Denuncian represalias contra defensores de los cenotes en Homún

El gobierno de Yucatán realizó un operativo y clausuró los paradores turísticos “de los más visibles defensores del agua” de la comunidad maya de Homún, sólo dos días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallara a favor de la infancia del pueblo y suspendiera la megagranja porcícola que amenazaba el agua de la región, denunció el Equipo Indignación.

Los defensores calificaron el operativo como una “represalia” por la victoria jurídica contra la megagranja de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) y manifestaron su preocupación ante la criminalización de quienes defienden los derechos ambientales y de los pueblos.

Denuncian amenazas contra defensores de la Red Ambiental del Valle de Jovel en Chiapas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció las amenazas y agresiones por parte de un grupo de choque contra 15 integrantes de la Red Ambiental del Valle de Jovel, Chiapas.

La agresión fue perpetrada cuando los defensores llevaban a cabo una acción en defensa de los humedales de Montaña María Eugenia, un área natural de 115 hectáreas en el municipio de San Cristóbal de las Casas, donde la construcción de varios inmuebles pone en peligro el ecosistema.

12 ambientalistas y defensores han sido asesinados este año; Oaxaca y Chiapas, los estados más peligrosos

Cinco de los defensores y ambientalistas fueron atacados en Oaxaca, y otras cuatro en Chiapas. “México es uno de los países mas peligrosos del mundo para los activistas", alerta Amnistía Internacional.

Oaxaca y Chiapas son los dos estados más mortíferos para ambientalistas y defensores de los derechos humanos. En lo que va del año año, al menos 12 activistas fueron asesinados, según datos recogidos por Amnistía Internacional. Cinco de estas víctimas fueron atacadas en Oaxaca y otras cuatro en Chiapas. La organización de defensa de los derechos humanos inició recientemente la campaña “No Más Asesinatos: Alza la Voz por las y los Ambientalistas en México” para denunciar estos ataques.

Tras asesinato de Ramón Hernández en Chihuahua, organizaciones exigen fin a la violencia contra defensores ambientales

Organizaciones y activistas exigieron al gobierno poner fin a la ola de violencia contra los defensores ambientales, luego de que el pasado 13 de junio fue asesinado Ramón Hernández Nevárez, de la organización El Barzón, junto con su hijo Anselmo Hernández Andujo.

Ambos formaban parte de la defensa contra sobreexplotación de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen y ya antes habían denunciado las amenazas de las que eran víctimas, sin éstas ser atenidas por los funcionarios, señalaron las organizaciones.

Greenpeace coloca tanque de oxígeno a la Diana Cazadora; exige aire limpio y transporte público no contaminante

Un grupo de activistas medioambientales puso una manta con la leyenda “El aire en México mata”, la cual busca evidenciar que la mala calidad del aire cobra la vida de al menos 48 personas diariamente en México.

Activistas de Greenpeace colocaron una máscara y un tanque de oxígeno a la estatua de la Diana Cazadora con el mensaje “El aire en México MATA” este miércoles, con la finalidad de exigir aire limpio y transporte público no contaminante para todo el país.

La organización defensora del medio ambiente a nivel internacional precisó que la manifestación buscó hacer un llamado urgente a las autoridades y candidatos a cargos públicos en todos los niveles de Gobierno, a fin de que reconozcan la gravedad de la situación y para que se comprometan con medidas efectivas para mejorar la calidad del aire, la cual cobra la vida de al menos 48 personas diariamente en México.

ONGs le piden a EPN que cumpla lo que le prometió a DiCaprio y empiece, ya, la defensa de la vaquita

En el marco del Día Mundial de los Océanos, Greenpeace celebró que “actores de relevancia internacional” se sumen a la campaña de protección de la marsopa más pequeña y amenazada del mundo, pero lamentó que las autoridades mexicanas actúen “ante la solicitud de celebridades y empresarios, y no lo haga porque es su responsabilidad”.

Organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, calificaron el documento de protección a la vaquita marina, firmado ayer por el Presidente Enrique Peña Nieto, el actor Leonardo DiCaprio y el multimillonario Carlos Slim, como “una lista de buenas intenciones”.

La agonía de la vaquita marina se aceleró con el PVEM en Semarnat, acusan Greenpeace y especialista

El periodo en el que la vaquita marina ha sufrido su más fuerte declive coincide con la llegada de un funcionario y militantes del Partido Verde Ecologista de México a la Semarnat. Hasta 2012, alrededor de 200 ejemplares de la marsopa más pequeña del mundo nadaban en las aguas del Alto Golfo de California, y ya para febrero de este año la población alcanzaba apenas 30, de acuerdo con el último reporte del Comité Internacional para la Recuperación de la especie (CIRVA).

La vaquita marina está cada vez más cerca de la extinción, alertan grupos civiles y animalista. En sólo un par de semanas fueron hallados dos cadáveres de ejemplares de la especie endémica de México y su población ha disminuido en un 90 por ciento en los últimos cinco años, tiempo en que un funcionario militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fundado en 1986, lleva las riendas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Indígenas y campesinos denuncian carencia de consulta en Ley Forestal

Carencia de consulta, falta de soluciones a los problemas en el sector forestal y retrocesos en materia de derechos de los pueblos indígenas y campesinos, son algunos de los puntos que denunciaron organizaciones de la sociedad civil y académicos frente al dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que se aprobó el pasado 21 de febrero por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT) de la Cámara de Diputados.

Aseguraron que la reforma a la Ley Forestal representa un retroceso en los derechos de las comunidades indígenas y campesinas en materia del manejo forestal comunitario, y que sólo beneficiaría a su promotor, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).


Por ello, las organizaciones y los académicos hicieron un llamado a los Legisladores a que no aprueben dicho dictamen, “oscurito y con prisa”, cuando se someta a votación en el Pleno del Congreso de la Unión, y que, por el contrario, convoquen a un proceso de reforma de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable abierto y transparente.

Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), explicó que con este tipo de iniciativas, las autoridades mexicanas exhiben una “necesidad de control con las políticas forestales” y así muestran “un proyecto de gobierno autoritario que no quiere dejar ningún resquicio de participación ciudadana”.

No conformes con ello, la iniciativa pone en riesgo la vida de los bosques, pues su manejo sería inadecuado, se inhibiría el manejo sustentable de los ecosistemas y ya no continuaría el cuidado proporcionado durante generaciones por los indígenas y campesinos. Ante esto, y la indiferencia que presentan las autoridades, Benet aseguró que la “avaricia y codicia” representan al PVEM y no “un verde relacionado con el medio ambiente”.

Por su parte, Carlos Pérez Sebastian, de Silvicultura Ocote Real, lamentó que el gobierno restrinja a los indígenas y quite su derecho a quienes protegen los bosques. “Las leyes se hacen para saquear los territorios y permitir que siga habiendo un gran saqueo de nuestros territorios para dejar pasar a las empresas trasnacionales. Estas reformas han servido para saquear nuestros territorios, las autoridades actúan en contubernio con los empresarios”, apuntó.


Por último, el académico de la Universidad de Chapingo, Gonzalo Chapela, argumentó que el dictamen “no tiene prácticamente ningún avance en comparación con la Ley vigente desde 2003”. En contraparte, dijo, presenta retrocesos importantes y desaprovecha múltiples propuestas para mejorar el marco jurídico del sector.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/indigenas-campesinos-denuncian-carencia-consulta-ley-forestal/

Ambientalistas repudian abrogación de plan de ordenamiento ecológico en Oaxaca

OAXACA, Oax: Ambientalistas acusaron a diputados locales de violar acuerdos internacionales, la Constitución federal y las leyes General de Equilibrio Ecológico, así como de Protección al Ambiente, al abrogar el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional justo en el arranque de la Zona Económica Especial (ZEE).


Activistas del Comité Técnico de Cambio Climático del Estado de Oaxaca (CTCC) manifestaron a los legisladores no tienen facultad para anular este programa, sobre todo porque se atenta contra la población, los ecosistemas y la biodiversidad de la entidad.

Es por ello que exigieron al gobierno de Alejandro Murat que publique el Programa Estatal de Cambio Climático (PECC) para su pronta puesta en marcha.

Y a la LXIII Legislatura le demandaron modificar el Programa de Reordenamiento Ecológico para evitar la depredación de los recursos naturales y el medio ambiente al implementarse proyectos de infraestructura en regiones de la entidad.

En rueda de prensa la presidenta del Comité, Tzinnia Carranza López, cuestionó la negativa de diputados del PRI de enmendar sus errores.

Alertó que en medio de las fallas legislativas en materia ambiental, la sequía alcanza condiciones extremas nunca vistas en Oaxaca, ya que en dos meses se han presentado seis veces más incendios que en todo 2016, percances que han quitado la vida a cuatro personas.

Además, los basureros están rebasados y la contaminación sigue aumentando en todas las ciudades.

Carranza López destacó que el programa estatal y el de reordenamiento son instrumentos indispensables para preservar la biodiversidad, el derecho humano a un medio ambiente sano, disminuir los efectos del cambio climático y los riesgos de desastres.

Refirió que de acuerdo con el artículo 71 de la Ley General de Cambio Climático, el gobierno estatal deberá elaborar su PECC al inicio de cada administración y alinearse con el Plan Estatal de Desarrollo.

Los ambientalistas insistieron en cuestionar la abrogación del Programa de Reordenamiento Ecológico, publicado en el Periódico Oficial el pasado 28 de enero, ya que “este acto denota un absoluto desconocimiento de las implicaciones ambientales, sociales, políticas y legales que conlleva”.

A manera de ejemplo, mencionaron que debido a la sequía y los fuertes vientos, la temporada de incendios se adelantó siniestrando 7 mil 664 hectáreas hasta esta fecha, cifra que representa 600% más de la superficie de hectáreas incendiadas durante todo el año pasado.

Mientras que las heladas han destruido la producción de cultivos de importancia en muchas comunidades, afectando la economía familiar y agravando los mecanismos de sobrevivencia de las comunidades; los huracanes cada vez son más frecuentes e intensos y afectan a población, bienes, servicios, zonas de humedales, bosques y selvas.

Además, Oaxaca ocupa los primeros lugares nacionales de vulnerabilidad ante el cambio climático, sus efectos tienen impactos en la población, ecosistemas, biodiversidad, sistemas productivos y economía del estado.


El CTCC es un órgano técnico honorífico de carácter permanente emanado de la Ley de Cambio Climático del Estado de Oaxaca (LCCEO), constituido el 3 de junio de 2014.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475599/ambientalistas-repudian-abrogacion-plan-ordenamiento-ecologico-en-oaxaca

Activistas de todo el mundo exigen al Gobierno mexicano esclarecer el asesinato de Isidro Baldenegro

Defensores de los bosques en todo el mundo exigieron al Gobierno de México “que realice una investigación rápida, independiente y transparente” sobre la muerte del defensor de los bosques Isidro Baldenegro, asesinado a tiros hace dos semana en Chihuahua. Las autoridades del estado sólo han logrado la identificación del presunto agresor.

Más de 60 premios Goldman condenaron, nuevamente, el asesinado del defensor de los bosques en la Tarahurama, Isidro Baldenegro López, ocurrido el pasado 15 de enero, y exigieron al Gobierno mexicano una investigación rápida y transparente.

“Nosotros, galardonados con los Premios Ambientales Goldman de todo el mundo, estamos profundamente entristecidos y indignados por el asesinato de Isidro Baldenegro López el 15 de enero de 2017. Hasta la fecha, hay poca información disponible sobre las circunstancias de su muerte. Nosotros, sin embargo, denunciamos su asesinato en los términos más fuertes posibles”, dicen en una carta los activistas internacionales.

En los últimos dos años, dos personas condecoradas con el prestigioso Premio Ambiental Goldman fueron asesinadas, una de ellas fue Isidro Baldenegro, líder de los tarahumaras, quien también se convirtió en la doceava víctima en 30 años dentro del territorio ancestral.


Baldenegro, de 51 años, encabezó una campaña contra la tala ilegal en las montañas de la Sierra Madre, hogar de algunos de los últimos bosques vírgenes del norte de México.

A dos semanas del asesinato del líder indígena, quien recibió al menos seis disparos en el pecho, abdomen y una pierna, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua sólo informó que había logrado identificar al agresor, un joven de 25 años que estaría relacionado con una familia que trabaja para un cacique. No hay más.

Los premios Goldman exigieron al Gobierno de México “que realice una investigación rápida, independiente y transparente sobre su muerte, y que haga todo lo que esté en su poder para llevar a los perpetradores ante la justicia”.


“Esto es particularmente urgente considerando que los activistas ambientales en América Latina están siendo asesinados a un ritmo alarmante, especialmente durante el año pasado”, resaltaron en la misiva.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-01-2017/3142398

Cazatesoros gringos y AHMSA van por el fósforo de Baja California Sur

Un emporio de cazadores estadunidenses de tesoros, asociados con la poderosa compañía Altos Hornos de México (AHMSA), busca crear la mayor mina marítima de fósforo en el mundo en las costas de Baja California Sur, de la mano de las autoridades del país. Sin embargo, grupos ambientalistas y pescadores de la zona advierten que los trabajos pueden remover elementos tóxicos, afectar la ruta migratoria de especies protegidas y deteriorar la pesca; en suma, devastar los ecosistemas de la región.

SAN JUANICO, BCS: La vida en este poblado de 500 habitantes gira alrededor del surf y la pesca. Aquí, el océano Pacífico es potente y dadivoso. Las playas son visitadas en el verano por surfistas que practican en la bahía Escorpión, famosa por tener la segunda ola más larga del mundo. Luego, en octubre, comienza la temporada de pesca de langosta, que deja buenas ganancias a los pescadores. Quienes nacieron aquí o son pescadores o albañiles en las construcciones de los estadunidenses o se van de San Juanico.

Frente a este lugar, a 40 kilómetros de la costa, Odyssey Marine Exploration, una empresa estadunidense dedicada a buscar tesoros en barcos hundidos, planea extraer fósforo del fondo marino, lo que generó una fuerte oposición de organizaciones ambientalistas y pescadores de la zona.

El proyecto minero –llamado Don Diego– está en el Golfo de Ulloa, perteneciente al municipio de Comundú, Baja California Sur. De llevarse a cabo, aplicará una técnica de minería que nunca ha sido probada comercialmente. Esta técnica consiste en dragar y extraer fósforo del lecho marino. El problema es que se desconocen sus riesgos o afectaciones. Aunque la empresa dice que los peligros de la extracción submarina son mínimos, biólogos aseguran que el dragado afectará el ecosistema.

Pero no sólo los científicos ven el yacimiento como una amenaza. “Si trabajan aquí tronamos, se acaba el pueblo, se acaba todo. Y lo mismo va a pasar en otras partes porque las corrientes del mar van y vienen”, dice Juan Luis, poblador y pescador de San Juanico.

En septiembre de 2016, Namibia se convirtió en el primer país en aprobar una mina submarina de fosfato en el mundo tras una moratoria de 18 meses, hasta que la empresa Namibian Marine Phosphate (NMP) realizó estudios para proteger la industria pesquera de la zona. Aun así, los pescadores dudan de los análisis, que fueron pagados por la misma compañía. Y otro proyecto similar de Odyssey permanece vetado en Nueva Zelanda.

Por su parte, los promoventes de la mina Don Diego venden su operación como una segura y necesaria inversión que beneficiará al campo mexicano. Señalan que al extraer fósforo, un elemento esencial para fabricar fertilizantes, México se librará de la obligación de importar este mineral. Pero organizaciones sociales e investigadores consideran que este argumento es falaz: sólo una estrategia para conseguir apoyo político.

Si bien la iniciativa ya fue rechazada una primera vez por las autoridades ambientales mexicanas, Odyssey Marine Exploration se asoció con Altos Hornos de México (AHMSA, la siderúrgica más grande del país) para promoverla. Así, los cazadores de tesoros preparan, de la mano de exfuncionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), una nueva Manifestación de Impacto Ambiental para obtener los permisos de operación de la mina subacuática.

En México, lo que hasta ahora detiene el proyecto es que el lugar es ruta migratoria de la tortuga amarilla, una especie protegida y en peligro de extinción que migra de Japón y pasa por la costa del Pacífico mexicano hasta Hawái.

Esta tortuga, y la presión que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a México para protegerla (ha amenazado incluso con un embargo pesquero) provocó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) decretara una veda pesquera en el Golfo de Ulloa durante tres meses.

Sin embargo, persiste la probabilidad de que se cree la mina. “Nuestra legislación es muy endeble. En realidad no hay nada que nos proteja bien, que proteja el ambiente. Es extremadamente fácil mantener un discurso de minería sustentable basado en nada, porque no tenemos la normatividad que lo asegure. Al contrario, ofrecemos todas las ventajas para que las empresas se lleven lo que quieren, no paguen impuestos y no haya un seguimiento”, considera la bióloga Jeanneht Armendáriz en entrevista.

Asociación binacional

Una empresa de cazatesoros. Así es definida Odyssey Marine Exploration en el boletín de la Secretaría de Cultura que promueve la exposición El último viaje de la fragata Mercedes, la cual reúne el tesoro rescatado del buque español hundido en el océano Atlántico en 1804.

Más de medio millón de monedas de oro y plata, pinturas de Goya y otros objetos considerados patrimonio cultural subacuático fueron saqueados en 2007 por Odyssey y transportados a Estados Unidos. Pero el gobierno español promovió un litigio, que duró cinco años, y la empresa fue sentenciada a regresarlo a España. Hoy, lo rescatado se exhibe en el Museo Nacional de Antropología de México.

Esa es la compañía que pretende perforar –a través de la subsidiaria Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de C.V.– la primera mina submarina del mundo para extraer fósforo en costas mexicanas.

La empresa fue fundada en 1994. Desde entonces se dedicó a desarrollar tecnología para recuperar y comercializar restos de barcos hundidos, un negocio que les permite cotizar en la bolsa de Nueva York desde 2003. Su sitio web resalta que ha descubierto y explorado más naufragios que cualquier otra compañía, grupo académico, organización o gobierno en el mundo.

Pero Odyssey también tiene una faceta minera: es socia mayoritaria de otras tres empresas (Neptune Minerals, Chatham Rock Phosphate y Oceanica Resources) que poseen licencias de explotación de depósitos minerales en el fondo marino.

“Odyssey ofrece servicios de contratación, incluyendo su experiencia en la exploración del fondo oceánico y el equipo, a gobiernos y compañías de todo el mundo”, señalan en su página en internet.

Neptune Minerals tiene concesiones en Nueva Zelanda y Japón. Y Chatham Rock Phosphate en Nueva Zelanda. Esta última promueve un proyecto similar al mexicano, que fue rechazado el 11 de febrero de 2015 por encontrarse en una Zona Económica Exclusiva de la plataforma continental (el mismo caso de Don Diego).

Oceanica Resources, basada en Panamá, es filial de Exploraciones Oceánicas, que a su vez es presidida por Daniel de Narváez, un historiador náutico colombiano que aparece en múltiples publicaciones de la socialité en ese país y fue presidente de la Asociación de Productores de Esmeraldas Colombianas (Aprecol).

A través de Exploraciones Oceánicas, Odyssey promovió ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la primera Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Don Diego para operar en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, en septiembre de 2014.

En marzo de 2015, Exploraciones Oceánicas recibió una inyección de capital de 15 millones de dólares de Minera del Norte (Minosa), subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), lo que convirtió a la empresa mexicana en socia mayoritaria. Entonces, el proyecto minero inició una nueva estrategia.

Alonso Ancira Elizondo, llamado El Rey del Acero, preside el consejo administrativo de AHMSA a la par de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero).

Después de que la empresa invirtiera en Exploraciones Oceánicas, retiró la MIA ingresada en 2014, a tan sólo días del fallo. Luego, en noviembre de 2015, Excélsior difundió que los directivos de la minera se reunieron con representantes del entrante gobierno panista de Baja California Sur para cabildear el proyecto Don Diego e ingresaron una nueva MIA, en la que anunciaron la asociación con la siderúrgica.

En marzo de 2015, Exploraciones Oceánicas demandó penalmente a un reportero bajacaliforniano, Carlos Ibarra, así como a miembros de la Cooperativa Pesquera Puerto Chale por dar a conocer que estaban perforando pozos de exploración sin la autorización de la Semarnat.

“Nos acusaron de un delito federal, una cosa risible: conspirar en contra del desarrollo económico de México”, afirmó Carlos Ibarra, y agregó que la Procuraduría General de la República (PGR) no le permitió revisar el expediente de la querella. La organización defensora de periodistas Artículo 19 denunció la existencia de una campaña de hostigamiento judicial contra el reportero, y a fines de 2015 la empresa retiró la demanda.

Para este reportaje se contactó a Odyssey Marine Exploration y a AHMSA. Sin embargo, se negaron a responder preguntas específicas. “En este momento no estamos dando entrevistas relacionadas con el proyecto Don Diego”, contestó Laura Barton, directora de Comunicaciones de Odyssey. Y la oficina de Relaciones Públicas de AHMSA declaró que no haría ningún comentario en su calidad de socia del proyecto.

Un último movimiento empresarial sucedió en diciembre de 2015: Odyssey vendió una parte de la compañía por 21 millones de dólares a Monaco Financial, firma estadunidense dedicada a comercializar monedas raras y productos de metales preciosos. Entonces, Mark Gordon, director de ­Odyssey, señaló el depósito de fosfato en el fondo marino de México (Don Diego) como un emprendimiento clave para su negocio.

La técnica de dragado

El proyecto Don Diego está localizado en el Pacífico, a 22 kilómetros de la costa, entre Punta Abreojos y Cabo San Lázaro, en Comondú, Baja California Sur. Toda esta área ahora es conocida como Golfo de Ulloa, aunque los pescadores de la zona dicen que sólo comenzó a llamársele así a partir del proyecto minero.

Lo que Exploraciones Oceánicas planea hacer allí es dragar el lecho marino para extraer 7 millones de toneladas de arena fosfática, las cuales serán procesadas para obtener el fósforo y el resto será regresado al mar. El plan prevé cinco etapas, cada una de 10 años. En total, 50 años de dragado continuo.

De acuerdo con organizaciones ambientales, el Golfo de Ulloa es un importante centro de actividad biológica. Por ahí migran especies protegidas como la ballena gris y cinco diferentes tipos de tortugas marinas, y viven unas 400 clases de peces. Por ello, afirma Jeanneht Armendáriz, bióloga e integrante de la asociación Medio Ambiente y Sociedad, es imposible que el dragado de la mina Don Diego no afecte las especies marinas y, con ello, la actividad pesquera.

“Van a hacer siete metros aproximadamente de dragado hacia abajo. Toda la fauna, la flora que haya en el fondo marino, la van a arrastrar y exterminar. Y, además, con esta remoción de minerales tóxicos lo que ocasionan es una productividad de microalgas nocivas, conocidas como mareas rojas, que afectarán muchísimo a las pesquerías”, explica.

Armendáriz también advierte sobre el riesgo radionuclear asociado a la minería de fósforo: este elemento usualmente se encuentra acompañado de elementos tóxicos como uranio, cadmio, cromo, vanadio, zinc y torio. La preocupación es que, con la remoción del lecho marino, estos minerales de acompañamiento también se liberen y queden flotando.

“En su estudio de impacto ambiental, la empresa manifiesta que encontraron una concentración considerable de uranio en el sedimento. Pero el problema con la normatividad es que no tenemos cantidades que sean permisibles en agua que no vayamos a beber”, puntualiza.

Anna Cederstav, codirectora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), asevera que la extracción de fosfato en el Golfo de Ulloa podría traer más daños que beneficios. “Nadie sabe si una mina de este tipo puede ser sustentable. Lo que sí se sabe es que la minería de fosfato en tierra tiene problemas enormes porque los sedimentos toman años en cimentarse”.

Crisis de fosfato

El consorcio Odyssey-AHMSA se encargó de promover la mina Don Diego ante políticos locales y el gobierno federal como indispensable para la seguridad alimentaria de México, uno de los puntos clave de la Cruzada Nacional Contra el Hambre impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Como México depende en gran medida de las importaciones extranjeras de fertilizantes (83%), los promotores de la mina de fosfato aseguran que su mina favorecerá a los agricultores mexicanos.

“Estamos hablando de un recurso que los países necesitan para asegurar su seguridad alimentaria. Y, básicamente, son cinco naciones las que controlan las reservas de fósforo en el mundo. Por lo tanto, esto puede convertirse en un problema de seguridad nacional y es preocupante que no esté en la agenda”, arguye Dana Cordell, integrante del Instituto para el Futuro Sostenible de la Universidad de la Tecnología en Sídney.

La investigadora aclara que no se trata de un agotamiento del recurso mineral, sino de una escasez provocada por razones geopolíticas y económicas: “Hoy en día, uno de cada seis agricultores no puede acceder a fertilizantes, y si el fósforo se vuelve más escaso por razones geopolíticas o por el alza de precios, menos agricultores podrán cultivar alimentos”.

Pero la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) considera en un análisis que “extraer fosfato en aguas de México no garantiza que será utilizado para suplir la demanda en ese país ni en el continente”.

En el caso mexicano, la falta de seguridad alimentaria obedece a otras razones, de acuerdo con el ingeniero agrónomo y especialista en economía agrícola Víctor Suárez Carrera.

“El hecho de que no haya seguridad alimentaria en México se debe a políticas públicas que ha impulsado el gobierno mexicano bajo presiones internacionales en los últimos 30 años”. Y apunta: el concepto de la seguridad alimentaria es complejo y tiene diversas dimensiones, y no está determinado por la escasez de un insumo como el fósforo.

Anna Cederstav, de AIDA, agrega que el vínculo entre la mina y el beneficio al campo mexicano es, por lo menos, débil. Lo que sí resulta claro, dice, es que si Don Diego se concreta afectará el ambiente, la pesca, la economía y el sustento social local.

La ruta de la tortuga

La pesca en el Golfo de Ulloa es muy importante. En él se realiza 70% de la extracción piscícola de Baja California Sur. Un ejemplo es la Cooperativa Pesquera Puerto Chale, que agrupa a 136 pescadores de San Juanito y Las Barrancas, dos poblados en la costa de este golfo. La temporada de langosta (que se inicia en septiembre) es la más lucrativa para esta cooperativa: reporta ventas de 90 a 100 toneladas del crustáceo al año.

Actualmente, en el Golfo de Ulloa existe una veda para proteger a las tortugas. El nombrado “refugio pesquero”, que comenzó en diciembre de 2014 y para 2015 se amplió, respondió a la alta mortandad de tortugas que sucedió en 2012, de acuerdo con las autoridades.

La ampliación de la veda permitió que, en septiembre de 2016, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) estadunidense certificara positivamente a México en relación con la protección de la tortuga caguama.

Antes, en agosto de 2015, la NOAA certificó negativamente a México y el gobierno de Estados Unidos amenazó al mexicano con realizar un embargo pesquero si no frenaba las muertes de tortugas.

Para la Sagarpa, la mortandad de esta especie se debe a su pesca incidental y, por ello, el 24 de junio de 2016 inició una veda general de cualquier tipo de pesca en la zona del refugio durante tres meses.

Juan Luis Murillo es pescador, originario de San Juanico, un poblado de unos 500 habitantes en el norte del Golfo de Ulloa. En verano este lugar recibe visitantes extranjeros (la mayoría canadienses y estadunidenses) que buscan surfear en el Pacífico. Fuera de la pesca y el turismo, la otra actividad económica rentable para los pobladores de San Juanico es trabajar como albañiles en las casas de los foráneos.

“No vamos a poder hacer nada. Nosotros estamos impuestos a estar trabajando y el mar ha sido nuestra vida”, dice Juan Luis, quien por la veda recibió 3 mil pesos quincenales como compensación, lo que no es suficiente para pescadores que en una buena temporada pueden obtener hasta 55 mil pesos en un solo día.

La veda general terminó el 1 de octubre y los pescadores iniciaron la temporada de captura de langosta. Sin embargo, para algunos defensores ambientales la veda debería ser permanente.

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, organización que en su momento se opuso a la mina Don Diego, considera que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) debe mantener el refugio pesquero en el Golfo de Ulloa.

La bióloga Jeanneht Armendáriz explica que la zona del refugio pesquero coincide con la zona donde se pretende realizar el dragado de la mina Don Diego, por lo que considera que existe una incongruencia de las autoridades que, por un lado, prohíben la pesca y, por el otro, mantienen abierta la puerta a un proyecto minero que arrasaría con las especies animales y vegetales, protegidas y no protegidas.


Este reportaje fue producido con el apoyo de Round Earth. Nina Feldman contribuyó en él

FUENTE: PROCESO/PERIODISTAS DE A PIE.
AUTOR: CELIA GUERRERO (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/465716/cazatesoros-gringos-ahmsa-van-fosforo-baja-california-sur

Greenpeace denuncia “numerosas incongruencias” en discurso de Peña

La organización ambientalista Greenpeace denunció las “numerosas incongruencias” en el discurso de el presidente Enrique Peña Nieto durante la inauguración de la 13 reunión del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de la ONU en Cancún, con respecto a la “mercantilización de la biodiversidad”.

De acuerdo con Greenpeace, en el territorio mexicano ya existen 176 Áreas Naturales Protegidas (ANP), pero a pesar de esto, las autoridades ambientales no implementaron los mecanismos necesarios para que fuera eficaz la protección de al menos una tercera parte.

“¿Más ANP? Está bien, pero que cuenten con Planes de manejo y líneas de ejecución efectivas y que no resulten infructuosas como en el caso de la Vaquita Marina, cuya muerte incidental de ejemplares siguió presentándose aún después de que se decretó la prohibición de uso de redes de enmalle porque no existen recursos ni infraestructura necesaria para llevar a cabo una efectiva vigilancia de la aplicación de la veda en la región”, indicó.

Aseguró que si bien Peña Nieto presumió las cuatro nuevas ANP en el país, ni siquiera mencionó que México alcanzó la meta 12 de Aichi, relativa a evitar la extinción de especies.

La organización destacó que existe un contraste entre el llamado que hizo Peña Nieto para retomar las prácticas sustentables en la agricultura y el hecho de que “la política agroindustrial del gobierno federal da un espaldarazo a las grandes industrias y vulnera a las comunidades de campesinos y de indígenas y sus sistemas tradicionales de producción de alimentos”.

Las prácticas agroindustriales implican “la extracción ilegal de agua de pozos, la contaminación de cuerpos de agua con el uso de agrotóxicos y la deforestación”, así como el despojo de los propietarios de las tierras, principalmente indígenas o comunitarios, señaló Greenpeace.

“En contraposición a la meta 18 de Aichi, la cual plantea la relevancia de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales, pertinentes para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, la política agroindustrial del gobierno federal da un espaldarazo a las grandes industrias y vulnera a las comunidades de campesinos y de indígenas y sus sistemas tradicionales de producción de alimentos, permitiendo la extracción ilegal de agua de pozos, la contaminación de los cuerpos de agua con el uso de agrotóxicos y la deforestación e incluso, permitiendo el despojo a las comunidades de bienes naturales comunes”, comentó Aleira Lara, líder del proyecto de Comida Sana de la organización ambientalista.


A pesar de esto, la organización ambientalista se mostró optimista al esperar que el discurso del presidente de México pueda traducirse en acciones, “promoviendo planes de manejo de las áreas naturales protegidas e impulsando una política pública de agricultura ecológica”.

FUENTE: DESINFOREMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/greenpeace-denuncia-numerosas-incongruencias-discurso-pena/