CNDH desecha queja por hostigamiento contra periodista, defensora y perita que investigaban masacres en San Fernando

En 2016, la entonces PGR investigó arbitrariamente a la periodista Marcela Turati, a la defensora Ana Delgadillo y a la perita Mercedes Doretti, por indagar sobre las masacres de San Fernando, Tamaulipas; ellas presentaron una queja pero la CNDH ya la cerró.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desechó la queja que diversas organizaciones presentaron por el hostigamiento de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) contra la periodista Marcela Turati, la defensora Ana Delgadillo y la perita Mercedes Doretti, quienes investigaban las masacres y fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. 

Las organizaciones Artículo 19, Fundación para la Justicia, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informaron sobre esta decisión de la CNDH. 

Condenan a 18 por secuestro de migrantes en San Fernando, Tamaulipas

Los ahora sentenciados fueron detenidos en marzo, abril, mayo, junio y noviembre de 2011.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, sentencia condenatoria en contra de 18 personas por el secuestro de migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Los ahora sentenciados fueron detenidos en marzo, abril, mayo, junio y noviembre de 2011, en cumplimiento al mandamiento de captura que existía en su contra, quedando a disposición del Juez del conocimiento.

En lugar de investigar desapariciones, el Estado persigue periodistas, defensores y peritos independientes

La periodista Marcela Turati, la defensora Ana Lorena Delgadillo y la perito internacional Mercedes Doretti fueron investigadas en 2016 por la entonces Procuraduría General de la República. Fue hasta este 2021 que ellas se enteraron de que, incluso, se les abrió un proceso en su contra por secuestro y delincuencia organizada, como parte de la averiguación por la masacre de San Fernando, Tamaulipas. Organizaciones de familiares de desaparecidos y de derechos humanos exigieron que se deje de criminalizar y perseguir a periodistas y defensores.

Con una rapidez pocas veces vista cuando se denuncia la desaparición de una persona, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) echó a andar, en 2016, toda su maquinaria para investigar a una periodista, una defensora de derechos humanos y una perito forense que buscaban esclarecer la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2011, y acompañar a las víctimas.

PGR investigó a activistas por masacre de San Fernando; es posible espionaje: ONGs

La entonces Procuraduría General de la República investigó a tres mujeres activistas y periodista en el marco de las diligencias por la masacre de San Fernando: a la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, la antropóloga forense Mercedes Doretti, y la periodista Marcela Turati.

El proyecto periodístico “A Dónde Van los Desaparecidos”, así como múltiples ONGs, reprobó las acciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien entre 2015 y 2016 abrió una investigación en contra de la defensora de los derechos de personas migrantes Ana Lorena Delgadillo, la antropóloga forense Mercedes Doretti, y la periodista Marcela Turati.

Este martes, el periódico The Washington Post dio a conocer que la autoridad judicial realizó diligencias en contra de las tres mujeres, relacionadas con su trabajo para esclarecer los hechos de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, que sucedió en agosto de 2010.

10 años de impunidad en San Fernando: no hay una sola sentencia y hay 66 cuerpos sin identificar

Familias de las víctimas exigen justicia en cartas públicas dirigidas a López Obrador y a los presidentes de EU, Guatemala y El Salvador.

Baudilio Castillo tenía 20 años cuando se marchó de la aldea de Juamytepeque, en Santa Rosa, Guatemala, para llegar a Estados Unidos. Ocurrió el 15 de marzo de 2011. “Mire papá, lo voy a ayudar para que ya no trabaje, compraré un terreno y trabajaré en la agricultura”, le dijo a su padre antes de marcharse. Fue la última vez que se vieron. Dos semanas después fue capturado y su cuerpo se encontró entre los restos de 196 personas halladas en 46 fosas clandestinas descubiertas en San Fernando, Tamaulipas. Muchos de ellos eran migrantes que, como Castillo, dejaron la vida tratando de encontrar oportunidades al norte del Río Bravo.

Han pasado diez años desde aquel horror y las familias no descansan tranquilas. Ni se han identificado todos los cuerpos ni existe una sola sentencia contra alguno de los detenidos a los que se acusó de participar en las masacres.

A una década de la Masacre de San Fernando, hay investigación abierta: AMLO

Agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), podrán intervenir sin límites en casos graves de violación de derechos humanos, como el ocurrido hace 10 años en san Fernando, Tamaulipas, si el Senado de la República aprueba una ratificación de acuerdo internacional que enviará hoy el Ejecutivo.


El convenio a ratificar no fue identificado con precisión por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque sí destacó que los gobiernos anteriores se habían negado a aceptar ese tipo de intervenciones, que enmarcó en los procesos de investigación por desaparición forzada.

Masacre de San Fernando: Tres gobiernos y aún no llega la justicia

A diez años de la masacre de 72 migrantes en un paraje de San Fernando, Tamaulipas, los familiares de las víctimas han lidiado con gobiernos de tres presidentes, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, conservando la misma exigencia: verdad, justica y reparación integral del daño.

De las 72 familias, seis de origen guatemalteco y uno brasileño, acumulan a su angustia la incertidumbre sobre la identidad de los cuerpos que les fueron entregados entre noviembre de 2010 y marzo de 2011.

Familiares de víctimas de San Fernando recibirán compensación: CEAV

A ocho años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) inició el proceso para indemnizar económicamente a un grupo de ecuatorianos: una víctima directa y 47 víctimas indirectas.

Tras precisar que una de las tres sobrevivientes y cinco de las víctimas mortales eran de nacionalidad ecuatoriana, el titular de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, destacó que la compensación que se dará a los familiares representa un reconocimiento del Estado mexicano sobre su responsabilidad y un acompañamiento a las víctimas de la masacre.

A siete años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, 15 consignados pero ni un solo condenado

La Unidad de Investigación para Personas Migrantes de la PGR indicó a familiares de las víctimas la cifra de consignados, aunque no ha podido corroborarse esa información en el expediente, porque las autoridades no han dado acceso, señaló la organización Fundación para la Justicia.

Han transcurrido siete años desde que se cometió la masacre de 72 migrantes en un rancho ubicado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, y hasta el momento la Procuraduría General de la República (PGR) tiene 15 personas consignadas, pero ni una sola condenada.

Esa fue la información que la Unidad de Investigación para Personas Migrantes de la PGR, a cargo de Leonor Figueroa, dio a conocer a las familias de las víctimas, quienes estuvieron en México la semana pasada para recordar que en todo este tiempo las autoridades mexicanas poco han hecho para aclarar el caso, y administrar justicia a los deudos.

Siete años de inconsistencias en San Fernando: 10 cuerpos sin identificar y ocho detenidos sin sentencia

CIUDAD DE MÉXICO: A siete años de distancia, la investigación de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde perdieron la vida 72 migrantes centro y sudamericanos, sigue envuelta en la oscuridad.

Ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han logrado dar claridad a la indagatoria.

Por el contrario, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), denunció que las familias de las víctimas de la masacre ocurrida en el rancho El Huizachal, en 2010, siguen sin tener acceso a los expedientes a la fecha.

Masacre de San Fernando, parteaguas en la historia de la migración: CDHDF

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exigió al Estado mexicano que reconozca las omisiones y faltas cometidas durante la investigación.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exigió la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas de la masacre de San Fernando, ocurrida entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en dicho municipio de Tamaulipas y que dejó como saldo 72 personas migrantes asesinadas.

“El caso de San Fernando fue un parteaguas en la historia de la migración en tránsito ya que da cuenta del contexto de violencia sistemática e impunidad a la que se enfrentan las personas migrantes en su tránsito por México, convirtiéndose en cifras y casos olvidados”, afirmó la CDHDF en un comunicado difundido este lunes.

Seis años después PGR sigue sin entregar expedientes de masacre de San Fernando a víctimas

Después de seis años, la Procuraduría General de la República (PGR) se sigue negando a entregar la copia de los expedientes a los familiares de las víctimas encontradas en las fosas comunes de San Fernando, Tamaulipas, a pesar de tener reconocimiento como víctimas y por tanto el derecho a la información de los expedientes, denunció la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

La organización señala que han pasado más de seis años desde que se descubrieron las fosas en las que se encontraban los cuerpos, entre otros 174, de Carlos Alberto Osorio Parada y Manuel Antonio Realegeño Alvarado, de nacionalidad salvadoreña y a cuyas familias acompaña. Desde entonces, las madres y hermanas emprendieron un litigio para que se les reconociera la calidad de víctimas y así pudieran tener acceso total a la información contenida en los expedientes “para ejercer su derecho a la justicia”.