Gobierno del Edomex confirma reportaje sobre Peña, OHL y los San Román

En un correo electrónico enviado a Aristegui Noticias, el Gobierno mexiquense confirmó los puntos revelados en el reportaje "EPN y los San Román: una amistad a costa del erario", aunque dejó varios cuestionamientos sin responder.

El gobierno del Estado de México envió un correo electrónico a Aristegui Noticias en el que confirma cada punto presentado en el reportaje EPN y los San Román: una amistad a costa del erario, publicado este domingo.

El comunicado, firmado por Alejandro Echegaray Suárez, coordinador general de Comunicación Social, incluye cinco puntos y una serie de fotografías de las máquinas, exactamente las mismas que se presentaron en el material periodístico.

Aristegui Noticias presenta los cinco puntos y algunas precisiones editoriales:

“1. La compra del sistema de gestión de tráfico fue realizada por la empresa OHL y no por el Gobierno del Estado de México; se hizo a petición de la autoridad para buscar alternativas que ayudaran a mitigar el tráfico en vialidades de la entidad”.

Así lo afirma el reportaje: la compra la hizo OHL, no el gobierno estatal. El objetivo de las barredoras era “operar desde el inicio de la construcción y como parte del proyecto en su primera etapa”, como dicen las bases de licitación del viaducto elevado y no “buscar alternativas que ayudaran a mitigar el tráfico en vialidades de la entidad”, como ahora dice el comunicado.

“2. Ni el Gobierno del Estado de México ni el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) conocen ni conocieron quiénes son los dueños de la empresa que vendió el sistema de gestión de tráfico, conocido como Barrier System, a la empresa concesionaria OHL”.

Precisamente, el reportaje revela que Barrier System de México fue la empresa creada por un integrante de la familia San Román, cercana al presidente Enrique Peña Nieto en su vida personal, para vender el sistema al doble de su precio original.

“3. En la nota se hace referencia a la compra de un equipo a la empresa Barrier System de México SA de CV; sin embargo, le informo que fueron dos los sistemas de barreras que fueron adquiridos, mismos de los que le anexo fotografías.”

El reportaje indica claramente que el sistema está integrado por dos máquinas. El gobierno mexiquense usa los mismos términos (sistema, para referirse a las dos máquinas)  en el punto cuatro de su comunicado.

“4.- El sistema de gestión del tráfico pasó a ser propiedad del Gobierno del Estado de México debido a la figura de contraprestación, una vez que el SAASCAEM reconoció la inversión del sistema de gestión de tráfico, y es el Gobierno del Estado de México quien puede utilizarlo en las vialidades que considere necesario para ayudar al mejoramiento del tráfico en la entidad”.

El gobierno mexiquense no aclaró cómo se implementó la figura de contraprestación; aunque la convocatoria dice claramente que el sistema se utilizará para el Viaducto Bicentenario, que es una concesión para “construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento”.

“5.- Actualmente se analizan opciones para utilizar el sistema de barreras móviles, tanto en el Circuito Exterior Mexiquense como en otras vialidades donde se tienen las necesidades y condiciones para su operación, como se hizo en el Bulevar Manuel Ávila Camacho (Periférico norte), utilizándolo durante la construcción del “Viaducto Elevado” para apoyar el flujo vehicular en la zona.”


En su respuesta, el Gobierno no argumenta por qué en 2009 modificó el título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense para otorgar a OHL un monto adicional de hasta 500 millones de pesos para adquirir sistemas de control de tráfico requeridos para otra obra, es decir, para la construcción del Viaducto Bicentenario. No queda claro el sustento legal para ligar dos concesiones diferentes.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1110/mexico/gobierno-del-edomex-confirma-reportaje-sobre-pena-ohl-y-los-san-roman/

EPN y los San Román: una amistad a costa del erario

Una empresa de Ricardo Arturo San Román Dunne vendió al doble de precio un sistema de barreras móviles a OHL para el Viaducto Elevado: la maquinaria fue vendida desde EU a 240 mdp y en México se pagaron 485 mdp con recursos entregados por el Gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.

Enrique Peña Nieto es un político que gusta mezclar negocios públicos con relaciones personales. En la biografía del mandatario no está sólo la ‘”casa blanca” y  el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, con sus millonarios contratos. Otras historias rozan al mandatario. Ahora, su amistad y compadrazgo con la familia San Román, del Estado de México, apuntan al Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense y la controvertida constructora española OHL.

El 27 de diciembre de 2005, cuando llevaba unos meses como gobernador del Estado de México, Peña Nieto adquirió a una empresa de Roberto San Román Widerkehr una residencia en el club de golf Gran Reserva, en Ixtapan de la Sal, como reveló The Wall Street Journal en enero de 2015.

El valor de esa mansión fue de 5.6 millones de pesos, tiene una superficie de 2 mil 138 metros cuadrados y 850 metros cuadrados de construcción.

Ese mismo mes, la cercanía de Peña Nieto con la familia San Román escaló a un compadrazgo bajo las leyes de la Iglesia católica: Roberto San Roman Dunne, hijo de San Román Widerkehr, se convirtió en padrino de primera comunión de Paulina Peña Pretelini, la hija mayor del ahora presidente.


La revista Quién difundió, aquel mes, una foto de la ceremonia oficiada en la diócesis de Atlacomulco. La recepción incluso se llevó a cabo en los jardines del Hotel del Rey en Ixtapan de la Sal, propiedad de los San Román.

En octubre de 2007, el Gobierno mexiquense lanzó la licitación para construir una de las obras emblemáticas de la administración de Peña Nieto: el Viaducto Bicentenario o Viaducto Elevado, que corre sobre el Anillo Periférico Norte.

La obra fue ganada por la española OHL, en abril de 2008. Una de sus obligaciones como parte de la concesión era adquirir y operar dos barreras móviles que permitieran modificar  el sentido de la circulación vehicular en el Viaducto para aligerar la carga vehicular en horas pico.

Dicho equipo fue suministrado por la empresa estadounidense Barrier Systems, perteneciente a Lindsay Corporation, uno de los corporativos del magnate norteamericano Warren Buffet.

Sin embargo, OHL lo compró a través de una empresa intermediaria con un nombre casi idéntico al de la empresa estadounidense: Operadora Barrier Systems de México S.A. de C.V. Una compañía no reconocida como proveedor o subsidiaria oficial.

Esa razón social fue registrada en diciembre de 2007 en la Ciudad de México, unas semanas después de que el Gobierno de Peña Nieto publicó la licitación para construir el Viaducto Elevado.

Uno de los dueños de la empresa pertenece a la familia San Román.

Las máquinas vendidas por Barrier Systems a la empresa de San Román tuvieron un precio de 19.6 millones de dólares, unos 240 millones de pesos al tipo de cambio de ese momento. El precio que OHL pagó por la maquinaria a la empresa de los amigos de Peña Nieto, fue de  485 millones de pesos, de acuerdo con reportes financieros de la empresa.


Es decir, las mismas máquinas fueron pagadas al doble del precio original.

La licitación

El 23 de octubre de 2007, la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno mexiquense, entonces encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, lanzó las bases de licitación para construir el Viaducto Elevado, del Toreo de Cuatro Caminos hasta el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Un requisito de la licitación, decía: “Desde el inicio de la construcción y como parte del Proyecto en su primera etapa, se deberá adquirir y poner en operación dos unidades vehiculares ‘removedoras de barrera intercarriles’, incluidas dichas barreras (…) que permitan manipular el sentido de circulación vehicular en carriles de contraflujo”. El propósito era aligerar el tráfico durante las horas pico.

Una de las empresas que se registró en la licitación, fue la española OHL. Esta compañía ya había ganado, en 2003, otra de las grandes obras realizadas en el Estado de México: el Circuito Exterior Mexiquense.

Sin embargo, ésta última empresa con esa razón social, no existe. Tampoco aparece como una subsidiaria o representante oficial de Barrier Systems, en Estados Unidos.

En realidad, OHL compró las barreras móviles a la empresa Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V., propiedad de Ricardo Arturo San Román Dunne y sus socios Jorge Antonio Huau Rachner y Alberto Chapa García.


Dicha empresa, de acuerdo con el Registro de Comercio de la Ciudad de México, fue creada el 11 de diciembre de 2007, siete semanas después de que el Gobierno mexiquense lanzó la licitación.

A través de un correo electrónico, la española confirmó a Aristegui Noticias la operación: “OHL México adquirió el equipo a Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V.”.

La compañía agregó que no tenía conocimiento “sobre las condiciones de la operación entre Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V. y Barrier Systems”, de Estados Unidos.

El 18 de abril de 2008, el Gobierno de Peña Nieto en el Estado de México declaró ganador a OHL del concurso público para construir el Viaducto Bicentenario.

La concesión de la vía rápida a favor de OHL tiene una duración de 30 años, es decir, concluirá en 2038. La inversión para la construcción y operación de la obra, de acuerdo con el fallo, es superior a los 15 mil millones de pesos.

Desde antes que se lanzara la licitación, el entonces titular de transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo a El Universal:

“El proyecto contempla una barrera móvil en la parte baja para los que vienen de Cuautitlán hacia el Toreo puedan circular con mayor rapidez. Pensamos abrir un carril adicional con una barrera móvil que va a ser a cargo del proyecto; es una máquina que cuesta bastante carito y que va moviendo la barrera en 15 minutos a una velocidad muy rápida y abre un carril adicional para los coches que vienen de allá para acá”.

Ruiz Esparza actualmente es el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal.

Los reportes en EU de Barrier Systems

Barrier Systems de Estados Unidos propiedad del magnate  Warren Buffet emite reportes públicos trimestrales en EU. En los informes correspondientes a 2009, dio cuenta de una operación en México.

“Se ha adjudicado un contrato por aproximadamente el 19.6 millones de dólares para proveer máquinas de barrera y barrera de transferencias móviles para un tramo de una autopista en la Ciudad de México”, dice un reporte de abril de 2009.

En ese mismo comunicado, se informó que Rick Parod, presidente y jefe ejecutivo de Lindsay Corporation de la cual es subidiaria Barrier, expresó: “Estamos encantados con la oportunidad de ofrecer una solución, en parte, a los problemas de congestión del tráfico que enfrenta la Ciudad de México.

La compra de las barreras móviles se retrasó durante los siguientes meses. En julio, la empresa reportó: “El proyecto de barrera móvil de la Ciudad de México continúa retrasado hasta la resolución de problemas entre el contratista y el gobierno local. En este punto, la Compañía no puede estimar cuándo o si se resolverán los problemas entre el contratista y el gobierno local”.

El 19 de agosto de ese mismo año, la empresa dio a conocer que había recibido el depósito inicial del proyecto en México y esperaba comenzar el proyecto en el primer trimestre de 2010.

Pero el depósito coincidió con un movimiento que realizó Gerardo Ruiz Esparza a favor de OHL para el Circuito Exterior Mexiquense.

El Circuito Mexiquense y OHL

El 7 de agosto de 2009, doce días antes de que Barrier Systems, en Estados Unidos, recibiera el anticipo pactado por las barreras móviles, el entonces secretario de Comunicaciones del Estado de México, Gerardo Ruiz Esparza, firmó el acuerdo 01/2009 con OHL, CON  el cual modificó el título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense.

Bajo este acuerdo, el Gobierno de Peña Nieto entregó como contraprestación un total de 850 millones de pesos a favor de OHL, los cuáles se etiquetaron así: 500 millones para la “adquisición de maquinaría especializada para la gestión de tráfico”.

Todo indica que OHL pudo haber adquirido las barreras móviles con los recursos que le autorizó el Gobierno de Peña Nieto, a través de Gerardo Ruiz Esparza, a cargo del Circuito Exterior Mexiquense y, en consecuencia, a los usuarios de esa vía rápida y al erario mexiquense.

Los otros 350 millones de pesos que dio el Gobierno del Estado de México, encabezado entonces por el hoy presidente, fueron usados por OHL para construir el Museo Torres Bicentenario, en el Paseo Tollocan, de Toluca. Esta obra fue construida por Grupo Higa, el consorcio que construyó la casa blanca de Enrique Peña Nieto.

Un reporte de Lindsay Corporation y Barrier Systems, en Estados Unidos, dio cuenta que la entrega de las barreras móviles concluyó en 2010: “Las ganancias de infraestructura aumentaron principalmente debido al aumento de ingresos de las barreras móviles, como resultado del proyecto de carretera de la Ciudad de México completado en la primera mitad del año fiscal 2010”.

Aristegui Noticias tiene en su poder la lista de pedimentos de importación entre Barrier Systems, de EU, y la empresa llamada casi igual propiedad de San Román. La empresa estadounidense estuvo enviando pieza por pieza las partes de las barreras móviles a lo largo de 2009 y 2010.

Las máquinas, en el olvido

En mayo de 2015, el diario El Universal dio cuenta que las máquinas compradas por OHL, a través de la concesión del Viaducto Bicentenario, estaban en el olvido.

La nota daba cuenta de las declaraciones hechas, en 2009, por el Manuel Ortíz García, entonces director estatal de aeropuertos y autopistas de cuota del Estado de México. El funcionario declaró: “El removedor barrera tuvo un costo de 400 millones de pesos,. (…) Estos removedores sólo operaron de forma fugaz en la zona de La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, mientras que en Naucalpan nunca operaron para ampliar carriles de circulación en horas pico”.

El texto del periódico incluso dio cuenta que en 2014, el entonces secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena, aseguró que la maquinaría pertenecía al Gobierno mexiquense y pedía a OHL que lo entregara.


Unas fotos entregadas a Aristegui Noticias daban cuenta que las máquinas estaban abandonadas en un bajo puente del Circuito Exterior Mexiquense, en la zona de Ecatepec, muy cerca del Centro Comercial Las América.

Días después,  este medio acudió a la zona, pero ya estaba rodeada por una valla y en el interior sólo quedaba una máquina.

Para este reportaje se consultó a Barrier Systems de Estados Unidos, al Gobierno mexiquense y a la familia San Román, pero no han dado respuesta.

La empresa española dijo: “OHL México adquirió el equipo a Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V. Sobre las condiciones de la operación entre Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V. y Barrier Systems (de EU)”.

La oficina de Ruiz Esparza, en la SCT, informó: “La adquisición de las máquinas especializadas para la gestión de tráfico, fue derivada de la necesidad de contar con equipos para mover barreras separadoras de carriles y poder hacer carriles reversibles o en contraflujo en cualquier vialidad donde fuera necesario, con el fin de garantizar un tránsito más ágil”.

Aunque el acuerdo 01/2009 fue firmado por Ruiz Esparza, su oficina dijo que “la modificación a la concesión y los equipos son responsabilidad del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM)”.

La piedra de la corrupción

En julio pasado, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció disculpas a los ciudadanos por la compra de la casa blanca, de Sierra Gorda 150, a un contratista de su Gobierno. Aseguró que cometió actos que lastimaron a la investidura presidencial.

Apenas este miércoles 28 de septiembre, durante su participación en la inauguración de la Semana Nacional de la Transparencia, Peña Nieto volvió a pronunciarse sobre la corrupción:

“El tema de la corrupción, está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos, no hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Todos han sido parte de un modelo que hoy estamos desterrando y queriendo cambiar, que tenemos que modificar para beneficio de una sociedad que repito es más exigente”.

Sin embargo, hasta ahora se desconocía que la familia San Román, a la cual Peña Nieto está unido por amistad y compadrazgo, resultó beneficiada con un negocio millonario, soportado con  recursos públicos a través de una triangulación de recursos entre la española OHL y el Gobierno del Estado de México, cuando él fue gobernador .


La  familia San Román es la misma que vendió a Peña Nieto una residencia en un club de golf en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, donde suele descansar los  fines de semana, al lado de su familia y  amigos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: RAFAEL CABRERA, IRVING HUERTA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0910/mexico/epn-y-los-san-roman-una-amistad-a-costa-del-erario/

Constructora niega haber propiciado ataque a campesinos opositores al NAICM

Ciudad de México. La empresa constructora Cypsa Vise dio a conocer que iniciará con el apoyo de autoridades una investigación respecto a la confrontación que se suscitó este viernes entre sus trabajadores e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

Los pobladores, quienes se oponen a las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y que mantenían un plantón desde abril en los ejidos de Tocuila, fueron desalojados por un grupo de personas armadas con palos, piedras y tubos.

Cypsa Vise rechaza que los agresores pertenezcan a su equipo de trabajo, además, reitera que las construcciones se realizan en una zona que cuenta con todos los permisos y autorización del 97% de los ejidatarios, quienes negociaron durante agosto de este año, la venta de sus terrenos en la Asamblea de Ejidatarios.


En tanto, pide a grupos ajenos no interfieran en la obra que se realiza en la región.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/19/constructora-niega-haber-propiciado-ataque-a-campesinos-opositores-al-naicm

Reforma deja de ser un paseo y se consolida como corredor financiero

.De la glorieta de Colón a la Estela de Luz se erigen al menos cinco megaconstrucciones
.Los proyectos consisten en torres de 41 hasta 60 niveles que incluirán oficinas, comercios, departamentos y hoteles
.Se suman a otros recientemente inaugurados
.Destaca el Colón

En Paseo de la Reforma, entre la glorieta de Colón y la Estela de Luz, se construyen o están en proceso al menos cinco proyectos inmobiliarios, compuestos por edificios que van de 41 a 60 niveles.

Se trata de los complejos denominados Torre Diana, Punto Chapultepec, Torre Reforma Latino y Torre R436, los cuales albergarán principalmente oficinas, así como áreas comerciales, y formarán parte en los próximos años del llamado corredor financiero.

Entre estos proyectos destaca el recientemente presentado Reforma Colón, que se construirá en las inmediaciones de la glorieta del mismo nombre y consiste en cinco edificios de distinta altura, el mayor de 60 niveles.

Los inversionistas de dicho complejo son los grupos Kaluz y Posadas, de los empresarios Antonio del Valle y Gastón Azcárraga, respectivamente, y se prevé que tenga un costo de 2 mil millones de pesos.

El diseño arquitectónico está a cargo del despacho Sordo Madaleno, que presentó el proyecto en abril pasado, y en su página de Internet señala que será un complejo de usos mixtos: oficinas, residencial, comercial y hotel, en una extensión de 572 mil 755 metros cuadrados.

Se espera que la construcción, la cual abarcará también las calles Atenas, Abraham González, Versalles y Bucareli, se inicie este mismo año y que la primera etapa concluya en 2019.

Entre los proyectos en marcha se encuentra la Torre Diana, ubicada en la calle Río Lerma, a 50 metros del Paseo de la Reforma. Es un edificio de 41 plantas –de las cuales 24 serán de oficinas– en una extensión de 138 mil 634 metros cuadrados, que contará con áreas comerciales y siete niveles de sótano para estacionamiento, según la página web del proyecto.

Otros participantes

La obra es propiedad de las empresas Reichmann International, Fibra Uno –propietaria también del complejo Torre Mitikah– y la constructora Grupo Farca. La inversión para este edificio será de 165 millones de dólares.

Ante este auge inmobiliario, vecinos que se oponen al Cetram Chapultepec manifestaron que hay una falta de planeación en estas construcciones, que son autorizadas sin ningún control, creando una especulación inmobiliaria que sólo favorece a un grupo de empresarios, y que tiene como consecuencia la saturación de los servicios básicos, señaló Gustavo García.

La Torre Latino Reforma se construye en Paseo de la Reforma 296; contará con 47 pisos y cuatro niveles de sótano para estacionamiento. También albergará oficinas y comercios, con una inversión de más de 100 millones de dólares. El proyecto también es propiedad de Fibra Uno, en asociación con el despacho regiomontano Landa Arquitectos.

En Paseo de la Reforma 432 se construye la Torre R432, de 54 niveles, con una inversión de 110 millones de dólares y es edificada por Grupo Abilia. A un costado de la Torre Mayor se construye Punto Chapultepec, edificio de 59 niveles que incluirá viviendas, oficinas y un hotel, que realiza KMD arquitectos.

Estos complejos inmobiliarios se suman a los recientemente puestos en operación, como la Torre Bancomer, la Torre Reforma, Torre Mayor, Torre HSBC, Reforma 222, Torre New York Life y Torre Punta Reforma.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: ALEJANDRO CRUZ FLORES
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/06/17/capital/029n1cap

Constructora demanda a ejidatarios de Atenco por robo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) inició dos denuncias penales contra campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco y Tocuila, Texcoco, por presunto robo y obstrucción de trabajos de construcción para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

En particular los acusa de obstruir las labores para la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, que forma parte del proyecto el nuevo Aeropuerto.

Se trata de las dos primeras denuncias penales contra campesinos del FPDT que se inician por su oposición a la autopista y el proyecto del NAICM.

La empresa constructora Cypsa Vise, concesionaria de la obra, interpuso la primera denuncia –número de carpeta 322180830034716 y noticia criminal 322180055415—por el delito de obstrucción de los trabajos que los ejidatarios mantienen detenidos desde el sábado pasado, de acuerdo con La Jornada.

Los campesinos también fueron acusados por el robo de membrana de tela y red de plástico para la cimentación de la vía que quemaron el miércoles pasado.

La segunda denuncia penal fue interpuesta por tres trabajadores de la misma empresa: Ricardo Laguna Soto, José Luis Plata Cortés y Rigoberto Echevester Muñoz, quienes presuntamente fueron expulsados por los campesinos de sus tierras y los corretearon con sus machetes cuando pretendían reanudar los trabajos de la autopista el jueves pasado por la mañana.

Los ejidatarios empezaron a movilizarse desde que se anunció la reactivación del proyecto del NAICM en Texcoco y sus acciones se han intensificado en los días recientes con la incursión a tierras ejidales de topógrafos, trabajadores, Policías Federales y elementos del Ejército.

Desde el pasado 11 de abril arreciaron los altercados de los campesinos con trabajadores y fuerzas de seguridad. El más reciente ocurrió el miércoles pasado cuando los ejidatarios incendiaron la membrana de tela y red de plástico utilizado para la cimentación de la autopista.

Y tomaron medidas más duras el jueves pasado: desviaron parte del caudal del canal de aguas residuales Río Texcoco, que corre por la zona y con zanjas condujeron el agua a sus ejidos para inundar las tierras y así evitar que la maquinaria trabaje en la edificación de la obra.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/438977/constructora-demanda-a-ejidatarios-atenco-robo

La caída de Tradeco

Los problemas persiguen a la que fue la constructora favorita del calderonismo. En México, Tradeco enfrenta la cancelación del contrato para construir el primer hospital público-privado y en Estados Unidos está envuelta en demandas de embargo por sus deudas.

La constructora Tradeco hoy sufre su lejanía con el poder. La empresa favorita del sexenio de Felipe Calderón enfrenta –ahora sí– las consecuencias de sus incumplimientos y excesos en las obras públicas.

Tradeco ha perdido la inmunidad que gozó durante los gobiernos panistas.

Y no sólo eso.

La compañía de Federico Martínez Urmeneta tiene que afrontar las demandas judiciales y embargos en los Estados Unidos a causa de sus deudas.

En México, la semana pasada el ISSSTE canceló el contrato de 8 mil millones de pesos que se firmó hace un año con Tradeco y el Grupo IGSA para la construcción del primer hospital proyectado bajo un esquema de Asociación Público Privada (APP).

La decisión de terminar anticipadamente el contrato con la constructora tuvo que ver con los retrasos en los trabajos de demolición del Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”, donde se construiría el nuevo nosocomio.

La rescisión estuvo a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Salud (CESSS) del ISSSTE, que hoy encabeza el exgobernador de Chihuahua, el priista José Reyes Baeza.

En la sesión donde se revocó el contrato a Tradeco estuvieron presentes el secretario general del ISSSTE, Juan Manuel Verdugo; el director médico, Rafael Navarro Meneses, además del líder del sindicato, Luis Miguel Victoria Ranflas.

Esta semana la resolución será notificada a la constructora, que junto con Grupo IGSA conformaron para la realización de este proyecto la empresa Preiton, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (SAPI).

También la semana pasada el ISSSTE comenzó con el proceso legal para revocar el oneroso título que le otorgó el Gobierno Federal a este consorcio para el uso, aprovechamiento y explotación del bien inmueble ubicado donde operaba en Tlatelolco hasta hace tres años el Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”.

La cancelación le será notificada a la empresa junto con una posible penalización económica que tendrá que pagar por su incumplimiento de obra.

Pero no sólo el ISSSTE buscará penalizar a Tradeco por este incumplimiento, sino que además pretende hacer valer la garantía de 150 millones de pesos que la empresa otorgó hace un año con la firma del contrato.

El ‘Plan Maestro’

> El proyecto de la obra contó con dos puntos:

El primero especificaba que la demolición del inmueble tendría una duración de 7 meses.

El segundo proyecto informó que la construcción del nuevo Hospital Gonzalo Castañeda tendría una duración de 20 meses.

Las propuestas

> Desmantelar y demoler el inmueble existente

> Construir uno nuevo con una capacidad de 120 camas censables y 28 especialidades

> Renovar y reorganizar la Unidad Hospitalaria aprovechando en lo posible la infraestructura existente.

El primer hospital de México con APP

El éxito de la constructora Tradeco, fundada por Federico Alberto Martínez Salas, exdirectivo de ICA y de Pemex, no se puede entender sin el impulso que tuvo la compañía durante los sexenios panistas de Vicente Fox, pero sobretodo con el expresidente Felipe Calderón.

Reporte Indigo ha revelado que la constructora Tradeco tuvo contratos durante el sexenio panista por 15 mil millones de pesos.

Una gran parte de esos contratos se asignaron de manera directa como el Puente Baluarte, en el estado de Durango.

En los trabajos de construcción de este puente colgante, que une los estados de Durango y Sinaloa, se registraron retrasos y sobrecostos considerables con respecto a los plazos y precios establecidos en el contrato.

Pero nunca hubo sanciones ni penalizaciones para la compañía.

Con la llegada del PRI al Gobierno Federal, se creyó que la buena suerte de Tradeco había terminado. Sin embargo, hace un año obtuvo el jugoso contrato para construir –vía esquema de Asociación Pública Privada- el hospital del ISSSTE en Tlatelolco por 8 mil millones de pesos.

El 3 de diciembre Reporte Indigo publicó que la empresa Tradeco Infraestructura había conseguido –pese a su negro historial de incumplimientos y sobrecostos- este contrato millonario para la construcción del primer hospital público en México con inversión privada.

Fue adjudicado por el ISSSTE a Tradeco Infraestructura, a pesar de que esta compañía tenía entre sus antecedentes el incumplimiento en el pago de sus obligaciones fiscales, como había revelado este periódico el 20 de octubre de 2015.

La situación fiscal de Tradeco tuvo que haberla inhabilitado para recibir más contratos en el gobierno federal, como está establecido en el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 32-D, que prohíbe que se contrate adquisiciones u obra pública con particulares que tengan créditos fiscales firmes o no garantizados como ocurre con Tradeco.

En la licitación, la empresa participó en sociedad con Grupo Industrial IGSA para ganar el contrato bajo un esquema de Asociación Pública Privada (APP) en México.

Según el acta de fallo de la licitación APP-019GYN005-C11-2014, convocada por la dependencia federal, Tradeco y su socia presentaron la propuesta económica más baja para la construcción de este nuevo nosocomio.

La firma del contrato de prestación de servicios se celebró el 3 de octubre entre los funcionarios del ISSSTE y los representantes de la constructora propiedad del exfuncionario de Pemex.

Esta cifra representaba un pago anual de servicios por la cantidad de 343 millones 347 mil pesos (sin IVA) durante un periodo de 25 años.


La obra ganada por Tradeco se trataba del primer contrato de prestación de servicios en la modalidad de APP para la demolición, diseño y construcción, equipamiento, mantenimiento de un hospital para el ISSSTE.

El nuevo hospital se construiría en las instalaciones donde actualmente está el Hospital General “Doctor Gonzalo Castañeda”, ubicado dentro de la unidad habitacional Tlatelolco, en la Ciudad de México.

Este nosocomio fue cerrado en el 2012 por el ISSSTE de manera definitiva por las malas condiciones físicas del inmueble y riesgo que presentaba el inmueble.

El contrato asignado a Tradeco incluía los servicios complementarios de limpieza, seguridad, provisión de alimentos, equipamiento médico, telefonía y mantenimiento.

El Hospital “Doctor Gonzalo Castañeda” comenzó sus operaciones en 1964 como un nosocomio de especialidades en Gineco-Obstreticia.

En 1976 se convirtió en hospital general con cuatro especialidades para transformarse en una unidad de segundo nivel.

El nuevo proyecto para el hospital –ahora cancelado- contemplaba la construcción de un edificio de 8 niveles y cuatro niveles para estacionamiento. Tendría capacidad para 120 camas y se esperaba que el nuevo hospital brindara atención a un millón de derechohabientes al año.

Pero el proyecto se vino abajo la semana pasada cuando el ISSSTE decidió cancelar el contrato por los incumplimientos de obra que presentó Tradeco.

Demandan en EU a constructora por 20 mdd

Este año la empresa mexicana Tradeco fue demandada en una Corte de los Estados Unidos por 20 millones de dólares por daños.

El reclamo judicial fue presentado por la empresa Ranger Offshore México, S. De R.L. de C.V., subsidiaria de Ranger Offshore, que se dedica a la renta de buques marítimos y petroleros.

La demanda se presentó por violaciones a leyes federales de los Estados Unidos y reclamaciones marítimas y concluyó con el embargo de activos que tenía Tradeco en los Estados Unidos.

Los embargos en contra de las empresas subsidiarias en los Estados Unidos fueron extendidas por las autoridades judiciales norteamericanas al Banco de América y JP Morgan Chase.

La demanda en contra de Tradeco fue interpuesta por la empresa Ranger Offshore México, S. De R.L. de C.V., subsidiaria de Ranger Offshore, que se dedica a la renta de buques y plataformas petroleras.

El juicio 4:15-cv-00635, en contra la constructora mexicana, está a cargo de la jueza Melinda Harmon y se reclama la cantidad de 19 millones 958 mil dólares por concepto de adeudos por las rentas.

La demanda se presentó el 10 de marzo de este año en una Corte de los Estados Unidos en la ciudad de Houston.

De acuerdo a los papeles judiciales, la empresa norteamericana le reclama a Tradeco la falta de pago por la renta del buque Lewek Toucan, que usó la constructora durante el 2014 en el Golfo de México en sus trabajos de exploración para PEMEX.

Según el contrato, Tradeco y Ranger Offshore México fijaron en 98 mil dólares por día la renta de esta embarcación dedicada a trabajos de exploración en el Golfo de México.

El contrato original era por 120 días.

La renta del buque ascendió a 24 millones de dólares, de los cuales Tradeco sólo pagó 4 millones de dólares dejando un adeudo de 20 millones de dólares a la compañía norteamericana que tuvo que recurrir a las autoridades judiciales para conseguir su pago.

No es el único problema judicial que tiene Tradeco en los Estados Unidos.

El Departamento de Transportes de Texas (TxDOT) retiró este año a la empresa mexicana del contrato para la ampliación de la autopista Interestatal I-10 en la ciudad de El Paso.

El motivo de la cancelación del contrato fue por los incumplimientos de obra en los que incurrió Tradeco, según publicaron medios texanos, pero además por los problemas financieros que afectan a la constructora.

El Departamento de Transportes de Texas había adjudicado este contrato de 158 millones de dólares a Tradeco para la ampliación de la autopista I-10 en El Paso, Texas.

Las aseguradoras Zurich y AIG, que extendieron las garantías de la obra, se quedaron a cargo de los trabajos de construcción de esta autopista en Texas.

En ese estado, Tradeco había ganado contratos con TxDOT anteriormente para la construcción de la autopista 290 por 153 millones de dólares.

El sello de la casa

En los trabajos de Tradeco en la construcción del Puente Baluarte, que une los estados de Durango y Sinaloa, se registraron retrasos y sobrecostos considerables con respecto a los plazos y precios establecidos en el contrato. Sin embargo, nunca hubo sanciones ni penalizaciones.

En otra obra de Tradeco donde se presentaron problemas de retrasos que obligaron a rescindir el contrato fue en la ampliación de la Base Aérea de Santa Lucía, un contrato que fue cancelado por el Ejército por incumplimiento provocando la presentación de una demanda por daños en contra de la constructora en el Poder Judicial del Distrito Federal.

El año pasado Tradeco, junto con la empresa Caltia Construcciones, había conseguido el contrato por 2 mil millones de pesos para la construcción del rompeolas para la ampliación del puerto de Veracruz.

Tradeco fue fundada por Federico Martínez Salas, quien en el 2001 fue nombrado durante el sexenio de Vicente Fox como subdirector de Ingeniería y Obras Estratégica en Pemex Exploración y Producción.

Tradeco recibió contratos de Pemex durante el paso de Martínez Salas –no directamente por él- como funcionario federal, pese a los cuestionamientos por un posible conflicto de interés.

Hoy la constructora es encabezada por Federico Alberto Martínez Urmenta.

Este año la bancada del PRI en el Senado inició una investigación de los contratos otorgados por el Gobierno federal a esta constructora durante el gobierno de Felipe Calderón.


Hasta el momento la bancada tricolor no ha informado de avances en la investigación contra Tradeco.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

Guerra por las constructoras

En el Congreso existe una batalla de puntos de acuerdo entre el PRI y PAN para investigar a las constructoras favoritas de los últimos tres sexenios como Tradeco, Higa y OHL.

La lucha entre adversarios políticos ha llegado hasta el Congreso de la Unión donde los partidos políticos buscan que sus contrarios sean investigados por presuntos actos de corrupción.

Ocurre así en el caso de las constructoras que han trabajado con el Gobierno federal en los sexenios del PAN y el PRI, y que ha desatado una guerra de peticiones de investigación en el Congreso de la Unión.

Por un lado, el PRI intenta que sean auditados los contratos que los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón tuvieron con Tradeco, constructora a la que le otorgaron miles de millones de pesos en contratos de obras, a pesar de haber incurrido en irregularidades.

Por su parte, el PAN ha impulsado que se investiguen los convenios que constructoras como Higa y OHL han tenido con la actual administración federal.

La puja por conocer los montos y las presuntas irregularidades que han ocurrido en los tratos con esas constructoras ha llegado a la tribuna de la Comisión Permanente, desde donde las bancadas han promovido diversos puntos de acuerdo relacionados con estas empresas.

El PRI, tras Tradeco

Los priistas han decidido desenfundar sus armas legislativas contra el gobierno calderonista por sus tratos con la empresa Tradeco.

A través de varios puntos de acuerdo que han sido promovidos en la tribuna del Senado de la República, legisladores del PRI han buscado que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Función Pública den cuenta de los contratos y las auditorías que se han realizado a la empresa Tradeco.

Durante los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, Tradeco obtuvo contratos millonarios de obra pública en todas las áreas, desde infraestructura en salud hasta obras militares.

A Tradeco se le conoce como la constructora favorita del calderonismo.

Múltiples contratos han sido señalados por la propia ASF por tener irregularidades en las obras que ha construido.

En el punto de acuerdo más reciente promovido por los priistas, presentado ayer ante la Comisión Permanente, los legisladores del tricolor pidieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que haga públicos todos los contratos firmados con esa empresa.

Los priistas hicieron énfasis en la construcción de la autopista Durango – Mazatlán y el Puente Baluarte Bicentenario, que fueron adjudicadas de forma directa a la empresa Tradeco.

En la construcción de la autopista, la ASF documentó en la Cuenta Pública del 2012 el aumento en el costo de la obra, que pasó de 8 mil 889 millones de pesos a 22 mil 100 millones, además de presentar un retraso de tres años en su entrega.

Además, la Auditoría determinó la recuperación de casi mil 616 millones que se debieron a varios errores en la obra, como la realización de trabajos de mala calidad, la diferencia de volúmenes, los intereses de pagos anticipados y otros.

La bancada del PRI citó también las irregularidades cometidas en obras, como la construcción de las instalaciones del nuevo Colegio del Aire y la ampliación de la Base Aérea Militar de Zapopan, Jalisco, ambas a cargo de la empresa Avance Concesionarias, propiedad de Grupo Tradeco y cuyos contratos se otorgaron por adjudicación directa.

“A pesar de estos precedentes, la empresa se privilegió con múltiples contratos con el gobierno federal. Tan solo entre 2003 y 2012, los proyectos adjudicados ascendieron a los 15 mil 143 millones de pesos, cuya constante fue el sobrecosto y los retrasos en las obras”, expone el punto de acuerdo.

Los legisladores priistas pidieron la información sobre los contratos para que se puedan iniciar las investigaciones necesarias y fincar responsabilidades administrativas y penales a quienes sean responsables de un desfalco a las arcas nacionales.

El PAN, contra Higa y OHL

Los diputados del PAN tomaron también sus facultades como legisladores federales y propusieron algo más que una investigación: la comparecencia de Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública.

Los legisladores el albiazul pidieron que el funcionario comparezca ante la Comisión Permanente del Congreso para explicar el avance en las investigaciones del posible conflicto de interés entre el Gobierno federal y el Grupo Higa.

El presunto conflicto de interés deviene de la posesión de la primera dama, Angélica Rivera, de una residencia en el sector de Lomas de Chapultepec, vendida por Higa.

“La función pública ha sido convertida por muchos funcionarios públicos en una palanca que mueve negocios personales y la información clasificada y confidencial, así como el control político, el engaño, la mentira y la construcción de una enorme red de complicidades corruptas (…).

“Es de destacarse que en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, los priistas encuentran verdaderas ofertas para adquirir sus viviendas”, señalan los panistas en la argumentación de su punto de acuerdo.

Esta propuesta se presentó ayer en la Comisión Permanente, a la par que el PRI pedía investigar a Tradeco.

Además de los conflictos de interés con Higa, los panistas han pedido a la Secretaría de la Función Pública que se les informe sobre las auditorías realizadas a la empresa OHL México, específicamente en su obra del Viaducto Bicentenario.


La empresa, a la que el Gobierno Federal ha otorgado varios contratos, y que también tuvo asignaciones cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, ha construido y administra y opera seis autopistas de peaje –en el Estado de México, el Distrito Federal y Puebla- y el aeropuerto de Toluca.

Los panistas refieren el caso del supuesto caso de corrupción en el que participó Apolinar Mena, quien fuera cesado como secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México y multado con 189 mil pesos, luego de que se conocieran algunas conversaciones telefónicas en las que también participaban miembros de OHL.

“Consciente de la gravedad de la situación, esta Comisión considera pertinente realizar un exhorto a las autoridades involucradas en este caso, a fin de que se investiguen todas las operaciones a cargo de la empresa OHL México en el país y se informe a esta soberanía de manera oficial sobre el caso”, expone el punto de acuerdo.

La bancada del PAN no paró ahí. Sus legisladores pidieron al Poder Judicial del Estado de México que se les envíe un informe sobre todas las investigaciones que se le siguen a esa empresa “por la posible comisión de irregularidades y otros delitos”.


Tanto el PRI como el PAN destacan en sus peticiones la importancia de transparentar el ejercicio del gasto público en obras que se realizan en todo el país.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Corrupción inmobiliaria e inseguridad: lo que encontrarán los nuevos delegados en la Miguel Hidalgo y Benito Juárez

En la Miguel Hidalgo, delegación que vuelve a gobernar el PAN de la mano de Xóchitl Gálvez, el número de denuncias ciudadanas por irregularidades en el uso del suelo urbano aumentó 264% en cuatro años. En la Benito Juárez, la comisión de derechos humanos de la Asamblea del DF estima que hay 900 obras irregulares.

El PAN volverá a gobernar dos delegaciones del Distrito Federal, luego que en la elección del pasado 7 de junio conservara la demarcación Benito Juárez, el ‘bastión blanquiazul’ en la capital del país, y consiguiera de la mano de la candidata Xóchitl Gálvez arrebatar por un margen ajustado al PRD la delegación Miguel Hidalgo, la cual lideró durante 12 años consecutivos hasta el pasado 2012.

Tras el triunfo en las urnas, tanto Xóchitl Gálvez como Christian Von Roehrich, nuevo jefe delegacional de la Benito Juárez, tienen dos retos idénticos por afrontar: atacar la corrupción en materia de uso de suelo urbano y reducir los elevados índices de inseguridad.

En 4 años, aumentan denuncias 264% por mal uso de suelo 

La empresa, desde luego, no será fácil. De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF (PAOT), la Miguel Hidalgo fue en 2014 la delegación de todo el Distrito Federal con más denuncias ciudadanas por irregularidades en el uso de suelo urbano, como construir edificios con más niveles de los permitidos, no cumplir las disposiciones jurídicas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, violar órdenes de suspensión de actividades, o construir sin los permisos necesarios.

En total, el año pasado la PAOT contabilizó 204 denuncias. Un 264% más que en 2010 –cuando se registraron 56-; 223% más que en 2011 (63); 50% más que en 2012 (136); y un 80% más que en 2013 (113).

Asimismo, en lo que va de 2015 la tendencia de denuncias en esta demarcación va al alza. De enero a mayo, la PAOT contabilizó 153 reportes por irregularidades de carácter ambiental y de ordenamiento del territorio, de las cuales 92 (el 48%) fueron por un mal uso del suelo urbano. Estos 153 reportes reflejan un aumento de un 50% en comparación con los cinco primeros meses de 2014, cuando se registraron 102 denuncias.


Al interior de la delegación destaca el caso de Polanco, una de las zonas económicas y comerciales de mayor plusvalía de la ciudad de México y del país. Sólo en esta zona, la organización civil La Voz de Polanco lleva contabilizadas 51 obras que presentan algún tipo de irregularidades. Las más comunes son construir edificios con más niveles de los permitidos, presentación de documentación apócrifa, y violación al uso de suelo por parte de hoteles y restaurantes.

CONSTRUCCIONES

Constructores ganaron ilegalmente 2 mil 500 mdp en la Juárez: PAOT

En la otra delegación panista, la Benito Juárez, Christian Von Roehrich tendrá como principal reto materializar la promesa de campaña que hizo su antecesor Jorge Romero, quien lanzó en 2013 un programa de ordenamiento de obras irregulares.

A la fecha, la delegación informa en su página web que un total de 56 obras están suspendidas o clausuradas. No obstante, instancias como la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del DF estiman que el número de obras irregulares en la demarcación puede llegar hasta 900.

Además, la PAOT calcula que en los últimos tres años desarrolladores inmobiliarios han ganado ilegalmente 2 mil 535 millones de pesos en la Benito Juárez por abusos a la Normal General de Ordenamiento.

Asimismo, a pesar del programa que lanzó Jorge Romero para ordenar las construcciones con irregularidades, la delegación que gobernará Von Roehrich es actualmente la segunda en el DF con más denuncias ciudadanas por violaciones al uso del suelo urbano.

En total, se registraron 192 reportes en 2014, cifra que revela un incremento en las denuncias de 146% en relación a 2010 –ese año se contabilizaron 78 reportes-; 113% en comparación con 2011 (90 reportes); 41% respecto a 2012 (136); y 46% mas en relación a 2013 (131).

Estos datos llevaron a la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) a que emitiera en noviembre de 2014 la recomendación 12/2014 a las autoridades de la delegación Benito Juárez, ante violaciones a las garantías de personas relacionadas con construcciones de vivienda. Cabe señalar que esta misma recomendación fue remitida a otras nueve delegaciones.

BJ y MH, la tercera y cuarta más peligrosas del DF

En cuanto al tema de seguridad, a pesar de que tanto la Miguel Hidalgo como la Benito Juárez son las dos delegaciones del DF con mejores índices de desarrollo –la Miguel Hidalgo está entre los cinco municipios del país con menos pobreza, según Coneval, y la Juárez ocupa el tercer lugar en el estudio Las ciudades más habitables de México 2014, que cada año elabora el Gabinete de Comunicación Estratégica-, las estadísticas delictivas en estas demarcaciones permanecen elevadas.

Tanto, que en 2014 la Benito Juárez y la Miguel Hidalgo fueron la tercera y cuarta delegación, respectivamente, más peligrosas de la Ciudad de México, solamente superadas por la delegación Cuauhtémoc –que ocupa el primer lugar- y la Venustiano Carranza.

En la Benito Juárez se cometieron 501.5 delitos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia del DF. Mientras que en la Miguel Hidalgo se registró una tasa de 492.4 por cada 100 mil personas.

En 2014 el delito más común en ambas delegaciones fue el robo. La Benito Juárez acumuló un total de 6 mil 670 robos, y la Miguel Hidalgo registró 5 mil 855, según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los robos más comunes en ambos casos fueron el robo de vehículo, robo a transeúntes con violencia, robo a negocios, y el robo a casa habitación.

Movilidad, servicios públicos y desigualdad, los otros retos

Además de los retos que plantean la corrupción e inseguridad, los vecinos de las dos delegaciones panistas coinciden en señalar la mala movilidad urbana que en forma de atascos y falta de estacionamientos saturan las calles; la desigualdad social entre las colonias más pudientes y las menos desarrolladas; y la mala calidad en la prestación de servicios públicos, como abastecimiento de agua, limpieza, recolección de basuras, y el alumbrado público; como otros de los grandes problemas que los nuevos jefes delegacionales deben atender de inmediato.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/06/corrupcion-inmobiliaria-e-inseguridad-lo-que-encontraran-los-nuevos-delegados-en-la-miguel-hidalgo-y-benito-juarez/.