Senador Germán Martínez denuncia ante la FGR a diputados de BC que aprobaron la “Ley Bonilla”

El senador Germán Martínez Cázares presentó el pasado 11 de mayo, ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia de hechos, posiblemente constitutivos de delito cometido en agravio y en contra de los ciudadanos del Estado de Baja California, por los diputados que aprobaron la llamada “Ley Bonilla”.

La denuncia especifica que los ex legisladores locales presumiblemente cometieron de actos de corrupción constitutivos de los delitos de abuso de autoridad, pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, coalición de servidores públicos, tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito.

'Un fraude a la Constitución': las razones de los ministros de la Corte para anular la Ley Bonilla

Los ministros de la Suprema Corte echaron abajo la ampliación del gobierno de Bonilla en Baja California y acusaron un intento premeditado de burlar la ley y atentar contra la democracia.

Desde la afirmación de que era un “atropello al voto popular, pasando por la repetida conclusión de que se trataba de un “fraude a la Constitución”, hasta llegar al punto de acusar una “maquinación” y una simulación para burlar la contienda electoral y avalar, de facto, una reelección.

Así se resumen los argumentos, pero también las fueres críticas con las cuales los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron por unanimidad que era inconstitucional la reforma con la cual se pretendía extender el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.

La Suprema Corte echa abajo la Ley Bonilla

La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a declarar la inconstitucionalidad de la reforma jurídica que ampliaba el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años, por lo que se invalida el decreto que dio pie a la llamada Ley Bonilla.

Los once ministros se han pronunciado por una resolución en la se resuelve que el Congreso de Baja California buscaba cometer un fraude a la Constitución simulando el respeto a la misma, además de violar el derecho al voto y el principio de no reelección al modificar una ley electoral casi un mes después de celebrados los comicios para elegir gobernador.

Bonilla y AMLO, entre la legalidad y la inconstitucionalidad

Si Jaime Bonilla Valdez, el Gobernador de Baja California, estaba tan seguro de haber ganado una elección para cinco años de mandato, no resultaba necesaria una reforma a la Constitución del Estado para pretender ampliar el periodo de su gestión de dos a cinco años. Pero lo hizo. Morena, en voz del Diputado Víctor Morán, quien después fue recompensado con posiciones para su familia (esposa en el DIF, hijo subsecretario, otro hijo director municipal) fue quien presentó la iniciativa para realizar la modificación, la cual concretaron con el sospechoso voto de los diputados panistas de la anterior Legislatura, cuando habían transcurrido 36 días de la elección en la cual resultó ganador Bonilla.

Esa sola circunstancia provocó que la ampliación del mandato de Jaime Bonilla fuera catalogado como inconstitucional por muchos, ciudadanos, actores políticos, empresarios, partidos políticos, interesados, y que siete recursos de inconstitucionalidad llegaran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Perfila la Suprema Corte declarar inconstitucional la Ley Bonilla

El proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la llamada Ley Bonilla propone declarar inconstitucionales las reformas a la constitución de Baja California que permitirían a Jaime Bonilla ampliar su gobierno de dos a cinco años.

La propuesta de fallo fue elaborada por el ministro ponente, José Fernando Franco González Salas, y este lunes fue distribuida entre los integrantes del Pleno, por lo que podría votarse la próxima semana, aunque hay varios ministros que han expresado que el tema es demasiado relevante como para resolverse en una videoconferencia, que es como está sesionando la SCJN debido a la cuarentena.

La Suprema Corte y la Ley Bonilla

A inicio de esta la tercera semana de enero de 2020, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó la etapa de alegatos en el juicio que llevan sobre la inconstitucionalidad de la llamada Ley Bonilla, la reforma que el Congreso del Estado de Baja California realizó -una vez transcurrida la elección de 2019-, para ampliar el mandato de dos años para el cual fue electo Jaime Bonilla Valdez, a cinco años de gobierno.

A finales de octubre de 2019 fue designado el Ministro Fernando Franco Salas, como el encargado de analizar las controversias y los recursos interpuestos por tres partidos políticos, PRI, PAN y PRD, contra la Ley Bonilla, llamada así la reforma bajacaliforniana porque se decretó una Ley que exclusivamente beneficia a una sola persona, a Jaime Bonilla Valdez, precisamente.

Los yerros de la 4T en BC

"Tres yerros de la 4T en Baja California, tres excesos para sacar provecho de una situación de orden público".

En los últimos diez días, Jaime Bonilla Valdez se ha convertido en un costo político para la cuarta transformación que encabeza desde el Gobierno federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador. No son pocos los cercanos al mandatario nacional que alertan sobre el lastre en el que se ha transformado, en tan poco tiempo, el Gobernador de Baja California.

Es notorio el distanciamiento que existe entre Ejecutivo Nacional y Gobernador. Lejos de la cercanía que se apreciaba cuando Jaime Bonilla Valdez fue Senador, y súper delegado en Baja California, una vez que el de Tijuana llegó al poder político administrativo la relación con el Presidente de la República entró en un proceso de enfriamiento. A grado tal que el Gobernador de Baja California no ha sido recibido, oficial y públicamente, por el Presidente de la República a pesar de representar al mismo partido político.

Causa en Común promueve recurso ante la SCJN contra “Ley Bonilla”

La organización civil Causa en Común interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso con el propósito de anular y derogar del ordenamiento jurídico del estado de Baja California relativo a la “Ley Bonilla”.

Y es que dicha ley permite al actual gobernador de esa entidad, el morenista Jaime Bonilla Valdés ampliar su mandato hasta octubre de 2024.

Al pie de las escalinatas de la SCJN, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común expresó que dicha ley vulnera valores democráticos, como el respeto al voto, amén de que el Congreso estatal suplantó la voluntad de los electores al elegir “de facto a un gobernador tres años más sin que se presentara a nuevas elecciones”.

Da SCJN ultimátum a Congreso de BC sobre 'Ley Bonilla'

El Congreso de Baja California se ha negado a entregar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) copia certificada del Bando Solemne que debió haber expedido y publicado en todo el estado para dar a conocer la declaración de Jaime Bonilla Valdez como gobernador electo.

El documento es prueba fundamental para las acciones de inconstitucionalidad y la controversia constitucional que se han promovido ante la SCJN para pronunciarse contra la Ley Bonilla, que es la reforma a la constitución estatal que busca ampliar de dos a cinco años el periodo en el gobierno de Bonilla Valdez.

De la ingenuidad a la realidad

"Ni ingenua ni mal interpretada, fue muy firme la posición de la Secretaria de gobernación, lo dijo clarísimo en dos ocasiones y frente a cámaras.

Olga Sánchez Cordero, la Secretaria de gobernación, sabía que la estaban grabando –tenía cámaras, micrófonos y celulares delante de ella- cuando al finalizar el 31 de octubre entraba al Congreso del Estado y respondió a los reporteros de Mexicali que le preguntaron por el mandato de cinco años, que era legal porque la norma era vigente.

Las palabras textuales de la ex Ministra y grabadas en videos reproducidos posteriormente en redes sociales fueron las siguientes: “hoy es legal porque el Congreso que emitió la norma estaba facultado para emitir las normas, entonces hay una presunción de legalidad cuando un Congreso emite una norma y está facultado para eso, y estuvo facultado el Congreso para hacerlo y para emitir la norma”.

Sánchez Cordero lamenta VIDEO en BC, y dice que la Ley Bonilla es legal, aunque SCJN lo resolverá

“Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga la decisión definitiva, sabiendo que uno de los análisis actuales de la situación indica que es posible perviva la norma aprobada por el Congreso estatal… Seguiré siendo plenamente respetuosa de las jurisdicciones del Estado”, dijo Olga Sánchez Cordero titular de Segob.

Esta tarde la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero reiteró su posicionamiento ante la Ley Bonilla (que modifica el tiempo de mandato en Baja California, pasando de dos a cinco años), luego de que en redes se diera a conocer un video donde se le oye decir que  dicha ley es legal.

ONG piden a AMLO interponer una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Bonilla

Representantes de 24 organizaciones civiles de Baja California solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que promueva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), a más tardar el 15 de noviembre, una acción de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Bonilla” que amplía de dos a cinco años el periodo de gobierno a Jaime Bonilla Valdez.

Lo anterior para dar certeza jurídica de que el Poder Judicial de la Federación entrará al estudio del fondo constitucional de la norma contenida en el decreto de reformas a la Constitución del estado, publicado en el Periódico Oficial local el pasado 17 de octubre.