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jueves, 10 de octubre de 2019
Universidades del Bienestar dejan sin salario a trabajadores de organismo educativo
Pese a que el Crefal es un organismo internacional ajeno al gobierno federal, sus empleados siguen sin cobrar y acusan que los recursos están siendo destinados a las 100 universidades el proyecto del presidente.
El 30 de septiembre, Raquel Sosa, directora del Organismo Coordinador de las Universidades del Bienestar, informó a los trabajadores del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal), a través de un mail, que no se les pagaría su quincena debido a que la persona encargada de administración había renunciado y se esperaba la autorización de un nuevo funcionario para disponer de los recursos.
jueves, 14 de diciembre de 2017
IBERO, UNAM y UdeG insisten en rechazo a Ley de Seguridad Interior
En cambio, proponen un diálogo nacional amplio e incluyente, que privilegie los argumentos basados en evidencia a nivel nacional e internacional, para evitar se repita el esquema fallido de seguridad que se ha implementado en los últimos años en nuestro país.
martes, 12 de septiembre de 2017
Muestra de algunos centros de acopio en universidades
Son defensores de la educación pues, se enfrentan al proyecto privatizador de Enrique Fernández Fassnacht, que va acorde con la Reforma Educativa, sin embargo, los estudiantes recuerdan y reivindican el lema de su institución “la técnica al servicio del pueblo”.
Es por ello que desde el viernes montaron una mesa de acopio en el monumento a la Revolución, porque para ellos, dice José Luis Hernández, estudiar en una escuela pública es posible gracias a que es el pueblo quien paga dichas escuelas y como universitarios, afirma, hay que regresar y retribuir a ese mismo pueblo, y así, abanderando el lema de el IPN, se han puesto al servicio del pueblo en estos momentos de necesidad.
domingo, 16 de julio de 2017
Abre SEP espacio para 41 mil aspirantes a universidades públicas
El programa, titulado “Un lugar para ti 2017”, a través de Internet, prevé la oferta de 41 mil 412 espacios en instituciones públicas y privadas de calidad, encaminado a los jóvenes que aspiran a un espacio en las instituciones de mayor saturación en la zona metropolitana, que incluyen la Ciudad de México, y los estados de México, Hidalgo y Morelos.
lunes, 12 de junio de 2017
Universidades en la CDMX promoverán acciones contra la violencia de género; la UNAM, ausente en el acuerdo
A través de un desplegado de prensa, las autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) –planteles Iztapalapa y Azcapotzalco–, así como la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) censuraron también los actos violentos que viven las mujeres en los espacios universitarios y en la capital del país y demandaron el esclarecimiento de los casos registrados en algunas de esas instituciones educativas.
lunes, 23 de enero de 2017
Policía resguarda universidades en Saltillo ante presunta amenaza contra estudiantes
De acuerdo con información del diario Vanguardia, a primera hora de este lunes vehículos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Grupo de Reacción Operativa Metropolitana (GROM) y Fuerza Coahuila custodiaron el interior y el exterior del Tecnológico de Saltillo y de la UANE, luego de que en redes sociales surgió ayer una supuesta amenaza de ataque a los alumnos de esas instituciones académicas.
José Luis Aguiñaga, jefe de Comunicación y Difusión del Tecnológico de Saltillo, señaló que la amenaza provino de una cuenta que se creó ayer, y tras hacer la publicación fue eliminada, por lo que podría tratarse de un mensaje falso que ya se investiga.
“Estamos investigando el origen de la cuenta que publicó esta amenaza, hasta ahorita no lo sabemos y tomamos nuestras medidas con apoyo de cuerpos de seguridad estatales, personal de aquí. Por ley no podemos realizar operativo mochila pero tanto vigilantes como maestros y personal en general están alertas de cualquier anomalía y así estaremos toda la semana”, señaló.
Por su parte, el rector de la UANE, Higinio Gonzalez, manifestó que en ese plantel universitario tampoco se han registrado anomalías durante la mañana, y llamó a no crear psicosis derivadas de las amenazas que se presentaron.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/471348/policia-resguarda-universidades-en-saltillo-ante-presunta-amenaza-contra-estudiantes
sábado, 21 de enero de 2017
Universitarios, el sector "más afectado" por el desempleo
El desempleo en México afecta en mayor proporción a las personas que han cursado el bachillerato o concluido estudios universitarios. Al término del año pasado, 48 de cada 100 desocupados habían completado la educación media superior o superior.
jueves, 15 de diciembre de 2016
El inminente fin de las universidades
Este hecho podría parecer apocalíptico, pero expertos anticipan que conllevará muchísimos beneficios. La educación realmente será universal, accesible, y con un catálogo infinito de asignaturas y habilidades.
“La lectura en voz alta será reemplazada por video en streaming. Los exámenes y cursos por Internet se convertirán en la norma. El intercambio académico se llevará a cabo principalmente en espacios interactivos en línea, ocupados por una nueva generación de jóvenes con hiperinteligencia, que ya pasan gran parte de sus vidas en línea. Las universidades ampliarán su alcance a estudiantes de todo el mundo, sin límites geográficos o incluso por zonas horarias. Todo esto se ofrecerá, también, a una fracción del costo de una educación universitaria tradicional”, advierte Nathan Harden, autor de Sex & God at Yale: Porn, Political Correctness, and a Good Education Gone Bad (St. Martin’s, 2012).
En el mismo sentido apunta Mark C. Taylor, jefe del departamento de Religión de la Universidad de Columbia y autor de Field Notes From Elsewhere: Reflections on Dying and Living: “La mayoría de los programas de posgrado en las universidades americanas fabrican un producto para el cual no hay mercado (candidatos para enseñar posiciones que no existen) y desarrollan destrezas para las cuales hay demanda decreciente (investigación en subcampos dentro de subcampos y publicación en revistas leídas por nadie más que unos cuantos colegas con ideas afines)”.
De esta forma, los currículums y los posgrados largos serán reemplazados por las plataformas Udacity, Coursera, E-Magister o cualquiera de los ascendentes sistemas de educación en línea. Las empresas se concentrarán en contratar de manera temporal a especialistas que han desarrollado habilidades específicas.
En una entrevista con Larry King en 2013 durante la Conferencia Gloral del Milken Institute, el empresario mexicano Carlos Slim enfatizó: “La educación debe ser cambiada por completo y con tecnología, porque es una gran herramienta para todo, para cambiar la educación, y la forma en que se está implementando no es la correcta. Si piensas en la educación actual, tienes los mismos modelos que vienen de la educación militar y religiosa de hace 2 mil años.
“Es un proceso de domesticación, a veces no les enseña a los niños cómo pensar, cómo investigar sino a memorizar frecuentemente en lugar de racionalizar el libro (…) se podría mejorar la educación con la tecnología, principalmente la educación en el mundo es muy académica, no hay un buen modelo que capacite a la gente para el trabajo”.
Previendo estos tiempos y anticipándose a sus competidores, el Instituto Tecnológico de Massachusetts se convirtió en la primera universidad de élite en el mundo en ofrecer una credencial para que sus alumnos puedan estudiar y completar cursos gratuitos en línea. De manera similar, la Universidad de Harvard promueve constancias de maestría para quienes completen cursos en línea y demuestren las habilidades aprendidas.
A pesar de lo optimista que pueda parecer este panorama, también existirán consecuencias negativas a partir de la inevitable homogeneización de este sistema. De entrada, una reducción significativa del personal de las universidades e inminentes despidos. El deterioro de las relaciones en persona. Además, carreras o conocimientos que no sean requeridos en el mercado, como filosofía o civismo, por citar las más evidentes, serán relegadas de los planes de estudio.
Los expertos prevén también que este sistema premiará sólo a quienes tengan la habilidad para estudiar, prepararse y estar en constante dinamismo, virtudes de las que no todos fueron provistos.
No sobra recordar que, además, los países menos desarrollados podrán incluso ampliar la amplia brecha que los separa de las naciones con alto nivel educativo. Basta mencionar el último reporte de la prueba PISA, que colocó a México en el último lugar de los países pertenecientes a la OCDE.
“Este enfoque refleja que las economías modernas recompensan a los individuos no por lo que saben, sino por lo que pueden hacer con lo que saben (…) Ya en las pruebas anteriores divulgadas hace tres años se mostró que la mitad de los estudiantes en muchos países de la región no sabían leer o escribir apropiadamente, no tenían los fundamentos más elementales en matemáticas. Esto significa que no tendrán ninguna chance en la vida”, profetizó la OCDE.
FUENTE: PROCESO/WWW.AGENCIADINAMITA.COM.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466149/inminente-fin-las-universidades
miércoles, 9 de noviembre de 2016
Busca Aurelio Nuño un pacto entre universidades y el gobierno
Con el convenio, planteado en un escenario presupuestal complicado, también se pretende aumentar la matrícula de las escuelas de educación superior y mejorar la calidad de la educación, indicó el secretario durante la inauguración de la Conferencia Internacional La Educación Superior en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
“Un acuerdo en que con plena responsabilidad, pero también con mucha generosidad, nos permita hacer una redefinición de la responsabilidad que tiene el gobierno federal para financiar la educación pública superior de nuestro país, para determinar también cuáles son las responsabilidades de los gobiernos locales en apoyar y en financiar la educación pública superior de nuestro país.
“Y también cuáles son las responsabilidades que las universidades asumen para contribuir a ese mismo financiamiento y para tener un gasto transparente y responsable”, expresó.
De esta manera, indicó, se podrá responder a las demandas de los jóvenes estudiantes sin pretexto, por lo que llamó a los rectores y a los funcionarios a iniciar los trabajos inmediatamente.
Recordó que durante esta administración la cobertura ha pasado de 30 a 36 por ciento y consideró de principal importancia la vinculación que se pueda dar entre las universidades con el sector productivo.
“Todos los que estamos aquí estamos convencidos que a través de la educación se puede transformar la vida de una persona, se puede transformar la vida de una familia, se puede transformar la vida de una comunidad, y se puede transformar la vida de México”, indicó.
Esa transformación se logra en parte a través de la Reforma Educativa, con la que se hacen esfuerzos para mejorar a las escuelas de México en organización e infraestructura, así como para capacitar a los maestros, aseveró en el Palacio de Minería.
Nuño Mayer dijo que se trabaja de la mano con las universidades públicas y privadas, para aumentar la cobertura en educación superior.
Mientras que en su intervención, el secretario general ejecutivo de Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, destacó la coordinación entre esa asociación y la Secretaría de Educación Pública, sobre todo en lo referente a cobertura, calidad, responsabilidad social y formación continua de profesores de educación básica.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461842/busca-aurelio-nuno-un-pacto-entre-universidades-y-el-gobierno
jueves, 6 de octubre de 2016
Sinodales de la UP eran los responsables de revisar la tesis de Peña Nieto: UNAM
De acuerdo con información de Aristegui Noticias, lo anterior es parte de la respuesta de la UNAM a la “consulta técnica” que la institución privada realizó tras la publicación del reportaje “EPN, de plagiador a Presidente”, en el cual se concluye que al menos 28.8 por ciento de la tesis presidencial fue plagiada a distintos autores.
La respuesta de la UNAM a la UP fue elaborada por la Directora General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), Manola Giral Lozano, en un documento al cual tuvo acceso Aristegui Noticias, con fecha del pasado 12 de septiembre, y que consta de tres hojas y ocho puntos diferentes.
En el punto séptimo del oficio dirigido por la UNAM al representante legal de la Panamericana, Adrián Omar Pichardo Jiménez, la DGIRE también reconoce que conforme a la normativa vigente en 1991, una vez que una persona ha aprobado su examen profesional para otorgar el título de Licenciado de Derecho a una persona, ya no existe una norma o disposición posterior que permita revisarlo de forma posterior.
La “consulta técnica” enviada por la UP a la UNAM está planteada en términos negativos, es decir, antes de que la Universidad Nacional emitiera cualquier respuesta, la premisa de la escuela privada es que “no existe normatividad o reglamentación que regule o sancione los hechos narrados” en el documento recibido por la UNAM, dice la nota publicada por el portal Aristegui Noticias.
La revisión de la UP a la tesis de Peña Nieto admitía que el texto del entonces pasante de Derecho contenía decenas de “reproducciones textuales de fragmentos sin cita a pie de página ni en el apartado de la bibliografía”, es decir, plagio a diversos autores.
Ante la pregunta en sentido negativo, la UNAM responde textual: “efectivamente, una vez aprobado el examen profesional para obtener el título de Licenciado en Derecho, siguiendo el procedimiento antes descrito, no existe disposición que permite su posterior revisión, ya que dicho acto produce efectos jurídicos correspondientes”.
Sin embargo, la UNAM es muy clara en cuanto al deslinde de responsabilidades, puesto que en el punto ocho del documento, la titular de DGIRE, Manola Giral, insiste en que conforme al Estatuto General de la UNAM vigente en 1991, correspondía a la universidad incorporada sancionar cualquier violación grave cometida por cualquiera de sus alumnos a la legislación universitaria.
“Cabe señalar también que, según el Estatuto General de la UNAM, vigente desde las fechas que se refieren (1991), únicamente son responsables por faltas a la Legislación Universitaria los miembros del personal académico y los alumnos, por las causas graves de responsabilidad previstas en el artículo 95 del mismo ordenamiento. En consecuencia, cualquier asunto o falta a la normatividad cometida por un alumno del sistema incorporado, queda fuera de la jurisdicción de la legislación universitaria y de los órganos encargados de velar por su cumplimiento”, señala la respuesta de la UNAM a la UP.
Incluso, dice Aristegui Noticias, la DGIRE agrega que los alumnos de las instituciones incorporadas no se consideraban alumnos de la Universidad Nacional “para los efectos y obligaciones correspondientes”, puesto que las escuelas privadas estaban obligadas en 1991 a emitir un reglamento interno para someter a sus alumnos a las disposiciones internas emanadas de estos.
Por lo que se refiere a la tesis y al examen profesional, la UNAM le señala a la Panamericana que le correspondía a los planteles y escuelas incorporadas autorizar y registrar los temas de tesis o tesina de sus alumnos, además de advertir que también le correspondía a la UP designar a un asesor o director de tesis, mismo que era responsable de que el trabajo escrito reuniera los requisitos necesarios para ser aceptado y aprobado.
El director de la tesis de Enrique Peña Nieto fue el actual magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México, Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, quien atribuyó los plagios a “errores de imprenta”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457718/sinodales-la-up-los-responsables-revisar-la-tesis-pena-nieto-unam
lunes, 1 de agosto de 2016
Desde hoy permiten portar armas en universidades de Texas
La ley de Portación en el Campus entra en vigor justo en el día en que se conmemora el 50 aniversario de la masacre cometida por Charles Whitman.
Whitman era un estudiante de la universidad de Texas en Austin que subió a la Torre, el edificio principal del campus, para disparar desde ahí y matar a 16 personas, en el primer tiroteo masivo registrado en un campus universitario.
La nueva ley permitirá a cualquier persona que cuente con un permiso para portar armas ocultas, el llevar pistolas y revólveres al interior de las aulas y de los edificios, además de los exteriores, calles y zonas de estacionamiento de los campus universitarios.
La ley todavía prohibe a cualquier menor de 21 años de edad llevar un arma de fuego oculta en un campus universitario, por lo que una buena parte de los estudiantes no podrá tomar ventaja del nuevo estatuto.
Incluso aquellos que las pueden llevar deberán someterse a un curso de capacitación sobre manejo de armas para poder obtener un permiso de portación.
Se estima que en la Universidad de Texas en Austin, la mayor universidad pública de la entidad, menos del uno por ciento de los estudiantes cuentan con permiso de portación de armas ocultas.
La ley también permite a las autoridades universitarias el poder designar zonas exclusivas de no portación, siempre y cuando estas se aprueben por mayoría de dos tercios o más votos del consejo universitario.
La ley no aplica, al menos durante su primer año, a las escuelas privadas y universidades y a partir del próximo año estas instituciones tendrán la opción de exclusión voluntaria de la ley.
El estatuto fue aprobado el año pasado por una legislatura de mayoría republicana.
El senador estatal Brian Birdwell, principal promotor de la iniciativa, dijo entonces que la le lay era necesaria dado que “un derecho fundamental que otorga el creador no debe estar subordinado a los costos financieros o la especulación de nuestras universidades públicas".
Texas es una de los ocho entidades del país en contar con una ley de portación de armas ocultas, pero la diferencia en esta entidad es que se permite que las universidades públicas puedan designar áreas de exclusión dentro de sus campus.
Varios profesores, de diferentes campus de la Universidad de Texas, interpusieron demandas contra el estado y la propia Universidad para tratar de frenar la entrada en vigor del estatuto, bajo el argumento de que en Texas la portación de armas de fuego no esta bien regulada en el sentido de la Segunda Enmienda Constitucional.
Los profesores también sostienen que el obligar a los maestros a permitir armas en las aulas tiene un efecto negativo sobre el derecho a la libertad académica garantizado en la Primera Enmienda.
FUENTE: LA JORNADA/NOTIMEX.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/01/entra-en-vigor-ley-de-portacion-de-armas-en-universidades-de-texas
miércoles, 13 de abril de 2016
Universidades reprobadas: solo 4 tienen protocolos contra el acoso sexual
En México la mayoría de las universidades públicas y privadas no cuentan con protocolos para atender las denuncias de las alumnas que sufren acoso y violencia.
“Perra”, escuchó Martha mientras caminaba por los pasillos de su universidad. Se lo dijo un hombre al que no pudo identificar porque traía puesto el gorro de la sudadera y un cubrebocas. Él traspasó una pequeña caseta de vigilancia y la insultó cuando la tuvo a unos pasos de distancia. No fue un grito, sino casi un murmullo que la dejó helada.
Martha se detuvo un instante, sorprendida, pero siguió caminando. “Me sentí mal y me dio mucho coraje”. El incidente ocurrió en marzo pasado pero Martha lleva un año y medio alerta, desde que en octubre de 2014 denunció que un compañero del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la había violado, y sólo encontró hostilidad en su contra.
Sin sanciones
El 16 mayo de 2014 Martha y sus compañeros del ICN celebraban con una fiesta su participación exitosa en la reunión anual de la Sociedad Mexicana de Física. Al departamento llegó Víctor Hugo Flores Soto, estudiante de posgrado del ICN y compañero de Martha, quien le ofreció alcohol que llevaba guardado en una botella de plástico.
Después de tomar un trago Martha sólo recuerda haber amanecido desorientada y con dolor en todo el cuerpo: “Fue como despertarme de una pesadilla, no sabía en dónde estaba ni lo que había pasado, no recordaba nada”. Se vio en el espejo y su cabello estaba completamente enredado, como si le hubieran hecho nudos. Temblaba.
Fue cinco meses después, en octubre, que Martha supo que Víctor Hugo Flores la había violado mientras estaba inconsciente. Se lo contó una amiga que atestiguó los hechos, pero que no había dicho nada antes porque pensó que se había tratado de una relación sexual consensuada. Tras el shock, Martha decidió enfrentar a su agresor y denunciarlo ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) –por el que se abrió el expediente FDS/FDS-2/T1/00568/14-10– y la UNAM.
Después de más de 15 meses de litigios y un proceso largo –y según Martha, revictimizante– que aún no termina del todo, ella y su abogada lograron que el 21 de marzo de 2016 se le dictara auto de formal prisión a Flores Soto. Durante este tiempo, las autoridades universitarias nunca emitieron una sanción definitiva en su contra.
Cuestionamientos
La UNAM, la mayor y más prestigiada universidad de México, carece de un protocolo para atender denuncias de violencia sexual. Ante esta situación, son los directores de cada facultad o instituto quienes deciden qué casos son lo suficientemente importantes como para llegar al Tribunal Universitario, encargado de emitir los fallos y en donde participan seis personas: profesores, investigadores, el Abogado General de la UNAM y dos alumnos. El de Martha fue el primer caso de violencia sexual en llegar a esa instancia.
En la audiencia ante ese tribunal, ella escuchó: “¿Para el día de los hechos eras virgen?¿Tu consumo de alcohol en fiestas es alto?¿Sueles dormir fuera de tu casa?¿Tal día te acostaste con tal persona?”. Las preguntas las hizo la defensa del acusado con el permiso del Tribunal Universitario, que solo desechó el cuestionamiento sobre la virginidad de Martha. Todo lo demás, dice, tuvo que responderlo.
En la audiencia un testigo de Víctor Hugo Flores, una persona que ella asegura que jamás había visto, la describió como una mujer que suele emborracharse y tener sexo en las fiestas. Tras este encuentro, en el que Martha expuso su caso ante las autoridades universitarias, llegó “derrumbada” a su terapia.
El Tribunal Universitario, según su reglamento, tiene cinco días para emitir un fallo, pero en este caso demoró más de un año. La académica especializada en temas de género Natalia Flores dice que uno de los defectos del procedimiento actual para atender y sancionar la violencia sexual en la UNAM es la opacidad: “Es un misterio. Es como una caja negra, nadie sabe lo que pasa”.
Cuando el Tribunal finalmente decidió expulsar a Flores Soto por el delito cometido contra su compañera, este se amparó ante la justicia federal y pudo seguir estudiando mientras aguardaba la resolución definitiva de la Comisión de Honor de la UNAM, instancia ante la que apeló su expulsión.
El pasado 10 de enero, Martha supo que la Comisión de Honor decidió no sancionar a Flores Soto pues los hechos ocurrieron fuera de la escuela. Aún estando encarcelado en el Reclusorio Oriente para enfrentar el juicio por violación, Víctor Hugo Flores podrá continuar estudiando en esa universidad.
Martha jamás fue notificada oficialmente por las autoridades de la UNAM sobre las determinaciones tomadas en el caso. “Soy un cero a la izquierda para ellos”, señala.
Las autoridades universitarias tienen una opinión distinta. La presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, Leticia Cano Soriano, dice que existen “más que condiciones favorables” para que las víctimas denuncien.
Cano Soriano destaca que “hasta en los materiales de bienvenida” se invita a la comunidad universitaria a que acuda a la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias (UNAD) dentro de la UNAM para presentar una queja, y adelantó que la casa de estudios está “por concluir” un documento de política institucional de género. Ni la Oficina de la Abogada General ni el área de Comunicación Social de esa institución dieron su punto de vista sobre las fallas o beneficios del procedimiento que está vigente para denunciar violencia sexual, pese a que fueron consultadas vía telefónica y correo electrónico.
Las cifras
El 10 de marzo de 2016, un día después del episodio en el que un desconocido insultó a Martha en al campus de la universidad, el secretario de Gobernación, anunció que el gobierno federal “trabaja para combatir y poner fin a la violencia de género en todas sus manifestaciones”. Dos días antes, durante el Día Internacional de la Mujer, el presidente Enrique Peña Nieto celebró que “sin duda” el país ha hecho avances “en erradicar la violencia contra las mujeres”.
En México se cometen alrededor de 600,000 delitos sexuales al año, según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en su primer Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México, que publicó en marzo de este año.
El documento calcula que entre 2010 y 2015 se realizaron dos millones 996 mil de ellos, si se toma en cuenta la cifra negra de denuncias -que alcanza 94.1%-. De las víctimas, ocho de cada diez son mujeres.
De ese estudio sobresalen dos datos: de ese total de 600,000 crímenes que se calcula se cometen anualmente, las autoridades de procuración de justicia solo integran 20,000 averiguaciones previas. Y de ellas solo en 6,000 -1 por ciento de los casos- se consigna al agresor ante un juez.
Entre las personas que figuran como víctimas de delitos sexuales en las averiguaciones previas, ser estudiante es la ocupación más frecuente: 25.6 por ciento de los casos.
Por ejemplo, en la UNAM, 49.3 por ciento de las alumnas -34,642 personas- dijo haber sufrido algún tipo de hostigamiento en la universidad, de acuerdo con la encuesta más reciente (2009) que realizó el Programa Universitario de Equidad de Género (PUEG).
De ellas 27.1 por ciento dijo haber experimentado “miradas morbosas o gestos molestos”; 22.1 por ciento señaló “frecuentes piropos no deseados acerca de su apariencia”; 2.1 por ciento tuvo que cambiarse de grupo o dar de baja una materia por acoso sexual; y 71 alumnas, 0.2 por ciento, sufrió amenazas y castigos para realizar actos sexuales no deseados.
La UNAM no es la única universidad que no cuenta con un procedimiento específico y claro para atender casos de violencia sexual. En México existen al menos 32 universidades autónomas locales, una por cada entidad federativa, y solo cuatro de ellas -la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Quintana Roo- tienen un protocolo diseñado para la atención de hostigamiento y abuso sexual.
De esas cuatro universidades, el reglamento de la Universidad Michoacana contempla atender únicamente los casos que ocurren dentro de sus instalaciones y la Universidad de Quintana Roo prevé atender a los trabajadores, más no a los alumnos.
Son esas mismas cuatro escuelas las únicas que incluyen de manera particular la sanción de delitos sexuales. El resto enuncia de forma general en sus reglamentos o estatutos “actos contrarios a la moral”, “faltas de respeto” u “hostilidad”. Conductas como llegar en estado de ebriedad a clase o falsificar documentos escolares sí son tipificadas con precisión por la mayoría de las casas de estudio.
De las 24 universidades que no cuentan con protocolo, sólo la UNAM y la Universidad de Guanajuato tienen un anteproyecto que está en proceso de aprobación. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) cuenta con un procedimiento que realizaron dos profesoras del plantel San Lorenzo Tezonco, tras darle seguimiento a un caso de acoso sexual en 2013, pero que no ha sido institucionalizado. Es decir, se utiliza de forma no oficial en ese plantel para atender los casos que ahí suceden, pero no está en el reglamento general.
La situación en las universidades privadas no es mejor. Ninguna de las más grandes a nivel alumnado cuenta con un protocolo, aunque algunas de ellas especifican el acoso sexual como una falta disciplinaria en su reglamento general.
En 2014 el Tecnológico de Monterrey tenía, dentro del campus Estado de México, un Procedimiento para Atención de Quejas contra Acoso y Hostigamiento Sexual, pero las propias autoridades escolares -Amparo Dueñas, directora de Talento y Cultura del Campus Estado de México- admitieron para este reportaje que ya no está vigente y que el Comité de Equidad de Género, encargado de su funcionamiento, ya no existe.
La Universidad Panamericana sanciona el acoso sexual en sus respectivos reglamentos, pero de manera general y sin un procedimiento. La Universidad Anáhuac no menciona el tema en sus documentos.
En la Universidad Iberoamericana tampoco existen protocolos para atención de violencia o acoso sexual; sin embargo, el Programa de Género está diseñando los protocolos que de acuerdo con la procuradora de Derechos Universitarios, Patricia de los Ríos, serán publicados “en unos meses”.
La institución, dijo, se encuentra en un periodo de transformación que comenzó hace año y medio con la creación de la Procuraduría de Derechos Universitarios, encargada de atender las denuncias, investigar los casos y publicar recomendaciones. También dijo que está pendiente la conformación del Tribunal Universitario, que será el máximo órgano para debatir estos temas.
En la Universidad Autónoma de Guadalajara se prohíbe expresamente que las mujeres utilicen ropa transparente o que las blusas y faldas sean “extremadamente cortas”, así como la ausencia de ropa interior o el uso de esta de manera visible pues, señala, “con ello se puede provocar la falta de respeto de sus compañeros”.
Las redes
Colectivos feministas y académicas insisten en que la existencia de protocolos para atender casos de violencia sexual en universidades es necesaria para evitar que estos casos continúen. Martha, la estudiante de la UNAM, ahora forma parte de la Red No Están Solas, un colectivo feminista integrado en su mayoría por sobrevivientes de violencia sexual. Afirma que si las universidades permiten que los casos queden en la impunidad, perpetúan esas conductas.
Al respecto la académica Natalia Flores afirma: “Los protocolos deben ser claros y específicos para evitar vacíos legales y que las víctimas sean obligadas, en la práctica, a convivir con sus agresores en la escuela. Tienen que ser una ruta interna a seguir que indique dónde poner una queja y que estipule que el trato a los denunciantes debe apegarse a los derechos humanos”.
Andrea Ramírez, integrante de la Red No Están Solas, agrega sobre el tema: “Estos procedimientos tendrían que considerar no solo sanciones para los agresores, sino para los funcionarios que revictimicen a las personas que denuncian”.
Por ejemplo, afirma, ella y otras compañeras fueron agredidas por Juan Carlos Sosa, estudiante y profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Al denunciar los hechos, el ofrecimiento de la institución fue un cubículo apartado para ella y préstamo de libros a domicilio, para que pudiera continuar con sus estudios “sin riesgo”. Decidió dejar de ir a la universidad.
Por su parte Melissa Lailson, abogada de Martha, va más allá y propone que se legisle en la materia, al menos a nivel estatal, pues los agresores pueden ampararse ante la justicia y evitar las sanciones universitarias argumentando que se les niega su derecho a la educación.
Yolanda Pineda, una de las profesoras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que impulsa la institucionalización del procedimiento que ha atendido al menos 11 casos, llama la atención sobre el tema de las sanciones, pues cree que un protocolo debe ser un espacio de resolución de conflictos. Afirma en entrevista que cambiar de plantel al agresor, como dice que se ha hecho en algunos casos de los que tiene conocimiento, solamente es llevar el problema a otro lado. Se debe proteger a las víctimas, pero también hay que trabajar más a fondo con las personas violentas.
Según ella, hubo casos “muy bonitos en los que a través del diálogo logramos que las personas dijeran ‘yo no sabía que estaba ejerciendo violencia’ y a partir de eso dejaron de violentar a las compañeras”.
En octubre de 2014, cuando Martha supo que había sido víctima de violación, la violencia sexual en universidades ocupaba algunas primeras planas en Estados Unidos. Denuncias como la de Emma Sulkowicz, estudiante de la Universidad de Columbia que decidió caminar por el campus con un colchón a cuestas para exigir la expulsión de su violador, provocaron una respuesta gubernamental. El presidente Barack Obama lanzó la campaña “It’s On Us” (Está en nosotros) y creó la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca para Proteger a los Estudiantes del Acoso Sexual. Su gobierno también publicó una lista de 55 universidades investigadas por su forma de atender casos de violencia de género.
A través de pintas y marchas al interior de la universidad, como lo ha hecho la Red No Están Solas, o por medio de las redes sociales como lo hacen alumnas de la Universidad Iberoamericana, algunas estudiantes mexicanas han seguido los pasos de sus colegas estadounidenses y señalan que seguirán exigiendo justicia a las autoridades tanto escolares como gubernamentales.
*Esta es una versión de un reportaje realizado originalmente por Distintas Latitudes para el portal Desigualdad, de Univision, que coordina la fundación española porCausa.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO, DISTINTAS LATITUDES.
AUTOR: ARTURO ILIZALITURRI.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/universidades-reprobadas-solo-4-tienen-protocolos-contra-el-acoso-sexual/
Martha se detuvo un instante, sorprendida, pero siguió caminando. “Me sentí mal y me dio mucho coraje”. El incidente ocurrió en marzo pasado pero Martha lleva un año y medio alerta, desde que en octubre de 2014 denunció que un compañero del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la había violado, y sólo encontró hostilidad en su contra.
Sin sanciones
El 16 mayo de 2014 Martha y sus compañeros del ICN celebraban con una fiesta su participación exitosa en la reunión anual de la Sociedad Mexicana de Física. Al departamento llegó Víctor Hugo Flores Soto, estudiante de posgrado del ICN y compañero de Martha, quien le ofreció alcohol que llevaba guardado en una botella de plástico.
Después de tomar un trago Martha sólo recuerda haber amanecido desorientada y con dolor en todo el cuerpo: “Fue como despertarme de una pesadilla, no sabía en dónde estaba ni lo que había pasado, no recordaba nada”. Se vio en el espejo y su cabello estaba completamente enredado, como si le hubieran hecho nudos. Temblaba.
Fue cinco meses después, en octubre, que Martha supo que Víctor Hugo Flores la había violado mientras estaba inconsciente. Se lo contó una amiga que atestiguó los hechos, pero que no había dicho nada antes porque pensó que se había tratado de una relación sexual consensuada. Tras el shock, Martha decidió enfrentar a su agresor y denunciarlo ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) –por el que se abrió el expediente FDS/FDS-2/T1/00568/14-10– y la UNAM.
Después de más de 15 meses de litigios y un proceso largo –y según Martha, revictimizante– que aún no termina del todo, ella y su abogada lograron que el 21 de marzo de 2016 se le dictara auto de formal prisión a Flores Soto. Durante este tiempo, las autoridades universitarias nunca emitieron una sanción definitiva en su contra.
Cuestionamientos
La UNAM, la mayor y más prestigiada universidad de México, carece de un protocolo para atender denuncias de violencia sexual. Ante esta situación, son los directores de cada facultad o instituto quienes deciden qué casos son lo suficientemente importantes como para llegar al Tribunal Universitario, encargado de emitir los fallos y en donde participan seis personas: profesores, investigadores, el Abogado General de la UNAM y dos alumnos. El de Martha fue el primer caso de violencia sexual en llegar a esa instancia.
En la audiencia ante ese tribunal, ella escuchó: “¿Para el día de los hechos eras virgen?¿Tu consumo de alcohol en fiestas es alto?¿Sueles dormir fuera de tu casa?¿Tal día te acostaste con tal persona?”. Las preguntas las hizo la defensa del acusado con el permiso del Tribunal Universitario, que solo desechó el cuestionamiento sobre la virginidad de Martha. Todo lo demás, dice, tuvo que responderlo.
En la audiencia un testigo de Víctor Hugo Flores, una persona que ella asegura que jamás había visto, la describió como una mujer que suele emborracharse y tener sexo en las fiestas. Tras este encuentro, en el que Martha expuso su caso ante las autoridades universitarias, llegó “derrumbada” a su terapia.
El Tribunal Universitario, según su reglamento, tiene cinco días para emitir un fallo, pero en este caso demoró más de un año. La académica especializada en temas de género Natalia Flores dice que uno de los defectos del procedimiento actual para atender y sancionar la violencia sexual en la UNAM es la opacidad: “Es un misterio. Es como una caja negra, nadie sabe lo que pasa”.
Cuando el Tribunal finalmente decidió expulsar a Flores Soto por el delito cometido contra su compañera, este se amparó ante la justicia federal y pudo seguir estudiando mientras aguardaba la resolución definitiva de la Comisión de Honor de la UNAM, instancia ante la que apeló su expulsión.
El pasado 10 de enero, Martha supo que la Comisión de Honor decidió no sancionar a Flores Soto pues los hechos ocurrieron fuera de la escuela. Aún estando encarcelado en el Reclusorio Oriente para enfrentar el juicio por violación, Víctor Hugo Flores podrá continuar estudiando en esa universidad.
Martha jamás fue notificada oficialmente por las autoridades de la UNAM sobre las determinaciones tomadas en el caso. “Soy un cero a la izquierda para ellos”, señala.
Las autoridades universitarias tienen una opinión distinta. La presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, Leticia Cano Soriano, dice que existen “más que condiciones favorables” para que las víctimas denuncien.
Cano Soriano destaca que “hasta en los materiales de bienvenida” se invita a la comunidad universitaria a que acuda a la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias (UNAD) dentro de la UNAM para presentar una queja, y adelantó que la casa de estudios está “por concluir” un documento de política institucional de género. Ni la Oficina de la Abogada General ni el área de Comunicación Social de esa institución dieron su punto de vista sobre las fallas o beneficios del procedimiento que está vigente para denunciar violencia sexual, pese a que fueron consultadas vía telefónica y correo electrónico.
Las cifras
El 10 de marzo de 2016, un día después del episodio en el que un desconocido insultó a Martha en al campus de la universidad, el secretario de Gobernación, anunció que el gobierno federal “trabaja para combatir y poner fin a la violencia de género en todas sus manifestaciones”. Dos días antes, durante el Día Internacional de la Mujer, el presidente Enrique Peña Nieto celebró que “sin duda” el país ha hecho avances “en erradicar la violencia contra las mujeres”.
En México se cometen alrededor de 600,000 delitos sexuales al año, según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en su primer Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México, que publicó en marzo de este año.
El documento calcula que entre 2010 y 2015 se realizaron dos millones 996 mil de ellos, si se toma en cuenta la cifra negra de denuncias -que alcanza 94.1%-. De las víctimas, ocho de cada diez son mujeres.
De ese estudio sobresalen dos datos: de ese total de 600,000 crímenes que se calcula se cometen anualmente, las autoridades de procuración de justicia solo integran 20,000 averiguaciones previas. Y de ellas solo en 6,000 -1 por ciento de los casos- se consigna al agresor ante un juez.
Entre las personas que figuran como víctimas de delitos sexuales en las averiguaciones previas, ser estudiante es la ocupación más frecuente: 25.6 por ciento de los casos.
Por ejemplo, en la UNAM, 49.3 por ciento de las alumnas -34,642 personas- dijo haber sufrido algún tipo de hostigamiento en la universidad, de acuerdo con la encuesta más reciente (2009) que realizó el Programa Universitario de Equidad de Género (PUEG).
De ellas 27.1 por ciento dijo haber experimentado “miradas morbosas o gestos molestos”; 22.1 por ciento señaló “frecuentes piropos no deseados acerca de su apariencia”; 2.1 por ciento tuvo que cambiarse de grupo o dar de baja una materia por acoso sexual; y 71 alumnas, 0.2 por ciento, sufrió amenazas y castigos para realizar actos sexuales no deseados.
La UNAM no es la única universidad que no cuenta con un procedimiento específico y claro para atender casos de violencia sexual. En México existen al menos 32 universidades autónomas locales, una por cada entidad federativa, y solo cuatro de ellas -la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Quintana Roo- tienen un protocolo diseñado para la atención de hostigamiento y abuso sexual.
De esas cuatro universidades, el reglamento de la Universidad Michoacana contempla atender únicamente los casos que ocurren dentro de sus instalaciones y la Universidad de Quintana Roo prevé atender a los trabajadores, más no a los alumnos.
Son esas mismas cuatro escuelas las únicas que incluyen de manera particular la sanción de delitos sexuales. El resto enuncia de forma general en sus reglamentos o estatutos “actos contrarios a la moral”, “faltas de respeto” u “hostilidad”. Conductas como llegar en estado de ebriedad a clase o falsificar documentos escolares sí son tipificadas con precisión por la mayoría de las casas de estudio.
De las 24 universidades que no cuentan con protocolo, sólo la UNAM y la Universidad de Guanajuato tienen un anteproyecto que está en proceso de aprobación. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) cuenta con un procedimiento que realizaron dos profesoras del plantel San Lorenzo Tezonco, tras darle seguimiento a un caso de acoso sexual en 2013, pero que no ha sido institucionalizado. Es decir, se utiliza de forma no oficial en ese plantel para atender los casos que ahí suceden, pero no está en el reglamento general.
La situación en las universidades privadas no es mejor. Ninguna de las más grandes a nivel alumnado cuenta con un protocolo, aunque algunas de ellas especifican el acoso sexual como una falta disciplinaria en su reglamento general.
En 2014 el Tecnológico de Monterrey tenía, dentro del campus Estado de México, un Procedimiento para Atención de Quejas contra Acoso y Hostigamiento Sexual, pero las propias autoridades escolares -Amparo Dueñas, directora de Talento y Cultura del Campus Estado de México- admitieron para este reportaje que ya no está vigente y que el Comité de Equidad de Género, encargado de su funcionamiento, ya no existe.
La Universidad Panamericana sanciona el acoso sexual en sus respectivos reglamentos, pero de manera general y sin un procedimiento. La Universidad Anáhuac no menciona el tema en sus documentos.
En la Universidad Iberoamericana tampoco existen protocolos para atención de violencia o acoso sexual; sin embargo, el Programa de Género está diseñando los protocolos que de acuerdo con la procuradora de Derechos Universitarios, Patricia de los Ríos, serán publicados “en unos meses”.
La institución, dijo, se encuentra en un periodo de transformación que comenzó hace año y medio con la creación de la Procuraduría de Derechos Universitarios, encargada de atender las denuncias, investigar los casos y publicar recomendaciones. También dijo que está pendiente la conformación del Tribunal Universitario, que será el máximo órgano para debatir estos temas.
En la Universidad Autónoma de Guadalajara se prohíbe expresamente que las mujeres utilicen ropa transparente o que las blusas y faldas sean “extremadamente cortas”, así como la ausencia de ropa interior o el uso de esta de manera visible pues, señala, “con ello se puede provocar la falta de respeto de sus compañeros”.
Las redes
Colectivos feministas y académicas insisten en que la existencia de protocolos para atender casos de violencia sexual en universidades es necesaria para evitar que estos casos continúen. Martha, la estudiante de la UNAM, ahora forma parte de la Red No Están Solas, un colectivo feminista integrado en su mayoría por sobrevivientes de violencia sexual. Afirma que si las universidades permiten que los casos queden en la impunidad, perpetúan esas conductas.
Al respecto la académica Natalia Flores afirma: “Los protocolos deben ser claros y específicos para evitar vacíos legales y que las víctimas sean obligadas, en la práctica, a convivir con sus agresores en la escuela. Tienen que ser una ruta interna a seguir que indique dónde poner una queja y que estipule que el trato a los denunciantes debe apegarse a los derechos humanos”.
Andrea Ramírez, integrante de la Red No Están Solas, agrega sobre el tema: “Estos procedimientos tendrían que considerar no solo sanciones para los agresores, sino para los funcionarios que revictimicen a las personas que denuncian”.
Por ejemplo, afirma, ella y otras compañeras fueron agredidas por Juan Carlos Sosa, estudiante y profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Al denunciar los hechos, el ofrecimiento de la institución fue un cubículo apartado para ella y préstamo de libros a domicilio, para que pudiera continuar con sus estudios “sin riesgo”. Decidió dejar de ir a la universidad.
Por su parte Melissa Lailson, abogada de Martha, va más allá y propone que se legisle en la materia, al menos a nivel estatal, pues los agresores pueden ampararse ante la justicia y evitar las sanciones universitarias argumentando que se les niega su derecho a la educación.
Yolanda Pineda, una de las profesoras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que impulsa la institucionalización del procedimiento que ha atendido al menos 11 casos, llama la atención sobre el tema de las sanciones, pues cree que un protocolo debe ser un espacio de resolución de conflictos. Afirma en entrevista que cambiar de plantel al agresor, como dice que se ha hecho en algunos casos de los que tiene conocimiento, solamente es llevar el problema a otro lado. Se debe proteger a las víctimas, pero también hay que trabajar más a fondo con las personas violentas.
Según ella, hubo casos “muy bonitos en los que a través del diálogo logramos que las personas dijeran ‘yo no sabía que estaba ejerciendo violencia’ y a partir de eso dejaron de violentar a las compañeras”.
En octubre de 2014, cuando Martha supo que había sido víctima de violación, la violencia sexual en universidades ocupaba algunas primeras planas en Estados Unidos. Denuncias como la de Emma Sulkowicz, estudiante de la Universidad de Columbia que decidió caminar por el campus con un colchón a cuestas para exigir la expulsión de su violador, provocaron una respuesta gubernamental. El presidente Barack Obama lanzó la campaña “It’s On Us” (Está en nosotros) y creó la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca para Proteger a los Estudiantes del Acoso Sexual. Su gobierno también publicó una lista de 55 universidades investigadas por su forma de atender casos de violencia de género.
A través de pintas y marchas al interior de la universidad, como lo ha hecho la Red No Están Solas, o por medio de las redes sociales como lo hacen alumnas de la Universidad Iberoamericana, algunas estudiantes mexicanas han seguido los pasos de sus colegas estadounidenses y señalan que seguirán exigiendo justicia a las autoridades tanto escolares como gubernamentales.
*Esta es una versión de un reportaje realizado originalmente por Distintas Latitudes para el portal Desigualdad, de Univision, que coordina la fundación española porCausa.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO, DISTINTAS LATITUDES.
AUTOR: ARTURO ILIZALITURRI.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/universidades-reprobadas-solo-4-tienen-protocolos-contra-el-acoso-sexual/
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