“Ley Eruviel” regresa al Edomex; activistas alertan que es un garrote al derecho a la protesta

Organizaciones civiles del Estado de México anunciaron una serie de acciones frente a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de devolver la llamada “Ley Eruviel” al Congreso del Edomex. Foros, propuestas legislativas alternas y pronunciamientos se realizarán de cara a las discusiones que se llevarán a nivel estatal con el propósito de que la ciudadanía sea incluida.

La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, propuesta por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas regreso al Congreso del Estado de México. Ahora organizaciones civiles pretenden seguir la discusión con el fin de impugnarla.

Las protestas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no fueron capaces de anular la llamada “Ley Eruviel”. Sin embargo, dentro de los artículos anulados el uso desmedido de la fuerza sí fue vetado por los ministros.

Lamentan que SCJN no aprovechó para delinear el uso de la fuerza pública al discutir la “Ley Eruviel”

CIUDAD DE MÉXICO: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó pasar “una importante oportunidad” para emitir criterios claros en materia de uso de la fuerza pública que impactarían no solamente en el Estado de México, sino que servirían para las corporaciones de seguridad pública en los demás estados de la República e incluso a nivel federal.


Así lo señaló el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, luego de rechazar los fallos sobre las acciones de inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas 27/2016 y 28/2016, interpuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México (CDHEM) contra la Ley que Regula el Uso de la Fuerza en esa entidad, denominada “Ley Eruviel”.

Corte avala uso de la fuerza para restablecer la paz y en contra de quienes emitan amenazas

Ministros que votaron contra Ley Atenco advierten sobre generalidad de la norma y abusos policiacos.

Los artículos de la llamada Ley Atenco que contemplan el uso de la fuerza pública contra manifestaciones, concentraciones, asambleas y multitudes que sean declaradas “ilegales o violentas” por autoridades del Estado de México, fueron avalados en sus términos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En una de las votaciones, el Pleno de la Corte decretó la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en Estado de México, el cual advierte que la responsabilidad de los operativos para desalojar o poner fin a manifestaciones, asambleas y concentraciones, recaerá exclusivamente en los mandos policiacos que tomen la determinación de actuar en contra de las personas.

Corte valida uso de la fuerza previsto en ley Atenco del Edomex

CIUDAD DE MÉXICO: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el uso de la fuerza como está previsto en la llamada Ley Atenco, promovida por el gobernador priista Eruviel Ávila.


Aunque la semana pasada resolvió que el uso de la fuerza no debe ser el primer recurso de los cuerpos policiales, el pleno de ministros le dio el aval constitucional al uso de la fuerza como se aprobó en la ley, al señalar que debe estar sujeto al cumplimiento del reglamento policial.

Divide a la Corte uso de fuerza policial en Edomex

Ciudad de México. En votación dividida, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que las corporaciones policiales del estado de México utilicen la fuerza “en contra de multitudes y disturbios públicos preventivamente” para evitar actos de violencia; los ministros que votaron en contra aseveraron que ello abre la puerta para que los policías disuelvan violentamente manifestaciones, aunque la mayoría de personas sean pacíficas y quienes realicen actos de violencia sean “pequeños grupos e incluso infiltrados”.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández aseveró que “dada la generalidad de la disposición y la ausencia de reglas precisas de actuación en estos casos, la manifestación podría ser considerada violenta y disuelta en violación al derecho de reunión y de expresión”.

La SCJN invalida artículo de la “Ley Eruviel” que permitía uso la fuerza contra manifestantes como primera opción

El articulo de la “Ley Eruviel” que permitía el uso de la fuerza como primera opción en contra de manifestaciones fue declarado inconstitucional. La reglamentación aprobada el año pasado por el Congreso del Estado de México fue cuestionado desde un inicio por activistas que acusaron un intento por legalizar la represión en contra de los opositores a las decisiones del Gobierno mexiquense.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró invalido el articulo de la ley del Estado de México que permitía como primera opción hacer uso de la fuerza en contra de las manifestaciones.

Esté día, el Pleno de la SCJN, por unanimidad, consideró inconstitucional el artículo 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida también como la “Ley Eruviel”.

La SCJN analiza avalar uso de la fuerza letal contra protestas en el Edomex

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza avalar el uso de la fuerza pública en el estado de México, sin importar que viole los derechos a la libertad de expresión, de manifestación y de reunión, por la indefinición de concepto que permiten la actuación de las autoridades para controlar multitudes”, así como autorizar su uso arbitrario para imponer el orden y la paz social, con la posibilidad de autorizar el empleo de armas letales de los cuerpos policiacos en manifestaciones populares.

De acuerdo con el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, sobre la acción de inconstitucionalidad que presentaron las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de Derechos Humanos del Estado de México y diputados del Congreso mexiquense, el documento propone dejar abierta la posibilidad de que los discursos y/o expresiones políticas sean consideradas ilegítimas, lo que daría lugar a que la autoridad autorizara el uso de la fuerza en su contra.

El documento, que está listado para ser discutido en los próximos días, plantea dejar al arbitrio de la autoridad mexiquense determinar cuándo una manifestación es ilegal, lo que, según la CNDH, permite la calificación de peligrosidad con un criterio libre y ampliamente discrecional, lo que genera incertidumbre.

Del total de artículos que fueron impugnados por los quejosos, el proyecto sólo propone invalidar el 12, fracción III, incisos a y b, 24,25, 26 y 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, que se refieren al uso de armas intermedias para neutralizar la resistencia activa o agresiva, sin precisar a qué tipo de armas se refiere, dejando a discreción de la autoridad su uso; sobre la violación al derecho a la reinserción social y que el sistema penitenciario respete los derechos humanos, particularmente de los adolescentes.

Y los artículos que tienen que ver con la violación a los principios de necesidad absoluta y de última razón para el uso de la fuerza.

Sin embargo, el proyecto de Pérez Dayán valida artículos, como el 14, que autoriza a las corporaciones de seguridad emplear uso de la fuerza para controlar multitudes y disturbios públicos, sin que la norma precise cuándo y bajo qué circunstancias se considera que está alterado el orden y la paz social, como tampoco limita el tipo de armas, sean letales o no.

El documento rechaza los argumentos de la CNDH en contra del artículo 16, por autorizar expresamente el uso de la fuerza en contra de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas o ilegales, ya que la norma no precisa qué se entiende por violento o ilegal, dejando a discreción de la autoridad el uso de la fuerza.

Fuente: La Jornada

Autor: Jesús Aranda

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/15/politica/009n2pol

Aplazan la entrada en vigor de “Ley Atenco” en Edomex

TOLUCA, Edomex: El Congreso local aplazó la entrada en vigor de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine su constitucionalidad o, en su defecto, se corrijan los artículos que considere pertinentes.


De acuerdo con el artículo segundo transitorio, la “Ley Atenco” debía entrar en operación a los 90 días hábiles posteriores a su publicación en la Gaceta de Gobierno, el pasado 18 de marzo.

Conforme a esa disposición, el nuevo ordenamiento tendría vigencia a partir de los primeros días de agosto. No obstante, a la fecha los ministros de la SCJN no han resuelto las impugnaciones contra la norma, promovidas por la Legislatura mexiquense y los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y De la Revolución Democrática (PRD).


Por esa razón, tanto el Ejecutivo estatal como la Junta de Coordinación Política del Congreso local plantearon posponer la entrada en vigor de la también denominada “Ley Eruviel”, hasta que quede firme el fallo de la SCJN sobre los recursos entablados.

Según los inconformes, la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad contiene artículos que podrían violentar los derechos establecidos en la Carta Magna, como la libre manifestación.

Y es que conforme al capítulo 3, la fuerza pública podrá emplearse en asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos, se consideren ilegales y se vuelvan violentas.

Además, el artículo 23 posibilita la intervención de los cuerpos de seguridad en operativos de desalojo, lanzamientos y embargo, y el artículo octavo otorga a los elementos policiacos la posibilidad de usar armas de fuego en estos casos.

En tanto, el artículo 17 permite a los uniformados hacer una planeación antes de las manifestaciones, lo que ha sido interpretado como un permiso para el espionaje y la infiltración, hecho que atenta contra el derecho de libre asociación y reunión.


En abusos policiacos, la “Ley Atenco” exime de responsabilidad al gobernador del Estado de México y presidentes municipales, y la delega a mandos operativos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449033/aplazan-la-entrada-en-vigor-ley-atenco-en-edomex

Narcoelecciones 2018 Plan G-El ruego de Atlacomulco

A raíz de las declaraciones recientes del gran indolente del estado de Mexico hacia periodistas esta plan puede considerarse.

Eruviel Avila ha demostrado ser el jefe de plaza mas servil hacia Peña Nieto, en sus apariciones ante los medios no pierde oportunidad de agradecerle las reformas que lleva a cabo.

Basta ver los comerciales del Edomex hechos a la usanza de mover a Mexico para comprender el mensaje; muchas gracias por su apoyo, sigamos trabajando juntos.

Este bajo perfil brinda simpatía a un producto como Peña Nieto.

¿Porque no ser parte del Gabinete?.

¿Porque ambicionar con mas?.

¿Este ruego es justificable?.

Por supuesto que lo es:

-El gobierno de Eruviel Avila es el bastión del PRI, la madriguera del voto duro del país,el cual incluso se usa para llenar estadios de fútbol,fortalecer mítines de otros candidatos y ofrecer grupos de choque en cualquier momento.

-Es cuna del periodismo hecho a modo para el gobierno,donde el periodismo independiente es un juego arriesgado,y aunque prácticamente no existe, también esta permitido censurar todo indicio de reportajes o revistas externas que empañen la administración actual.

-Primer lugar en feminicidios y trata de blanca en el país.

-Primer lugar en delincuencia y homicidios.

-Primer lugar en desapariciones forzadas y muertes de migrantes en el país.

-Estado de la República mas servicial hacia Televisa (el primer centro Teletón del país se encuentra en el municipio de Tlalnepantla).

-Estado mas represor,donde cualquier manifestación verdadera es prácticamente imposible (recordar también, el estado de Mexico, cuna de antorcha campesina, así como de mafias sindicales de transportistas y comerciantes).

- Estado predilecto de Eurotren Monoviga,OHL,HIGA,Nestlé y Coca Cola.

- Estado con el indice mas alto de deforestación en el país.

-Estado con el mínimo interés sobre cuidado ambiental.

-Estado donde el saqueo a cada municipio es impresionante,inclusive los comparsas que se encuentran en el área administrativa pueden quedarse sin sueldo ni prestaciones de ley por tiempo indefinido o total.

Pero aquí una de las razones de peso mas grandes para justificar el ruego:

-El estado de Mexico demuestra como nadie la mejor planeación para llevar a cabo los antojos y caprichos privatizadores de Peña Nieto (privatización del agua, carreteras privadas, explotación de recursos naturales, aeropuertos, trenes y compadrazgo desmedido) usando toda la fuerza bruta de los cuerpos de seguridad.

El estado de México,el lugar mas perfecto de la dictadura perfecta (que hace palidecer a los otros estados),el lugar sin inhibiciones y sin insurrecciones, la maquina bien aceitada de la partidocracia y el endeudamiento infinito, el bucle mas infame y controlado del país.

Es, pues, un ruego merecido hacia Peña Nieto, su mejor empleado ha dado todo por el.

El caso Atenco: ¿laboratorio para un Estado contrainsurgente?

Los días 3 y 4 de mayo de 2006 se produjeron violentos enfrentamientos entre diversos cuerpos de las fuerzas de seguridad y ejidatarios de San Salvador Atenco, un poblado del Estado de México cercano a la capital del país. La refriega dejó como saldo inicial un muerto, decenas de heridos de ambos lados, una veintena de mujeres violadas por elementos de la fuerza pública y 217 detenidos, entre ellos nueve menores de edad.

Los hechos de violencia se desencadenaron cuando ocho floricultores temporaleros, que habitualmente comerciaban sus productos en la vía pública, a un costado del mercado Belisario Domínguez de Texcoco, cabecera municipal del Estado de México, se negaron a ser reubicados y fueron desalojados con excesivo uso de la fuerza pública por elementos de las policías municipales y estatales. Los floristas y unos 40 campesinos de Atenco que les daban apoyo solidario, entre ellos el dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle, se atrincheraron en una casa y fueron sitiados por la policía.

Como consecuencia de la acción represiva se inició una escalada de violencia. Ante el sitio policial a sus compañeros en Texcoco, ejidatarios de Atenco bloquearon la carretera federal Lechería-Texcoco y en cinco ocasiones lograron rechazar a la Fuerza de Acción y Reacción del Estado de México y a elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), que intentaron romper el retén. La muerte del menor Francisco Javier Cortés desató la ira de los atenquenses, que obligaron la retirada desordenada de las fuerzas de seguridad. Dos agentes rezagados fueron brutalmente golpeados por ejidatarios enfurecidos. Mientras tanto, en Texcoco, tras nueve horas de asedio, la policía estatal tomó por asalto la casa donde se habían parapetado los floricultores y sus aliados. Con gases lacrimógenos, golpes de macana y patadas, las fuerzas del orden redujeron a 28 personas, entre ellas a Ignacio del Valle.

Ubicada 16 kilómetros del centro de la Ciudad de México, Atenco es una localidad de 33 435 habitantes, en su mayoría campesinos ejidatarios que se dedican a la agricultura de subsistencia y al comercio formal e informal. El pueblo, que tiene una gran tradición organizativa y de lucha, cobró gran visibilidad pública en 2001, luego de que el gobierno de Vicente Fox decretara la expropiación de alrededor de 5000 hectáreas de tierra agrícola para construir una terminal aérea en la zona de Texcoco, alternativa al Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. La acción gubernamental se llevó a cabo sin consulta previa a los ejidatarios, a quienes las autoridades ofrecieron por sus tierras la cantidad de… ¡siete pesos por metro cuadrado! Luego se supo que lo que fue considerado “el megaproyecto” del sexenio foxista fue negociado con grandes empresas constructoras e inmobiliarias entre ellas ICA, Gutsa y el Grupo Martínez Hermanos.

Ante el decreto expropiatorio, en diciembre del 2001 un grupo de 500 campesinos formaron el FPDT e iniciaron un movimiento de resistencia y en defensa de sus tierras. Su herramienta de trabajo, el machete pasó hacer el símbolo del movimiento. Los gobiernos estatal y federal respondieron criminalizando y estigmatizando la lucha de los atenquenses. Para ellos contaron con la colaboración de las principales cadenas privadas de radio y televisión y de algunos medios impresos. Sin embargo, después de nueve meses de conflicto el gobierno federal se sentó en una mesa de diálogo y negociación con los ejidatarios, el 1 de agosto del 2002 las autoridades anunciaron la cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco y la abrogación del decreto expropiatorio, que se oficializó con una publicación en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto siguiente.

El 10 de setiembre de 2002 el frente intentó transformar San salvador Atenco en un municipio autónomo y se instaló un consejo popular en sustitución del ayuntamiento local priísta. Pero el intento no prosperó. Con posterioridad, en el marco de una serie de negociaciones con representantes de los gobiernos federal y estatal, los campesinos de Atenco renunciaron a constituirse en un municipio autónomo a cambio de que las instancias de procuración de justicia, estatal y federal, enviaran a reserva 51 denuncias penales que se habían levantado en contra de integrantes del FPDT.

A partir de ese momento el FPDT adquirió carácter de actor político regional y se solidarizó con distintos movimientos sociales en México y en el exterior. También se adhirió a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los días 24 y 25 de abril de 2006 recibió al subcomandante Marcos en San Salvador Atenco, en el marco de La Otra Campaña.

Ocho días después se desencadenaron los hechos de violencia en Texcoco y Atenco. Con una particularidad: por la parte oficial intervinieron la autoridad municipal, en manos del Partido de la Revolucionario Democrática (PRD), el gobierno del Estado de México, cuyo titular Enrique Peña Nieto pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el gobierno federal, encabezado por el presidente Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN).

Según consignó en un informe de observación el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C., en la toma de Atenco el 4 de mayo, participaron 4 000 elementos de las policías federal, estatal y municipal –entre ellos 1500 elementos de la PFP, incluido el Grupo de Operaciones Especiales de esa corporación, y 1500 uniformados pertenecientes a la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) mexiquense- para reducir a 300 civiles; una relación de 10 a 1. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, escopetas de sal, macanas, escudos, armas de fuego y un helicóptero. Los civiles usaron machetes, petardos, palos, piedras, bombas molotov y cañones de pólvora.

De acuerdo con el Centro Pro, la acción policial exhibió un uso excesivo de la fuerza pública, “no ceñido a los principios de proporcionalidad, absoluta necesidad y razonabilidad”, lo que se tradujo en la violación masiva de derechos humanos como consecuencia de allanamiento de morada; detenciones arbitrarias (no hubo orden de aprehensión ni flagrancia); la privación arbitraria de la vida de Francisco Javier Cortés, un joven de 14 años que murió de un impacto de arma de fuego calibre 38 especial, disparada por un agente de la policía estatal; un saldo de varios heridos de gravedad, entre ellos el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alexis Benhumea, quien fue alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno, disparado por un policía, que se le incrustó en la cabeza y le causó doble fractura de cráneo, por lo cual falleció el 7 de junio siguiente, y Arnulfo Pacheco, un parapléjico de 55 años, quien, pese a su discapacidad, fue golpeado “brutalmente” por elementos de la policía; agresiones y violaciones sexuales a 23 de las 44 mujeres detenidas, así como violaciones a los derechos procesales de los prisioneros. Además, las autoridades procedieron a la expulsión arbitraria de cinco personas de nacionalidad extranjera. Inicialmente fueron consignadas 189 personas por delincuencia organizada y algunos detenidos enfrentaron cargos de secuestro equiparado y ataque a las vías comunicación por el bloqueo de la carretera federal Lechería-Texcoco, delitos considerados graves, por lo que fueron recluidos en el penal de máxima seguridad de La Palma.

ATENCO Y EL TERROR BENIGNO

La violencia en México es fascinante. Todos la condenan y, sin embargo, aparece en todas partes. Nos atrae y, a la vez, nos horroriza. La violencia gira en redondo: un día explota en Ciudad Juárez, al día siguiente en Acapulco, Nuevo Laredo o Santa Fe. Ha pasado por Ciudad Lázaro Cárdenas y San salvador Atenco. Pasó por aquí, pasará por allá. Es el juego de las prendas. Un círculo perverso de violencia y contraviolencia, de terror y contraterror, envuelve a todo el país. Violencia oficial. Violencia del crimen organizado. Violencia de los de abajo en respuesta y/o en venganza de la violencia estatal. Con un agregado: dado que en julio de 2006 habría elecciones en México, el círculo de violencia deshumanizada se alimentó y retroalimentó con campañas de odio yguerras sucias mediáticas, dirigidas a preparar el voto del miedo, como en 1994 y 2000.

Durante los sucesos de Atenco y los días subsiguientes, como antes en el caso de los mineros de Sicartsa, la mayoría de los medios informativos, y no pocos conductores, columnistas y editorialistas “estrellas”, se unió en una campaña de linchamiento orientada a forjar ante la opinión pública una imagen de los atenquenses como intrínsecamente violentos y levantiscos. Desde las siete de la mañana del 3 de mayo, los noticieros del duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca), medrando con el escándalo, se dedicaron a tergiversar los datos y a calumniar a las víctimas de la violencia oficial, tratando de hacer pasar por información objetiva lo que en realidad era propaganda interesada. Incluso, los “comunicadores” de la televisión y la radio llegaron a sugerir que el conflicto podía estar vinculando a la presencia del subcomandante Marcos en la capital del país, lo que alimentaba la hipótesis de la “subversión” deslizada en los medios por los altos mandos de los organismos del Estado.

Imbuidos de un “deber patriótico” de claro sesgo reaccionario, los medios y sus empleados utilizaron como tantas veces antes un doble estándar o rasero que confunde a la audiencia, al ciudadano común, que no puede distinguir esas duplicidades y que a fuerza de escuchar la “verdad oficial” la hace parte de su “opinión personal”.

Nunca está de más repetir que la propaganda es el principal procedimiento de acción psicológica e incluye la manipulación y el engaño intencional (la mentira deliberada) en el discurso público. La acción propagandística consiste en el empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas, principalmente a través de la sugestión compulsiva y de técnicas psicológicas afines, con el objetivo de alterar y controlar opiniones, ideas y valores.

Fuente: Somos el Medio

Autor: Carlos Fazio

http://www.somoselmedio.org/article/el-caso-atenco-%C2%BFlaboratorio-para-un-estado-contrainsurgente

Admite la Corte acciones contra 'ley Atenco'

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió tres acciones de inconstitucionalidad en contra de la llamada ley Atenco, aprobada por los diputados del estado de México, referente al uso de la fuerza pública en esa entidad.

El ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán notificó a las Comisiones Nacional y del Estado de México de Derechos Humanos, así como a los diputados mexiquenses que sus respectivas demandas serán resueltas por el máximo tribunal del país.

Es la primera vez que los integrantes de una legislatura que aprobaron una norma acuden ante la Suprema Corte para que ésta determine si es constitucional o no.

La ley en la materia contempla que sean las minorías parlamentarias las que acudan al máximo tribunal cuando consideran que una norma, aprobada sin su apoyo, es inconstitucional.

Tras las protestas que suscitó la norma, diputados locales acudieron el ocho de abril pasado a la Corte para presentar su acción de inconstitucionalidad; posteriormente lo hicieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM).

Entre los argumentos que esgrimen las comisiones en contra de la norma, acusan a los diputados locales y al ejecutivo de la entidad. Eruviel Ávila, de pretender "legalizar la represión y blindarse jurídicamente ante los atropellos que prepara contra quien se organice y manifieste pacíficamente en el estado de México".

También señalan que la ley permite desde el uso de esposas rígidas hasta le operación de armas de fuego contra manifestantes, el espionaje e intervención oficial en asambleas públicas de los pueblos organizados.

Por ejemplo, si el jefe de seguridad pública de una región considera "ilegal" alguna manifestación en un lugar público, la ley permitirá que los policías actúen contra los manifestantes, e incluso si quienes protestan intentan escapar, se podría disparar contra ellos.

Afirman los quejosos por separado que la ley no precisa alguna sanción administrativa, civil ni penal contra elementos que cometan excesos en el uso de la fuerza pública, y se rompe la cadena de mando, eximiendo así de responsabilidad alguna al gobernador y alcaldes, y la delega apenas a los mandos operativos la responsabilidad por los hechos.

El ministro Pérez Dayán ya notificó a las partes involucradas para iniciar el procedimiento, aunque no hay plazo para que el asunto sea resuelto por el pleno de ministros.

Fuente: La Jornada

Autor: Jesús Aranda

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/27/admite-la-corte-acciones-contra-ley-atenco

"Lo único que hacemos es defender nuestra tierra", Atenco

Pobladores de San Salvador Atenco e integrantes delFrente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), acudieron este sábado 23, cerca de las 11:00 horas a tierras ejidales, donde denunciaron la llegada de maquinaria para dar inicio a la obra del nuevo aeropuerto, así como de una “Ciudad Futura”.