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miércoles, 16 de febrero de 2022

Ordena INE retirar manifiesto en apoyo a López Obrador

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar el comunicado firmado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y 17 gobernadores más en el que expresaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador ante las campañas en su contra.

La Comisión argumentó que el comunicado de los gobernadores “se trata de una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para difundir, de forma expresa y preponderante, logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza, considerada como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de Revocación de Mandato en curso”.

sábado, 2 de septiembre de 2017

Inseguridad, “el gran pendiente”: gobernadores

Ciudad de México. Gobernadores asistentes a Palacio Nacional con motivo del V Informe de Gobierno reconocieron la "capacidad autocrítica" del presidente Enrique Peña Nieto, para admitir que existen desafíos en materia de seguridad pública, pero admitieron que pese a los avances mostrados en campos estratégicos del país como el combate a la pobreza, la inseguridad "es el gran pendiente que tenemos que atender".

jueves, 20 de abril de 2017

Astudillo suspende gira por asesinato de perredista; “Si regresa o se queda es lo mismo”: usuarios de Twitter

CHILPANCINGO, Gro: El gobernador Héctor Astudillo Flores lamentó la ejecución del secretario general del PRD en Guerrero, Demetrio Saldívar Gómez y solicitó una investigación urgente a la Fiscalía General del estado (FGE).


Asimismo, anunció la suspensión de la gira que inició ayer en Miami, Estados Unidos, lugar al que acudió para intentar convencer a empresarios de navieras que la entidad es un lugar seguro para turistas.

En las redes sociales, el mandatario escribió a las 23:39 de ayer: “Repruebo y lamento el asesinato de Demetrio Saldívar. He solicitado con urgencia una investigación a la @FGEGuerrero”.

viernes, 24 de marzo de 2017

Corral denuncia cobertura tendenciosa de El Universal

El diario nacional ha dedicado dos primeras planas a criticar el viaje del gobernador de Chihuahua a Sinaloa para jugar golf.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, afirmó que El Universal ha realizado una cobertura tendenciosa al viaje que realizó el fin de semana pasado a Sinaloa para jugar golf.

En entrevista para Aristegui en vivo, el ejecutivo estatal sostuvo que políticos de diversos niveles, incluidos el Presidente de la República y secretarios de estado, juegan golf y no se les ha dedicado la misma atención.

lunes, 30 de enero de 2017

Repiten 13 funcionarios morenovallistas en gabinete de Gali Fayad

El gobernador electo, José Antonio Gali Fayad, dio a conocer anoche a los funcionarios que formarán parte de su gabinete, de los cuales 13 son servidores que ya fungían en el gobierno saliente de Rafael Moreno Valle.

Entre los que repiten cargo están los encargados de la Secretaría General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano; de Educación Pública, Patricia Vázquez del Mercado; de Turismo, Roberto Trauwitz Echeguren; de Desarrollo Social, Gerardo Islas; y el secretario de Desarrollo Rural, Rodrigo Riestra Piña.

También, fueron ratificados en los mismos cargos, los morenovallistas que ocupaban el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), Gustavo Gaytán Alcaraz y Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), Jorge Benito Cruz Bermúdez.

Además, en la Coordinación de Agenda Digital y Comunicaciones fue nombrado Marcelo Almaguer, quien ocupó ese mismo cargo durante el sexenio que fenece hasta 2015.

José Villagrana Robles, quien era subsecretario de Administración del Estado, fue nombrado secretario de la Contraloría Estatal; Martha Vélez Xaxalpa, quien ocupaba la Subsecretaría de Obra Pública y Comunicaciones con el gobierno morenovallista, fue nombrada secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes.

Jesús Morales Rodríguez, quien era coordinador de Protección Civil, en el gobierno que empieza será secretario de Seguridad Pública; Fernando Morales Martínez, quien hasta hoy era subsecretario de Desarrollo Político y Participación Ciudadana, ahora será coordinador de Vinculación Institucional y Participación Ciudadana en el gobierno de Gali Fayad.

Otro funcionario morenovallista que se integrará a la administración entrante es Roberto Rivero Trewartha, quien fue secretario de Salud y en el gobierno que inicia ocupará la Dirección en Carreteras de Cuota Puebla.

También, esta noche fue nombrado jefe de la Oficina del Gobernador el senador con licencia Javier Lozano Alarcón, quien igual ha tenido una cercanía con el mandatario saliente.

Otros nombramientos son Raúl Sánchez Kobashi, quien será secretario de Finanzas y Administración; Michel Chaín Carrillo, fue nombrado secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico; Arely Sánchez Negrete, secretaria de Salud y Armando López Aguirre, será el encargado de la Consejería Jurídica.

Ricardo Gutiérrez Loyola, será director de Puebla Comunicaciones; Luz María Aguirre Barbosa, secretaria Particular; Francisco Javier Zúñiga, coordinador General de Asesores, y Jacobo Ordaz Moreno será secretario Privado del gobernador.


La administración de Gali Fayad iniciará este 1 de febrero y abarcará un período de un año y ocho meses, luego de que en 2018 se homologarán los comicios locales y los federales en Puebla.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472310/repiten-13-funcionarios-morenovallistas-en-gabinete-gali-fayad

lunes, 16 de enero de 2017

Reconoce Astudillo renta de helicópteros privados para sus giras

CHILPANCINGO. Gro: El gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó que utiliza helicópteros privados para desplazarse en sus giras de trabajo en la entidad pero dijo desconocer el nombre de la empresa contratada y el costo del servicio que paga su administración con recursos del erario.


Entrevistado esta mañana, durante un acto oficial en la sede del ejecutivo al sur de esta capital, el mandatario justificó el uso de aeronaves particulares en su gobierno, argumentando -sin especificar- que en un tiempo los dos helicópteros oficiales fueron sometidos a procesos de reparación.

“Se tuvo que alquilar un helicóptero que es rojito, que es el que sale en las fotografías y que este helicóptero se ha utilizado especialmente para las giras. No hay otra aeronave que se rente salvo cuando se requiere por alguna circunstancia de traslado”, expresó Astudillo.


Cuando se le preguntó sobre el nombre de la empresa y el costo que paga el gobierno por la renta de aeronaves particulares, el gobernador se limitó a decir que desconoce ese dato.

No obstante, Proceso ha documentado que el gobernador Astudillo utiliza al menos dos helicópteros particulares, uno de ellos el Agusta A09 rojo que usa de forma constante desde el año pasado para realizar giras y desplazarse de la residencia oficial Casa Guerrero en Chilpancingo al puerto de Acapulco. Actualmente vive en un lujoso departamento ubicado en el exclusivo condominio Torres Costa Victoria del principal puerto turístico del país.

El segundo helicóptero particular que renta el gobierno de Astudillo, es una aeronave similar modelo Agusta A09 pero gris que fue utilizado en diciembre para trasladar a la ciudad de Chilpancingo a los presuntos integrantes de la banda de Los Tequileros que permanecían retenidos por la autodefensa de San Miguel Totolapan y que fueron liberados por la administración estatal que asumió la función de negociadora entre el narco y los civiles armados.

La actitud de Astudillo, exhibe opacidad en su administración ya que de manera sistemática se niega a cumplir con la Ley federal de Transparencia, la cual obliga a las autoridades hacer públicos los contratos y montos destinados a empresas privadas mediante los portales oficiales, para que los ciudadanos tengan información sobre el gasto que realizan los servidores públicos sin necesidad de una solicitud de información.

Dispendio y opacidad

Ayer, Apro dio a conocer que el gobernador Astudillo convocó este fin de semana a presidentes municipales y representantes de sectores productivos a suscribir un pacto social para enfrentar el gasolinazo en la entidad, argumentando que le preocupa la afectación a la economía familiar ante el incremento del precio de los combustibles y servicios básicos.

En contraste con su discurso, el mandatario y parte de su gabinete se desplazan en la entidad a bordo de una flotilla de helicópteros de una empresa privada, sin informar el procedimiento de adjudicación y monto del contrato, aunque compañías de este tipo ofrecen sus servicios en el mercado por tres mil dólares la hora.

Ello a pesar de que el gobierno de Guerrero tiene una flota oficial de aeronaves conformada por al menos tres helicópteros y tres aviones.

Actualmente el gobernador Héctor Astudillo tiene un salario que rebasa los 146 mil pesos mensuales, además de bonos, vales, seguro de gastos médicos privados y cambió su residencia en Chilpancingo por un lujoso penthouse en el exclusivo condominio Torres Costa Victoria, ubicado frente a la bahía de Santa Lucía en el puerto de Acapulco sobre la avenida Costera Miguel Alemán y a un costado de la base de la VIII Zona Naval.

En agosto pasado, Proceso dio a conocer que Astudillo afirmó que en los 23 años que lleva viviendo del servicio público, no posee bienes inmuebles.

No obstante, la esposa del mandatario, Mercedes Calvo Elizundia, actual presidenta honoraria del DIF en la entidad, quien se desempeña como empresaria de la educación privada en Guerrero, es propietaria de 12 inmuebles, entre casas, departamentos y edificios ubicados en la ciudad de México, Chilpancingo y el puerto de Acapulco.


Lo anterior se encuentra registrado públicamente en la declaración patrimonial de Astudillo que fue difundida por la iniciativa ciudadana 3de3 en el portal de Transparencia Mexicana y del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/470242/reconoce-astudillo-renta-helicopteros-privados-sus-giras

viernes, 6 de enero de 2017

Critican gobernadores de NL y Veracruz aumento del precio de gasolina

Los Gobernadores de Nuevo León y Veracruz, Jaime Rodríguez “El Bronco”, y Miguel Ángel Yunes, respectivamente, criticaron la decisión del Gobierno federal de aumentar el precio de la gasolina, sin haber informado de manera previa a los Gobiernos locales o haber buscado otras medidas, como recortar el gasto del Gobierno Federal.

El Bronco dijo: “Pudimos haberlo entendido en diciembre, si nos lo hubieran explicado. Pudimos habernos preparado, pudimos haber tenido una previsión. Pero tenemos que entender también al ciudadano que está molesto por la forma, la manera, del costo de la gasolina. Hay muchas dudas que el presidente y el gabinete deben explicarnos, no se trata de confrontarnos sino de entendernos”.


El Gobernador de Veracruz, por su parte, consideró: “No estoy de acuerdo con el incremento del precio del combustible. Si era indispensable, primero debió hacerse un recorte muy a fondo del gasto corriente del Gobierno Federal y un replanteamiento del Presupuesto de Egresos, que favorece fundamentalmente a entidades como el Estados de México”.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0601/mexico/critican-gobernadores-de-nl-y-veracruz-aumento-del-precio-de-gasolina-video/

jueves, 1 de diciembre de 2016

A escondidas y de madrugada, Murat rinde protesta como gobernador de Oaxaca

OAXACA, Oax: De madrugada y en una sede alterna, los diputados que integran a LXIII legislatura de Oaxaca sesionaron para ungir a Alejandro Murat Hinojosa como gobernador, con lo cual burlaron las protestas del magisterio.

Como un mal presagio la toma de protesta del hijo de José Murat Casab se realizó en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, la cual se utilizó como sede alterna.

Con un estado colapsado por los 37 bloqueos carreteros que instalaron los maestros de la Sección 22 en el interior del estado que incomunicaron a Oaxaca con los estados de Guerrero, Chiapas, Puebla y Veracruz, y paralizado con la toma del Congreso local y los complejos gubernamentales de ciudad Administrativa y Judicial, Murat fue declarado gobernador a la 01:30 horas de este jueves.

Con un quórum legal de 34 diputados locales, el presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura, Samuel Gurrión Matías, tomó la protesta de Ley a Alejandro Ismael Murat Hinojosa, como gobernador para el periodo 2016-2022.

Este madruguete se dio con la anuencia del presidente de Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Irineo Molina Espinosa.

En esta sesión también participaron los coordinadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Carol Antonio Altamirano; Acción Nacional, Juan Iván Mendoza Reyes y del Trabajo, Jesús Romero López, quienes la víspera se desgarraron las vestiduras porque el recinto legislativo había sido sitiado por grupos de choque de la CTM.

A la unción de su hijo no podía faltar José Nelson Murat Casab, en primera fila.

A la toma de protesta de quien se dice amigo del presidente Enrique Peña Nieto, solo asistieron los gobernadores de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas y de Yucatán, Rolando Zapata Bello.

También estuvieron presentes el presidente del Senado de la República, Pablo Escudero Morales; el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón; los senadores Roberto Gil Zuarth y Eviel Pérez Magaña y el presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza.

Con la ausencia de siete diputados, Alejandro Murat, después de rendir protesta de Ley, agradeció el compromiso de las fuerzas políticas representadas en la LXIII Legislatura del Congreso. “Mi compromiso es sacar adelante a Oaxaca”, afirmó.


Murat dijo que tomó la decisión de asumir en la madrugada para privilegiar la paz social.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464746/a-escondidas-madrugada-murat-rinde-protesta-como-gobernador-oaxaca

miércoles, 19 de octubre de 2016

Los duartes en potencia (El caso de Kiko Vega)

Aun cuando ni el Poder Judicial ni la Procuraduría General de la República han confirmado que, efectivamente, existe una orden de aprehensión contra el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el hecho de la comisión de los ilícitos no asombra a los mexicanos, sí llama la atención que finalmente, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, investigue, procese y pida sanción para un corrupto anidado en su partido el PRI.

Según la periodista Denise Maerker, el delito en investigación y origen de la orden de aprehensión sería el desvío de recursos del Gobierno del Estado de Veracruz, por un monto de 500 millones de pesos, utilizando empresas fantasma para la adquisición de bienes.

Sin embargo los dineros que no han encontrado buen destino en la administración estatal de Veracruz se cuentan por miles de millones de pesos. A la ya deuda histórica de Javier Duarte con la Universidad Veracruzana que fue denunciada por la Rectora Sara Ladrón de Guevara, y que supera los dos mil millones de pesos, se suman otras que poco a poco y ya envalentonadas las víctimas, se atreven a señalar.

Por ejemplo, al Organismo Público Local Electoral, el Gobierno de Veracruz cuando aún estaba en las manos de Duarte de Ochoa, le debía 167 millones de pesos. A una veintena de empresas de créditos para trabajadores del Estado, de esos que los pagos se descuentan vía nómina y el Gobierno tiene la obligación de saldar, les debe mil 45 millones de pesos. Además, de acuerdo al Regidor Víctor Hugo Vázquez, del Ayuntamiento de Veracruz, el Gobierno del Estado le debe a ese municipio 150 millones de pesos.

Ya en totales, el Órgano Superior de Fiscalización de Veracruz, calcula que la deuda pública del Gobierno de Javier Duarte y hasta diciembre de 2015, asciende a los 64 mil 886 millones de pesos, pero que si se suman 35 mil millones de pesos de gasto federalizado sin comprobar, aquello podría llegar a los 99 mil millones de pesos en deuda pública. Por su parte la diputada panista del Congreso de Veracruz, Ana Cristina Ledezma, ha declarado que entre deuda bancaria, adeudos a proveedores, daño patrimonial, y recursos pendientes por transferir entre otros, el Gobierno de Javier Duarte debe más de 180 mil millones de pesos.

Todo eso, por supuesto, acumulado en los cinco años y meses que se mantuvo en el cargo de Ejecutivo Estatal. Deudas que fueron incrementando año con año ante la pasividad de Cabildos, la permisibilidad del Congreso y la condescendencia del Gobierno Federal, tanto del panista encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, y cuanto más del priísta que maneja Enrique Peña Nieto.

Duarte fue un monstruo de la corrupción que entre todos los poderes y los ciudadanos, lo dejaron crecer. Las denuncias de corrupción, de transas, de irregularidad y venganzas, se consideraron serias en los últimos dos años. A excepción de los periodistas que con el asesinato de cada uno de los 17 periodistas que fueron muertos durante la administración del priísta, hicieron manifestaciones y denuncias diversas, los poderes del Estado guardaron silencio hasta hoy.

Dejar que los Gobernadores actúen con abusos, excesos y una conducta delictiva, sin considerar serias las denuncias ciudadanas, periodísticas, de la oposición, convierte a los otros poderes, al Legislativo y al Judicial, en cómplices de la irregularidad ¿Cuántas ocasiones los diputados de Veracruz tuvieron la oportunidad de llamar al Gobernador a rendir cuentas en cinco años y no lo hicieron? ¿Por qué en el Poder Judicial no se le dio seguimiento a las denuncias de ciudadanos afectados?

Los escenarios catastróficos de corrupción e irregularidades administrativas en un gobierno se pueden evitar. Baste la supervisión de los otros poderes y la denuncia ciudadana. La prensa libre siendo voz de las víctimas, replicando las denuncias anónimas, ciudadanas y legales, sobre los excesos, abusos y arbitrariedades.

En Baja California, como en muchos otros estados seguramente, la situación no es muy distinta. Antes del primer semestre de este 2016 y en el Semanario ZETA, a denuncia de profesores que no tenían recursos suficientes para administrar sus escuelas en el nivel básico, investigamos y denunciamos cómo el Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, panista, por cierto, llevaba cerca de nueve meses sin pagar a las escuelas el subsidio conocido como Beca Progreso, instaurado cuando se prohibió a las escuelas cobrar cuotas a los padres de familia. La educación sería verdaderamente gratuita con el apoyo adicional del Gobierno del Estado. Pero nada, la administración de Vega debía más de 340 millones de pesos a las escuelas bajacalifornianas. La semana siguiente a la publicación periodística, a través de un boletín informaron que destinarían 70 millones de pesos para ese efecto, acumulándose la deuda.

Hace un par de semanas, también a raíz de una denuncia ciudadana, los periodistas investigaron otro adeudo del Gobierno del Estado de Baja California: 476 millones de pesos que no ha pagado a la Universidad Autónoma de Baja California. Del caso, no ha aparecido boletín donde el Gobierno se comprometa a saldar o aminorar la suma.

Si sumamos esas dos deudas, tendríamos que la administración de Francisco “Kiko” (así le gusta que le digan) Vega le debe, solo a instituciones educativas, más de 800 millones de pesos. La administración panista recién cumplió los tres años de gobierno, y ya acumula deudas. Esto sin contar las que pudiera tener con otras instancias o proveedores que no han denunciado los casos.

Pero bueno, del adeudo de Beca Progreso, hubo tímidos reclamos de algunos sectores de la sociedad civil, y muy pocos y muy silenciosos del Poder Legislativo, mientras que de los 476 millones que debe a la Universidad Autónoma de Baja California, sí hubo un reclamo por parte del Rector, una denuncia por parte de la fracción priísta en el Congreso del Estado, y la inclusión del tema en la tribuna de la Cámara de Diputados en los siguientes días.

Los diputados de oposición solicitaron que el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid compareciera ante el Congreso para conocer el porqué del adeudo con la Universidad, sin embargo los diputados panistas, mayoría en esta cámara local, votaron contra esa iniciativa; se convirtieron en cómplices del Gobernador al “ayudarle” para que no rinda cuentas donde las tiene que rendir, el Congreso del Estado.

La sociedad denuncia los casos de abusos del Gobernador de Baja California, las transacciones comerciales, los convenios y las concesiones, las deudas, pero el Congreso del Estado lo protege, y el Gobierno Federal aún no lo alcanza ni a dimensionar (a pesar que es panista), ni a ver, por lo tanto no lo investigan.


En México hay muchos Duartes en potencia. Gobernadores que alejados de la administración federal, amañados con el Poder Legislativo y complacientes con el Poder Judicial, actúan con total impunidad abriendo así el margen para que el problema crezca a los niveles de Javier Duarte de Ochoa.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-10-2016/3105627

martes, 4 de octubre de 2016

Javier Corral y su nueva batalla: de la telecracia a la cleptocracia

CIUDAD DE MÉXICO: Hace diez años, el senador panista Javier Corral alcanzó notoriedad nacional con una de las batallas más difíciles y turbias que se han librado en el México de la alternancia: lograr la anticonstitucionalidad de la Ley Televisa, aprobada en marzo de 2006, en medio de las presiones de todos los candidatos presidenciales y de la mayoría de legisladores coludidos con la empresa de comunicaciones más importante del sistema.

Corral se convirtió en el más consistente, informado y crítico político en contra de ese poder salvaje que había doblegado al Ejecutivo federal, al Congreso y amenazaba con atenazar al Poder Judicial. No era una batalla de agravios personales. Era una lucha contra la tentación de una dictadura mediática que logró descarrilar buena parte de las promesas de la transición a la democracia no cumplida: en 2002 las dos televisoras cancelaron la reforma a la ley de medios electrónicos que había propuesto el gobierno de Fox; TV Azteca se apropió de Canal 40 de la peor manera; en 2004 condicionaron el “apagón analógico” a sus intereses (aunque ahora se quejen); en 2006 lograron el refrendo automático de sus concesiones, avanzaron en su proyecto por convertirse en empresas de telecomunicaciones y dar los servicios de triple play. Sobre todo, se transformaron en juez y parte de las disputas político-electorales, beneficiándose con cientos de millones de pesos del presupuesto de los partidos y los gobiernos estatales y federal.

El senador que más guerra y dolor de cabeza les dio fue Javier Corral. No fue el único, pero era el líder de 41 senadores que se rebelaron al “Sí” a la Ley Televisa. Entre ellos estuvieron los entonces priistas Manuel Bartlett y Dulce María Sauri, los perredistas de entonces Raymundo Cárdenas y César Raúl Ojeda, así como varios panistas como Felipe Vicencio. Lograron que la Suprema Corte echara abajo los aspectos más anticonstitucionales de la Ley Televisa.

Esa victoria nunca la perdonó Televisa. La resolución de la Suprema Corte se interpuso al plan de negocios y de expansión de poder de Grupo Televisa y de sus múltiples ramificaciones en la industria de la radio, la prensa, la publicidad, las empresas, etc.

Dueños de un poder político inigualable hasta 2012, Televisa logró consolidar su máximo poder cuando Enrique Peña Nieto, su cliente y modelo principal de aliado, llegó a la Presidencia de la República. Fue el retorno del PRI y de una nueva generación de políticos (muchos de ellos gobernadores) que cifraron su ascenso en la complicidad con el poder mediático a cambio de millonarias cantidades del presupuesto, no auditable y encubierto a través de triangulaciones de fondos públicos e ilegales.

Como Javier Corral no pertenecía a esa generación de tele-políticos, Televisa hizo todo para frenar su victoria en 2010 en Chihuahua. No pocos panistas estaban recelosos también de este legislador al que consideraban “radical”, “inmanejable”, “protagónico”, “conflictivo” porque no se ajustaba a la real politik de ponerse a los pies de los barones mediáticos.

Corral vivió durante casi seis años bajo la amenaza absurda de una supuesta deuda de menos de un millón de pesos a una filial de Televisa. La empresa usó este débito como un ariete para el desprestigio. Demostraron así cuál es su modus operandi mafioso para frenar a políticos que considera sus enemigos o a quienes quiere dominar.

En 2013 y 2014 el gobierno de Peña Nieto impulsó una amplia y ambiciosa reforma de las telecomunicaciones y la radiodifusión que se gestó en el Pacto por México. En parte, para librarse del estigma de ser “producto de Televisa” y, en parte también para abrir la competencia en un sector dominado por dos imbatibles monopolios que pasaron de aliados a feroces adversarios desde 2011: Televisa y América Móvil.

Corral fue impulsor y crítico también de esa reforma. En el desánimo, Corral me confió en 2014 que muchos de los logros de la reforma constitucional se perdieron en la legislación secundaria de aquella Ley Peña-Televisa que acabó beneficiando a esta empresa. Le permitieron seguir su proyecto de concentración en la televisión restringida hasta llegar a tener 62% de este mercado.

La crisis actual de Televisa no vino por el lado de las leyes ni de las reformas de Peña Nieto, sino por los cambios tecnológicos y la revolución de las nuevas audiencias digitales que constituyen un desafío múltiple para los medios tradicionales y para los políticos que se acostumbraron a buscar rating y no legitimidad.

Antes de ir de nuevo como candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua, Corral encabezó otra dura batalla al interior de su partido y también en contra de la censura a Carmen Aristegui y su equipo en MVS. Paradojas de la historia: el modelo de contrato con autonomía editorial y ombudsman de audiencia que Corral negoció y propuso a MVS y a Aristegui fue desechado por la empresa de Joaquín Vargas en uno de los más lamentables retrocesos de un medio que le había apostado a la pluralidad.

Corral triunfó en las elecciones de Chihuahua contra todos los pronósticos. El PAN retorna a la gubernatura después del sexenio de Francisco Barrio (1992-1998) que dejó muchas heridas abiertas, como su indolencia por los feminicidios en Ciudad Juárez, y después de dos administraciones priistas que se caracterizaron por la violencia y la corrupción.

Corral triunfó a pesar de la operación del gobierno saliente de César Duarte para cerrarle el paso, de la dirigencia del PRI y hasta de un sector de la izquierda y del panismo. Ganó a pesar de la corrupción que deja a Chihuahua con una deuda de más de 40 mil millones de pesos y unas arcas comprometidas por tres generaciones en pagar el atraco de Duarte Jáquez.

Desde la adolorida Juárez, su ciudad, Javier Corral emprendió una nueva batalla por ser gobernador de su estado. Hoy tomó posesión en condiciones difíciles y citó a Benito Juárez como compromiso de encabezar un gobierno guiado por “la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala”.

Corral lanzó un mensaje de conciliación con el movimiento magisterial, anunció la creación de una fiscalía especial para graves violaciones a los derechos humanos y advirtió que “no habrá impunidad” para los responsables de la bancarrota de Chihuahua.

Estas serán las nuevas y difíciles batallas de Corral desde Chihuahua. Es tan compleja y quizá más peligrosa que su lucha contra la telecracia, pero indispensable para el país: demostrar que la transición desde la periferia hasta el núcleo federal del poder en México se puede dar. Que el sistema político mexicano, víctima de una larga agonía frente a la transición inconclusa, puede resurgir de un auténtico pacto con la sociedad, no sólo con los grupos de poder y las organizaciones criminales.

La nueva batalla de Javier Corral Jurado es contra las poderosas redes de nuestra narcocleptocracia. Es una batalla que nadie, ningún político (ni Andrés Manuel López Obrador) la pueden librar solos. Menos un solo partido o una sola fuerza. Es un gran ejercicio de coalición de fuerzas, algo que hasta ahora no hemos visto en un sistema político tan acostumbrado a dividir, corromper, amedrentar y sembrar resentimientos en sus mejores hombres y mujeres.


Mucha templanza e inteligencia para Javier Corral, compañero, fuente informativa, colega en el quehacer periodístico y generoso ser humano frente a estas nuevas batallas por venir.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457493/javier-corral-nueva-batalla-la-telecracia-a-la-cleptocracia

viernes, 30 de septiembre de 2016

Gobernadores del PRD buscan 200 mil millones de pesos adicionales

Jesús Zambrano dijo que el presupuesto, tal como está estructurado, va a poner en riesgo la gobernabilidad en regiones enteras del país.

Diputados y mandatarios perredistas propusieron aumentar 200 mil millones de pesos en recursos de la federación para los estados y los municipios.

Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD; el vicecoordinador de los diputados de ese partido, Jesús Zambrano; y los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles, y de Tabasco, Arturo Núñez, anunciaron que harán un frente común para exigir la reorientación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 que el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión el pasado 8 de septiembre.

Estaba previsto que también estuviera el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pero se informó que no llegó por problemas de agenda.

El frente común fue acordado en una junta en las oficinas del PRD en San Lázaro y Barrales Magdaleno sintetizó en tres puntos las conclusiones de la reunión:

Primero: Demandar la redistribución de los recursos del proyecto de PEF 2017, “en favor de la gente”, toda vez que deja desprotegidos renglones importantes como salud, educación e infraestructura y reduce recursos a temas tan sensibles como la seguridad y prevención del delito en entidades como Michoacán.

Segundo: Recuperar recursos en favor de las entidades donde gobierna el PRD, en beneficio de la ciudadanía, sin el sesgo partidista a la hora de distribuirlos, porque “de manera marcada, crecen recursos presupuestales para estados que gobierna el PRI, como el Estado de México, Sonora o Hidalgo”.

Tercero: Convocar a diseñar un nuevo modelo económico para el país, ya que el actual “dio de sí y demostró que no funciona y no nos va a resolver los problemas”.

Por su parte, Aureoles expuso que la Ley de Coordinación Fiscal no se ha reformado desde hace 45 años por lo que persiste un esquema muy centralista de la recaudación fiscal y la distribución de dinero a esos niveles de gobierno.

Dijo que actualmente la fórmula para la distribución de los recursos federales a los estados es de 80 por ciento para la federación y de 20 por ciento para los gobiernos locales.

Por ello —aseguró— el frente perredista propone que se entregue 75 por ciento a la federación y aumente a 25 lo que se distribuye a estados y municipios.

“La propuesta está elaborada, el procedimiento es un ajuste en la distribución de ese 80 por ciento, para que se pueda derivar a estados y municipios ese cinco por ciento, que cada punto porcentual equivale a más o menos entre 38 mil y 40 mil millones de pesos, con lo que se le daría un respiro a los estados en general”, comentó.

El gobernador de Tabasco, Arturo Nuñez, dijo que se entiende la situación y el entorno económico que afecta al país por la baja de los precios del petróleo lo que evidentemente plantea la necesidad de hacer un ajuste.

“El país enfrenta un brutal choque externo, derivado de la sostenida y prolongada caída de los precios del petróleo, que ha derivado en ajustes presupuestales, pero lo que tenemos que discutir es la forma cómo se distribuye este ajuste”, expresó.

El mandatario tabasqueño dijo que el asunto es redefinir “el destino de los recursos presupuestarios, para modificarlos en aspectos como seguridad, prevención del delito y renglones sociales”.

Destacó la propuesta de “cambiar el monto de la distribución de las participaciones fiscales, pero también las reglas de distribución en la materia”, para mejorar los ingresos de estados y municipios.

Por otro lado, Zambrano señaló que el presupuesto, “tal como está estructurado, con los recortes que impactan en los estados de la República y con la desaparición de programas de carácter social, va a poner en riesgo la gobernabilidad en regiones enteras del país”.


Asimismo, Barrales adelantó que la próxima semana los integrantes del frente se reunirán con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para exponerle sus inquietudes respecto a ese asunto.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2909/mexico/gobernadores-del-prd-buscan-200-mil-millones-de-pesos-adicionales/

viernes, 19 de agosto de 2016

Solicitud de expulsión contra los Duarte, Borge y Medina fue frenada, reclama consejero priista

La Corriente Solidaridad, que pertenece al PRI, quiere fuera del partido a los gobernadores Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; César Duarte Jáquez, de Chihuahua, y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo. Los tres, alega, tienes al menos 78 denuncias y averiguaciones previas por responder ante instancias federales. Estas acusaciones por diversas irregularidades registradas durante sus sexenios, argumenta, son suficientes para suspenderles sus derechos como militantes de ese instituto político.

Los tres gobernadores cuya expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) promueve una corriente interna acumulan, en combinación, al menos 78 denuncias y averiguaciones previas.

De acuerdo con el procedimiento de suspensión de derechos interpuesto por la organización priista denominada Corriente Solidaridad, el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tiene dos denuncias de la Universidad Veracruzana (UV), que lo acusa de no pagar subsidios por más de 2mil millones de pesos; también, 32 procedimientos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) ante la Procuraduría General de la República (PGR) por contratos con “empresas fantasma”, así como 26 denuncias generadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “relacionadas con el desvío de recursos públicos provenientes de partidas federales”.

César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua, tiene 17 procedimientos legales en su contra por probables irregularidades encontradas también por la ASF, mientras que Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo, enfrenta una denuncia penal ante la PGR desde 2014, así como una solicitud del Congreso de la Unión para que se investigue el destino de más de 16 mil millones de pesos.

La denuncia de la Corriente Solidaridad, interpuesta ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor, argumenta que las acusaciones mencionadas son suficientes para suspender temporalmente los derechos como militantes de los mandatarios “hasta en tanto no se concluyan los procesos penales ejercitados en su contra por los delitos dolosos” que se les imputan.

También, que los hechos denunciados “influyeron” en las derrotas electorales que sufrió el tricolor en el pasado 5 de junio en siete entidades.
“Irregularidades que constituyen un hecho público y notorio y que influyeron negativamente en las elecciones constitucionales locales en perjuicio de nuestro instituto político”, dice la denuncia, interpuesta el pasado 20 de julio.
Los procedimientos de suspensión de derechos como militantes priistas y la eventual expulsión de los aún gobernadores está considerada por una parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI como una medida “preventiva” para evitar que las denuncias de corrupción que los rodean causen más derrotas electorales, sobre todo ante los comicios de 2018.


FRENAN PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN

Pero, de acuerdo con Armando Barajas Ruiz, integrante de la Corriente Solidaridad y quien presentó la denuncia de suspensión, el procedimiento se encuentra detenido en la Comisión de Nacional de Justicia Partidaria, encabezada por Fernando Elías Calles.
“La Comisión Nacional de Justicia Partidaria está violentando el debido proceso al no realizar ninguna notificación acerca de la denuncia que se presentó”, dijo Barajas Ruiz en entrevista.

“No han notificado a su servidor, que es el denunciante; entonces, está siendo omiso el presidente de la comisión al no informarme en qué sentido o como va el procedimiento sancionador”, agregó el priista e integrante del Consejo Político Nacional.

Además de la denuncia contra los tres mandatarios que concluyen este año su Gobierno, Barajas presentó otra en contra de Rodrigo Medina de la Cruz, ex Gobernador de Nuevo León hasta 2015 y quien este mes recibió también una vinculación a proceso (antes llamado “auto de formal prisión”) por ejercicio indebido de sus funciones.

La corrupción atribuida a los mandatarios priistas fue considerada por el Comité Ejecutivo Nacional como una de las principales causas de las derrotas del 5 de junio, además de la imposición de los mandatarios en la selección de candidatos.

Una fuente consultada por este medio en el CEN informó que, si bien la anterior dirigencia [encabezada por Manlio Fabio Beltrones Rivera] trató de promover que al menos Duarte de Ochoa pidiera licencia antes de la elección y así evitar el voto de castigo, éste logró sostenerse en el cargo gracias a un “compromiso económico” hecho desde 2012 con el Presidente Enrique Peña Nieto.
“Pero ¿qué pasó? (Duarte de Ochoa) Vino a Los Pinos, alegó lo que a su parte consideró y se quedó en su cargo, y nos hizo todo el daño que nos tenía que hacer”, comentó la fuente consultada.

Este medio solicitó una entrevista con Elías Calles; pero, al cierre de esta edición, la petición no había sido respondida.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-08-2016/3081836