Esto luego de que la semana pasada, por el caso Oceanografía, un juez civil de la CDMX ordenó frenar la venta de Banamex, al conceder medidas cautelares solicitadas en una demanda promovida en 2019 por la empresa de servicios petroleros.
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jueves, 27 de enero de 2022
Oceanografía aclara que no será obstáculo para la venta de Banamex
La empresa celebró que haya "grupos mexicanos interesados en una institución financiera que nación en México".
La naviera Oceanografía aseguró que no se opone ni será un obstáculo para la venta de Citibanamex.
viernes, 21 de mayo de 2021
Acribillan a líder de extrabajadores que mantienen un pleito laboral con Oceanografía
El pasado 20 de abril la víctima encabezó una manifestación frente a las oficinas de la Aduana ante la intención de esa dependencia de cobrar el impuesto de baja definitiva por la embarcación Caballo Azteca. Los extrabajadores querían tomar posesión la nave para venderla y obtener su indemnización.
Homero Terán Vanoye, uno de los líderes de extrabajadores de Oceanografía (OSA), que desde hace más de siete años libran un juicio laboral contra la naviera y su propietario Amado Yáñez Osuna, fue acribillado en la colonia Burócratas de esta ciudad.
El crimen ocurrió aproximadamente a las 22:00 horas del 19 de mayo en la calle 50-B entre 35-A y 33, de la colonia Burócratas, por donde la víctima caminaba. Recibió siete impactos de bala y más tarde se reveló su identidad.
lunes, 21 de diciembre de 2020
Amparan a dueño de Oceanografía contra acción de FGR
El Consejo de la Judicatura difundió este lunes que, en su resolución, el juez federal resolvió concederle al empresario la protección de la justicia que ordena a la FGR dejar insubsistente el acto reclamado y pronunciarse sobre la prescripción de dicho delito, aunque el juez federal no difundió la versión pública del dictamen.
jueves, 16 de agosto de 2018
Aún hay causas pendientes contra Oceanografía: Citibanamex
Citibanamex informó este jueves que “existen en curso todavía múltiples procesos legales pendientes” en contra de la firma naviera Oceanografía y de Amado Yáñez Osuna, propietario de la misma.
lunes, 4 de abril de 2016
Oceanografía, la empresa predilecta de Fox y Calderón, enganchada a los paraísos fiscales
En el centro de la estructura financiera está Mossack Fonseca, el despacho panameño experto en la creación de empresas para ocultar el dinero y a sus dueños.
Así lo revelan los documentos que forman parte de los #PanamaPapers que obtuvo el diario alemán Süddeusche Zeitung y compartió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con Proceso y más de cien medios asociados en el mundo, en una investigación global sin precedentes.
Proceso fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que duró casi un año con la participación de 376 periodistas de todo el mundo.
En el caso de Oceanografía, uno de los principales contratistas de Pemex durante los gobiernos del PAN de Vicente Fox y Felipe Calderón, no sólo dieron a conocer operaciones offshore de la empresa, sino que sus socios están bajo investigación en Suiza por lavado de dinero, según “la instrucción MSV.14.0338-BAN por blanqueo de capitales” integrada por la procuradora suiza, Angéle Wellauer en 2014.
Dos años antes, la suerte de los socios de Oceanografía era otra, de acuerdo con la historia de sus socios contenida en los archivos de Mossack Fonseca, firma tocada también por el escándalo en Petrobras, la empresa petrolera de Brasil.
“…el ing. Díaz requiere urgentemente…una BVI (empresa en Islas Vírgenes Británicas) ya sea de nueva constitución o alguna que ya tengan ustedes lista, con las siguientes características: Accionistas: Amado Omar Yáñez Osuna (50%) y Martín Díaz Álvarez (50%)…Objeto: requerimos a la BVI para cederle unos pagarés. Dirección: pueden utilizar alguna que ya tengan para otra sociedad (vg. DI Rod Maritime Corp)”.
Lo anterior es parte de un correo electrónico fechado el 17 de abril de 2012 que envió Fabiola Jiménez Juárez, empleada de Grupo Gasolinero México (GGM), del cual eran propietarios, en ese tiempo, los hermanos Francisco Javier y Oscar Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez. Todos propietarios del 15 % de las acciones de Oceanografía, principal proveedora de Pemex durante los dos sexenios panistas.
La misiva está dirigida a Mayra Fernández, agente intermediaria de la consultoría estadunidense Jordan Castellon Ricardo P.L., contratada por el despacho panameño Mossack Fonseca, Attorneys-At-Law.
La representante de la firma panameña en Florida, Estados Unidos, Olga Santini, recibió del agente intermediario el correo final catalogado como de “alta importancia”. En la comunicación, se le especifica que use la dirección 185 SW 7 Street, Unit 3205, Miami, Fl. 33130. La dirección es la misma donde está radicada oficialmente la empresa DI ROD Maritime Corp en Miami.
Esta misma dirección será la que Martín Díaz Álvarez, Amado Yáñez Osuna y los hermanos Rodríguez Borgio registrarán como domicilios particulares ante Mossack Fonseca los días en que éste despacho les entregue acciones de algunas empresas creadas para ellos en paraísos fiscales.
Mossack creó para los dueños de Oceanografía tres empresas entre 2011 y 2012: Linard Consultants Inc (accionistas Francisco Javier y Oscar Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez); Fairhaven Trading Resources Limited (accionistas Francisco Javier y Oscar Rodríguez Borgio), y Ceresia Services Limited (Martín Díaz Álvarez y Amado Yáñez Osuna), todas en las Islas Vírgenes Británicas.
Y a quien se encargaba de la nómina y pago a otros proveedores de la naviera a través de su firma Grupo Impulsor del Sur (Grimsur), Fabián Narváez Tovar, Mossack Fonseca le constituyó en 2011 Fasana Corp en BVI.
Entre 2011 y 2014 Narváez creó en Florida empresas espejo a la conformada en el paraíso fiscal, –Fasana Corp–, y a la mexicana Grimsur. Su participación en Oceanografía fue central y ahora el Sistema de Administración Tributario (SAT) acusa a la naviera de evadir impuestos. Grimsur llevaba la nómina de los más de 4,400 trabajadores de Oceanografía y el pago a algunos proveedores.
Apenas el pasado 14 de marzo, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que el SAT no puede cobrar los cerca de 18 mil millones de pesos que Oceanografía adeuda al fisco; ello debido al retraso de la autoridad para reclamar y considerarse acreedor en el juicio mercantil que se sigue a Oceanografía.
De acuerdo con los #PanamaPapers, a fines de 2014 la PGR reveló, en comunicaciones internas, que el Ministerio Público de la Confederación Suiza les requirió información de Francisco Javier y Oscar Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez para “integrar la instrucción número MSV.14.0338-BAN iniciada en aquel país, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de blanqueo de capitales”.
Proceso buscó a los hermanos Rodríguez Borgio, quienes a través de su abogado Carlos López Arguijo aceptó que tenían dos empresas en paraísos fiscales pero aclaró que fueron creadas para adquirir “una lancha de dos motores para salir a pescar”. Precisó que en una de ellas la parte de Martín Álvarez se le compró, que ya no tienen movimientos financieros y que no tienen nada que ver con lavado de dinero ni robo de hidrocarburos.
También aceptó que Suiza les abrió una indagatoria, pero dijo que “ya se aclaró” con los documentos oficiales mexicanos. Sostuvo que si se les indagó “fue por Martín Díaz”, porque a él lo investigaban. De Fabián Narváez dijo conocerlo, pero no la empresa que éste abrió en BVI e incluso que no tiene nada que ver con las de sus clientes Rodríguez.
Explicó que al despacho Mossack Fonseca lo contactaron por recomendación de la empresa que les vendió la embarcación, de la cual no recordó su nombre. Incluso dijo que “ya ni se acordaban” que tenían las dos empresas en las islas.
Los hermanos Borgio también son dueños del casino Big Bola, aquel que ofrecía premios en dólares a “ganadores” presuntamente fantasmas.
Por su lado, la defensa de Amado Yáñez aseguró desconocer la existencia de Ceresias. A consulta de Proceso como parte de la investigación coordinada por el ICIJ, “los abogados del exdirector de Oceanografía solicitaron información sobre las operaciones que realizó Ceresia Services Limited. Aseguró que esa compañía “jamás utilizó o realizó ninguna actividad financiera y/o comercial”.
Narváez Tovar, a través de su contador Carlos Velueta, dijo a Proceso que Fasana Corp fue dada de alta en el paraíso fiscal, pero que “no tiene nada que esconder ni es extraño tener estas empresas”. Aclaró que se abrió para obtener un crédito y comprar una propiedad en Miami” y no cuenta con más movimientos financieros. Ante la pregunta de la relación entre adquirir una empresa en Miami y abrir una empresa en otro país como BVI, el contador aseguró que eso “es común en Estados Unidos cuando se adquiere una propiedad”.
De Fasana LLC dijo: se hace así porque una empresa es dueña de la otra para propósitos de adquirir la propiedad”. Sin embargo, dijo desconocer del resto de las empresas de su jefe en Miami, mismas que tienen a “agente registrador” relacionado con Mossack Fonseca. Aseguró que Fasana no tiene relación alguna con las empresas de quienes fueron dueños de Oceanografía.
A Martín Díaz Álvarez no se le pudo localizar en su domicilio de Miami, Florida.
oceanografia on Linkurious.
Lavado de dinero
El 28 de febrero de 2014, Banamex denunció a Oceanografía por un fraude de 585 millones de dólares operado mediante la entrega en garantía de documentos falsos de Pemex. El 31 de marzo PGR anunció el embargo de la naviera que pasó a ser administrada por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
La PGR abrió la averiguación previa UEIORPFAM/AP/065/2014 dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de ahí ordenó el aseguramiento de todas las cuentas bancarias y de negocios de dos accionistas de Oceanografía: los hermanos Rodríguez Borgio y de Martín Díaz Álvarez.
El 19 de junio de 2014, meses después de abierta la indagatoria en SEIDO, el ministerio público ordenó liberar las cuentas de Rodríguez “al haberse acreditado su legítima procedencia”. Cheques, inversiones bursátiles, créditos en garantía, fideicomisos, valores, ahorros, pólizas que existan a nombre o beneficiarios de “Francisco Javier Rodríguez Borgio y Shipping Group Mëxico SGM SAPI de CV y/o GGM Shipping SA de CV” quedaron fuera de toda investigación.
A Amado Yáñez Osuna, propietario original de la empresa y dueño del 80 % de las acciones se le abrió en paralelo otra averiguación previa, la UEIORIFAM/AP/115/2014.
En marzo de 2012, la PGR detectó la ordeña a ductos de Pemex que a su vez se depositaba en los contenedores de la empresa GGM en Querétaro, de ahí que abrió la averiguación previa AP/PGRJQR0/QR0-IV1090/2012 contra los accionistas del grupo, que eran los hermanos Rodríguez Borgio y Marín Díaz Álvarez
El 16 de diciembre de 2013, la PGR inició el “acta circunstanciada”: PGR/SEIDO/AC/UEIORPIFAM/74/2013 en la que solicitó todos los movimientos bancarios de Martín Díaz a partir de 2005 a esa fecha. El 19 de febrero de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ante un posible lavado de dinero, inició una revisión de las operaciones de la financiera Caja Libertad, de la cual Martín Díaz era presidente del consejo de administración y los hermanos Rodríguez Borgio, miembros.
Siete días después, el 27 de febrero de 2014, Banamex hizo público un presunto fraude por alrededor de 500 de dólares de Oceanografía.
A lo largo de esos años, Mossack Fonseca creó a nombre de los hermanos Borgio, Martín Díaz, Amado Yañez y el encargado de la nómina de Oceanografía, empresas en paraísos fiscales donde ellos figuran como directivos.
Suiza indaga lavado
En el expediente de los socios de Oceanografía en Mossack Fonseca, hay oficios certificados que la PGR, el Ministerio Público de la Confederación Suiza y un despacho de aquel país, Nobel & Hug en torno a “la probable responsabilidad” de los hermanos Rodríguez Borgio y Martín Díaz en el “blanqueo de capitales”.
Para el 10 de noviembre de 2014 ya existía el intercambio de comunicaciones entre ellos. El principal, un requerimiento de información que hace el despacho Suizo a la procuradora de su país. Ésta lo consulta con México vía la representación de PRG en la Unión Europea con sede en España. Érica Cervantes Albarrán, funcionaria establecida en España, quien pide referencias sobre estas personas y su posible participación en lavado de dinero; las oficinas a las que consulta dicen que no han encontrado.
Oceanografía, la empresa predilecta de Fox y Calderón, enganchada a los paraísos fiscales:
El problema es que la consulta no se hace a la Unidad Especializada en Investigación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, sino a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia (UEIDCSPCAJ) de la propia SIEDO, a pesar de que los involucrados no son servidores públicos.
La historia es la siguiente: el 27 de noviembre en el oficio UEIDCSPCAJ/2763/2014 emitido por Gerardo Raymundo Arizaga Cortés, encargado de despacho de la UEIDCSPCAJ, revela que Suiza está indagando por lavado de dinero a los mexicanos.
El funcionario de la PGR detalla en el escrito: “…la Procuraduría General de la República recibió asistencia jurídica formulada por el Ministerio Público de la Confederación Suiza, la cual tiene por objeto recabar diversa documentación relacionada con Oscar Rodríguez Borgio, Francisco Javier Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez, a fin de integrar la instrucción número SV.14.0338-BAN que se lleva en ese país por el delito de blanqueo de capitales”.
La carta va dirigida al director general de Procedimientos Internacionales de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y pide que se informe si en la base de datos de dicha Unidad existen registros de averiguaciones en contra de los hermanos y Martín Díaz.
En particular, le pidió que precisara “si la investigación tiene relación con el delito de blanqueo de capitales que se investiga en Suiza, y en caso afirmativo proporcionar copia certificada de todo lo actuado”.
En el tercer párrafo, Arizaga Cortés dice que no se localizó antecedente. Un segundo oficio fechado el mismo 27 de noviembre de 2014 por la Secretaría Técnica” del delegado de PGR en el Distrito Federal, y también dirigida al director general de Procedimientos Internacionales, José Manuel Merino Madrid, dice que los subdelegados y el encargado de Oficialía de Partes tampoco encontraron antecedentes.
Todos estos oficios los reenvió la Agregaduría Legal para Europa con sede en Madrid, España dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, Erika Cervantes Albarrán, a la procuradora Suiza el 25 de febrero de 2015, misma que llegó a su destino el 3 de marzo de 2015.
El intercambio de escritos obtenido de la base de datos de Mossack Fonseca, concluye cuando la procuradora suiza, Angéla Wellauer los remite al despacho Nobel & Hug de Suiza bajo la leyenda: “procedimiento penal abierto en contra de Francisco Javier Rodríguez Borgio, Oscar Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez por blanqueo de dinero (artículo 305 bis CP)”.
Las autoridades mexicanas informaron a Suiza que no hay indagatoria contra Martín Díaz Álvarez, sin embargo existe la UEIORPIFAM/AP/05/2014, y hay una orden de aprehensión en su contra, aunque éste litiga un amparo para evitar su captura. También, bajo el mismo proceso penal, los juzgados rechazaron entregarle 23 cuentas bancarias que éste reclamó suyas. El área de comunicación social de la PGR ratificó a Proceso que la investigación sigue radicada en SEIDO pero rechazó detallar la situación de Díaz y de los hermanos Rodríguez Borgio.
Empresas en paraísos fiscales
Mossack Fonseca empezó a trabajar con los dueños de Oceanografía a partir de 2011 sin problema alguno hasta que Banamex destapó el presunto fraude por 585 millones de dólares cometidos por los dueños de la naviera.
A partir de ese momento demandó nuevas diligencias a sus clientes, pero fue el 18 de marzo de 2015 cuando se establecieron “resultados adversos” sobre los propietarios de Linard Consultants Inc: los hermanos Roríguez Borgio y Marín Díaz Álvarez quienes el 23 de junio de 2011 la crearon, aunque éste último les vendió sus acciones el 4 de enero de 2013.
En los correos, empleados de Mossack Panamá le dicen a Olga Santini de Mossack Miami que PGR abrió una indagatoria contra Francisco Javier Rodriguez Borgio y “es acusado de lavado de dinero”, además de que PGR lo investiga por presuntamente comprar hidrocarburos robados para su Grupo Gasolinero México (GGM).
Respecto a su hermano Oscar, Mossack Fonseca le informa a Olga Santini que es sobrino de Ángel Isidoro Rodríguez, alías El Divino, quien se vio envuelto en un escándalo de fraude bancario en los año noventa. Además que en 2012 estuvo bajo investigación por tener nexos con grupos del crimen organizado y que tiempo después encontraron en una de sus propiedades de Querétaro un significativo cargamento de balas, según notas de prensa.
Santini responde el 24 de marzo de 2015 “este mismo problema lo tuvimos hace como 4/5 años …podrías mirar antes de volver a molestar al cliente”.
Mossack insiste a Santini que revise la información reciente del cliente (Rodríguez Borgio) pues la que tienen, entre ella una carta de no antecedentes penales, data de junio de 2014.
La base de datos muestras las misivas enviadas a Mossack por Francisco Javier. Las dos están fechadas el 11 de marzo de 2013. Una de ellas es de la Procuraduría General de Justicia de Querétaro en la que consta “en todos los años anteriores a la fecha” no hay antecedentes penales. La segunda es de la Coordinación general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaria de Gobernación en donde sostiene que el Archivo Nacional de Sentenciados “no registró sentencias irrevocables condenatorias” en el ámbito federal.
Mossack central le pide nuevas referencias.
Entre los documentos que se envían, esta una carta del 19 de mayo de 2015 de Banorte en la que dice tenerlo como cliente desde abril de 1999 y que ha cumplido siempre con las leyes; una más a su favor es del intermediario Jordan Castellon & Company PL que revela es su cliente desde hace diez años.
El 7 de octubre de 2015 Mossack envía a Santini un “world chek” que reporta es dueño de Caja Libertad y existió un procedimiento en su contra por posible lavado de dinero en 2014. A pesar de la gravedad de los señalamientos, Mossack Fonseca mantuvo como clientes a los entonces socios de Oceanografía.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435745/oceanografia-la-empresa-predilecta-fox-calderon-enganchada-a-los-paraisos-fiscales
sábado, 29 de agosto de 2015
Liberan al exdirector financiero de Oceanografía
“De conformidad con la orden del juez, el ICE continúa supervisando al señor Díaz Álvarez a través de las alternativas del programa de detención mientras su caso avanza en la corte de inmigración”, agregó la dependencia.
El exfuncionario de 52 años de edad –huésped de una suite de un lujoso hotel de la avenida Brickell–, fue detenido por personal de la Oficina de Inmigración y Aduanas estadunidense el pasado 12 de agosto. Luego fue recluido en el centro de detención de inmigrantes de Krome, al sur de Miami, debido a que la vigencia de su visa caducó.
Un día después, Tomás Zerón, director general de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) informó en conferencia que estableció comunicación con autoridades de Estados Unidos para determinar la situación del detenido y poder enviarlo a México lo antes posible, para que enfrente su proceso ante autoridades mexicanas.
Díaz Álvarez, también expresidente del Consejo de Administración de la Caja Libertad, está acusado de obtener un crédito por 500 millones de pesos de Banamex, a partir de datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de Oceanografía. El hecho derivó en un quebranto para la institución bancaria.
Desde 17 junio del 2014, el juez federal Rubén Darío Noguera Gregoire giró una orden de aprehensión en su contra por violación a la Ley de Instituciones de Crédito en una modalidad grave, que no admite fianza.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
viernes, 14 de agosto de 2015
Endebles, las pruebas para extraditar al ex directivo de Oceanografía: expertos
Señalan que los documentos ya fueron cuestionados en un juicio de amparo. Si se opta por la deportación, el procedimiento tardaría varios meses o incluso años, indican.
La detención de Martín Díaz Álvarez, en Miami, Florida, el número dos de Oceanografía, buscado en México por presuntamente tramitar créditos fraudulentos en Banamex por más de 5 mil millones de pesos, se realizó a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), informó este jueves Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esa dependencia.
En conferencia de prensa, el funcionario precisó que los oficiales de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos actuaron tras una solicitud de colaboración que emitió la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, versión que no coincide con la que han dado allegados a Díaz Álvarez, quienes refieren que la captura se efectuó porque hace unos días caducó la vigencia de su visa.
Académicos expertos en temas migratorios explicaron a La Jornada que si la PGR opta por el procedimiento de extradición, al que tiene derecho, sería muy complicado para la dependencia federal, ya que debido a la premura del tiempo, la subprocuraduría jurídica tendría que presentar las mismas pruebas con que ahora cuenta la dependencia mexicana (se trata de aquellas que utilizó para pedir la orden de aprehensión contra Díaz y que fueron cuestionadas mediante juicio de amparo, debido a su frágil idoneidad), las cuales son muy endebles.
Si eso ocurriera, lo más probable es que los fiscales mexicanos terminarían perdiendo el caso, dijeron los también expertos en derecho internacional consultados.
La opción más viable que tiene la PGR es pedir al gobierno estadunidense la deportación de Díaz Álvarez por vencimiento de la visa, lo que implica un procedimiento de derecho migratorio que puede durar varios meses o incluso años.
Por el momento, el empresario mexicano se encuentra en un centro de detención migratoria en espera de la audiencia ante un juez de Florida, la cual se efectuará la próxima semana, según información de las fuentes consultadas.
En esa audiencia puede pedir asilo político, con el argumento de que en México es perseguido por las autoridades, o también puede aportar pruebas encaminadas a demostrar su estancia legal en Miami, y en caso de que acredite que no es migrante, podrá obtener su libertad provisional.
Díaz fue socio de Amado Yáñez, también detenido, quien enfrenta varias denuncias penales y quejas ante autoridades penitenciarias por los privilegios de que goza en el Reclusorio Sur, entre ellos celda propia, celular y hasta una oficina habilitada en la dirección del centro carcelario.
Privilegios en la cárcel
Además de Internet, el empresario cuenta con computadora laptop, cocineta, horno de microondas, baño privado, además de que atiende sus asuntos en el despacho del director del Reclusorio Sur, Gonzalo Héctor Pérez Ascolani, o en su sala de juntas, tiene servicio de comida a domicilio y recibe visitas fuera del horario establecido.
El fraude que se imputa a Amado Yáñez y a Díaz contra Banamex supera 400 millones de dólares, por falsear sus ingresos por contratos con Pemex Exploración y Producción.
El escándalo de la empresa Oceanografía derivó en una inhabilitación de la firma para realizar contratos públicos, sin embargo, el pasado 30 de junio un tribunal federal anuló en definitiva dicha sanción, así como la multa de 24 millones de pesos impuesta a la empresa por la Secretaría de la Función Pública.
El mandato deriva de un expediente donde le imputan tramitar y conseguir créditos con estimaciones apócrifas en favor de Oceanografía, que ocasionaron un quebranto a Banamex por 5 mil 234 millones de pesos.
La PGR ha señalado a Díaz como el verdadero dirigente de la secuela delictiva y miembro de una célula criminal, no obstante que muchas de las estimaciones falsas estaban firmadas por Amado Yáñez Osuna, accionista mayoritario de Oceanografía.
Otras actividades de Díaz
Marín Díaz Álvarez se desempeñó de presidente de Libertad Servicios Financieros, y junto con Dionisio Arturo Pérez Jácome, ex secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, formaron parte del consejo de administración de esa institución financiera.
Tres meses después de que la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que investigaba a los socios de la empresa Oceanografía por incurrir en presunto fraude contra Banamex por 5 mil millones de pesos, Martín Díaz Álvarez dejó la presidencia de Libertad Servicios Financieros y quedaron sin efecto 333 mil 663 acciones de una serie pendientes de pago.
De acuerdo con datos consultados en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio el 19 de febrero de 2009, a solicitud de José Antonio Rico Rico, entonces presidente del consejo de administración de Caja Libertad, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, se transformó en Libertad Servicios Financieros SA de CV Sociedad Financiera. Esa acción quedó registrada en la escritura 211588.
El 28 de febrero de 2013 se registran cambios en el consejo de administración, al renunciar a la vocalía Andrés Puente Cruz y Armando Dorantes García; del consejo independiente, Óscar Arnulfo Cabello, y de la comisaría, Hugo Édgar Bravo Jasso.
Dos meses después, el 30 de abril, a petición de Jesús Beltrán González fue revocado de la secretaría del comité de administración de acciones de la sociedad a José Antonio Rico Rico y nombraron al primero como vicepresidente, mientras Jorge Luis Sánchez Hernández quedó como vocal del consejo de administración de la sociedad.
En esa asamblea, también renunció Dionisio Arturo Pérez Jácome al cargo de tercer consejero suplente del consejo de administración.
Los miembros del comité administrador de acciones de la sociedad quedó presidida por Martín Díaz Ávarez; Jesús Beltrán González, vicepresidente; Jaime Guillermo Ortiz Martínez, secretario; José María Fernández Gámez, vocal; Jorge Luis Sánchez Hernández, vocal; Francisco Javier Cortina Azcárraga, consejero independiente; Jonás Martínez Rábello, primer consejero suplente; Alberto Pérez Jácome Friscione, segundo consejero suplente, y Ernesto Valentín Girón Chávez, consejero suplente.
El 26 de marzo de 2014 Martín Díaz Álvarez renunció a la presidencia del consejo de administración. En ese puesto fue nombrado Carlos Septién Michel, y Jaime Guillermo Ortiz Martínez quedó como secretario.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ARMANDO MÉNDEZ.
En conferencia de prensa, el funcionario precisó que los oficiales de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos actuaron tras una solicitud de colaboración que emitió la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, versión que no coincide con la que han dado allegados a Díaz Álvarez, quienes refieren que la captura se efectuó porque hace unos días caducó la vigencia de su visa.
Académicos expertos en temas migratorios explicaron a La Jornada que si la PGR opta por el procedimiento de extradición, al que tiene derecho, sería muy complicado para la dependencia federal, ya que debido a la premura del tiempo, la subprocuraduría jurídica tendría que presentar las mismas pruebas con que ahora cuenta la dependencia mexicana (se trata de aquellas que utilizó para pedir la orden de aprehensión contra Díaz y que fueron cuestionadas mediante juicio de amparo, debido a su frágil idoneidad), las cuales son muy endebles.
Si eso ocurriera, lo más probable es que los fiscales mexicanos terminarían perdiendo el caso, dijeron los también expertos en derecho internacional consultados.
La opción más viable que tiene la PGR es pedir al gobierno estadunidense la deportación de Díaz Álvarez por vencimiento de la visa, lo que implica un procedimiento de derecho migratorio que puede durar varios meses o incluso años.
Por el momento, el empresario mexicano se encuentra en un centro de detención migratoria en espera de la audiencia ante un juez de Florida, la cual se efectuará la próxima semana, según información de las fuentes consultadas.
En esa audiencia puede pedir asilo político, con el argumento de que en México es perseguido por las autoridades, o también puede aportar pruebas encaminadas a demostrar su estancia legal en Miami, y en caso de que acredite que no es migrante, podrá obtener su libertad provisional.
Díaz fue socio de Amado Yáñez, también detenido, quien enfrenta varias denuncias penales y quejas ante autoridades penitenciarias por los privilegios de que goza en el Reclusorio Sur, entre ellos celda propia, celular y hasta una oficina habilitada en la dirección del centro carcelario.
Privilegios en la cárcel
Además de Internet, el empresario cuenta con computadora laptop, cocineta, horno de microondas, baño privado, además de que atiende sus asuntos en el despacho del director del Reclusorio Sur, Gonzalo Héctor Pérez Ascolani, o en su sala de juntas, tiene servicio de comida a domicilio y recibe visitas fuera del horario establecido.
El fraude que se imputa a Amado Yáñez y a Díaz contra Banamex supera 400 millones de dólares, por falsear sus ingresos por contratos con Pemex Exploración y Producción.
El escándalo de la empresa Oceanografía derivó en una inhabilitación de la firma para realizar contratos públicos, sin embargo, el pasado 30 de junio un tribunal federal anuló en definitiva dicha sanción, así como la multa de 24 millones de pesos impuesta a la empresa por la Secretaría de la Función Pública.
El mandato deriva de un expediente donde le imputan tramitar y conseguir créditos con estimaciones apócrifas en favor de Oceanografía, que ocasionaron un quebranto a Banamex por 5 mil 234 millones de pesos.
La PGR ha señalado a Díaz como el verdadero dirigente de la secuela delictiva y miembro de una célula criminal, no obstante que muchas de las estimaciones falsas estaban firmadas por Amado Yáñez Osuna, accionista mayoritario de Oceanografía.
Otras actividades de Díaz
Marín Díaz Álvarez se desempeñó de presidente de Libertad Servicios Financieros, y junto con Dionisio Arturo Pérez Jácome, ex secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, formaron parte del consejo de administración de esa institución financiera.
Tres meses después de que la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que investigaba a los socios de la empresa Oceanografía por incurrir en presunto fraude contra Banamex por 5 mil millones de pesos, Martín Díaz Álvarez dejó la presidencia de Libertad Servicios Financieros y quedaron sin efecto 333 mil 663 acciones de una serie pendientes de pago.
De acuerdo con datos consultados en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio el 19 de febrero de 2009, a solicitud de José Antonio Rico Rico, entonces presidente del consejo de administración de Caja Libertad, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, se transformó en Libertad Servicios Financieros SA de CV Sociedad Financiera. Esa acción quedó registrada en la escritura 211588.
El 28 de febrero de 2013 se registran cambios en el consejo de administración, al renunciar a la vocalía Andrés Puente Cruz y Armando Dorantes García; del consejo independiente, Óscar Arnulfo Cabello, y de la comisaría, Hugo Édgar Bravo Jasso.
Dos meses después, el 30 de abril, a petición de Jesús Beltrán González fue revocado de la secretaría del comité de administración de acciones de la sociedad a José Antonio Rico Rico y nombraron al primero como vicepresidente, mientras Jorge Luis Sánchez Hernández quedó como vocal del consejo de administración de la sociedad.
En esa asamblea, también renunció Dionisio Arturo Pérez Jácome al cargo de tercer consejero suplente del consejo de administración.
Los miembros del comité administrador de acciones de la sociedad quedó presidida por Martín Díaz Ávarez; Jesús Beltrán González, vicepresidente; Jaime Guillermo Ortiz Martínez, secretario; José María Fernández Gámez, vocal; Jorge Luis Sánchez Hernández, vocal; Francisco Javier Cortina Azcárraga, consejero independiente; Jonás Martínez Rábello, primer consejero suplente; Alberto Pérez Jácome Friscione, segundo consejero suplente, y Ernesto Valentín Girón Chávez, consejero suplente.
El 26 de marzo de 2014 Martín Díaz Álvarez renunció a la presidencia del consejo de administración. En ese puesto fue nombrado Carlos Septién Michel, y Jaime Guillermo Ortiz Martínez quedó como secretario.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ARMANDO MÉNDEZ.
Capturan en Miami a Martín Díaz, exdirector financiero de Oceanografía
Díaz Álvarez está acusado por presuntamente tramitar créditos fraudulentos con Banamex por más de 5 mil millones de pesos.
Contra el también expresidente del Consejo de Administración de la Caja Libertad pesa una orden de aprehensión librada el 17 de junio de 2014 por el juez federal Rubén Darío Noguera Gregoire, por violación a la Ley de Instituciones de Crédito en una modalidad grave, que no admite fianza.
De acuerdo con la PGR, Díaz Álvarez será trasladado al Distrito Federal en las próximas horas para quedar a disposición del juez federal que ordenó su captura.
El 11 de febrero del año pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que Oceanografía quedaba inhabilitada por un año y nueve meses en los procesos de contratación del gobierno debido a que, tras las investigaciones, se observó que la empresa modificó contratos con Pemex para obtener un beneficio económico.
Por su parte, Banamex pidió a Pemex una revisión y cotejo de la información que Yáñez Osuna presentaba al banco y que acreditaba supuestas cuentas por cobrar a cargo de Pemex; al verificar la información, se observó que falsificó información.
En el quebranto a Banamex que causó Oceanografía, también participaron funcionarios de dicha banca, según las investigaciones de la PGR.
El 28 de febrero de 2014 la PGR aseguró todos los bienes de Oceanografía, una de las principales proveedoras de Pemex, por el fraude causado a la institución bancaria.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
martes, 19 de mayo de 2015
Juez determina que Oceanografía podrá reiniciar operaciones
Con dicho acuerdo, emitido por el juez federal Felipe Consuelo Soto, Oceanografía podrá reiniciar operaciones.
El juzgado aprobó un acuerdo para que los acreedores de la empresa y Oceanografía finalicen el concurso mercantil, que acumulaba 315 días.
“Se declara concluido el procedimiento de concurso mercantil de la comerciante, así como la vigencia de las medidas o providencias precautorias dictadas en el procedimiento mercantil.
“En consecuencia, dicho convenio y esta sentencia que lo aprueba, constituirán el único documento que rija las obligaciones a cargo de la concursada con respecto a los créditos reconocidos”, cita un acuerdo publicado este martes.
En octubre pasado, elementos de la Procuraduría General de la República detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Amado Yáñez, propietario de Oceanografía y acusado de fraude por 600 millones en contra de Banamex.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
jueves, 5 de marzo de 2015
Diputados cierran comisiones de Oceanografía, Monex y Tren Bala, que “por la austeridad”
En reunión de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro se determinó hacer una ampliación al acuerdo del pasado lunes en donde se anunció el plan para reducir de gastos por aproximadamente 100 millones de pesos.
Este miércoles los coordinadores acordaron que los principales grupos parlamentarios extinguirán por lo menos el 50 por ciento de sus comisiones especiales. Además se eliminarían las dos comisiones investigadoras antes citadas.
Trascendió también que el PRI tiene la intención de disolver la Comisión especial para revisar el proceso de licitación, emisión del fallo y su cancelación, para la construcción del Tren México – Querétaro, presidida por el Diputado con licencia Alfredo Maldonado Hernández; así como la Comisión especial de la Línea 12, presidida por el también priista Marco Antonio Calzada Arroyo, con el argumento de que cumplió el objeto para la que fue creada.
“Lo que no quedó claro, que se preguntó hoy en la Junta y está pendiente que se pueda dar a conocer es qué monto presupuestal representan estas comisiones especiales y de investigación. Porque yo les recordaría que estas [comisiones] no tiene presupuesto. Tienen presupuesto asignado por la Junta de Coordinación Política conforme a sus necesidades”, explicó la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo.
No formó parte del acuerdo (cuya copia tiene SinEmbargo) la propuesta de la Diputada de Movimiento Ciudadano Zuleyma Huidobro, para reducir los viáticos, gastos extraordinarios y otros “privilegios” de los diputados como son vales de despensa ($2,780.00), vales de comida ($140.00 en día de sesión), tarjetas IAVE y pasajes de avión, entre otros.
Tampoco transitó la propuesta de la legisladora para transparentar y eliminar millones de pesos en subvenciones ocultas para los grupos parlamentarios, lo cual ella misma denunció como “bonos” que se entregan a los legisladores por aprobar las reformas del Presidente Enrique Peña Nieto.
DESPIDO DE TRABAJADORES
Asimismo, se aclaró que se despedirá a partir del primero de abril a todos los empleados por honorarios y asesores de las comisiones ordinarias contratados a partir del primero de febrero de 2013.
Sin embargo, no se dio más información sobre el número de trabajadores que serán despedidos, ni a cuánto ascenderán los finiquitos, ni el ahorro que se prevé con los recortes. La valoración corresponderá al Comité de Administración de la Jucopo, pues la propuesta está todavía en estudio.
“El acuerdo es en general que se eliminarán todas estas plazas, pero tiene que hacer un estudio al respecto el Comité de Administración”, detalló la Diputada Lilia Aguilar.
En otras palabras, todavía no hay un cálculo final del ahorro que significaría el recorte de plazas.
En el acuerdo se “autoriza a la Secretaría General y a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, para que a más tardar el 9 de marzo presente una propuesta de ajuste a la baja en los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000 por un monto acumulado de 25 millones de pesos”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-03-2015/1270925.
viernes, 13 de febrero de 2015
Aplazan concurso mercantil
Los principales acreedores de Oceanografía solicitaron posponer 90 días más la conciliación para el concurso mercantil decretado en julio del año pasado.
El concurso mercantil que podría salvar de la quiebra a la contratista de Pemex Oceanografía entró en una nueva etapa.
Unos días después de que le fue negado un amparo al dueño de la naviera, contratista de Pemex, Amado Yáñez, en el juicio penal en su contra por delitos financieros, los principales acreedores de la empresa solicitaron un aplazamiento de la conciliación para el concurso mercantil decretado en julio del año pasado.
Una fuente cercana a las negociaciones confirmó a Reporte Indigo que el 6 de febrero los acreedores, que poseen el 53 por ciento del monto de la deuda, solicitaron al juez Felipe Consuelo Soto que aplazara el periodo de 90 días que se había dado inicialmente para que se conciliaran las partes, el cual vencía el próximo 15 de febrero.
Este martes 10, el aplazamiento fue concedido por el juez mercantil, bajo el criterio de que “Oceanografía tiene viabilidad para salir adelante”, según relató a este diario la fuente que ha participado en el proceso, quien solicitó anonimato.
La crítica entre los acreedores se ha centrado en el conciliador nombrado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) José Antonio de Anda Turati, quien planteó en diciembre que se considerara como deuda de largo plazo únicamente el uno por ciento de los pasivos.
Los acreedores calificaron este proyecto de convenio como “limitado”.
Problemas con el conciliador
Durante el proceso de conciliación, no es la primera vez que los acreedores se han presentado en contra de la actuación del conciliador.
La primera diferencia surgió en octubre del año pasado, poco antes de que se cayera la negociación con la familia de Miguel Alemán Velasco, quienes habían anunciado su intención de comprar Oceanografía y finalmente dieron marcha atrás en el posible negocio.
En ese momento, los Alemán alegaron que el motivo principal para haberse desistido de la compra fue el monto de los adeudos había resultado más alto de lo que consideraron en principio.
Los acreedores consideraron que De Anda Turati había aumentado la deuda con Banamex a un monto mayor de lo que el banco había logrado comprobar, con lo cual se incrementó sustancialmente la inversión que la familia dueña de la aerolínea Interjet debía hacer para quedarse con la empresa.
“El acuerdo previo estaba esperando que se avalara con los tenedores de bonos y que Pemex renovara los contratos (a Oceanografía), aún faltaba mucho por concretar.
“Pemex no dijo sí ni no. El proceso había sido muy transparente, ahora (los Alemán) valoraron que ya no”, afirmó a este diario otra fuente que participó en dichas negociaciones.
El administrador incómodo
El proceso ha traído, además, la participación de Luis Alfonso Maza Urueta, nombrado como administrador por el SAE, quien ha cobrado un sueldo mensual de 619 mil pesos, según recibos de honorarios que suscribió de manera personal con una dirección fiscal en un departamento de la Ciudad de México.
Desde la segunda quincena de marzo del año pasado, se ve en estos documentos, Maza Urueta firmó estos recibos como el síndico-administrador propuesto por el SAE.
La fuente cercana a la defensa del empresario aseguró que los acreedores no congenian con este administrador y tienen “plena confianza” en Yáñez.
Si bien ninguno de los principales acreedores ha aceptado hablar sobre el caso con la prensa, su aceptación de Yáñez quedó implícita en el hecho de que el empresario participó personalmente en la parte inicial del proceso de conciliación, antes de ser apresado el 20 de octubre pasado y consignado al reclusorio sur de la Ciudad de México.
En los comunicados de prensa que ha liberado el poder judicial respecto al caso, nunca han dejado en claro el delito por el cual se le acusa, aunque se presume que se trata del fraude por 400 millones de dólares del que se declaró objeto Banamex, la filial mexicana del conglomerado estadounidense Citibank.
La fuente enterada del caso aseguró a este diario que en el aplazamiento del concurso mercantil se hace una “importante reprenda” al conciliador De Anda Turati.
Una de las principales afectaciones a la compañía de este conciliador, de acuerdo con la fuente, ha sido la falta de conocimiento técnico de los temas de contratos navieros.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
Unos días después de que le fue negado un amparo al dueño de la naviera, contratista de Pemex, Amado Yáñez, en el juicio penal en su contra por delitos financieros, los principales acreedores de la empresa solicitaron un aplazamiento de la conciliación para el concurso mercantil decretado en julio del año pasado.
Una fuente cercana a las negociaciones confirmó a Reporte Indigo que el 6 de febrero los acreedores, que poseen el 53 por ciento del monto de la deuda, solicitaron al juez Felipe Consuelo Soto que aplazara el periodo de 90 días que se había dado inicialmente para que se conciliaran las partes, el cual vencía el próximo 15 de febrero.
Este martes 10, el aplazamiento fue concedido por el juez mercantil, bajo el criterio de que “Oceanografía tiene viabilidad para salir adelante”, según relató a este diario la fuente que ha participado en el proceso, quien solicitó anonimato.
La crítica entre los acreedores se ha centrado en el conciliador nombrado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) José Antonio de Anda Turati, quien planteó en diciembre que se considerara como deuda de largo plazo únicamente el uno por ciento de los pasivos.
Los acreedores calificaron este proyecto de convenio como “limitado”.
Problemas con el conciliador
Durante el proceso de conciliación, no es la primera vez que los acreedores se han presentado en contra de la actuación del conciliador.
La primera diferencia surgió en octubre del año pasado, poco antes de que se cayera la negociación con la familia de Miguel Alemán Velasco, quienes habían anunciado su intención de comprar Oceanografía y finalmente dieron marcha atrás en el posible negocio.
En ese momento, los Alemán alegaron que el motivo principal para haberse desistido de la compra fue el monto de los adeudos había resultado más alto de lo que consideraron en principio.
Los acreedores consideraron que De Anda Turati había aumentado la deuda con Banamex a un monto mayor de lo que el banco había logrado comprobar, con lo cual se incrementó sustancialmente la inversión que la familia dueña de la aerolínea Interjet debía hacer para quedarse con la empresa.
“El acuerdo previo estaba esperando que se avalara con los tenedores de bonos y que Pemex renovara los contratos (a Oceanografía), aún faltaba mucho por concretar.
“Pemex no dijo sí ni no. El proceso había sido muy transparente, ahora (los Alemán) valoraron que ya no”, afirmó a este diario otra fuente que participó en dichas negociaciones.
El administrador incómodo
El proceso ha traído, además, la participación de Luis Alfonso Maza Urueta, nombrado como administrador por el SAE, quien ha cobrado un sueldo mensual de 619 mil pesos, según recibos de honorarios que suscribió de manera personal con una dirección fiscal en un departamento de la Ciudad de México.
Desde la segunda quincena de marzo del año pasado, se ve en estos documentos, Maza Urueta firmó estos recibos como el síndico-administrador propuesto por el SAE.
La fuente cercana a la defensa del empresario aseguró que los acreedores no congenian con este administrador y tienen “plena confianza” en Yáñez.
Si bien ninguno de los principales acreedores ha aceptado hablar sobre el caso con la prensa, su aceptación de Yáñez quedó implícita en el hecho de que el empresario participó personalmente en la parte inicial del proceso de conciliación, antes de ser apresado el 20 de octubre pasado y consignado al reclusorio sur de la Ciudad de México.
En los comunicados de prensa que ha liberado el poder judicial respecto al caso, nunca han dejado en claro el delito por el cual se le acusa, aunque se presume que se trata del fraude por 400 millones de dólares del que se declaró objeto Banamex, la filial mexicana del conglomerado estadounidense Citibank.
La fuente enterada del caso aseguró a este diario que en el aplazamiento del concurso mercantil se hace una “importante reprenda” al conciliador De Anda Turati.
Una de las principales afectaciones a la compañía de este conciliador, de acuerdo con la fuente, ha sido la falta de conocimiento técnico de los temas de contratos navieros.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
miércoles, 28 de enero de 2015
La jugada de Yáñez
Casi un año después del inicio de la investigación por fraude contra Amado Yáñez, la defensa del socio mayoritario de Oceanografía parece tener un as bajo la manga, que podría poner al empresario fuera de la cárcel.
Los días de Amado Yáñez en la cárcel parecen estar contados.
La defensa del socio mayoritario de Oceanografía, acusado de fraude a Banamex, parece tener un as bajo la manga.
El pasado 8 de enero, presentaron ante el juzgado de procesos penales que lleva el caso, un documento que muestra que durante 2013 y 2014 el banco cobró 5 mil 304 millones de pesos de Pemex por conceptos de pagos sobre la contratista.
Esos cobros significan 396 millones de dólares, cifra muy cercana a los 400 millones que Banamex presentó como incobrables, ya que se sostenían en estimaciones de cobro falsificadas por la empresa con ayuda de funcionarios del banco, según la opinión de delito emitida a mediados del año pasado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Hasta ahora, el banco no ha dijo si esa coincidencia de cifras se trata de un monto adicional al que se alega en el fraude, por lo que sería usado por la defensa para argumentar que el caso no se sostiene.
El documento, del que Reporte Indigo obtuvo una copia, fue remitido por el propio Pemex a petición del juez penal que lleva el caso.
Esa nueva prueba, se suma a los alegatos que Yáñez hizo en varias entrevistas con este diario, en las que aseguró que el fraude era falso y que incluso planeaba demandar al banco.
Hasta el cierre de esta edición, Pemex no había respondido a la solicitud de este medio para ampliar la información relativa a estos pagos.
Un año de alegatos
Oceanografía, empresa de la que Amado Yáñez aún es socio mayoritario, fue acusada de cometer un fraude por 400 millones de dólares en contra de Banamex, filial mexicana de Citibank
El dueño de la naviera Oceanografía, una de las principales contratistas de Pemex durante la última década, se encuentra en proceso judicial ante el fuero común en la Ciudad de México por delitos financieros.
El alegato principal de la acusación ha sido que la empresa -de la que Amado Yáñez aún es socio mayoritario- cometió un fraude por 400 millones de dólares en contra de Banamex, filial mexicana de Citibank, uno de los principales bancos de Estados Unidos.
El argumento es que Oceanografía pidió préstamos a la unidad mexicana de Citigroup presuntamente usando como garantía los pagos que esperaba de contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP).
En febrero del año pasado, la secretaría de la Función Pública inhabilitó a la compañía naviera, la cual controlaba contratos millonarios de rentas de barcos, los cuales eran vitales para la operación de Pemex en operaciones costa afuera, especialmente en la sonda de Campeche.
La inhabilitación por un año y nueve meses, además de una multa por 24 millones de pesos, fue porque la compañía había incumplido en el pago de fianzas que cubrieran un 10 por ciento de los montos de los contratos firmados con Pemex.
En su defensa, Yáñez dijo en una conversación con Reporte Indigo que las fianzas pagadas eran las que se le habían solicitado.
Incluso, sugirió que se le había tenido “una trampa” para dejarlo fuera de las contrataciones con Pemex.
Dos semanas más tarde, el 28 de febrero, Citigroup informó que había detectado un fraude por parte de Oceanografía.
El comunicado del banco, publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, anunció que luego de la inhabilitación se había puesto en contacto con Pemex para revisar los montos de los créditos que le había otorgado a la empresa naviera.
Buscaban saber cuántos de esos contratos tenían sustento en los trabajos que Oceanografía debía cobrar de Pemex.
De acuerdo a esta versión, la petrolera informó a Banamex que los recibos que tenían solo cubrirían el pago de 185, de los 585 millones de dólares que en esa fecha el banco le había depositado a Yáñez.
“Esta cifra consiste en aproximadamente 75 millones de dólares respaldados por documentación de Pemex y cerca de 100 millones en trabajo documentado que estaba pasando por el proceso de aprobación de la paraestatal”, anunció Banamex.
Al tipo de cambio de esa fecha de 2014, estas cifras significarían 2 mil 478 millones de pesos, los cuales serían “seguros” a cobrar por parte de Banamex.
Los otros 5 mil 352 millones de pesos -correspondientes a los 400 millones de dólares que se presentaron por el banco como irrecuperables- no estarían contenidos en un pago futuro que Pemex le haría al banco.
La danza de los números
Casi un año después de esta notificación ante la bolsa mexicana y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), un documento judicial revela que durante los últimos dos años Pemex pagó a Banamex más de 5 mil millones de pesos sobre los contratos de Oceanografía.
El documento obtenido por este medio, mencionado también en la columna Dinero en Imagen el 12 de enero, fue solicitado a Pemex a finales de diciembre por el juez 14 de procesos penales en el DF, Rubén Darío Noguera.
La respuesta de la petrolera se dio por medio de un oficio firmado por Alejandro Trejo Sepúlveda, apoderado y representante legal de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Trejo Sepúlveda se tituló en 2005 como abogado por la Universidad Tecnológica de México y desde agosto de 2012 tiene un cargo como asesor para la subgerencia penal de Pemex.
Es la misma persona que había declarado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a mediados del año pasado que en el archivo del caso había 11 estimaciones de obras que no constaban en los archivos ni registros de PEP, de manera que esta subsidiaria las había desconocido ante la autoridad financiera.
Ahora, el propio Trejo Sepúlveda contestó al juez sobre los pagos que PEP había realizado a Oceanografía por conducto de Banamex, “derivado de las cesiones de los derechos de cobro celebrados entre las dos partes”.
Los pagos fueron pagados a Banamex a la clave interbancaria 002180087000163406.
Entre agosto y diciembre de 2013, por este mecanismo PEP depositó 3 mil 371 millones de pesos. Entre enero y el 5 de diciembre de 2014, se depositaron mil 933 millones de pesos más.
La cifra depositada en 2014, en efecto, coincide con el monto que sería “seguro de cobrar” de acuerdo con el evento relevante publicado por Banamex ante la Bolsa en febrero del año pasado.
Lo que aún no queda claro es si el resto del dinero que recibió Banamex de Pemex completa la suma del fraude o no, ya que el banco no ha aceptado hablar con la prensa sobre este caso en México ni en Estados Unidos.
La suma de ambas cifras, que se da también en el documento, es de 5 mil 304.6 millones de pesos, esto es, 396 millones de dólares al cambio de la fecha en que el banco denunció un fraude por 400 millones de dólares.
La respuesta de Pemex fue remitida en la segunda semana de enero al abogado de Amado Yáñez, Luis Raúl Serrano González, para que “manifieste lo que a su interés convenga”.
Reporte Indigo no pudo confirmar si la defensa del empresario ha iniciado ya alguna acción legal derivada de las revelaciones contenidas en este documento.
Se cae la inhabilitación
Al mismo tiempo que el camino legal contra Amado Yáñez por el fraude que denunció Banamex parece tambalearse, la inhabilitación contra la empresa fue revocada por un juez y la compañía ya no aparece en la lista de empresas sancionadas por la Función Pública.
En julio del año pasado, el juez Felipe Consuelo Soto declaró a Oceanografía en concurso mercantil. La declaratoria incluyó una medida precautoria para que la empresa no estuviera ya inhabilitada y se le permitiera nuevamente participar en licitaciones públicas.
Ante la Función Pública, el expediente del caso 0039/2013 relativo al pago de fianzas menores por parte de la naviera muestra otros reveses para la autoridad.
En marzo del año pasado, un juez de distrito en Veracruz ya le había otorgado una suspensión del proceso de inhabilitación a la empresa, mediante un amparo que ésta había promovido.
La suspensión que dictó luego Consuelo Soto en julio se sumó luego a la confirmación del amparo 211/2014-III que el mismo juez en Veracruz reiteró a la empresa en el 4 de noviembre pasado.
El Órgano Interno de Control de PEP recibió la notificación de este amparo el 18 de diciembre.
El dictamen judicial resguarda a Oceanografía no solo de la resolución de la Función Pública, sino también de la “discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación” de los párrafos penúltimo y último del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
Estos párrafos dicen que las inhabilitaciones diferentes pueden sumarse y cuando termine el plazo de una inicia el de la segunda, además de que “en ningún caso podrá decretarse la suspensión de la inhabilitación, aún cuando el infractor opte por el juicio contencioso administrativo contra el acto de autoridad que la ordene o ejecute”.
Con estos amparos, la compañía obtuvo su lugar nuevamente en las contrataciones públicas y se asegura de que una segunda inhabilitación no sume tiempo fuera del mercado a la primera, por la que ya había sido amparada.
Pemex no ha emitido hasta ahora ninguna declaratoria pública por estos reveses judiciales que la obligan a considerar a Oceanografía como uno más de los competidores en cualquiera de sus licitaciones públicas en las que la naviera cumpla los requisitos legales para participar.
El hundimiento
1. Oceanografía solicitó un préstamo a Banamex y puso como garantía supuestos pagos que esperaba de Pemex.
2. El 31 de diciembre de 2013, el banco le otorgó un crédito por 585 millones de dólares.
3. La compañía fue sancionada por 21 meses y 12 días de los procesos de contratación del gobierno mexicano, luego que Pemex encontró en una revisión interna irregularidades en contratos con la firma, según el Diario Oficial del 11 de febrero del 2014.
4. Banamex inició una detallada revisión del riesgo de Oceanografía cuando supo de la sanción y descubrió que dicha empresa parecía haber falsificado cuentas por cobrar.
5. La Procuraduría General de la República intervino a la firma y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también investiga violaciones financieras.
La ruta del navío
Oceanografía, una de las principales contratistas de Pemex durante la última década, enfrenta un proceso judicial por delitos financieros.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
La defensa del socio mayoritario de Oceanografía, acusado de fraude a Banamex, parece tener un as bajo la manga.
El pasado 8 de enero, presentaron ante el juzgado de procesos penales que lleva el caso, un documento que muestra que durante 2013 y 2014 el banco cobró 5 mil 304 millones de pesos de Pemex por conceptos de pagos sobre la contratista.
Esos cobros significan 396 millones de dólares, cifra muy cercana a los 400 millones que Banamex presentó como incobrables, ya que se sostenían en estimaciones de cobro falsificadas por la empresa con ayuda de funcionarios del banco, según la opinión de delito emitida a mediados del año pasado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Hasta ahora, el banco no ha dijo si esa coincidencia de cifras se trata de un monto adicional al que se alega en el fraude, por lo que sería usado por la defensa para argumentar que el caso no se sostiene.
El documento, del que Reporte Indigo obtuvo una copia, fue remitido por el propio Pemex a petición del juez penal que lleva el caso.
Esa nueva prueba, se suma a los alegatos que Yáñez hizo en varias entrevistas con este diario, en las que aseguró que el fraude era falso y que incluso planeaba demandar al banco.
Hasta el cierre de esta edición, Pemex no había respondido a la solicitud de este medio para ampliar la información relativa a estos pagos.
Un año de alegatos
Oceanografía, empresa de la que Amado Yáñez aún es socio mayoritario, fue acusada de cometer un fraude por 400 millones de dólares en contra de Banamex, filial mexicana de Citibank
El dueño de la naviera Oceanografía, una de las principales contratistas de Pemex durante la última década, se encuentra en proceso judicial ante el fuero común en la Ciudad de México por delitos financieros.
El alegato principal de la acusación ha sido que la empresa -de la que Amado Yáñez aún es socio mayoritario- cometió un fraude por 400 millones de dólares en contra de Banamex, filial mexicana de Citibank, uno de los principales bancos de Estados Unidos.
El argumento es que Oceanografía pidió préstamos a la unidad mexicana de Citigroup presuntamente usando como garantía los pagos que esperaba de contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP).
En febrero del año pasado, la secretaría de la Función Pública inhabilitó a la compañía naviera, la cual controlaba contratos millonarios de rentas de barcos, los cuales eran vitales para la operación de Pemex en operaciones costa afuera, especialmente en la sonda de Campeche.
La inhabilitación por un año y nueve meses, además de una multa por 24 millones de pesos, fue porque la compañía había incumplido en el pago de fianzas que cubrieran un 10 por ciento de los montos de los contratos firmados con Pemex.
En su defensa, Yáñez dijo en una conversación con Reporte Indigo que las fianzas pagadas eran las que se le habían solicitado.
Incluso, sugirió que se le había tenido “una trampa” para dejarlo fuera de las contrataciones con Pemex.
Dos semanas más tarde, el 28 de febrero, Citigroup informó que había detectado un fraude por parte de Oceanografía.
El comunicado del banco, publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, anunció que luego de la inhabilitación se había puesto en contacto con Pemex para revisar los montos de los créditos que le había otorgado a la empresa naviera.
Buscaban saber cuántos de esos contratos tenían sustento en los trabajos que Oceanografía debía cobrar de Pemex.
De acuerdo a esta versión, la petrolera informó a Banamex que los recibos que tenían solo cubrirían el pago de 185, de los 585 millones de dólares que en esa fecha el banco le había depositado a Yáñez.
“Esta cifra consiste en aproximadamente 75 millones de dólares respaldados por documentación de Pemex y cerca de 100 millones en trabajo documentado que estaba pasando por el proceso de aprobación de la paraestatal”, anunció Banamex.
Al tipo de cambio de esa fecha de 2014, estas cifras significarían 2 mil 478 millones de pesos, los cuales serían “seguros” a cobrar por parte de Banamex.
Los otros 5 mil 352 millones de pesos -correspondientes a los 400 millones de dólares que se presentaron por el banco como irrecuperables- no estarían contenidos en un pago futuro que Pemex le haría al banco.
La danza de los números
Casi un año después de esta notificación ante la bolsa mexicana y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), un documento judicial revela que durante los últimos dos años Pemex pagó a Banamex más de 5 mil millones de pesos sobre los contratos de Oceanografía.
El documento obtenido por este medio, mencionado también en la columna Dinero en Imagen el 12 de enero, fue solicitado a Pemex a finales de diciembre por el juez 14 de procesos penales en el DF, Rubén Darío Noguera.
La respuesta de la petrolera se dio por medio de un oficio firmado por Alejandro Trejo Sepúlveda, apoderado y representante legal de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Trejo Sepúlveda se tituló en 2005 como abogado por la Universidad Tecnológica de México y desde agosto de 2012 tiene un cargo como asesor para la subgerencia penal de Pemex.
Es la misma persona que había declarado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a mediados del año pasado que en el archivo del caso había 11 estimaciones de obras que no constaban en los archivos ni registros de PEP, de manera que esta subsidiaria las había desconocido ante la autoridad financiera.
Ahora, el propio Trejo Sepúlveda contestó al juez sobre los pagos que PEP había realizado a Oceanografía por conducto de Banamex, “derivado de las cesiones de los derechos de cobro celebrados entre las dos partes”.
Los pagos fueron pagados a Banamex a la clave interbancaria 002180087000163406.
Entre agosto y diciembre de 2013, por este mecanismo PEP depositó 3 mil 371 millones de pesos. Entre enero y el 5 de diciembre de 2014, se depositaron mil 933 millones de pesos más.
La cifra depositada en 2014, en efecto, coincide con el monto que sería “seguro de cobrar” de acuerdo con el evento relevante publicado por Banamex ante la Bolsa en febrero del año pasado.
Lo que aún no queda claro es si el resto del dinero que recibió Banamex de Pemex completa la suma del fraude o no, ya que el banco no ha aceptado hablar con la prensa sobre este caso en México ni en Estados Unidos.
La suma de ambas cifras, que se da también en el documento, es de 5 mil 304.6 millones de pesos, esto es, 396 millones de dólares al cambio de la fecha en que el banco denunció un fraude por 400 millones de dólares.
La respuesta de Pemex fue remitida en la segunda semana de enero al abogado de Amado Yáñez, Luis Raúl Serrano González, para que “manifieste lo que a su interés convenga”.
Reporte Indigo no pudo confirmar si la defensa del empresario ha iniciado ya alguna acción legal derivada de las revelaciones contenidas en este documento.
Se cae la inhabilitación
Al mismo tiempo que el camino legal contra Amado Yáñez por el fraude que denunció Banamex parece tambalearse, la inhabilitación contra la empresa fue revocada por un juez y la compañía ya no aparece en la lista de empresas sancionadas por la Función Pública.
En julio del año pasado, el juez Felipe Consuelo Soto declaró a Oceanografía en concurso mercantil. La declaratoria incluyó una medida precautoria para que la empresa no estuviera ya inhabilitada y se le permitiera nuevamente participar en licitaciones públicas.
Ante la Función Pública, el expediente del caso 0039/2013 relativo al pago de fianzas menores por parte de la naviera muestra otros reveses para la autoridad.
En marzo del año pasado, un juez de distrito en Veracruz ya le había otorgado una suspensión del proceso de inhabilitación a la empresa, mediante un amparo que ésta había promovido.
La suspensión que dictó luego Consuelo Soto en julio se sumó luego a la confirmación del amparo 211/2014-III que el mismo juez en Veracruz reiteró a la empresa en el 4 de noviembre pasado.
El Órgano Interno de Control de PEP recibió la notificación de este amparo el 18 de diciembre.
El dictamen judicial resguarda a Oceanografía no solo de la resolución de la Función Pública, sino también de la “discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación” de los párrafos penúltimo y último del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
Estos párrafos dicen que las inhabilitaciones diferentes pueden sumarse y cuando termine el plazo de una inicia el de la segunda, además de que “en ningún caso podrá decretarse la suspensión de la inhabilitación, aún cuando el infractor opte por el juicio contencioso administrativo contra el acto de autoridad que la ordene o ejecute”.
Con estos amparos, la compañía obtuvo su lugar nuevamente en las contrataciones públicas y se asegura de que una segunda inhabilitación no sume tiempo fuera del mercado a la primera, por la que ya había sido amparada.
Pemex no ha emitido hasta ahora ninguna declaratoria pública por estos reveses judiciales que la obligan a considerar a Oceanografía como uno más de los competidores en cualquiera de sus licitaciones públicas en las que la naviera cumpla los requisitos legales para participar.
El hundimiento
1. Oceanografía solicitó un préstamo a Banamex y puso como garantía supuestos pagos que esperaba de Pemex.
2. El 31 de diciembre de 2013, el banco le otorgó un crédito por 585 millones de dólares.
3. La compañía fue sancionada por 21 meses y 12 días de los procesos de contratación del gobierno mexicano, luego que Pemex encontró en una revisión interna irregularidades en contratos con la firma, según el Diario Oficial del 11 de febrero del 2014.
4. Banamex inició una detallada revisión del riesgo de Oceanografía cuando supo de la sanción y descubrió que dicha empresa parecía haber falsificado cuentas por cobrar.
5. La Procuraduría General de la República intervino a la firma y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también investiga violaciones financieras.
La ruta del navío
Oceanografía, una de las principales contratistas de Pemex durante la última década, enfrenta un proceso judicial por delitos financieros.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
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