Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR realizaron la captura en la madrugada de este jueves, en el complejo residencial Bigrand, al ejecutar una orden de cateo.
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jueves, 26 de octubre de 2017
Detienen a presunto operador del 'Chapo'
sábado, 22 de julio de 2017
PGR solicita auto de vinculación a proceso contra Javier ‘N’
Ciudad de México. La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al juez Gerardo Moreno García que dicte el auto de vinculación a proceso contra el ex gobernador de Veracruz, Javier “N”, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y los fiscales le dijeron al juez “el pueblo de Veracruz y México exige que los daños sean reparados. Porque si no sería enviar el mensaje de que cualquier ex gobernador, por el simple hecho de no tener bienes a su nombre, quedará exento de la justicia”, lo anterior durante una audiencia que se lleva a cabo en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
martes, 30 de agosto de 2016
Ejecutan en la CDMX a presunto operador de “El Chapo”
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) investiga el homicidio de Carlos Augusto Echeverri López, presunto operador de Joaquín El Chapo Guzmán, ejecutado el pasado viernes 19 cuando circulaba sobre Periférico, a la altura del cruce con División del Norte, en la delegación Tlalpan.La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el crimen, pero el caso fue atraído por la SEIDO por su antecedente de 2011, cuando el colombiano fue detenido en una casa del Pedregal de San Ángel junto a Christian Guillermo Lucenilla Salazar, operador financiero del Cártel de Sinaloa.
En esa ocasión, Lucenilla llevaba dos placas que lo acreditaban como asesor de la LXI legislatura en el Senado de la República, de las cuales dijo que nunca las había utilizado ni sacado del domicilio. En esa misma oportunidad la Policía Federal (PF) aseguró armas, un millón de dólares en efectivo y diversas joyas.
La noche de su homicidio, Echeverri Salazar llevaba una cartera negra Louis Viutton, una tarjeta dorada mastercard Afirme y sus credenciales migratorias. Peritos hallaron al menos cinco casquillos .9 milímetros en la zona del ataque. (Con información del diario Reforma)
FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/452864/ejecutan-en-la-cdmx-a-presunto-operador-chapo
viernes, 22 de enero de 2016
Trasladan a la SEIDO a dos detenidos en Iguala relacionados con el caso Ayotzinapa
Fuentes de Seguridad Pública informaron que los detenidos fueron identificados como Bernabé Sotelo Salinas Peluco o Botitas y Cruz Sotelo Salinas Oaxaco o Tísico, y que uno de ellos confesó estar involucrado con la detención-desaparición de los jóvenes ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
Las fuentes agregaron que al momento de su detención, ocurrida entre las 6:30 y las 7 de la noche de ayer, Bernabé Sotelo llevaba un arma AR-15 y 20 cartuchos útiles en una maleta y Cruz Sotelo portaba una pistola calibre 9 milímetros.
Los dos detenidos ya fueron trasladados y puestos a disposición de la SEIDO luego de que personal de la dependencia confirmó a las autoridades que están relacionados en diferentes averiguaciones previas del caso Ayotzinapa.
FUENTE: EL SUR.
AUTOR: ALEJANDRO GUERRERO.
LINK: http://suracapulco.mx/instante/trasladan-a-la-seido-a-dos-detenidos-en-iguala-relacionados-con-el-caso-ayotzinapa/
miércoles, 4 de noviembre de 2015
Comparece en Seido director de la normal de Ayotzinapa
El docente aseguró que desconoce los términos en los que deberá comparecer ante el Ministerio Público Federal, aunque su declaración la rendirá como parte de la averiguación previa iniciada por los hechos ocurridos en Iguala, en septiembre de 2014 y por los que 43 normalistas de la escuela que dirige están desaparecidos.
Hernández Rivera llegó acompañado de su abogado defensor, José Luis González Meza, quien se identificó como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “Lázaro Cárdenas del Río”. El litigante también participó como defensor de algunos de los detenidos por los hechos del 20 de noviembre del año pasado.
Presuntamente entre los cuestionamientos que se le realizarán está si recibió dinero del cártel de Los Rojos para infiltrar a integrantes de ese grupo entre los estudiantes que viajaron a Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Asimismo se le cuestionará quién decidió qué grupos de estudiantes viajarían a Iguala y las causas por las que fueron a ese municipio, donde fueron atacados por policías municipales y miembros del cártel de Guerreros Unidos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.
sábado, 12 de septiembre de 2015
Designan a Gustavo Salas como nuevo titular de la Seido
México, DF. Gustavo Salas Chávez quien se desempeñó en 2010 como titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR), fue designado como nuevo titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
Por designación presidencial y a propuesta de la procuradora Arely Gómez, Gustavo Salas despacha desde este viernes en la Seido, luego de que su anterior titular, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, fuera designado como nuevo secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública.
La PGR informó que durante la toma de protesta de González Chávez, Arely Gómez le señaló los “cuatro ejes rectores que marcan el rumbo de esa institución, una procuración de justicia eficaz y eficiente, pleno respeto a los derechos humanos, implementación del nuevo sistema de justicia penal, y un marco de estricta transparencia”.
Asimismo llamó a Salas Chávez a ofrecer un compromiso decisivo para realizar investigaciones apegadas a derecho, rigurosas y eficaces.
Gustavo Salas Chávez se desempeñaba hasta la mañana de este viernes como director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.
martes, 8 de septiembre de 2015
Murillo Karam no mintió: SEIDO; estudiantes sí fueron incinerados: PGR
En entrevistas por separado, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Felipe de Jesús Muñoz, y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, aseguraron que la indagatoria se ha llevado con absoluta seriedad, por lo que descartaron de antemano que Murillo Karam haya falseado la información de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.
“Estamos seguros de lo que pasó, es un gran incendio”, dijo Zerón a Grupo Imagen Multimedia.
La hipótesis de la incineración de los estudiantes normalistas en el basurero de Cocula obra en declaraciones y está basada en testimonios y en recreaciones, destacó.
Añadió: “Estamos seguros que en Cocula fueron quemados un número importante de estudiantes”.
Y aseguró que la PGR valorará la información del GIEI “para ver la incorporación a la averiguación previa lo que sea útil”.
Zerón insistió que en el gobierno federal “estamos muy abiertos”, pero dejó claro que “para nosotros los peritajes de la PGR son contundentes”.
De su lado, Muñoz Vázquez destacó que “dentro del informe (del GIEI) hay coincidencia en qué fue lo que ocurrió”, y subrayó que hasta ahora tienen “pruebas sólidas que acreditan la responsabilidad” de autoridades policíacas municipales y personas vinculadas al grupo delincuencial Guerreros Unidos.
“Es una investigación sólida, un expediente que se ha trabajado con seriedad, con peritajes serios”, insistió.
Destacó, asimismo, que la procuradora Arely Gómez ha mantenido reuniones y la investigación no concluirá hasta detener a todos los responsables y hasta que se arribe a la verdad histórica de los hechos ocurridos hace casi un año.
En otra entrevista con Primero Noticias, de Televisa, Muñoz puntualizó que todos los datos, hipótesis y líneas de investigación recomendadas por el GIEI serán tomadas en cuenta para un “tercer peritaje” que permita concluir “qué fue lo que pasó”, aunque no hay tiempo estimado para su presentación, advirtió.
Enfatizó que la PGR no ha concluido nada sobre este caso y se mantiene como una investigación abierta.
De acuerdo con el titular de la SEIDO, el reporte hecho en su momento, cuando la PGR era encabezada por Murillo Karam, marcó el rumbo, pero sólo hasta que se concluya la investigación se sabrá si fue buena o mala.
“Nosotros investigaremos y buscaremos la verdad histórica de estos hechos. Si la investigación nos lleva a que los jóvenes están vivos, sería lo deseable. La verdad histórica no está dicha”, afirmó.
Ayer, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó los resultados de su investigación del caso Ayotzinapa y concluyó que los estudiantes no fueron incinerados en un basurero, mientras que su trayectoria fue vigilada y monitoreada en tiempo real por la Policía Federal, el 27 Batallón de Infantería del Ejército y las policías estatal, municipal y ministerial.
La principal hipótesis oficial de que los estudiantes habrían sido calcinados en un basurero nunca pasó. Ese es un dato “científicamente imposible”, apuntó el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Detalló que los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron objeto de ataques coordinados por policías municipales de Iguala y Cocula ante la inacción o “pasividad” de agentes federales y militares, que tenían conocimiento de lo que sucedía y no intervinieron.
Francisco Cox, abogado chileno integrante del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que hay inconsistencias entre declaraciones de detenidos en horas y preparación sobre lo establecido por autoridades en expediente en el supuesto incendio en el basurero de Cocula.
Por tal motivo, el grupo de expertos llegó a la conclusión de que los cuerpos de los estudiantes de Ayotzinapa no fueron incinerados en el lugar.
Por separado, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, dijo que no quieren que la SEIDO y la AIC sigan investigando la desaparición de los normalistas porque “ellos fueron los artífices que crearon esto” (la incineración de los estudiantes) y “obstruyeron la búsqueda de la verdad”.
Destacó que si bien la investigación del GIEI no es tan distinta a la de la PGR, sí sufrió una modificación, por lo que es importante verificar la actuación de los funcionarios de la dependencia que construyeron el caso.
“La reflexión de nosotros es que se modifica toda la investigación en su conjunto, no sólo el tema del basurero, que es el que está causando hoy polémica, sino todo el curso de la investigación”, señaló en entrevista con Radio Fórmula.
Rosales destacó que después del próximo jueves 10 los expertos irán del país, por lo que –resaltó– es importante una reunión con el presidente Enrique Peña para exigirle un replanteamiento de la investigación y saber qué fue lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre de 2014 con los normalistas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
viernes, 29 de mayo de 2015
#FreeNestora. La SIEDO de Medina Mora y Marisela: más de 50 casos fabricados
Desde testigos falsos hasta fabricación de pruebas, el común denominador en esas acusaciones. En 2013 un juez pidió investigar a los fiscales por la operación de estos casos.
Por violaciones a los derechos humanos y fabricación de pruebas un juez liberó esta semana cuatro personas acusadas de haber perpetrado los atentados con granadas en el zócalo Morelia en septiembre del 2008.
El caso, fue responsabilidad de la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR. Pero esta exoneración, no es la primera que se presenta.
De hecho, con este último caso suman ya más de medio centenar de detenidos que a la postre fueron liberados tan solo en relación con tres averiguaciones previas emblemáticas integradas entre los años 2008 y 2009: la “Operación Limpieza”, el llamado “Michoacanazo”, y los referidos atentados.
Fueron en esos dos años donde la PGR estuvo encabezada por el actual Ministro de la Corte Eduardo Medina Mora, mientras que la oficina de la SIEDO era responsabilidad de la hoy cónsul en Milán Marisela Morales.
El común denominador de todas esas acusaciones fueron confesiones ministeriales hechas sin sustento, mentiras premeditadas de testigos protegidos, así como fabricación de evidencia. Algunos de los acusados pasaron solo meses en prisión pero otros estuvieron años antes de que las irregularidades fueran comprobadas.
Cabe señalar que hasta el día de hoy, y pese a la gravedad de algunos de los abusos señalados por los jueces, no hay un solo funcionario de la SIEDO o de la PGR que haya sido detenido o procesado por haber llevado a posibles inocentes a prisión.
La sucia “Operación Limpieza”
En su momento pareció el golpe más espectacular en décadas en contra de la corrupción y la infiltración del crimen organizado. Catorce funcionarios altos y medios de distintas dependencias, puestos al descubierto por colaborar con el crimen organizado y en específico con la organización criminal de los Beltrán Leyva.
A través de un spot de televisión se acusaba a ex funcionarios de “ser traidores infiltrados en las fuerzas del orden”. En la foto aparecían los rostros de algunos de los detenidos, entre ellos Noé Ramírez Mandujano, ex subprocurador de la SIEDO o el ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Javier Herrera Valles.
“Vamos a limpiar a la PGR y castigaremos con todo rigor y sin contemplación alguna a los que traicionan a las instituciones” dijo en octubre del 2008 Medina Mora, en una conferencia donde apareció junto a Morales para anunciar los primeros resultados de la “Operación Limpieza”.
Cuatro años tuvieron que pasar para que la verdadera naturaleza de los casos quedara al descubierto. La mayoría de los expedientes en su momento consignados por la PGR, estaban sustentados en testimonios falsos, en declaraciones fabricadas de testigos protegidos, sin ningún otro sustento.
Por ejemplo, en el caso de Ramírez Mandujano, liberado el 14 de abril de 2013, el juez federal Mauricio Fernández de la Mora determinó que prácticamente toda la averiguación estaba sustentada en los dichos del testigo colaborador “Jennifer” mintió en los señalamientos peor fue más allá.
“En particular, en la diligencia de careo entre el acusado Noé Ramírez Mandujano, con el testigo colaborador con nombre clave ‘Jennifer’, se advirtió una posible fabricación de pruebas, motivo por el cual se dio vista al Procurador General de la República, para que conforme a sus atribuciones procediera a la investigación de posibles delitos cometidos por parte de la fiscalía que recabó dichos testimonios” señaló el juez en su sentencia.
De las investigaciones en contra de funcionarios no se supo nada, pero el hecho es de que para 2013, catorce capturados en la Operación Limpieza ya habían quedado en libertad bajo las mismas circunstancias.
Entre los funcionarios que fueron detenidos y luego liberados, además de Mandujano, estuvo Víctor Garay Cadena, ex comisionado de la Policía Federal; Rodolfo de la Guardia García, ex director de Interpol México, y el ex coordinador de seguridad pública Javier Herrera Valles.
El fiasco del michoacanazo
El 26 de mayo del 2009 elementos del Ejército y la Policía Federal cumplimentaron órdenes de presentación en contra de 35 funcionarios públicos del estado de Michoacán, entre ellos 12 presidentes municipales, por presuntos nexos con la organización delictiva de “La Familia Michoacana”.
La SIEDO no tenía pruebas iniciales para encarcelar a todos los involucrados pero utilizó la figura del arraigo para impedir que quedaran en libertad mientras “reunía pruebas en su contra”.
Finalmente la dependencia se apoyó en los dichos de varios testigos protegidos, entre ellos “Zajed” o “Paco” para acusar a los políticos de colaborar con el crimen.
“Estas personas protegían y filtraban información que favorecía el desarrollo de las actividades de ese grupo criminal (…) las investigaciones permitieron demostrar que los ahora inculpados aprovechando su calidad de servidores públicos y abusando de su función, realizaban acciones que favorecían y fomentaban las actividades de narcotráfico del cártel de La Familia” dijo en ese entonces el procurador Medina Mora.
Pero 18 meses después de haber sido encarcelados, jueces federales liberaron prácticamente a todas las personas que fueron detenidas bajo el argumento de que no existían pruebas más allá de dichos, que dieran sustento a las acusaci0ones.
En meses posteriores se descubrió que algunos de los testigos protegidos usados por la SIEDO como “Paco”, en realidad utilizaron una identidad falsa e incluso los documentos que acreditan su posible identidad también están falsificados. Una situación que en realidad se repitió con otros testigos que la PGR utilizó en diversas acusaciones como “Jennifer” o “Libre”.
Recientemente, previo a su designación como ministro de la Corte, Medina Mora defendió las investigaciones que en su momento llevaron a la cárcel a los funcionarios y alcaldes en el llamado “Michoacanazo” El ex procurador sostuvo que el Ministerio Público tenía pruebas para acusar y que fue un juez, que hoy en día está bajo investigación, quien opinó distinto.
Granadas… y tortura
El último fiasco. Esta semana un juez federal exoneró a las cuatro personas que la SIEDO consignó en el 2008 acusados de haber sido responsables de la detonación de granadas en el zócalo de Morelia durante los festejos patrios del 15 de septiembre.
El motivo fue similar al de varios de los liberados de la Operación Limpieza: testimonios que no se verificaron, pruebas dudosas o de plano fabricadas, más el agregado de prácticas de hechos de tortura en contra de los detenidos.
“Quedó plenamente demostrado (…) que fueron sometidos a actos de tortura previos a que fueran localizados y presentados ante la entonces SIEDO, donde en lugar de respetar sus derechos fundamentales, así como atender las múltiples lesiones que presentaban, les fue tomada su declaración ministerial cuando aún se encontraban bajo los efectos de aquella tortura” dice la sentencia.
Aunado a lo anterior los detenidos fueron exhibidos en un video promocional (como ocurrió con otros casos entre ellos la Operación Limpieza), no se respetó su principio de inocencia, su declaración se hizo sin abogados, y hasta se alteraron las firmas de las confesiones lo que confirma la fabricación de la evidencia.
Cabe recordar que desde noviembre del 2008 los familiares de los detenidos denunciaron que ellos nunca estuvieron en el lugar de los hechos sino que fueron “levantados” por civiles armados en Lázaro Cárdenas, situación que fue ratificada esta semana por la sentencia del juez.
Pero el entonces procurador Medina Mora defendió que el caso era contundente y que los testimonios, que hoy se sabe se obtuvieron mediante tortura, lo avalaban. Incluso, dijo que las declaraciones se hicieron con el defensor presente.
“Sí hay registro de estas personas en la plaza Melchor Ocampo (Morelia) en momentos previos a los hechos y esto está considerado como un elemento importante que ratifica la declaración. (su declaración) fue realizada con plenos derechos, con la asistencia del Defensor de Oficio, en donde ellos admiten los hechos” declaró el hoy Ministro de la Corte.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El caso, fue responsabilidad de la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR. Pero esta exoneración, no es la primera que se presenta.
De hecho, con este último caso suman ya más de medio centenar de detenidos que a la postre fueron liberados tan solo en relación con tres averiguaciones previas emblemáticas integradas entre los años 2008 y 2009: la “Operación Limpieza”, el llamado “Michoacanazo”, y los referidos atentados.
Fueron en esos dos años donde la PGR estuvo encabezada por el actual Ministro de la Corte Eduardo Medina Mora, mientras que la oficina de la SIEDO era responsabilidad de la hoy cónsul en Milán Marisela Morales.
El común denominador de todas esas acusaciones fueron confesiones ministeriales hechas sin sustento, mentiras premeditadas de testigos protegidos, así como fabricación de evidencia. Algunos de los acusados pasaron solo meses en prisión pero otros estuvieron años antes de que las irregularidades fueran comprobadas.
Cabe señalar que hasta el día de hoy, y pese a la gravedad de algunos de los abusos señalados por los jueces, no hay un solo funcionario de la SIEDO o de la PGR que haya sido detenido o procesado por haber llevado a posibles inocentes a prisión.
La sucia “Operación Limpieza”
En su momento pareció el golpe más espectacular en décadas en contra de la corrupción y la infiltración del crimen organizado. Catorce funcionarios altos y medios de distintas dependencias, puestos al descubierto por colaborar con el crimen organizado y en específico con la organización criminal de los Beltrán Leyva.
A través de un spot de televisión se acusaba a ex funcionarios de “ser traidores infiltrados en las fuerzas del orden”. En la foto aparecían los rostros de algunos de los detenidos, entre ellos Noé Ramírez Mandujano, ex subprocurador de la SIEDO o el ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Javier Herrera Valles.
“Vamos a limpiar a la PGR y castigaremos con todo rigor y sin contemplación alguna a los que traicionan a las instituciones” dijo en octubre del 2008 Medina Mora, en una conferencia donde apareció junto a Morales para anunciar los primeros resultados de la “Operación Limpieza”.
Cuatro años tuvieron que pasar para que la verdadera naturaleza de los casos quedara al descubierto. La mayoría de los expedientes en su momento consignados por la PGR, estaban sustentados en testimonios falsos, en declaraciones fabricadas de testigos protegidos, sin ningún otro sustento.
Por ejemplo, en el caso de Ramírez Mandujano, liberado el 14 de abril de 2013, el juez federal Mauricio Fernández de la Mora determinó que prácticamente toda la averiguación estaba sustentada en los dichos del testigo colaborador “Jennifer” mintió en los señalamientos peor fue más allá.
“En particular, en la diligencia de careo entre el acusado Noé Ramírez Mandujano, con el testigo colaborador con nombre clave ‘Jennifer’, se advirtió una posible fabricación de pruebas, motivo por el cual se dio vista al Procurador General de la República, para que conforme a sus atribuciones procediera a la investigación de posibles delitos cometidos por parte de la fiscalía que recabó dichos testimonios” señaló el juez en su sentencia.
De las investigaciones en contra de funcionarios no se supo nada, pero el hecho es de que para 2013, catorce capturados en la Operación Limpieza ya habían quedado en libertad bajo las mismas circunstancias.
Entre los funcionarios que fueron detenidos y luego liberados, además de Mandujano, estuvo Víctor Garay Cadena, ex comisionado de la Policía Federal; Rodolfo de la Guardia García, ex director de Interpol México, y el ex coordinador de seguridad pública Javier Herrera Valles.
El fiasco del michoacanazo
El 26 de mayo del 2009 elementos del Ejército y la Policía Federal cumplimentaron órdenes de presentación en contra de 35 funcionarios públicos del estado de Michoacán, entre ellos 12 presidentes municipales, por presuntos nexos con la organización delictiva de “La Familia Michoacana”.
La SIEDO no tenía pruebas iniciales para encarcelar a todos los involucrados pero utilizó la figura del arraigo para impedir que quedaran en libertad mientras “reunía pruebas en su contra”.
Finalmente la dependencia se apoyó en los dichos de varios testigos protegidos, entre ellos “Zajed” o “Paco” para acusar a los políticos de colaborar con el crimen.
“Estas personas protegían y filtraban información que favorecía el desarrollo de las actividades de ese grupo criminal (…) las investigaciones permitieron demostrar que los ahora inculpados aprovechando su calidad de servidores públicos y abusando de su función, realizaban acciones que favorecían y fomentaban las actividades de narcotráfico del cártel de La Familia” dijo en ese entonces el procurador Medina Mora.
Pero 18 meses después de haber sido encarcelados, jueces federales liberaron prácticamente a todas las personas que fueron detenidas bajo el argumento de que no existían pruebas más allá de dichos, que dieran sustento a las acusaci0ones.
En meses posteriores se descubrió que algunos de los testigos protegidos usados por la SIEDO como “Paco”, en realidad utilizaron una identidad falsa e incluso los documentos que acreditan su posible identidad también están falsificados. Una situación que en realidad se repitió con otros testigos que la PGR utilizó en diversas acusaciones como “Jennifer” o “Libre”.
Recientemente, previo a su designación como ministro de la Corte, Medina Mora defendió las investigaciones que en su momento llevaron a la cárcel a los funcionarios y alcaldes en el llamado “Michoacanazo” El ex procurador sostuvo que el Ministerio Público tenía pruebas para acusar y que fue un juez, que hoy en día está bajo investigación, quien opinó distinto.
Granadas… y tortura
El último fiasco. Esta semana un juez federal exoneró a las cuatro personas que la SIEDO consignó en el 2008 acusados de haber sido responsables de la detonación de granadas en el zócalo de Morelia durante los festejos patrios del 15 de septiembre.
El motivo fue similar al de varios de los liberados de la Operación Limpieza: testimonios que no se verificaron, pruebas dudosas o de plano fabricadas, más el agregado de prácticas de hechos de tortura en contra de los detenidos.
“Quedó plenamente demostrado (…) que fueron sometidos a actos de tortura previos a que fueran localizados y presentados ante la entonces SIEDO, donde en lugar de respetar sus derechos fundamentales, así como atender las múltiples lesiones que presentaban, les fue tomada su declaración ministerial cuando aún se encontraban bajo los efectos de aquella tortura” dice la sentencia.
Aunado a lo anterior los detenidos fueron exhibidos en un video promocional (como ocurrió con otros casos entre ellos la Operación Limpieza), no se respetó su principio de inocencia, su declaración se hizo sin abogados, y hasta se alteraron las firmas de las confesiones lo que confirma la fabricación de la evidencia.
Cabe recordar que desde noviembre del 2008 los familiares de los detenidos denunciaron que ellos nunca estuvieron en el lugar de los hechos sino que fueron “levantados” por civiles armados en Lázaro Cárdenas, situación que fue ratificada esta semana por la sentencia del juez.
Pero el entonces procurador Medina Mora defendió que el caso era contundente y que los testimonios, que hoy se sabe se obtuvieron mediante tortura, lo avalaban. Incluso, dijo que las declaraciones se hicieron con el defensor presente.
“Sí hay registro de estas personas en la plaza Melchor Ocampo (Morelia) en momentos previos a los hechos y esto está considerado como un elemento importante que ratifica la declaración. (su declaración) fue realizada con plenos derechos, con la asistencia del Defensor de Oficio, en donde ellos admiten los hechos” declaró el hoy Ministro de la Corte.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
lunes, 22 de diciembre de 2014
Edil de Cocula declara por desaparición de normalistas, asegura dirigente del PRI en Guerrero
Según Reforma, la esposa de Peñaloza Santana, Lizbeth Alarcón Rodríguez, reportó la desaparición del edil desde el sábado; sin embargo, el líder del PRI en Guerrero, Cuauhtémoc Sandoval, declaró que el presidente municipal de Cocula “fue llevado en calidad de presentado a la PGR el viernes”.
La Procuraduría General de la República llamó a declarar al alcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según Reforma, la esposa de Peñaloza Santana, Lizbeth Alarcón Rodríguez, reportó la desaparición del edil desde el sábado; sin embargo, el líder del PRI en Guerrero, Cuauhtémoc Sandoval, declaró que el presidente municipal de Cocula “fue llevado en calidad de presentado a la PGR el viernes”.
Ésta no es la primera vez que el alcalde de Cocula declara por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En octubre pasado, a unos días del plagio, Peñaloza Santana declaró ante PGR.
En octubre pasado, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, confirmó que el director de Seguridad Pública de Cocula y 14 policías del mismo municipio participaron en la desaparición de los normalistas. Según Murillo Karam, los policías de Cocula fueron quienes entregaron a los estudiantes a un grupo de los Guerreros Unidos.
Estos policías ya están detenidos y enfrentan un juicio por este caso.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Según Reforma, la esposa de Peñaloza Santana, Lizbeth Alarcón Rodríguez, reportó la desaparición del edil desde el sábado; sin embargo, el líder del PRI en Guerrero, Cuauhtémoc Sandoval, declaró que el presidente municipal de Cocula “fue llevado en calidad de presentado a la PGR el viernes”.
Ésta no es la primera vez que el alcalde de Cocula declara por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En octubre pasado, a unos días del plagio, Peñaloza Santana declaró ante PGR.
En octubre pasado, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, confirmó que el director de Seguridad Pública de Cocula y 14 policías del mismo municipio participaron en la desaparición de los normalistas. Según Murillo Karam, los policías de Cocula fueron quienes entregaron a los estudiantes a un grupo de los Guerreros Unidos.
Estos policías ya están detenidos y enfrentan un juicio por este caso.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
martes, 4 de noviembre de 2014
A horas de su detención, el exalcalde de Iguala declara en la SEIDO
José Luis Abarca, contra quien pesan tres órdenes de aprehensión, fue detenido junto con su esposa en una casa de la delegación Iztapalapa.
Tras un pitazo, policías federales detuvieron la madrugada de este martes 4 de noviembre al alcalde Iguala y a su esposa, señalados por las autoridades de estar detrás de un ataque que derivó en la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, informaron funcionarios mexicanos.
El alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron arrestados en la calle Jalisco 27, colonia Santa María Aztahuacan, en Iztapalapa, en el límite del Estado de México y el Distrito Federal, en una operación en la que no se realizó ningún disparo, detallaron a AP dos funcionarios federales mexicanos bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa.
De acuerdo con fuentes federales, dos vecinos del lugar llevaron a las autoridades a la casa donde estaba la pareja, que rentaba un cuarto a una mujer que no ha sido identificada. Asimismo, informaron que en el operativo participaron al menos 20 elementos de élite de la Policía Federal.
Posterior al anuncio de la detención, el gobernador sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega —quien tomó el cargo tras la solicitud de licencia del perredista Ángel Aguirre—, se refirió a la detención de la pareja que hasta este momento está en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada(SEIDO), una dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se les realizaron exámenes médicos previo a rendir su declaración.
En una conferencia de prensa, alrededor de las 13 horas, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que espera que “la detención (de Abarca y su esposa) contribuya a la investigación que está realizando la PGR”.
Abarca tiene tres ordenes de aprehensión. Una por homicidio calificado, debido a la muerte de tres personas en el ataque previo a la desaparición de los normalistas; una más por homicidio en grado de tentativa, por los 43 normalistas desaparecidos, y otra más por el asesinato de un líder local ocurrido en 2013.
Abarca y Pineda son señalados como los autores intelectuales del ataque de la policía municipal a normalistas el 26 de septiembre pasado, y la posterior intervención del grupo delictivo Guerreros Unidos, que derivó en la muerte de seis personas —entre ellas tres estudiantes— y la desaparición de los 43 normalistas.
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha dicho que la intención del ataque, que se registró el 26 de septiembre, fue evitar que los estudiantes se manifestaran contra la presentación de un informe de actividades de la esposa del alcalde, vinculada por las autoridades con el cártel de narcotraficantes de los Beltrán Leyva.
Karam ha dicho que todavía no se conoce el paradero de los jóvenes pese a que en la investigación en curso han aparecido por el momento nueve fosas con un total de 30 cadáveres. Según los informes preliminares, no pertenecen a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos, pero tampoco han sido identificados.
Un equipo de antropología forense argentino está realizando un segundo estudio de los restos para descartar posibles errores.
El 22 de octubre, Murillo Karam ofreció un relato detallado de los hechos que figuran por el momento en la investigación federal, que continúa abierta y ha destapado que el grupo de narcotraficantes de los Guerreros Unidos, una escisión del Cártel de los Beltrán Leyva, habían tejido una red de complicidades con varias alcaldías del estado de Guerrero: Iguala, Cocula e Ixtapan de la Sal, que implicaban tanto a funcionarios de la administración como a policías locales.
El procurador detalló que los Guerreros Unidos entregaban con periodicidad variable, semanal y mensual, entre 2 y 3 millones de pesos (entre 148 mil y 222 mil dólares) a las autoridades municipales. De ese dinero se pagaba la nómina de los policías.
El grupo delincuencial, cuyo principal operador era Pineda, hermana de dos responsables financieros del Cártel de los Beltrán Leyva, decidía incluso los ingresos de nuevos policías municipales.
Por el momento, 52 personas, entre policías, funcionarios municipales y miembros de los Guerreros Unidos están detenidas.
Respecto a los hechos del 26 de septiembre, la alcaldía temía que se produjesen incidentes el día que desaparecieron los estudiantes debido a que ya había antecedentes: en junio de 2013 la alcaldía de Iguala fue agredida durante un enfrentamiento entre personas afines al alcalde y un grupo de manifestantes entre los que se encontraban estudiantes de la misma escuela de los hoy desaparecidos.
El día de los incidentes, alrededor de las 6 de la tarde los estudiantes abordaron dos camiones en Ayotzinapa, tres horas más tarde llegaron a Iguala y tomaron dos unidades adicionales. En ese momento, los vigías que realizan labores de vigilancia para el crimen organizado, coludidos con la policía municipal y la alcaldía, reportaron los hechos al centro de mando de la policía municipal.
El alcalde y su esposa asumieron entonces que el grupo que se avecinaba se dirigía a sabotear la celebración del informe de actividades de la esposa del alcalde, responsable del órgano de defensa de la familia en la ciudad, y ordenaron a la policía que reaccionase para evitarlo. Tras un tiroteo que dejó seis muertos y una persecución, 43 estudiantes detenidos ingresaron a la cárcel municipal de Iguala.
De la cárcel municipal de Iguala, siempre según el relato del procurador, a los estudiantes se los llevó la policía municipal de Cocula, una localidad vecina a Iguala, también a las órdenes del grupo de los Guerreros Unidos.
Los agentes tomaron un camino de terracería hacia una zona conocida como Pueblo Viejo donde entregaron a los 43 estudiantes a miembros de los Guerreros Unidos y a partir de ese momento se les pierde la pista.
Se tienen identificados por lo menos a tres de los integrantes de los Guerreros Unidos que recibieron a los detenidos por los policías y el camino por el que fueron internados a un paraje.
El procurador ha dicho que el subjefe de la policía municipal de Cocula contactó al líder de los Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, detenido desde la semana pasada y que en su declaración ante las autoridades afirmó no haber hecho nada por evitar la desaparición de los estudiantes porque creyó que se trataba de un grupo de narcotraficantes rivales.
“Cientos de personas los buscan (a los estudiantes)”, ha declarado Murillo. “Es nuestra principal prioridad en este momento”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
El alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron arrestados en la calle Jalisco 27, colonia Santa María Aztahuacan, en Iztapalapa, en el límite del Estado de México y el Distrito Federal, en una operación en la que no se realizó ningún disparo, detallaron a AP dos funcionarios federales mexicanos bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa.
De acuerdo con fuentes federales, dos vecinos del lugar llevaron a las autoridades a la casa donde estaba la pareja, que rentaba un cuarto a una mujer que no ha sido identificada. Asimismo, informaron que en el operativo participaron al menos 20 elementos de élite de la Policía Federal.
En una conferencia de prensa, alrededor de las 13 horas, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que espera que “la detención (de Abarca y su esposa) contribuya a la investigación que está realizando la PGR”.
Abarca tiene tres ordenes de aprehensión. Una por homicidio calificado, debido a la muerte de tres personas en el ataque previo a la desaparición de los normalistas; una más por homicidio en grado de tentativa, por los 43 normalistas desaparecidos, y otra más por el asesinato de un líder local ocurrido en 2013.
Abarca y Pineda son señalados como los autores intelectuales del ataque de la policía municipal a normalistas el 26 de septiembre pasado, y la posterior intervención del grupo delictivo Guerreros Unidos, que derivó en la muerte de seis personas —entre ellas tres estudiantes— y la desaparición de los 43 normalistas.
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha dicho que la intención del ataque, que se registró el 26 de septiembre, fue evitar que los estudiantes se manifestaran contra la presentación de un informe de actividades de la esposa del alcalde, vinculada por las autoridades con el cártel de narcotraficantes de los Beltrán Leyva.
Karam ha dicho que todavía no se conoce el paradero de los jóvenes pese a que en la investigación en curso han aparecido por el momento nueve fosas con un total de 30 cadáveres. Según los informes preliminares, no pertenecen a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos, pero tampoco han sido identificados.
Un equipo de antropología forense argentino está realizando un segundo estudio de los restos para descartar posibles errores.
El 22 de octubre, Murillo Karam ofreció un relato detallado de los hechos que figuran por el momento en la investigación federal, que continúa abierta y ha destapado que el grupo de narcotraficantes de los Guerreros Unidos, una escisión del Cártel de los Beltrán Leyva, habían tejido una red de complicidades con varias alcaldías del estado de Guerrero: Iguala, Cocula e Ixtapan de la Sal, que implicaban tanto a funcionarios de la administración como a policías locales.
El procurador detalló que los Guerreros Unidos entregaban con periodicidad variable, semanal y mensual, entre 2 y 3 millones de pesos (entre 148 mil y 222 mil dólares) a las autoridades municipales. De ese dinero se pagaba la nómina de los policías.
El grupo delincuencial, cuyo principal operador era Pineda, hermana de dos responsables financieros del Cártel de los Beltrán Leyva, decidía incluso los ingresos de nuevos policías municipales.
Por el momento, 52 personas, entre policías, funcionarios municipales y miembros de los Guerreros Unidos están detenidas.
Respecto a los hechos del 26 de septiembre, la alcaldía temía que se produjesen incidentes el día que desaparecieron los estudiantes debido a que ya había antecedentes: en junio de 2013 la alcaldía de Iguala fue agredida durante un enfrentamiento entre personas afines al alcalde y un grupo de manifestantes entre los que se encontraban estudiantes de la misma escuela de los hoy desaparecidos.
El día de los incidentes, alrededor de las 6 de la tarde los estudiantes abordaron dos camiones en Ayotzinapa, tres horas más tarde llegaron a Iguala y tomaron dos unidades adicionales. En ese momento, los vigías que realizan labores de vigilancia para el crimen organizado, coludidos con la policía municipal y la alcaldía, reportaron los hechos al centro de mando de la policía municipal.
El alcalde y su esposa asumieron entonces que el grupo que se avecinaba se dirigía a sabotear la celebración del informe de actividades de la esposa del alcalde, responsable del órgano de defensa de la familia en la ciudad, y ordenaron a la policía que reaccionase para evitarlo. Tras un tiroteo que dejó seis muertos y una persecución, 43 estudiantes detenidos ingresaron a la cárcel municipal de Iguala.
De la cárcel municipal de Iguala, siempre según el relato del procurador, a los estudiantes se los llevó la policía municipal de Cocula, una localidad vecina a Iguala, también a las órdenes del grupo de los Guerreros Unidos.
Los agentes tomaron un camino de terracería hacia una zona conocida como Pueblo Viejo donde entregaron a los 43 estudiantes a miembros de los Guerreros Unidos y a partir de ese momento se les pierde la pista.
Se tienen identificados por lo menos a tres de los integrantes de los Guerreros Unidos que recibieron a los detenidos por los policías y el camino por el que fueron internados a un paraje.
El procurador ha dicho que el subjefe de la policía municipal de Cocula contactó al líder de los Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, detenido desde la semana pasada y que en su declaración ante las autoridades afirmó no haber hecho nada por evitar la desaparición de los estudiantes porque creyó que se trataba de un grupo de narcotraficantes rivales.
“Cientos de personas los buscan (a los estudiantes)”, ha declarado Murillo. “Es nuestra principal prioridad en este momento”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
viernes, 24 de octubre de 2014
Renuncia Archundia Barrientos a la SEIDO
De acuerdo con información difundida en Noticias MVS, tras su renuncia al cargo con carácter de irrevocable, Archundia comenzó a vaciar su oficina y a preparar la entrega-recepción de todas las unidades y áreas de la SEIDO.
Colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam revelaron que el movimiento de Archundia forma parte de la reestructuración de la PGR para convertirse en Fiscalía General de la República.
Según dijeron, la dependencia se dividirá en fiscalías regionales con estructuras operativas que acortarán los tramos de control en términos de mando para que de manera regional se combatan los delitos y se atiendan de manera integral todas las denuncias que se presenten.
Con ello desaparecerían las subprocuradurías que actualmente tiene la PGR, entre ellas las de Derechos Humanos, la de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, y de Delitos Federales.
Rodrigo Archundia Barrientos fue designado titular de la SEIDO en noviembre de 2012, en sustitución de José Cuitláhuac Salinas Martínez, y antes participó como fiscal en el proceso penal que se le instruyó por delitos contra la salud y delincuencia organizada al general Jesús Gutiérrez Rebollo.
Además, formó parte del área de Investigaciones Especiales y fungió como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro.
También fue coordinador general en la Unidad Especializada en Investigación y Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos, y director general de investigación y análisis.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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