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lunes, 22 de octubre de 2018

Tres veces no: Triunfa pueblo chinanteco en la defensa de su territorio contra hidroeléctrica

El pueblo chinanteco está de fiesta y con él las especies que habitan su territorio. Una vez más los pueblos indígenas demuestran estar defendiendo el planeta para todos. La empresa Generación ENERSI ha intentado tres veces instalar su hidroeléctrica en los ríos del pueblo chinanteco, la última vez con apoyo del gobierno de Alejandro Murat.

jueves, 31 de agosto de 2017

Tlapacoyan, primer municipio veracruzano que prohibe hidroeléctricas en su territorio

El municipio de Tlapacoyan, es el primero en el estado de Veracruz que su Cabildo ha aprobado que no permitirá el cambio de uso de suelo para impedir que las hidroeléctricas se instalen en su territorio, "los ríos son los que dan fuente de empleo a las poblaciones", señaló el regidor de Ecología de ese municipio, Eloy Morales Zúñiga.

martes, 21 de junio de 2016

CECOP, trece años en resistencia contra la presa La Parota

Trece años de resistencia en contra del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota se cumplirán el 28 de julio de 2016; durante ese tiempo se ha templado el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP) para continuar la lucha sin desmayo hasta lograr la Cancelación Definitiva del proyecto. Desde ese día emprendimos la defensa de nuestras tierras, el agua del río Papagayo y nuestro territorio que el gobierno trató de arrebatarnos para construir, sin nuestro consentimiento, esa megapresa que habría inundado 17,300 has., desalojado a 25 mil campesinos -comuneros y ejidatarios- y desertificado las tierras de quienes viven río abajo que son más de 80 mil, en un proyecto depredador que abarcaba cinco municipios del estado de Guerrero siendo Acapulco al más afectado en tanto que ahí planearon construir la cortina de la presa y el que tendría el mayor número de desplazados, principalmente comuneros de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, territorio constituido por 47 comunidades; 20 de ellas serían las más afectadas además de los 19 ejidos ubicados río arriba.

Ese 28 de julio de 2003, se detuvo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -para ese entonces empresa paraestatal promotora del proyecto- se le dijo que fuera a hacer su presa a otro lado y que sacara la maquinaria con la que habían iniciado los trabajo seis meses antes, lo que se vio obligada a hacer poco después; de ahí hasta ahora no logró meter nuevamente la maquinaria ni dar inicio a la construcción de la presa. Intentó hacerlo varias veces lo que le fue impedido por los pueblos que, para taparle el paso, instalamos plantones en los caminos que conducían a donde habían iniciado los trabajos; los plantones se instalaron en los cerros, en la entrada de los pueblos o junto al río, fueron 7 plantones resguardados día y noche durante cinco años sobre todo por las compañeras mujeres. Esta acción significó nuestra mayor fortaleza. La CFE intentó pasar varias veces pero fue repelida, ejecutó innumerables actos de provocación lo que generó un estado de constante confrontación además de que rompió el tejido social en el comunal y en los ejidos. La organización alcanzada por el CECOP frenó las provocaciones pero durante ese período cuatro compañeros fueron asesinados y once de nosotros estuvimos presos, llegando al encarcelamiento durante varios días de Marco Antonio Suástegui y de don Francisco Hernández (don Chico) quienes fueron liberados por la fuerza que había alcanzado el movimiento.

Al haber tomado conciencia de que la posesión de las tierras es de los comuneros y ejidatarios y, como decía Doña Margarita, a quien llamábamos la Comandanta: “en nuestras tierras mandamos nosotras y nosotros”, se llegó al convencimiento que para sostener y triunfar en una lucha por el territorio se tiene que tener la posesión y el dominio del territorio. Igualmente importante fue adquirir la confianza en las propias fuerzas, además del convencimiento de que a nosotros y solamente a nosotros nos toca defender nuestras tierras; nadie va a venir a defender lo que a nosotros toca, porque las tierras son nuestras. También aprendimos a enfrentar a las fuerzas represoras, siempre convencidos de que estamos luchando por algo justo que es la defensa de nuestras tierras, el agua y la vida en comunidad. Supimos lo que es enfrentar la violencia de estado y salimos adelante. Nos rodeamos de solidaridad de muchos movimientos y organizaciones hermanas y supimos que nos asiste la razón y que tenemos derechos que deben ser respetados por el Estado. Emprendimos acciones legales en el terreno del derecho ambiental y del derecho agrario; en este último ganamos la nulidad de las asambleas agrarias fraudulentas por medio de las cuales pretendieron iniciar el proceso expropiatorio y el cambio de uso del suelo. Este triunfo legal sigue vigente, por lo que legalmente la CFE y el gobierno están impedidos a iniciar trabajos de la presa La Parota, pero sobre todo están impedidos por la decisión de los pueblos y la fuerza del movimiento.

Hicimos visible nuestro movimiento a nivel nacional e internacional. Recibimos la visita de relatores de la ONU y de la Sria. Gral. de Amnistía Internacional; denunciamos las agresiones sufridas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y dimos nuestro testimonio frente al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) en Ginebra, Suiza. Estos organismos internacionales emitieron recomendaciones muy duras al Estado Mexicano, todo en favor de nuestros derechos como campesinos y como pueblos indígenas.

En posteriores escritos expondremos con detalle los distintos momentos de la resistencia, los procesos legales que emprendimos, la represión, la violación de nuestros derechos humanos, las acciones en defensa del territorio y del medioambiente así como las acciones mutuas de solidaridad con organizaciones y movimientos sociales. La integración con afectados por presas en México y Latinoamérica, la formación del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la integración a la Red Latinoamericana de Afectados por Represas (REDLAR), la participación en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), en la Red Nacional de Resistencia Civil, el Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), la Campaña Nacional en Defensa de la Tierra y el Territorio y con otros grupos y redes.

Es urgente iniciar un proceso de intercambio de opiniones y propuestas con todos estos movimientos y otros más sobre la situación actual en México y a nivel global en un momento en que, para nosotros, significa un retroceso en todos los niveles. Este momento de crisis generalizada, es cien veces peor que cuando iniciamos nuestra resistencia hace 13 años. Hoy estamos mucho más desprotegidos que antes. Los últimos gobiernos, sobre todo el actual nos han arrebatado nuestros derechos más elementales, los han borrado de la misma Constitución que ha quedado modificada en favor de las empresas depredadoras. Las acciones y compromisos del Estado Mexicano y su gobierno ya no son para proteger al pueblo sino para resguardar los intereses de los negocios de las empresas y los empresarios -como patrones que son de los gobernantes- que lo único que buscan es la acumulación de su riqueza y la multiplicación de sus capitales.

Debemos estar preparados y alertas para cuando comiencen a entrar las empresas, sobre todo trasnacionales a extraer petróleo, gas por medio del fracking y a generar electricidad, y comiencen a ejecutar el despojo de tierras de campesinos e indígenas, amparados esos empresarios por las modificaciones de Peña a la Constitución como parte de la contra-reforma energética y sus leyes secundarias, que consideran a la extracción de hidrocarburos y generación de energía eléctrica como prioritarias, por encima de cualquier otra actividad, ya sea agrícola o de cualquier otro tipo de uso del suelo, por medio de figuras tales como el derecho de paso y servidumbre oficial dando legalidad a la desposesión y el despojo.

Debemos medir la fuerza y dar un nuevo ímpetu a nuestros movimientos frente a un gobierno autoritario y represor que ha decidido emprender una guerra implacable contra los trabajadores, los campesinos y los pobres de todo el país. Estas medidas gubernamentales generarán conflictos cada vez más graves a partir de la imposición de las contra-reformas, como la embestida que lanzaron contra los maestros, particularmente de la CNTE, a quienes pretenden imponer la contra-reforma educativa que vulnera sus derechos laborales utilizando la fuerza desmedida del Estado. En el mismo nivel están colocadas las violaciones a los derechos humanos a través de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura sistemática y generalizada, y las desapariciones forzadas cuyo caso más grave es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En los siguientes escritos, el CECOP expondrá su posición y propuestas frente a la crisis actual a la vez que seguiremos haciendo un recuento y rememoración los 13 años de lucha ejemplar en defensa de la tierra, el territorio, el agua y nuestros Bienes Comunales.

CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PRESA LA PAROTA
13° Aniversario, Julio de 2016.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: CECOP
LINK: http://desinformemonos.org.mx/cecop-trece-anos-en-resistencia-contra-la-presa-la-parota/

domingo, 5 de junio de 2016

Hidroeléctrica dejará sin agua a más de 500 mil personas en Colima

Más de 20 mil agricultores de los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Armería y Tecomán, así como alrededor de medio millón de habitantes del estado, se quedarían sin agua para consumo doméstico por el proyecto hidroeléctrico que inició la empresa Generación Enersi, en el río Armería, alertó el presidente del Consejo Estatal Limonero, Gonzalo Castañeda Bazavilvazo.

Indicó que es preocupante que los habitantes desconozcan el proyecto que se pretende construir en Comala –con una inversión de 320 millones de pesos–, porque fue gestionado en la Ciudad de México ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además en la delegación estatal no existe información al respecto, lo que hace el proceso poco transparente.

Detalló que en Armería existen 10 pozos con capacidad de 200 pulgadas, que surten de agua potable a unos 200 mil habitantes de Manzanillo de forma ininterrumpida, por lo que el proyecto que también pretende instalar una línea de transmisión en la subestación Colima II, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pondría en peligro el abastecimiento del recurso hídrico.

El diputado local priísta Eusebio Mesina Reyes manifestó su rechazo a la instalación de la planta, pues “la ley dice cuando quieres concesión tienes que someterlo a consulta pública en un diario de alta circulación y Enersi lo hizo pero en un medio de poca circulación de la capital del Estado.

Lo publican en un diario que emite 100 ejemplares y en algunos se distribuye de manera gratuita, pretendieron que pasara desapercibida la consulta, la cual sirve para que algún interesado pida información acerca de sus efectos en flora y fauna, así como en actividades primarias (agricultura y ganadería), detalló.

Efectos ambientales

Para la activista de la organización ecologista Bios Iguana, Esperanza Salazar, la obra tendría una vida útil de 70 años y se presenta como un proyecto regional de energía limpia y de bajo impacto, lo que resulta contradictorio porque si está siendo evaluado por la dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental, si repercutirá en toda la región.

Precisó que el proyecto disminuirá el caudal del río Armería, modificará el ph del agua, los nutrientes, la temperatura y provocará la pérdida de biodiversidad en el río, al disminuir la cantidad de agua que llega a los manglares de la laguna de Cuyutlán, afectando un ecosistema de más de 3 mil hectáreas, donde se desarrollan la mayor cantidad de especies que benefician a cientos de familias de pescadores.

También, agregó, se incrementará la salinidad del agua, provocará que las tierras de cultivo pierdan capacidad productiva, salinizará pozos de agua dulce de la zona costera de los que se abastecen comunidades, áreas agrícolas y especies pecuarias.

Este proyecto se pretenda instalar en inmediaciones de la comunidad indígena de Zacualpan, donde desde hace tres años también se intenta que opere una mina de oro, plata y cobre. Enersi podría vender agua y energía a una minera, pues las represas vienen acompañadas de proyectos de extracción, dijo.

Calculó que una mina de extracción de oro usa entre uno y tres millones de litros de agua cada hora y requiere de energía para operar, así que el megaproyecto de no ser consultado con usuarios y afectados terminará en un desastre social y ambiental en varios municipios.

Según la gaceta de la Semarnat en su edición del 30 de marzo, la hidroeléctrica tendrá capacidad para generar 10 mil 477 kilowats, contendrá una presa derivadora, una línea de conducción, camino de acceso, tanque de carga y una casa de máquinas.

El proyecto de Enersi, filial de la transnacional Enersis, procedente de Chile y con presencia en varios países de Sudamérica, fue recibido el pasado 18 de marzo y está por aprobarse, mientras se realiza la manifestación de impacto ambiental. Se pretende desarrollar en 727 hectáreas y parte de la vegetación sería removida.

En México, existen unas 65 hidroeléctricas, y en caso de concretarse la de Comala, sería la primera en la entidad. El río Armería es la principal fuente de agua de cientos de productores, especialmente de limón, cuyas parcelas están cerca del afluente.




Fuente: La Jornada
Autor: Juan Carlos Flores

http://www.jornada.unam.mx/2016/06/05/estados/026n1est

domingo, 24 de mayo de 2015

Hidroeléctrica El Naranjal dañará 40 especies protegidas, admite Semarnat

Orizaba, Ver: El proyecto de la hidroeléctrica El Naranjal fue denunciado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por las afectaciones que tendrán al menos habitantes de ocho municipios colidantes; se revela que tanto la Semarnat como la Conanp reconocieron la grave afectación ambiental, que incluye la desaparición de al menos 40 especies de fauna y se exhibe el incremento de amenazas de muerte contra los activistas de esta región.

De acuerdo al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), “la imposición de la hidroeléctrica provocará un daño irreversible ecológico y social que abarca a cerca de 93.31 hectáreas donde vivimos y trabajamos más 30 mil familias campesinas”.

A través de un documento, señala que “Semarnat admite que la construcción y puesta en operación de la hidroeléctrica va a perjudicar a 40 especies de fauna con relevancia para la conservación y con status de protección; 15 de ellas están sujetas a protección especial; cuatro amenazadas; una en peligro de extinción y 16 especies de vegetación protegidas amenazadas y que cuenta con estatus de protección”.

Otras afectaciones “las reconoció la Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas, organismo que advirtió a la Sermarnat que parte de la obra, concretamente la edificación de una de las cortinas se localizará muy cerca, a menos de medio kilómetro de la poligonal del Parque Nacional, decretado el 4 de mayo 1938, del Cañón del Río Blanco”.

Es claro que los más de 400 kilómetros de distancia entre esa área natural protegida y la construcción de la cortina se nulifica, porque la obra requiere de una amplia zona de desmonte, devastación de la capa vegetativa y subsuelo, profundas excavaciones, aperturas indiscriminada de brechas y terracerías, instalación de campamentos y la gran dimensión de la construcción hace en la vía de los hechos un daño irreversible al Parque Nacional.

Este proyecto hidroeléctrico “afectará severamente el caudaloso afluente de los ríos Blanco y Metlac, este último aún se encuentra en condiciones de agua utilizable para las necesidades domésticas de la comunidades que habitan a sus márgenes”, señala, no obstante para la Semarnat esto no representa ningún riesgo porque ambos afluentes, asegura cínicamente, ya están contaminados.

Esta aseveración “es falsa y omite de forma perversa que gracias a estos dos ríos en toda la región tiene una humedad natural privilegiada que mantiene la fecundidad en la flora y fauna que es la vida e interacción en los múltiples ecosistemas, así como un sin números de manantiales, puntos de filtración de agua y fuente de abastecimiento de pozos artesianos, medio ambiente se reproduce y cohabitan de forma natural en las riveras del Blanco y Metlac”.

Otros organismos como la Comisión Nacional de Biodiversidad consideran que la parte alta y media de la cuenca del río Blanco “son consideradas por como un sitio terrestre prioritario e irremplazable por su diversidad biológica, de prioridad extrema a escala nacional. Adicionalmente, uno de sus tributarios, el río Metlac, es considerado por la misma comisión como área de importancia para la conservación de las aves”.

En el estado de Veracruz para ilustrar lo anterior “recurrimos a los casos más emblemáticos en las vertientes de los ríos Blanco, Jamapa y Cotaxtla, donde los procesos de control político y privatización del agua han desatado reacciones colectivas contra estos proyectos”. En Los Tuxtlas la cascada del Salto de Eyipantla, con la hidroeléctrica Chilapan, su caudal se ha disminuido; de los tres chorros que naturalmente conformaban la cascada sólo quedan dos.

Está comprobado que el sistema de presa y represamiento afecta el caudal ecológico, más si se realiza de forma arbitraria e indiscriminada. Las presas, especialmente los que se encuentran en zonas tropicales, producen gran cantidad de gases de efecto invernadero (GEI), como el CO2 (dióxido de carbono) y el CH4 (metano) por la descomposición de materia orgánica que se da en el embalse y en los canales de conducción.

Si a las anteriores conclusiones científicas sumamos que el río Blanco es uno de los tres afluentes a nivel nacional con mayor grado de contaminación, los daños al medio ambiente –naturaleza y sociedad− en la región con el equivocado manejo que se le pretender dar potencializan el inminente ecocidio y desplazamiento forzado de la población. Además la región de las Altas Montañas, como se conoce a las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, en el centro de Veracruz, es origen de las subcuencas de los ríos Blanco y Cotaxtla, tributarios de las cuencas del Papaloapan y del río Jamapa, respectivamente.

El área donde pretenden construir-operar la hidroeléctrica absolutamente rural con importante biodiversidad, fecunda y vasta agricultura que alimenta a las zonas semiurbanas y urbanas de la región centro de Veracruz, como también es de suma importante la conservación de tradiciones y expresiones culturales de los pueblos originarios están estrechamente ligadas a la tierra y por ende la medio ambiente al ser la agricultura la principal actividad económica.

Los adectados son ocho municipios del centro del Veracruz ubicados en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, región de Altas Montañas.

La hidroeléctrica El Naranjal es una empresa de capital e interés privado oligárquico que pertenece al ramo de generación de la energía eléctrica, que hasta haces unas décadas eran un bien de servicio e interés público, que ahora con la ley neoliberal en materia energética es para beneficio exclusivo del capital privado nacional y transnacional.


“Hacemos un llamado a todas las comunidades afectadas por la imposición de estos proyectos hidroeléctricos a iniciar un proceso de coordinación y alianzas con el objetivo de hacer valer nuestro derecho a la información, consulta y a decidir sobre los recursos naturales que están en nuestras tierras, que como comunidades indígenas y campesinas tenemos; no dudamos que ante nuestra determinación de no vender nuestras propiedades se incrementen modalidades de violencia gubernamental en contra de quienes estamos organizados para defender nuestro único patrimonio familiar-comunitario la tierra y los recursos naturales”, dice el comunicado.

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
AUTOR: FERNANDO INÉZ CARMONA.