Denuncian hostigamiento, perfilamiento racial e intimidación policial contra defensores en Chiapas

El Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur denunció que la policía estatal de Chiapas comete hostigamiento, intimidación y perfilamiento racial contra defensores de los derechos humanos en Tapachula, en el marco de la crisis migratoria que atraviesa la entidad.

Explicó que el pasado 21 de febrero tres integrantes del Servicio Jesuita a Refugiados México (JRS) fueron verificados arbitrariamente por elementos de la policía en Tapachula, como resultado “de la práctica de perfilamiento racial”, especialmente contra uno de los defensores por ser de origen haitiano.

Denuncia AI impunidad en la criminalización de defensores del territorio en México

Amnistía Internacional (AI) documentó el uso “desproporcionado” del sistema de justicia en México “para disuadir, castigar e impedir” que los defensores de la tierra y el territorio exijan sus derechos, así como la impunidad alrededor de los casos de criminalización de las luchas, en el informe “México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente”.

“El uso del sistema punitivo por disentir o alzar la voz en contra de proyectos de interés de gobiernos locales y de empresas se realiza sin ninguna consecuencia y en completa impunidad”, acusó Amnistía Internacional durante la presentación de su informe, en la que añadió que las violaciones cometidas contra los defensores en el marco de las protestas por su territorio “tampoco han sido investigadas”, entre ellas el uso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad.

El Frayba denuncia tortura de 6 activistas detenidos; “quieren mandar mensaje”, acusa

En conferencia de prensa, integrantes del Centro Frayba denunciaron la detención arbitraria de seis activistas indígenas, de origen tseltal, en dos diferentes hechos, de quienes algunos también fueron sometidos a actos de tortura y privación de la libertad. Aseguraron que dichos actos de criminalización tiene el propósito de “enviar un mensaje ejemplar hacia la población [de San Juan Cancuc] a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer este jueves de 3 de agosto, que denunció ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano por los actos de tortura y fabricación de culpables, hechos que se habrían cometido contra seis activistas indígenas.

22 defensores de derechos humanos fueron víctimas de ejecución extrajudicial en 2022: Comité Cerezo

La organización señaló que “desde el gobierno federal existe una política de impunidad, ya que no hay castigo a los responsables”.

Durante el cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 22 personas defensoras de derechos humanos fueron víctimas de “ejecución extrajudicial”, sostuvo el Comité Cerezo en su último informe anual.

Criminalizan militares a defensores de Ayotzinapa y los pueblos en Guerrero

Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización de la que los defensores Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres y madres de Ayotzinapa; Abel Barrera, Rogelio Téliz García y Marco Antonio Suástegui Muñoz, en Guerrero, fueron objeto por los militares, como revelaron los documentos filtrados de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Lamentaron que el acuerdo de las fuerzas armadas con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) les asegura inmunidad. «Se creen con el derecho de señalar y atentar contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras tanto a las bandas delictivas les permiten que actúen libremente y en muchos casos se asocian con ellos para delinquir, tal y como lo muestra el caso Ayotzinapa», indicaron las organizaciones.

Agreden a defensores que documentaban violencia en Nuevo San Gregorio

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció que sus activistas fueron agredidos cuando acudieron a documentar la violencia ocasionada por un grupo invasor en la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio, en Chiapas, el pasado 10 de septiembre.

Los activistas del Frayba asistieron a la comunidad para registrar el asedio, robo y saqueo hacia una casa y la escuela autónoma zapatista, perpetrados el 8 de septiembre por el grupo que ha despojado 95 por ciento del territorio colectivo del municipio Lucio Cabañas, y fueron vigilados y agredidos verbalmente por los invasores.

La amenaza al trabajo de los defensores, explicó el Frayba, forma parte de la «búsqueda de obstaculizar el trabajo de observación y documentación de derechos humanos y la solidaridad frente a las acciones de contrainsurgencia contra la autonomía zapatista, que coloca el escenario en un contexto complejo que puede derivar en desplazamiento forzado interno, así como otros hechos graves y costos de difícil o imposible reparación».

Amenazan de muerte al defensor Blas Pérez en Chiapas

El defensor de derechos humanos Blas Pérez Gajate fue amenazado de muerte en su domicilio de Pueblo Nuevo, en el municipio chiapaneco de Tonalá, denunció la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

De acuerdo con la información de la Red, Pérez Gajate fue amenazado el pasado 28 de julio por un sujeto de nombre Nahúm, quien llegó al domicilio del defensor y le dijo que tenía tres opciones para que no le hiciera daño: que le diera la cantidad de 130 mil pesos; que se fuera del lugar, o que lo mataría. El agresor entonces lo golpeó con una piedra en el abdomen y posteriormente le mostró el arma de fuego que portaba.

Ordenan detener a sacerdote chiapaneco Marcelo Pérez, quien se ha opuesto a grupos criminales

El religioso Marcelo Pérez se ha destacado por oponerse a las acciones de grupos del crimen organizado en la zona indígena que ocupa la Diócesis de San Cristóbal; en julio de 2021 fue mediador en el conflicto del municipio de Pantelhó, cuando se conformó un grupo de autodefensas armadas para expulsar a presuntos integrantes del crimen organizado. Ahora, familiares de 21 desaparecidos presuntamente en manos del grupo de autodefensa El Machete, buscan involucrarlo en estos hechos, por lo que la Fiscalía de Chiapas ordenó su detención.

La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas dio a conocer que el sacerdote indígena tsotsil Marcelo Pérez Pérez tiene una orden de aprehensión, como resultado del acompañamiento que ha hecho a pueblos y comunidades que denuncian y enfrentan a grupos criminales.

Acusan a la Fiscalía Indígena de criminalizar a defensores en Chiapas

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que la Fiscalía de Justicia Indígena (Fiscalía Indígena) en Chiapas es «el ente perpetrador de criminalizar la defensa y promoción de los derechos humanos de los pueblos originarios», pues a través del sistema penal se reprime y castiga a los defensores indígenas.

Las organizaciones, entre las que se encuentra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y la Red TDT, señalaron que en Chiapas las agresiones contra los defensores se traducen en detenciones arbitrarias, tortura y asesinatos, como el de Simón Pedro Pérez el 5 de julio de 2021, que continúa en la impunidad.

Sandra Quiñones, defensora de derechos humanos en Jalisco, denuncia intento por privarla de la libertad

Sandra Quiñones, quien ha trabajado con casos de feminicidio y abuso sexual contra menores, dijo que la agresión en su contra ocurrió el 30 de mayo y que la fiscalía del estado ha querido minimizar lo sucedido.

La defensora de derechos humanos Sandra Quiñones denunció que sufrió un intento de privación de la libertad dentro de las instalaciones de la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta, en Jalisco.

Quiñones es coordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y acompaña casos de feminicidio y abuso sexual contra menores de edad. 

Denuncian criminalización y fabricación de delitos contra defensores tseltales en Chiapas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció la criminalización y fabricación de delitos contra el defensor tseltal Manuel Sántiz Cruz, así como de Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, por parte de la policía municipal de San Juan Cancuc y de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

El Frayba señaló que la criminalización a la defensa de la vida se da en un contexto de oposición al desarrollo de la Súper Carretera San Cristóbal-Palenque, «que forma parte del desarrollo de megaproyectos turísticos en la región impuestos sin consulta previa libre, informada y con pertinencia cultural». Además, las detenciones se enmarcan en la oposición de los pueblos tseltales a la presencia del ejército mexicano y la Guardia Nacional en su territorio.

Encinas: 45% de agresiones contra defensores y periodistas vienen de autoridades y grupos delictivos

El periodista Andrés Resillas, representante de la Asociación Michoacana de Periodistas, llamó a las autoridades a generar un marco legislativo de protección a periodistas para que el mecanismo pueda ser efectivo.

Los niveles violencia que se han vivido en los primeros tres meses de este año obligan a todos los órdenes de gobierno a replantear las acciones para fortalecer las medidas de reacción contra la violencia, y a su vez, las medidas de carácter preventivo, señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

El funcionario federal estuvo en esta ciudad capital para participar en la firma de un Convenio de Coordinación y Cooperación entre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el gobierno del estado de Michoacán.