Los controles de ciberseguridad de dependencias federales como la Sedena, Pemex y Lotenal se encuentran en rojo, lo que los hizo vulnerables a ataques cibernéticos.
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miércoles, 5 de octubre de 2022
La Sedena, Pemex y Lotenal fueron alertados de debilidades en seguridad digital
viernes, 17 de febrero de 2017
La crisis le pega al gordo: Auditoría recomienda liquidar a la Lotería Nacional
La Lotería Nacional ya no puede mantenerse con sus propios ingresos debido a sus deudas y las bajas ventas de sus sorteos. Desde 2011 el gobierno federal aporta recursos para que siga operando.
La Lotería Nacional está en crisis. Lejos de aportar recursos para apoyar actividades de asistencia pública, objetivo para el que fue instituida en 1920, ha tenido que recibir dinero del gobierno federal para cubrir su déficit y seguir operando.
Es tal la crisis que la Auditoría recomendó a la Secretaría de Hacienda proponer al presidente Enrique Peña Nieto extinguir a la Lotería Nacional.
De acuerdo con el análisis de la Cuenta Pública 2015, la venta de cachitos ya no le alcanza a la Lotenal. En 2015 no registró utilidades, por el contrario tuvo un déficit de 566.4 millones de pesos, por lo que el gobierno federal le transfirió 527.6 millones de pesos. La pérdida total al cierre del ejercicio fiscal de ese año fue de 38.8 millones de pesos.
La Auditoría concluyó que la Lotería “no aportó recursos para apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, por lo que no se ajustó a su mandato”.
La razón, de acuerdo con el análisis, es la baja en las ventas de billetes de lotería. Las razones de que cada vez sean menos los cachitos y series vendidas son la insuficiente publicidad para promocionar la venta de productos, la carencia en la expansión de la fuerza de ventas y la falta de realización de sorteos por no contar con un plan de contingencia.
La ASF señaló a los gastos de operación como otra de las causas de la falta de utilidades en 2015. Ese año la Lotería ejerció 2,205.8 millones de pesos por costos de operación, esto fue 18.2% más a lo presupuestado originalmente para ese rubro que era de 1,866.9 millones de pesos.
Pero esta crisis empezó años antes. De acuerdo con la Auditoría, desde 2009 la Lotería no ha aportado recursos para programas de asistencia social, y a partir de 2011 el gobierno federal le ha transferido recursos para apoyar su operación.
Entre 2009 y 2015 la Lotería Nacional tuvo pérdidas por 1,665.7 millones de pesos, pues mientras sus gastos ascendieron a 39,680.4 millones de pesos sus ingresos fueron de 38,014.7 millones de pesos.
Sus deudas también están afectando la suficiencia financiera. La Lotería Nacional debe 81 pesos de cada 100 que recibe; en 2005 esta deuda correspondía a 58.7 pesos de cada 100.
La solvencia de la Lotería cayó 45%, pues en 2005 contaba con 2 pesos por cada peso que debía de pagar en el corto plazo y, en 2015, registró 1.1 pesos por cada peso en obligaciones.
AUDITORIA COMPLETA
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: LIZBETH PADILLO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/loteria-nacional-crisis/
Es tal la crisis que la Auditoría recomendó a la Secretaría de Hacienda proponer al presidente Enrique Peña Nieto extinguir a la Lotería Nacional.
De acuerdo con el análisis de la Cuenta Pública 2015, la venta de cachitos ya no le alcanza a la Lotenal. En 2015 no registró utilidades, por el contrario tuvo un déficit de 566.4 millones de pesos, por lo que el gobierno federal le transfirió 527.6 millones de pesos. La pérdida total al cierre del ejercicio fiscal de ese año fue de 38.8 millones de pesos.
La Auditoría concluyó que la Lotería “no aportó recursos para apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, por lo que no se ajustó a su mandato”.
La razón, de acuerdo con el análisis, es la baja en las ventas de billetes de lotería. Las razones de que cada vez sean menos los cachitos y series vendidas son la insuficiente publicidad para promocionar la venta de productos, la carencia en la expansión de la fuerza de ventas y la falta de realización de sorteos por no contar con un plan de contingencia.
La ASF señaló a los gastos de operación como otra de las causas de la falta de utilidades en 2015. Ese año la Lotería ejerció 2,205.8 millones de pesos por costos de operación, esto fue 18.2% más a lo presupuestado originalmente para ese rubro que era de 1,866.9 millones de pesos.
Pero esta crisis empezó años antes. De acuerdo con la Auditoría, desde 2009 la Lotería no ha aportado recursos para programas de asistencia social, y a partir de 2011 el gobierno federal le ha transferido recursos para apoyar su operación.
Entre 2009 y 2015 la Lotería Nacional tuvo pérdidas por 1,665.7 millones de pesos, pues mientras sus gastos ascendieron a 39,680.4 millones de pesos sus ingresos fueron de 38,014.7 millones de pesos.
Sus deudas también están afectando la suficiencia financiera. La Lotería Nacional debe 81 pesos de cada 100 que recibe; en 2005 esta deuda correspondía a 58.7 pesos de cada 100.
La solvencia de la Lotería cayó 45%, pues en 2005 contaba con 2 pesos por cada peso que debía de pagar en el corto plazo y, en 2015, registró 1.1 pesos por cada peso en obligaciones.
AUDITORIA COMPLETA
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: LIZBETH PADILLO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/loteria-nacional-crisis/
martes, 23 de junio de 2015
“Despido de Aristegui encubrió ataque contra prensa”
"MVS-Vargas-Peña-Sánchez cometieron, además de una venganza, una inquisición administrativa contra la manifestación de las ideas...".
Un sólo periodista que sea víctima del abuso patronal –usando el despido laboral para censurar su libertad de informar, analizar e incluso criticar a quienes, integrantes de los sectores privado y público, aparecen en la escena de las cuestiones que han de ser discutidas por el interés, individual y colectivo, de la opinión pú-bli-ca– no deja de ser una ofensiva, en general y en su conjunto, a todas esas libertades que constituyen parte fundamental de los derechos humanos.
La exageración en la molestia de la empresa MVS por el uso de su sigla fue un pretexto político para silenciar el periodismo de radiodifusión que estos profesionales llevaban a cabo.
Es el periodismo de radiodifusión –según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción III, del apartado B de su Artículo 6– “un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines en el Artículo 3 de esta Constitución”. La reacción de MVS fue una embestida contra Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Carmen Aristegui para impedirles su derecho a buscar y dar información, puesto que, asienta la Constitución como imperio de la ley: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
La polémica en los medios de comunicación, sobre el caso de los periodistas, ha sido tanto en pro como en contra. Aunque el balance es favorable para quienes han salido a dar la cara contra la agresión patronal; en cuyo abuso confluyen los intereses peñistas, de los empresarios y el resto de funcionarios que le han declarado la guerra a Méxicoleaks, porque éste recibirá todas las denuncias sobre corrupción. Esta polémica habla de que lo fundamental son las libertades de prensa: opinar, criticar y disentir. Derechos ejercidos por Aristegui, Huerta y Lizárraga y, en consecuencia, también es una acometida en general a ese haz de derechos. Y quienes están de acuerdo en defenderlos, ya que han dañado a tres periodistas, han actuado republicana y democráticamente al protestar.
Reportero, columnista, analista, etcétera, que sea agredido por su trabajo, enmascarando la arremetida con un dizque despido laboral, debe ser defendido impugnando el ataque. Igual debe rechazarse la ofensiva que cualquier ciudadano sufra contra sus derechos y, sobre todo, contra los que hacen posibles las libertades, con sus garantías. En este caso: Huerta, Aristegui y Lizárraga han sido objeto de un exceso de autoritarismo privado y público. MVS y quienes los apoyan han cometido un golpe de censura, provocado una inquisición judicial tras la administrativa y, claramente, desatado una lucha anticonstitucional al violar artículos de la propia Constitución que hace posible al Estado, al gobierno y a la sociedad, para la convivencia pacífica del ejercicio de las libertades.
Esta abusiva ofensiva contra Aristegui, Huerta, Lizárraga, por ejercer al máximo sus derechos-libertades en el periodismo de radiodifusión como servicio público, ha demostrado que los empresarios de MVS (como constantemente lo hacen Televisa y Tv Azteca) actúan como dueños –no usuarios– de una concesión, para sus intereses de poder político y económico. Y se deshacen, con o sin despidos laborales como camuflaje, de los periodistas que no se someten a sus disposiciones privadas (códigos de ética empresarial, por ejemplo) que ponen por encima de la legislación del derecho positivo y escrito, cuyo factor común es la Constitución como ley suprema. Y así, el hecho de privar de su trabajo a una periodista en ese contexto es más que suficiente para denunciar que se han mutilado las libertades de prensa. Y esto afecta a todos los derechos de la libre información. Censura a la crítica. No ha sido sólo un despido laboral en un arranque de vileza empresarial y doblez para quedar bien con el poder peñista, en cuya gestión golpista tuvo que ver el nuevo director de comunicación, el restaurantero Eduardo Sánchez. Se ha tratado de una maniobra para cancelar un programa donde se ventilaba información de contrapoder.
MVS-Vargas-Peña-Sánchez cometieron, además de una venganza, una inquisición administrativa contra la manifestación de las ideas, censura contra la máxima publicidad de la información, prohibición de que la radiodifusión sea un servicio público de interés general, supresión de la veracidad y pluralidad de la información y violaron la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de la radiodifusión. Peña, Vargas, Sánchez y MVS han pisoteado los derechos y libertades –con sus respectivas garantías– de los periodistas y reporteros que no es meramente un asunto “entre privados”, como seudoargumentó Osorio Chong, sino estrictamente público, porque un gobierno democrático y republicano ha de cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes reglamentarias. Y como el peñismo es antidemocrático, antirrepublicano y anticonstitucional, aparentemente se hizo a un lado cuando Vargas-MVS-Sánchez ejecutaban la venganza porque exhibieron los sobornos inmobiliarios a la esposa de Peña, a Videgaray y al mismo Peña. Al no atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación el litigio, también se sumó al ataque de MVS y Peña contra la periodista.
Esos cortesanos del peñismo han contribuido otra vez a generar más problemas en vez de aplicarse a resolverlos. No son dos o tres los que existen en la ya problemática situación nacional. Económica, social, cultural, médica y políticamente es un hervidero de injusticias para los que se demandan soluciones donde, colectiva e individualmente, les asiste la razón a sus demandas contra empresarios voraces, paridos del botín del neoliberalismo económico, y contra los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones a lo largo y ancho de la administración pública municipal, estatal, federal y de las empresas paraestatales. Los empresarios mexicanos han logrado sus multimillonarios capitales –como los Vargas-MVS (Wilbert Torre, El despido. La verdad de la salida de Carmen Aristegui del noticiario más escuchado, editorial Temas de Hoy, 2015)– con base en abusos, complicidades y mutuos sobornos con el presidencialismo; además de corrupción y explotación de los trabajadores, para practicar el capitalismo salvaje que ya hace tronar las amarras del peñismo.
Al negarse a conocer jurídica-constitucionalmente el problema de Aristegui, los 11 cortesanos de la Suprema Corte y sus innecesarias facultades de tribunal constitucional se han entregado a las gestiones de Peña y Aurelio Nuño. Y sientan un precedente más de ignominia. Los mexicanos hemos de prepararnos para más problemas sin ninguna solución, centrados en la violación a los derechos humanos sobre los que Peña, en este 25 aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha pitorreado. Entre esos derechos, Peña y MVS-Vargas han pisoteado las libertades para buscar y recibir información, criticar los abusos y cuestionar a los funcionarios, si es que aún hay resabios de que el sistema es democrático, “considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, si no [también] un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento, social y cultural del pueblo”, atendiendo a resolver los problemas que le plantean.
Lo más seguro es que Peña, con los más de 15 millones de jornaleros sometidos a la esclavitud, sea la antítesis de Abraham Linconl; y el régimen sistema que preside es un despotismo con sus cortesanos en la extinta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/ CONTRALINEA.
AUTOR: ÁLVARO CEPEDA NERI.
La exageración en la molestia de la empresa MVS por el uso de su sigla fue un pretexto político para silenciar el periodismo de radiodifusión que estos profesionales llevaban a cabo.
Es el periodismo de radiodifusión –según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción III, del apartado B de su Artículo 6– “un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines en el Artículo 3 de esta Constitución”. La reacción de MVS fue una embestida contra Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Carmen Aristegui para impedirles su derecho a buscar y dar información, puesto que, asienta la Constitución como imperio de la ley: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
La polémica en los medios de comunicación, sobre el caso de los periodistas, ha sido tanto en pro como en contra. Aunque el balance es favorable para quienes han salido a dar la cara contra la agresión patronal; en cuyo abuso confluyen los intereses peñistas, de los empresarios y el resto de funcionarios que le han declarado la guerra a Méxicoleaks, porque éste recibirá todas las denuncias sobre corrupción. Esta polémica habla de que lo fundamental son las libertades de prensa: opinar, criticar y disentir. Derechos ejercidos por Aristegui, Huerta y Lizárraga y, en consecuencia, también es una acometida en general a ese haz de derechos. Y quienes están de acuerdo en defenderlos, ya que han dañado a tres periodistas, han actuado republicana y democráticamente al protestar.
Reportero, columnista, analista, etcétera, que sea agredido por su trabajo, enmascarando la arremetida con un dizque despido laboral, debe ser defendido impugnando el ataque. Igual debe rechazarse la ofensiva que cualquier ciudadano sufra contra sus derechos y, sobre todo, contra los que hacen posibles las libertades, con sus garantías. En este caso: Huerta, Aristegui y Lizárraga han sido objeto de un exceso de autoritarismo privado y público. MVS y quienes los apoyan han cometido un golpe de censura, provocado una inquisición judicial tras la administrativa y, claramente, desatado una lucha anticonstitucional al violar artículos de la propia Constitución que hace posible al Estado, al gobierno y a la sociedad, para la convivencia pacífica del ejercicio de las libertades.
Esta abusiva ofensiva contra Aristegui, Huerta, Lizárraga, por ejercer al máximo sus derechos-libertades en el periodismo de radiodifusión como servicio público, ha demostrado que los empresarios de MVS (como constantemente lo hacen Televisa y Tv Azteca) actúan como dueños –no usuarios– de una concesión, para sus intereses de poder político y económico. Y se deshacen, con o sin despidos laborales como camuflaje, de los periodistas que no se someten a sus disposiciones privadas (códigos de ética empresarial, por ejemplo) que ponen por encima de la legislación del derecho positivo y escrito, cuyo factor común es la Constitución como ley suprema. Y así, el hecho de privar de su trabajo a una periodista en ese contexto es más que suficiente para denunciar que se han mutilado las libertades de prensa. Y esto afecta a todos los derechos de la libre información. Censura a la crítica. No ha sido sólo un despido laboral en un arranque de vileza empresarial y doblez para quedar bien con el poder peñista, en cuya gestión golpista tuvo que ver el nuevo director de comunicación, el restaurantero Eduardo Sánchez. Se ha tratado de una maniobra para cancelar un programa donde se ventilaba información de contrapoder.
MVS-Vargas-Peña-Sánchez cometieron, además de una venganza, una inquisición administrativa contra la manifestación de las ideas, censura contra la máxima publicidad de la información, prohibición de que la radiodifusión sea un servicio público de interés general, supresión de la veracidad y pluralidad de la información y violaron la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de la radiodifusión. Peña, Vargas, Sánchez y MVS han pisoteado los derechos y libertades –con sus respectivas garantías– de los periodistas y reporteros que no es meramente un asunto “entre privados”, como seudoargumentó Osorio Chong, sino estrictamente público, porque un gobierno democrático y republicano ha de cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes reglamentarias. Y como el peñismo es antidemocrático, antirrepublicano y anticonstitucional, aparentemente se hizo a un lado cuando Vargas-MVS-Sánchez ejecutaban la venganza porque exhibieron los sobornos inmobiliarios a la esposa de Peña, a Videgaray y al mismo Peña. Al no atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación el litigio, también se sumó al ataque de MVS y Peña contra la periodista.
Esos cortesanos del peñismo han contribuido otra vez a generar más problemas en vez de aplicarse a resolverlos. No son dos o tres los que existen en la ya problemática situación nacional. Económica, social, cultural, médica y políticamente es un hervidero de injusticias para los que se demandan soluciones donde, colectiva e individualmente, les asiste la razón a sus demandas contra empresarios voraces, paridos del botín del neoliberalismo económico, y contra los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones a lo largo y ancho de la administración pública municipal, estatal, federal y de las empresas paraestatales. Los empresarios mexicanos han logrado sus multimillonarios capitales –como los Vargas-MVS (Wilbert Torre, El despido. La verdad de la salida de Carmen Aristegui del noticiario más escuchado, editorial Temas de Hoy, 2015)– con base en abusos, complicidades y mutuos sobornos con el presidencialismo; además de corrupción y explotación de los trabajadores, para practicar el capitalismo salvaje que ya hace tronar las amarras del peñismo.
Al negarse a conocer jurídica-constitucionalmente el problema de Aristegui, los 11 cortesanos de la Suprema Corte y sus innecesarias facultades de tribunal constitucional se han entregado a las gestiones de Peña y Aurelio Nuño. Y sientan un precedente más de ignominia. Los mexicanos hemos de prepararnos para más problemas sin ninguna solución, centrados en la violación a los derechos humanos sobre los que Peña, en este 25 aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha pitorreado. Entre esos derechos, Peña y MVS-Vargas han pisoteado las libertades para buscar y recibir información, criticar los abusos y cuestionar a los funcionarios, si es que aún hay resabios de que el sistema es democrático, “considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, si no [también] un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento, social y cultural del pueblo”, atendiendo a resolver los problemas que le plantean.
Lo más seguro es que Peña, con los más de 15 millones de jornaleros sometidos a la esclavitud, sea la antítesis de Abraham Linconl; y el régimen sistema que preside es un despotismo con sus cortesanos en la extinta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/ CONTRALINEA.
AUTOR: ÁLVARO CEPEDA NERI.
martes, 10 de febrero de 2015
La Lotería Nacional, a otro amigo de Peña
Este proyecto privatizador está expuesto en el Programa Institucional de la Lotenal que diseñó su directora, María Esther Sherman Leaño, para afrontar la severa crisis que padece el organismo que, desde 2008, no destina ni un solo peso a la beneficencia, informa esta semana el semanario Proceso.
Entregada por Vicente Fox y Felipe Calderón a Elba Esther Gordillo y sus esbirros, como Francisco Yáñez y Benjamín González Roaro, la Lotenal despedirá a miles de vendedores de los billetes y cederá la comercialización a Soriana, según el Programa Institucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2014.
“Es urgente revitalizar la fuerza de ventas a través de nuevos esquemas, de manera que paulatinamente vayan suprimiendo a los vendedores ambulantes de billetes”, expone el documento que forma parte del reportaje firmado por Arturo Rodríguez.
Y es que, que tras adquirir Comercial Mexicana, Soriana se convirtió ya en la segunda cadena de tiendas de autoservicio más grande de México –sólo detrás de Walmart– y, de acuerdo con la priista Sherman Leaño, es el nicho de mercado idóneo para los productos de la Lotenal:
“Se ha tenido acercamiento con empresas de reconocimiento a nivel nacional para la comercialización de nuestros productos mediante diferentes mecanismos. Como ejemplo podemos mencionar a la cadena de tiendas departamentales Soriana, la cual comercializa nuestro sorteo electrónico denominado Tu Suerte en Segundos, con nuevas posibilidades de crecimiento, debido a las adecuaciones que se realizan para un nuevo lanzamiento, eficientando el producto para comercializarlo en diversas tiendas de conveniencia a través de las cajas registradoras”.
¿Cuánto dinero representa la comercialización de los productos de la Lotenal, entre ellos los billetes de los sorteos semanales? Scherman no lo precisa, pero se trata de un negocio que, como otros en el sexenio –el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, en primerísimo lugar–, tiene el sello de la casa: La amistad con Peña.
Aunque más discreto que otros contratistas del gobierno, en 2012 el empresario lagunero Ricardo Martín Bringas asistió a actos públicos y privados para respaldar a Peña y luego estuvo en medio del escándalo de compra y coacción del voto a favor del candidato presidencial priista.
El 14 de mayo de 2012, a mes y medio de las elecciones, Martín Bringas fue a una reunión privada con Peña en la casa particular del gobernador priista de Coahuila, Rubén Moreira, en Saltillo, y dos semanas después asistió a otro acto, en Gómez Palacio, con el candidato priista, esta vez acompañado de su primo Eduardo Tricio, dueño de Grupo Lala.
Ricardo Martín Bringas forma parte de los consejos de administración de empresas como Vitro, Telmex y Banamex, pero también participa en aviación con Aeroméxico y en el sector energético, con la construcción de plantas eólicas.
Según la revista Forbes, los Martín Bringas forman parte del elenco de los personajes más ricos del país, con una fortuna conjunta que supera los 3 mil 200 millones de dólares.
En 2012, el entonces aún diputado federal y actual director de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), Mario di Constanzo, afirmó que los Martín Bringas cotizaban en la Bolsa como Gigante, la cadena que compró Soriana, y que no pagaban impuestos.
“Utilizan prácticas que les permiten eludir impuestos. En 2011 Soriana, sin incluir Gigante, tuvo ventas por 98 mil 200 millones de pesos y pagó de impuestos mil 392 millones. Eso es 1.7% de ingresos. En contraste, Pemex pagó 54% de ingresos en impuestos ese año.”
Más aún, Soriana tuvo impuestos diferidos: Dejó de pagar 8 mil 276 millones de pesos, mientras que Gigante registra impuestos diferidos por mil 756 millones de pesos.
“Más que por negocio compraron Gigante por las ventajas fiscales, es un negocio que difiere impuestos y nunca los pagará”, advirtió Di Constanzo, quien aseguró que en el primer trimestre de 2012, nueve estados priistas suscribieron contratos con Soriana por 2 mil 200 millones de pesos.
“Dos mil 200 millones de pesos, que son los contratos que subieron, digamos a 300 pesos cada despensa (que es cara), tienes 7 millones 33 mil despensas. Esa es la cantidad de voluntades que se pudieron comprar”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS)
lunes, 9 de febrero de 2015
Para Soriana, el premio mayor
Históricamente la Lotería Nacional ha sido botín político. Ahora, bajo la dirección de María Esther Scherman, y conforme al destino de otras empresas públicas, la institución privatizó algunas de sus principales operaciones. El siguiente paso, según el plan ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, es entregar la distribución de los billetes a las tiendas Soriana y prescindir de los billeteros, en un mercado ya inundado de juegos y sorteos por completo ajenos a la beneficencia pública.
MÉXICO, D.F: En el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) enfrenta una crisis que pone en juego su existencia: exprimida por cargas fiscales como si se tratara de una empresa privada, desde 2008 no genera recursos para beneficencia, mientras el propio gobierno autorizó la proliferación de numerosos productos y sorteos privados que acotaron su mercado.
No es la única “amenaza”. Según el diagnóstico de la directora de esa institución, María Esther Scherman Leaño, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de mayo de 2014 como Programa Institucional, los billeteros enfrentan la inseguridad, pero las autoridades de la Lotenal no los quiere y pretende dejar de emplearlos.
Para ello, la funcionaria propone entregar la comercialización de sus productos a la cadena de tiendas departamentales Soriana y otras tiendas. Es decir, privatizar la operación comercial de Lotenal.
Luego del escándalo de 2012 por haber colaborado en la campaña de Peña Nieto con tarjetas de beneficio para los electores, Soriana está en plena expansión. Tras adquirir una parte de la cadena Carrefour en 2005 y Gigante en 2007, anunció a la Bolsa Mexicana de Valores la compra de Comercial Mexicana, con lo que este 2015 será la cadena más grande del país.
Y para Lotenal, según el documento publicado en el DOF, Soriana es un nicho de mercado idóneo para sus productos.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1997, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
No es la única “amenaza”. Según el diagnóstico de la directora de esa institución, María Esther Scherman Leaño, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de mayo de 2014 como Programa Institucional, los billeteros enfrentan la inseguridad, pero las autoridades de la Lotenal no los quiere y pretende dejar de emplearlos.
Para ello, la funcionaria propone entregar la comercialización de sus productos a la cadena de tiendas departamentales Soriana y otras tiendas. Es decir, privatizar la operación comercial de Lotenal.
Luego del escándalo de 2012 por haber colaborado en la campaña de Peña Nieto con tarjetas de beneficio para los electores, Soriana está en plena expansión. Tras adquirir una parte de la cadena Carrefour en 2005 y Gigante en 2007, anunció a la Bolsa Mexicana de Valores la compra de Comercial Mexicana, con lo que este 2015 será la cadena más grande del país.
Y para Lotenal, según el documento publicado en el DOF, Soriana es un nicho de mercado idóneo para sus productos.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1997, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
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