura a los puertos y facilitar la puesta en marcha de los proyectos de la Reforma Energética.

Fuente: Sin Embargo

Autores: Linaloe R. Flores, Daniela Barragán y Alejandra Padilla

http://www.sinembargo.mx/13-10-2016/3103625

En 3 años, la Función Pública de Peña impuso la mitad de sanciones económicas hechas por la de Calderón

Al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto el plan era desaparecer totalmente a la Secretaría de la  Función Pública, como se previó en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, cuando una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ordenó la desaparición de esta instancia fiscalizadora en cuanto entrara en vigor el “órgano constitucional autónomo que se proponer crear en materia anticorrupción”. Hoy, sus escasos resultados en cuanto a sanciones económicas muestran el poco interés por recuperar, por la vía legal, el patrimonio de los mexicanos hurtado a la mala.

El desmantelamiento de la Secretaría de la Función Pública (SFP) previsto al inicio del sexenio coincidió con una marcada disminución en el trabajo de vigilancia de esta dependencia sobre el patrimonio público.

De acuerdo con datos oficiales, por ejemplo, el monto de lo que la dependencia ha tratado de recuperar para el Estado mexicano a través de sanciones económicas impuestas a servidores públicos disminuyó marcadamente en cuanto inició la actual administración federal, al pasar de 3 mil 613.2 millones de pesos recuperados en 2012 a menos de la mitad en 2013: mil 770.4 millones.

En general, de acuerdo con la tabla de “Sanciones administrativas impuestas en el periodo del 01 de enero de 2006 al 31 de mayo de 2016”, en la primera mitad del sexenio anterior –entre 2007 y 2009–, la Función Pública buscó recuperar 10 mil 396.4 millones de pesos a través de los castigos impuestos a los servidores públicos.

Entre 2013 y 2015, sin embargo, esta cifra fue de 5 mil 783.5 millones de pesos; es decir, un 55 por ciento de lo que recaudó el Gobierno anterior en el mismo periodo.

Desde la semana pasada, este medio solicitó a la oficina de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública información para establecer si los montos asignados en las sanciones han sido cobrados o recuperados por el Gobierno federal, pero no hubo respuesta.

En total, muestran los datos, en el sexenio anterior se impusieron castigos por hasta 29 mil millones de pesos; casi seis veces lo sancionado hasta la fecha.

Otros indicadores de desempeño que muestran disminución fueron reportados este año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual detectó que la Función Pública presentó problemas para acreditar que las más de 32 mil adquisiciones hechas por la administración pública federal el año de la revisión (2014) representaran “las mejores condiciones de compra para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad”.

También, que al menos entre 2009 y 2014 permitió que el número de licitaciones públicas disminuyeran en favor de un aumento en el de adjudicaciones directas a los proveedores.

“En el periodo 2009-2014 las adquisiciones mediante licitaciones públicas decrecieron a una tasa media anual de 12.6 por ciento, al pasar de 30 mil 624 en 2009 a 15 mil 633 en 2014, y respecto de este último año las 15 mil 633 licitaciones públicas significaron el 24.4 por ciento del total de adquisiciones. En cambio las adjudicaciones directas se incrementaron a una tasa media anual de 11.9 por ciento, casi en la misma medida que disminuyeron las licitaciones, al pasar de 23 mil 100 en 2009 a 40 mil 448 en 2014”, dice la auditoría realizada a la “Política de adquisiciones” de la Función Pública.

El titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, presentó su renuncia ayer, un año y medio después de haber sido nombrado en ese cargo. También ayer, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó el decreto que da vigencia al Sistema Nacional Anticorrupción, previsto –de acuerdo con Presidencia- para “coordinar actores sociales y a autoridades con de los distintos órdenes de Gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción”.

El plan del inicio del sexenio era desaparecer totalmente a la Función Pública, como lo previó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, cuando una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ordenó la desaparición de esta instancia fiscalizadora en cuanto entrara en vigor el “órgano constitucional autónomo que se proponer crear en materia anticorrupción”.

Andrade Martínez, sin embargo, llegó a la dependencia en febrero de 2015, luego de que el equipo de investigación de Aristegui Noticias difundiera que la familia presidencial había adquirido una residencia –la “casa blanca”– de parte del empresario Juan Armando Hinojosa, uno de los más favorecidos por la gestión política del hoy Ejecutivo desde que era Gobernador del Estado de México. Una transacción similar le fue detectada después al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Seis meses después, en agosto del año pasado, el mismo Andrade concluyó que ni Peña Nieto ni Videgaray Caso habían incurrido en conflicto de interés al adquirir sus respectivas residencias debido a que ninguno era servidor público al momento de las operaciones inmobiliarias.


Ayer, sin embargo, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo pedir “perdón” por la operación que, mencionó al promulgar el decreto del Sistema Nacional Anticorrupción, “causó gran indignación” y “dañó la confianza en el Gobierno”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-07-2016/3068654

Impunidad, el legado de Andrade, el último titular de la SFP

CIUDAD DE MÉXICO: En 17 meses como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade Martínez no sancionó ningún caso de corrupción o desorden administrativo de alto impacto; apenas si implementó un programa anticorrupción y su paso por la dependencia quedará marcado por ser quien exculpó el escándalo de las casas que implicó al presidente Enrique Peña Nieto y su círculo cercano.


Andrade Martínez presentó su renuncia esta mañana, con el argumento de que, con la entrada en vigor de las nuevas leyes anticorrupción –que este día promulgó el presidente de México–, termina también el ciclo de la SFP, creada durante el sexenio de Vicente Fox en sustitución de la Secretaría de la Contraloría, cuyo objetivo fue implementar mecanismos de auditoría interna gubernamental y políticas de modernización en la administración pública.

Durante el primer tercio de la actual administración, la dependencia permaneció acéfala pues Peña Nieto había prometido en campaña, en el periodo de transición y al inicio de su mandato, que crearía una Comisión Nacional Anticorrupción e inclusive, envió una iniciativa al respecto.

Sin embargo, las reformas del Pacto por México postergaron el tema y, una vez que consiguió la aprobación de aquellos caminos que le interesaban, dio por cerrado “el ciclo reformador” en agosto de 2014, muy a pesar de los reclamos del entonces dirigente panista Gustavo Madero, por dejar pendiente la iniciativa anticorrupción. En noviembre siguiente, el portal Aristegui Noticias publicó el reportaje de la llamada “Casa Blanca”.

Designado el 3 de febrero de 2015, Andrade recibió públicamente la instrucción de investigar el escándalo de la “Casa Blanca” –oficialmente propiedad de la primera dama– construida y financiada por el contratista gubernamental Juan Armando Hinojosa Cantú.

El caso implicaba también al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, quien habría adquirido en condiciones similares una residencia en Malinalco, Estado de México.

Para el 22 de agosto de 2015, Andrade exoneró tanto al presidente como al secretario de Hacienda, de la responsabilidad por “conflicto de intereses” y con ello evitó indagar cohecho u otros ilícitos que podrían configurarse al respecto, según admitió en la conferencia de prensa de aquel día.

No fue el único escándalo que dejó impune. Luego de la fuga del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, de la prisión de máxima seguridad del Altiplano, sólo procesó a cinco funcionarios menores y a la entonces coordinadora general de penales federales, Celina Oceguera.

El pasado 2 de febrero, la SFP anunció la conclusión de su indagatoria con la inhabilitación de Oceguera por 10 años incumplir distintas disposiciones administrativas y permitir que El Chapo tuviera televisión en su celda; pero no por la fuga.

En ese caso, evitó investigar al entonces comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.

Los escándalos de las casas y la fuga del narcotraficante fueron los más dañinos para la imagen del gobierno peñanietista en términos de administración pública, que bajo la legislación vigente hasta ahora, debían ser investigadas por la SFP.

Finalmente, el propio Andrade Martínez se ha visto envuelto en un escándalo tras las acusaciones –reveladas por la reportera Peniley Ramírez en Univisión– de una compañera sentimental que reclama diferentes compensaciones en materia familiar, pero que por las condiciones de dichas denuncias, implicarían uso de inmuebles, así como de recursos humanos y económicos, por parte de Andrade.


Con la promulgación el día de hoy, de las nuevas leyes anticorrupción, una nueva instancia con carácter independiente sustituirá a la SFP.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447664/impunidad-legado-andrade-ultimo-titular-la-sfp

Virgilio Andrade renuncia al cargo de secretario de la Función Pública

El funcionario dijo deja su cargo para que al entrar en vigor las nuevas leyes anticorrupción se nombre a un nuevo titular de la dependencia.

Virgilio Andrade anunció su renuncia como titular de la Secretaría de la Función Pública a unas horas de ser promulgadas las leyes del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

El funcionario dijo deja su cargo para se nombre a un nuevo titular de la SFP “debidamente nombrado y ratificado por el Senado”, como marcan las nuevas leyes anticorrupción que serán promulgadas por el presidente Enrique Peña Nieto este lunes 18 de julio.

En un breve mensaje a medios, Andrade dijo que este lunes 18 de julio inicia una nueva etapa en la secretaria de la Función Pública “finaliza la era de la administración tradicional del control interno para dar paso a un nuevo episodio ciudadano y plural”.

Señaló que con su renuncia busca que el nuevo sistema “funcione con plenitud institucional” y haya confianza en el nuevo encargado de indagar los casos de corrupción en el gobierno federal.

Las nuevas normas señalan que el titular de la SFP debe ser nombrado por el presidente y ratificado por el Senado.

“Con este paso histórico se pretende ir dejando atrás los vicios y los males de la corrupción”, dijo Andrade a medios.

Destacó el trabajo de ciudadanos y legisladores para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción y dijo que una de las virtudes de este nuevo sistema es que los ciudadanos tienen la responsabilidad de establecer las directrices del mismo y de las instituciones que lo integran, entre ellas la Función Pública.

Las leyes que va a promulgar el presidente Peña Nieto son la del Sistema Nacional Anticorrupción, de Responsabilidades -o 3de3-, del Tribunal de Justicia Administrativa, de Fiscalización y de la Administración Pública Federal.


También la reforma a la Ley Orgánica de la PGR para crear la Fiscalía Anticorrupción y reformas al Código Penal Federal.

EN DIRECTO en #Periscope https://t.co/QGBm1hD3v4

— SFP México (@SFP_mx) 18 de julio de 2016

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/virgilio-andrade-renuncia-titular-la-secretaria-la-funcion-publica/