La SCT desaparece Subsecretaría de Comunicaciones; sus funciones se reacomodarán, dice

Las labores de la Subsecretaría eran impulsar la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión en el país, así como de promover la cobertura social, desarrollar el programa de acceso a internet y coordinar el proceso de elaboración y evaluación de políticas públicas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) aclaró que desaparecerá la plaza de Subsecretario de Comunicaciones, pero sus funciones se mantendrán dentro de la dependencia.

En una tarjeta informativa, la SCT detalló que dicha acción forma parte de la reestructuración administrativa. Los señalamientos de la dependencia surgen luego que su titular,  Jorge Arganis, anunciara la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico.

Cuando se le pide rendir cuentas, la SCT no sabe de donativos del S19; eso sí, los presume en redes

A casi cinco meses del sismo del 19 de septiembre pasado, las labores de reconstrucción continúan, y en las localidades más afectadas, incluida la Ciudad de México, aún no se puede retomar la vida de manera normal. En el camino hacia ese objetivo, sobresalen dos temas relacionados con el dinero del sismo: uno, el de los recursos públicos con los que se apoya a los afectados y dos, el monto del dinero donado por países, empresas, fundaciones y particulares que, de acuerdo con información oficial, asciende a de 3 mil 413 millones 400 mil pesos. De las secretarías federales, sólo la de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha hecho anuncios de avances de la reconstrucción hechos con dinero privado producto de las donaciones. Sin embargo, en una solicitud de información realizada por este diario digital respondió que no ha recibido ningún tipo de donativos.

Un par de días después del temblor del martes 19 de septiembre de 2017 comenzaron a surgir cuentas que recibirían el dinero de quien quisiera donar para apoyar a México en la emergencia y, además, en las labores de reconstrucción. Con este propósito, más de 20 organizaciones, fundaciones y bancos abrieron sus puertas para recibir donaciones.

De acuerdo con el Gobierno federal, las donaciones monetarias de 24 países dieron un total de 64 millones 034 mil 582 pesos que fueron depositados a la Cruz Roja Mexicana y al Fideicomiso Fuerza México, principalmente.

La SCT concentró en Edomex, uno de los bastiones del PRI, el 45.8% de la obra pública en 5 años

De los 928 mil 881 millones 040 mil pesos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) destinó en el periodo de 2013-2017 a la construcción de obra pública en las entidades federativas, el Estado de México se benefició con el 45.8 por ciento de esa cantidad, es decir con 246 mil 227 millones 290 mil pesos.

Esa cantidad es 78 veces lo que recibió Aguascalientes, que es el estado que menos dinero recibió. Es también mucho mayor si se compara con los 61 mil 060 millones 010 mil pesos que recibió Jalisco, el segundo estado con más asignación de presupuesto en este rubro.

La SCT de Ruiz Esparza: sobrecostos, favoritismo y opacidad

Durante cinco años el presidente Peña Nieto sostuvo a Gerardo Ruiz Esparza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin importarle los insistentes señalamientos de favoritismo en la asignación de contratos y su negligencia ante tragedias como la del socavón que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca. Y aunque la Secretaría de la Función Pública está por dar su dictamen sobre las responsabilidades en este caso, lo más probable es que el secretario salte a una candidatura por el PRI y deje a la SCT hundida en las anomalías que él propició.

En los primeros días de 2018, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dará a conocer el resultado final de las observaciones sobre las irregularidades en el Paso Exprés de Cuernavaca, el más reciente escándalo que involucró al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a raíz del fallecimiento de Juan Mena López, de 56 años, y de su hijo, Juan Mena Romero, de 36, quienes quedaron atrapados en el socavón de siete metros que se abrió el 12 de julio pasado.

SCT licitó Paso Exprés antes de proyecto ejecutivo: auditoría

Ciudad de México. La Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró que en el proceso de construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes licitó y otorgó el contrato a las empresa Construcciones Aldesem y Eppcor antes de que se elaborara el proyecto ejecutivo, deficiencia que provocó que se disparara el costo en 647.1 millones de pesos, esto es, 71.78 por ciento más.

SCT movió 3 mil 600 mdp a Edomex sin permiso de Hacienda

Desde 2007, Gerardo Ruiz Esparza, entonces secretario de Comunicaciones mexiquense, exigió al gobierno de Felipe Calderón una compensación... la cual llegó hasta que Peña llegó a la Presidencia.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no contó con un dictamen presupuestal para entregar 3 mil 566 millones de pesos al gobierno del Estado de México y así finiquitar una disputa que inició la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador de esa entidad federativa y que resolvió a su favor ya como Presidente de la República.

Aristegui Noticias obtuvo, vía transparencia, una sentencia judicial que permitía al gobierno federal no reconocer la deuda con la administración mexiquense y el convenio donde falta el permiso de Hacienda para mover el dinero.

Transportistas y empresarios de la construcción firman acuerdo con la SCT

Ciudad de México. Con un llamado unánime a la unidad y el compromiso de trabajar con el gobierno federal para tratar de aminorar el impacto del alza a los combustibles y enfrentar el escenario que se avecina con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, empresarios transportistas y de la construcción firmaron este viernes un “Acuerdo de Solidaridad con las Cámaras y Asociaciones del Sector de Transporte y la Construcción” con la Secretaría Comunicaciones y Transportes (SCT).

Durante la firma del acuerdo el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que “frente a lo que estamos por vivir en unos días más, el no estar comunicados con esta unidad que aquí se ha expresado, creo que sería un grave error” y advirtió que “México se está reflejando hoy como un gran centro de inversiones y para seguirlo siendo necesitamos reflejarlo al mundo, si el mundo nos ve inquietos, se acabaron las inversiones por aire por tierra por mar y por carretera y por telecomunicación”.

El funcionario señaló que el gobierno federal se compromete a mantener y continuar las medidas de austeridad implementadas desde 2015 y reprobó los llamados a la inestabilidad al saqueo y a la interrupción de servicios públicos básicos así como el bloqueo de vías de comunicación realizado, dijo, “por grupos interesados en que no le vaya bien a México”.

Rafael Ortiz Pacheco presidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Atomac) señaló: “su servidor iniciamos las manifestaciones y a petición del señor secretario hemos accedido a darnos un respiro. Debemos de buscar una verdadera alianza donde la SCT sea la que lleva la pauta. Decidimos levantar las manifestaciones y aquí estamos”.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gustavo Arballo Luján, dijo que “son tiempos de unidad, de hacer equipo y lo que queremos es que le vaya bien a México para que le vaya bien a todos los sectores de la sociedad. Hay que amarrarse todos el cinturón, también el gobierno”.

Rogelio Montemayor Morineau presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) aseguró que “definitivamente vivimos tiempos difíciles pero hay que estar unidos”.

Luis Manuel Ocejo Rodriguez de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram), dijo que los empresarios de dicho sector están acostumbrados a las fluctuaciones en el precio de los combustibles y denunció que empresas extranjeras quieren entrar al mercado mexicano pero de manera incorrecta por lo que es importante cerrar filas y ayudar a las empresas mexicanas.

“Va a ser un año muy complicado, muy difícil pero queremos reiterar el compromiso con el gobierno federal. Son muy difíciles para nosotros estos incrementos pero tenemos que hacerlos”, comentó Jaime Jaime delgado presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat).

Alex Theissen Long, presidente de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP), dijo que ellos como usuarios del transporte de carga “entendemos que la reforma va a ser en el mediano y largo plazo algo importante en el país porque va a crecer la economía, es una medida complicada pero nos sumamos a los esfuerzos de los presentes para encontrar formas de mitigar estos efectos”.


En el evento también participaron Sergio Alfonso Allard Barroso, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), Lorenzo Reyes Retana, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), entre otros dirigentes.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JUAN CARLOS MIRANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/13/transportistas-y-empresarios-de-la-construccion-firman-acuerdo-con-la-sct

Solo aplicamos la ley: SCT revoca 12 permisos a transportistas por bloqueos vs el gasolinazo

La dependencia revocará 12 permisos a transportistas que participaron en bloqueos carreteros la semana pasada en diversos puntos del país.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que retirará 12 permisos a transportistas por participar en bloqueos a carreteras federales contra el gasolinazo.

Gerardo Ruiz Esparza, titular de la dependencia, dijo este lunes 9 de enero en entrevista con Radio Fórmula que son empresas y permisionarios a los que se les revocarán las licencias.

Los primeros son: Asociación de Transportistas de Manzanillo; Autotransporte Nuevo Mundo S.A de C.V.; y los permisionarios José María Gallardo, Grisel Lleaname y Marisela Rodríguez Zermeño”.

La SCT continúa con la identificación de otros vehículos y empresas que participaron en los bloqueos.

Ruiz Esparza Reiteró que continúan con las mesas de diálogo con los transportistas para analizar la problemática de los incrementos.

El 5 de enero pasado, la SCT informó que revocará los permisos a transportistas que participen en bloqueos a carreteras federales.

“Estamos iniciando el procedimiento de revocación de sus permisos y se están levantando las actas correspondientes, y las denuncias penales”, señaló el director general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Adrián del Mazo el pasado vienres.

El mismo viernes, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, confirmó que en Manzanillo comenzaron las primeras sanciones en contra de transportistas permisionarios por violar la Ley de vías generales de comunicación.

“Hoy que bloquearon la entrada al Puerto de Manzanillo, ya estamos generando las dos sanciones, la denuncia y el retiro de la concesión a una organización que bloqueó la entrada al Puerto de Manzanillo; no es solamente teoría, ya lo estamos aplicando, y si no lo hacemos, las sanciones serán para el servidor público que no lo haga”, sentenció Ruiz Esparza.

La organización en contra de la cual se levantó una denuncia y se le retirará la concesión es la Asociación de Transportistas de Manzanillo.

“Entiendo que hay tanto miembros de la organización como otros transportistas que le dan servicio al puerto y que son el llamado hombre-camión, o sea que no pertenecen a esta asociación, pero tenemos las placas y con base en ello, a ese camión se la va retirar el permiso”, aclaró.

De acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), los servicios federales de autotransporte de carga y de pasajeros son un servicio público, de importancia primordial para la adecuada marcha de la economía del país y la vida de sus ciudadanos, “por lo que resulta de interés público la continuidad de su prestación”.


Por lo que ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios o permisionarios, constituye una causal de revocación de los permisos, en los términos del artículo 17, fracción VI, de dicha ley.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/sct-revoca-permisos-transportistas/

La SCT, nudo en los escándalos de corrupción sexenal, suma otra sospecha con empresa española

En los cuatro años del actual sexenio, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no la ha movido el aire. Los recortes presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la obligaron a ajustarse, nada más. Pero los escándalos de corrupción no hicieron ni una sola mella, y las indagatorias por las acusaciones de corrupción en proyectos de infraestructura –que vinculan a su titular, Gerardo Ruiz Esparza; al propio Presidente Enrique Peña Nieto y a la cúpula política del Estado de México– se han empantanado.

La ruta de este tren iba bien, sin sobresaltos, desde principios de la administración. En 2014, Grupo Higa, propiedad del empresario Armando Hinojosa Cantú, amigo de Peña Nieto y del propio Ruiz Esparza desde los tiempos en que el actual Presidente fungía como Gobernador del Estado de México –donde fue beneficiado con contratos estatales–, ganó 900 millones de pesos en licitaciones con la dependencia federal.

El Ejecutivo federal había trasladado  su modelo de Gobierno en el Edomex a toda la República y lo hizo, además, con quienes lo acompañaron, entre otras, en las áreas de finanzas e infraestructura en su administración mexiquense –como es el caso del Secretario Ruiz Esparza–.

De acuerdo con los contratos otorgados por la SCT, sucedió lo mismo con empresas cercanas y afines al grupo peñista: la propia Higa, las compañías de la familia San Román y la española Obrascon Huarte-Lain (OHL), con las que también la administración peñista trabajó en tierra mexiquense.

Las tres empresas están, de una forma u otra, ligadas en torno a EPN y al propio Gerardo Ruiz Esparza, quien fungió como Secretario de Comunicaciones del Estado de México, de 2005 a 2011, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Durante la gestión del ahora Primer Mandatario del país se otorgaron recursos públicos a OHL para adquirir un sistema de barreras móviles, al doble de precio, para el Viaducto Elevado a una empresa propiedad de Ricardo Arturo San Román Dunne, con quien el mandatario mexicano sostiene una solida amistad e incluso un compadrazgo, reveló en octubre pasado una investigación periodística de Aristegui Noticias.

De acuerdo con esa investigación, la amistad del Presidente con los San Roman inició con la adquisición de una residencia en el club de golf Gran Reserva, en Ixtapan de la Sal, Estado de México, a Roberto San Román Widerkehr; esa dicha amistad consolidó cuando el hijo de éste, Roberto San Roman Dunne, apadrinó a Paulina Peña Pretelini, la hija mayor de Peña Nieto, en su primera comunión.

Al ser cuestionado sobre su comportamiento y su estrecha relación con las empresas en cuestión, Gerardo Ruiz Esparza se torna molesto: lo ha negado en vivo y a través de su cuenta de Twitter [@gruizesp], pero a pesar de ello las acusaciones continúan y no sólo se relacionan con esas tres empresas y familias.

Por ejemplo, apenas en noviembre pasado, la SCT otorgó un contrato por 466 millones para ampliar un tramo de 31 kilómetros de la carretera federal Estación Don-Nogales en Sonora, a una constructora española vinculada a escándalos de corrupción. Antes, ganó otra licitación por 200 millones de pesos para modernizar la carretera Coatzacoalcos-Veracruz.

Copisa Constructora Pirenaic, empresa propiedad del catalán Jordu Pujol Ferrusola, es investigada en España por una serie de fraudes cometidos en México, en los que empresarios y autoridades de este país están vinculadas.

Pujol Ferrusola era investigado por haber realizado cobros encubiertos en un proyecto turístico de México, donde habría invertido un peso pero cobró comisiones por 243 mil euros a través de GBI & Monic Productions, una empresa fantasma; el cobro lo realizó por un asesoramiento en el proyecto de centro de tratamiento de residuos situados en Ecatepec, Estado de México, y en las ciudades de Querétaro, Puerto Vallarta, Acapulco y Ciudad de México.

Polémicas, dudas por la opacidad y posibles conflictos de interés rodean varias de las licitaciones de la SCT y mucho información al respecto se ha negado por transparencia. Esta dependencia sólo gastó un tercio del presupuesto destinado a la dirección que se encarga de las carreteras del país durante 2015. En respuesta a una solicitud de información hecha por un legislador de la Cámara de Diputados, la SCT develó que la Dirección General de Carreteras ejerció mil 059 millones de pesos el año pasado, a pesar de contar con un presupuesto de 3 mil 337 millones de pesos; esto representa una ejecución del 31 por ciento del total.


UN TREN DE SOSPECHAS Y ERRORES

El inexistente Tren de Alta Velocidad es el estandarte del sexenio, pero no por el orgullo que supuestamente generaría “Mover a México” sobre sus rieles, sino por representar la primera gran pifia del sexenio en materia de infraestructura.

Esta obra, que no sólo le hubiera ahorrado cuatro horas en viaje redondo a 27 mil usuarios diarios, o hubiera evitado un desembolso de 5 mil 300 millones de pesos para ampliar la autopista, se suspendió abruptamente.

El 5 de noviembre, el titular de la SCT anunció al consorcio ganador, que era el liderado por la empresa China Railway Construction Company, junto con la Constructora Teya –filial del viejo conocido Grupo Higa–, además de Grupo GIA, China South Rolling Stok Corporation y GHP Infraestructura Mexicana.

Horas después de ese anuncio, Gerardo Esparza salió de nuevo ante los medios de comunicación pero para anunciar que la licitación se cancelaba.

“En razón de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instruyó a reponer la convocatoria para la construcción del Tren de Alta Velocidad México Querétaro”, dijo el Secretario.

Esto sucedió luego de darse a conocer la noticia de que la esposa del Presidente Peña Nieto, Angélica Rivera Hurtado, era propietaria de una mansión de 86 millones de pesos, en las Lomas de Chapultepec, una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México. La constructora de esa casa fue ni más ni menos que Grupo Higa, propiedad de Armando Hinojosa Cantú.

El 29 de enero de 2015, la SCT lanzó de nueva cuenta las bases de licitación para el tren a Querétaro, pero para ese momento México ya estaba sumido en la indignación, provocada por las sospechas de un posible conflicto de intereses que tenía como actor principal al Presidente y a Angélica Rivera Hurtado, su esposa.

Aquél día, con la cancelación del proyecto, también se fueron al vacío 20 mil empleos directos y 41 mil indirectos.

Hoy, de eso ya no hay nada: sólo quedó una relación raspada con China y un plan de trenes para “Mover a México” en el olvido.

La otra historia, conocida a nivel nacional e internacional, es la de Grupo Higa.

De acuerdo con un cúmulo de solicitudes de información realizado por la Unidad de Datos de este diario digital, sólo en 2014 la empresa de Hinojosa Cantú consiguió 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos por siete contratos con la SCT.


OHL: DEL EDOMEX AL GOBIERNO FEDERAL

En la Procuraduría General de la República (PGR) existe una demanda por actos de corrupción y asociación delictuosa, en contra del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y su Secretario Técnico de Gabinete, Apolinar Mena Vargas, por haber participado y atestiguado el fraude en la licitación para la construcción del Viaducto Bicentenario en 2007.

En este asunto, como en otras más, entra OHL como uno de los grandes casos del sexenio en materia de presunta corrupción y conflicto de interés.

De 2012 al primer trimestre de 2016, OHL reportó ingresos netos por 60 mil 717 millones de pesos, sólo de ocho concesiones que tiene en el país.

En octubre de este año, por ejemplo, el segundo piso de la Autopista México-Puebla, que estuvo a cargo de OHL y Pinfra, reportó ganancias de 93 mil millones de pesos, derivados de la explotación de tramos carreteros.

Junto con Rafael Moreno Valle, Gobernador de Puebla, Ruiz Esparza inauguró la obra que tuvo un costo de 10 mil 500 millones de pesos; la SCT subsidió el proyecto con 5 mil 500 millones de pesos.

Otro asunto espinoso es el que involucra a la empresa Infraiber, que presentó una demanda penal ante la PGR contra el Secretario de Comunicaciones y Transportes, por autorizar a OHL la ampliación de concesiones de construcción.

El abogado de la empresa, Paulo Díez Gargari, aseguró que Ruiz Esparza pudo haber incurrido en delitos por autorizar a OHL, entonces representada por Juan Osuna, la ampliación por 30 años de la concesión de la autopista Amozoc-Perote y 20 años la del Libramiento de Perote.

La demanda establece que el titular de la SCT y OHL presentaron información falsa con la cual justificaban la ampliación de la concesión e incrementos anuales de 6 por ciento a la tarifa.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) no tiene aún los resultados de la auditoría a los contratos que OHL-México firmó con la SCT y que implican 15 mil 976 millones 193 mil 016 con 99 centavos, un proceso anunciado en 2015.

En contrataciones a nivel federal –es decir, dependencias y organismos descentralizados– el alcance de OHL supera los 24 mil 496 millones 543 mil 571 pesos con 16 centavos, de acuerdo con una investigación de la Unidad de Datos de SinEmbargo a través de mecanismos de Transparencia.

DE TEXCOCO AL CARIBE

Apenas en septiembre de este año entró en vigor un acuerdo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que otorga a Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán A.C. los derechos para el uso de 150 hectáreas de una zona conocida como “El Moño” o “Los Tlateles”, que colinda con el Circuito Exterior Mexiquense, Texcoco y Chimalhuacán, y es uno de los últimos lugares vacíos en los alrededores de lo que será el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Para líderes campesinos, quienes por años se han opuesto a la construcción del Nuevo Aeropuerto por la amenaza que representa para las comunidades y la tierra, ésta acción federal se traduce en “una burla”.

Adán Espinoza Rojas, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, sostuvo que quizá el Gobierno federal “tuvo que pagar algún favor” y mencionó una declaración del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, realizada en la Cámara de Diputados respecto a esta donación.

“Él [Ruiz Esparza], de una forma burlona, se puso como un Santo, pegó las manos al pecho y dijo: ‘con todo respeto les pido que nos tengan paciencia, ese terreno es para una zona deportiva y para árboles’. No dijo nada porque no tiene ningún argumento legal que diga que es su terreno. Es una burla en todo momento y si a eso se le suman las agresiones, los despojos y las agresiones, nosotros luchamos con nuestros amparos contra Conagua, el NAICM, decretos, etcétera”, acusó.

Autoridades de la paraestatal Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) negaron retrasos en la construcción del NAICM. Sin embargo, al hacer una comparación con el cronograma original se muestra un rezago en la licitación de obras preliminares del proyecto.

Al finalizar 2015, el presupuesto destinado para esa obra era de 104 mil 396 millones de pesos, sin embargo, al primer trimestre de 2016, la cifra aumentó en más de 75 mil millones, para quedar en 180 mil 122 millones 684 mil 677 pesos, de los cuales, según los contratos abiertos, hasta el momento sólo se ha hecho uso del 1.31 por ciento.

El aumento presupuestal es de 72.53 por ciento.

Esta cifra ya supera el doble de la inversión que tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunciaron el 4 de septiembre de 2014, el día en que presentaron el NAICM, considerado el proyecto más ambicioso de la administración de Enrique Peña Nieto. Ese día se dijo que se utilizarían 84 mil 500 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y 84 mil 500 pesos provendrían del capital privado.

Pero de acuerdo con el primer Informe Trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el avance de la obra está en 2.53 por ciento, a casi 18 meses de haber iniciado la fase de construcción, planeada para 2015-2020.

De acuerdo con los 20 contratos ubicados en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y de un contrato que figura en la sección de Datos Abiertos del portal del NAICM, el dinero del que se ha hecho uso hasta el momento son 2 mil 361 pesos 544 mil 193 pesos.

En noviembre pasado, además, el Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón, viajó en un helicóptero que aterrizó de manera ilegal en el Área Natural Protegida (ANP) Arrecife Alacranes, frente a la costa de Yucatán; lo hizo como “pasajero”.

Los tres hombres a bordo eran el propio Senador Emilio Gamboa, el empresario Emilio Díaz Castellanos y el coordinador de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa.

Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también había comenzado una investigación; sin embargo, aclaró, que “de confirmarse que se aterrizó indebidamente, procederá una sanción contra el piloto y a la empresa dueña de la aeronave”.

La dependencia federal también confirmó que Ruiz de Teresa viajó en el helicóptero, “pues se encontraba en una actividad personal, y nos comunicó que él fue invitado a hacer un recorrido y nunca se imaginó que el piloto iba a aterrizar en un sitio no autorizado”.

En tanto, Gerardo Ruiz Esparza negó en su cuenta de Twitter que él también hubiera hecho el recorrido, como aseguraron algunas versiones.

“Para interesados: ayer pasé un feliz domingo con mi familia en la CDMX. Desayuné con todos ellos a las 10 am en Sta Fe”, publicó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-12-2016/3125742

SCT anuncia que paso exprés de Cuernavaca quedará en marzo de 2017

La obra que se entregará el jueves 15 de diciembre es la ampliación a 10 carriles en 12 kilómetros y a seis carriles en otros dos kilómetros.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que a partir del 15 de diciembre estarán listos dos tramos del Libramiento de Cuernavaca (paso exprés), el cual estará terminado en marzo de 2017.

Explicó que los motivos que han diferido la conclusión de los trabajos de esta obra son la reubicación de tubería de abasto de agua potable y drenaje, canales de riego y estructuras habitacionales comprometidas.

La dependencia precisó en un comunicado que la obra que se entregará el jueves 15 de diciembre es la ampliación a 10 carriles en 12 kilómetros y a seis carriles en otros dos kilómetros.

Sin embargo, la infraestructura en su totalidad estará terminada en el primer trimestre del próximo año, periodo donde se ejecutarán los trabajos faltantes para complementar los 14 kilómetros a 10 carriles de concreto hidráulico.

Actualmente se trabaja en la conclusión del Puente Amatitlán, los pasos inferiores vehiculares de Palmira y Las Águilas, el paso inferior peatonal CONALEP y otras obras complementarias.

Destacó que ya están en operación siete kilómetros de la vía, además de los puentes vehiculares Chamilpa y Ahuatepec, que están en funcionamiento desde julio de este año.

El proyecto integral consiste en ampliar el Libramiento de cuatro a 10 carriles, de los cuales cuatro servirán para el tránsito de largo itinerario y los seis restantes serán usados para el tráfico local.

La obra contempla una inversión aproximada de dos mil 169 millones de pesos y beneficiará directamente a más de 940 mil habitantes, y es fundamental para mejorar el transporte de personas y mercancías en la zona centro del país.


Esta obra es parte del Programa Nacional de Infraestructura, que contempla concluir en esta administración 80 carreteras y 52 autopistas, con lo que se dará un impulso a la conectividad nacional.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1412/mexico/sct-anuncia-que-paso-expres-de-cuernavaca-quedara-en-marzo-de-2017/

Debe sindicato de la SCT transparentar recursos recibidos entre 2014 y 2015

CIUDAD DE MÉXICO: El Sindicato de Vanguardia Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SVTSCT) deberá transparentar la comprobación fiscal y el destino de los recursos que recibió de parte de Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) en el periodo 2014-2015, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Dichos fondos, dijo, se otorgaron para fomentar el desarrollo de actividades deportivas, sociales y culturales.
En un comunicado de prensa, el pleno del INAI dio a conocer el fallo a favor de un ciudadano que presentó un recurso de revisión, ante la negativa del SVTSCT de dar respuesta a su solicitud de información.

En el requerimiento presentado en meses pasados por el particular, se pidió el detalle del destino de la cantidad equivalente a 15 salarios mínimos, que anualmente entrega el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, a los trabajadores de esta organización.

Además se solicitó el número de beneficiados con los recursos monetarios, así como los documentos emitidos por la secretaría, en los que se dieran cuentas de las entregas por cada año.

Para el fallo, el pleno del Instituto argumentó que la organización sindical no siguió el procedimiento de búsqueda de información establecido en la Ley, ya que no turnó la solicitud a ninguna de las unidades que pudieran pronunciarse al respecto y sólo se limitó a señalar las Condiciones Generales de Trabajo, de esa dependencia.

El INAI también negó la incompetencia que el sujeto obligado evocó para emitir la respuesta negativa, ya que, por el contario, subrayó la obligación de la organización sindical por recibir y ejercer recursos públicos.

“Esta debe mantener actualizada y accesible la información que favorezca la rendición de cuentas de las ciudadanía. Situación que no aconteció”, indicó el ponente comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.


La institución destacó que el asunto es de interés ya que da seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sindicatos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463636/debe-sindicato-la-sct-transparentar-recursos-recibidos-2014-2015

Aprueba la SCT una red que comparte múltiples riesgos e intereses económicos

El jueves 17, apenas se conoció el fallo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre la adjudicación de la Red Compartida de Telecomunicaciones al consorcio Altán –que lidera el empresario español Eugenio Galdón–, comenzaron las inconformidades dentro y fuera del país. Especialistas en telecomunicaciones temen que el controvertido proyecto acabe enfocándose sólo en las zonas rentables económicamente y deje sin servicio a las marginadas.

CIUDAD DE MÉXICO: La Red Compartida de Telecomunicaciones, la licitación más ambiciosa de este sexenio bajo un modelo de asociación público-privada (APP) por 7 mil 500 millones de dólares, quedó finalmente en manos de consorcio Altán, conformado por nueve agentes económicos que van desde el poderoso megabanco internacional Morgan Stanley (accionista de 33.38% a través de Marapendi Holding) hasta fondos de inversión, como China Mexico Found Investment (CMF), que tendrá 23.36% y una red de sociedades configuradas en paraísos fiscales y de fideicomisos de pensiones y de accionistas bursátiles.

Las dos únicas empresas de telecomunicaciones mexicanas que participarán en el consorcio serán Megacable y Axtel, cada una con 4.01% de la inversión total, y el abogado mexicano Miguel Escobedo y Fulda, principal accionista de Hansam, S.A. (con 9.35% de las acciones).

El apoderado legal del grupo, el empresario español Eugenio Galdón, tiene sólo 3.34%, a través de la sociedad unipersonal denominada Isla Guadalupe Investments SLU, creada en un paraíso fiscal. Galdón, presidente de grupo Multitel, fue fundador de la empresa de telecomunicaciones ONO, que terminó vendiendo a Vodafone España.

Tras conocerse el fallo el jueves 17, Galdón declaró que “este concurso ha sido modelo, transparente y competitivo, con normas iguales para todos y no se fabricó a la medida de las necesidades de nadie”.

No opinó lo mismo el representante legal de Consorcio Rivada, Declan Ganley, quien escribió el mismo día en su cuenta de Twitter que no había sorpresa en el fallo. “El pueblo de México recibe un trato injusto, que es triste”, sentenció.

Consorcio Rivada fue descalificada desde el viernes 4 por no haber cubierto la garantía de mil millones de pesos. Ganley declaró que fueron “secuestradas” las cajas y posteriormente consideró que la licitación “apestaba” porque se trataba de favorecer a su competidor del consorcio Altán. Rivada interpuso dos litigios jurídicos que difícilmente prosperen, según destacan varios especialistas consultados por Proceso.

“Tenemos información sólida de dos fuentes (del gobierno mexicano) sobre beneficios a Altán. No hacemos estas denuncias sin conocimiento de causa”, reiteró Ganley en las redes sociales.

El apoderado legal de Consorcio Rivada, Julián Domínguez, protestó el mismo día del fallo sobre la oferta económica porque se le impidió el acceso a la ceremonia pública organizada en el auditorio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Domínguez declaró que sólo fueron notificados hasta el viernes 4 que fueron descalificados del concurso.

El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, ni se inmutó ante las críticas de Rivada y declaró que el fallo a favor de Altán “es un momento histórico para el gobierno de la República, la sociedad en su conjunto y la industria mexicana de las telecomunicaciones” y destacó la transparencia, el interés internacional y la posibilidad de que la Red Compartida cumpla con el objetivo de eliminar la brecha digital y darle acceso a 46% de la población que no está conectada.

Escepticismo internacional y nacional

No opinaron lo mismo los dos principales periódicos especializados en finanzas y negocios, el estadunidense The Wall Street Journal y el británico Financial Times. El primero cuestionó en su nota informativa la rentabilidad del proyecto, ya que creará duplicidad en redes manejadas por otras compañías como América Móvil, Telefónica y AT&T.

The Wall Street Journal reproduce en su nota cuestionamientos de especialistas como Francisco Gil Díaz, expresidente de Telefónica, y de Ernesto Piedras porque, dicen, la infraestructura de la Red Compartida podría no atraer la demanda esperada, ya que las zonas más rentables tienen los servicios de banda ancha.

A su vez, Financial Times resaltó los vínculos de Altán con el capital chino que tendrá 23% de las acciones del desarrollador de la Red Compartida, a través de China Mexico Found, administrada por Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial.

La especialista en telecomunicaciones Clara Luz Álvarez cuestiona el esquema de financiamiento público y privado que es poco transparente en ambos consorcios y destaca que “el error de origen de la Red Compartida estuvo en la redacción del décimo sexto transitorio de la reforma constitucional de telecomunicaciones”.

Entrevistada por Proceso, Álvarez se dice “escéptica” frente al futuro de la Red Compartida porque “es un proyecto bastante riesgoso” y “el peor escenario es que sólo acabe enfocándose en las zonas rentables económicamente y sigan sin servicio las zonas marginadas”.

–¿Puede suceder que una inversión tan elevada como la Red Compartida no ayude a eliminar la brecha digital? –se le pregunta.

–Así es. Si el consorcio ganador no cumple con las condiciones establecidas en las bases de licitación el proceso de sanción es muy largo y tortuoso. Además, ¿cómo le quitas la concesión a un consorcio internacional por 20 años que utilizará el espectro de la banda 700 Mhz?

–¿Cuál es el error fundamental de la Red Compartida?

–El error básico estuvo en el diseño de la reforma constitucional. El artículo transitorio ató de manos a la SCT y al IFT. No podían tener un mejor modelo. Se pudieron hacer otros esquemas, que se enfocaran sólo en las zonas marginadas.

Excomisionada de la antigua Cofetel, Álvarez también expresa sus dudas sobre el litigio de Consorcio Rivada. “¿Por qué Rivada no presentó la garantía a tiempo? ¿Se habrán dado cuenta de que no era tan buen negocio? En realidad, están emprendiendo una graciosa retirada”, señala.

–Sin embargo, están demandando y han sido muy duros en sus críticas –le comenta el reportero.

–Ellos saben que no tiene futuro su litigio. Quizás es una forma de retirarse elegantemente.

A su vez, Sandra Rodríguez, del despacho Jurídica en Telecomunicaciones, cuestiona que sólo hubiera una propuesta. “Se perdió la posibilidad de valorar los proyectos que harían de este proceso un concurso más consistente y en beneficio de los mexicanos”.

Jorge Bravo, director del portal especializado Mediatelecom, escribió: “La Red Compartida es un proyecto de alto riesgo financiero y tecnológico, pero encontró inversionistas y un modelo de negocio. Lo más importante es que tiene un objetivo social: conectar a los desconectados allí donde los operadores no han invertido lo suficiente”.

Altán se comprometió a desplegar una infraestructura mayorista de servicios de telecomunicaciones en banda ancha con 10 mil radiobases en todo el territorio nacional, a partir de la concesión de 90 Mhz en la banda 700 Mhz, liberada tras el “apagón analógico”.

Según el fallo de la SCT, el consorcio triunfador cumplió con los parámetros técnicos de cobertura y económicos necesarios para desplegar esta red que incluirá también el par de hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.

Altán tiene como plazo hasta el 31 de marzo de 2018 para iniciar operaciones comerciales con una cobertura no menor a 30% de la población, a través de una APP, la primera red de telecomunicaciones de su tipo construida con una asociación público-privada.

El Organismo Promotor de Inversiones de Telecomunicaciones (Promtel), descentralizado de la SCT, será el responsable de vigilar el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones previstas por el consorcio ganador.

Según el cronograma del propio consorcio Altán, para marzo de 2018 tendrá cubierto 30% del territorio nacional y 25% de los Pueblos Mágicos; para el tercer año (2021) cubrirá 50% de todo el territorio y hasta el séptimo año (2025) alcanzará la cobertura de 92.2% de todo el territorio.

Marapendi y Morgan Stanley, de última hora

El jueves 3, apenas un día antes de que se emitiera el fallo sobre la viabilidad de las propuestas técnicas, los siete comisionados del IFT, entidad responsable de emitir su opinión en materia de competencia económica, recibieron una petición urgente de consulta de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la SCT para que analizaran y autorizaran la integración a Altán de una entidad llamada Marapendi Holdings.

Esta sociedad se constituyó a principios de septiembre pasado, apenas dos días antes de que el consorcio pidiera su opinión a la IFT en materia económica, según se desprende de la versión estenográfica de esa sesión en la página del organismo regulador.

Marapendi Holdings se convertiría en el “fondeador” de los dos principales accionistas fijos del consorcio: North Haven Infraestructure Partners II L.P. y North Haven Infraestructure Partners II-AIV L.P, ambas sociedades constituidas bajo la legislación de los Países Bajos, que es un paraíso fiscal.

Otro dato interesante de ambas empresas North Haven: llevan el nombre de un suburbio al norte de New Haven, Connecticut, donde está la Universidad de Yale. En esa zona tiene su residencia el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, según confiaron a Proceso académicos originarios de North Haven.

Durante esa sesión, los comisionados del IFT determinaron que la elección de Marapendi Holdings “como vehículo previamente constituido por el NHIPI y NHIPII o como parte del desarrollador se apega plenamente a los términos establecidos en la resolución emitida por el pleno (del organismo)”.

Según la versión estenográfica del organismo, “dichas sociedades tenían la libertad de escoger cualquier vehículo para participar en el consorcio, siempre y cuando fuese en los parámetros evaluados y autorizados por el IFT en la Opinión en Materia de Competencia Económica”.

Finalmente, resultó que Marapendi Holdings se convirtió en el principal accionista de Altán, ya que posee 33.38% de las acciones y los fondos provienen de Morgan Stanley Infraestructure II.

El segundo fondo principal es de origen chino y se denomina CMF Invest­ment Company II BV. Es un fondo de inversiones administrado por la Corporación Financiera Internacional que pertenece al Banco Mundial. Tendrá 23.36% de las acciones.

El tercer fondo con mayor participación acccionaria es el Fideicomiso de Coinversión 2431, que maneja los fondos de pensiones canadienses de Quebec a través de la Caisse Depot et Placement du Quebec (CDPQ), y tendrá 12.68% de las acciones del consorcio Altán.

El cuarto accionista en importancia es Hansma, S.A., del abogado Miguel Escobedo y Fulda, que tendrá 9.35%. Escobedo y Fulda apareció como socio, junto con su esposa e hijos, de la empresa Pro-S Seguridad Privada, Custodia de Valores y Gestión de Efectivo, cuyo nombre surgió en una investigación de 2012 en la Cámara de Diputados por la compra de la empresa transportista de valores Servicio Panamericano de Protección a la firma estadunidense Brink’s. Esta operación implicaba una presunta violación a la Ley de Inversiones Extranjeras que prohibe la participación mayoritaria de capital exterior en empresas transportistas.

El quinto accionista es el FFLATAM 15-2, fideicomisos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y tendrán 6.54% de las acciones.

Las empresas de telecomunicaciones Axtel, de capital regiomontano, y Megacable, la única de las grandes compañías operados de televisión por cable que no pertenece a Grupo Televisa, tendrán solamente 4.01%, respectivamente, de las acciones de Altán, sin derecho a voto.

Consorcio Rivada y la presencia de EchoStar

En el análisis de competencia económica de Consorcio Rivada, realizado por el IFT el 13 de octubre, el tema más polémico fue la presencia de EchoStar Technologies, socia de Dish México, competidora de la empresa Sky, filial de Televisa.

Los comisionados del IFT determinaron que la participación de EchoStar en Dish México “no es una condición suficiente” para concluir que tenía control e influencia sobre la empresa creada por Grupo MVS. Su participación accionaria es de 16%, según se desprende de la misma versión estenográfica.

Rivada se comprometió ante IFT a que EchoStar no tendría más de 49% de los votos, pero los comisionados acordaron que esta compañía estadunidense sólo podía tener “un porcentaje menor a 10% del capital social y de los derechos de voto” en el consorcio.

El IFT también analizó la presencia en el Consorcio Rivada de la empresa Ciena Communications, creada en Delaware. Los dos accionistas principales de Ciena son Black Rock y Vanguard, que participan directa o indirectamente con varios de los grandes consorcios de telecomunicaciones en México, como América Móvil y Telefónica, impedidos de participar en la licitación de la Red Compartida.


El organismo determinó que Marco Antonio Slim Domit, de América Móvil, era consejero independiente en Black Rock, pero que eso “no lleva a la coordinación de las sociedades identificadas porque no tienen influencia” determinante sobre Consorcio Rivada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463578/aprueba-la-sct-una-red-comparte-multiples-riesgos-e-intereses-economicos