MÉXICO, D.F: Un nuevo audio de una conversación entre el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el ahora exdirector de Relaciones Institucionales de OHL, Pablo Wallentin, fue difundido para confirmar el presunto favoritismo del gobierno federal a la compañía española. En el audio, Ruiz Esparza, exsecretario de Infraestructura en el gobierno del Estado de México durante la administración de Peña Nieto, confirma al directivo de OHL que la empresa de tecnología aplicada Infraiber, que denunció públicamente a la constructora española por irregularidades en el sistema del aforo vehicular del Circuito Exterior Mexiquense, “no tiene cómo defenderse porque no tiene ni acción contra el gobierno del Estado (de México), porque no hay nada que le haya dado derecho a Infraiber, porque no se firmó ni se ha firmado, entiendo, con ningún otro concesionario”. La conversación telefónica, realizada el 7 de abril de este año, se difundió horas después de que fuera detenido en la Ciudad de México, Pablo Diez Gargari, abogado de la empresa de tecnología aplicada Infraiber, con una orden de presentación y localización. Diez Gargari fue llevado a la Coordinación General de Investigación de la PGR para que declarara sobre una averiguación previa por “intervención de comunicaciones privadas”. Los directivos de OHL presumen que Infraiber está detrás de la difusión de los audios que han exhibido a los principales responsables de la constructora española y a autoridades del Estado de México y del gobierno federal. La detención y la divulgación del nuevo audio se realiza también dos días después que en España el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, anunció una reestructuración del capital de esta empresa y advirtió que la empresa está “en proceso” de celebrar “las exigencias civiles y penales” en contra de Infraiber. Las acusaciones de Infraiber son “cien por ciento falsedades y calumnias”, afirmó Villar Mir en conferencia de prensa, en Madrid. La disputa entre OHL e Infraiber alcanzó notoriedad internacional, ya que presumía actos de corrupción de la constructora española en el cobro del aforo vehicular del Circuito Exterior Mexiquense, la obra más importante de la compañía española, que le genera más del 40 por ciento de sus ingresos en México. Nuevo Audioescándalo La conversación grabada entre Ruiz Esparza y Pablo Wallentin ocurrió un día después del encuentro de Villar Mir y el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos, según el texto difundido en Youtube. Ruiz Esparza prácticamente asesora durante esta conversación a Wallentin sobre los siguientes pasos que tomará el gobierno del Estado de México, tanto la secretaría de Comunicaciones como al Conserjería Jurídica para desestimar las acusaciones de Infraiber y declarar nulo el convenio con esta empresa responsable de administrar el sistema de aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense. “OHL no tiene nada qué ver con el tema”, sentencia Ruiz Esparza. “Salvo que en la concesión le pusieron una obligación al gobierno del Estado de México con OHL, que habla de 50 centavos, pero no dice por cruce. A lo mejor son 50 centavos por toda la autopista. Digo, fue una pendejada firmarlo así”, argumenta el actual titular de la SCT y que fue responsable de las concesiones del Estado de México con OHL durante el gobierno estatal de Peña Nieto. “Infraiber no tiene nada qué demandarle a OHL. Infraiber no tiene nada que demandarle al gobierno del Estado de México”, señala Ruiz Esparza. En clara referencia a la campaña de denuncias de Infraiber en un sitio en internet y en desplegados en la prensa, Ruiz Esparza se explaya: “Ahora, ¿qué hacemos para que este hijo de puta pare de chingar? Pues es otro pedo. ¿Me explico? Pues ahí, sí, no tenemos forma. Nosotros tratamos de hablar con él para ver qué chingados quería”. Ruiz Esparza le confiesa a su interlocutor que ante el escándalo de la concesión al Circuito Exterior Mexiquense “he tenido que tragar tantita caca, eh, luego les comento”. En una entrevista radiofónica, este martes 8, Ruiz Esparza admitió que tuvo esta conversación, pero que los audios están grabados y manipulados ilegalmente. El titular de la SCT indicó que el convenio del Estado de México se le adjudicó “indebidamente” a Infraiber”. No existía la forma para que los concesionarios “validaran la entrada en vigor del convenio para poder supervisar el aforo durante 20 años a un costo de 50 centavos por vehículo”, abundó Ruiz Esparza.
Para Ruiz Esparza la conversación con el directivo de OHL no se trató de una asesoría sino de un intercambio de opiniones en las que se “aclararon temas”. VÍDEO:
MÉXICO, D.F: La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso que “tocó la conciencia del mundo”, podría ayudar a transformar la lucha contra la impunidad en México. Así lo señaló Carlos Beristain, uno de los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que participó en la elaboración del informe sobre los hechos ocurridos en septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, y que puso sobre la mesa un “elemento clave” que no ha sido considerado por la Procuraduría General de la República (PGR): un quinto autobús que pudo transportar droga al momento del ataque. Luego de señalar que en el estudio se concluyó que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula –punto que el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, presentó como “la verdad histórica”–, el especialista destacó que las autoridades deben replantear la investigación del caso. En entrevista para Aristegui CNN, Beristain precisó que el documento “plantea herramientas que pueden ayudar a restablecer la confianza con las víctimas y la sociedad”. Lo importante, agregó, es cómo se replantean las cosas, no tanto el análisis. “Hay numerosas propuestas y recomendaciones de qué es lo que hay que transformar“, apuntó. Y subrayó: “El caso que tocó la conciencia del mundo puede convertirse en el caso que ayude a transformar y tener nuevas herramientas en México en la lucha contra la impunidad”. De acuerdo con el experto, una parte de los descubrimientos que hicieron “se basa en información que ya estaba en el expediente de la PGR”, pero hay otra parte de diligencias que ellos mismo realizaron, como por ejemplo la toma de testimonios. “Yo diría que en el expediente (de la PGR) había información que no había sido suficientemente procesada y que no se habían sacado las conclusiones del contraste de esas informaciones, eso es parte de lo que hemos tratado de hacer”. Por otra parte, añadió, la investigación ha mostrado algunas hipótesis que hay que revaluar respecto del caso. “El caso no parecía sustentado en una sola hipótesis, no solamente del destino de los normalistas, sino también es una especie de desconexión entre los hechos que sucedieron en la primera parte de la noche, porque los normalistas llegan a la ciudad, a las afueras, luego a la central de buses, salen, y la estructura de la acción orientada a no dejar salir los buses de Iguala y lo que sucedió después, el término del posible destino de los normalistas, y la historia sobre los miembros de Guerreros Unidos”, abundó. El experto sostuvo que “había una desconexión de estas dos historias que nosotros hemos tratado de unir, porque una buena parte de lo que podemos entender de la segunda parte de la historia está contenida en esa primera parte como fenómeno de desaparición forzada”. Sobre la quema de los cuerpos, comentó que lo que ellos evaluaron es si se había producido en el basurero de Cocula o no, “y eso es lo que muestra el peritaje de José Torero”. Beristain reconoció que “aparecieron restos óseos, no cenizas propiamente, sino restos óseos, algunos de ellos calcinados y uno de ellos no calcinado, que fue el resto óseo de Alexander Mora con el cual se pudo identificar que pertenecía a este joven de los normalistas de Ayotzinapa”, pero de los demás restos no se han podido hacer pruebas de ADN, que es lo que ha sucedido con las muestras enviadas a Innsbruck. En cuanto a los restos de Alexander Mora, apuntó que “ese muchacho fue asesinado y los restos fueron quemados, no hasta el punto de la calcinación. Otros restos tienen otro nivel de calcinación y lo que hay que averiguar es ese conjunto de restos. Hay que rebobinar hacia atrás. Nosotros no hicimos un análisis antropológico-forense, eso correspondía al equipo de peritos argentino o a la PGR, pero sí creemos que hay que rebobinar esa historia hacia atrás para poder saber qué ha pasado con los normalistas”. Según el experto, lo negativo en este caso es “la consideración solamente de una hipótesis como elemento central de investigación, que lleva a veces a no evaluar otras pruebas que tienes al lado y que si las evalúas de una manera más objetiva, te pueden llevar a otros escenarios, y eso es lo que nosotros hemos planteado a la PGR con las sugerencias”. Entre lo que debe revisarse de forma urgente, el especialista de la CIDH destacó “la investigación del quinto autobús, ya que puede generar una hipótesis consistente que no se ha tenido en cuenta en la investigación”, en referencia a que presuntamente dicha unidad transportaba droga. “Ese bus no existía en el expediente, (hay) inconsistencias en declaraciones del chofer, otra es la diferencia entre el autobús que aparece en el registro videográfico de la central de buses de Iguala con el estudio fotográfico que se hizo del bus quinto que se nos presentó, inconsistencias, esa es una hipótesis que hay que considerar”, explicó. Además, apuntó, “hay que determinar cuál es el lugar al que fue llevado otro chofer de uno de los buses, con una persona que aparentemente dirigía el operativo. Quién es esa persona, esta persona fue llevada allá por una patrulla de la policía estatal”. Beristain sostuvo que “la investigación y la búsqueda (de los estudiantes) son dos procesos que van de la mano”, por lo que se debe robustecer la primera de ellas. Otra de las expertas, Claudia Paz y Paz, destacó que el equipo de la CIDH examinó las declaraciones de los presuntos perpetradores que se encontraban en el expediente “y en realidad no hay una sola versión, hay cuatro versiones“. Explicó: “Hay una versión que señala La Parota, otra versión que señala que los llevaron a la casa de seguridad, otra que señala que iban a atacar un car-wash Los Peques, y esta versión del basurero de Cocula, que se construye con las declaraciones de cinco presuntos responsables. “Estas declaraciones tenían incongruencias con las otras versiones que se encontraban en el expediente y también entre sí. Algunos de estos cinco señalaban por ejemplo que habían recibido a los jóvenes en Loma del Coyote y los habían llevado directamente al basurero, otra que los habían llevado a una casa de seguridad, otra que los habían llevado a un lugar indeterminado, y por eso es que nosotros determinamos que era imprescindible un peritaje de fuego. Y el perito efectivamente lo que señala es que de acuerdo con el análisis del lugar, con el análisis de todos los peritajes que obran dentro del expediente, no es posible que se hubiera incinerado a los 43 estudiantes en este lugar”. Paz y Paz coincidió con Beristain en que debe identificarse plenamente el “quinto autobús” y determinar cuál de las versiones brindadas por el chofer de este autobús es la que corresponde con la realidad, “porque como explicábamos en la presentación del informe, tenemos una versión del chofer que no coincide con la historia narrada por los estudiantes, ni con información del C4 (Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo), y otra declaración manuscrita que sí coincide con las declaraciones de los estudiantes”. Insistió: “Una de nuestras recomendaciones es que se identifique el autobús, porque el que nos fue presentado tiene inconsistencias con el autobús que aparece en el video que recién vimos, y que se esclarezca si el piloto mintió, por qué dio dos declaraciones, etcétera”. Paz y Paz refirió que el C4 de Iguala da cuenta de llamadas aún antes de que los estudiantes llegaran a Iguala, cuando ya eran monitoreados, y después de que llegan a la central, cuando se registran incidentes en las calles. Les llamó la atención que “así como había intensidad de llamadas había momentos de silencio, hubo más o menos una hora de silencio”, pero sí está registrado el ataque a uno de los autobuses perteneciente a un equipo de futbol local. “En un momento, Sedena tomó control de las comunicaciones”, reveló. Y después hay “periodos de silencio”. Ayer, luego de que los expertos de la CIDH echaron por tierra la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Felipe de Jesús Muñoz, y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, aseguraron que la indagatoria se ha llevado con absoluta seriedad, por lo que descartaron de antemano que Murillo Karam haya falseado la información de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula. “Estamos seguros de lo que pasó, es un gran incendio”, dijo Zerón a Grupo Imagen Multimedia. La hipótesis de la incineración de los estudiantes normalistas en el basurero de Cocula obra en declaraciones y está basada en testimonios y en recreaciones, destacó. De su lado, Muñoz Vázquez resaltó que “dentro del informe (del GIEI) hay coincidencia en qué fue lo que ocurrió”, y subrayó que hasta ahora tienen “pruebas sólidas que acreditan la responsabilidad” de autoridades policíacas municipales y personas vinculadas al grupo delincuencial Guerreros Unidos. “Es una investigación sólida, un expediente que se ha trabajado con seriedad, con peritajes serios”, insistió. “Se llevan 43 corazones que ponemos en sus manos” En la explanada de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, los padres de los normalistas desaparecidos recibieron esta mañana a los especialistas de la CIDH y les dieron las gracias por el informe elaborado sobre el ataque contra sus hijos en Iguala. El contendido del informe es una muestra de que hay las condiciones dadas para que la investigación se rectifique. Eso permitiría recomponer el desempeño del órgano fiscalizador del gobierno federal, destacó Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas. “La verdad es que no tenemos dinero para pagarles. Ustedes vinieron aquí sin percibir ningún salario, pero se llevan 43 corazones que ponemos en sus manos”, subrayó.
Luego de recibir con la banda de guerra del plantel escolar a tres de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, los familiares de los estudiantes desaparecidos hace casi un año, les colgaron collares elaborados con flores y los invitaron a desayunar. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Sigifredo Nájera Talamantes, “El Canicón”, uno de los más sanguinarios líderes de Los Zetas, y quien era vecino de celda del fugado líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán en el penal de máxima seguridad del Altiplano, murió el lunes pasado presuntamente a consecuencia de una sobredosis de droga. Sin embargo, según autoridades estatales citadas por Radio Fórmula, se les pidió manejar la versión de un infarto, producto de los ataques de epilepsia que sufría. De manera oficial, la muerte ni la razón han sido confirmadas. “El Canicón”, habría sido encontrado muerto por las autoridades del penal en su celda, la número 19, contigua a la número 20 que era ocupada por “El Chapo”. El líder Zeta purgaba una larga sentencia por diversos delitos, entre ellos, los ataques con granadas a las instalaciones del consulado de Estados Unidos y a Televisa Monterrey en 2008 y 2009, respectivamente. También fue señalado de asesinar a nueve militares de la Séptima Zona Militar con sede en Monterrey y de robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos bajo las órdenes del cártel del Golfo y directamente ligado a Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, y Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”. Fue detenido el 20 de marzo de 2009 junto con 13 de sus cómplices en el Fraccionamiento San Patricio, luego de una persecución desde Nuevo León hasta Coahuila.
De acuerdo con el portal de Joaquín López Dóriga autoridades del penal confirmaron la muerte del capo y señalaron que serán los peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) las que practiquen la autopsia de ley en el Servicio Médico Forense del Estado de México para precisar las causas del deceso del criminal. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
México, 7 Sep: Personal de la CDHDF se puso en contacto con el segundo detenido del caso Narvarte para conocer las condiciones en que fue arrestado y cómo se ha llevado hasta el momento el proceso en su contra, explicó la titular del organismo, Perla Gómez. Tras la inauguración de la “Competencia Universitaria sobre derechos humanos Sergio García Ramírez”, indicó que está pendiente la respuesta del Conapred respecto a la consulta que el organismo a su cargo hizo por posible discriminación, al haber señalado a las víctimas por consumo de sustancias, su nacionalidad o por ser jóvenes. La titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) insistió en el llamado de que no se abandone ninguna línea de investigación, como la de género, la de ejercicio periodístico o la de activismo. En el acto, efectuado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gómez Gallardo se refirió también a la construcción del puente de Mixcoac y al Corredor Cultural Chapultepec. Refirió que en ambos casos se están haciendo consultas con urbanistas para determinar si los trabajos cumplen con los requisitos deseables y, especialmente, con la consulta informada a los vecinos. Durante la inauguración de la Competencia, la ombudsman capitalina destacó que los jóvenes tienen hoy la oportunidad de hacer la diferencia, ante el escenario complejo en materia de derechos humanos.
Sin embargo, sostuvo que para lograr ese cambio esperado en el respeto a los derechos humanos, es necesario estudiar y trabajar no sólo en el estricto ámbito del estudio universitario, sino en la realidad cotidiana, con el concurso de la ciudadanía. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/07-09-2015/1478124.
El casi Diputado de la ALDF Adrián Rubalcava tuvo en Mauricio López, el líder del PRI en la capital, un compañero de muchas batallas. Juntos fueron a la elección pasada; infinidad de fotografías donde aparecen juntos se difundieron por distintos medios: abrazados, levantándose las manos en señales de triunfo, en conferencias donde López daba la cara por un político vinculado con la violencia, e incluso con un grupo criminal conocido como “Los Claudios”. Pero Rubalcava, por debajo de la mesa, no lo tenía en tal aprecio. En las grabaciones realizadas por la Unidad Científica de la Policía Federal, su jefe de asesores Alejandro Emiliano Zapata encargó “putearlo” y ponerlo públicamente en ridículo: “con un pito en la cara”. Y el operador de estos ataques fue el mismo: Juan Carlos Zaragoza Ríos, quien fue despedido de Televisa el pasado viernes. Tiene montado un aparato de hostigamiento para periodistas, medios y políticos que responde a la orden (y al dinero) del ex Delegado de Cuajimalpa. Eso revelan las grabaciones realizados por orden de un juez federal…
El coordinador de asesores de la Delegación Cuajimalpa, Alejandro Emiliano Zapata Sánchez, tomó su celular: era Juan Carlos Zaragoza Ríos, entonces empleado de Televisa. Zapata es uno de los operadores del ex Delegado Adrián Rubalcava, Diputado electo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Zaragoza Ríos opera una red de acoso que lo mismo ataca a políticos que a periodistas. El ex empleado de Televisa –despedido el pasado viernes– dijo a Rubalcava, de acuerdo con las grabaciones, que habría utilizado las cuentas del Canal de las Estrellas y de Joaquín López Dóriga para denostar políticos. Eran las nueve y media de la noche del 3 de marzo de 2015, y esta conversación cerraba el tema que abordaron en otra llamada, por la tarde. La grabación fue hecha por la Unidad Científica de la Policía Federal, con autorización de un el Juez Primero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, con competencia en toda la República y residencia en el Distrito Federal. Alex [Alejandro Emiliano Zapata Sánchez]: ¿Qué pasó, mi amigo? Juan [Juan Carlos Zaragoza Ríos]: ¿Qué onda, mi Álex? Oye, no me contestan estos cabrones. [Zaragoza está urgido de información e imágenes de Mauricio López, el líder del PRI en el DF]. Álex: Ajá. Juan: Este, me va a ayudar ahorita mi hermano. Álex: Ajá. Juan: ¿Hasta qué horas tenemos o hasta qué horas te urge? Álex: No pus sí, sí dale güey. Juan: Órale, ya vas. Álex: Oye, ¿le pusiste lo de la cara de cochino y eso? Juan: No, no, no. Álex: De Mauricio. Juan: No, no, no. Álex: ¡Ahhhhh! Juan: Lo que pasa que yo tenía unas cuentas creadas. Álex: Ajá. Juan: Que se llamaba Carlos del Valle [ex Director de Desarrollo Social de Cuajimalpa] y ahí le puse cosas a Carlos del Valle, entonces mi idea era bajar todo eso y hacer un Carlos del Valle bien para que de ahí este güey le estuviera chingando a Mauricio. Álex: Ah, está bien idiota, güey, también. Juan: Ajajajajaa, pus sí. Álex: ¿No? Juan: Pero yo ahorita ya estoy aquí con mi hermano, es el que me va a ayudar, güey. Álex: Sí. A Mauricio López ponle ahí un pito o algo en la cara. Juan: Órale, va. Álex: Sí, ¿no? Mamadas, órale güey. Juan: Ya estás. Jajajajaja. No sabían que desde tiempo atrás el teléfono de Zaragoza Ríos estaba intervenido por la Policía Federal. Una denuncia anónima recibida por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) fue turnada a la Unidad Científica y luego juez federal ordenó intervenir teléfonos y correos electrónicos. No se sabe aún cuánto proporcionó el denunciante a la Policía Federal, pero abrió una investigación que desenmascaró una red que monta ataques contra medios, periodistas y políticos de varios partidos, incluso del PRI. SinEmbargo tuvo acceso al expediente, que obra en la la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), debido a la denuncia realizada por personal del diario digital por una campaña de acoso orquestada, en ese momento, por desconocidos. Ahora se sabe que uno de los principales involucrados en la red es Adrián Rubalcava Suárez, ex Delegado próximo Diputado de la Asamblea Legislativa, político que se considera ahijado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. La Unidad Científica identificó a Juan Carlos Zaragoza Ríos, ex empleado de la televisora, quien desde hace años recibe instrucciones y dinero para coordinar campañas de difamación, desprestigio y, eventualmente, para realizar extorsiones. Usa las redes sociales y otros recursos de Internet. “El Lobo de Wall Street” o “James Boss”, como se hace llamar, alternaba su trabajo en Televisa –hasta poco antes de su despido– con el de operador de campañas de acoso. En el Mercado Río Blanco del DF, en un negocio de su madre llamado “Barbacoa Rufo ‘El Güero’”, trabaja o trabajó uno de sus operadores. Otro de los involucrados es Danna Vázquez, representante de artistas, antes acusada por el uso de cuentas de sus clientes para promover al Verde Ecologista de México (PVEM). Las escuchas la vinculan al ataque de medios y adversarios de Rubalcava por medio del uso de cuentas como la de Belinda o Gloria Trevi. Alejandro Emiliano Zapata Sánchez, ex director de Comunicación Social de Cuajimalpa, está en varias grabaciones, como el mismo Rubalcava. Ordenan ataques contra medios y políticos. Algunas veces, Zaragoza no sabe bien a bien a quién “putea”. Como cuando recibe la orden de atacar al líder del PRI capitalino. –O sea, que los Del Valle están contra Manuel –le dice a Zapata. Y Zapata lo corrige: –Contra Mauricio. –Mauricio, perdón, ok, y le genero cosas.
–Este güey es Presidente del PRI-DF.
El tema que provocó la llamada entre Rubalcava, Zapata y Zaragoza, era tundir a los rivales. Lo sorprendente es que las instrucciones dadas por Zapata, hijo de un viejo priista cercano a María de los Ángeles Moreno, fueran para que Zaragoza arremetiera con toda la artillería contra Mauricio López Velázquez, presidente del PRI en el DF y cercano a la misma dirigente partidaria. Y a Miguel Ángel Osorio Chong, el Secretario de Gobernación con quien Zapata y Rubalcava presumen cercanía. Tan cercanos, que Mauricio López y María de los Ángeles Moreno cobijaron a Rubalcava cuando el PRD le negó, en 2012, la candidatura a la jefatura delegacional de Cuajimalpa. Entonces, de acuerdo con líderes perredistas consultados, René Bejarano, el mismo videograbado mientras se embolsaba fajos de billetes, acercó a su joven y bien parecido pupilo con Roberto Campa Cifrián, ahora subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. La amistad de Bejarano y Campa es sólida, lo suficiente como para que el priista visitara en prisión al perredista durante los días siguientes a los “videoescándalos” que sacudieron la capital en 2004 y 2005. La amistad entre Rubalcava y López también es maciza. Al menos en apariencia. Al menos por las señales enviadas por el líder del PRI en el DF durante la campaña electoral pasada: cuanto más duros eran los señalamientos contra el ex Delegado, relacionado a secuestro y extorsión, más veces daba la cara. El 12 de marzo de este año, un grupo de priistas de militancia casi desde sus infancias, exigieron a las dirigencias capitalina y nacional de su partido la expulsión de Adrián Rubalcava. “Es violento, es un secuestrador”, denunciaron. La demanda de la separación del Delegado de Cuajimalpa creció hasta la manifestación pública en desapego a la referencial disciplina priista. “Estamos acusando a Rubalcava de que está vinculado con ‘Los Claudios’, los secuestradores, eso no es nuevo. Él está vinculado desde la campaña que tuvo contra Luis Rosendo (Gutiérrez, candidato en 2012 por el PRD)”, sostuvo Carlos del Valle, ex Director de Desarrollo Social de la Delegación y líder del partido en la misma demarcación. “Mauricio López [líder del PRI en el DF] es quien lo protege”, sostuvo Del Valle. Y sí: Mauricio López no dio un paso atrás.
Lejos de cualquier reproche, vino una cascada de eventos convertidos en fotografías promovidas en redes sociales: Adrián y Mauricio se abrazan, Adrián y Mauricio sonríen, Adrián y Mauricio se levantan las manos victoriosas… La tarde del 3 de marzo de 2015, Alejandro Zapata, priista de toda la vida y furioso antiperredista desde siempre, esperaba la llamada de Juan Carlos Zaragoza Ríos. Zaragoza, ex empleado de Televisa que se ostenta como experto en redes sociales, oprimió el contacto “Álex” en su celular para conectar con el número 5527555401. En ese momento, Rubalcava había declarado la guerra a Carlos del Valle, quien fungiera como su director de Desarrollo Social y reclamaba la candidatura a la Jefatura Delegacional. Al no obtenerla, renunció al cargo y denunció diversas irregularidades cometidas por su ex jefe. Luego vino una andanada de imágenes difamatorias en que se utilizaron fotografías de su rostro montadas en cuerpos de cerdos, al lado de penes, junto a envoltorios de drogas. En marzo de 2015, Del Valle contraatacó y exigió a su partido la expulsión de Rubalcava a quien denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) por sus posibles vínculos del Delegado con una banda de secuestradores llamada “Los Claudios”. Mauricio López salió en defensa de Rubalcava y se mantuvo firme en que el priista de reciente incorporación mantuviera su candidatura a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, misma que resultaría exitosa y, por la cual, adquirirá inmunidad procesal. Por eso llama tanto la atención la conversación entre Zapata y Zaragoza.
Se conoce el teléfono y el contenido de la llamada porque la Policía Federal intervino esta y 30 comunicaciones que dan cuenta de cómo, desde la Jefatura Delegacional de Rubalcava y presumiblemente con recursos públicos, se operaron campañas de difamación y acoso por internet contra medios de comunicación y políticos de la Ciudad de México. Juan: ¿Qué onda, mi Álex? Álex: ¿Cómo estás? Juan: Bien, bien, ¿y tú? Álex: Ahí haciendo travesuras. ¡Jajajajaja! Juan: Sí, ya me di cuenta. Álex: Oye. Juan: Charlote, dime, dime. Álex: Ya te estoy viendo lo de tu pago, porque estoy con el de Administración. Juan: ¿Qué te dice güey? Álex: ¿Es que sabes qué pasa? Ya le estoy diciendo güey, porque si no va a haber pedo. Juan: Sí, güey, sabes qué pasa que luego haz de cuenta y hay una emergencia, yo prefiero decirle a los morros: sigue habiendo bisne, pero aguántame tantito. Entonces, desde septiembre los traigo así, desde septiembre los traigo, así entonces para que no haya pedo y nos crean. [Esos meses de 2014 coinciden con la demanda hecha a diversos medios digitales para que retiraran de sus portales imágenes de Rubalcava]. Álex: Sí, güey, ya ni me digas, ahorita te digo bien exactamente la fecha. Juan: Órale. Álex: De hecho, le pedí, le dije, necesito resolver esto ahorita ya güey le dije, porque yo obviamente los estoy utilizando, güey, y no me ha caído ni un peso, cabrón, entonces ya por eso ahorita estoy con ello. Juan: Necesitamos registrar contenido, y presupuesto no tengo para registrar. [La organización utiliza el registro de imágenes, de Rubalcava y otros, ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor como de su propiedad para luego reclamar el cese de su uso en medios de comunicación. De esta manera han amenazado a medios como Aristegui Noticias, SinEmbargo, Cuna de Grillos y otros]. Álex: Claro. Juan: No, pero bueno, dime ahorita qué te urge del señor [Del] Valle. Álex: ¡Ahhhh, de lo de este güey! Juan: Ajá. Álex: Putea a Mauricio López. Ya te pegué ahí la liga. Juan: Ok. Álex: Entonces que [se simule a Del Valle que] le diga que renuncie y ponle “Carlos del Valle para presidente del PRI DF”. Juan: Ok, o sea, que los Del Valle [el padre de Del Valle es otro priista] están contra Manuel. Álex: Contra Mauricio. Juan: Mauricio, perdón, ok, y le genero cosas. Álex: Este güey es Presidente del PRI DF. Juan: ¿Le genero cosas a Mauricio haciéndolo creer que es Carlos del Valle el que las está mandando? Álex: Así es. Juan: Ahhh, órale. Álex: Negativas obviamente. Juan: Sí, sí Álex: Que es un perrote y que es un pendejo, y cosas así ya manchadas, como quieras. Juan: Órale. Álex: ¿No? Juan: Órale. Álex: Que si no puede que mejor renuncie y Carlos del Valle para Presidente del PRI DF. Ahí me mandas ahí unas cosas a ver si le puedes poner una cara de cochino. Juan: Sí, de hecho ya tenía armada yo unas cosas de él, entonces por eso se me va a facilitar porque tenía unos memes creados. Álex: De Mauricio. Juan: No, de este de Carlos. Álex: Ajá. Juan: Pero con ya con usuarios, entonces le cambió el contenido y ya nada más le ponemos fotos buenas para que sea creíble que es él. Álex: ¡Ajá, ándale! Juan: Y ahí te encargo mi Álex, ¿no?
MÉXICO, D.F: En este mes patrio está previsto que el presidente Enrique Peña Nieto estrene el avión Boeing 787-8 Dreamliner, que por su lujo es considerado el más caro del mundo y que costará a los mexicanos más de 8 mil millones de pesos. ¿Un palacio aéreo para el Ejecutivo en medio de la crisis económica? Pues sí. En su versión comercial esta moderna aeronave –que puede cruzar el Atlántico sin abastecerse– tiene capacidad para 250 pasajeros, aunque la que estrenará Peña Nieto tiene sólo 80 asientos. “De manera inicial se tiene considerado lo siguiente: un área de trabajo de 14 asientos para personal del Estado Mayor Presidencial, 24 asientos para funcionarios y 42 asientos para personal de apoyo y representantes de medios de comunicación, (así como) un área de trabajo del titular del Ejecutivo federal, que consta de despacho y área de descanso”. Salvo el costo, la anterior es información oficial que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reveló a Proceso, en junio del año pasado, mediante una carta en la que precisó también que “el avión estará listo para ser utilizado por el presidente de la República y el Estado Mayor Presidencial en septiembre del año 2015”. Es decir, Peña Nieto podría dar el Grito estrenando este avioncito que no tienen ni Barack Obama ni Angela Merkel ni Vladimir Putin, los presidentes de tres de los países más poderosos del planeta. En octubre del año pasado, el Boeing 787-8 Dreamliner surcó el cielo de México procedente de Estados Unidos y llegó a la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, para hacer maniobras de prueba y, conforme al calendario, ya está listo todo para su estreno. De hecho, para alojar el nuevo avión se hizo construir un hangar especial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que, a un costo de mil millones de pesos, se encargó al Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el mismo contratista de la Casa Blanca de Peña en Las Lomas. Pero esa obra será útil sólo cinco años, porque el nuevo aeropuerto comenzará a operar en 2020 y el actual dejará de funcionar, salvo que sea de uso exclusivo del Ejecutivo. Fue el panista Felipe Calderón quien inició el proceso de compra, en 2012, en acuerdo con el propio Peña, que era presidente electo, y el operador de la adquisición fue José Antonio Meade, en ese entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hoy secretario de Desarrollo Social y supuesto presidenciable. Según el Proyecto Público de Inversión de la SHCP, dado a conocer en agosto de 2013 por la revista Emeequis y el reportero Rafael Cabrera –justamente el descubridor de la Casa Blanca de Peña–, el Dreamliner costará 7 mil 520 millones de pesos, además de los mil millones por la adecuación del hangar. En 2012, el gobierno pagó 4.8 millones de pesos, en 2013 70.8 millones, 219 millones en 2014, 425 millones este año, y del próximo a 2027 la cuota anual será de 467.3 millones de pesos. Así, el pago total del avión, conforme a este esquema financiero, será de 6 mil 308 millones de pesos. A esta cantidad deben sumarse otros mil 211 millones de pesos por concepto de mantenimiento de la aeronave, lo que da una suma de 7 mil 520 millones de pesos. Claro, más los mil millones del hangar. O sea, 8 mil 520 millones costará el capricho de Calderón y Peña, a cual más de ineptos y derrochadores de dinero que no es suyo. Cuando, en junio del año pasado, en este espacio se informó de las cifras, la SCT envió una carta para admitir que, en efecto, el gobierno de Calderón “dejó previsto un posible esquema de financiamiento a pagar en 15 años”, que no era otro más que el descrito arriba. Pero precisó: “En la actualidad se exploran diversas opciones de financiamiento para optar por la que resulte más conveniente para el gobierno de la República, sin que a la fecha se haya determinado alguna”. Jamás se informó cuál fue el esquema de financiamiento por el que, finalmente, el gobierno optó, pero ahora es el propio Peña quien asegura que el avión Boeing 787-8 Dreamliner no sólo cuesta más de 7 mil millones de pesos –“han corrido versiones francamente equivocadas del costo del avión”–, sino que ya hasta fue pagado. “Se pagó la pasada administración”, le dijo al dueño del portal SDP Noticias, Federico Arreola, a quien inclusive le adelantó que ha encargado a la SHCP hacer un “análisis serio y racional” sobre qué hacer con el avión en tiempo de crisis: “Eventualmente venderlo (o) mantenerlo para ciertos fines” (sic). Naturalmente, Peña no descartó estrenar: “Es decir, no vayamos a una decisión tomada bajo un arrebato, sino más bien bajo una racionalidad de lo que conviene para México, para que el gobierno esté debidamente equipado”. Fanático de la mentira y el dinero que no es suyo, Peña no es de fiar –la Casa Blanca y Ayotzinapa son sólo dos claros ejemplos– y lo que corresponde es que transparente cómo es que se pagó el avión, de dónde salió el dinero y cuándo se cerró la operación.
Pero, sobre todo, el destino del avión no puede ser otro que su puesta a la venta. Es una insolencia imperdonable que Peña viaje en un avión de más de 8 mil millones de pesos en un país con más de 55 millones de mexicanos pobres, dos más ‘fabricados’ por él… FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS).
MÉXICO, D.F: Ximena Puente, consejera presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), aseguró que se transparentará el contenido de los 55 tomos de la investigación sobre el caso Iguala. La funcionaria federal confirmó que “se está haciendo un acompañamiento institucional a la PGR para que las partes que se testen sean las que se tienen que testar, sean los que se tienen que reservar y no se teste información más allá”. Puente subrayó que todos los interesados en conocer la forma en que la PGR trabajó las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace casi un año, tendrán la información completa. “Estamos trabajando con ellos, estamos llevando a cabo ese trabajo para garantizar la información pública de esta investigación. Atendemos la relevancia social porque son temas socialmente muy importantes”.
La responsable del INAI aclaró que sólo se protegerán los datos personales que puedan implicar algún problema, pero el resto de la información será tal cual se encuentra en los 55 tomos de la investigación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La empresa MVS acusó a la periodista Carmen Aristegui de mantener una campaña en su contra sustentada en la “rentabilidad política” que supuestamente le brinda. “Los señalamientos de la periodista no tienen fundamento alguno más que la rentabilidad política que su fecunda imaginación le reditúa”, acusó José Antonio Vega, director de noticias de MVS, en un comunicado publicado hoy en el periódico Reforma. El viernes pasado, Aristegui publicó un artículo en dicho diario con motivo de la determinación del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo de reconocer el trabajo del equipo liderado por la periodista por su reportaje sobre la “Casa Blanca” de la familia presidencial. “En el más puro estilo del surrealismo mexicano, los periodistas que seremos premiados con el más importante galardón del periodismo nacional fuimos echados, de la peor manera posible, del espacio en el que desarrollábamos nuestra tarea, precisamente por realizar ese y otros trabajos de investigación periodística”, escribió. Hoy, MVS replicó:
“Como es del conocimiento de la opinión pública, los motivos que nos llevaron a terminar la relación laboral están establecidos en la demanda mercantil que la empresa promovió el 9 de abril del presenta año y que son: Uso indebido de propiedad intelectual e industrial; uso indebido de derechos de autor, uso de recursos sin facultades y comprometer a la empresa sin autorización y sin conocimiento de la misma”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
El aumento de estudios de baja calidad científica financiados por las grandes empresas se ha hecho más evidente en México, denunciaron miembros de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) y la organización El Poder del Consumidor (EPC). “Esto está apareciendo en varias áreas como farmacología, medicina, ambiente, salud, transgénicos. En este tema se ve claramente que hay revisiones de investigadores que están claramente asociados a intereses corporativos, que sesgan los artículos”, denuncia la presidenta de la UCCS Elena Álvarez-Buylla Roces, en entrevista con SinEmbargo. Es la fuente de financiamiento de un estudio, o de una revista científica, una de las razones principales para que los trabajos sean desestimados dentro de dicha comunidad. “Cada día, en promedio, un artículo científico se retrae por mala conducta. El 2 por ciento de los científicos admiten trastocar sus datos en algún tipo de forma inadecuada. Ese número puede parecer pequeño, pero recuerde, los investigadores publican alrededor de dos millones de artículos al año, a menudo con financiación del contribuyente”, destacó en mayo un artículo del diario estadounidense The New York Times, escrito por Adam Marcus e Ivan Oransky. Por esta razón, Álvarez-Buylla Roces sostiene que cada vez es más importante que los autores de estudios científicos hagan una declaración en la que detallen si el trabajo que realizaron o su persona tiene algún conflicto de interés. En México, EPC, organización dedicada a la defensa de los derechos del consumidor, denunció la semana anterior que la industria de alimentos y refrescos trajo al país a tres científicos a participar en el foro “Evidencia Actual en Edulcorantes y Salud”, que han sido financiados por la industria, a presentar investigaciones donde niegan el impacto de los refrescos en la salud.
EPC denunció que el doctor James Rippie, quien negó la relación entre el consumo de bebidas azucaradas y enfermedades cardiovasculares, ha recibido más de 10 millones de dólares por parte de la Asociación de Refinadores de Maíz de los Estados Unidos, para realizar sus investigaciones.
“El doctor Rippe ha creado una institución con su nombre recibiendo financiamiento de varias empresas, entre ellas Coca Cola”, citó una misiva de EPC.
Asimismo, los otros dos expositores, el doctor John Sievenpiper y John White, han recibido fondos de Coca Cola y dado servicios profesionales a la industria de alimentos y bebidas, respectivamente, expuso la organización civil. Cabe mencionar que en Estados Unidos, el NYT destapó el mes anterior que Coca-Cola apoyó con 1.5 millones de dólares (unos 25 millones de pesos) a la creación de una organización no gubernamental llamada Global Energy Balance Network (GEBN), que promueve el mensaje de que el consumo de calorías no es tan importante como la actividad física en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad. Tras el escándalo la compañía anunció que sería más transparente en las inversiones de investigación.
Lo que no fue igual en México, de acuerdo con el EPC, ya que la principal organizador que trajo a los citados tres investigadores fue el International Life Sciences Institute (ILSI).
“Tiene como miembros asociados a Coca Cola, Bimbo, Danone de México, Kellogg’s de México, Kraft Foods de México, Mars México, Nestlé México, Monsanto Comercial y PepsiCo”, acusó la organización, lo que supondría un claro conflicto de interés en un evento académico.
La presidente de la UCCS explicó que hay varios criterios que ayudan a distinguir entre el valor de un estudio y otro, además del saber quién financia un trabajo. Uno de ellos es la “revisión por pares”, que hace que un estudio sea evaluado por otros científicos ajenos al trabajo y de esta forma lo avalen. Además de que la revista esté registrada en el Instituto de Información Científica. Otro referente es el número de veces que un trabajo es citado o retomado por otras investigaciones científicas. “En general cuando mayor es el índice de impacto, pues se considera que tiene mayor relevancia”. Álvarez explica que siempre tendrá más valor un trabajo científico que se dedica a comprobar una hipótesis, a uno que se dedica a negar lo que otros ya probaron.
MONSANTO FINANCIA CIENTÍFICOS
Otro ejemplo de conflicto de interés en México sucedió el 10 de julio, cuando la revista PLOS ONE, que forma parte de un proyecto sin fines de lucro llamado Public Library of Science, publicó un trabajo financiado por la transnacional Monsanto en el que afirmaba la posibilidad de coexistencia entre maíz transgénico y orgánico, aun cuando la literatura científica lo niega.
“PLOS Biology o PLOs One tienen prestigio pero uno puede ver que el artículo puede estar sesgado por intereses corporativos no científicos. Si hay un conflicto de interés por parte de los autores, la sustentabilidad del hallazgo científico es por lo menos cuestionable”, dijo Álvarez-Buylla.
Este fue el caso de dicha publicación titulada “Flujo génico mediado por polen en maíz: Implicaciones en los requerimientos de aislamiento y la coexistencia en México”, en la que una serie de investigadores nacionales participaron con financiamiento de Monsanto, que es dueña de más del 90 por ciento de las patentes de transgenes en el mundo. “Preocupa que esto está pasando en investigaciones públicas mexicanas, y que investigadores que en vez de estar dedicados a buscar alternativas lo mejor sustentadas científicamente, en vez de buscar desarrollos científicos a favor de la biodiversidad, de la bioecología, de la soberanía, se ponen al ser servicio de estos intereses corporativos a hacer una tecnociencia y, primordialmente, guiada por el enriquecimiento lucrativo”, dijo en su oportunidad a SinEmbargo la presidenta de la UCCS. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/08-09-2015/1477967.
No es exagerado afirmar que la investigación periodística sobre la llamada “casa blanca” representó un antes y un después en la vida política de Peña Nieto y su gobierno. Sin duda sus autores realizaron uno de los trabajos más importantes y reveladores de los últimos años y por eso ganaron el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de reportaje, que les será entregado esta semana. Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta, Sebastián Barragán y Gustavo Varguez, bajo la coordinación de Carmen Aristegui, hicieron una meticulosa, exhaustiva y cuidada investigación, que exhibió no sólo a un Presidente y su esposa, favorecidos con apoyos y regalos de poderosas empresas para ampliar sus patrimonios inmobiliarios, sino un caso evidente de un sistema de colusión que prevalece en diferentes niveles de gobierno, en el que se reciben beneficios a cambio de licitaciones a modo o jugosos contratos con proveedores de obras y servicios. Apoyados en decenas de solicitudes de información, en investigación de campo y entrevistas, el que fuera el equipo de la Unidad de Investigación de Noticias MVS construyó así una historia muy bien documentada que puso en entredicho las promesas anticorrupción de un gobierno que se ufanaba en el mundo de “mover a México” y fortalecer nuestra democracia mediante un conjunto de históricas reformas estructurales. La publicación del reportaje nos dio una muestra de las enormes contradicciones del gobierno. El Premio Nacional de Periodismo lo otorga un jurado integrado por periodistas y académicos, que son propuestos por las Universidades, fundaciones, cámaras y asociaciones civiles que forman parte de su Consejo Ciudadano. A diferencia de lo que sucedía antes del nuevo siglo, en el jurado ya no participa el gobierno. Se acabaron desde 2001 los tiempos en los que funcionarios públicos aprovechaban la entrega de estos premios para autoelogiarse por todo lo que hacían a favor de la libertad de expresión y para premiar a periodistas y medios de comunicación amigos.
La independencia del jurado para evaluar y premiar hizo posible que un reportaje que afecta intereses políticos y económicos muy poderosos fuera reconocido. Antes, hubiese sido casi imposible. No obstante sus indiscutibles aportaciones, el reportaje fue subestimado por funcionarios gubernamentales, como era de esperarse, pero también por colegas (lo que tampoco es extraño). Particularmente un columnista de El Universal, Salvador García Soto, sembró la idea de que lo publicado por Aristegui Noticias y otros medios fue producto de la filtración de un expediente. Y le achacó la autoría al exJefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Afirmar que el reportaje no era una investigación propia, sino una estrategia política para afectar la imagen del presidente y su familia, tuvo el objetivo de poner en duda el valor del trabajo periodístico, desviar un caso de interés general y dañar la imagen de los periodistas que se habían “atrevido” a poner en duda la honorabilidad de Peña Nieto y su esposa. Es decir, se quiso convencer a los lectores y la audiencia que Aristegui y su equipo eran sólo un instrumento de Ebrard y su grupo político frente al proceso electoral de 2015. Que ese era el tema y no lo otro. Ante el señalamiento de que los documentos del reportaje fueron filtrados, en mi papel de Ombudsman de Noticias MVS acudí a la oficina de la Unidad de Investigación que dirigía Aristegui para verificar si García Soto tenía razón. Uno a uno los revisé y pude corroborar que muchos de los documentos se obtuvieron con base en solicitudes de información, aprovechando los beneficios de la ley de transparencia. Las fechas coincidían, al igual que los sellos. También los nombres de los reporteros que hicieron las peticiones y así lo hice saber a la audiencia de la emisora.
Al revisar esa enorme cantidad de información, me di cuenta que se estaba frente a un rompecabezas de datos, oficios, dictámenes, títulos de propiedad, planos y más que los reporteros fueron armando con paciencia, oficio y rigor periodístico. Toda afirmación o exposición de información siempre estuvo sustentada con documentos oficiales. No había manera de restarle méritos a una investigación real, auténtica. Y aún si se hubiese filtrado algún dato o documento, esto no afectaba en ningún sentido las enormes aportaciones que vio en este trabajo el jurado del Premio Nacional de Periodismo. Vueltas que da la vida: los ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría más competida, meses antes fueron despedidos por Noticias MVS. Esta historia es de sobra conocida, pero aún nos preguntamos si este reportaje fue la razón del acoso y salida de Aristegui y de prácticamente todo el equipo que colaboraba en la primera emisión. En su colaboración en Reforma (4 de septiembre 2015), Aristegui afirma que fueron expulsados “de la peor manera posible, del espacio” en el que desarrollaban su tarea “precisamente por realizar ese y otros trabajos de investigación periodística”. Ayer, en el mismo diario, el director de Noticias MVS, José Antonio Vega, publicó una réplica, en la que asegura que la relación laboral con Aristegui terminó por el uso de recursos de la empresa sin autorización para ello. “Nada más, pero nada menos”.
¿Cuál versión resulta más convincente para la sociedad? Frente a lo ocurrido con muchos casos, como la “verdad histórica” de Ayotzinapa que defendieron a capa y espada algunos medios y periodistas, la respuesta es previsible. Y paradoja: los expulsados fueron premiados. Quienes los despidieron no logran reponerse de las críticas y señalamientos de una audiencia que se sintió también agraviada por estos despidos. Lo que hicieron los autores del reportaje es inspirador para muchos periodistas o aspirantes de esta profesión, pero al mismo tiempo decepcionante. Ser reconocidos nacional e internacionalmente por hacer una investigación reveladora sobre los conflictos de interés del presidente de la República y demostrar en los hechos la importancia social del periodismo, debe ser muy gratificante. Sin embargo, sobre todo entre los estudiantes de periodismo, queda la sensación que quien hace periodismo en serio asume un riesgo mayor, desde ser despedido hasta perder la vida. Y no sólo eso: el buen periodismo puede inhibirse si no hay medios dispuestos a compartir ese propósito. Pese a la adversidad, hay periodistas y medios sin cuya labor habrían pasado inadvertidas prácticas tan nefastas como lo ocurrido alrededor de la “casa blanca”. Se dirá que de poco sirve ante un andamiaje administrativo y legal que facilita la corrupción (o sea, la investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre el conflicto de interés del Presidente y Angélica Rivera), pero las revelaciones periodísticas hacen un aporte fundamental: fortalecen el derecho a saber de la sociedad e inciden en la agenda nacional para impulsar los cambios políticos y regulatorios necesarios en un país que le ha costado mucho transitar a la democracia.
Lo mismo podría decirse de la labor de algunos organismos internacionales. Sin su apoyo, la sociedad mexicana se habría quedado, por ejemplo, con una equívoca versión “histórica” de lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa. Y sin la participación de la ciudadanía (actor fundamental para que en este caso la OEA investigara los hechos), de los expertos independientes (que con sus conocimientos demuestran científicamente lo posible) y los periodistas profesionales (que no se conforman con las versiones oficiales y ante todo velan por el interés general), nuestro país estaría peores circunstancias; sí, en peores. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: GABRIEL SOSA PLATAS. LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/08-09-2015/38980
