Cofece e IFT se desmarcan de iniciativa de Morena

La bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa para fusionar al IFT, a la Cofece y a la CRE y crear un solo organismo llamado Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se deslindaron de la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Morena en el Senado en el sentido de fusionar a los mencionados organismos autónomos junto con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y crear uno solo.

Venden empresa televisores presuntamente adquiridos para transición digital

Empresa que participó en el reparto de 2015 ahora vende el mismo modelo que entregó, tras ocultar la leyenda "Mover a México"; castigo si hay delito, pide Segob.´

Una de las empresas que participó en el reparto gratuito de televisores digitales para familias de escasos recursos en 2015, ahora vende el mismo modelo que entregó, pero con la leyenda “Mover a México” oculta.

Dan aval a nuevo comisionado de IFT e intentan pasar la Ley Televisa-Döring

CIUDAD DE MÉXICO: Por 84 votos a favor el pleno del Senado ratificó el nombramiento de Arturo Robles como nuevo comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones por un periodo de nueve años, en tanto en San Lázaro se frustró hoy el intento de aprobar fast track la llamada Ley Televisa-Döring, que pretende restarle facultades al IFT en el terreno de la defensa de los derechos de las audiencias y la regulación a los medios de comunicación.


Robles Rovalo se desempeñaba como director general adjunto de análisis prospectivo en el seno del IFT, de junio 2015 a la fecha. Según su perfil laboral y académico, es ingeniero con dos maestrías y un doctorado en telecomunicaciones; fue consultor privado, asesor especializado, investigador, profesor asistente, y ha laborado tanto en el ITAM como en la organización Transparencia Mexicana.

Telefonistas alistan protestas contra “separación funcional” de Telmex ordenada por el IFT

El secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Francisco Hernández Juárez, anunció que debido a la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de partir en dos a Teléfonos de México (Telmex) y seguirla sancionando para el uso de su infraestructura, a partir del martes 21 de marzo se empezarán a movilizar.

“Vamos a salir a la calle todos los días. Vamos a estar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a donde sea necesario. Nosotros vemos que nos quieren romper la cara, pues vamos a actuar. Si eso quieren, lo vamos a hacer”, indicó en entrevista con Apro.

IFT cierra demanda de Telcel conta Televisa por prácticas monopólicas

El regulador asegura que no hay elementos para acreditar las prácticas, referentes a la comercialización de publicidad en la transmisión de los Juegos Panamericanos de 2011.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó cerrar el expediente de la denuncia en contra de Grupo Televisa (GTV) interpuesta por Telcel, al no contar con elementos para acreditar las prácticas monopólicas que le fueron imputadas, referentes a la comercialización de publicidad en la transmisión de los Juegos Panamericanos de 2011.

El expediente incluye la denuncia interpuesta por Telcel donde acusa que GTV y Televisa le negaron la provisión de espacios publicitarios en señales de TV Radiodifundida.

Ley de Telecomunicaciones de EPN amenaza a radios comunitarias y a la resistencia indígena, alertan

En Chiapas, la resistencia clandestina de los indígenas campa a sus anchas en las ondas. En zonas donde hay escasa cobertura de telefonía móvil –mucho menos Internet–, es la forma que han encontrado los indígenas para resistir a la extrema marginación que sufren y evitar que sus lenguas mueran. Una resistencia que ahora está siendo amenazada por una nueva Ley de telecomunicaciones en México, aprobada en 2014 por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Cuando tenía diez años, Mario Etzin Méndez tuvo una pesadilla que era real. Su padre se mudó por trabajo a San Cristóbal de las Casas y toda la familia tuvo que ir con él. Asustado ante esa ciudad tan inmensa comparada con su aldea, en la que la mayoría hablaba un idioma —el castellano— que nunca antes había oído, Mario se quedó sin hablar durante un año. A más de veinte años de aquello, este indígena aún se siente a veces un forastero en tierra propia, pero ha encontrado una forma de exorcizar sus demonios. Todos los días, se sienta en el despacho de la radio clandestina en la que trabaja y difunde las noticias en su idioma nativo, el tzeltal. Desde ahí Mario le habla a comunidades de los Altos de Chiapas, informa de protestas y homicidios, anuncia ferias de verduras y envía mensajes de parientes emigrados en Estados Unidos, y así mantiene comunicados a los indígenas de la zona. Y no es el único. En la región, se calcula que hay al menos otras treinta emisoras que transmiten, sin el permiso del Estado, en áreas donde a menudo la conexión telefónica es escasa o nula.

“Ich’aik spatival a wot’anik (Buenos días, amigos)”, recita Mario en el micrófono. “También hoy les trasmitimos”, continúa, hablando desde una colonia polvorienta y dislocada en los suburbios de San Cristóbal. Es el espacio que le ha concedido una iglesia evangélica, que también paga parte de los gastos. El resto, unos 50 mil pesos mexicanos —2.200 euros—, viene de colectas que se hacen en las comunidades. “No es fácil llevar adelante nuestra lucha. Solo la electricidad nos cuesta siete mil pesos al mes”, se justifica. “El Estado no ayuda y los indígenas nos resistimos a perder nuestro idioma, por eso hay tantas radios comunitarias clandestinas”, añade Mario, cuyo idioma es una lengua ergativa emparentada con el antiguo Maya que ha sobrevivido hasta nuestros días. Por ahora.

“Sí, pues lo cierto es que cada vez las lenguas originarias se hablan peor”, opina Armando Gómez, de 29 años, otro indígena que conduce un programa de entretenimiento en la ciudad. “El idioma es parte de mi identidad, una identidad que ha sido y sigue siendo maltratada. El hecho de que el Estado no nos otorgue licencias es otra prueba de esto”, añade este indio tzeltal. “Eso sí, en mis programas, no hablo de ningún tema ‘caliente’. No quiero poner mi vida en riesgo”, advierte Armando.

El mundo indígena ve cómo la sociedad le hace cortes de manga. Según datos del Instituto de Estadística mexicanos (Inegi), en el país hay alrededor de siete millones de personas que hablan 68 lenguas indígenas que tienen 364 variantes lingüísticas. De estos idiomas, al menos 179 de estas variaciones están en riesgo de extinguirse. Según datos de 2015 del Inali (el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México), 64 están en alto riesgo, 43 en riesgo mediano y 72 en riesgo no inmediato. Y esto, en parte por el avance del inglés, en parte porque muchos de los hablantes indígenas no saben leer ni escribir. Pero también porque las políticas puestas en marcha no han encontrado la forma de promover estos idiomas.

Y eso que, tan sólo en Chiapas, se estima la presencia de 1.7 millones de indígenas —al ser uno de los estados en México con el porcentaje más alto de población originaria—, con una concentración muy amplia en Los Altos y Selva Lacandona, y un total de 12 pueblos representados. Una población que es mayúsculamente marginada por los motivos habituales: la falta de acceso a la educación y al empleo y el hecho de vivir predominantemente en centros rurales, a kilómetros de distancia de los servicios básicos. Algo palpable en Chiapas y reconocido por recientes informes del Consejo Nacional de Población de México. Mientras que otros estudios señalan que alrededor de un 40 por ciento de la población indígena no recibe ningún ingreso y el 42 por ciento tiene menos de un salario mínimo.

Según datos del Instituto de Estadística mexicanos, en el país hay alrededor de siete millones de personas que hablan 68 lenguas indígenas que tienen 364 variantes lingüísticas. Foto: Archivo Cuartoscuro

Por una parte, en las últimas décadas algún moderado avance se ha producido, como el hecho de que la Iglesia católica haya empezado a permitir que se celebren las misas en idiomas originarios, tal como aconteció durante la visita del Papa Francisco a México en febrero de 2016. Por otra, siguen produciéndose episodios extremos de discriminación, como el ocurrido en ese mismo año de tres indígenas que estuvieron a punto de ser deportados por las autoridades migratorias mexicanas, porque no se les reconocía como mexicanos, según informó la prensa local. Algo de lo que se salvaron únicamente gracias a la intervención de algunas ONG.

De hecho, ese es otro tema. De acuerdo con Azalia Hernández Rodríguez, del centro de derechos humanos FrayBa de San Cristóbal de las Casas, “los indígenas siguen siendo víctimas de numerosas violaciones de derechos humanos”, a manos de grupos paramilitares e incluso de las autoridades federales y nacionales que operan en Chiapas, lo que incluye “desplazamiento forzosos, represión y arrestos arbitrarios”. Algo que, a su vez, conlleva graves actos de discriminación y vulneración de los derechos de los indígenas cuando son arrestados y no reciben la debida atención al desconocer el castellano.

En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe (2015) sobre la situación de derechos humanos en México, ha desdibujado un panorama desolador.“ Existen graves violaciones contra los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas en México […] en dos áreas principales: violencia en el contexto de megaproyectos […] o en el marco de reivindicación de sus tierras y faltas al debido proceso penal”.

LA NUEVA HOSTIL LEY DE PEÑA NIETO

Después de algunos días en la ciudad, los reporteros indígenas informan sobre los últimos acontecimientos. No es casual que Armando no hable de temas sensibles. Ni que Mario trabaje con los evangélicos. “El tema es que las radios indígenas no son comerciales, no compiten con las leyes del mercado, expresan una función social a través de los usos y costumbres de nuestra gente”, observa Armando.

En este ya frágil equilibro, se ha sumado la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de México, aprobada en 2014 por la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Una legislación que hubiera marcado un hito histórico, pues reconoció por primera vez la existencia de las radios indígenas o comunitarias, pero que ha suscitado múltiples quejas entre los involucrados, que la ven como otra estrategia para acabar con ellos. ¿Qué ha cambiado? “Que en cualquier momento te catean, se llevan todo y te cierran la radio. Ya le pasó a unos colegas hace un año”, dice otro reportero.

Las nuevas normas no sólo dificultan los ya complicados y costosos trámites para obtener las licencias, lo que condena a la clandestinidad a estas emisoras, según Mario. También el Gobierno ha reservado “el 10 por ciento del espectro radioeléctrico” que está en las frecuencias más altas de la FM (de los 88 a los 108 MHz), mientras que en AM se ha previsto el segmento de la llamada banda ampliada (de los 1605 a los 1705 KHz), como se lee en el artículo 90 de la ley.

“Y este es otro problema. Eso significa que tendríamos menos alcance de señal. Esas son las frecuencias que nadie quiere”, afirma el locutor indígena. Algunos periodistas comunitarios de Chiapas se han reunido en una asociación para denuncia las faltas de la ley. Algunos expertos piensan que detrás hay cuestiones políticas, puesto que unas de las primeras radios indígenas de Chiapas fue creada por los zapatistas en los 90. Tanto es así que el asunto de las radios también fue objeto de debate cuando se negoció los fallidos acuerdos de San Andrés Larráinzar (1996), firmados por el Gobierno federal y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y nunca realmente puestos en marcha.

Porque, además, todo esto ocurre en una tierra donde los conflictos no escasean. Hoy, “en Chiapas, hay alrededor de 40 megaproyectos, la mayoría de los cuales son mineros, hidroeléctricos, de turismo y plantaciones, que siguen la lógica del despojo de la tierra (a los indígenas)”, advierte Hernández Rodríguez, del FrayBa. “El tema es que, desde el levantamiento zapatista (1994), los indígenas han desarrollado mayor capacidad de resistencia y lucha, lo que a su vez ha originado reacciones muy violentas por parte del Estado”, añade.

ALGUNAS TIBIAS SEÑALES DE ESPERANZA

Lo que, claro, se suma a los riesgos propios del sector en estas tierras. Donde hablar de un homicidio en una aldea, de tráfico de estupefacientes o de despojo de tierras, puede significar perder el puesto o, mucho peor, poner en riesgo la vida. “A mí, me pasó. Se me han acercado y me han dicho que dejara de dar la información. Me han amenazado de muerte y también han intentado corromperme”, cuenta Enrique Gómez Hernández, reportero de Xero Uno, la única radio autorizada por el Gobierno que emite en idiomas originarios en San Cristóbal.

“La radio tiene 43 años, y desde el inicio ha servido como un puente de comunicación entre las comunidades indígenas y el Estado, a lo que ahora se ha sumado un noticiero de información general”, explica el gerente de la emisora, Gubidcha Matus. Pero, ¿hasta cuándo pueden continuar? “De momento, no hay fecha de caducidad. La radio habla los idiomas de mucha gente”, continúa Gubidcha. “Creo que las cosas están cambiando. Hay puertas que se están abriendo”, afirma María Jirón Pérez, una de las primeras periodistas que como Gómez Hernández han sido llamadas a colaborar con el proyecto.

—¿Y qué pasa si alguien no quiere que salga una información?

—Se colabora. Yo además no hablo de política, dice María.

—¿Nunca?

—Me gustan más los temas culturales.

Dicho esto, los indígenas de Chiapas no son tampoco los únicos de México que batallan por llevar adelante sus formas de vivir. Según publicó, recientemente, el diario mexicano El Economista, en el estado de Oaxaca existen alrededor de 70 radios comunitarias o indígenas, de las cuales solo tres cuentan con permiso oficial para emitir.

Un tema que también ha sido objeto de informe de la antropóloga Elena Nava Morales, titulado Fuerzas hegemónicas y contrahegemónicas en la comunicación indígena, que en sus conclusiones parciales —la investigación todavía está en curso— asevera que las políticas de los gobiernos mexicanos todavía son confusas sobre estas radios y “cargadas de paternalismo”. Algo que se suma a otro obstáculo: los indígenas se rigen también por sus propias reglas, conocidos como usos y costumbres.

Y no es de un asunto baladí. “Las radios son de importancia fundamental para las comunidades originarias porque ahí reproducen su lengua, su política, su cultura y sus conocimientos sobre el mundo”, subraya Nava Morales.

Así y todo, Nava Morales también considera que la nueva ley de Peña Nieto ha logrado al menos una victoria para los indígenas. El Estado mexicano ha reconocido por primera vez la existencia de estas emisoras, lo que ha sentado un precedente legislativo “muy importante”. Dicho esto, también considera que los ocho artículos de la legislación son “insuficientes para abarcar la diversidad de experiencias comunicativas indígenas que existen en el país”. Y, más en general, que todavía falta camino por recorrer para que se pongan en marcha “políticas y leyes que vayan más de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de todas las personas que conforman el país”.

La autora ha realizado el reportaje con el apoyo de la IWMF (International Women’s Media Foundation), en el marco del proyecto Adelante.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Redacción con información de elmundo.es

http://www.sinembargo.mx/12-02-2017/3148265

Regresión en materia de derechos de las audiencias

Los concesionarios de radio y televisión, entre otros grupos de poder, lanzaron una oleada de censuras al Instituto Federal de Telecomunicaciones por sus lineamientos para la defensa de las audiencias. El Ejecutivo y el Senado cerraron la pinza con sendas controversias constitucionales contra esa norma, que debía entrar en vigor el próximo jueves 16. El IFT, “por prudencia”, pospuso la entrada en vigor de las medidas que la sociedad civil logró incluir en la pasada reforma de telecomunicaciones para proteger los derechos a la información y a la libertad de expresión.

Con una furia y consistencia que no se habían visto antes, los concesionarios de radio y televisión agrupados en la CIRT, los principales comentaristas y periodistas que trabajan en esta industria, más senadores, alcaldes, gobernadores, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, empresarios y hasta la arquidiócesis capitalina sumaron sus voces para descalificar los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio a conocer desde el 21 de diciembre de 2016 y que debían entrar en vigor el próximo jueves 16.

Las críticas más difundidas fueron que estos lineamientos “violan la libertad de expresión”, constituyen “censura previa” y son una extralimitación de las funciones y atribuciones del IFT porque establecen, entre otras cosas, la obligación de diferenciar opinión de información, distinguir la publicidad del contenido programático, establecer requisitos y procedimientos para el registro de defensores de audiencias en cada estación, obligan también a elaborar códigos de ética tanto entre programadores y concesionarios de radiodifusión como de televisión restringida, así como a realizar “campañas integrales de alfabetización mediática”.

Producto de una larga consulta de dos años entre los principales involucrados, los lineamientos también reglamentan la facultad de “la suspensión precautoria de transmisiones establecidas en la ley” y el establecimiento de multas para quienes incumplan.

La campaña contra el IFT fue tan intensa que hasta alcaldes de Jalisco, pertenecientes a Movimiento Ciudadano, aparecieron en los noticiarios de Televisa y de TV Azteca opinando sobre las “amenazas a la libertad de expresión” que representaban los lineamientos de defensa de los derechos de las audiencias.

En el Senado, los legisladores Zoé Robledo, del PRD, y Mariana Gómez del Campo, del PAN –respectivamente presidente y secretaria de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía–, opinaron que había una “imposibilidad material” de cumplimiento para que los concesionarios puedan diferenciar noticia y opinión, por lo que se pronunciaron por “alcanzar un equilibrio entre la libertad de expresión y los derechos de las audiencias”.

De manera sorpresiva, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, anunciaron el 31 de enero que el Poder Ejecutivo determinó promover una controversia constitucional contra los lineamientos del IFT en materia de defensa de las audiencias, ya que contiene “vicios de origen” basados en leyes que considera inconstitucionales.

La controversia del Ejecutivo es contra el Congreso, que aprobó su reforma de telecomunicaciones y, en específico, contra ocho artículos que regulan las medidas adoptadas sobre el derecho de las audiencias.

Castillejos afirmó en conferencia de prensa que el IFT, al emitir dichos lineamientos, “invadió facultades exclusivas” del presidente de la República. Argumentó que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión “no debió darle facultades al IFT de regular un derecho humano, el derecho de las audiencias”, y que “cualquier regulación de los derechos de las audiencias debe estar prevista en la ley, en términos del artículo 89”.

El miércoles 1, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero, presentó otra controversia en la que advierte que el IFT “invadió la esfera de competencias” del Congreso de la Unión para normar los derechos de las audiencias, en virtud de que vulnera los principios pro persona y de interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.

Además, el Senado afirmó en su controversia que el IFT invade la competencia electoral, establecida en el artículo 41 constitucional, al no distinguir la publicidad comercial de la publicidad de partidos políticos y autoridades electorales.

Para sorpresa de la mayoría de los especialistas y observadores, el pleno del IFT determinó el mismo miércoles 1 postergar la entrada en vigor de los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias hasta agosto de este año, ya que “la prudencia dicta” que así debe actuar.

La decisión provocó una votación dividida de cuatro votos a favor y tres en contra en el pleno del IFT. Las comisionadas Adriana Labardini y Elena Estavillo, así como el comisionado Adolfo Cuevas, votaron en contra de la mayoría.

El comunicado del IFT afirma que, “considerando la importancia de esta nueva regulación y su aplicación efectiva, no debe existir duda sobre su apego a la Constitución”, y que, “tomando en cuenta el tiempo que regularmente toma este tipo de procesos judiciales”, decidieron diferir hasta agosto de 2017 la entrada en vigor de los lineamientos.

Las controversias

En entrevista con Proceso, la comisionada Adriana Labardini afirma que la decisión no estuvo “debidamente fundada y motivada”, ya que las controversias del Ejecutivo y del Senado ni siquiera se les habían notificado a los integrantes del IFT de manera formal y sólo tenían “conocimiento a través de los medios”.

Subraya que, de acuerdo con el artículo 28 constitucional aprobado por el Congreso de la Unión, le corresponde al IFT regular los derechos de las audiencias y de los usuarios, dos elementos nuevos que se incorporaron en los artículos 6 y 7 de la Constitución durante la reforma de telecomunicaciones.

Abogada y especialista en derechos de las audiencias, Labardini recuerda que este debate ya lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su sentencia 117/2014, cuando los ministros por unanimidad determinaron que el IFT tiene facultades para regular no sólo las funciones técnicas y económicas del sector, sino también los derechos derivados de los artícu­los 6 y 7 constitucionales.

El ministro ponente de aquella sentencia fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y resolvió sobre la controversia interpuesta por el entonces presidente del Senado, Miguel Barbosa, en contra de los lineamientos del IFT sobre la portabilidad numérica, es decir, la posibilidad de que el usuario de telefonía pueda conservar el mismo número al cambiarse de empresa concesionaria.

El 2 de enero de 2015 la SCJN resolvió, entre otros puntos fundamentales, que el IFT conforma “una pieza clave de una nueva ingeniería constitucional, cuyo propósito es ampliar el umbral de protección de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión”.

El máximo tribunal estableció desde ese momento que el IFT tiene “una doble función: regular las cuestiones técnicas y económicas del sector, así como los derechos humanos de expresión y acceso a la información en la actual época de las tecnologías”. Esa doble responsabilidad le otorga al instituto “poderes quasi legislativos, quasi ejecutivos y quasi judiciales”, según la sentencia, cuya copia tiene Proceso.

Con dicho antecedente, la comisionada Labardini subraya que “no debe existir duda alguna sobre la legalidad y la constitucionalidad de las decisiones del IFT”. Por ese motivo, señala, el IFT no debió suspender los lineamientos “por prudencia”, sino mantenerlos hasta que la SCJN decidiera sobre las dos controversias.

“¿La prudencia para qué y para quién? –cuestiona–. Lo prudente es no dejar en el limbo los mecanismos para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las audiencias, como son los códigos de ética o las defensorías de las audiencias que establecen los lineamientos. Me preocupa que nosotros mismos, como integrantes del IFT, tengamos dudas sobre los elementos de legalidad o ‘regularidad’, como dijo el acuerdo que votamos.”

–¿Qué sería lo más prudente y legal en este caso? –se le pregunta.

–Mi prudencia me indica que no debe privarse a las audiencias de los lineamientos. Además, este procedimiento de controversia constitucional está reglamentado por la ley secundaria del artículo 105 constitucional, y en el artículo 14 de esta ley dice que si vas a impugnar una ley de carácter general, la SCJN no puede suspender su aplicación.

–El comunicado del IFT no habla de suspender, sino de postergar la entrada en vigor.

–Técnicamente no es una suspensión, pero de facto opera como tal. Cuando se discutieron los lineamientos sobre portabilidad numérica, nunca se suspendieron aunque la SCJN discutía la controversia constitucional. Es grave cuando tú como órgano autónomo suspendes una norma que nadie ha declarado inválida.

–¿Durante el proceso de consulta los concesionarios no se quejaron de los lineamientos? ¿Por qué esperaron hasta que entraron en vigor?

–Desde las consultas, en agosto de 2015, la CIRT dijo que al menos 10 puntos de los lineamientos deberían ser causal de controversia constitucional. Claro que lo dijeron, pero ellos no pueden interponer una controversia; es necesario que sea otro poder.

“Los concesionarios de la radio y la televisión en las consultas no han querido nada: no quieren más estaciones de radio, no quieren disminuir de 800 a 400 Mhz el ancho de banda, no querían pagar las prórrogas a sus concesiones; no querían, por supuesto, los lineamientos de defensa de las audiencias.

“El Ejecutivo y el Senado están en todo su derecho de acudir a la SCJN, pero lo importante es advertir si se trata de revisar las facultades del IFT o de quitarle el corazón al instituto como órgano que regule también los derechos de las audiencias y los derechos de los usuarios de telecomunicaciones.”

Las comisionadas Labardini y Estavillo fueron las únicas comisionadas que votaron contra el dictamen del IFT en el cual se consideró que Televisa no tenía poder sustancial en el mercado de televisión restringida. Un tribunal especializado le dio la razón a empresas que promovieron un amparo contra este dictamen y el IFT tendrá que rehacer ese documento.

La autonomía del IFT, en juego

Las reacciones en contra del voto del IFT se sucedieron enseguida. El excomisionado presidente de la Cofetel Mony de Swaan publicó en su cuenta de Twitter que “si los actuales comisionados hubieran tenido que luchar por facultades que hoy tienen, las defenderían con más dignidad. Gracias, comisionadas… Perderán votaciones, pero no la congruencia ni la honestidad”.

Antes de esta votación, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) reiteró en un comunicado que los lineamientos no deben suspenderse y que el IFT tiene que refrendar sus facultades como regulador.

La Amedi recordó que cuando el Ejecutivo federal presentó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la iniciativa no contenía los derechos de las audiencias.

“El hecho de que éstos hayan quedado plasmados en la versión final del artículo sexto constitucional constituye un logro de la sociedad”, afirmó la agrupación, que ha enfatizado la necesidad de avanzar más en materia de derecho a la información y libertad de expresión.

Para la Amedi, las controversias del Ejecutivo y del Senado “resultan extrañas” porque “pareciera que los legisladores no saben lo que discuten y aprueban”. Además, argumenta que fue el Ejecutivo el que propuso “dos de los derechos de audiencias que más han sido atacados”, es decir, la necesidad de distinguir entre opinión e información en los medios concesionados.

“Los que ahora acuden a la SCJN ponen en entredicho la autonomía del IFT, un organismo que ha sido reconocido internacionalmente”, advierte la asociación.

Al respecto, la excomisionada de Cofetel y experta en telecomunicaciones Clara Luz Álvarez subraya que el descontento de los concesionarios se originó por “el cambio en las prácticas comerciales de vender publicidad incorporada dentro de la programación, sin identificarla”.

Tanto Álvarez como la exfuncionaria del ramo Irene Levy, en sus análisis publicados en medios impresos y digitales, advierten que en países como Gran Bretaña la regulación de los derechos de las audiencias es más rígida, pues se prohíbe insertar publicidad en los contenidos informativos. En Estados Unidos se penaliza a los concesionarios que incluyan publicidad en los contenidos de programas infantiles.

En España y Alemania están claramente establecidas las limitaciones de concentración de medios, para garantizar el pluralismo y la diversidad mediática como uno de los principales derechos de las audiencias.

La asociación A Favor de lo Mejor de los Medios también se pronunció en desplegados periodísticos por “conservar los derechos que ganamos las audiencias”, como son “recibir información plural y veraz, contar con defensores, conocer los códigos de ética, promover el interés superior de la niñez, la protección para los niños en horarios pertinentes y reconocimiento de las personas con discapacidad, entre otros.

“Es aspiración de las audiencias contar con medios de comunicación diversos, con ópticas y editoriales distintas, información objetiva y contenidos de mayor calidad”, abundó la asociación.

De igual forma, A Favor de lo Mejor expresó su preocupación de que las controversias interpuestas por el Ejecutivo y el Senado se dirijan “contra las facultades del IFT que ellos mismos le otorgaron”.

Fuente: Proceso

Autor: Jenaro Villamil

http://www.proceso.com.mx/473386/regresion-en-materia-derechos-las-audiencias

Aplaza IFT para agosto la vigencia de Lineamientos sobre defensa de audiencias

Esperará fallo de la Corte y reitera que la emisión y publicación de los Lineamientos se realizó en estricto apego al mandato legal.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones acordó diferir, hasta el 27 de agosto, la entrada en vigor de los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, debido a las controversias constitucionales que han sido interpuestas.

En un comunicado, el IFT señaló que “considerando la importancia de esta nueva regulación y su aplicación efectiva, no debe existir duda sobre su apego a la Constitución, especialmente por la relevancia y trascendencia que tiene el debido respeto a los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución”.

Por ello —y atendiendo a que la ley que regula estos mecanismos de impugnación impide que exista suspensión cuando el acto cuya invalidez se reclama consista en una norma general, como son la LFTR y los Lineamientos— el Pleno del Instituto determinó diferir la entrada en vigor de los Lineamientos hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva lo conducente.

Añadió que tomando en cuenta el tiempo que regularmente toma este tipo de procesos judiciales, se modificó el régimen transitorio de los Lineamientos con la finalidad de diferir su entrada en vigor al 16 de agosto de 2017.

Comunicado íntegro del IFT:

El PLENO DEL IFT ACORDÓ DIFERIR LA ENTRADA EN VIGOR DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE LA DEFENSA DE LAS AUDIENCIAS, EN TANTO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA RESUELVE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTAS EN LA MATERIA

La aprobación, emisión y publicación de los Lineamientos se realizó en estricto apego al mandato legal
Debido a la importancia de la regulación contenida en los Lineamientos, no debe existir duda sobre su constitucionalidad para su aplicación efectiva

Como es del conocimiento público, el IFT aprobó el 29 de noviembre de 2016 los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias (Lineamientos), en cumplimiento de lo ordenado por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).

La LFTR y los Lineamientos configuran un nuevo marco jurídico en materia de derechos de las audiencias que ha sido cuestionado mediante dos controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; una en contra de diversas disposiciones de la Ley expedida por el Congreso de la Unión y otra en contra de los Lineamientos expedidos por el Instituto.

Si bien se tiene la convicción de que los Lineamientos fueron emitidos en cumplimiento de lo ordenado por la Ley y conforme al marco jurídico que rige la actuación del Instituto, las controversias referidas contienen cuestionamientos relacionados con el alcance de los derechos de las audiencias y el derecho a la información, así como su coexistencia con el derecho a la libertad de expresión.

Considerando la importancia de esta nueva regulación y su aplicación efectiva, no debe existir duda sobre su apego a la Constitución, especialmente por la relevancia y trascendencia que tiene el debido respeto a los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución. Por ello, y atendiendo a que la ley que regula estos mecanismos de impugnación impide que exista suspensión cuando el acto cuya invalidez se reclama consista en una norma general, como son la LFTR y los Lineamientos, el Pleno del Instituto determinó diferir la entrada en vigor de los Lineamientos hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva lo conducente.

Así, tomando en cuenta el tiempo que regularmente toma este tipo de procesos judiciales, se modificó el régimen transitorio de los Lineamientos con la finalidad de diferir su entrada en vigor al 16 de agosto de 2017. Lo anterior, sin perjuicio que el Instituto revise dicha fecha si a su llegada no se han resuelto las controversias constitucionales referidas.


El Acuerdo por el cual se modifica la entrada en vigor de los Lineamientos fue aprobado por el Pleno en sesión extraordinaria este miércoles 1 de febrero y será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de Internet del IFT.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 1 FEBRERO 2017.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0102/mexico/aplaza-ift-para-agosto-la-vigencia-de-lineamientos-sobre-defensa-de-audiencias/

Censura y audiencias, un reality show exagerado por las televisoras

CIUDAD DE MÉXICIO: Después de una intensa campaña en los espacios informativos de las principales cadenas de televisión abierta y noticieros radiofónicos contra los llamados Lineamientos para la Defensa de las Audiencias publicados el 21 de diciembre pasado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Presidencia de la República “descubrió” que existen ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contravienen la Constitución porque le otorga facultades a este organismo autónomo para regular los derechos de las audiencias.

Así lo informó este 31 de enero el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, quien anunció que la controversia del Ejecutivo federal sólo se concentra en estos ocho artículos de la ley secundaria que irían contra el derecho a la información y los derechos de las audiencias establecidos en el artículo 6 de la Constitución.

Muchas voces que apoyaron la reforma de telecomunicaciones destacaron que era un exceso darle atribuciones a un organismo eminentemente técnico, como es el IFT, para regular contenidos y derechos de audiencias en medio de un contexto de profundos cambios de los medios analógicos a los medios digitales, así como de presiones de los gigantes del sector como son Televisa, América Móvil, TV Azteca y los principales grupos radiofónicos.

Sin embargo, el Congreso aprobó así la ley y la dejó pasar. Entonces se vivía el mejor momento de la relación entre el gobierno federal y las televisoras. Ahora, hasta los mismos senadores y diputados federales del PRI, PRD y PAN que expresaron su apoyo a la reforma de Telecomunicaciones se han expresado indignados y escandalizados porque los lineamientos “establecen la censura previa”, atentan contra la libertad de expresión y contra la industria.

En otras palabras, los lineamientos son peor que Donald Trump para la industria mediática. Cualquiera que sintonice un noticiero en los últimos días escuchará las opiniones airadas de los conductores, analistas y legisladores. Hasta el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se volvió especialista en derecho a la información y un adalid de la libertad de expresión.

Nunca se había visto y escuchado a tantos políticos y legisladores preocupados por unos lineamientos de defensa de los derechos de audiencias que se demonizaron para crecer la percepción del riesgo. Ni siquiera con la oleada de crímenes a periodistas o a los innumerables casos de censura que ocurren todos los días en la industria mediática se escuchó tan indignados a los legisladores.

Tampoco ante los cientos de trabajadores despedidos de las televisoras se preocuparon por salir en defensa de sus derechos.

La especialista Irene Levy escribió en su reciente artículo en El Universal que “lo contenido en los lineamientos no va más allá de lo que se incluyó en la reforma de Telecomunicaciones: en la propia Constitución en 2013 y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014; nada en los lineamientos es nuevo, ahí sólo se establecen los cómos. Es más, se ordena al IFT a expedir los lineamientos, no fue una ocurrencia. No sólo hacen el ridículo los legisladores que ahora critican lo que aprobaron, sino que obligan a que los ciudadanos nos preguntemos a qué intereses responden”.

Según Levy, “la vía para cambiar lo que ahora reclaman, es modificando la Constitución y la ley. Pretender que el IFT abrogue los lineamientos o que los posponga es pedirle que incumpla la Constitución y, sobre todo, es debilitar al órgano autónomo. ¿A quién  conviene neutralizarlo? ¿A quién conviene abrir la puerta a la modificación constitucional y legal? ¿A cambio de qué?”.

Tal parece que el Poder Ejecutivo decidió neutralizar este asunto y cobrarle el favor al poder mediático concesionado con esta controversia constitucional que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Todo un reality show político-jurídico que no tiene qué ver estrictamente con los derechos de las audiencias y mucho menos con la libertad de expresión o el derecho a la información, sino con el negocio de la publicidad política encubierta en los contenidos y el apoyo de las televisoras al gobierno de Peña Nieto en momentos de profunda debilidad de ambos.

El mismo presidente del IFT, Gabriel Contreras, afirmó en otro artículo que el tema más polémico para los medios electrónicos concesionados fue el deber de distinguir la información noticiosa de las opiniones de quien las presenta. En la práctica, afirmó Contreras, no debe suponer ningún límite a la libertad de expresión, simplemente una “distinción” entre información, publicidad y opinión.

En su desplegado público, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) destacó que el punto más delicado de los lineamientos del IFT es que ponen reglas ahí donde ha prevalecido la discrecionalidad y el intercambio de dinero público por comentarios favorables en pantallas y estaciones de radio a favor de los políticos.

“Para los concesionarios de la televisión abierta, la radio y los sistemas de audio y video restringido (TV de paga), las audiencias siempre han asumido un papel residual y secundario, considerándolas en el mejor de los casos como consumidores de los bienes y servicios que se anuncian en las estaciones de radio, pantallas de TV y sistemas de TV de paga”, afirmó la AMEDI.

“Los medios de comunicación y sus representantes están molestos porque los lineamientos aprobados por el IFT los obligan a identificar la publicidad y eso afectará su negocio”, sentenció la AMEDI. Y destacó que “los anunciantes y los intereses económicos y políticos de los concesionarios ya no pueden estar por encima de los derechos de las audiencias”.

Gabriel Sosa Plata, defensor de los derechos de las audiencias en MVS, destacó que el “nado sincronizado” contra los lineamientos del IFT incluyó también a la Iglesia católica. En el semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de la Ciudad de México también se envolvió en la bandera de la libertad de expresión y estableció que los lineamientos  parecen “abrir más desacuerdos que consensos en cuanto a los derechos de las audiencias en relación a la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Hasta alcaldes de Jalisco aparecieron “gratis” en los noticieros nacionales hablando de un tema que eminentemente no es su asunto ni es su especialidad.

A los únicos que no acudieron ni los legisladores, ni las televisoras y tampoco el IFT de manera metódica, profunda y consistente fue a las propias audiencias de los medios. Quizá porque la auténtica revolución de las audiencias se está generando en otros espacios, en otras plataformas y en otros medios que no viven de este negocio descarado del infomercial político.


Un instrumento en apariencia noble como los Lineamientos de la Defensa de las Audiencias del IFT destapó la “caja de Pandora” y el auténtico tema de censura entre medios y poder político: la promoción no explícita y costosa con dinero público.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472558/censura-audiencias-reality-show-exagerado-las-televisoras

SCJN admite a trámite controversias promovidas por Peña y Senado contra Ifetel

CIUDAD DE MÉXICO: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó a trámite las controversias constitucionales promovidas por el Ejecutivo Federal y el Senado en contra de la Ley y los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) que regulan la defensa de las audiencias.

Ambos recursos fueron interpuestos el miércoles y turnados al ministro Alberto Pérez Dayán, quien el jueves las admitió a trámite y solicitó la contestación del Ifetel como parte demandada.

Pérez Dayán evitó pronunciarse sobre la suspensión en la aplicación de las normas combatidas puesto que ni la Presidencia de la República ni el Senado así lo solicitaron, aunque aclaró que ambos poderes pueden requerirlo en cualquier momento antes de que se dicte sentencia definitiva en las controversias.

Según la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, el Ifetel carece de facultades para regular sobre tales derechos, por lo que también demandó al Congreso de la Unión, que aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusón. La Presidencia dice que la regulación es facultad exclusiva del Ejecutivo federal.

Tras el anuncio de las controversias, el Ifetel fijó su posición defendiendo los lineamientos que dio a conocer el 21 de diciembre pasado y que entran en vigor el próximo 16 de febrero.

El Instituto señaló que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica y la Ley Federal de Telecomunicaciones reconocieron los derechos de las audiencias, entre ellos el que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, así como dar elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido del programa.

Los lineamientos también prevén el establecimiento de la figura del defensor de las audiencias y el deber de los concesionarios de tener códigos de ética.


Quienes impugnan los lineamientos, entre ellos Televisa y la iglesia católica, consideran que el Ifetel pretende imponer censura y controlar a los medios electrónicos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472747/scjn-admite-a-tramite-controversias-promovidas-pena-senado-contra-ifetel

IFT violó la ley en caso Televisa, determina tribunal

De acuerdo con la sentencia inapelable anunciada este martes , el Instituto deberá volver a revisar el caso de 2015 y emitir una nueva resolución.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) violó la ley cuando resolvió, en septiembre de 2015, que Grupo Televisa no tiene poder sustancial en el mercado de televisión de paga, de acuerdo con una sentencia inapelable del Primer Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones, difundida por Reforma.

El tribunal determinó que el IFT actuó contra el Artículo 39 Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual contiene los parámetros de investigación para situaciones de poder sustancial, por lo cual ordenó que el Instituto vuelva a revisar el caso.

La resolución de los comisionados se elaboró con información de periodos posteriores a los ordenados por el Congreso, que no fueron parte de la indagación de la autoridad investigadora del propio IFT, cuyo dictamen preliminar señaló que Televisa tiene poder sustancial en 2 mil 124 mercados de todo el país.

La autoridad investigadora evaluó el periodo 2009 a agosto de 2014, pero el pleno usó datos de septiembre de 2014 a marzo de 2015, según los cuales la televisora investigada ya enfrenta más competencia de empresas como Total Play, Dish y Megacable.


En caso de que la nueva indagación del Autoridad también encuentre poder sustancial, el IFT deberá imponer a Televisa medidas “oportunas, razonables, idóneas y pertinentes“, pero el dictamen de la instancia investigadora no es vinculante para el pleno del Instituto, por lo que los comisionados no están obligados a concluir que hay poder sustancial.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0102/mexico/ift-violo-la-ley-en-caso-televisa-determina-tribunal/

Otorga IFT título de concesión de Red Compartida a Altán

CIUDAD DE MÉXICO: El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió otorgar el título de concesión de la Red Compartida mayorista a Consorcio Altán Redes S.A.P.I de C.V., con una vigencia de 20 años, a pesar del litigio que ha emprendido el Consorcio Rivada, descalificado en el proceso de licitación por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El pleno del órgano regulador resolvió que la solicitud presentada por Altán, el 8 de diciembre de 2016, “cumplió con los requisitos establecidos por las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables en materia de telecomunicaciones”.

El IFT reiteró su opinión favorable a la conformación del Consorcio Altán, establecida el 13 de octubre de 2016, y señaló que ni Axtel ni Megacable, las dos únicas empresas mexicanas que participan en la sociedad, tendrán influencia en la operación de la Red Compartida.

En referencia indirecta a la denuncia de Rivada de que el gobierno de China influye con el 23.6 por ciento de las acciones en Consorcio Altán, el IFT indicó que “la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras emitió su opinión favorable en torno a los integrantes y participación accionaria del grupo”.

Según un comunicado de Rivada Networks, el China Mexico Found L.P, está compuesto por fondos de bancos propiedad del gobierno chino, como el China Investments Corporation y el China Development Bank, este último mediante su subsidiaria China Development Bank Capital.

En la misma sesión del 17 de enero del IFT se resolvió otorgar a favor del Organismo Promotor de Inversiones de Telecomunicaciones (Promtel) un título de concesión para usar y explotar bandas del espectro radioeléctrico en la banda 700 Mhz que permitirá la formación de una Asociación Público Privada (APP) con Altán.

Según el pleno del instituto esta APP “genera un cambio estructural significativo en el sector de telecomunicaciones, pues se constituirá como un nuevo oferente que incidirá significativamente en el acceso efectivo de otros operadores a servicios mayoristas y, en última instancia, favorecerá el acceso de la población a los servicios de telecomunciaciones y de banda ancha”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JENARO VILLAMIL.

LINK: http://www.proceso.com.mx/470562/otorga-ift-titulo-concesion-red-compartida-a-altan