SCJN rechaza reconocer a Proceso como víctima indirecta en el caso del homicidio de Regina Martínez

Regina Martínez, corresponsal de Proceso, fue asesinada el 28 de abril de 2012, en Xalapa, Veracruz; el crimen sigue impune. Ahora, la Corte cierra la puerta a que los medios de comunicación coadyuven en el esclarecimiento de los homicidios de sus periodistas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó amparar a Proceso para que la revista sea reconocida como víctima en el caso del homicidio de la periodista Regina Martínez para aportar pruebas y coadyuvar con el Ministerio Público Federal.

Por unanimidad de cuatro votos –la ministra Margarita Ríos no estuvo presente en la sesión–, la Primera Sala de la Corte cerró la puerta a que los medios de comunicación coadyuven de manera más proactiva con los ministerios públicos para investigar y esclarecer los homicidios de sus periodistas.

Vinculan a proceso a coautor del asesinato de Miroslava Breach en Chihuahua

Juan Carlos Moreno Ochoa, conocido como “El Larry” o “El Wa”, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio agravado contra la periodista Miroslava Breach en Chihuahua por el juez de control Jorge Napoleón Raya Valdés, quien determinó que el detenido participó como coautor de los hechos el 23 de marzo de este año.

Amenazan de muerte a Álvaro Delgado, Julio Hernández y Javier Sicilia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los periodistas Álvaro Delgado, reportero deProceso, y Julio Hernández López, columnista de La Jornada, así como el activista Javier Sicilia, son víctimas de una campaña de amenazas de muerte emitidas desde varias cuentas de Twitter.

Autor de El Amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas, puesto en circulación en mayo, Delgado recibió a las 16 horas de ayer miércoles 24, un tuit desde la cuenta @fidelmariguano con una grabación de 20 segundos, en el que una voz lo amenaza:

“Lo tenemos bien ubicado. El patrón está muy enojado con las pendejadas del libro que anda publicando. Le digo: usted está muerto. De ésta usted no se libra, está más que muerto. El patrón está molesto, señor Álvaro, se lo repito”.

Por la noche, a las 21:52 horas, la misma grabación fue renviada desde otra cuenta, @8nja, con un mensaje adjunto: “El Patrón ya dio la orden”.

@alvaro_delgado pic.twitter.com/7ZZgnYWBDO

— Gayo sin ley 2.0 (@fidelmariguano) 24 de agosto de 2016

Luego de que Delgado hizo pública esta amenaza, el activista Javier Sicilia escribió en un tuit: “Amenazar la inteligencia y a quienes piensan distinto, signo preocupante del México bárbaro que alienta la impunidad”.

Enseguida, dos mensajes lo amenazaron de muerte también a él: “Mire @JavSicilia, usted cierre el culo o correrá la misma suerte que su marihuano hijo. De eso me encargo yo”, y otro: “Callese viejo pendejo @JavSicilia @alvaro_delgado vaya pidiendo flores por que muere en esta semana”.

El 10 de febrero de este año, Delgado presentó una denuncia ante la Fiscalía especializada de la Procuraduría General de la República (PGR) por amenazas de muerte que recibió un día antes.

Por su parte, el periodista Julio Hernández López, autor de la columna “Astillero” de La Jornada, desde ayer martes recibió también amenazas de muerte emitidas también desde cuentas de Twitter

Ayer mismo, cuando siguió recibiendo amenazas, Hernández escribió al respecto en su columna:

“Se ha vuelto frecuente en el mundo de Internet, sobre todo en Twitter, la emisión de mensajes amenazadores contra periodistas y activistas. El tono y la estética escogidas son similares: hablan de patrones que ya se cansaron de ser criticados y, por tanto, hacen saber a sus subordinados que ha llegado la hora de dar muerte a quienes les hacen enojar. Suele usarse la palabra compa y se añaden fotografías de sujetos con armas de fuego e incluso de cuerpos destazados o crudas escenas sangrientas. La actividad abierta de esos supuestos asesinos a sueldo no genera ninguna búsqueda especial de parte de órganos del Estado mexicano, que cuenta con una policía cibernética.

“Los afectados terminan dejando que corran esas amenazas porque es preferible suponer que no son verdaderas y que, cuando de verdad se da una orden de ejecución, no se avisa por vías tuiteras. Además, recurrir a las autoridades puede ser una forma de abrir la puerta a la injerencia de cuerpos policiacos que muchas veces están infiltrados por los propios delincuentes, además de que se crean condiciones para eventuales venganzas de los sicarios reales o de quienes deseen aprovechar esas circunstancias para adjudicar acciones criminales reales a esos tenebrosos amenazadores, en represalia por haber sido denunciados, investigados y eventualmente castigados.

“El titular de la cuenta de Facebook denominada Lo que sigue TV y @LoQueSigue, en Twitter (también amenazado, motivo por el cual vive fuera de México), hizo un seguimiento de lo sucedido en uno de esos casos y encontró que los mensajes no son producto de ocurrencias individuales, sino una compleja y masiva operación de intimidación que incluye amenazas de muerte. Es tiempo de parar estos ataques a la libertad de expresión. ¿Quién tiene la capacidad de emprender estas operaciones? ¿Y por qué? Es tiempo de obtener respuestas (http://goo.gl/lQ8KvU).”

VIDEO: https://youtu.be/l7bfSZmmU2c

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/452278/amenazan-de-muerte-a-alvaro-delgado-julio-hernandez-y-javier-sicilia-video

Intimidan a corresponsal de Proceso en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En las últimas 24 horas el corresponsal de Proceso en Veracruz, Noé Zavaleta, ha sido víctima de intimidaciones por el empresario y dueño del periódico El Buen Tono, José Abella, además de páginas electrónicas alternas, vinculadas con el gobierno de Javier Duarte.

El empresario cordobés y dueño del diario El Buen Tono, José Abella, amenazó e insultó al corresponsal de Proceso, Noé Zavaleta, por mencionarlo en su primer y reciente libroEl Infierno de Javier Duarte, sobre los jugosos contratos de publicidad con el gobierno del estado de Veracruz.

A través de los mensajes directos de su red social, José Abella, agrede verbalmente a Noé Zavaleta. “Según me dicen, así lo escribiste en tu libro El Infierno de Javier Duarte. Crónicas de un gobierno fatídico, en la página 58, tercer párrafo. Por qué haces esas aseveraciones, debes probarlas”, instó el empresario.

A su vez, el periodista le respondió con un “buenas tardes” y la imagen que comprueba el pasivo actual donde aparece un monto de 696 mil pesos que le adeuda el gobierno de Veracruz al periódico El Buen Tono.

Posteriormente, Abella, escribe muy alterado: “Hociconeas de millones, eso que tienes son pinches seiscientos mil pesos! Baboso”.

Mensajes después, sube el tono de sus conversación y lanza una amenaza en su muro de Facebook: “Noé Zavaleta, corresponsal de Proceso, que chingue a su madre”. Allí mismo, comenta: “En su libro, dice que yo recibí millonarios pagos del gobierno, que los presente, y si no que rechingue a su madre otra vez por hocicón ¡Ha de ser pariente del Mariposón!”.

El Buen Tono es el mismo diario que denostó a Araceli Salcedo y a su hija, Fernanda Rubí Salcedo, horas después del reclamo a Javier Duarte de Ochoa, en Orizaba, por no buscar a los desaparecidos en ese municipio.

En sus páginas, el diario incriminó a la joven con la delincuencia organizada y violó todos sus derechos de víctima.

Después del ataque del empresario en redes, circuló un correo electrónico de cuentas que han servido para desprestigiar a diversos periodistas veracruzanos que escriben sobre lo que ocurre en la entidad.

Aquí el correo que está circulando en internet:

“Date: Sat, 6 Aug 2016 10:18:09 -0500

Subject: Reporteros Coludidos con el Crimen

From: salvadorabella@aol.com

Estos pinches bocones como el Noe Zavaleta de Proceso, se la pasa escribiendo historias sobre la inseguridad y la muerte de periodistas, hasta un libro hizo el muy cínico, y mírenlo en esta fotografía qué práctica tiene para empuñar las armas de fuego, por eso acaban como acaban.

El otro también un tal Salomón, amigo de Zavaleta y corresponsal de varios medios en Veracruz, ya tuvo que estar de pelada al aparecer en una lista y estar al servicio de los malosos ‘Z’, parece que no experimentó que estuvo a punto de correr la misma suerte que Milo Vela, Victor Huge, Yolanda Ordaz y varios más, y mírenlo, también es un experto en la materia.

Quién miente?? Pinches reporteros hipócritas y coludidos con el crimen”, finaliza el mail anónimo titulado “Noticias de Veracruz”

La Dirección de Proceso, hace responsable al dueño del periódico El Buen Tono, José Abella, y al Gobierno del Estado de Veracruz, de cualquier cosa que pueda sucederle al reportero Noé Zavaleta y a su familia.

El reportero y la direccion de Proceso, ya notificaron de estos incidentes a la organización Artículo 19 y al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/450074/intimidan-a-corresponsal-proceso-en-veracruz

Sobre terrorismo laboral en la CNDH

Señor director:

Me refiero a la información publicada hoy, 18 de marzo, en el portal proceso.com.mx con el título “Denuncian que en la CNDH se comete terrorismo laboral”, redactada por Juan Pablo Proal.

Al respecto, le aclaro que en uno de los párrafos se hace referencia a mi persona, con hechos que NO CORRESPONDEN A LA VERDAD, por lo que dañan mi nombre e imagen pública.

Deseo precisar que no he sido denunciado por hecho delictivo alguno, por lo que no tengo conocimiento de que exista alguna investigación en mi contra. Por el contrario durante mi ejercicio como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se practicaron permanentemente auditorias, por lo que a la fecha no existe una sola observación a ese respecto o algún señalamiento en relación al mal uso de los recursos por parte de la Auditoria Superior de la Federación o de alguna otra instancia.

En virtud de lo anterior, en ejercicio de mi derecho de réplica y con el objetivo de que la sociedad sea informada de manera veraz respecto de los hechos que se mencionan, solicito se realice la aclaración correspondiente.

Doctor Raúl Plascencia

Respuesta del reportero

Señor director:

El párrafo al que hace mención Raúl Plascencia, expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, obedece a una demanda de juicio político presentada ante la Cámara de Diputados por 85 ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en septiembre de 2014 ante la Cámara de Diputados y firmada, entre otros, por: Javier Sicilia, Denise Dresser, Sergio Aguayo, Alejandro Solalinde, Agenda LGBT y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Juan Pablo Proal
Reportero

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/433943/terrorismo-laboral-en-la-cndh

Emprenden campaña difamatoria contra colaboradora de Proceso en Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO: El portal informativo La Opción en Chihuahua emprendió el 1 de marzo una campaña de desprestigio contra la periodista Patricia Mayorga mediante la difusión de notas informativas anónimas en las que la acusa de estar metida en líos judiciales, de haber militado en partidos políticos y de lucrar con fondos para periodistas, entre otras calumnias.

La campaña periodística generó que integrantes de la sociedad civil y organizaciones de defensa de los derechos humanos y de periodistas exigieran en los días subsecuentes — 2 y 3 de marzo–, a Mario Trevizo Salazar, secretario de Gobierno del estado, que detuviera la embestida de desprestigio en contra de la colaboradora del semanario Proceso.

Además, pidieron que se regule la publicidad oficial, toda vez que ese medio de comunicación es uno de los más beneficiados con la publicidad gubernamental, por lo que no descartaron que la embestida provenga desde el Palacio de Gobierno, como ha sucedido con opositores al gobierno de César Duarte Jáquez.


Otro indicador no menos importante es que dicho portal de noticias ha lanzado ataques contra otros periodistas y voceros en los últimos meses.

Trevizo Salazar se comprometió a resguardar la integridad física de Mayorga y a ofrecer una postura oficial sobre el respeto hacia el trabajo de la reportera y del periodismo libre.

En la manifestación de apoyo a Mayorga, los activistas, entre quienes se encontraban defensores de indígenas, familiares de personas desaparecidas, migrantes, y del Movimiento de Mujeres, recriminaron a Trevizo que el gobierno permita que se orquesten campañas de desprestigio a través de medios oficialistas como La Opción de Chihuahua.

“Controle a sus medios”, reclamó Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.

El origen de la campaña contra Mayorga, de acuerdo con el Movimiento de Mujeres, fue la publicación en proceso.com.mx y la agencia APRO de la denuncia formulada por la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña Lobera, contra el secretario de Desarrollo Social, José Luis García Rodríguez, por violencia institucional, el pasado 29 de febrero en el marco de su informe de actividades. Pocos medios locales hicieron eco de la querella.


Un día después, el 1 de marzo, La Opción difundió la siguiente nota sin firma.

La corresponsal de la revista semanal Proceso, Patricia Mayorga Ordóñez, se halla envuelta en líos judiciales.
Su nombre aparece en un amparo indirecto, señalado al rubro 09/2016 y radicado ante el Juzgado Décimo de Distrito. El juicio fue promovido por un grupo de ex periodistas, en su mayoría, pues ya no ejercen, o son voceros de gobierno del estado.
Reclaman no haber sido tomados en cuenta por el Colegio de Periodistas de Chihuahua para la elección del Consejo Directivo 2016.
Patricia Mayorga Ordóñez, la corresponsal de Proceso, fue presidenta de la agrupación en su segundo año de vida, en 2006.
Su periodo fue caracterizado por la opacidad y la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos que obtuvo para el Colegio de Periodistas.
En la demanda de amparo, firmó junto a otros ex periodistas, una serie de mentiras que, en un proceso penal, podrían ser tipificados como delito de falsedad de declaraciones ante la autoridad.
Por ejemplo, señala que no se le permitió presentar una planilla para la elección del Consejo Directivo 2016, que le fue negado a la asamblea electiva y que se le prohibió votar.
Todo esto es mentira, falso de toda falsedad, como dicen los abogados rascuaches, pues ella misma se retiró de la agrupación, al señalar que no le interesaba regresar a la organización gremial.
Mayorga fundó una red de mujeres periodistas, que se ha constituído en un auténtico fracaso y, a raíz de ello, decidió volver a la grilla del Colegio de Periodistas de Chihuahua.
En su segunda parte, este lío judicial le obligará a rendir cuentas ante la autoridad judicial de los recursos que tuvo entre sus manos cuando fue Presidenta de la organización.
Activa militante de Acción Nacional, Paty Mayorga, como le dicen sus amigos, cambió radicalmente de ideología a partir de su ingreso a la revista Proceso y se constituyó desde entonces en una furibunda militante de izquierda.
Además de ser corresponsal, se dedica a brindar asesoría en materia de medios -a pesar de su pésima redacción- a organizaciones civiles y grupos de distinta índole.

Posteriormente, un grupo de periodistas se reunió también con Trevizo para manifestar su preocupación por los ataques de ese medio contra la colaboradora del semanario Proceso.

Asimismo lamentaron que el propio gobierno estatal empodere a un puñado de medios de comunicación que hacen un periodismo cómodo con el flujo de recursos millonarios por publicidad.

En el encuentro, el secretario de Gobierno reconoció la necesidad de hacer una regulación oficial y sugirió que esa iniciativa debe ser impulsada por los propios periodistas o las mismas empresas periodísticas.

El pasado 7 de marzo organizaciones civiles de esta entidad y una veintena de agrupaciones del país, lanzaron públicamente una alerta preventiva para defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua.

La alerta fue dirigida al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en su calidad de presidente de la junta de gobierno del Mecanismo de Protección Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el propósito de prevenir futuras agresiones.

Luego de hacer un recuento de las campañas de desprestigio a través de diferentes medios de comunicación, que han sostenido en contra de defensores durante la actual administración gubernamental, Alejandra Niño, representante del Cedehm, destacó los últimos ataques en contra de las defensoras de indígenas Diana Villalobos y María Teresa Guerrero de Consultoría Técnica Comunitaria, y de Isela González, de Alianza Sierra Madre.

Las integrantes de esas organizaciones defienden, además, casos de desplazamiento forzado, asesinatos y amenazas.

La semana pasada, luego de que las organizaciones manifestaron su apoyo público a la colaboradora de Proceso, el portal La Opción atacó a las activistas Luz Estela Castro Rodríguez y Blanca Gámez Gutiérrez, a quienes acusó de exigir 36 millones de pesos para crear una cooperativa para familias de personas desaparecidas y de “lucrar con desapariciones, en serio, no tiene nombre”.

“Estas aseveraciones, realizadas de mala fe, sin fundamento y con la evidente intención de crear un perjuicio en las mujeres a las que se involucra en las diferentes notas, son posibles por el evidente control que ejerce el ejecutivo del estado a partir de la publicidad oficial que contrata”, dijo Nuño.

Pidieron reforzar la protección de las mujeres defensoras y periodistas por parte del Estado mexicano, basadas en tratados internacionales que ha firmado.

“Por otra parte, dado que no existe reglamentación en la publicidad oficial, los convenios de publicidad son completamente discrecionales. El Gobierno decide con qué medios firma convenios y con cuánto monto. Obviamente esta fórmula lo que propicia es que el Gobierno convenga la publicidad con los medios que más le favorecen, tanto impresos, como electrónicos, incluidos los digitales.

“Ello ha propiciado que algunos medios, especialmente páginas digitales hayan crecido exponencialmente, con una política completamente oficial y lo más grave es que algunos hacen campañas de difamación contra las personas que son críticas del Gobierno.

“De acuerdo con FUNDAR y Artículo 19, “en términos absolutos, de estas quince entidades, la que más gastó en publicidad oficial desde 2005 hasta el 2012 fue Chihuahua con 2 mil 550 millones, le sigue el Distrito Federal con 2 mil 396 millones y en tercer lugar Nayarit, con mil 726 millones”, asienta la alerta de las organizaciones.

Además, consideran que Chihuahua enfrenta diversos retos para garantizar libertad de las voces que luchan por los derechos humanos o por evidenciar los actos de corrupción, conflictos de interés e irregularidades por parte de las autoridades.

“No obstante ello, es obligación del Estado eliminar todos los obstáculos que ponen en riesgo a personas defensoras y periodistas”.
En la alerta, los activistas urgen a adoptar medidas preventivas que desincentiven futuras agresiones u obstaculizaciones la labor informativa y de defensa de derechos humanos y periodistas.

También piden que se informe de la alerta de manera inmediata al gobernador, al fiscal general y al secretario de Gobierno, para que cooperen en la implementación de medidas de protección, solicitan no incentivar o tolerar las campañas de desprestigio y urgen a difundir en todos los medios que tengan publicidad contratada un boletín en el que resalten la labor positiva que desarrollan los defensoras de derechos humanos y la periodista afectada, así como pedir información a la Fiscalía General sobre los avances en las investigaciones relacionadas con los ataques sufridos por beneficiarios del Mecanismo de Protección, de medidas cautelares y provisionales.

La periodista Dora Villalobos dijo en el marco del Día Internacional de la Mujer:

“No es posible que se calumnie a nadie (…) tenemos que tomar conciencia, preocuparnos y exigir, exigirnos como gremio, un periodismo ético. Nos preocupa mucho esta relación entre el poder y medios de comunicación porque no hay reglamentación y hay mucho dinero de por medio”, abundó Villalobos.

El pasado 6 de marzo la organización Periodistas de a Pie y media docena de agrupaciones civiles y periodistas de distintos puntos del país lanzaron otra alerta. En ella, los periodistas pidieron a Campa Cifrián, entre otras autoridades federales y estatales, iniciar las investigaciones correspondientes que clarifiquen la iniciativa de esta campaña de desprestigio contra la periodista Patricia Mayorga y otros periodistas de Chihuahua.

Exigieron aplicar acciones preventivas en coordinación con la periodista, para anular la escalada de ataques y prevenir alguna agresión física que pongan en riesgo su vida y la de su núcleo familiar.

De igual forma, demandaron respetar el mandato que cada autoridad tiene para establecer garantías básicas para que el periodismo libre se pueda ejercer, particularmente el que somete a rendición de cuentas el ejercicio del poder.

“Es deber del Estado mexicano a través de las instancias y jerarquías correspondientes, garantizar las condiciones físicas y de seguridad para que se ejerza el periodismo de calidad (…) Lamentablemente, nuestra labor dentro del periodismo dado el clima generalizado de violencia contra periodistas y comunicadores en México, se ha tenido que fusionar también con la tarea de denunciar y protegernos colectivamente ante situaciones como la que hoy alertamos”, subrayaron.

Antecedentes

En la alerta emitida a través de Periodistas de a Pie se explica que “por la virulenta redacción de la nota, nos resulta evidente que se ha activado una campaña de desprestigio a raíz de su trabajo periodístico, por parte de Osvaldo Salvador, director del portal La Opción ,quien, precisamente, protagonizó el arrebato de la presidencia del Colegio de Periodistas a finales de 2015 y ha sido señalado como posible responsable de mensajes anónimos vía correo electrónico enviados a otros reporteros involucrados en el juicio de amparo.

“La policía cibernética en su momento detectó que el origen de tales mensajes de amenaza y acoso salieron del servidor del portal La Opción, según consta en la denuncia 26046/2015 en la Unidad de Delitos de peligro con la paz, seguridad de las personas y fe pública. Tenemos conocimiento que organismos civiles de Chihuahua en solidaridad con la periodista Mayorga, realizaron diversas acciones en Palacio de Gobierno el 3 de marzo 2016 y resultaron, también, difamadas por el mismo director de La Opción en represalia, por lo que se constata que se trata de una orquestación claramente definida contra voces críticas y disidentes a la actuación gubernamental”.

Señalan además el ataque mediático se dio después de las publicaciones “El carcelero de turbio historial” a partir de la visita del Papa en ciudad Juárez y la nota “Funcionaria denuncia violencia institucional y acusa a juez de golpeador” sobre la denuncia de Emma Saldaña Lobera del Ichmujer.

“Trabajos periodísticos que dan cuenta de comportamiento institucional no adecuado y acciones de corrupción en el sistema penitenciario, por lo que la consecuencia al dedicado trabajo periodístico, lo sabemos, suele ser una campaña de hostigamiento y agresiones como la que se ha dirigido contra Patricia Mayorga”.

Luego de las alertas, La Opción publicó otra columna anónima, en la que asegura que la corresponsal no estuvo en el evento de Saldaña, pese a que hay evidencia de lo contrario porque tuvo como invitados a autoridades, organizaciones civiles y estuvieron presentes los medios de comunicación locales.

La acusa de haber copiado de otro medio, el 4 de marzo, una nota en la que se evidencian nombres de presuntos líderes de grupos delictivos que afiliaron a familiares como candidatos del PRI, que elaboró en conjunto con la reportera de otros medios, por razones de seguridad y a la que ambas entrevistaron al mismo tiempo al presidente del PRI, Guillermo Dowell.

La segunda publicación fue en la columna del mismo medio, el 6 de marzo:

La corresponsal de Proceso, Patricia Mayorga, ha agregado nuevas mentiras a su currículum profesional. Al menos dos, que han sido detectadas, se comentan en este espacio. La primera mentira, de esta semana, consiste en haber dicho que fue la única reportera que trató el tema de Emma Saldaña. La Fuente Móvil (es esa columna), y a las pruebas se remite, publicó la misma tarde noche del día del informe, la noticia de la polémica. El Diario de Chihuahua publicó en su edición impresa, con cintillo en portada, el mismo tema. Y decenas de digitales, amén de los electrónicos, realizaron publicaciones diversas. Con esto se cae la teoría del complot, a través de la cual, muy al estilo pejelagarto, aseguran que fue la única que hizo una publicación.

Mayorga no asistió al evento del informe, sino que, fiel a su estilo, se fusiló los datos de los medios digitales para enviar la información, un día después a la revista Proceso. La otra gran mentira fue decir que había hecho sólo ella un reportaje de los candidatos vinculados al narcotráfico, allá en la sierra. La corresponsal no viajó al lugar de los hechos, sino que se limitó a hacer copy-paste de la columna Mirone, del periódico Norte de Ciudad Juárez. No fue la única y tampoco la primera en escribir sobre el tema.

Como buitres de la información, o como zánganos del periodismo, algunos reporteros, como es su caso, se dedican a checar los digitales para cazar la nota y, tras darle una revolcada, enviarla a medios nacionales, pomposamente con su firma y cara de exclusividad, pero no engañan a nadie dentro del gremio. Les gana el protagonismo y las ansias de figurar, y para ello utilizan la paranoia y la neurosis obsesiva, que les lleva a inventar móviles que, en su afán de justificar sus yerros, hace que se crean sus propias mentiras.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433459/emprenden-campana-difamatoria-contra-colaboradora-proceso-en-chihuahua

Pese a foto y testigos, perredista dice que no hay pruebas de amenaza a corresponsal de Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-El exdiputado local del PRD Roger Arellano Sotelo afirmó ayer que la denuncia que presentó en su contra el corresponsal de Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras, por el delito de amenazas, no tiene sustento porque el reportero “no puede probarlo”.

Dijo que hasta el momento no ha recibido ningún citatorio para comparecer ante autoridades ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se encuentra radicado el caso y que no tiene que acudir directamente porque no lo considera necesario para deslindar responsabilidades y esclarecer el hecho.

Arellano Sotelo fue entrevistado este viernes por la mañana en la sede del Poder Ejecutivo, cuando se encontraba formado en la fila de trabajadores de la administración del gobernador priista, Héctor Astudillo Flores, que cobran su salario a través de una lista de raya.

Al respecto, el también exalcalde de Acapetlahuaya señalado públicamente por sus presuntos nexos con el narco, consideró que la denuncia en su contra “no tiene algún sustento”.



Arellano aseguró que el corresponsal de Proceso no tiene elementos para probar la amenaza de muerte porque “no tiene audio, no tiene nada”, advirtió.

Sobre los testimonios de reporteros que presenciaron el hecho y las fotografías difundidas por el periódico El Sur, donde se observa el momento que Arellano, a bordo de un auto azul tipo Jetta, encaró y amenazó de muerte al reportero el pasado 10 de febrero frente a la sede del Congreso, el perredista dijo que los testigos “pueden ser presentados a modo” y se desmarcó de las imágenes al señalar textual:

“Ahí esas fotos no sé dónde las tomaron y cuándo las tomaron, yo fui una figura pública”, expresó el perredista.

Luego, negó que pretenda esconderse porque sigue haciendo vida pública en la ciudad de Chilpancingo y que acudirá ante la PGR cuando lo citen formalmente en su domicilio ubicado en la cabecera municipal de
Acapetlahuaya, en la zona Norte de la entidad, donde opera el grupo criminal La Familia.

“¿Por qué voy a ir a la PGR?, ¿Por qué ir al doctor si no estoy enfermo?, cuando me hagan un llamado, iré”, soltó el ex diputado local.


El pasado miércoles 10 de febrero, mientras un grupo de reporteros protestaba frente a la sede del Congreso de Guerrero para condenar el asesinato de la periodista veracruzana Anabel Flores, el exdiputado perredista Roger Arellano Sotelo, amenazó de muerte al corresponsal de Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras.

El hecho se registró alrededor de las 11:00 horas, cuando Arellano Sotelo, quien manejaba un auto azul tipo Jetta con vidrios polarizados, se acercó a la manifestación, bajó el cristal del copiloto y se dirigió a Flores Contreras:

“Hey, Cheque. Cuídate cabrón porque te va a llevar la verga. ¿Ya no te acuerdas de mí? Ya te dije culero: Te va a cargar la verga”, expresó el político, señalado en informes oficiales y públicamente por sus nexos con
el grupo delictivo La Familia que opera en la zona norte de la entidad y dirige Johny El Mojarro Hurtado Olascoaga.

El corresponsal acudió a la delegación de la PGR donde presentó una denuncia y las autoridades ministeriales integraron el expediente AP/PGR/GRO/CHI-VI/0212PP/2016 por el delito de amenazas en contra Roger Arellano.

Dos semanas después, a finales de febrero, el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la misma dependencia federal y hasta el momento se desconoce el estado que guarda la investigación.

Desde hace cuatro años, Proceso ha documentado los presuntos nexos de Roger Arellano con los operadores del grupo delictivo La Familia.

En un reportaje publicado por la revista en octubre de 2012 con el título “Guerrero: Contagio narco de autoridades”, se dio a conocer que para el exgobernador Ángel Aguirre, la trama que involucra a delincuentes y autoridades locales de la zona norte no es una historia desconocida.

Aguirre Rivero empezó su campaña por la gubernatura en Teloloapan en noviembre de 2010 y por esa fecha fue invitado a una comida en el rancho San Andrés, propiedad de Bernardo Lagunas Contreras, empresario del ramo hotelero y aficionado a los caballos. El ágape fue auspiciado por Santana Ríos Bahena, conocido productor
de melón. Ambos son señalados por sus presuntos nexos con el narcotráfico, según informes oficiales consultados por el semanario.

El encuentro pactado por el actual senador perredista Sofío Ramírez fue promovido por un grupo de políticos, también del PRD, que triangularon posiciones en la zona norte para mantener sus cotos de poder.

El grupo lo aglutinan las corrientes Nueva Mayoría y Grupo Guerrero, que dirige el actual alcalde de Acapulco, Evodio Velásquez, y el diputado federal David Jiménez Rumbo, así como el exalcalde de Teloloapan y exdiputado federal Marino Miranda, quien dejó como sucesor a su amigo el exdiputado local Ignacio Valladares. Éste, a su vez, designó como su suplente a Rogelio Lagunas Contreras, hermano de Bernardo.

De igual manera, el exalcalde de General Canuto A. Neri y exdiputado local Roger Arellano Sotelo prácticamente dejó como sucesor en el ayuntamiento a Eleuterio Aranda Salgado, El Solitario del Sur, su jefe de la policía e intérprete de narcocorridos donde exalta a La Familia.

Consultado por Proceso, el ex gobernador Aguirre reconoció que ese grupo de políticos perredistas lo invitó a comer con los presuntos narcotraficantes Bernardo Lagunas y Santana Ríos, pero sostuvo que al final no acudió al encuentro.

“Recibí algunas invitaciones (de los políticos) pero no acudí a ese lugar (rancho San Andrés) y, más allá de eso, en una campaña muchas veces recibes el saludo de gente que no sabes de quién se trata ni tienes por qué saberlo, pues no tienes función investigadora en ese momento; aunque por supuesto que yo me deslindo absoluta y totalmente de cualquier vínculo con esas personas”, expresó Aguirre en ese entonces.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/432516/pese-a-foto-y-testigos-perredista-dice-que-no-hay-pruebas-de-amenaza-a-corresponsal-de-proceso

Una década de ataques contra periodistas de Proceso

Durante los últimos diez años, reporteros y colaboradores de este semanario han sido objeto de asesinatos, secuestros, amenazas y campañas difamatorias, sólo por hacer su trabajo: divulgar lo que muchos quieren mantener oculto. Todos esos ataques e intimidaciones –ocurridos en entidades gobernadas tanto por el PRI como por el PAN y el PRD– tienen algo en común: siguen impunes.

CIUDAD DE MÉXICO: Hace diez años comenzaron las agresiones y las amenazas contra reporteros y corresponsales de Proceso. Una década de impunidad frente a los asesinatos, secuestros, amenazas, agresiones físicas, intimidación y difamación contra sus periodistas y colaboradores. Han sido casi 20 hechos de violencia.

Veracruz y Guerrero son los estados donde se ha registrado el mayor número de agresiones. Justo cuando se intensificó la acción armada del gobierno federal contra la delincuencia, comenzaron las agresiones a los reporteros, corresponsales, fotógrafos y colaboradores.

Además de Veracruz y Guerrero, todo tipo de agresiones han ocurrido en Michoacán, Coahuila, Oaxaca, la Ciudad de México, Tamaulipas, Chiapas, Campeche y Guanajuato. Lo mismo con gobiernos del PRI que del PAN o del PRD.

La espiral no cesa. La más reciente fue la amenaza de muerte contra el reportero Álvaro Delgado Gómez, quien el martes 9 recibió en su cuenta de Twitter una serie de mensajes intimidatorios, después de que en esa red social cuestionara el silencio del presidente Enrique Peña Nieto ante un asesinato más de una periodista de Veracruz.

Anabel Flores Salazar, reportera de asuntos policiales, fue secuestrada y asesinada entre el lunes 8 y el martes 9. Era colaboradora del periódico El Sol de Orizaba y exreportera del periódico orizabeño El Buen Tono, que en noviembre de 2011 fue incendiado por hombres armados.

Flores Salazar fue sacada de su casa por un grupo armado la madrugada del lunes 8, y encontrada asfixiada y semidesnuda al día siguiente en un paraje del municipio de Tehuacán, Puebla, a media hora de donde vivía. Con ese crimen son ya 17 los periodistas asesinados en la administración de Javier Duarte de Ochoa, incluido el de nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, en abril de 2012.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2050, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430001/una-decada-de-ataques-contra-periodistas-de-proceso

El senador Benjamín Robles suplanta identidad de Proceso en Twitter

MÉXICO, DF: El senador Benjamín Robles Montoya suplantó la identidad del semanario Proceso en Twitter desde principios de enero.

A través de la cuenta @procesolocaloax el senador difundía noticias a su favor. La cuenta tenía una foto de perfil con el logotipo de Proceso y una imagen de portada con el año 2016.

Este semanario interpuso una denuncia por suplantación de identidad en Twitter con la solicitud número 26548442 y el martes 12 la cuenta @procesolocaloax fue eliminada.

“Hemos retirado de circulación el perfil reportado debido a una violación de las Reglas de Twitter (https://twitter.com/rules), específicamente nuestra Política de suplantación de identidad en Twitter (https://support.twitter.com/articles/18366-impersonation-policy). Cualquier documento que haya subido será borrado”, respondió la red social.

Benjamin Robles Montoya es uno de los tres precandidatos por el PRD al gobierno de Oaxaca.


La cuenta en Twitter de esta casa editorial es @revistaproceso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426116

Niega juez suspensión a Proceso contra la ley de derecho de réplica

MÉXICO, DF: La juez federal Emma Gaspar Santana admitió a trámite el amparo promovido por la revista Proceso en contra de la ley de derecho de réplica, pero le negó la suspensión provisional en la aplicación del ordenamiento.

Según la titular del juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil, impedir los efectos y consecuencias de la ley para el caso del semanario “privaría a la colectividad de disponer de medios legales para ejercer su derecho de réplica”.

La negativa de la juez Gaspar Santana ocurrió un día después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunciara la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que la ley es contraria al derecho a la libre manifestación de las ideas y al propio derecho de réplica.

La ley que regula el artículo Sexto de la Constitución fue impugnada por el semanario por considerarla contraria al derecho de acceso a la libertad de expresión, por lo que le pidió a la justicia federal que para su caso dejara sin efectos el ordenamiento vigente desde el pasado viernes 4 de diciembre.

Según la juez Gaspar Santana, de otorgarle la suspensión “se iría en contra del orden público y el interés de la sociedad” porque no se podría hacer efectivo “para la colectividad” el derecho que está previsto en la Constitución Política y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Además, quienes se sientan afectados por la revista “quedarían desprovistos de un medio efectivo de tutela, el derecho a la vida privada, a la honra y el honor”.

Dice la sentencia que con la suspensión, las personas afectadas por la revista Proceso, su agencia de noticias (Apro) y/o su portal der internet estarían imposibilitadas de hacer efectivo su derecho de réplica, “como medio garante al derecho al honor, a la honra y a la vida privada”.

Gaspar Santana estableció que el derecho a la libertad de expresión de la revista y el derecho a la información de la sociedad no se ven afectados “por el simple hecho de la entrada en vigor de la ley”. Según la juzgadora, el ordenamiento no limita “per se” el derecho a la información de la colectividad.

En todo caso, dice, la afectación podría ocurrir por un acto derivado de la ley, por lo que la propia entrada en vigencia de la norma no lo tomó en cuenta para negar la suspensión.

La juez resolverá en definitiva sobre la suspensión el próximo martes 15, aunque la revista Proceso ha designado a Luis Manuel Cano como su abogado para interponer un recurso de queja por la decisión de Gaspar Santana.
En su amparo, Proceso aclaró que no estaba en contra de la regulación de ese derecho, sino en contra de una ley que favorece al periodismo oficial, toda vez que la réplica no procede en el caso de las informaciones oficiales.

Además, la ley otorga a los funcionarios públicos las mismas condiciones que a cualquier ciudadano para ejercer la réplica y defiende particularmente a los partidos políticos, precandidatos y candidatos, sin considerar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido jurisprudencias sobre el mayor escrutinio al que este grupo puede ser sometido por parte de la prensa.


Con el juicio de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la SCJN podrá revisar lo que el organismo definió como “vicios constitucionales” de la ley.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423034

Gobernador de Guerrero anuncia demanda por “daño moral” contra corresponsal de Proceso

CHILPANCINGO, Gro: El gobernador provisional Rogelio Ortega Martínez rechazó que su administración esté solicitando el pago de 35 millones de pesos para otorgar siete patentes de notario y anunció que demandará por “daño moral” a este reportero.


No obstante, evadió explicar por qué aplicaron el examen para aspirantes a patente notarial de manera extemporánea a dos aspirantes que no cumplieron en tiempo y forma con los requisitos y cuyo único mérito es ser hijos de exfuncionarios y familiares del defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero.

Consultado al término de un acto público realizado ayer en Acapulco, Ortega insistió en acusar de “mentiroso” al reportero que ha documentado varios casos que exhiben presuntos actos de corrupción como la entrega de una millonaria bolsa en obra pública a diputados locales del PRD y PRI, así como la opacidad de esta administración que se niega a rendir cuentas y transparentar información que por ley, debe ser pública de oficio.

“A cheque (Ezequiel), le va a seguir creciendo la nariz por pinochillo y su hermano Erwin, le va a venir a jalar los pies en la noche y le va a decir mentirosillo, mentirosillo, ya te pasaste”, expresó con sorna Ortega, quien de esta forma se mofó del hermano del reportero que falleció en agosto pasado.

Luego, el gobernador afirmó que habló con el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, para pedirle que cuiden lo que se publica en este medio, argumentado que la información sobre el caso de la presunta venta de notarías en Guerrero “afecta y causa por lo menos daño moral”, indicó.

Luego dijo que el que acusa tiene la obligación de demostrar y aseguró que por menos de esto Don Julio Scherer demandó por dos millones de dólares a Pedro Ferriz de Con y mediante su cuenta personal de Twitter anunció que demandará al corresponsal de Proceso.

El miércoles 19, Apro dio a conocer que el gobierno provisional de Rogelio Ortega Martínez habría solicitado el pago de 35 millones de pesos para otorgar siete patentes de notario, de las cuales dos están vacantes y cinco se encuentran concesionadas a jueces de primera instancia que actúan por ministerio de ley.

Además, fuentes oficiales informaron que a través de su personero Victoriano Sánchez Carvajal, subsecretario de Asuntos Jurídicos, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos, cobró 20 mil pesos a cada uno de los 30 aspirantes para que de manera previa e irregular tuvieran acceso a los temas del examen que se realizó el pasado viernes 7 para obtener la patente.

La prueba, de la que Apro tiene copia, es uno de los dos filtros para conseguir la patente definitiva que se otorgará en septiembre próximo, antes de que finalice esta administración.

Según las fuentes, de manera extemporánea el gobierno de Ortega aplicó ayer el examen a dos aspirantes que no cumplieron en tiempo y forma con los requisitos y cuyo único mérito es ser hijos de exfuncionarios y familiares del defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero.

Se trata de Francisco Aguirre Gutiérrez, sobrino de Aguirre Rivero e hijo del expresidente del Colegio de Notarios, Juan Aguirre Utrilla, y hermano de Ernesto Aguirre, considerado el súper asesor del exmandatario y ejemplo del nepotismo que éste ejerció durante su gobierno.

El otro beneficiado es Francisco Salgado Coronel, hijo de Humberto Salgado Gómez, compadre de Aguirre Rivero, quien se desempeñó como secretario de Gobierno y coordinador de los proyectos emblemáticos de inversión que el exgobernador dejó truncos, como el Acabús y el macrotúnel en Acapulco.

Salgado Coronel fungió como subsecretario de Seguridad Pública, pero renunció tras el escándalo que exhibió el nepotismo de la administración aguirrista.

Los dos juniors presentaron el examen, pese a que no cumplieron con los requisitos de la Ley del Notariado estatal, debido a que no acreditaron el periodo de tres años de laborar por tiempo completo en una notaría y tampoco presentaron certificados de especialización en derecho notarial, ni la carta de antecedentes no penales estatal, ni federal, como tampoco la constancia de no haber sido servidor público por designación del Ejecutivo o electo por elección popular durante los últimos tres años antes de presentar el examen.


El gobierno de Ortega también autorizó que María Antonieta Dávila Montero, esposa del gerente del periódico local ‘Novedades Acapulco’, Mario Bustos, y Jorge Ochoa Estrada, hijo del notario número 3 de Acapulco, Jorge Ochoa, presentaran el examen de manera extemporánea, pero finalmente ninguno de los dos se presentó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Respuesta de Proceso al titular de la Segob

Señor director:

En respuesta al reportaje “El gusto de vivir en las Lomas”, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong confirma que Bosques de Manzanos 333, “C”, colonia Bosques de las Lomas, fue su casa de agosto de 2011 a junio de 2014. La renta mensual de esa casa sería de 186 mil 888 pesos, de acuerdo con el avalúo profesional solicitado por Proceso.

Ratifica también que su casa actual es Paseo de las Palmas 1380, en Las Lomas de Chapultepec, habitándola desde julio de 2014 a la fecha.

Proceso documentó que el 29 de mayo de 2014 –dos meses antes de ocuparla–, la señora Laura Vargas Ibernia Carrillo, esposa del secretario de Gobernación y directora nacional del DIF, inició el trámite de compraventa y la solicitud de un crédito hipotecario en Banorte, según consta en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, folio 9434699.

El funcionario omite referirse a su relación con el contratista privilegiado durante su gobierno en el estado de Hidalgo y la administración federal en curso, Carlos Aniano Sosa Velasco, quien lo proveyó de ambos inmuebles.

A través de sus firmas Construcciones Sky Universal y Grupo Constructor Tulancingo, este empresario hidalguense obtuvo contratos por un monto de 1,412 millones 825 mil 464.78 pesos.

Atentamente,


Jesusa Cervantes y Santiago Igartúa

Documentos incluidos en el reportaje publicado en Proceso 2006 byRevista Proceso:

  Documentos incluidos en el reportaje publicado en Proceso 2006

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.