Testigos colaboradores no pueden quedarse con lo obtenido de manera ilícita: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que quienes cooperen con las autoridades sólo deben recibir el beneficio de una reducción en las penas.

Quienes se acojan a la figura de testigo colaborador pueden tener el beneficio de reducción de pena por cooperación, pero en ningún caso el que los bienes malhabidos se les escrituren o que se queden con lo que obtuvieron de manera ilícita, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Creo que eso no debería de considerarse, puede ser disminución en los tiempos de cárcel o el que puedan cumplir sus condenas en libertad, es decir, mediante la presentación a los juzgados periódicamente, pero que en ningún caso signifique que se queden con bienes malhabidos”, dijo en conferencia matutina.

AMLO a favor de testigos colaboradores en casos Lozoya y Ayotzinapa

La oferta de beneficios judiciales a quienes, estando implicados, aporten información sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, fue reiterado hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario se refería a las posibilidades judiciales para el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido en Estados Unidos el pasado jueves, así como al hecho de que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, no haya aceptado su papel de testigo protegido, como si lo aceptó el exfiscal nayarita, Edgar Veytia.

Torturan y matan a tres adolescentes en Puebla

Con las orejas mutiladas y múltiples torturas fueron encontrados los cuerpos de tres adolescentes en una barranca que es usada como basurero en los límites de Tlachichuca y Ciudad Serdán.

De acuerdo a los reportes policíacos, uno de los muchachos fue identificado como Abel de Jesús López, de 15 años de edad, quien había sido testigo del secuestro de un abogado ocurrido el 1 de diciembre en Ciudad Serdán.

Por esa razón, se presume que la ejecución de los adolescentes se trata de una venganza por parte de una célula de supuestos Zetas, que operan en Veracruz.

Los familiares habían hecho circular la fotografía de Adán a través de las redes sociales para su localización, luego de que fue “levantado” el martes por sujetos que se transportaban en una camioneta.

Hasta ahora la identidad de los otros dos jóvenes no ha sido precisada, aunque se asegura que sólo acompañaban a Adán cuando se encontraban en la calle.

La víctima hasta ahora identificada habría proporcionado información a familiares de una persona que fue secuestrada.

De acuerdo con la prensa local, los datos que ofreció el joven fueron importantes para la ubicación y liberación de la persona plagiada.

Durante el operativo de liberación se dio un enfrentamiento armado que derivó en la detención de dos de los integrantes de la banda, así como la muerte del supuesto líder de los secuestradores.

Los cuerpos de los tres jóvenes fueron localizados poco antes del mediodía del miércoles.

Fuente: Proceso

Autor: Gabriela Hernández

http://www.proceso.com.mx/468761/torturan-matan-a-tres-adolescentes-en-puebla

La PGR reduce en 80% el número de testigos protegidos

México, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) informó que redujo en 80% el número de testigos protegidos que coadyuvan con las autoridades para fincar cargos, tanto a funcionarios públicos como a miembros del crimen organizado.

Destacó que a partir de ahora ninguna averiguación previa, en su ejercicio de la acción penal, deberá sustentarse sólo con el dicho de un testigo colaborador, por el contrario, de ser el caso tendrá que estar adminiculado con otros medios de prueba.

En sesión de trabajo, el Comité de Evaluación de los Lineamientos para la Protección de Testigos Colaboradores de la PGR analizó la situación que guardan los testigos protegidos que forman parte de dicho programa, y como resultado de ese análisis decidió dar de baja a tres de los 14 colaboradores.

De acuerdo con el Comité, basar las investigaciones en el uso de testigos colaboradores o protegidos llegó a convertirse en administraciones pasadas en una práctica recurrente sin algún otro sustento.

Por ello, la procuradora general de la República, Arely Gómez, giró la instrucción de disminuir el número de esos testigos para evitar abusos en el empleo de la figura.

Ahora ninguna averiguación previa, en su ejercicio de la acción penal, deberá sustentarse sólo con el dicho de un testigo colaborador, sino que adicionalmente deberá allegarse otros medios de prueba.

Para la investigación de los delitos del orden federal, de 66 testigos colaboradores registrados en 2012 se pasó a 53 en 2013, 40 un año después y actualmente sólo se reportan 11.

Es decir, en los últimos tres años se ha disminuido en 83.33% la cifra de testigos colaboradores, y en lo que va de esta administración –de marzo a la fecha– no se ha incluido a ninguna persona en dicho programa.

Gómez pidió que por lo menos cada tres meses se siga revisando la utilidad de las declaraciones en los procesos penales en los que intervienen los testigos protegidos, así como su comportamiento y disponibilidad, para que se determine la pertinencia de su continuidad.

Para costear diversos gastos de los testigos protegidos, entre ellos manutención y arrendamiento, la PGR erogó 217 millones 443 mil pesos de 2000 a abril de 2015.

Ello a pesar de que varios asuntos se han caído porque los señalamientos de los testigos colaboradores han resultado falsos. Tal es el caso del exsubsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, y del extitular de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada, Noé Ramírez Mandujano, quienes fueron relacionados con la delincuencia organizada y finalmente puestos en libertad.

En abril de 2013 el entonces procurador Jesús Murillo Karam admitió que no se pudo comprobar lo que declaró el testigo en contra de ambos exfuncionarios, quien fungió como abogado del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.

Otros 13 acusados dentro de la Operación Limpieza, iniciada en 2008 por el gobierno de Felipe Calderón, fueron exonerados.


De 1997 a marzo de este año, 806 personas han servido a la PGR como testigos colaboradores porque decidieron acogerse al programa con el único fin de que se les redujeran las penas impuestas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421619

Senadores, por eliminar a ‘testigos protegidos’

Legisladores buscan retirar el programa de protección a informantes delincuentes. A quien se debe proteger, insisten, es a testigos de un delito que estén en riesgo.

La figura de los “testigos protegidos” debe evitar dar protección federal a delincuentes por cuyas declaraciones se consiga a personas sin tener mayor prueba que sus dichos, coincidieron los senadores Omar Fayad y Dolores Padierna.

El priista Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, comentó que a quien debe protegerse es a quienes han sido legítimamente testigos de algún delito y cuya seguridad pueda estar comprometida.

“Hay que diferenciar muy bien a la gente a quien le tocó presenciar un delito, por alguna u otra circunstancia, de aquellos delincuentes arrepentidos o que quieren colaborar con la justicia para disminuir su pena o para ganarse el favor de las autoridades, culpando o hablando de otros delincuentes.

“Hay que retirar del programa de protección de testigos a estos colaboradores, porque estos no pueden estar en un programa de protección de testigos, éstos son delincuentes. Y si alguien debe tener protección de la justicia, desde la asignación de escoltas hasta la suplantación de identidad, es a quien le tocó presenciar algún delito y por ello, su seguridad esté en peligro”, comentó Fayad en entrevista.

Fayad presentó en marzo del 2014 una iniciativa a varias leyes para desaparecer la figura del “testigo protegido” e impulsar la de “colaborador”, donde se especifica que se trata de delincuentes que ayudarán a las autoridades con su investigación.

El senador priista reprobó que se busque consignar a una persona solo con base en declaraciones de testigos protegidos.

“Esos testimonios deben ser acompañados de una investigación ministerial profunda; no es posible que un inocente entre a la cárcel por los dichos de un delincuente.

“En los casos en donde solo se tiene la visión del testigo protegido, de un delincuente (…) se deja vulnerabilísimos a los servidores públicos que quedan a merced de los declarantes, con acusaciones sin comprobarse”, expuso.

Ha sucedido así, consideró Fayad, en casos como la consignación de elementos de las Fuerzas Armadas o de otras autoridades que, al ser señalados por un delincuente, tuvieron que ser procesados por presuntamente participar en actividades delictivas, sin que luego se pudiera demostrar esos hechos.

En el caso del proceso contra Servando Gómez “La Tuta”, Fayad consideró que aunque se usaron declaraciones de testigos protegidos para llevarlo ante la justicia, existen también evidencias necesarias para llevar a buen puerto la investigación.

“Están sus videos, sus propias declaraciones, donde él mismo reconoce que es un delincuente, hay demasiados elementos para que se actúe en su contra”, declaró el priista.

Por su parte, Dolores Padierna, senadora por el PRD e integrante de la Comisión de Justicia, comentó que se ha abusado tanto de la figura de los testigos protegidos que se ha convertido en un lastre para el sistema de justicia.

“El testimonio de un testigo protegido no puede ser la base de una acusación, sino un elemento más; y la Procuraduría General de la República, sobre todo, ha fundamentado varias acusaciones en puros testimonios de testigos protegidos.

“La figura como tal no está mal; el problema es que en México se ha abusado de ella y se ha utilizado para acusar con un par de testimonios, a varias personas”, apuntó la legisladora.


Para la congresista, el uso de esta figura debe la excepción y no la regla, pues el mal uso de sus alcances pone en juego al sistema de justicia.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Señalados desde las sombras

Pese a haber sido utilizada sin mucho éxito, actualmente la PGR continúa basando acusaciones en la figura del ‘testigo protegido’, creada durante la administración de Felipe Calderón. Los casos de ‘La Tuta’ y de los normalistas desaparecidos se fincan en declaraciones de estos informantes.

Pese a que Servando Gómez Martínez, el jefe de Los Caballeros Templarios, era buscando “con prioridad nacional”, la mayor parte de los procesos penales instruidos en su contra por la PGR han sido con base en declaraciones de testigos protegidos.

Las acusaciones más graves que se le imputan a “La Tuta” no parten de averiguaciones propias hechas por el agente del Ministerio Publico de la PGR, sino que son hechos platicados. Referidos por terceros, según revelaron fuentes cercanas a la defensa de Gómez Martínez.

En el caso contra quien durante un tiempo fuera señalado como uno de los criminales más peligrosos de México se han retomado declaraciones ministeriales del testigo protegido conocido bajo el nombre de “Emilio”, quien, por si fuera poco,  está muerto desde el 30 de marzo del 2013.

Las acusaciones -no comprobadas- de “Emilio” llevaron a prisión a 35 funcionarios públicos de primer nivel en Michoacán, entre ellos 12 alcaldes de diversos partidos políticos, todos detenidos en “El Michoacanazo”.

En los autos acusatorios integrados en el expediente de “La Tuta”, destacan también algunos señalamientos hechos por otro testigo protegido, este de nombre “Carlos”, quien desde el 2009 acusó al exlíder del cártel de Los Templarios de basar sus decisiones criminales en la orientación de un brujo que lo acompañaba. 

El ministerio público de la PGR trasladó las declaraciones de “Carlos” a la actualidad, a fin de configurar la causa penal seguida contra “La Tuta”. El principal señalamiento es el secuestro, tortura y homicidio de 12 agentes de la Policía Federal, cuyos cuerpos fueron encontrado el 13 de julio del 2009 en el municipio de la Huacana, en Michoacán.

“Carlos” ya había declarado sobre el múltiple asesinato. En sus acusaciones, además de mencionar a “La Tuta” como responsable de los hechos también incluyó la participación directa de algunos funcionarios michoacanos, entre ellos, los presidentes municipales detenidos durante “El Michoacanazo”.

Los señalamientos del testigo finalmente fueron desechados por un juez, que decretó la exoneración de los mencionados en ese episodio insignia de la administración de Felipe Calderón.

Pese a que “Carlos” ha aportado sin éxito datos a la PGR desde el 2009, sus declaraciones también se han actualizado en el expediente federal que se integró por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, convirtiéndose en el principal declarante que vincula al exedil de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa María de los Ángeles Pineda con el cártel de las drogas Guerreros Unidos.

“Ricardo” es el nombre clave de otro de los testigos de que se ha valido la PGR para actualizar los ilícitos que se le han señalado al jefe del cártel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, recluido en una celda de segregación de la cárcel federal de Almoloya.

Los testimonios de “Ricardo” fueron tomados pese a que también había participado, sin ningún éxito, en imputaciones a funcionarios michoacanos dentro de “El Michoacanazo”.

¿Qué dice la Ley?

En el artículo 35, se enlistan los beneficios que gozará el miembro de la delincuencia organizada que ayude eficazmente a la persecución de otros elementos de organizaciones delictivas.

> Si no existe averiguación previa en contra del colaborador, los elementos que aporte como prueba, no serán usados en su contra.

> En caso de que sí exista averiguación previa por crímenes en los que participe, la pena correspondiente al colaborador, podría ser reducida hasta en dos terceras partes.

> Si durante el proceso penal, se aportan pruebas suficientes para condenar a un miembro del crimen organizado con funciones de administración, dirección o supervición, la condena del colaborador podría reducirse hasta la mitad.

> Cuando el colaborador se encuentra sentenciado y aporta pruebas para sentenciar a otros miembros del crimen organizado, a valoración de un juez, se puede remitir parcialmente la pena, hasta dos terceras partes.

Sin valor probatorio

Fuentes de la PGR confirmaron que las declaraciones de los testigos protegidos identificados como “Emilio”, “Carlos” y “Ricardo” han actuado como parte acusadora en al menos 45 procesos penales, en los últimos 5 años.

De esos, más de la mitad han sido desechados por los jueces y magistrados que resolvieron sentencias absolutoria, al no darles valor probatorio a los testimonios platicados afanosamente por los empleados de la PGR.

El resto de los procesos, en donde se entrelazan las versiones de los tres testigos con las investigaciones del agente del ministerio público de la Federación, aún se llevan a cabo en diversos juzgados, principalmente de los estados de Jalisco, Estado de México y Tamaulipas, en cuyas cárceles federales hay casi dos docenas de reos, que esperan poder carearse con sus señaladores.

Un caso hecho de recortes

En mayo del 2014, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, -fustigando el uso de los testigos protegidos durante el sexenio de Felipe Calderón- aseguró que durante el actual régimen la figura de “testigos protegidos” sería un recurso que solo se utilizaría excepcionalmente en algunos casos.

Murillo Karam afirmó que la PGR revisaría el programa de testigos protegidos y analizaría cambios en su operación, debido a que se detectaron irregularidades en su aplicación que derivan de la anterior administración.


Dijo que la PGR se ha visto obligada a invalidar los testimonios de presuntos delincuentes que se acogieron a este esquema para obtener beneficios legales, a pesar de que procesos de alto impacto sus declaraciones carecieron de veracidad y solidez.

“La figura que nos preocupa y que tenemos que darle un adecuado tratamiento es la figura de quien está involucrado en algún delito y actúa como testigo”, agregó en aquella ocasión.

La consolidación de las acusaciones en contra de Servando Gómez Martínez, quien se ha declarado reconocido como un criminal, se convirtió ya en el caso excepcional aludido por la PGR.

Al menos tres testigos protegidos se han utilizado para sustentar las acusaciones contra “La Tuta”, a fin de tener argumentos que permitan la reclusión carcelaria prolongada del jefe del cártel de las drogas en Michoacán.

Otras versiones que se plasman en el expediente de “La Tuta”, son las declaraciones de Fernando López Salinas, testigo protegido reconocido como “Paco”, cuyos señalamientos son sostenidos por la parte acusadora para demostrar la relación de Gómez Martínez con algunos capos criminales que se han vinculado al proceso, entre ellos, algunos integrantes del cártel de Sinaloa y colaboradores de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En la mayoría de los señalamientos hechos a “La Tuta”, las acusaciones de los testigos “son endebles, sin fundamento lógico en el tiempo y lugar de los hechos que se señalan”, dijo un funcionario de la PGR consultado por Reporte Indigo.

No hay investigación sólida del agente del ministerio público.

“El proceso que se le ha instrumentado a ‘La Tuta’, está hecho de recortes de otros procesos penales fracasados”.

Ya no está, pero aún acusa

Uno de los testimonios “más sólidos” que se plantea en el expediente acusatorio integrado contra Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, son los señalamientos que se desprenden del deposado original del testigo protegido “Emilio”, quien hizo oficial la relación entre el exdiputado prófugo Leonel Godoy Toscano y el jefe de Los Caballeros Templarios.

A finales del 2010, “Emilio” refirió que la acción impune “La Tuta” en Michoacán -cuando el gobernador era Leonel Godoy Rangel- obedecía a la relación de compadrazgo que mantenía con el exdiputado, medio hermano del gobernador.

“Emilio” también develó los nexos que “La Tuta” mantenía con algunos alcaldes y funcionarios del gobierno de Michoacán. Esas declaraciones fueron revividas en el expediente penal del jefe Templario que hoy se encuentra en prisión.

Las declaraciones de “Emilio” -que se vuelven a plasmar en un expediente- llaman la atención no por su contenido, sino porque lo dichos por ese “testigo protegido” además de haber sido desechadas por un juez federal, enfrentan un argumento irrebatible. “Emilio” está muerto desde el 30 de marzo del 2013.

“Emilio”, el testigo estrella del régimen de Felipe Calderón y cuyo nombre verdadero era Onofre Hernández Valdez, fue encontrado muerto en el domicilio Rancho Grande, número 62 en la colonia José López Portillo, en el municipio de Jiutepec, Morelos, en donde su cuerpo presentaba dos impactos de bala en la cabeza.

Otro testigo que tampoco podrá acudir a encarar a su señalado cuando la defensa lo solicite, es Fernando López Salinas, “Paco”.

Pese a que algunos de sus señalamientos se encuentran vivos en el expediente de “La Tuta”, este informante fue ejecutado en la Ciudad de México el 18 de febrero del 2013, luego de haber hecho varios señalamientos contra integrantes del cártel de los Beltrán Leyva.

Algunos de los deposados emitidos por López Salinas han servido de base para robustecer la tesis policial de la PGR sobre la relación del cártel de los Beltrán Leyva con el hoy procesado José Luis Abarca, señalado como responsable de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Guerrero.

‘Carlos’, el mitómano

Al testigo protegido “Carlos”, el que con frecuencia va de la fantasía a las conclusiones personales en sus explicaciones hechas ante el agente del ministerio público, se le atribuyen algunas declaraciones que por inverosímiles, el propio representante social ha optado por no consignar dentro del proceso que se le instruye a Servando Gómez Martínez.

“Carlos” aseguró que “La Tuta” se hacía acompañar permanente de un brujo, por el que –supuestamente- se dejaba guiar. A él, según el “testigo protegido”, le consultaba hasta la forma de ejecución de sus víctimas.

El brujo de “La Tuta” sería Juan Víctor Fernández Castañeda, quien se encuentra preso en la cárcel federal de Matamoros.

Según “Carlos”, Fernández Castañeda le hacía una limpia a “La Tuta” cada tres días, para que no fuera detenido ni abatido en combate.

El mismo testigo también habría contado al agente del ministerio público –según versiones del interior de la PGR- su temor personal al brujo de “La Tuta”, al considerar que los hechizos que hacía sí eran efectivos.

“Carlos” narró que en una ocasión el líder de los Templarios fue curado por su brujo de un dolor de riñones, para lo cual le dio a beber un brebaje de hierbas y le extrajo, con las manos, de la parte renal y sin abril la piel, un puño de cabellos con sangre.

Era un embrujo del que había sido víctima “La Tuta” y del que su gurú particular lo liberó.

El testimonio de la operación de manos, igual que otras versiones de “Carlos”, que cuentan historias sobrenaturales de “La Tuta” -como su capacidad para estar presente en dos lugares distintos o flotar sobre el piso y moverse de un lugar a otro por levitación- no fueron incluidas en el proceso penal que se le sigue al jefe de Los Templarios, por no aportar nada a la causa penal, pero fueron recogidos por los agentes del ministerio público de la PGR.


El regreso del pasado

Pese a que la procuradora General de Justicia, Arely Gómez González, no ha emitido una postura pública sobre el uso de los “testigos protegidos”, la inclusión en su equipo de trabajo de algunos colaboradores muy cercanos a los exprocuradores Rafael Macedo de la Concha y Eduardo Medina Mora apunta hacia el reposicionamiento de la añeja forma de los testigos de oídas.

La llegada de Gilberto Higuera Bernal a la Subprocuraduría de Control Regional, Proceso Penales y Amparo, así lo señala.

A este funcionario se le atribuye el desarrollo de la llamada Operación Limpieza, cuando en base a testigos de oídas fueron procesados 13 empleados de la PGR. El juez de la causa desechó las declaraciones fantasiosas de los 9 testigos protegidos que coordinó la PGR.

Otro promotor de los testigos de oídas para fortalecer los procesos penales en contra de presuntos miembros del crimen organizado, fue Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, recién ascendido a titular de la SEIDO.


Muñoz Vázquez también estuvo relacionado en la integración de la averiguación previa penal –en base a testigos de oídas- en contra de Noé Ramírez Mandujano, exsub procurador de la PGR, quien estuvo preso, sin pruebas, en una cárcel federal de máxima seguridad.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.