Colombia envía ayuda humanitaria para damnificados de Acapulco por el huracán “Otis”

El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la semana pasada a los habitantes afectados que se sumen a la tarea de reconstrucción de sus propias viviendas y locales.

El Gobierno colombiano envió el martes una aeronave con 15 toneladas de ayuda humanitaria para los mexicanos afectados por el huracán “Otis”, de categoría 5, que devastó el turístico Acapulco hace más de un mes.

Se trata de la primera aeronave con asistencia humanitaria que envía Colombia tras el impacto del poderoso ciclón el 25 de octubre, en el que 50 personas murieron y decenas fueron reportadas como desaparecidas.

Petro nomina a Ángela Buitrago como fiscal general

Amelia Pérez Parra, quien fue fiscal de Derechos Humanos, y Amparo Cerón Ojeda, completan la terna enviada por el presidente de Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió una terna para nombrar a la nueva titular de la Fiscalía General de la Nación.

La lista es encabezada por Ángela Buitrago, quien este lunes terminó su encargo en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso Ayotzinapa en México.

Siete miembros del Cártel de Sinaloa fueron detenidos en Colombia por venta de fentanilo

La Policía Nacional de Colombia señaló que la Dirección de Investigación Criminal del cuerpo, junto a la Agencia Antidrogas estadunidense y la Fiscalía colombiana, capturó a estos individuos, de nacionalidad mexicana, "con fines de extradición" a Estados Unidos.

Las autoridades colombianas informaron que detuvieron a siete miembros del Cártel de Sinaloa, acusados de producir y vender fentanilo, el opiáceo que ha desatado una crisis de salud pública en Estados Unidos.

La Policía Nacional de Colombia señaló que la Dirección de Investigación Criminal del cuerpo, junto a la Agencia Antidrogas estadunidense y la Fiscalía colombiana, capturó a estos individuos, de nacionalidad mexicana, "con fines de extradición" a Estados Unidos.

Las FARC concluyen entrega de armas: ONU

Bogotá. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) completó la entrega de sus armas a la misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como parte de las acciones alcanzadas en el acuerdo de paz para poner fin más de medio siglo de conflicto, informó el este lunes el organismo internacional.

Colombia, la guerra que alimentan los cárteles mexicanos

Tumaco es el municipio de Colombia con mayor cantidad de cultivos de hoja de coca: 28 mil hectáreas que pueden producir 190 toneladas de cocaína al año. Su puerto es actualmente el principal punto colombiano de salida de droga hacia Estados Unidos, Europa y Asia, y es, al mismo tiempo, el mayor centro de abastecimiento de estupefacientes para los cárteles mexicanos. Tras el retiro de las FARC de este territorio, distintas bandas criminales libran una guerra por su control, una lucha que las organizaciones mexicanas del narcotráfico alimentan con dinero y armas.

La información que un delincuente de la zona dio a la policía era precisa: en una ribera del río Mira, sólo 12 kilómetros al suroccidente del casco urbano del puerto de Tumaco, cinco mexicanos habían almacenado una gran cantidad de cocaína para enviarla a costas del estado de Colima.

“Son del Sinaloa (presuntamente del Cártel de Sinaloa) y juntaron dos toneladas, pero la movieron a una caleta (escondite bajo la tierra) cerca de ahí”, dijo el informante, que había asistido a una reunión en la cual los mexicanos, quienes se desplazaban en la región de Tumaco con discreción, cerraron el trato con sus socios colombianos.

El Brexit colombiano

BOGOTÁ: El rechazo a los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el plebiscito realizado el domingo 2 en Colombia fue tan inesperado que el expresidente Álvaro Uribe, líder de la campaña del “No” a lo negociado con esa guerrilla, tardó más de tres horas en armar un discurso de victoria, porque ni siquiera él había previsto que esa opción se impondría en las urnas.

Hace apenas unos días, el exmandatario y actual senador había dicho que era “muy probable” que el “Sí” a los acuerdos obtuviera el triunfo.

Y es que, con excepción de una encuesta de hace dos meses, todos los sondeos vaticinaban que los colombianos refrendarían los acuerdos de paz con las FARC con entre 55% y 66% de los votos.

La realidad es que el “No” ganó. Lo hizo en forma muy ajustada –por una diferencia de apenas 0.43 puntos porcentuales–, pero ese resultado es suficiente para dejar sin ninguna validez legal los acuerdos de paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos negoció durante tres años y nueve meses con las FARC.

Apenas el lunes pasado, Santos y el comandante en jefe de esa guerrilla, Timoleón Jiménez, “Timochenko”, habían firmado en Cartagena esos acuerdos ante 13 presidentes latinoamericanos; el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, y los cancilleres de 27 países.

Todos ellos, como el resto del mundo, se deben estar preguntando qué pasó el domingo en Colombia y qué es lo que lleva a un país a decir “No” a un pacto para poner fin a un conflicto armado de 52 años, y para posibilitar que la guerrilla más poderosa del hemisferio se desarme y se transforme en un partido político legal.

Para estas preguntas hay muchas respuestas: Desde el huracán Matthew, que desalentó con sus lluvias torrenciales la participación de los votantes de la costa caribeña colombiana –donde se registraba el más alto respaldo nacional al “Sí”–, hasta el discurso del miedo del expresidente Uribe, quien convenció al electorado más conservador y menos educado de que los acuerdos con las FARC eran la instauración del “castrochavismo” en Colombia.

Uribe es el abanderado moderno de una ultraderecha que históricamente ha puesto barreras a las expectativas de desarrollo social y de participación política de los sectores más desfavorecidos de la sociedad colombiana.

Con su estilo caudillista, de patrón de finca, el expresidente es el heredero ideológico de las elites económicas y políticas que en el siglo XX negaron toda posibilidad de una reforma agraria a los campesinos pobres y que, por el contrario, hicieron del despojo de tierras y de la violencia política para acallar los reclamos, prácticas comunes.

Esa obstinación excluyente, que originó hace medio siglo el conflicto armado colombiano, es la que se impuso, por un estrechísimo margen, en el plebiscito del domingo, y acabó por invalidar los acuerdos de paz con las FARC.

Un país dividido

En el fondo, lo que hizo la mitad del país en las urnas es negarle a las FARC lo que cualquier proceso de paz en el mundo concede al adversario alzado en armas: la posibilidad de cambiar las balas por los votos.

Es sintomático que las regiones que respaldaron el “Sí” son las más golpeadas por el conflicto armado.

Por ejemplo, en Bojayá, un municipio donde en 2002 un enfrentamiento de las FARC con paramilitares produjo la muerte de 79 civiles en una iglesia cuando la guerrilla erró el blanco de sus cilindros bombas, 96% de votantes optaron por el “Sí” a los acuerdos de paz.
En cambio en Medellín, la segunda ciudad de Colombia y la tierra del expresidente Uribe, el “No” se impuso con 63% de los sufragios.
El argumento central de Uribe es que el acuerdo de paz es un “pacto de impunidad” con las FARC porque le concede penas alternativas –como trabajo comunitario– en lugar de cárcel a los jefes de esa guerrilla que cometieron crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado.

La realidad es que la Corte Penal Internacional avaló el acuerdo, y sólo puso como condición que las sanciones que se impusieran a los autores de delitos graves se aplicaran de manera efectiva.

Uribe, quien la década pasada negoció un acuerdo de paz con paramilitares de extrema derecha dedicados al narcotráfico y responsables de mil 666 masacres de civiles, también objetó que los jefes de las FARC tuvieran la posibilidad de participar en política.

El exguerrillero y actual senador Antonio Navarro Wolff comentó la noche del domingo que si al M-19, grupo armado al que perteneció, le hubieran propuesto desmovilizarse para que sus integrantes fueran a la cárcel y no pudieran hacer política para defender sus ideas, jamás lo hubieran aceptado.

Colombia amaneció este lunes en la más completa incertidumbre política, y aunque tanto el presidente Santos como las FARC reiteraron su voluntad de paz, no es claro si eso será suficiente para salvar los acuerdos y mantener el cese bilateral del fuego vigente desde junio pasado.

Uribe dijo tras la victoria del “No” que está dispuesto a “un gran pacto nacional”. Pero ya puso condiciones: “correctivos” a los acuerdos en los puntos de justicia y participación política; austeridad presupuestal; no a la reforma fiscal que impulsa el gobierno para financiar lo negociados con las FARC; dar confianza a los inversionistas, y hasta “estimular los valores de la familia”.

Es un planteamiento político-ideológico que va mucho más allá de las objeciones a los acuerdos de paz.

No es un secreto que Uribe quiere volver a ser presidente de Colombia y que para ello necesita impulsar una reforma constitucional que se lo permita.

Muchos políticos colombianos creen que la verdadera objeción del expresidente a los acuerdos de paz no es por los términos de lo negociado con las FARC, sino porque no fue él quien los pudo lograr.

Hoy tiene la sartén por el mango para proponer que las diferencias del país se diriman en una Asamblea Constituyente que pueda dar una nueva vida a los acuerdos con las FARC, pero que al mismo tiempo le permita la reforma que necesita para volver a gobernar Colombia.

Hace dos meses, el sacerdote jesuita y activista por la paz Francisco de Roux había advertido que los acuerdos de paz podían correr “una suerte análoga a la del Brexit”, el referendo de junio pasado mediante el cual los votantes británicos decidieron salir –inexplicablemente para el mundo– de la Unión Europea.

De Roux hizo entonces una reflexión que resultó profética: “Subordinar el valor fundamental de la paz a una votación y a estas campañas (por el ‘Sí’ y por ‘No’), en las que juegan la sagacidad, las emociones y las confusiones, puede destruir entre los colombianos un proceso que ha conmovido al mundo”.

El sacerdote, quien trabaja con las comunidades más golpeadas por el conflicto armado, tenía toda la razón. El plebiscito para refrendar los acuerdos de paz corrió una suerte análoga al Brexit británico y acabaron triunfando los miedos infundados de la ultraderecha populista.


La buena noticia es que la mitad del país no creyó esos cuentos y que eso obligará, cuando menos, a que se produzca un diálogo político entre los dos proyectos de país en disputa. Uno anclado en la exclusión y en el pasado, y el otro que apuesta por la inclusión, por terminar la guerra y por el futuro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457248/el-brexit-colombiano

Retroceso, renegociar con las FARC

Bogotá. El jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, dijo hoy que tras casi cuatro años de conversaciones “no hay espacio para reabrir las negociaciones” de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“(…) Mi testimonio es que no hay espacio para reabrir las negociaciones, es mi opinión. Creo que en el plebiscito debemos ya tomar una decisión. Pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería un tremendo error”, señaló De la Calle.

Agregó que “ese es mi convencimiento. Muy poco ganaría la sociedad colombiana. Creo que en el plebiscito, repito, debemos tomar una decisión. Resistirse a dar el paso hoy, el día del plebiscito, es condenar al país a un periodo de incertidumbre. Poner fin al conflicto es una certeza”.

El jefe negociador del gobierno del presidente Juan Manuel Santos reiteró que “pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería, repito, un error. Estoy seguro de lo que estoy diciendo”.

“La frustración frente a lo logrado, si no damos ese paso, y frente a las potencialidades de esta oportunidad de terminar el conflicto, creo que significaría un enorme retroceso en la construcción de una ciudadanía deseosa de impulsar el futuro, la transformación”, enfatizó.

A su juicio “sería un giro al pasado. No quiero imaginarme la enorme decepción nacional. Vendría un sentimiento de impotencia, de calamidad, de pesimismo que afectaría el desarrollo de nuestra nación”.

“Pasado el ejercicio electoral, nos sentiríamos presos del pasado”, aseveró el jefe negociador. Nos sentiríamos en una situación de impotencia, de no ser capaces de conducir nuestro futuro”, concluyó el funcionario y ex vicepresidente de Colombia.

El gobierno de Santos negocia desde noviembre del 2012 un acuerdo de paz para poner fin a 52 años de confrontación armada, que ha dejado unos 7.5 millones de víctimas.

El Acuerdo Final de Paz, que firmen las partes debe ir a una refrendación por parte del pueblo colombiano, a través de un plebiscito en el que los electores tienen que votar por el SI o por el NO a los acuerdos de paz.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: NOTIMEX
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/16/retroceso-renegociar-con-las-farc-gobierno-de-colombia

Colombianos piden esclarecer muertes de connacionales en México

Integrantes de "Me Muevo Por Colombia" reiteran exigencia a autoridades y medios para que dejen de estigmatizarlos por su nacionalidad, para justificar investigaciones deficientes de crímenes.

Integrantes del grupo Me Muevo Por Colombia llevaron a cabo el domingo un acto conmemorativo en el Parque Hundido, en la Ciudad de México, con el fin de pedir justicia para la modelo Stephanie Magón, así como para los otros casos de muertes de mujeres colombianas en condiciones confusas que autoridades no han resuelto.

Al caso reciente de Stephanie Magón, se agrega el de la muerte de Sara Ramírez Bonilla de 22 años en Cancún, Quintana Roo, que al igual que Stephanie, autoridades afirman fue consecuencia de una caída. El novio de la joven asegura, sin embargo, que se trató de un homicidio.

En el acto, colombianos residentes en México colocaron imágenes de las víctimas junto con banderas de su país y flores amarillas; exigieron justicia y que pare la estigmatización tanto de autoridades como de medios de comunicación en contra de sus connacionales, así como “que no se utilice nuestra nacionalidad para justificar un asesinato y no realizar investigaciones profundas (…) exigimos verdad y justicia”, postearon en su sitio de Facebook.

“Si fuera puta, ¿tendrías derecho a matarme?” y “Feminicidios o Suicidios!” decían cartulinas junto a ofrendas florales y banderas de Colombia.  Asimismo, reiteraron su reclamo al gobierno de Juan Manuel Santos por la omisión y el abandono en el que se encuentran las familias de víctimas de delitos como homicidios y desapariciones.

En un nuevo comunicado, esta agrupación destacó que “la situación de violencia en México es generalizada, por tal razón, las autoridades competentes deben reforzar las medidas de seguridad y de protección para todos, migrantes, residentes y nacionales”.

Asimismo, llamaron a “respetar los protocolos en materia de derechos humanos”, “manejo responsable de la información de los casos que respete la dignidad a la que tienen derecho las víctimas”, “a los medios de comunicación, una responsabilidad ética en el cumplimiento de su labor informativa”, pues “Autoridades y medios: no pueden seguir promoviendo la revictimización y estigmatización hacia las víctimas”.

Más tarde, en una iglesia de la colonia Roma Norte, modelos y amigos de Stephanie Magón asistieron a una misa para recordarla a una semana de su deceso en la colonia Nápoles.

El caso de Sara Ramírez

Foto: Facebook

A principios de la semana pasada, medios locales de Cancún, Quintana Roo dieron cobertura a la muerte de la joven Sara Ramírez Bonilla de 22 años quien se encontraba hospedada en el Hotel Villas del Palmar junto con su novio.

De acuerdo a información divulgada por la fiscalía del estado, la joven cayó del balcón de su habitación, en el sexto piso, bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, su pareja afirma que él la había dejado en la zona de albercas cuando él subió a la habitación a ducharse, sin embargo, ella ya nunca lo alcanzó.

De acuerdo a reportes de prensa, paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al llamado del personal del hotel que encontró a Sara ya sin vida, reportaron “diversos golpes y fracturas en el cuerpo”.

Familiares de la víctima han denunciado a medios extranjeros como Univisión y diarios en Colombia que el novio fue extorsionado con el pago de 5 mil dólares a cambio de dejarlo libre. Otra de las inconsistencias fue la presión de autoridades de Quintana Roo para entregar a familiares el cuerpo de Sara cremado.

En Cancún, se efectuó otro acto conmemorativo por las jóvenes colombianas asesinadas en México. Encabezadas por el movimiento “Bordando por la Paz”, mujeres dedicaron el bordado de pañuelos a Sara, Stephanie, Mile Virgina y Aleja. Acusaron que en todos estos casos hubo huellas de violencia, incluso sexual, tortura y autoridades pretenden minimizarlo.

(Con información de Me Muevo Por Colombia, Univisión, El País de Colombia, Reforma y El Universal)

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://aristeguinoticias.com/0808/mexico/colombianos-piden-esclarecer-muertes-de-connacionales-en-mexico/

Latinoamérica, ¿La Nueva África?

*Tomado del discurso del general Billy Sanders, miembro del Consejo de seguridad del Pentágono*

Todo parece indicar que ese pequeño pueblo tercermundista al sur de nuestro país llamado Latinoamérica esta a punto de verse como la bella Africa actual.

Y no es para menos, su riqueza se esta acabando y sus poblaciones se están devastando.

Esos pueblos incultos y bastardos, que a veces parecen no entender que necesitan ayuda externa, han pasado toda su vida queriendo liberarse de un enemigo invisible.

Esos pueblos son violentos y llenos de droga, aun cuando se apeguen al buen camino del mundo libre.

Las misiones humanitarias ( mal llamadas invasiones o golpes de estado) y el apoyo empresarial para cuidar su patrimonio han rendido frutos.

El objetivo ha tomado forma,como se ha mencionado, ya que se están acabando con los pocos recursos rápidamente ( pues ellos no saben cuidarlos y luego dicen que les pertenecen) y se esta elevando un correctivo a la explosión demográfica.

Pronto Latinoamérica será una zona estéril (a excepción de las zonas turísticas) pero libre de amenazas y gente violenta, como se ha dicho.

Los pocos que queden bien podrán servir para trabajar hasta que se mueran por cualquier enfermedad, ya que no hay servicios de salud por allá.

Habra mucha migración,pero será para bien, ya que da una imagen de inclusión y adaptación que podemos presumir entre aliados.

Ellos hacen cualquier trabajo.

La adopción será una prioridad también;nada mejor que criar a un niño sin sufrir los dolores del embarazo e inculcarle una cultura que no es suya,para crecer ese sentimiento de altruismo.

Ni se diga lo bien que va a quedar el mundo del deporte con esto: Ver a latinos representando a diferentes países compitiendo entre ellos nunca fue tan divertido.

Los entrenadores, e incluso los deportistas de base descansaran y solo se dedicaran a administrar el éxito de los naturalizados.

Las relaciones personales serán un paraíso, ya no habrá intermediarios ( mal llamados tratantes de blancas), de esta forma no habrá solteros, las mujeres harán cualquier cosa ya sea por obtener su situación de " legales" o simplemente por tener un pedazo de pan.

No hay que sentirse mal por esta Nueva Africa,si uno se siente mal puede ir a donar a cualquier iglesia cercana, ver documentales o conservar elementos de sus culturas como souvenirs para no olvidarla.

Cárteles mexicanos, desafío del posconflicto colombiano

No sólo se trata de acabar una guerra de más de medio siglo. El gobierno colombiano ya piensa en lo que vendrá después de que firme la paz con la guerrilla de las FARC. Y más allá de abatir los índices de marginalidad y pobreza extrema en las zonas que controlaron los rebeldes, un nuevo problema se avizora: el narcotráfico mexicano. Ahí, donde el Estado reculó ante el enemigo, es donde se planta la hoja de coca y se procesa la droga que anhelan los cárteles de Sinaloa y Jalisco.


BOGOTÁ (Proceso).- Ante la inminencia de un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno de este país tiene ya la mira puesta en el posconflicto y en los desafíos institucionales que implicará garantizar que la pacificación en su territorio sea real y sostenible.

Después de 52 años de guerra y del abandono estatal de extensas zonas rurales azotadas por el conflicto, por la pobreza extrema y por el narcotráfico, el gobierno colombiano proyecta recuperar esos territorios –donde las FARC tienen notable influencia– con políticas públicas, presencia institucional, inversión social y una estrategia de ­seguridad.

De acuerdo con el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, la paz permitirá al Estado colombiano abatir la marginación en el campo, el principal escenario de la confrontación armada y donde la pobreza afecta a la mitad de la población, y responder con más eficacia a la histórica violencia que ha golpeado al sector rural.

Y para ello, afirma, dos de los principales componentes del posconflicto serán la inversión social y el fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública y los organismos de justicia en las áreas donde se desmovilizarán unos 16 mil 500 guerrilleros y milicianos que, según estima el Ejército, tienen las FARC.

Según un plan anunciado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, “cuando venga la paz y las FARC dejen esas zonas donde están protegiendo actividades delincuenciales, como minería ilegal o narcotráfico, tenemos que copar inmediatamente ese espacio para evitar que lo ocupen bandas criminales”.

La estrategia del gobierno prevé el aumento de efectivos de la Policía Nacional de Colombia (PNC) y la creación de grupos de fuerzas especiales y un servicio de inteligencia integrado para combatir a las bandas criminales (bacrim).

Cárteles al acecho

Fuentes de la PNC dicen a Proceso que uno de los retos del posconflicto será evitar que los cárteles mexicanos de la droga financien a las bacrim locales para asegurar el abasto de la cocaína.

“Tenemos informes de que existe preocupación de los narcotraficantes mexicanos de que una salida de las FARC del negocio de la cocaína haga caer la producción y el suministro. Ellos están buscando asegurar el negocio y tienen el dinero para financiar a sus socios colombianos”, asegura una de las fuentes consultadas.

Según un reporte de inteligencia de la PNC, el Cártel de Sinaloa es la organización delictiva mexicana con mayores “alianzas criminales” en Colombia, mientras que el de Jalisco Nueva Generación “ha ampliado sus redes con las bacrim colombianas en el proceso de reconfiguración del negocio del narcotráfico a nivel regional”.

Los cárteles de Juárez, del Golfo y Los Zetas registran un notable descenso en sus contactos con traficantes de drogas colombianos, agrega el informe.

El documento de cinco páginas de la PNC asegura que en los últimos cuatro años los principales proveedores de cocaína de los cárteles mexicanos han sido “las FARC, las bacrim y el ELN (la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que está en pláticas exploratorias con el gobierno para iniciar un proceso de paz)”.

Con la inminente salida de las FARC del negocio, como parte de los compromisos asumidos por esa guerrilla en los acuerdos de paz, “se presentará un proceso de transformación criminal en Colombia”, agrega.

Entre los escenarios que anticipa la PNC con la desmovilización de las FARC, que podría comenzar a finales de este mes, está “una mayor fragmentación y geolocalización del delito con estructuras con menor nivel de cohesión y cobertura”.

Las bacrim y el ELN podrían cobrar más protagonismo en el negocio de la producción y procesamiento de hoja de coca y “los nexos de los narcotraficantes colombianos y cárteles mexicanos se fortalecerían y extenderían”.

El director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Jorge Restrepo, indica que el ELN ha ocupado espacios que han dejado las FARC en los departamentos de Arauca, Cauca y Nariño –donde se concentra 36% de los plantíos de hoja de coca del país–, y ha recibido “a parte de los hombres” de esta guerrilla que no aceptan la desmovilización.

Restrepo considera que algunos otros efectivos de las FARC, inconformes con los acuerdos de paz, acabarán engrosando las filas de las bacrim.

Según el reporte de la PNC, en la reconfiguración del negocio de la cocaína, que se avecina con la firma de la paz, es previsible que “se refuerce el despliegue de contactos de los cárteles mexicanos que han enviado a delegados al país en búsqueda de proveedores de estupefacientes para suplir el vacío que va a generar la salida de las FARC” de esa actividad, la cual les ha servido para financiar la guerra contra el Estado colombiano.

“Comisionados mexicanos”

El politólogo y experto en seguridad Ariel Ávila señala que las FARC operan en 281 municipios del país –la cuarta parte del total–, en 190 de los cuales hay presencia de negocios ilegales, como minería clandestina y siembra y procesamiento de hoja de coca.

En la mayoría de esos municipios operan organizaciones criminales con capacidad de reemplazar a las FARC en los negocios ilícitos una vez que se desmovilicen, dice Ávila.

“Eso significa que existe un riesgo muy grande de que en las dos terceras partes de los municipios donde hoy está la guerrilla otros grupos lleguen a tomarse esos mercados ilegales”, afirma.

El investigador de la Fundación Paz y Reconciliación considera que, en ese escenario, los cárteles mexicanos, que son los que concentran las grandes ganancias del tráfico de cocaína, presionarán a las bacrim colombianas “para que copen esos territorios y garanticen el abastecimiento de droga”.

Dice que en las regiones cocaleras “se habla de que los cárteles mexicanos están enviando comisionados para financiar, con préstamos, esa transición, sin que eso quiera decir que las organizaciones mexicanas del narcotráfico vayan a tener en Colombia estructuras propias armadas”.

Para Ávila, mientras los mercados de la droga mantengan su alta demanda, será inevitable que los centros de producción hagan todo lo posible por abastecerlos.

“Eso va a pasar, pero lo importante es que eso pase con muy poca violencia y que no ocurra en todas las zonas donde se van a desmovilizar las FARC”, sostiene el investigador de los fenómenos criminales y maestro en sociología.

Dice que, además, es “casi inevitable” que los cárteles mexicanos se mantengan al margen del posconflicto colombiano pues son los que se encargan de introducir a Estados Unidos 80% de la droga que se produce en Colombia y “van a buscar a toda costa mantener el abastecimiento”.

El coronel retirado Carlos Alfonso Velásquez, quien se dedicó a estudiar los fenómenos de violencia tras dirigir en los noventa el Bloque de Búsqueda que capturó a los principales jefes del Cártel de Cali, considera que los cárteles mexicanos de la droga forman parte de las “nuevas amenazas” que afectarán la seguridad pública tras la desmovilización de las FARC.

De acuerdo con el maestro en estudios políticos y analista militar, la firma de la paz con esa guerrilla y una eventual negociación con el ELN significarán el fin de la guerra interna, “pero quedará el crimen organizado local y trasnacional como el mayor desafío de seguridad”.

De acuerdo con el más reciente informe de las Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos, las plantaciones de hoja de coca en Colombia llegaron en 2014 a 69 mil hectáreas, 44% más que en 2013, y todas se localizan en zonas de fuerte presencia guerrillera.

Esa cantidad de cultivos alcanza para producir 442 toneladas de cocaína en un año, según el reporte. Si se restan las 147 toneladas de estupefacientes que decomisaron las autoridades colombianas, quedan 295, las cuales tendrían un valor de 5 mil 900 millones de dólares en Estados Unidos.

Como parte de las negociaciones de paz, las FARC y el gobierno colombiano alcanzaron en mayo de 2014 un acuerdo sobre drogas ilícitas en el cual la guerrilla se compromete a que, al finalizar el conflicto, pondrá “fin a cualquier relación, que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno (el narcotráfico)”.

El gobierno, por su parte, asume el compromiso de financiar un programa de sustitución de cultivos ilícitos que abarcará la formalización de la propiedad de sus tierras a los campesinos, acceso a créditos, subsidios y asistencia técnica, y la provisión de bienes y servicios públicos como carreteras, agua potable y energía eléctrica.

Este programa, que se implementará con ayuda de las FARC, resulta muy atractivo para miles de familias campesinas que siembran hoja de coca por falta de alternativas, lo que le augura posibilidades de éxito y de que Colombia reduzca en forma significativa su oferta de esa droga.

La guerrilla, además, acordó contribuir “de manera efectiva y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”, lo que de acuerdo con el presidente Santos significa que las FARC ayudarán a combatir el narcotráfico.

Y el gobierno, por su parte, se comprometió a enfrentar el consumo de estupefacientes como un problema de salud pública y a revisar y ajustar su política antidrogas promoviendo un debate internacional sobre el asunto en el que se exploren alternativas al prohibicionismo.

El jefe de la delegación de negociadores de las FARC, Iván Márquez, ha sostenido que la guerra contra las drogas “es un fraude y una farsa total, lo que explica su fracaso”.

De acuerdo con el comandante guerrillero, “la causa de la persistencia en esa política son los negocios, y Colombia y México aportan las víctimas de un prohibicionismo hipócrita”.

En un escrito divulgado en la capital cubana, sede de los diálogos de paz, señaló que “donde huela a drogas, ahí están las tropas estadunidenses erradicando la cocaína, la heroína y el opio de los demás, y protegiendo a los barones de la droga que blanquean sus dineros a través de los bancos de Estados Unidos y de Europa”.

Para el politólogo Ariel Ávila, el éxito de la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos que instrumentará el gobierno tras la firma de la paz dependerá de que el Estado cumpla con los acuerdos, en especial el de desarrollo rural, y que invierta los recursos para sacar de la marginación a las áreas más afectadas por el conflicto armado.

De acuerdo con un estudio del exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el cumplimiento del acuerdo de desarrollo rural requerirá una inversión pública anual de entre 2 mil 500 y 3 mil 200 millones de dólares por espacio de una década. Esta última cifra equivale al 5% del presupuesto público de este año.

“La clave es que haya esa inversión, que haya una estrategia de seguridad efectiva y que las FARC, desmovilizadas y convertidas en un partido político, se involucren en la sustitución de cultivos”, asegura Ávila.

Agrega que si esos tres factores se cumplen, muchas zonas del país podrán comenzar a salir de los cultivos ilegales y del procesamiento de hoja de coca, así como de la violencia que esas actividades traen consigo.

“Pero lo cierto es que, al otro día de que las FARC dejen las armas, habrá grupos criminales que van a intentar ocupar esas zonas, muchos de ellos con el respaldo financiero de los cárteles mexicanos. Es inevitable que eso pase”, señala el experto en seguridad.

Fuente: Proceso

Autor: Rafael Croda

http://www.proceso.com.mx/433984/carteles-mexicanos-desafio-del-posconflicto-colombiano