Gobierno de AMLO renta aeronaves a Grupo Higa, la de la “casa blanca” de Peña Nieto, revela MCCI

Entre 2021 y 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) asignó directamente más de 120 órdenes y contratos de servicios aeronáuticos, por un monto equivalente a más de 11 millones de pesos, a una empresa ligada a Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de Grupo Higa, a quien Andrés Manuel López Obrador acusó de entregarle a Enrique Peña Nieto la “casa blanca” de Las Lomas de Chapultepec, como un “moche” o soborno a cambio de contratos gubernamentales.

Grupo Higa sí ayudó a EPN con la “casa blanca” y facilitó propiedad de Malinalco a Videgaray: Lozoya

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, Hinojosa Cantú era tratado como socio por el Gobierno peñista y fue impulsado en la adjudicación de proyectos de ingeniería y obra. Sin embargo, esto cambió luego de la investigación periodística sobre la “casa blanca”.

El Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, le habría facilitado la “casa blanca” al expresidente Enrique Peña Nieto, y la casa de Malinalco al exsecretario Luis Videgaray, mismas que habrían desatado un escándalo político por el que supuestamente canceló el proyecto del tren México-Querétaro, según dijo Emilio Lozoya Austin en su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Protección a constructoras que violan resolución judicial

Grupo Higa desdeña resolución judicial federal y mantiene la construcción de autopista en comunidad otomí. Pobladores de Santa Cruz Ayotuxco ven cómo siguen las obras, protegidas por funcionarios y policías del Estado de México.

Sierra de Huixquilucan, Estado de México. El pasado 6 de abril de 2017, la comunidad indígena Otomí Ñuhú de Santa Cruz Ayotuxco obtuvo el resolutivo favorable del recurso de revisión 27/2017. Está resolución indica suspender todos los trabajos de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, hasta que se resuelva el amparo 1396/2015.

A partir de esa fecha por diferentes instancias los comuneros han intentado hacer valer esta resolución de carácter federal y los resultados han sido desfavorables para ellos. Pero esta situación no es menor, se “entrelazan redes de corrupción, intereses económicos corporativos y la violación a los derechos humanos y de los pueblos indígenas”, señalan pobladores.

El Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla #Edomex propone alternativa técnica frente a la autopista impuesta Toluca-Naucalpan.

Basada en túneles y puentes, propone permitir el cruce humano y de fauna, así como de las fuentes de agua de la comunidad, a diferencia del proyecto de Grupo Higa.

Desde hace más de 10 años, el gobierno del Estado de México y la empresa Autopistas de Vanguardia, filial de la Constructora Teya del Grupo Higa, han intentado construir la autopista Toluca-Naucalpan que pretende cruzar y dividir a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en Lerma Estado de México, así como a otras comunidades. El proyecto de la Autopista Toluca-Naucalpan adjudicado a la empresa, implica la separación de la comunidad, de sus bienes naturales y culturales en el tramo correspondiente del kilómetro 14.000 al 18.000. Es un proyecto que afecta bosques, fauna, lugares sagrados y cultura del pueblo otomí.

¿Qué razones dio EPN para quitar tierras a Xochicuautla y darlas a Higa? Los otomíes sabrán… en 2022

Los habitantes de San Francisco Xochicuautla no podrán conocer los detalles del proceso expropiatorio de sus tierras donde el Grupo Higa construye la autopista Toluca-Naucalpan. La Sedatu, a cargo de Rosario Robles Berlanga, clasificó como reservado el expediente hasta el 20 de octubre de 2022. Es decir, cuando la presente Administración tenga cuatro años de haber dejado la residencia oficial de Los Pinos.

Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.

“Glosario del ciclo de corrupción OHL-Edomex”

Alfredo Del Mazo podría convertirse en el tercer gobernador del Estado de México en llegar al poder gracias a la caja sin fondo que construyeron el Grupo Atlacomulco y OHL, cimentado en un CLCLO de corrupción e impunidad que ha definido las últimas elecciones en el Estado de México y que llevó a Enrique Peña Nieto a la Presidencia.

Alfredo Del Mazo podría convertirse en el tercer gobernador del Estado de México en llegar al poder gracias a la caja sin fondo que construyeron el Grupo Atlacomulco y OHL, cimentado en un CLCLO de corrupción e impunidad que ha definido las últimas elecciones en el Estado de México y que llevó a Enrique Peña Nieto a la Presidencia.

EL CICLO es una historia fragmentada. Sus protagonistas y episodios han sido denunciados por periodistas y ciudadanos, desde hace varios años.

Los fantasmas de OHL, Grupo Higa o la ASF persiguen a Eruviel Ávila en el cierre de su administración

Luego de la inseguridad y la pobreza, el tema de la corrupción se ha convertido en uno de los de mayor importancia en el Estado de México y para el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas. Si bien muchos de los casos han sido herencia de administraciones anteriores o del ámbito federal, Eruviel se ha dedicado a mantener en la impunidad a quienes los han protagonizado y además ha cooperado con el uso indiscriminado de la fuerza pública, sobre todo cuando de comunidades originarias se trata.

Al cumplirse el primer mes de campaña por la gubernatura del Estado de México, los candidatos han posicionado en sus agendas estatales el tema que asola al Poder Ejecutivo: la corrupción.

En consecuencia, Alfredo del Mazo Maza, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha sido el más cuestionado por lo que el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas ha dejado de hacer y por los escándalos que ha protagonizado su primo, el Presidente Enrique Peña Nieto.

Eruviel Ávila no habla mucho de los casos que le cargan. OHL, Xochicuautla y Grupo Higa o todo lo detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son temas menores en sus discursos donde sobresale el “vamos bien”.

Dinero sucio de OHL, Odebrecht e Higa, a la campaña de Del Mazo

El abogado de la empresa Infraiber, Paulo Diez Gargari, sostiene que la captura en España de Javier López Madrid, el yerno del accionista mayor de OHL, por corromper a un funcionario a cambio de privilegios en las obras públicas, confirma el esquema que el grupo constructor –pero también otros como Higa y Odebrecht– aplica en México. En entrevista con Proceso, el litigante expone que hay “indicios fundados” de que la trasnacional paga con sobornos las facilidades para operar dos rentables vialidades de cuota mexiquenses, y de que ese dinero sucio puede financiar el apoyo ilegal del gobernador Eruviel Ávila a la campaña electoral del priista Alfredo del Mazo.

Ningún usuario se imagina que cuando paga por usar el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, dos vías de cuota para cruzar la anárquica zona metropolitana del Estado de México –vecina de la capital del país–, parte de ese dinero se destina al soborno de funcionarios y al financiamiento ilegal de campañas políticas como la de Alfredo del Mazo, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de esa entidad.

Y menos saben los usuarios que dinero de la empresa que explota esas dos vías de comunicación de cuota, concesionadas a OHL por Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador, se envía a su matriz de España para corromper también a gobernantes del Partido Popular a cambio de privilegios en obra pública, como consta en la investigación que llevó a la captura de Javier López Madrid, yerno del máximo accionista de la constructora, Juan Miguel Villar Mir.

Grupo Higa encareció costos de #HangardeEPN por 59 mdp: Auditoría Superior

Las auditorías concluyeron que en la construcción no se acreditaron los criterios de eficiencia, economía, honradez y transparencia.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que en la construcción del nuevo hangar presidencial, la empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, encareció dos conceptos que derivaron en pagos irregulares por 59 millones de pesos.

Sin embargo, en los reportes de la ASF, con corte a diciembre de 2016, no se comprobó la recuperación de dinero o si se presentaron denuncias penales por esta irregularidad.


El documento que resume las auditorías concluye que en la construcción del hangar presidencial no se acreditaron los criterios de eficiencia, economía, honradez y transparencia.

Este lunes, Aristegui Noticias documentó cómo el presupuesto del hangar presidencial pasó de 685 millones a mil 182 millones, afectando el proyecto de manera estructural.

Según documentos oficiales, el hangar se vio afectado por los errores de las tres empresas participantes, ante la mira de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (vía el Aeropuerto capitalino) y Presidencia de la República:

• La empresa proyectista (SGS de México) no acabó los planos a tiempo.
• La constructora (Concretos y obra Civil del Pacífico, de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del Presidente) ejecutó mal los trabajos y propuso cambios estructurales para evadir sanciones.
• La empresa supervisora (Bufete de Control de Calidad) no acreditó haber vigilado los trabajos correctamente.

PAGOS IRREGULARES

La Auditoría Superior de la Federación encontró “pagos indebidos” por 67 millones 837 mil pesos.

De esas cantidad, la ASF reveló que la constructora de Hinojosa Cantú encareció dos precios de productos, que se reflejaron en un gasto extraordinario e irregular por 59 millones 987 mil pesos.

Se trata del precio del concepto “suministro, fabricación y puesta en obras, de estructura metálica atornillable, formada con perfiles laminados de acero ASTM A-36…”, que se elevó respecto “de los precios de mercado por lo que se efectuó un pago en exceso de 24 millones 777 mil pesos”.

También, en el precio unitario de “Acarreo en camión, incluye: cargo directo por costo de mano de obra que intervenga…”, donde “no se contó con las especificaciones generales y particulares ni con la autorización de los bancos de tiro que acrediten los rendimientos asentados en el precio por 35 millones 210 mil pesos”.

El resto de los pagos extraordinarios se desglosa en tres conceptos:

• Penalizaciones por incumplimiento del programa de servicios por 6 millones 79 mil pesos.
• Retenciones o sanciones por el incumplimiento del programa de obra por 12 mil pesos.
• Actividades sin comprobar de la empresa supervisora por un millón 593 mil pesos
• Incorrecta integración del costo directo del contrato del director responsable de obra y corresponsables por 164 mil pesos.

ERRORES DE PROCEDIMIENTO

La ASF encontró que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) adjudicó directamente el contrato a Concretos y Obra Civil del Pacífico sin contar con “el proyecto ejecutivo que permitiera ejecutar ininterrumpidamente los trabajos, ya que éste no se concluyó sino 160 días naturales después de la fecha de terminación pactada (22 de diciembre de 2014)”.

Aristegui Noticias comprobó, mediante la bitácora de obra, que durante los 18 meses de los trabajos los constructores se quejaron por la falta de planos e, incluso, por su precisión.

Por esta razón, la Auditoría ordenó investigar a los funcionarios que permitieron adjudicar directamente una obra para la que no había un proyecto ejecutivo.

Los auditores encontraron que durante 2014 el AICM pagó obras extraordinarias sin haber celebrado un convenio modificatorio.

Aunque elAaeropuerto contrató una empresa sólo para supervisar las obras, la ASF concluyó que no hubo manera de verificar la calidad de los trabajos.

“No se vigiló ni controló la realización de los trabajos en sus aspectos de calidad, costo, tiempo ni se ajustó a los programas de ejecución de acuerdo con los avances pactados en el contrato, debido a que el proyecto fue extemporáneo, tuvo modificaciones y volúmenes adicionales”, dice el documento 14-2-09KDN-04-0409.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1801/mexico/grupo-higa-encarecio-costos-de-hangardeepn-por-59-mdp-auditoria-superior/

“La Gaviota” regresó la “Casa Blanca”; Higa le reintegró su dinero y hasta los intereses

CIUDAD DE MÉXICO: Un mes después de publicarse el reportaje sobre la llamada “Casa Blanca” en la colonia Lomas de Chapultepec, la primera dama Angélica Rivera Hurtado habría cancelado la operación al regresar su dominio a una empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista gubernamental que la construyó y se la financió.


No lo hizo en los términos en que lo anunció, cuando el 18 de noviembre de 2014 publicó un video “para defender su integridad, la de sus hijos y la de su marido” e informó que vendería los derechos del inmueble para que no se siguiera ofendiendo a su familia.

“Con la misma apertura con los que les he compartido los detalles de esta casa, quiero comunicarles que he tomado la decisión de vender los derechos derivados del contrato de compraventa, porque yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender a mi familia”, expuso en aquel entonces.

La información emitida hoy por la Presidencia de la República da cuenta de que no vendió los derechos, sino que canceló la operación y que el contratista Hinojosa Cantú le regresó el dinero y los intereses que llevaba pagados. No se menciona ninguna penalización como es habitual en este tipo de transacciones cuando una de las partes da por terminada la relación contractual.

“Por la terminación anticipada del contrato de compraventa, las partes pactaron que la señora Angélica Rivera Hurtado pagara el equivalente a una renta por el tiempo en que tuvo posesión del inmueble. Por su parte, la inmobiliaria reintegró a la señora Rivera los pagos que había realizado entre el 12 de enero de 2012 y el 11 de diciembre de 2014 más los intereses respectivos”.

Hoy, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó seis leyes que sustentarán el Sistema Nacional Anticorrupción, la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República emitió una ficha informativa sobre el convenio de cancelación de la compraventa relativo a la residencia de escándalo, que establece como fecha de finiquito el 11 de diciembre de 2014.

La Presidencia precisó que, si bien tenía la posesión del inmueble, la operación nunca se concretó en transmisión, debido a que era una compraventa con reserva de dominio.

Con lo anterior, la Presidencia declaró que Rivera Hurtado ya no tiene relación con ese inmueble.

Durante la promulgación de las leyes anticorrupción este lunes, el mandatario federal pidió “perdón” por haber generado inconformidad, aun cuando repitió como en otras ocasiones que no hubo nada ilegal. Inclusive, consideró que los servidores públicos además de cumplir la ley deben cuidar la percepción que se pueda tener de sus acciones. Y fue en ese sentido que dijo, “cometí un error”.

La investigación

El 9 de noviembre de 2014, el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui publicó un reportaje –en su portal de internet Aristegui Noticias y en la edición 1984 de Proceso— sobre la residencia que al inicio de la administración presumió la primera dama en una revista del corazón.

El reportaje mostró que en la construcción de la residencia ubicada en la calle Sierra Gorda 150 habían participado con opiniones e indicaciones, el presidente Peña Nieto y su esposa, de acuerdo con testimonios de trabajadores.

También demostró que el inmueble se comunicaba con la residencia de Angélica Rivera –adquirida presuntamente por su trabajo de actriz en Televisa– ubicada en Paseo de las Palmas1325, ambas en Lomas de Chapultepec, uno de los sectores más exclusivos y de mayor plusvalía del continente.

Pero sobre todo, el reportaje reveló que la construcción estuvo a cargo de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una razón social sin mayor actividad que esa operación y que dicha empresa era de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de numerosas empresas dedicadas a la proveeduría gubernamental y que, durante el sexenio de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, consiguió unos 35 mil millones de pesos en contratos.

Más tarde, Proceso documentó que en dos años de gobierno federal Hinojosa sumó más de 60 mil millones en contratos de obra.

Días después, el 18 de noviembre de 2014, al regresar de una gira de trabajo por China y con el escándalo desatado inclusive en medios internacionales, Peña Nieto anunció que sería su esposa la encargada de explicar la forma en que se adquirió la propiedad. Entonces ella publicó en YouTube el video mencionado.


Fue hasta febrero de 2015 cuando Peña Nieto instruyó una investigación sobre el caso, para lo cual designó como secretario de la Función Pública a Virgilio Andrade. El resultado se dio a conocer en agosto siguiente, cuando el funcionario informó que el mandatario federal no incurrió en conflicto de intereses. Sin embargo, admitió que no se revisaron otros posibles actos ilícitos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447723/la-gaviota-regreso-la-casa-blanca-higa-le-reintegro-dinero-los-intereses

SCT se reunió con Higa, en medio de investigación sobre casa blanca: WSJ

El diario estadounidense señala que Grupo Higa ha ganado contratos del gobierno por al menos mil 200 millones de dólares.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, se reunió dos veces en 2015 con Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, en medio de la investigación de la Secretaría de la Función Pública, sobre la compra de la casa blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, y la de Malinalco, de Luis Videgaray, a ese contratista del gobierno.

Así lo reveló este miércoles el diario The Wall Street Journal, e indicó que dichos encuentros fueron durante junio y julio, de acuerdo con documentos obtenidos por medio de solicitudes de transparencia.

Dichos documentos revelan que el propósito de dichas reuniones fue monitorear el avance de los trabajos de remodelación del hangar presidencial en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Sin embargo, en la reunión también se trataron otros temas, incluyendo la investigación que estaba en desarrollo sobre las compras de las residencias, reconoció una persona con conocimiento de dichos encuentros, destacó el diario estadounidense.

“Esas fueron reuniones inapropiadas por las circunstancias especiales (por la investigación que se estaba realizando)”, dijo Max Kaiser, un experto anticorrupción del IMCO.

“Aunque es cierto que este tipo de encuentros entre funcionarios y contratistas son comunes en México”, reconoció.

En febrero 2015, el presidente Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública y su primera encomienda fue la de investigar las compras de la casa blanca, la de Malinalco y también una que compró Peña a otro contratista en Ixtapan. Pasaron unos meses y en agosto de ese año, Andrade resolvió que no hubo conflicto de interés en ninguno de los casos.

Sobre las reuniones con Higa, un vocero de Ruiz Esparza dijo a WSJ que éstas se dieron por trabajo y asistieron funcionarios de diversas agencias gubernamentales. Pero no comentó si Ruiz Esparza e Hinojosa trataron otros temas.

De acuerdo con el diario estadounidense, antes y después de financiar las dos viviendas, al menos cuatro empresas de Hinojosa, encabezadas por Grupo Higa, recibieron contratos del gobierno por al menos mil 200 millones de dólares, primero cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México durante 2005 a 2011, y después como Presidente, en 2012.

Banobras también dio contratos a una empresa de Hinojosa en 2013, cuando Videgaray era titular de Hacienda y presidente del consejo del banco, añadió.


WSJ recordó que el nombre del dueño de Higa, Hinojosa, era parte de los Panama Papers, ya que transfirió unos 100 millones de dólares el año pasado a una cuenta en un paraíso fiscal, después de los escándalos por sus negocios con el gobierno.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1805/mexico/sct-se-reunio-con-higa-en-medio-de-investigacion-sobre-casa-blanca-wsj/

Rechazan que haya tratos bajo el agua de Higa

Ciudad de México. El comisariado de bienes comunales (CBC) de San Francisco Xochicuautla y del barrio La Concepción es el órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros de esos poblados mexiquenses, a los que el gobierno federal les expropió 37 hectáreas de terrenos comunales por donde pasará la autopista Toluca-Naucalpan, y fue por ello que la constructora Autovan les ha entregado hasta el momento 130 millones 53 mil 257 pesos.

En una tarjeta informativa elaborada por abogados de la empresa filial de Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, se precisa que ese dinero se ha entregado en cumplimiento a los convenidos firmados desde 2009 entre el gobierno del estado de México (en representación de la empresa concesionaria de las obras de la autopista) y el CBC (que representa a 882 comuneros de ambos poblados).

La empresa precisó que el artículo 98 de la Ley Agraria (reglamentaria del artículo 27 Constitucional), estipula que el CBC es el representante legal y administrador de los recursos que obtengan los comuneros de Xochicuautla y del barrio La Concepción, motivo por el cual haberle entregado recursos a los integrantes del comisariado por concepto de indemnización por la expropiación de sus tierras está previsto en la normatividad agraria.

De su lado, abogados de Autovan consultados, quienes pidieron no mencionar su nombre, aseguraron que no existen tratos bajo el agua o alguna otra irregularidad en los pagos que ha recibido el CBC tanto en depósitos o transferencias bancarias como en un fideicomiso, ya que todo ello está previsto dentro de la normatividad de la Ley Agraria vigente.

En la edición de este lunes La Jornada informó que la filial de Higa ha repartido al menos 100 millones de pesos en San Francisco Xochicuatla, acción que ha divido a comuneros e indígenas en torno a los convenios que autorizan la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan.

Según el desglose de pagos que tiene Autovan, por concepto de indemnización por el uso de las tierras comunales de Xochicuautla y su barrio La Concepción entregó al CBC el 9 de diciembre de 2009 13 millones 095 mil 770 pesos; otros 58 mil 934 millones se los depositó el 8 y 15 de diciembre de 2011; el 15 de mayo de 2012 les entregó un millón 319 mil 381 pesos; para 2015 los pagos ascendieron a 34 millones 154 mil 594 pesos y, finalmente, les depositó 398 mil 843 pesos el 14 de marzo pasado.

La empresa también acreditó ante el juzgado quinto de distrito con sede en Toluca (el cual otorgó dos suspensiones de amparo que mantienen detenidas las obras de construcción de la autopista en los tramos concernientes a los poblados afectados) que se ha entregado al CBC 2 millones 201 mil 383 pesos en material para construcción (cemento, mina picapiedra, entre otros).

Autovan también entregó al juzgado quinto comprobantes de pagos en efectivo a los integrantes del CBC por 14 millones 882 mil 174 pesos.

La Jornada posee copia de esos comprobantes de depósitos y transferencias bancarias que según la empresa constructora forman parte de los convenios firmados con el comisariado de bienes ejidales para efecto de los pagos indemnizatorios.

La mayoría de los 15 mil pobladores inconformes con la construcción de la autopista han argumentado en diversas demandas de amparo que los miembros del CBC están coptados por el gobierno mexiquense, que sus integrantes no informaron debidamente a toda la comunidad del proceso de expropiación de las 37 hectáreas que serán dañadas por la construcción de la autopista y que la construcción del proyecto carretero violaría los derechos humanos de los 15 mil indígenas otomíes que habitan ambos poblados.

Aunque los pobladores inconformes sostienen que los miembros del CBC están coptados por el gobierno mexiquense, en el mismo decreto de expropiación de las 37 hectáreas de terreno de 2015 se informa que en junio de 2014 se realizó una asamblea comunal y ahí se autorizó la construcción de la autopista, con el aval de la mayoría de votos de los 882 comuneros de ambos poblados.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.

LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/16/rechazan-que-haya-tratos-bajo-el-agua-de-higa